Hoy, sin comentarios.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Hoy no escribiré sobre tanta indignidad y miseria política como la que deambula en las altas esferas provinciales del Partido Popular de Alicante y en el Comité de supuestos Derechos y Garantías del PPCV, reservándome para los próximos días.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Lo que Fabra quiere y lo que en Alicante hacen algunos.

“Quiero un PPCV digno, honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”, manifestó ayer en Biar el Presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, en un almuerzo de trabajo con más de 150 alcaldes, portavoces y militantes del PP de la comarca del Alto Vinalopó. Y un servidor también quiere lo mismo al igual que la inmensa mayoría de los militantes populares. Pero por quererlo y decirlo en público, ya que dentro del PP no hay foro alguno para ello, me quieren poner en la calle. No cabe ninguna duda de las intenciones y de los deseos del Presidente Fabra, son auténticos. Pero algo chirría en la maquinaria popular, algo no funciona e impide que la voluntad política, la dirección política de su líder se corresponda con los hechos, con la realidad de un partido que al menos en la Provincia de Alicante ni siquiera puede mirar a los ojos de sus propios militantes.

Mientras el Presidente Fabra lleva tiempo marcando una línea muy concreta da la sensación de que la dirección popular alicantina va por otro camino. Mal se compadecen las declaraciones del Presidente Fabra con el estilo chulesco y prepotente y las actuaciones de parte de la dirección provincial de Alicante. Hay varias hipótesis para intentar explicar esta incoherencia: o el Presidente Fabra está muy mal informado sobre la trayectoria popular en nuestra Provincia o su liderazgo es tan débil que no puede imponer sus objetivos políticos o que pasa olímpicamente de lo que aquí ocurre.

Resulta incompatible la voluntad del Presidente Fabra con el hecho de que el Secretario Provincial José Juan Zaplana, que por cierto estaba sentado a su lado en la mesa en Biar, participase en la mesa presidencial de las cenas de homenaje a cargos públicos imputados por la Justicia o que impulse la expulsión de los afiliados que pedimos democracia interna, que ni está ni se la espera, en el PP de la ciudad de Alicante, que reclamamos una regeneración democrática y que exigimos ejemplaridad a nuestros políticos. Resulta incoherente que el Presidente Fabra diga que quiere un PPCV digno, honesto y honrado mientras que el instructor de las expulsiones el inefable, D. Felipe del Baño, nos dice por escrito a través del Comité de Derechos y garantías del PPCV que no podemos pedir públicamente democracia interna, honradez o regeneración porque hacerlo es tanto como acusar al PP de todo lo contrario. Suena raro el deseo expresado por el Presidente Regional cuando se constata que durante muchos años el Partido Popular de Alicante, vulnerando los propios Estatutos del PP, ha consentido la existencia de asociaciones fantasmas en muchos municipios que gestionaban de forma paralela los fondos del PP con el fin de eludir el control del Tribunal de Cuentas y que ese hecho no se haya saldado con la apertura de ni un solo expediente disciplinario. Es contradictorio ese deseo con el hecho de que alguno de los máximos responsables provinciales siga en su puesto después de ir explicando a algunos afiliados cómo se monta una contabilidad paralela o con el hecho de que las direcciones local y provincial de Alicante se nieguen a informar a los afiliados de las cuentas del partido, vulnerando con ello la propia Ley de Partidos Políticos.

No se puede mirar a los ojos de los ciudadanos o de los militantes cuando en 2011 la dirección Provincial de Alicante, según los medios de comunicación, se gastó más de 35.000 euros en comidas y no se dan explicaciones, ni nadie asume responsabilidades. No se puede mirar ni tan siquiera a los ojos de los militantes o de los afiliados cuando los órganos directivos provinciales se saltan los Estatutos del Partido, cuando los órganos regionales encargados de hacerlos cumplir no se molestan ni tan siquiera en dar acuse de recibo de las denuncias interpuestas por los afiliados o cuando siguen tratando a los afiliados de la ciudad de Alicante como simples vasallos, obligados a pagar su cuota, a trabajar por el partido cuando así se les requiera mientras se les niega el derecho a decidir si quieren o no tener una Junta Local propia. No es posible sostener un discurso como éste mientras se consiente, se ampara o se ignora unos modos de proceder impropios de una organización política moderna, dialogante, participativa y democrática.

Hay muchas formas de hacer política pero, como ocurre en la vida diaria, las que se sustentan sólo en palabras y no en los hechos tienen un corto recorrido. Se acercan unas importantes elecciones y toca, como no, acordarse de los votantes y de los militantes. Ahora algunos se acuerdan de que los afiliados están para algo más que para pagar las cuotas. Hay que movilizar al partido dicen, o sea a los militantes de base, a los mismos que en la ciudad de Alicante, por ejemplo, llevan años y años ignorando. Cuando hay que decidir cosas importantes no, ya toman ellos las decisiones aunque carezcan de mandato congresual para ello, como cuando se “cepillaron” al PP de la ciudad de Alicante (no olvidemos que a la Provincial le viene de perlas el dinero de las cuotas de la ciudad para costear la sede de los provinciales). Por cierto, ¿pedirán ahora a los afiliados a los que no dejaron votar en las elecciones internas por no poder pagar la cuota que ejerzan de apoderados e interventores en las europeas?

Somos muchos los que deseamos un PPCV digno, honesto, honrado y que mire a los ojos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y a los propios militantes populares. Somos muchos los que compartimos ese deseo pero también nos damos cuenta de que hay quienes, quizá compartiendo el mismo deseo, lo arrincona y no están dispuestos a asumir la más mínima crítica interna e impiden con ello el imprescindible movimiento regenerador que necesita el PPCV. Son los advenedizos, los mercenarios de partido, los vividores de la política los menos interesados en que la renovación y el aire fresco inunden la organización. Son pocos, sí, pero tan estratégicamente situados que terminarán por frustrar cualquier esperanza que pueda impulsar el Presidente Fabra. Y en Alicante lo están consiguiendo.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial de Alicante por incumplimiento de los Estatutos del PP.

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA QUE POR TURNO CORRESPONDA DE ALICANTE

Doña XXXXXXXXXXXXX, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme acredito con las pertinentes escrituras de poder que debidamente bastanteadas acompaño, ante el juzgado de primera instancia de Alicante comparezco y DIGO:

            Que por mediación del presente escrito y en la citada representación que ostento vengo a formular DEMANDA DE JUCIO ORDINARIO contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante sobre la base a de los siguientes   

HECHOS.

