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martes, 15 de octubre de 2013
Hoy, sin comentarios.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Hoy no escribiré sobre tanta indignidad y miseria política como la que deambula en las altas esferas provinciales del Partido Popular de Alicante y en el Comité de supuestos Derechos y Garantías del PPCV, reservándome para los próximos días.
Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es/
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regeneración democrática
viernes, 11 de octubre de 2013
Lo que Fabra quiere y lo que en Alicante hacen algunos.
“Quiero un PPCV digno, honesto, honrado
y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”, manifestó ayer en Biar el Presidente del Partido
Popular de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, en un almuerzo de trabajo
con más de 150 alcaldes, portavoces y militantes del PP de la comarca del Alto
Vinalopó. Y un servidor también quiere lo mismo al igual que la inmensa mayoría
de los militantes populares. Pero por quererlo y decirlo en público, ya que
dentro del PP no hay foro alguno para ello, me quieren poner en la calle. No
cabe ninguna duda de las intenciones y de los deseos del Presidente Fabra, son
auténticos. Pero algo chirría en la maquinaria popular, algo no funciona e
impide que la voluntad política, la dirección política de su líder se
corresponda con los hechos, con la realidad de un partido que al menos en la
Provincia de Alicante ni siquiera puede mirar a los ojos de sus propios
militantes.
Mientras
el Presidente Fabra lleva tiempo marcando una línea muy concreta da la
sensación de que la dirección popular alicantina va por otro camino. Mal se
compadecen las declaraciones del Presidente Fabra con el estilo chulesco y
prepotente y las actuaciones de parte de la dirección provincial de Alicante.
Hay varias hipótesis para intentar explicar esta incoherencia: o el Presidente
Fabra está muy mal informado sobre la trayectoria popular en nuestra Provincia
o su liderazgo es tan débil que no puede imponer sus objetivos políticos o que pasa
olímpicamente de lo que aquí ocurre.
Resulta
incompatible la voluntad del Presidente Fabra con el hecho de que el Secretario
Provincial José Juan Zaplana, que por cierto estaba sentado a su lado en la
mesa en Biar, participase en la mesa presidencial de las cenas de homenaje a
cargos públicos imputados por la Justicia o que impulse la expulsión de los
afiliados que pedimos democracia interna, que ni está ni se la espera, en el PP
de la ciudad de Alicante, que reclamamos una regeneración democrática y que
exigimos ejemplaridad a nuestros políticos. Resulta incoherente que el
Presidente Fabra diga que quiere un PPCV digno, honesto y honrado mientras que
el instructor de las expulsiones el inefable, D. Felipe del Baño, nos dice por
escrito a través del Comité de Derechos y garantías del PPCV que no podemos
pedir públicamente democracia interna, honradez o regeneración porque hacerlo
es tanto como acusar al PP de todo lo contrario. Suena raro el deseo expresado
por el Presidente Regional cuando se constata que durante muchos años el
Partido Popular de Alicante, vulnerando los propios Estatutos del PP, ha
consentido la existencia de asociaciones fantasmas en muchos municipios que
gestionaban de forma paralela los fondos del PP con el fin de eludir el control
del Tribunal de Cuentas y que ese hecho no se haya saldado con la apertura de
ni un solo expediente disciplinario. Es contradictorio ese deseo con el hecho
de que alguno de los máximos responsables provinciales siga en su puesto
después de ir explicando a algunos afiliados cómo se monta una contabilidad
paralela o con el hecho de que las direcciones local y provincial de Alicante
se nieguen a informar a los afiliados de las cuentas del partido, vulnerando
con ello la propia Ley de Partidos Políticos.
No
se puede mirar a los ojos de los ciudadanos o de los militantes cuando en 2011
la dirección Provincial de Alicante, según los medios de comunicación, se gastó
más de 35.000 euros en comidas y no se dan explicaciones, ni nadie asume
responsabilidades. No se puede mirar ni tan siquiera a los ojos de los
militantes o de los afiliados cuando los órganos directivos provinciales se
saltan los Estatutos del Partido, cuando los órganos regionales encargados de
hacerlos cumplir no se molestan ni tan siquiera en dar acuse de recibo de las
denuncias interpuestas por los afiliados o cuando siguen tratando a los
afiliados de la ciudad de Alicante como simples vasallos, obligados a pagar su
cuota, a trabajar por el partido cuando así se les requiera mientras se les
niega el derecho a decidir si quieren o no tener una Junta Local propia. No es
posible sostener un discurso como éste mientras se consiente, se ampara o se
ignora unos modos de proceder impropios de una organización política moderna,
dialogante, participativa y democrática.
Hay
muchas formas de hacer política pero, como ocurre en la vida diaria, las que se
sustentan sólo en palabras y no en los hechos tienen un corto recorrido. Se
acercan unas importantes elecciones y toca, como no, acordarse de los votantes
y de los militantes. Ahora algunos se acuerdan de que los afiliados están para
algo más que para pagar las cuotas. Hay que movilizar al partido dicen, o sea a
los militantes de base, a los mismos que en la ciudad de Alicante, por ejemplo,
llevan años y años ignorando. Cuando hay que decidir cosas importantes no, ya
toman ellos las decisiones aunque carezcan de mandato congresual para ello,
como cuando se “cepillaron” al PP de la ciudad de Alicante (no olvidemos que a
la Provincial le viene de perlas el dinero de las cuotas de la ciudad para
costear la sede de los provinciales). Por cierto, ¿pedirán ahora a los
afiliados a los que no dejaron votar en las elecciones internas por no poder
pagar la cuota que ejerzan de apoderados e interventores en las europeas?
Somos
muchos los que deseamos un PPCV digno,
honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat
Valenciana y a los propios militantes populares. Somos muchos los que
compartimos ese deseo pero también nos damos cuenta de que hay quienes, quizá
compartiendo el mismo deseo, lo arrincona y no están dispuestos a asumir la más
mínima crítica interna e impiden con ello el imprescindible movimiento
regenerador que necesita el PPCV. Son los advenedizos, los mercenarios de
partido, los vividores de la política los menos interesados en que la
renovación y el aire fresco inunden la organización. Son pocos, sí, pero tan
estratégicamente situados que terminarán por frustrar cualquier esperanza que
pueda impulsar el Presidente Fabra. Y en Alicante lo están consiguiendo.
Santiago
de Munck Loyola
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lunes, 7 de octubre de 2013
Demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial de Alicante por incumplimiento de los Estatutos del PP.
AL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA QUE POR TURNO CORRESPONDA DE ALICANTE
Doña XXXXXXXXXXXXX, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y
representación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme acredito
con las pertinentes escrituras de poder que debidamente bastanteadas acompaño,
ante el juzgado de primera instancia de Alicante comparezco y DIGO:
Que por mediación del
presente escrito y en la citada representación que ostento vengo a formular
DEMANDA DE JUCIO ORDINARIO contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido
Popular de Alicante sobre la base a de los siguientes
HECHOS.