Primero.- Mis mandantes en su condición de afiliados del Partido Popular de Alicante tuvieron conocimiento a través de los medios de comunicación que, con fecha 11 de octubre de 2012, el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante acordó “sustituir” la Junta Local de Alicante por un número indeterminado de Distritos y nombrar una Gestora, tal y como recogieron e interpretaron todos los medios de comunicación (documento 1.-) sin que, en ningún momento, desde la Dirección Provincial se matizase o rectificasen las informaciones publicadas. Dicha decisión del Comité se tomó sin haber sido incluida en el Orden del Día y hasta el día de hoy no ha sido notificada a los afiliados.

Segundo.- Con fecha 19 de octubre de 2012, este acuerdo fue objeto de impugnación por varios afiliados ante el Comité Ejecutivo Provincial y el Presidente Provincial (documento 2.-) por considerarlo una vulneración de los Estatutos Nacionales del Partido Popular (Artículos 20.3 y 21.5) que facultan al Comité Ejecutivo Provincial para crear distritos pero no para “sustituir”, es decir, suprimir una Junta Local.

Tercero.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, fue solicitado mediante escrito la entrega de diversa documentación, entre otra el Orden del Día del Comité Ejecutivo Provincial de 11 de octubre de 2012 y la transcripción literal del acuerdo impugnado, a fin de iniciar acciones judiciales de tutela de los derechos políticos de los afiliados (documento 3.-).

Cuarto.- Mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2012, el Secretario General Provincial (documento 4.-), ejerciendo funciones para las que estatutariamente no está facultado, acordó desestimar la impugnación presentada y negarse a entregar la documentación requerida.

Quinto.- Con fecha 19 de enero fue presentado recurso contra este acuerdo de supresión de la Junta local de Alicante ante el Comité Regional de Derechos y Garantías del PPCV (documento 5.-) que nunca ha sido respondido.

Sexto.- En el mes de marzo se presentó escrito de impugnación contra el citado acuerdo ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PPCV sin haber obtenido respuesta alguna.

Séptimo.- El 29 de julio, según apareció publicado en el Diario Información (documento 6.-), “la ejecutiva aprobó ayer la división de la ciudad en cinco agrupaciones, a los que los militantes se adscribirán por su código postal. Para septiembre se aprobará el reglamento y se pondrá la fecha de las asambleas. Posteriormente, se elegirá un coordinador de la ciudad”.

            A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

a)  Jurídico-Procesales.

 I.- JURISDICCION.

La impugnación judicial de las sanciones partidarias ha de canalizarse ante la jurisdicción civil al ser un tipo de controversias entre particulares, y deducirse de lo dispuesto en el art. 9.2 LOPJ y por aplicación supletoria de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (art. 40) en virtud del juego de las Disposiciones Finales Primera y Segunda de esta última ley.

II.- COMPETENCIA TERRITORIAL.- Es competente para conocer de ellas el Juzgado de Primera Instancia de Alicante.

III.- CAPACIDAD.-  El demandante tiene plena capacidad para ejercitar las acciones que en la demanda se contienen por hallarse en el pleno uso de sus derechos civiles

IV.- LEGITIMACION ACTIVA.- Los demandantes se encuentran legitimados activamente por ser afiliados del Partido Popular, como se acredita con las copias de los carnets de afiliados (documento 7.-).

V.- LEGITIMACION PASIVA.- Debe dirigirse esta demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, que es la entidad que ha adoptado los acuerdos impugnados.

VI.- REPRESENTACION Y POSTULACION.- Los demandantes intervienen a través de Procurador y asistidos de Letrado.

VII.- PROCEDIMIENTO.- El Procedimiento por el que se ha de seguir la  presente demanda es el ordinario.

FUNDAMENTOS JURÍDICO MATERIALES

Primero.- El Artículo 8 d) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, otorga a los afiliados a los mismos el derecho a impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.

Segundo.- Tanto el acuerdo del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante de fecha 11 de octubre de 2012, como el acuerdo de 29 de julio de 2013, relativos a la sustitución de la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito no han sido notificados a los afiliados del Partido Popular pertenecientes a dicha Junta Local vulnerando el Artículo 8.2 c) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos que señala entre los derechos de los afiliados de un partido político “a ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica” y vulnerando el Artículo 6º f) de los Estatutos Nacionales del Partido Popular que determina que es un derecho de los afiliados “ser informado sobre las actividades del Partido”.

Tercero.- A la falta de notificación a los afiliados de acuerdos tan relevantes hay que señalar la negativa expresa del Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante a librar certificaciones de los acuerdos adoptados o copias de las actas de las sesiones de los órganos que los han adoptado, tal y como se refleja en su escrito de fecha 17 de diciembre de 2012. En dicho escrito además transcribe parcialmente el acuerdo impugnado: “Alicante, respecto de la cual el Presidente propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de Juntas de Distrito,…”  Y en el mismo escrito añade de forma contradictora que “ni se ha disuelto la actual Junta Local, ni se ha nombrado ninguna Gestora”. El acuerdo transcrito parcialmente habla de sustituir la actual organización de Junta Local (es decir, Presidente Local, Secretario Local, ambos órganos unipersonales, Junta Directiva Local, Comité Ejecutivo Local, etc.) por Juntas de Distrito. Sustituir significa “poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa” por lo que es evidente que al ser sustituida por Juntas de Distrito deja de existir la Junta Local de Alicante. Es metafísicamente imposible sustituir una cosa por otra y que sobrevivan las dos simultáneamente. Constituye una evidente contradicción mantener que “no se ha disuelto la Junta Local” de Alicante y buena prueba de ello, de la falsedad de esta afirmación, es que de seguir existiendo dicha Junta deberían haberse convocado las elecciones internas a la misma de conformidad con lo establecido en las normas internas del Partido Popular, algo que no se ha hecho. Otra cosa muy distinta sería que la actual estructura organizativa de la Junta Local de Alicante hubiese sido complementada o potenciada (por utilizar el mismo verbo empleado en el mandato contenido en el Artículo 19 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular) con la creación de Juntas de Distrito. Pero no es esto lo que, al parecer, señala este acuerdo, ni el adoptado el 29 de julio de 2013 que, profundiza en la vulneración estatutaria del acuerdo de 11 de octubre de 2012, señalando, al parecer, la creación de cinco distritos y la posterior elección de un “coordinador de la ciudad de Alicante”, figura que no aparece en los Estatutos del Partido Popular y destinada inequívocamente a suplir la existencia de un Presidente de la Junta Local de Alicante, elegido por todos los afiliados de la ciudad, y a eludir finalmente un proceso democrático interno en el conjunto del Partido Popular de la Ciudad de Alicante.

Cuarto.- El Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante ha vulnerado, además, el Artículo 14.1 d)  de los Estatutos Nacionales del Partido Popular al “suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le corresponda” al desestimar “per se” la impugnación ante el Comité Ejecutivo Provincial del acuerdo de 11 de octubre de 2012 ya que entre sus competencias recogidas en el Artículo 36 del Reglamento Provincial del Partido Popular de Alicante no figura la resolución de los recursos o impugnaciones de los acuerdos. Se adjunta numerado como documento 8.- Copia de los estatutos del partido.

Quinto.- La democratización interna de los partidos políticos es un requisito ineludible para un correcto funcionamiento del sistema político y no sólo porque lo diga el art. 6 de la Constitución, sino porque, en caso contrario, se corre el riesgo de que el ciudadano se desencante definitivamente del instrumento «partido» y no tengamos modelos alternativos, al menos, en sentido democrático, para estructurar democráticamente los órganos de poder político del Estado. De aquí la necesidad de seguir profundizando en la democratización interna de los partidos y en la plena vigencia en el interior de los mismos de los derechos constitucionales de sus afiliados, ya que constituyen el momento inicial del proceso de participación política democrática. La exigencia constitucional de un funcionamiento interno democrático y la financiación pública de los partidos debe conllevar la plena vigencia en el interior de los partidos políticos de los derechos fundamentales que componen el Estado democrático en España, es decir, de todos aquellos derechos y libertades del Título I que puedan ejercerse en el seno de un partido por directa imposición del art. 6 de la Constitución y no condicionados a su mero reflejo en la Ley que desarrolle el artículo constitucional o en los Estatutos del partido. En este sentido, la LO de partidos políticos de 2002 supone sólo un avance mínimo con respecto a la legislación anterior y un desarrollo muy limitado de lo dispuesto en la Constitución. Sigue faltando un desarrollo más detallado de aspectos centrales de la democracia interna como puede ser la forma de elección de los órganos ejecutivos del partido. En cuanto a los derechos de los afiliados, se propugna el reconocimiento de la plena vigencia de los derechos fundamentales en el interior de los partidos, especialmente en el plano procedimental, los consagrados en los artículos 24 y 25 de la Constitución.

A tenor de lo que se plasma en las Sentencias del Tribunal Constitucional 10/1983 y 75/1985, debemos poner de relieve que la Constitución establece, con respecto a los partidos políticos, la exigencia de que su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos, y, además que deben respetar en su vida interna unos principios estructurales y funcionales mínimos, y dentro de estos parámetros jurisprudenciales es cuando se podrá solicitar el amparo judicial oportuno, y, en este aspecto, la iniciación de la presente contienda judicial por la parte, ahora, recurrente, tiene la suficiente base legal, y, entonces, en esgrimir el artículo 22 de la Constitución, en su aspecto de la llamada libertad positiva de asociación, que tiene plena vigencia» (STS de 21 de septiembre de 1996; en el mismo sentido, SSTS de 12 de mayo de 1998 y de 14 de enero de 2000).

En  su virtud,

SUPLICO 

Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por formulada demanda de procedimiento ordinario contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, y por impugnados los acuerdos adoptados referenciados, a fin de que,  previos los trámites de ley que fueren oportunos, se dicte en su día sentencia por la que se resuelva:

Primero.- Anular los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por los que se aprueba la sustitución de la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito y la división de la ciudad de Alicante en cinco distritos por suponer una vulneración de lo dispuesto en los Artículos 20.3 y 21.5 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y por crear un órgano unipersonal, la figura de un “coordinador” de la ciudad de Alicante, no prevista en los Estatutos del Partido Popular.

Segundo.- Que sea declarada contraria a derecho la negativa efectuada por el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante en su escrito de 17 de diciembre de 2012 a entregar las actas o certificaciones de los órganos colegiados, obligando al Partido Popular de la Provincia de Alicante a entregar toda la documentación solicitada.

Tercero.- Que sea condenado la demandada a las costas devengadas en el presente proceso.

PRIMER OTROSI DIGO.- Que se proceda a suspender cautelarmente la convocatoria de elecciones internas a las Juntas de Distrito hasta que se haya dilucidado su legalidad y la de la supresión de la Junta Local de la ciudad de Alicante, ya que de no ajustarse a derecho deberían ser convocadas primero las elecciones de esta última de conformidad a las normas internas del Partido Popular y su celebración constituiría un fraude electoral y una vulneración de los derechos de los afiliados de la ciudad de Alicante de imposible reparación. La medida de suspensión cautelar debe exigirse sobre la base de que la celebración de las meritadas elecciones puede dar lugar a la consolidación de perjuicios de difícil reparación y, por el contrario, no genera tal conflicto el aplazamiento de las mismas.

AL JUZGADO SUPLICO.- Que tenga por formulada la anterior manifestación a los efectos oportunos y, en su consecuencia proceda a acordar la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.

Es justicia que pido en Alicante a veinte de septiembre de 2013.

Alicante marginada en los Presupuestos Generales del Estado 2014.

Leer las declaraciones contradictorias de la mayor parte de los políticos de la Provincia de uno y otro color en torno al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene resulta, cuando menos, decepcionante. Parece mentira que unas mismas cifras puedan ser interpretadas de tan diferente y opuesta manera. Es verdad que gracias a la endogamia partidista y la peculiar forma de designar a nuestros  cargos públicos impera la mediocridad y cierta falta preparación, pero a la vista está que estos defectos no se suplen con la honradez intelectual y el debido respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Al explicar los presupuestos y su posicionamiento respecto a los mismos, la mayor parte de los dirigentes alicantinos se limitan a reproducir los argumentarios de sus partidos políticos, a repetir viejos y manidos tópicos y a ignorar el trasfondo de unas cifras que no cubren desde hace muchos años las necesidades de los ciudadanos de Alicante ni de la Comunidad Valenciana.