Primero.- Mis mandantes en su condición de afiliados
del Partido Popular de Alicante tuvieron conocimiento a través de los medios de
comunicación que, con fecha 11 de octubre de 2012, el Comité Ejecutivo
Provincial del Partido Popular de Alicante acordó “sustituir” la Junta Local de
Alicante por un número indeterminado de Distritos y nombrar una Gestora, tal y
como recogieron e interpretaron todos los medios de comunicación (documento 1.-)
sin que, en ningún momento, desde la Dirección Provincial
se matizase o rectificasen las informaciones publicadas. Dicha decisión del
Comité se tomó sin haber sido incluida en el Orden del Día y hasta el día de
hoy no ha sido notificada a los afiliados.
Segundo.- Con fecha 19 de octubre de 2012, este
acuerdo fue objeto de impugnación por varios afiliados ante el Comité Ejecutivo
Provincial y el Presidente Provincial (documento 2.-) por considerarlo una
vulneración de los Estatutos Nacionales del Partido Popular (Artículos 20.3 y
21.5) que facultan al Comité Ejecutivo Provincial para crear distritos pero no
para “sustituir”, es decir, suprimir una Junta Local.
Tercero.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, fue
solicitado mediante escrito la entrega de diversa documentación, entre otra el
Orden del Día del Comité Ejecutivo Provincial de 11 de octubre de 2012 y la
transcripción literal del acuerdo impugnado, a fin de iniciar acciones
judiciales de tutela de los derechos políticos de los afiliados (documento 3.-).
Cuarto.- Mediante escrito de fecha 17 de diciembre
de 2012, el Secretario General Provincial (documento 4.-), ejerciendo funciones
para las que estatutariamente no está facultado, acordó desestimar la
impugnación presentada y negarse a entregar la documentación requerida.
Quinto.- Con fecha 19 de enero fue presentado
recurso contra este acuerdo de supresión de la Junta local de Alicante ante el Comité Regional
de Derechos y Garantías del PPCV (documento 5.-) que nunca ha sido respondido.
Sexto.- En el mes de marzo se presentó escrito de
impugnación contra el citado acuerdo ante el Comité Nacional de Derechos y
Garantías del PPCV sin haber obtenido respuesta alguna.
Séptimo.- El 29 de julio, según apareció publicado en el Diario
Información (documento 6.-), “la
ejecutiva aprobó ayer la división de la ciudad en cinco agrupaciones, a los que
los militantes se adscribirán por su código postal. Para septiembre se aprobará
el reglamento y se pondrá la fecha de las asambleas. Posteriormente, se elegirá
un coordinador de la ciudad”.
A
los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS
DE DERECHO
a) Jurídico-Procesales.
I.- JURISDICCION.
La impugnación judicial de las sanciones partidarias ha de canalizarse
ante la jurisdicción civil al ser un tipo de controversias entre particulares,
y deducirse de lo dispuesto en el art. 9.2 LOPJ y por aplicación supletoria de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (art. 40) en virtud del juego de las
Disposiciones Finales Primera y Segunda de esta última ley.
II.- COMPETENCIA TERRITORIAL.-
Es competente para conocer
de ellas el Juzgado de Primera Instancia de Alicante.
III.- CAPACIDAD.- El demandante tiene plena capacidad para ejercitar las acciones que en
la demanda se contienen por hallarse en el pleno uso de sus derechos civiles
IV.- LEGITIMACION ACTIVA.- Los demandantes se encuentran legitimados
activamente por ser afiliados del Partido Popular, como se acredita con las
copias de los carnets de afiliados (documento 7.-).
V.- LEGITIMACION PASIVA.- Debe dirigirse esta demanda contra el Comité
Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, que es la entidad que ha
adoptado los acuerdos impugnados.
VI.- REPRESENTACION Y
POSTULACION.- Los
demandantes intervienen a través de Procurador y asistidos de Letrado.
VII.- PROCEDIMIENTO.- El Procedimiento por el que se ha de seguir
la presente demanda es el ordinario.
FUNDAMENTOS
JURÍDICO MATERIALES
Primero.- El Artículo 8 d) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos
Políticos, otorga a los afiliados a los mismos el derecho a impugnar los
acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.
Segundo.- Tanto el acuerdo del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de
Alicante de fecha 11 de octubre de 2012, como el acuerdo de 29 de julio de 2013,
relativos a la sustitución de la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito
no han sido notificados a los afiliados del Partido Popular pertenecientes a
dicha Junta Local vulnerando el Artículo 8.2 c) de la Ley Orgánica 6/2002, de
27 de junio, de Partidos Políticos que señala entre los derechos de los
afiliados de un partido político “a ser
informados acerca de la composición de los órganos directivos y de
administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos,
sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica” y vulnerando
el Artículo 6º f) de los Estatutos Nacionales del Partido Popular que determina
que es un derecho de los afiliados “ser informado sobre las actividades del
Partido”.
Tercero.- A la falta de notificación
a los afiliados de acuerdos tan relevantes hay que señalar la negativa expresa
del Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante a librar
certificaciones de los acuerdos adoptados o copias de las actas de las sesiones
de los órganos que los han adoptado, tal y como se refleja en su escrito de
fecha 17 de diciembre de 2012. En dicho escrito además transcribe parcialmente
el acuerdo impugnado: “Alicante, respecto de la cual el Presidente
propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de
Juntas de Distrito,…” Y en el mismo escrito añade de forma
contradictora que “ni se ha disuelto la
actual Junta Local, ni se ha nombrado ninguna Gestora”. El acuerdo
transcrito parcialmente habla de sustituir
la actual organización de Junta Local (es decir, Presidente Local, Secretario
Local, ambos órganos unipersonales, Junta Directiva Local, Comité Ejecutivo
Local, etc.) por Juntas de Distrito. Sustituir significa “poner a alguien o
algo en lugar de otra persona o cosa” por lo que es evidente que al ser
sustituida por Juntas de Distrito deja de existir la Junta Local de
Alicante. Es metafísicamente imposible sustituir una cosa por otra y que
sobrevivan las dos simultáneamente. Constituye una evidente contradicción
mantener que “no se ha disuelto la Junta Local ” de Alicante y buena prueba de ello,
de la falsedad de esta afirmación, es que de seguir existiendo dicha Junta
deberían haberse convocado las elecciones internas a la misma de conformidad
con lo establecido en las normas internas del Partido Popular, algo que no se
ha hecho. Otra cosa muy distinta sería que la actual estructura organizativa de
la Junta Local
de Alicante hubiese sido complementada
o potenciada (por utilizar el mismo
verbo empleado en el mandato contenido en el Artículo 19 de los Estatutos
Nacionales del Partido Popular) con la creación de Juntas de Distrito. Pero no
es esto lo que, al parecer, señala este acuerdo, ni el adoptado el 29 de julio
de 2013 que, profundiza en la vulneración estatutaria del acuerdo de 11 de
octubre de 2012, señalando, al parecer, la creación de cinco distritos y la
posterior elección de un “coordinador de la ciudad de Alicante”, figura que no
aparece en los Estatutos del Partido Popular y destinada inequívocamente a
suplir la existencia de un Presidente de la Junta Local de
Alicante, elegido por todos los afiliados de la ciudad, y a eludir finalmente
un proceso democrático interno en el conjunto del Partido Popular de la Ciudad de Alicante.