Los presupuestos de las Administraciones Públicas son la expresión numérica de las políticas que sus gestores pretenden aplicar. Son la expresión cifrada de las prioridades políticas de los responsables de dichas administraciones y, por tanto, constituyen la ley anual más importante de las mismas. Los responsables políticos tienen la obligación moral y política de explicarlos a los ciudadanos y de hacerlo con honradez y transparencia, sin usar trampas contables ni prejuicios ideológicos. Es mucho mejor anunciar una verdad dura pero inevitable que engañar con falsas perspectivas que a la postre sólo sirven parar ahondar en la desconfianza ciudadana.

Y al conocer las cifras que corresponden a nuestra Provincia sólo un insensato o un irresponsable puede mostrar satisfacción, porque lo único evidente es que la provincia de Alicante, al igual que el resto de la Comunidad Valenciana, no sale bien parada del proyecto de PGE para el año 2014. Para poder llegar a esta conclusión no vale usar como referencia alguno de los presupuestos de los ejercicios anteriores en el que la inversión estatal creció notablemente como consecuencia de la inclusión de una infraestructura cara como el AVE ni vale para rebatirla usar como referencia la inversión por km. cuadrado de carretera (a menos carreteras con poca inversión podrá parecer que crece notablemente la misma). Para llegar a la conclusión de que estos presupuestos no son buenos para nuestra Provincia basta recordar algunas cifras: que somos la cuarta provincia española con más población, que somos la quinta provincia que más aporta al PIB y que desde hace muchos años recibimos por ciudadano muy por debajo de la media nacional. Y esto también vale respecto a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. Desde el año 2000, los distintos Gobiernos de España han dejado de invertir en la Provincia de Alicante más de 6.500 millones de euros en infraestructuras que le hubieran correspondido en función de su peso en el conjunto nacional. Así, en el año 2014 los alicantinos recibiremos para infraestructuras 95 euros menos por habitante que la media nacional. Estará o no justificado, será o no inevitable dada la actual situación económica, pero ése es el dato cierto que no se puede maquillar ni hablando de “términos homogéneos” ni de disquisiciones sobre Kilómetros cuadrados de carreteras.

Y si hablamos de rentas o de pensionistas hay otros datos incontestables: los presupuestos de 2014, si no se remedia, será los presupuestos que consolidarán la pérdida de poder adquisitivo de 400.000 pensionistas y de 79.000 empleados públicos de la Provincia de Alicante. Es decir, casi medio millón de ciudadanos alicantinos perderán poder adquisitivo gracias a estos presupuestos.

Bien harían nuestros representantes políticos en hablar claro y decir la verdad sobre estos presupuestos. Limitarse a decir que son presupuestos serios (como si alguien conociese algún presupuesto alegre), rigurosos y consecuentes no pasa de ser un tópico de manual. Dígannos mejor la verdad, que esto es lo que hay, que no hay más para repartir, que son tiempos difíciles y que nos siguen discriminando, que tenemos que seguir sacrificándonos para pagar los platos rotos por unos y por otros, que no los critican, aunque tampoco les satisfagan, para no perder su sitio en las listas electorales,… Pero, no nos sigan tomando por tontos, por favor. Tengan al menos ese rasgo de honestidad intelectual porque de lo contrario habrá que pensar que a buena parte de nuestra clase política, si tanto le gusta estos presupuestos, le falta energía, inconformismo y ambición para luchar por nuestra Provincia, que se conforman con lo que hay y que no aspiran a más, a mucho más, para sus conciudadanos.

Alicante vuelve a ser discriminada presupuestariamente. ¿Qué habrá que hacer para acabar con esta injusticia? ¿Habrá que empezar a hablar aquí también del derecho a decidir? ¿Habrá que empezar a promover una autonomía uniprovincial para conseguir lo que año tras año se nos niega? Aquí sí que hay ya una deuda histórica. Las cifras cantan.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.

2-X-2013

NOTA DE PRENSA.

Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.

Ante la absoluta falta de talante dialogante de la dirección provincial del PP de Alicante, varios afiliados del Partido Popular de Alicante y miembros de la Asociación Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases han presentado hoy en los juzgados de Alicante una demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por haber adoptado acuerdos presumiblemente contrarios a los Estatutos Nacionales del Partido Popular.

Los demandantes, acogiéndose a la tutela judicial de los derechos políticos recogida en la Ley de Partidos políticos, entienden que la decisión de suprimir la Junta Local de la Ciudad de Alicante es contraria a los Estatutos del Partido Popular al igual que la decisión de nombrar “un coordinador” de la ciudad, figura no prevista tampoco en el ordenamiento interno de la formación Popular. Igualmente, la demanda pretende que se declare contraria a derecho la actuación del Secretario Provincial, José Juan Zaplana, que por escrito se negó a entregar las actas y demás documentación solicitada sobre los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo provincial de Alicante y que se suspenda de forma cautelar la celebración de elecciones internas a las nuevas Juntas de Distrito del PP de Alicante. En concreto, los demandantes solicitan del Juzgado lo siguiente:

“Primero.- Anular los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por los que se aprueba la sustitución de la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito y la división de la ciudad de Alicante en cinco distritos por suponer una vulneración de lo dispuesto en los Artículos 20.3 y 21.5 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y por crear un órgano unipersonal, la figura de un “coordinador” de la ciudad de Alicante, no prevista en los Estatutos del Partido Popular.

Segundo.- Que sea declarada contraria a derecho la negativa a entregar las actas o certificaciones de los órganos colegiados efectuada por el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante en su escrito de 17 de diciembre de 2012, obligando al Partido Popular de la Provincia de Alicante a entregar toda la documentación solicitada.

Tercero.- Que sea condenado la demandada a las costas devengadas en el presente proceso.

PRIMER OTROSI DIGO.- Que se proceda a suspender cautelarmente la convocatoria de elecciones internas a las Juntas de Distrito hasta que se haya dilucidado su legalidad y la de la supresión de la Junta Local de la ciudad de Alicante, ya que de no ajustarse a derecho deberían ser convocadas primero las elecciones de esta última de conformidad a las normas internas del Partido Popular y su celebración constituiría un fraude electoral y una vulneración de los derechos de los afiliados de la ciudad de Alicante de imposible reparación. La medida de suspensión cautelar debe exigirse sobre la base de que la celebración de las meritadas elecciones puede dar lugar a la consolidación de perjuicios de difícil reparación y, por el contrario, no genera tal conflicto el aplazamiento de las mismas.

AL JUZGADO SUPLICO.- Que tenga por formulada la anterior manifestación a los efectos oportunos y, en su consecuencia proceda a acordar la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.”

En los próximos días, está previsto que más afiliados de la ciudad de Alicante y de otras localidades se sumen a esta actuación judicial.

D. Felipe del Baño, de cazador a cazado.

¡Vaya, vaya, vaya! Parece que empiezan a encajar las piezas. Parece que se empieza a comprender las razones que se escondían tras el furibundo alegato del Diputado Felipe del Baño, instructor del expediente de expulsión del PP de un servidor y de Antonio Sobrino, en su inefable escrito contra los que pedíamos regeneración democrática, democracia interna y más honradez en el Partido Popular de la ciudad de Alicante. El inquisidor – instructor, se puso manos a la obra presto a ejecutar las instrucciones del Secretario Provincial de Alicante, José Juan Zaplana, para echar del partido a los defensores de la regeneración democrática y lo hizo con un escrito plagado de perlas. En él, D. Felipe del Baño, llegaba a decir que resultaba inadmisible reivindicar la regeneración dentro del partido porque eso era dar a entender que todo el partido era corrupto. Pocas semanas después, D. Felipe, se despellejaba las manos aplaudiendo a la Vicepresidenta del Gobierno que acababa de insistir en la necesidad de promover la regeneración democrática en los partidos políticos, incluido el Partido Popular. En dicho escrito, D. Felipe llegaba incluso a afirmar, en el colmo del cinismo o de la ignorancia, que las críticas que realizábamos serían admisibles si las hiciésemos en los cauces internos de participación del partido, obviando un dato importante en su poder: que hace más de diez años que los afiliados de la ciudad de Alicante no han sido convocado a ninguna reunión, ni a ningún acto de participación y debate en el partido por la sencilla razón de que no existen dichos cauces. Y otra perla interpretativa de D. Felipe era que es intolerable y motivo de expulsión afirmar que en el PP de la ciudad de Alicante no hay democracia interna. Para él y para los demás miembros del Comité de Derechos y Garantías del PPCV ocho años sin elecciones internas en la ciudad de Alicante vulnerando los Estatutos del PP que las establecen cada tres años es un ejemplo de democracia interna y el que diga lo contrario a la calle.

Pues bien, ahora resulta que el brazo ejecutor de D. J.J. Zaplana, D. Felipe del Baño, ha sido pillado con las manos en la masa. Según publica el 28 de septiembre de 2013 el Diario Levante (http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/09/28/edil-pp-san-antonio-dice/1036666.html), D. Felipe del Baño, tras la denuncia de una Asociación, ha reconocido en el Pleno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, Valencia, donde el Diputado popular simultanéa un puesto de concejal con su escaño en las Cortes Valencianas, que en 2010 realizó una contratación a una empresa, Vivers Centre Verd SAU, por importe de 52.000.- € a dedo y sin expediente de contratación alguno. Y, a continuación, el Sr. Del Baño, vulnerando los Estatutos del Partido Popular, votó en contra de la moción del Grupo Popular que proponía la creación de una Comisión de Investigación para aclarar este sucio asunto. Es posible que D. Felipe del Baño, pese a que al parecer es abogado, ignorase la existencia de procedimientos legales para realizar las contrataciones en las administraciones públicas o que conociendo dichos procedimientos decidiese pasárselos por el arco del triunfo, pero todo el mundo sabe que eso está muy feo, que lo del “dedito” es una práctica sospechosa y muy censurable y que, aún habiéndolo hecho, no se pueden dejar pasar tres años sin regularizar la situación formalizando el correspondiente expediente para que la empresa contratada pudiese cobrar el trabajo digitalmente encargado. Y lo de votar contra la moción del Grupo Popular no sólo está feo, sino que además constituye un mal ejemplo cuando quien lo hace es miembro del Comité de Derechos y Garantías del PPCV y, por tanto, ostenta la responsabilidad de hacer cumplir los Estatutos del Partido. Es de suponer que alguien que forma parte de ese Comité conoce especialmente los Estatutos y que recordará el Artículo 13 que dice: Infracciones muy graves.

1.- Cometen infracción muy grave quienes incurran en alguno de los siguientes supuestos:

e) La desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del Partido, así como de los Grupos Institucionales del mismo.

No hace falta ser un lince para saber que el Grupo Popular del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber es un Grupo Institucional y que votar en contra de una moción de este Grupo, siendo miembro del mismo, es incurrir en infracción muy grave.

¿Qué ocurrirá ahora? ¿Dimitirá D. Felipe como miembro del Comité de Derechos y Garantías del PPCV por haber vulnerado los Estatutos del PP? ¿Le instruirán el pertinente expediente disciplinario por la misma razón? ¿Dimitirá como concejal y diputado tras reconocer públicamente que ha vulnerado la Ley sobre contrataciones de las administraciones públicas? Después de leer lo que escribió sobre la regeneración democrática y verle después aplaudir a la Vicepresidente del Gobierno, es casi seguro que no. Sería como pedir peras al olmo. Como puede observarse una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. ¿Y todavía hay alguien que dude de la necesidad de impulsar medidas regeneradoras en los partidos políticos?

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

A cuenta de la regia intervención quirúrgica.

Parece que, para algunos, en España no hay ahora asunto más importante que opinar sobre dónde se opera el Rey, si en un hospital público o privado, si con médicos que trabajan aquí o traídos de fuera. Y lo que más sobresale en este artificial e insustancial debate es la actitud profundamente mezquina de muchos dirigentes de la izquierda española. Mezquindad y, en algunos casos, miseria moral como se puso de manifiesto en el grave accidente de tráfico que sufrió y que casi le cuesta la vida a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Porque hay que ser muy miserable para pedir que se saque de un hospital público y sea trasladada a otro privado a una persona que está en coma y luchando por salvar la vida. No hay otro calificativo para describir a quienes quisieron hacer electoralismo y política sectaria con la vida y la recuperación de la Sra. Cifuentes quien tenía todo el derecho del mundo a ser tratada en el centro hospitalario que quisiera, como cualquier otro ciudadano.