Cuarto.- El Secretario Provincial del Partido Popular
de Alicante ha vulnerado, además, el Artículo 14.1 d) de los Estatutos Nacionales del Partido
Popular al “suplantar o atribuirse cargos
o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le corresponda” al desestimar
“per se” la impugnación ante el Comité Ejecutivo Provincial del acuerdo de 11
de octubre de 2012 ya que entre sus competencias recogidas en el Artículo 36
del Reglamento Provincial del Partido Popular de Alicante no figura la
resolución de los recursos o impugnaciones de los acuerdos. Se adjunta numerado como documento 8.- Copia de los estatutos del
partido.
Quinto.- La democratización interna de los partidos
políticos es un requisito ineludible para un correcto funcionamiento del
sistema político y no sólo porque lo diga el art. 6 de la Constitución, sino
porque, en caso contrario, se corre el riesgo de que el ciudadano se desencante
definitivamente del instrumento «partido» y no tengamos modelos alternativos,
al menos, en sentido democrático, para estructurar democráticamente los órganos
de poder político del Estado. De aquí la necesidad de seguir profundizando en
la democratización interna de los partidos y en la plena vigencia en el
interior de los mismos de los derechos constitucionales de sus afiliados, ya
que constituyen el momento inicial del proceso de participación política
democrática. La exigencia constitucional de un funcionamiento interno
democrático y la financiación pública de los partidos debe conllevar la plena
vigencia en el interior de los partidos políticos de los derechos fundamentales
que componen el Estado democrático en España, es decir, de todos aquellos
derechos y libertades del Título I que puedan ejercerse en el seno de un
partido por directa imposición del art. 6 de la Constitución y no condicionados
a su mero reflejo en la Ley que desarrolle el artículo constitucional o en los
Estatutos del partido. En este sentido, la LO de partidos políticos de 2002
supone sólo un avance mínimo con respecto a la legislación anterior y un
desarrollo muy limitado de lo dispuesto en la Constitución. Sigue faltando un
desarrollo más detallado de aspectos centrales de la democracia interna como
puede ser la forma de elección de los órganos ejecutivos del partido. En cuanto
a los derechos de los afiliados, se propugna el reconocimiento de la plena
vigencia de los derechos fundamentales en el interior de los partidos,
especialmente en el plano procedimental, los consagrados en los artículos 24 y
25 de la Constitución.
A tenor de lo que se plasma en las Sentencias del Tribunal
Constitucional 10/1983 y 75/1985, debemos poner de relieve que la Constitución establece, con respecto a los
partidos políticos, la exigencia de que su estructura interna y su
funcionamiento deben ser democráticos, y, además que deben respetar en su vida
interna unos principios estructurales y funcionales mínimos, y dentro de estos
parámetros jurisprudenciales es cuando se podrá solicitar el amparo judicial
oportuno, y, en este aspecto, la iniciación de la presente contienda judicial
por la parte, ahora, recurrente, tiene la suficiente base legal, y, entonces,
en esgrimir el artículo 22 de la Constitución, en su aspecto de la llamada
libertad positiva de asociación, que tiene plena vigencia» (STS de 21 de
septiembre de 1996; en el mismo sentido, SSTS de 12 de mayo de 1998 y de 14 de
enero de 2000).
En su virtud,
SUPLICO
Que teniendo por presentado este escrito se sirva
admitirlo, tenga por formulada demanda de procedimiento ordinario contra el
Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, y por impugnados
los acuerdos adoptados referenciados, a fin de que, previos los trámites de ley que fueren
oportunos, se dicte en su día sentencia por la que se resuelva:
Primero.-
Anular los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de
Alicante por los que se aprueba la sustitución de la Junta Local de
Alicante por Juntas de Distrito y la división de la ciudad de Alicante en cinco
distritos por suponer una vulneración de lo dispuesto en los Artículos 20.3 y
21.5 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y por crear un órgano
unipersonal, la figura de un “coordinador” de la ciudad de Alicante, no
prevista en los Estatutos del Partido Popular.
Segundo.-
Que sea declarada contraria
a derecho la negativa efectuada por el Secretario Provincial del Partido
Popular de Alicante en su escrito de 17 de diciembre de 2012 a entregar las actas o
certificaciones de los órganos colegiados, obligando al Partido Popular de la Provincia de Alicante a
entregar toda la documentación solicitada.
Tercero.- Que sea condenado la demandada a las costas
devengadas en el presente proceso.
PRIMER
OTROSI DIGO.- Que se
proceda a suspender cautelarmente la convocatoria de elecciones internas a las
Juntas de Distrito hasta que se haya dilucidado su legalidad y la de la supresión
de la Junta Local
de la ciudad de Alicante, ya que de no ajustarse a derecho deberían ser
convocadas primero las elecciones de esta última de conformidad a las normas
internas del Partido Popular y su celebración constituiría un fraude electoral
y una vulneración de los derechos de los afiliados de la ciudad de Alicante de
imposible reparación. La medida de suspensión cautelar debe exigirse sobre la
base de que la celebración de las meritadas elecciones puede dar lugar a la
consolidación de perjuicios de difícil reparación y, por el contrario, no
genera tal conflicto el aplazamiento de las mismas.
AL
JUZGADO SUPLICO.- Que tenga
por formulada la anterior manifestación a los efectos oportunos y, en su
consecuencia proceda a acordar la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.
Es justicia que pido en Alicante a veinte de
septiembre de 2013.
sábado, 5 de octubre de 2013
Alicante marginada en los Presupuestos Generales del Estado 2014.
Leer
las declaraciones contradictorias de la mayor parte de los políticos de la
Provincia de uno y otro color en torno al proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para el año que viene resulta, cuando menos, decepcionante. Parece
mentira que unas mismas cifras puedan ser interpretadas de tan diferente y
opuesta manera. Es verdad que gracias a la endogamia partidista y la peculiar
forma de designar a nuestros cargos
públicos impera la mediocridad y cierta falta preparación, pero a la vista está
que estos defectos no se suplen con la honradez intelectual y el debido respeto
a la inteligencia de los ciudadanos. Al explicar los presupuestos y su
posicionamiento respecto a los mismos, la mayor parte de los dirigentes
alicantinos se limitan a reproducir los argumentarios de sus partidos
políticos, a repetir viejos y manidos tópicos y a ignorar el trasfondo de unas
cifras que no cubren desde hace muchos años las necesidades de los ciudadanos de
Alicante ni de la Comunidad Valenciana.
Los
presupuestos de las Administraciones Públicas son la expresión numérica de las
políticas que sus gestores pretenden aplicar. Son la expresión cifrada de las
prioridades políticas de los responsables de dichas administraciones y, por
tanto, constituyen la ley anual más importante de las mismas. Los responsables
políticos tienen la obligación moral y política de explicarlos a los ciudadanos
y de hacerlo con honradez y transparencia, sin usar trampas contables ni prejuicios
ideológicos. Es mucho mejor anunciar una verdad dura pero inevitable que
engañar con falsas perspectivas que a la postre sólo sirven parar ahondar en la
desconfianza ciudadana.
Y
al conocer las cifras que corresponden a nuestra Provincia sólo un insensato o
un irresponsable puede mostrar satisfacción, porque lo único evidente es que la
provincia de Alicante, al igual que el resto de la Comunidad Valenciana, no
sale bien parada del proyecto de PGE para el año 2014. Para poder llegar a esta
conclusión no vale usar como referencia alguno de los presupuestos de los
ejercicios anteriores en el que la inversión estatal creció notablemente como
consecuencia de la inclusión de una infraestructura cara como el AVE ni vale
para rebatirla usar como referencia la inversión por km. cuadrado de carretera
(a menos carreteras con poca inversión podrá parecer que crece notablemente la
misma). Para llegar a la conclusión de que estos presupuestos no son buenos
para nuestra Provincia basta recordar algunas cifras: que somos la cuarta
provincia española con más población, que somos la quinta provincia que más
aporta al PIB y que desde hace muchos años recibimos por ciudadano muy por
debajo de la media nacional. Y esto también vale respecto a los Presupuestos de
la Generalitat Valenciana. Desde el año 2000, los distintos Gobiernos de España
han dejado de invertir en la Provincia de Alicante más de 6.500 millones de
euros en infraestructuras que le hubieran correspondido en función de su peso
en el conjunto nacional. Así, en el año 2014 los alicantinos recibiremos para
infraestructuras 95 euros menos por habitante que la media nacional. Estará o
no justificado, será o no inevitable dada la actual situación económica, pero
ése es el dato cierto que no se puede maquillar ni hablando de “términos
homogéneos” ni de disquisiciones sobre Kilómetros cuadrados de carreteras.
Y
si hablamos de rentas o de pensionistas hay otros datos incontestables: los
presupuestos de 2014, si no se remedia, será los presupuestos que consolidarán la
pérdida de poder adquisitivo de 400.000 pensionistas y de 79.000 empleados
públicos de la Provincia de Alicante. Es decir, casi medio millón de ciudadanos
alicantinos perderán poder adquisitivo gracias a estos presupuestos.
Bien
harían nuestros representantes políticos en hablar claro y decir la verdad
sobre estos presupuestos. Limitarse a decir que son presupuestos serios (como
si alguien conociese algún presupuesto alegre), rigurosos y consecuentes no
pasa de ser un tópico de manual. Dígannos mejor la verdad, que esto es lo que
hay, que no hay más para repartir, que son tiempos difíciles y que nos siguen
discriminando, que tenemos que seguir sacrificándonos para pagar los platos
rotos por unos y por otros, que no los critican, aunque tampoco les satisfagan,
para no perder su sitio en las listas electorales,… Pero, no nos sigan tomando
por tontos, por favor. Tengan al menos ese rasgo de honestidad intelectual
porque de lo contrario habrá que pensar que a buena parte de nuestra clase
política, si tanto le gusta estos presupuestos, le falta energía, inconformismo
y ambición para luchar por nuestra Provincia, que se conforman con lo que hay y
que no aspiran a más, a mucho más, para sus conciudadanos.
Alicante
vuelve a ser discriminada presupuestariamente. ¿Qué habrá que hacer para acabar
con esta injusticia? ¿Habrá que empezar a hablar aquí también del derecho a
decidir? ¿Habrá que empezar a promover una autonomía uniprovincial para
conseguir lo que año tras año se nos niega? Aquí sí que hay ya una deuda histórica.
Las cifras cantan.
Santiago
de Munck Loyola
miércoles, 2 de octubre de 2013
Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.
2-X-2013
NOTA DE PRENSA.
Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de
Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.
Ante la absoluta falta de talante
dialogante de la dirección provincial del PP de Alicante, varios afiliados del
Partido Popular de Alicante y miembros de la Asociación Foro
Esperanza Popular – Movimiento de Bases han presentado hoy en los juzgados de
Alicante una demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular
de Alicante por haber adoptado acuerdos presumiblemente contrarios a los
Estatutos Nacionales del Partido Popular.
Los demandantes, acogiéndose a la
tutela judicial de los derechos políticos recogida en la Ley de Partidos políticos,
entienden que la decisión de suprimir la Junta
Local de la
Ciudad de Alicante es contraria a los Estatutos del Partido
Popular al igual que la decisión de nombrar “un coordinador” de la ciudad,
figura no prevista tampoco en el ordenamiento interno de la formación Popular.
Igualmente, la demanda pretende que se declare contraria a derecho la actuación
del Secretario Provincial, José Juan Zaplana, que por escrito se negó a
entregar las actas y demás documentación solicitada sobre los acuerdos
adoptados por el Comité Ejecutivo provincial de Alicante y que se suspenda de
forma cautelar la celebración de elecciones internas a las nuevas Juntas de
Distrito del PP de Alicante. En concreto, los demandantes solicitan del Juzgado
lo siguiente:
“Primero.- Anular los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular
de Alicante por los que se aprueba la sustitución de la Junta Local de
Alicante por Juntas de Distrito y la división de la ciudad de Alicante en cinco
distritos por suponer una vulneración de lo dispuesto en los Artículos 20.3 y
21.5 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y por crear un órgano
unipersonal, la figura de un “coordinador” de la ciudad de Alicante, no
prevista en los Estatutos del Partido Popular.
Segundo.- Que sea declarada contraria a derecho la
negativa a entregar las actas o certificaciones de los órganos colegiados
efectuada por el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante en su
escrito de 17 de diciembre de 2012, obligando al Partido Popular de la Provincia de Alicante a
entregar toda la documentación solicitada.
Tercero.- Que sea condenado la demandada a las costas
devengadas en el presente proceso.