Ahora le toca el turno al Jefe del Estado. Es evidente que cualquiera que fuese la decisión que el Rey hubiese adoptado para tratar la dolencia que le afecta habría sido aprovechada por los mezquinos de turno para lanzar toda clase de críticas y de descalificaciones. Todo parece indicar que el Rey no ha tomado la decisión personalmente, sino que lo ha hecho consultando con su familia, sus médicos y sus colaboradores inmediatos valorando todas las posibilidades y opciones e inclinándose por lo que ha entendido mejor para la recuperación de la salud del Monarca. En estos asuntos no hay improvisación que valga y sólo puede prevalecer finalmente, o solo debería prevalecer, el interés de la salud del paciente.

Pero, no, parece que algunos tienen la imperiosa necesidad de “montar el pollo” por lo que sea y se han puesto manos a la obra. Si el Rey hubiese optado finalmente por someterse a esta nueva operación en un hospital público estarían despotricando porque lo haría saltándose las listas de espera o porque su presencia en cualquiera de los hospitales públicos supondría enormes molestias para el resto de los pacientes ingresados en el mismo, molestias derivadas de las imprescindibles medidas de seguridad en el recinto hospitalario o molestias ocasionadas por la inevitable presencia de todos los medios de comunicación, vehículos, reporteros y demás personal que colapsarían las proximidades al centro público elegido. Y lo más probable es que hubiesen aprovechado los miserables de turno para montar otra escenita en las proximidades exigiendo que le operasen en un centro privado.

Como finalmente la decisión de la Casa Real ha sido que el Monarca sea intervenido en un centro privado también alzan su voz, unos protestando sin matices por la elección y otros haciendo públicas sus preferencias, como si alguien les hubiese preguntado por sus gustos, por la decisión contraria, es decir, diciendo que les hubiera gustado más que el Rey fuese intervenido en un Hospital público. Eso sí, como siempre con las dos varas de medir, porque más de uno, aunque no lo diga, está siendo tratado para algunas dolencias o ha sido tratado en la sanidad privada aunque ahora diga que prefiere que el Rey sea intervenido en la sanidad pública.

En fin, que algunos no pierden la oportunidad para intentar sacar tajada electoral incluso sobre las operaciones reales. Y mientras tanto, el Gobierno y, por supuesto, el Partido Popular tomando decisiones “muy oportunas” manifiesta que no tiene pensado de momento proceder a regular, a legislar sobre las funciones del príncipe de Asturias. Al parecer, según un peculiar criterio de oportunidad política, resulta irrelevante que el Jefe del Estado vaya a estar alejado de sus funciones durante una larga temporada para decidir si conviene o no regular las funciones del heredero de la Corona que necesariamente habrá de sustituir en muchas ocasiones al Rey. Incluso parece que es irrelevante que durante algunas horas, como ocurrió ayer, el Jefe del Estado estuviera inconsciente durante una intervención quirúrgica y simultáneamente el Presidente del Gobierno estuviese ausente de España viajando hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. No hay nada que regular, el heredero de la Corona desarrolla funciones representativas de la Jefatura del Estado, sin soporte jurídico alguno. Curioso.

Santiago de Munck Loyola

El Sr. Luna y la Ley del Embudo.

La semana pasada, en las diligencias previas que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y tráfico de influencias, el diputado socialista y vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas, Ángel Luna, fue imputado en el caso Novo Cartago. En este caso, se está investigando la posible existencia de determinadas conductas irregulares en el proceso de construcción de 3.000 viviendas en una zona protegida del litoral de la región de Murcia. El Diputado autonómico socialista fue citado a declarar el próximo 3 de octubre, pero al tener conocimiento de su condición de diputado, el juez que instructor dictó providencia para requerir al secretario de las Cortes Valencianas para que confirme la condición de aforado de Ángel Luna.

La imputación de Ángel Luna tiene que ver con su trabajo como asesor urbanista para Hansa Urbana, la empresa que desarrolló el proyecto de Novo Cartago en donde se proyectaron más de 3.000 viviendas en una zona del litoral cartagenero catalogada como espacio protegido. Tal y como ocurre en éstos casos, el diputado socialista se mostró absolutamente perplejo y manifestó que "todas las imputaciones no son iguales". ¡Acabáramos! Después de escuchar hasta el aburrimiento al Sr. Luna, con lanzamiento de piedras incluido, y a sus conmilitones uno había llegado al convencimiento de que todas las imputaciones eran iguales, al menos a efectos de dimisiones. Pero no, el Sr. Luna, tratándose de si mismo, ha descubierto que no y dice ahora exactamente lo mismo que dicen muchos de sus adversarios políticos cargados también con el estigma de la imputación. Notable contribución la del Sr. Luna y los suyos al restablecimiento del diálogo y consenso con el Partido Popular. Ni todos los imputados son iguales, ni tampoco todas las imputaciones. Y no, no se trata de que el Sr. Luna practique la Ley del Embudo, tan frecuentemente usada por su partido. Tan sólo se trata de una pequeña aportación más al discutido y discutible concepto, como diría aquél, de la regeneración democrática. ¡Uff… perdón! se me ha escapado la palabrita maldita. Ya se sabe, según el diputado popular Felipe del Baño, propugnar la regeneración democrática en el Partido Popular es motivo de expulsión del partido. Sobre todo, si quien la esgrime es un afiliado de base, no un alto cargo del partido en cuyo caso el “líder” contará con el entusiasta aplauso del Sr. del Baño. Como decía Groucho Marx “éstos son mis principios pero si no le gustan tengo otros”.