PRIMER OTROSI DIGO.- Que se proceda a suspender cautelarmente la
convocatoria de elecciones internas a las Juntas de Distrito hasta que se haya
dilucidado su legalidad y la de la supresión de la Junta Local de la ciudad de
Alicante, ya que de no ajustarse a derecho deberían ser convocadas primero las
elecciones de esta última de conformidad a las normas internas del Partido
Popular y su celebración constituiría un fraude electoral y una vulneración de
los derechos de los afiliados de la ciudad de Alicante de imposible reparación.
La medida de suspensión cautelar debe exigirse sobre la base de que la
celebración de las meritadas elecciones puede dar lugar a la consolidación de
perjuicios de difícil reparación y, por el contrario, no genera tal conflicto
el aplazamiento de las mismas.
AL JUZGADO SUPLICO.- Que tenga por formulada la anterior
manifestación a los efectos oportunos y, en su consecuencia proceda a acordar
la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.”
En los próximos días, está
previsto que más afiliados de la ciudad de Alicante y de otras localidades se
sumen a esta actuación judicial.
domingo, 29 de septiembre de 2013
D. Felipe del Baño, de cazador a cazado.
¡Vaya,
vaya, vaya! Parece que empiezan a encajar las piezas. Parece que se empieza a
comprender las razones que se escondían tras el furibundo alegato del Diputado
Felipe del Baño, instructor del expediente de expulsión del PP de un servidor y
de Antonio Sobrino, en su inefable escrito contra los que pedíamos regeneración
democrática, democracia interna y más honradez en el Partido Popular de la
ciudad de Alicante. El inquisidor – instructor, se puso manos a la obra presto
a ejecutar las instrucciones del Secretario Provincial de Alicante, José Juan
Zaplana, para echar del partido a los defensores de la regeneración democrática
y lo hizo con un escrito plagado de perlas. En él, D. Felipe del Baño, llegaba
a decir que resultaba inadmisible reivindicar la regeneración dentro del
partido porque eso era dar a entender que todo el partido era corrupto. Pocas
semanas después, D. Felipe, se despellejaba las manos aplaudiendo a la
Vicepresidenta del Gobierno que acababa de insistir en la necesidad de promover
la regeneración democrática en los partidos políticos, incluido el Partido
Popular. En dicho escrito, D. Felipe llegaba incluso a afirmar, en el colmo del
cinismo o de la ignorancia, que las críticas que realizábamos serían admisibles
si las hiciésemos en los cauces internos de participación del partido, obviando
un dato importante en su poder: que hace más de diez años que los afiliados de
la ciudad de Alicante no han sido convocado a ninguna reunión, ni a ningún acto
de participación y debate en el partido por la sencilla razón de que no existen
dichos cauces. Y otra perla interpretativa de D. Felipe era que es intolerable
y motivo de expulsión afirmar que en el PP de la ciudad de Alicante no hay
democracia interna. Para él y para los demás miembros del Comité de Derechos y
Garantías del PPCV ocho años sin elecciones internas en la ciudad de Alicante
vulnerando los Estatutos del PP que las establecen cada tres años es un ejemplo
de democracia interna y el que diga lo contrario a la calle.
Pues
bien, ahora resulta que el brazo ejecutor de D. J.J. Zaplana, D. Felipe del
Baño, ha sido pillado con las manos en la masa. Según publica el 28 de
septiembre de 2013 el Diario Levante (http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/09/28/edil-pp-san-antonio-dice/1036666.html),
D. Felipe del Baño, tras la denuncia de una Asociación, ha reconocido en el
Pleno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, Valencia, donde el Diputado
popular simultanéa un puesto de concejal con su escaño en las Cortes
Valencianas, que en 2010 realizó una contratación a una empresa, Vivers
Centre Verd SAU, por importe de 52.000.-
€ a dedo y sin expediente de contratación alguno. Y, a continuación, el Sr. Del
Baño, vulnerando los Estatutos del Partido Popular, votó en contra de la moción
del Grupo Popular que proponía la creación de una Comisión de Investigación
para aclarar este sucio asunto. Es posible que D. Felipe del Baño, pese a que
al parecer es abogado, ignorase la existencia de procedimientos legales para
realizar las contrataciones en las administraciones públicas o que conociendo
dichos procedimientos decidiese pasárselos por el arco del triunfo, pero todo
el mundo sabe que eso está muy feo, que lo del “dedito” es una práctica
sospechosa y muy censurable y que, aún habiéndolo hecho, no se pueden dejar
pasar tres años sin regularizar la situación formalizando el correspondiente
expediente para que la empresa contratada pudiese cobrar el trabajo
digitalmente encargado. Y lo de votar contra la moción del Grupo Popular no
sólo está feo, sino que además constituye un mal ejemplo cuando quien lo hace
es miembro del Comité de Derechos y Garantías del PPCV y, por tanto, ostenta la
responsabilidad de hacer cumplir los Estatutos del Partido. Es de suponer que
alguien que forma parte de ese Comité conoce especialmente los Estatutos y que recordará
el Artículo 13 que dice: Infracciones muy
graves.
1.- Cometen infracción muy grave quienes
incurran en alguno de los siguientes supuestos:
e) La desobediencia a las instrucciones
o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del
Partido, así como de los Grupos Institucionales del mismo.
No
hace falta ser un lince para saber que el Grupo Popular del Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber es un Grupo Institucional y que votar en contra de una
moción de este Grupo, siendo miembro del mismo, es incurrir en infracción muy
grave.
¿Qué
ocurrirá ahora? ¿Dimitirá D. Felipe como miembro del Comité de Derechos y
Garantías del PPCV por haber vulnerado los Estatutos del PP? ¿Le instruirán el
pertinente expediente disciplinario por la misma razón? ¿Dimitirá como concejal
y diputado tras reconocer públicamente que ha vulnerado la Ley sobre
contrataciones de las administraciones públicas? Después de leer lo que
escribió sobre la regeneración democrática y verle después aplaudir a la
Vicepresidente del Gobierno, es casi seguro que no. Sería como pedir peras al
olmo. Como puede observarse una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.
¿Y todavía hay alguien que dude de la necesidad de impulsar medidas
regeneradoras en los partidos políticos?
Santiago
de Munck Loyola
miércoles, 25 de septiembre de 2013
A cuenta de la regia intervención quirúrgica.
Parece que, para algunos, en
España no hay ahora asunto más importante que opinar sobre dónde se opera el
Rey, si en un hospital público o privado, si con médicos que trabajan aquí o
traídos de fuera. Y lo que más sobresale en este artificial e insustancial
debate es la actitud profundamente mezquina de muchos dirigentes de la
izquierda española. Mezquindad y, en algunos casos, miseria moral como se puso
de manifiesto en el grave accidente de tráfico que sufrió y que casi le cuesta
la vida a la Delegada
del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Porque hay que ser muy miserable
para pedir que se saque de un hospital público y sea trasladada a otro privado
a una persona que está en coma y luchando por salvar la vida. No hay otro
calificativo para describir a quienes quisieron hacer electoralismo y política
sectaria con la vida y la recuperación de la Sra. Cifuentes quien tenía todo
el derecho del mundo a ser tratada en el centro hospitalario que quisiera, como
cualquier otro ciudadano.