Buena la van a tener mañana en las Cortes Valencianas en las que se desarrollará el debate sobre el estado de la región. Porque, aunque le pese al Sr. Puig y sus compañeros tan favorables al “derecho a decidir” de los independentistas y anexionistas de Cataluña, seguimos siendo una Comunidad Autónoma diferenciada. Según los analistas uno de los tres temas importantes del debate será la “regeneración democrática” (con permiso del Sr. del Baño y demás miembros del Comité de Derechos y Garantías del PPCV). Y vamos a asistir, casi con absoluta seguridad, al habitual “y tú más” o al “pío, pío que yo no he sido”. Unos se encaminan hacia el desastre electoral y otros también. No estaría de más que entre ambas fuerzas políticas mayoritarias hicieran un ejercicio mínimo de responsabilidad y honestidad intelectual y política para dejar de usar la corrupción como arma arrojadiza y estableciesen unas bases mínimas, en sintonía con las reformas anunciadas el viernes en el Consejo de Ministros, para combatirla con eficacia. Y en este campo deberían empezar por definir de una vez y de forma clara el momento en el que un acusado debería dejar sus responsabilidades políticas sea la imputación, la apertura de juicio, etc. Una regla clara e igual para todos, sea del partido que sea. Pero lo que no vale, lo que resulta un insulto a la inteligencia ciudadana es seguir exigiendo a los demás lo que uno no está dispuesto a aplicarse a si mismo. Y, sobre todo, deberían recordar que no hay regeneración democrática sin regeneración previa de quienes deben llevarla a cabo, es decir, de los partidos políticos y eso sólo pasa por más democracia interna y más participación. Sin eso, lo demás son zarandajas.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

El Ayuntamiento de Alicante y SUMA.

A veces, desde determinadas instancias administrativas se toman algunas decisiones que aparentemente tienen poca trascendencia y que poco influyen en vida del ciudadano. Sin embargo, cuando se analizan detalladamente parece que no es así. Es lo que ocurre con la reciente decisión del Ayuntamiento de Alicante de transferir la gestión de los impuestos municipales a SUMA, la entidad tributaria gestora de la Diputación Provincial de Alicante. Uno diría que, a primera vista, al contribuyente de Alicante le resulta indiferente quién le cobre el Impuesto de Bienes Inmuebles o el de vehículos porque, al fin y al cabo, va a tener que pagar lo mismo. Pero si se examina con detalle el asunto parece que el hecho de que sea SUMA la que cobre estos impuestos y no el propio Ayuntamiento terminará repercutiendo en el bolsillo del ciudadano. SUMA, como es lógico, cobra por su gestión y el Ayuntamiento de Alicante tendrá que consignar en sus presupuestos anuales al menos 2,5 millones de euros para pagar a SUMA por hacer lo que antes venía haciendo el propio Ayuntamiento.

Si se examinan los presupuestos generales del Ayuntamiento de Alicante se encuentra una partida de 1.847.763.- € correspondientes a los sueldos de los funcionarios destinados a la gestión del sistema tributario, al cobro de nuestros impuestos. Si se da por correcta la cifra publicada de 52 funcionarios municipales destinados a la gestión tributaria y de éstos sólo 15 funcionarios son trasladados a SUMA, el Ayuntamiento deberá seguir pagando las retribuciones de 37 funcionarios que, según las informaciones publicadas, van a ser destinados a otras tareas dentro del Ayuntamiento. Es decir que el Ayuntamiento de Alicante tendrá que seguir consignando en su presupuesto 1.314.768.- € para el pago de las retribuciones de los funcionarios antes adscritos a la gestión tributaria municipal y añadir los 2.500.000.- € para el pago a SUMA por su gestión. En resumen que la decisión política de que SUMA nos cobre los impuestos a los vecinos de la ciudad de Alicante supondrá pasar de un gasto de 1.847.763.- € a la cifra de 3.814.768.- € al año, cifra que se reflejará en los presupuestos municipales y que, por tanto, sí que terminará por tener una incidencia real en los bolsillos de los contribuyentes.

La razón de fondo de esta decisión no se encuentra en el objetivo de dotar a la gestión de los tributos de una mayor calidad o eficacia pues están fuera de toda duda los niveles de profesionalidad y la capacidad de los funcionarios municipales dedicados a esta tarea, perfectamente equiparables a los de SUMA. Es evidente que esta decisión de tan hondo calado obedece a la necesidad de proporcionar más liquidez a la tesorería municipal que podrá verse beneficiada con los anticipos ordinarios que SUMA entrega sin intereses. No se trata, por tanto, ni de una medida de ahorro para las maltrechas arcas del Ayuntamiento alicantino, ni de una medida de carácter coyuntural. Y tratándose de una decisión de tanta trascendencia para los contribuyentes y para el personal del Ayuntamiento, parece que ha faltado  algo de transparencia y de debate y, sobre todo, la búsqueda del consenso con la oposición.

La consecución de más liquidez para la hacienda municipal, es decir, un flujo de ingresos mensuales regulares se podría haber conjugado mejor con la necesidad de muchos contribuyentes de fraccionar mensualmente el conjunto de los tributos municipales. Hoy más que nunca, el hecho de tener que pagar en un mes el elevado IBI que pagamos en Alicante o en otro mes el IVTM se hace bastante cuesta arriba. Al contribuyente le es mucho más fácil pagar mensualmente, como hace con la cuota de la comunidad de vecinos por ejemplo, una cuota tributaria equivalente al prorrateo mensual del conjunto de los tributos municipales. Con una adecuada promoción municipal de esta fórmula durante los últimos años, el Ayuntamiento habría conseguido de una parte facilitar a los vecinos el pago de sus impuestos y de otra obtener esa liquidez mensual tan ansiada ahora.

Santiago de Munck Loyola

Por un nacionalismo español sin complejos.

Ha pasado una semana desde su celebración y aún no se han desvanecido los ecos de la Diada de Cataluña. Lo primero que destaca es el alcance de la manipulación histórica de los independentistas que se plasma en la incongruencia que supone que un patriota español como Casanova se haya convertido en símbolo central de las celebraciones de la Diada. Tras las valoraciones iniciales de unos y otros, no hay día que pase sin que se abra una nueva polémica en torno a esta celebración. Ayer, era Luis del Val el que levantaba su voz y su indignación, compartida por cualquier persona con sentido común, contra la manipulación de los niños en la Diada y su uso partidista en los medios informativos dependientes de la Generalidad catalana. Comparaba esta manipulación infantil con la que todos los partidos y regímenes totalitarios hacen desde siempre con los niños y jóvenes. La primera respuesta venía desde CiU alegando en su defensa que se trata de “pedagogía”, nada menos. La segunda respuesta y, por supuesto amenaza, vino del portavoz del gobierno catalán diciendo que no van a tolerar, como si en su boca tuviera algún significado la palabra tolerancia, que se realizasen semejantes comparaciones sobre la manipulación infantil, algo perfectamente legítimo para los independentistas.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que estamos viviendo una situación política tremendamente complicada y el panorama no es nada alentador. Buena parte de los políticos de una importante región española quieren la independencia de la misma, quieren romper España y llevan décadas poniendo todos los medios humanos y económicos necesarios y todo su empeño para conseguirlo. Lo que hoy vivimos no es un nuevo e improvisado problema, es el resultado de un largo proceso en el que políticos nacionales y regionales, los agentes sociales, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad tiene su cuota de responsabilidad. Los partidos nacionales no han tenido inconveniente alguno en realizar cesiones con el fin de asegurarse mayorías parlamentarias y han sido incapaces de pactar un modelo de estado estable o de reformar una Ley electoral que sobre representa a los independentistas mientras penaliza a otras fuerzas minoritarias de proyección nacional. Buena parte de la antaño izquierda solidaria y con vocación internacionalista se ha reconvertido en independentista renunciando a sus propias señas de identidad sociales. La sociedad española en su conjunto ha permanecido pasiva mientras durante años los independentistas han ido tejiendo una red clientelar y difundiendo una versión falseada y victimista de la historia española. Hace tiempo que los sindicatos debieron decidir que ésa no era su “guerra” obviando la progresiva desigualdad de derechos entre los ciudadanos españoles en función del territorio y los evidentes peligros para el sostenimiento del estado de bienestar, incluida la caja común de las pensiones o de las prestaciones sociales.

Cataluña es hoy la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos y como tal carece de viabilidad económica sin las ayuda del Estado. Sus dirigentes no son capaces ni tan siquiera de aprobar el presupuesto anual y todo ello pese a haber sido los pioneros en los recortes sociales. No tienen dinero para luchar contra la desnutrición infantil, pero sí para seguir alimentando numerosos canales de televisión, pseudo embajadas o cualquier organización independentista. El actual gobierno catalán heredó una administración arruinada por el tripartito uno de cuyos socios lo es hoy del nuevo gobierno a nivel parlamentario. La presión independentista de los políticos catalanes ha aumentado paralelamente a la evidencia de su incapacidad de poner orden en las cuentas y de gestionar racionalmente las instituciones. Y del mismo modo, el ruido independentista catalán ha aumentado, coincidencia o no, en perfecta sincronía con la disminución del ruido de los asesinos de la ETA. En su agenda política la independencia está muy por delante de la satisfacción de las necesidades y de la solución de los enormes problemas de sus ciudadanos, lo que ofrece una clara idea de la ética que mueve a muchos políticos.

Los mal llamados nacionalistas, pues siempre han sido independentistas y así habría que denominarlos, han ido apretando las tuercas a los partidos nacionales, dando pasos, poco a poco, siempre encaminados hacia un mismo fin. Cada pequeña cesión del estado ha supuesto contribuir con un ladrillo más al levantamiento del muro independentista. La cesión de determinadas competencias a las comunidades autónomas supuso un tremendo error sobre todo cuando con ello se quebraba el sagrado principio de igualdad entre todos los españoles o cuando se dejaba en manos de los independentistas el cultivo de nuevas generaciones educadas en falsos mitos históricos y en el odio a España. Los nacionalistas – independentistas nunca han sido leales con el estado democrático. La reivindicación de las peculiaridades propias, el victimismo permanente o el simple chantaje parlamentario han servido para separar y construir el camino de la independencia. Desde la admisión de aquel engendro gramatical de “regiones y nacionalidades” hasta la aprobación del último Estatuto catalán que no fue respaldado ni por la mitad de los electores de la Comunidad, ninguna cesión ha servido para aplacar la sed de los independentistas. Por cierto que hay que recordar que cuando entró en vigor este último Estatuto, los socialistas se apresuraron a acusar a los populares de fallidos adivinos proclamando que ya había Estatuto y que no se había roto España. Ya, pues si no está rota está a punto. También la aprobación de ese Estatuto evidenció que las prioridades de la clase política catalana no son exactamente las mismas que las prioridades de los ciudadanos que no lo respaldaron mayoritariamente.

El derecho a decidir y, por tanto, a celebrar un referéndum ilegal para proclamar la independencia de Cataluña es el eje del debate diario. Los independentistas no tienen ningún reparo en asumir la involución ideológica que supone sustituir el concepto de soberanía popular por el de soberanía nacional. Ya la Constitución Española supuso una sustitución de las reivindicaciones de descentralización administrativa por la descentralización política y las competencias legislativas de los parlamentos autonómicos han supuesto en la práctica una fragmentación escalonada de la soberanía del pueblo español. Las instituciones catalanas cuya legitimidad se asienta en la Constitución Española y que son parte inherente del Estado español están siendo utilizadas para quebrar la soberanía que les otorgó y otorga su legitimidad. El problema que se plantea en el fondo es decidir quién tiene derecho a decidir y dónde se establece ese límite. ¿Son los españoles en su conjunto como determina la Constitución? ¿Son los catalanes? ¿Podrían los habitantes de cualquier Provincia o Municipio ejercer ese derecho a decidir? ¿Por qué los independentistas catalanes niegan a los habitantes del Valle de Arán el ejercicio del derecho a decidir?

Lo peor es que frente al desafío de los secesionistas el gobierno ofrece diálogo y negociación, pero no señala ni avisa sobre lo que no se puede negociar. Incluso algún Ministro ha manifestado que habría que buscar un nuevo estatus par Cataluña, algo que desde hace tiempo vienen repitiendo los socialistas quienes no saben en qué consistiría. Todos parecen ignorar que modificar una vez más las normas en la dirección deseada por los independentistas no va a aplacar sus ansias. Proponer machaconamente que la solución se encuentra en una estructura federal del estado es una falacia más. Los independentistas tampoco quieren una España federal que supondría la misma estructura organizativa para todas las regiones. Una España federal acabaría con la cursilada del hecho diferencial como justificación de sus pretensiones. Y para qué hablar del federalismo asimétrico que viene a ser como el círculo cuadrado.

Todo parece indicar que se avecinan tiempos mucho más revueltos y que nuestra clase política no está a la altura por su mediocridad y por la ausencia de un verdadero sentido de estado. Lo que los políticos no quieren o no saben hacer puede ser suplido, aunque sea mínimamente, por la actitud y los gestos diarios de los que nos sentimos españoles. Tan legítimo es ser nacionalista catalán como nacionalista español y tan legítimo es reivindicar dentro de la ley sus postulados como defender sin complejos y con gestos concretos la necesidad de una España unida e íntegra.

Santiago de Munck Loyola