Ahora le toca el turno al Jefe
del Estado. Es evidente que cualquiera que fuese la decisión que el Rey hubiese
adoptado para tratar la dolencia que le afecta habría sido aprovechada por los
mezquinos de turno para lanzar toda clase de críticas y de descalificaciones.
Todo parece indicar que el Rey no ha tomado la decisión personalmente, sino que
lo ha hecho consultando con su familia, sus médicos y sus colaboradores
inmediatos valorando todas las posibilidades y opciones e inclinándose por lo
que ha entendido mejor para la recuperación de la salud del Monarca. En estos
asuntos no hay improvisación que valga y sólo puede prevalecer finalmente, o
solo debería prevalecer, el interés de la salud del paciente.
Pero, no, parece que algunos
tienen la imperiosa necesidad de “montar el pollo” por lo que sea y se han
puesto manos a la obra. Si el Rey hubiese optado finalmente por someterse a
esta nueva operación en un hospital público estarían despotricando porque lo
haría saltándose las listas de espera o porque su presencia en cualquiera de
los hospitales públicos supondría enormes molestias para el resto de los
pacientes ingresados en el mismo, molestias derivadas de las imprescindibles
medidas de seguridad en el recinto hospitalario o molestias ocasionadas por la
inevitable presencia de todos los medios de comunicación, vehículos, reporteros
y demás personal que colapsarían las proximidades al centro público elegido. Y
lo más probable es que hubiesen aprovechado los miserables de turno para montar
otra escenita en las proximidades exigiendo que le operasen en un centro
privado.
Como finalmente la decisión de la
Casa Real ha sido que el Monarca sea
intervenido en un centro privado también alzan su voz, unos protestando sin
matices por la elección y otros haciendo públicas sus preferencias, como si
alguien les hubiese preguntado por sus gustos, por la decisión contraria, es
decir, diciendo que les hubiera gustado más que el Rey fuese intervenido en un
Hospital público. Eso sí, como siempre con las dos varas de medir, porque más
de uno, aunque no lo diga, está siendo tratado para algunas dolencias o ha sido
tratado en la sanidad privada aunque ahora diga que prefiere que el Rey sea
intervenido en la sanidad pública.
En fin, que algunos no pierden la
oportunidad para intentar sacar tajada electoral incluso sobre las operaciones
reales. Y mientras tanto, el Gobierno y, por supuesto, el Partido Popular
tomando decisiones “muy oportunas” manifiesta que no tiene pensado de momento
proceder a regular, a legislar sobre las funciones del príncipe de Asturias. Al
parecer, según un peculiar criterio de oportunidad política, resulta
irrelevante que el Jefe del Estado vaya a estar alejado de sus funciones
durante una larga temporada para decidir si conviene o no regular las funciones
del heredero de la Corona que necesariamente habrá de sustituir en muchas
ocasiones al Rey. Incluso parece que es irrelevante que durante algunas horas,
como ocurrió ayer, el Jefe del Estado estuviera inconsciente durante una intervención
quirúrgica y simultáneamente el Presidente del Gobierno estuviese ausente de
España viajando hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
No hay nada que regular, el heredero de la Corona desarrolla funciones
representativas de la Jefatura del Estado, sin soporte jurídico alguno.
Curioso.
Santiago de Munck Loyola
lunes, 23 de septiembre de 2013
El Sr. Luna y la Ley del Embudo.
La semana pasada, en las
diligencias previas que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por
los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y tráfico de
influencias, el diputado socialista y vicepresidente segundo de las Cortes
Valencianas, Ángel Luna, fue imputado en el caso Novo Cartago. En este caso, se
está investigando la posible existencia de determinadas conductas irregulares
en el proceso de construcción de 3.000 viviendas en una zona protegida del
litoral de la región de Murcia. El Diputado autonómico socialista fue citado a
declarar el próximo 3 de octubre, pero al tener conocimiento de su condición de
diputado, el juez que instructor dictó providencia para requerir al secretario
de las Cortes Valencianas para que confirme la condición de aforado de Ángel
Luna.
La imputación de Ángel Luna tiene
que ver con su trabajo como asesor urbanista para Hansa Urbana, la empresa que
desarrolló el proyecto de Novo Cartago en donde se proyectaron más de 3.000
viviendas en una zona del litoral cartagenero catalogada como espacio
protegido. Tal y como ocurre en éstos casos, el diputado socialista se mostró
absolutamente perplejo y manifestó que "todas
las imputaciones no son iguales". ¡Acabáramos! Después de escuchar
hasta el aburrimiento al Sr. Luna, con lanzamiento de piedras incluido, y a sus
conmilitones uno había llegado al convencimiento de que todas las imputaciones
eran iguales, al menos a efectos de dimisiones. Pero no, el Sr. Luna, tratándose
de si mismo, ha descubierto que no y dice ahora exactamente lo mismo que dicen
muchos de sus adversarios políticos cargados también con el estigma de la
imputación. Notable contribución la del Sr. Luna y los suyos al
restablecimiento del diálogo y consenso con el Partido Popular. Ni todos los
imputados son iguales, ni tampoco todas las imputaciones. Y no, no se trata de
que el Sr. Luna practique la Ley
del Embudo, tan frecuentemente usada por su partido. Tan sólo se trata de una
pequeña aportación más al discutido y discutible concepto, como diría aquél, de
la regeneración democrática. ¡Uff… perdón! se me ha escapado la palabrita
maldita. Ya se sabe, según el diputado popular Felipe del Baño, propugnar la
regeneración democrática en el Partido Popular es motivo de expulsión del
partido. Sobre todo, si quien la esgrime es un afiliado de base, no un alto
cargo del partido en cuyo caso el “líder” contará con el entusiasta aplauso del
Sr. del Baño. Como decía Groucho Marx “éstos
son mis principios pero si no le gustan tengo otros”.
Buena la van a tener mañana en
las Cortes Valencianas en las que se desarrollará el debate sobre el estado de
la región. Porque, aunque le pese al Sr. Puig y sus compañeros tan favorables
al “derecho a decidir” de los independentistas y anexionistas de Cataluña,
seguimos siendo una Comunidad Autónoma diferenciada. Según los analistas uno de
los tres temas importantes del debate será la “regeneración democrática” (con
permiso del Sr. del Baño y demás miembros del Comité de Derechos y Garantías
del PPCV). Y vamos a asistir, casi con absoluta seguridad, al habitual “y tú
más” o al “pío, pío que yo no he sido”. Unos se encaminan hacia el desastre
electoral y otros también. No estaría de más que entre ambas fuerzas políticas
mayoritarias hicieran un ejercicio mínimo de responsabilidad y honestidad
intelectual y política para dejar de usar la corrupción como arma arrojadiza y
estableciesen unas bases mínimas, en sintonía con las reformas anunciadas el
viernes en el Consejo de Ministros, para combatirla con eficacia. Y en este
campo deberían empezar por definir de una vez y de forma clara el momento en el
que un acusado debería dejar sus responsabilidades políticas sea la imputación,
la apertura de juicio, etc. Una regla clara e igual para todos, sea del partido
que sea. Pero lo que no vale, lo que resulta un insulto a la inteligencia
ciudadana es seguir exigiendo a los demás lo que uno no está dispuesto a
aplicarse a si mismo. Y, sobre todo, deberían recordar que no hay regeneración
democrática sin regeneración previa de quienes deben llevarla a cabo, es decir,
de los partidos políticos y eso sólo pasa por más democracia interna y más
participación. Sin eso, lo demás son zarandajas.
Santiago de Munck Loyola
jueves, 19 de septiembre de 2013
El Ayuntamiento de Alicante y SUMA.
A
veces, desde determinadas instancias administrativas se toman algunas
decisiones que aparentemente tienen poca trascendencia y que poco influyen en
vida del ciudadano. Sin embargo, cuando se analizan detalladamente parece que
no es así. Es lo que ocurre con la reciente decisión del Ayuntamiento de
Alicante de transferir la gestión de los impuestos municipales a SUMA, la
entidad tributaria gestora de la Diputación Provincial de Alicante. Uno diría
que, a primera vista, al contribuyente de Alicante le resulta indiferente quién
le cobre el Impuesto de Bienes Inmuebles o el de vehículos porque, al fin y al
cabo, va a tener que pagar lo mismo. Pero si se examina con detalle el asunto
parece que el hecho de que sea SUMA la que cobre estos impuestos y no el propio
Ayuntamiento terminará repercutiendo en el bolsillo del ciudadano. SUMA, como
es lógico, cobra por su gestión y el Ayuntamiento de Alicante tendrá que
consignar en sus presupuestos anuales al menos 2,5 millones de euros para pagar
a SUMA por hacer lo que antes venía haciendo el propio Ayuntamiento.
Si
se examinan los presupuestos generales del Ayuntamiento de Alicante se
encuentra una partida de 1.847.763.- € correspondientes a los sueldos de los
funcionarios destinados a la gestión del sistema tributario, al cobro de
nuestros impuestos. Si se da por correcta la cifra publicada de 52 funcionarios
municipales destinados a la gestión tributaria y de éstos sólo 15 funcionarios
son trasladados a SUMA, el Ayuntamiento deberá seguir pagando las retribuciones
de 37 funcionarios que, según las informaciones publicadas, van a ser
destinados a otras tareas dentro del Ayuntamiento. Es decir que el Ayuntamiento
de Alicante tendrá que seguir consignando en su presupuesto 1.314.768.- € para
el pago de las retribuciones de los funcionarios antes adscritos a la gestión
tributaria municipal y añadir los 2.500.000.- € para el pago a SUMA por su
gestión. En resumen que la decisión política de que SUMA nos cobre los
impuestos a los vecinos de la ciudad de Alicante supondrá pasar de un gasto de
1.847.763.- € a la cifra de 3.814.768.- € al año, cifra que se reflejará en los
presupuestos municipales y que, por tanto, sí que terminará por tener una
incidencia real en los bolsillos de los contribuyentes.
La
razón de fondo de esta decisión no se encuentra en el objetivo de dotar a la
gestión de los tributos de una mayor calidad o eficacia pues están fuera de
toda duda los niveles de profesionalidad y la capacidad de los funcionarios
municipales dedicados a esta tarea, perfectamente equiparables a los de SUMA.
Es evidente que esta decisión de tan hondo calado obedece a la necesidad de
proporcionar más liquidez a la tesorería municipal que podrá verse beneficiada
con los anticipos ordinarios que SUMA entrega sin intereses. No se trata, por
tanto, ni de una medida de ahorro para las maltrechas arcas del Ayuntamiento
alicantino, ni de una medida de carácter coyuntural. Y tratándose de una
decisión de tanta trascendencia para los contribuyentes y para el personal del
Ayuntamiento, parece que ha faltado algo
de transparencia y de debate y, sobre todo, la búsqueda del consenso con la
oposición.
La
consecución de más liquidez para la hacienda municipal, es decir, un flujo de
ingresos mensuales regulares se podría haber conjugado mejor con la necesidad
de muchos contribuyentes de fraccionar mensualmente el conjunto de los tributos
municipales. Hoy más que nunca, el hecho de tener que pagar en un mes el
elevado IBI que pagamos en Alicante o en otro mes el IVTM se hace bastante
cuesta arriba. Al contribuyente le es mucho más fácil pagar mensualmente, como
hace con la cuota de la comunidad de vecinos por ejemplo, una cuota tributaria
equivalente al prorrateo mensual del conjunto de los tributos municipales. Con
una adecuada promoción municipal de esta fórmula durante los últimos años, el
Ayuntamiento habría conseguido de una parte facilitar a los vecinos el pago de
sus impuestos y de otra obtener esa liquidez mensual tan ansiada ahora.
Santiago
de Munck Loyola
miércoles, 18 de septiembre de 2013
Por un nacionalismo español sin complejos.
Ha pasado una semana desde su
celebración y aún no se han desvanecido los ecos de la Diada de Cataluña. Lo
primero que destaca es el alcance de la manipulación histórica de los
independentistas que se plasma en la incongruencia que supone que un patriota
español como Casanova se haya convertido en símbolo central de las
celebraciones de la Diada. Tras las valoraciones iniciales de unos y otros, no
hay día que pase sin que se abra una nueva polémica en torno a esta celebración.
Ayer, era Luis del Val el que levantaba su voz y su indignación, compartida por
cualquier persona con sentido común, contra la manipulación de los niños en la Diada y su uso partidista en
los medios informativos dependientes de la Generalidad catalana.
Comparaba esta manipulación infantil con la que todos los partidos y regímenes
totalitarios hacen desde siempre con los niños y jóvenes. La primera respuesta
venía desde CiU alegando en su defensa que se trata de “pedagogía”, nada menos.
La segunda respuesta y, por supuesto amenaza, vino del portavoz del gobierno
catalán diciendo que no van a tolerar, como si en su boca tuviera algún
significado la palabra tolerancia, que se realizasen semejantes comparaciones
sobre la manipulación infantil, algo perfectamente legítimo para los
independentistas.
Al margen de lo anterior, lo
cierto es que estamos viviendo una situación política tremendamente complicada
y el panorama no es nada alentador. Buena parte de los políticos de una
importante región española quieren la independencia de la misma, quieren romper
España y llevan décadas poniendo todos los medios humanos y económicos
necesarios y todo su empeño para conseguirlo. Lo que hoy vivimos no es un nuevo
e improvisado problema, es el resultado de un largo proceso en el que políticos
nacionales y regionales, los agentes sociales, los medios de comunicación y el
conjunto de la sociedad tiene su cuota de responsabilidad. Los partidos
nacionales no han tenido inconveniente alguno en realizar cesiones con el fin
de asegurarse mayorías parlamentarias y han sido incapaces de pactar un modelo
de estado estable o de reformar una Ley electoral que sobre representa a los
independentistas mientras penaliza a otras fuerzas minoritarias de proyección
nacional. Buena parte de la antaño izquierda solidaria y con vocación
internacionalista se ha reconvertido en independentista renunciando a sus
propias señas de identidad sociales. La sociedad española en su conjunto ha
permanecido pasiva mientras durante años los independentistas han ido tejiendo
una red clientelar y difundiendo una versión falseada y victimista de la
historia española. Hace tiempo que los sindicatos debieron decidir que ésa no
era su “guerra” obviando la progresiva desigualdad de derechos entre los
ciudadanos españoles en función del territorio y los evidentes peligros para el
sostenimiento del estado de bienestar, incluida la caja común de las pensiones
o de las prestaciones sociales.
Cataluña es hoy la comunidad
autónoma más endeudada en términos absolutos y como tal carece de viabilidad
económica sin las ayuda del Estado. Sus dirigentes no son capaces ni tan
siquiera de aprobar el presupuesto anual y todo ello pese a haber sido los
pioneros en los recortes sociales. No tienen dinero para luchar contra la desnutrición
infantil, pero sí para seguir alimentando numerosos canales de televisión,
pseudo embajadas o cualquier organización independentista. El actual gobierno
catalán heredó una administración arruinada por el tripartito uno de cuyos
socios lo es hoy del nuevo gobierno a nivel parlamentario. La presión
independentista de los políticos catalanes ha aumentado paralelamente a la
evidencia de su incapacidad de poner orden en las cuentas y de gestionar
racionalmente las instituciones. Y del mismo modo, el ruido independentista
catalán ha aumentado, coincidencia o no, en perfecta sincronía con la
disminución del ruido de los asesinos de la ETA. En su agenda política la independencia está
muy por delante de la satisfacción de las necesidades y de la solución de los
enormes problemas de sus ciudadanos, lo que ofrece una clara idea de la ética
que mueve a muchos políticos.
Los mal llamados nacionalistas,
pues siempre han sido independentistas y así habría que denominarlos, han ido
apretando las tuercas a los partidos nacionales, dando pasos, poco a poco,
siempre encaminados hacia un mismo fin. Cada pequeña cesión del estado ha
supuesto contribuir con un ladrillo más al levantamiento del muro
independentista. La cesión de determinadas competencias a las comunidades
autónomas supuso un tremendo error sobre todo cuando con ello se quebraba el
sagrado principio de igualdad entre todos los españoles o cuando se dejaba en
manos de los independentistas el cultivo de nuevas generaciones educadas en falsos
mitos históricos y en el odio a España. Los nacionalistas – independentistas
nunca han sido leales con el estado democrático. La reivindicación de las
peculiaridades propias, el victimismo permanente o el simple chantaje
parlamentario han servido para separar y construir el camino de la
independencia. Desde la admisión de aquel engendro gramatical de “regiones y
nacionalidades” hasta la aprobación del último Estatuto catalán que no fue
respaldado ni por la mitad de los electores de la Comunidad, ninguna cesión ha
servido para aplacar la sed de los independentistas. Por cierto que hay que
recordar que cuando entró en vigor este último Estatuto, los socialistas se
apresuraron a acusar a los populares de fallidos adivinos proclamando que ya
había Estatuto y que no se había roto España. Ya, pues si no está rota está a
punto. También la aprobación de ese Estatuto evidenció que las prioridades de
la clase política catalana no son exactamente las mismas que las prioridades de
los ciudadanos que no lo respaldaron mayoritariamente.
El derecho a decidir y, por
tanto, a celebrar un referéndum ilegal para proclamar la independencia de
Cataluña es el eje del debate diario. Los independentistas no tienen ningún
reparo en asumir la involución ideológica que supone sustituir el concepto de
soberanía popular por el de soberanía nacional. Ya la Constitución Española
supuso una sustitución de las reivindicaciones de descentralización
administrativa por la descentralización política y las competencias
legislativas de los parlamentos autonómicos han supuesto en la práctica una
fragmentación escalonada de la soberanía del pueblo español. Las instituciones
catalanas cuya legitimidad se asienta en la Constitución Española y que son
parte inherente del Estado español están siendo utilizadas para quebrar la
soberanía que les otorgó y otorga su legitimidad. El problema que se plantea en
el fondo es decidir quién tiene derecho a decidir y dónde se establece ese
límite. ¿Son los españoles en su conjunto como determina la Constitución? ¿Son
los catalanes? ¿Podrían los habitantes de cualquier Provincia o Municipio
ejercer ese derecho a decidir? ¿Por qué los independentistas catalanes niegan a
los habitantes del Valle de Arán el ejercicio del derecho a decidir?
Lo peor es que frente al desafío de
los secesionistas el gobierno ofrece diálogo y negociación, pero no señala ni
avisa sobre lo que no se puede negociar. Incluso algún Ministro ha manifestado
que habría que buscar un nuevo estatus par Cataluña, algo que desde hace tiempo
vienen repitiendo los socialistas quienes no saben en qué consistiría. Todos
parecen ignorar que modificar una vez más las normas en la dirección deseada
por los independentistas no va a aplacar sus ansias. Proponer machaconamente
que la solución se encuentra en una estructura federal del estado es una
falacia más. Los independentistas tampoco quieren una España federal que
supondría la misma estructura organizativa para todas las regiones. Una España
federal acabaría con la cursilada del hecho diferencial como justificación de
sus pretensiones. Y para qué hablar del federalismo asimétrico que viene a ser
como el círculo cuadrado.
Todo parece indicar que se
avecinan tiempos mucho más revueltos y que nuestra clase política no está a la
altura por su mediocridad y por la ausencia de un verdadero sentido de estado.
Lo que los políticos no quieren o no saben hacer puede ser suplido, aunque sea
mínimamente, por la actitud y los gestos diarios de los que nos sentimos
españoles. Tan legítimo es ser nacionalista catalán como nacionalista español y
tan legítimo es reivindicar dentro de la ley sus postulados como defender sin
complejos y con gestos concretos la necesidad de una España unida e íntegra.
Santiago de Munck Loyola
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