¡Cuanta razón tienes Arantza!

Ayer, la nueva Presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga aseguró ante Mariano Rajoy que el “caso Bárcenas” le parecía “vomitivo” y que el Partido Popular, cuando pudiese, debería “afrontar la recuperación de la confianza perdida” por culpa de “algunos”. Quiroga afirmó con rotundidad que “todos los militantes del PP están asqueados” con el tema de Bárcenas y desean que la Justicia “actúe con rapidez”. De forma muy elocuente recordó que mientras que a algunos les temblaban las piernas cuando tenían que ir a un Pleno en el País Vasco, otros estaban a otra cosa, estaban dedicados a hacer “caja”. ¡Qué gran verdad! ¡Qué contraste entre el valor, la generosidad y el heroísmo de algunos y la miseria política y moral de otros!

No se equivoca un ápice Arantza Quiroga cuando afirma que todos los militantes del PP están asqueados por este asunto, pero se queda corta. La mayoría de los militantes del PP estamos asqueados por este y por otros asuntos que afectan a la trayectoria política y a la imagen de nuestro partido y no queremos consolarnos con la idea de que en todas partes cuecen habas. Hablamos de nuestra propia casa y lo que ocurra en ella será un grave condicionante de la credibilidad del discurso popular. No se puede señalar la paja en el ojo ajeno ignorando la viga que ciega el propio.

Asquea a cualquier militante el llamado caso Bárcenas y todo lo que en torno al mismo se va conociendo con cuentagotas. Asquea, no ya el simple hecho de que un señor se haya “forrado” durante años a costa de las cuentas del Partido Popular sin que nadie notase nada extraño, sino también que algunos dirigentes hayan estado cobrando sobresueldos, indemnizaciones o gratificaciones, legales o ilegales, porque parece que la suma de las retribuciones de los cargos públicos que desempeñaban más los sueldos de los cargos orgánicos suponen unas cifras más que dignas para vivir. Asquea saber que mientras que algunos teníamos que poner dinero de nuestro bolsillo hasta para comprar la cola de las pegadas de carteles o para pagar los autobuses con los que nos desplazábamos al país Vasco para apoyar a nuestros compañeros otros nadaban en la abundancia nacida de donativos, seguramente poco desinteresados.

Asquea a cualquier militante que el nombre de nuestro partido se asocie con tramas presuntamente corruptas y dadivosas hasta extremos increíbles. Asquea que se mantengan privilegios fiscales o en materia de pensiones a sus señorías mientras se imponen duras cargas al resto de los ciudadanos. Asquea el hecho de que la presencia de imputados y procesados en diferentes bancadas populares no se salde con la pública reprobación de los mismos o, al menos, con su apartamiento cautelar de la protección del paraguas de las siglas del partido. Asquea que diputados sean sorprendidos in fraganti conduciendo ebrios y no presenten su dimisión ante la absoluta irresponsabilidad y falta de ejemplaridad que su conducta implica. Asquea que haya cargos públicos ostentando muy altas responsabilidades habiendo mentido en su curriculum durante años y que el descubrimiento de esta circunstancia no suponga su cese inmediato. Asquea que los militantes sean ignorados en muchas ocasiones a la hora de designar a los líderes territoriales del partido o a la hora de informarles debidamente sobre las finanzas del Partido y que los incumplimientos sistemáticos de los Estatutos del Partido o del Código de Buenas Prácticas por parte de algunos dirigentes no reciba el reproche público de quienes tienen potestad para ello.

Da asco, en definitiva, que una vocación tan noble como la política esté siendo envilecida por algunos mercenarios, pocos, es verdad, pero muy significativos y estratégicamente situados no por la voluntad del militante sino del “dedazo” superior. Da asco que algunos, sin formación alguna y sin más mérito profesional que la especialización en el arte de hacer pasillo, en el del peloteo, o en el derivado de su parentesco o de sus amistades, hayan logrado ocupar escaños, concejalías o alcaldías, convirtiendo la política en un simple modus vivendi y no en un servicio al interés general y al ciudadano.

Bárcenas es algo más que un señor espabilado. Es la representación, la personificación de un peculiar modo de entender la política que desgraciadamente es, en su esencia, perfectamente asimilable a muchos otros comportamientos que, sin un componente económico tan claro, participan de todo lo contrario a lo que significan los valores y los nobles ideales de una vocación de servicio al bien común. Hay muchos motivos para sentir asco pero todo dependerá del grado de escrupulosidad de cada uno.

Santiago de Munck Loyola

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Democracia interna 3.0.

En medio del descrédito generalizado de los partidos políticos y de la clase política, se ha puesto en marcha en las redes sociales una iniciativa de recogida de firmas para que los partidos, sindicatos y patronales vivan exclusivamente de sus ingresos y no de las subvenciones públicas (https://www.change.org/es/peticiones/que-partidos-sindicatos-y-patronal-vivan-de-la-x-en-la-declaraci%C3%B3n). Esta iniciativa popular no podía ser más oportuna y coincide con un creciente número de voces que reclaman la regeneración de nuestra democracia. Hay que ser conscientes de que no es posible regenerar nuestro sistema democrático sin el requisito previo de la regeneración de sus actores principales, es decir, de los partidos políticos. Y no son pocos los problemas y deficiencias que aquejan a los partidos políticos en general.

Entre estos problemas están el déficit de democracia interna que se refleja en un procedimiento piramidal inverso en la renovación periódica de sus estructuras, un sistema de financiación poco transparente, sustentado fundamentalmente en la percepción de subvenciones públicas y de donativos de empresas vinculadas a las grandes contrataciones públicas y no en las cuotas de sus afiliados, una parasitación de las administraciones públicas convirtiéndose en agencias de colocación de amigos, una gran distancia de los dirigentes respecto a los ciudadanos, o una ausencia de ejemplaridad de buena parte de la clase política instalada en privilegios fiscales, sociales y económicos. Sin embargo, prácticamente todos los problemas que aquejan a los partidos políticos tienen su raíz última en el fuerte déficit democrático interno. Los liderazgos artificiales, las indefiniciones ideológicas y la consecuente acomodación a las circunstancias coyunturales alejándose de los principios ideológicos, los incumplimientos programáticos y la profesionalización de la política en el peor sentido del término tienen su causa en el incumplimiento del mandato constitucional del funcionamiento democrático interno de los partidos políticos. La adhesión desinteresada y entusiasta del militante ha ido siendo sustituida de forma progresiva por la mercantilización de los cuadros de los partidos, el debate interno por las consignas y los argumentarios,  la contribución de profesionales experimentados en la sociedad civil por la colocación de medradores sin formación ni experiencia que terminan ocupando los cargos públicos por designación superior. Y todo ello, porque la militancia, que no es otra cosa que un reflejo parcial de la sociedad, se ha convertido en un elemento perfectamente prescindible ya que no es necesaria ni su aportación económica ni personal para el éxito electoral.

Hace tan sólo unas semanas, se produjo un debate entre la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal, y el eurodiputado Popular, Alejo Vidal Cuadras, en torno a la democracia interna. Uno de los argumentos usados para medir la menor o mayor democracia interna de los partidos políticos era el número de compromisarios o delegados de los militantes en los congresos nacionales de las formaciones políticas. ¡Ridículo! Los partidos políticos y nuestras instituciones representativas siguen ancladas en los modelos de representación esbozados siglos atrás. Lo que, con muchos matices, podría seguir siendo aplicable a las instituciones representativas que han de debatir, dialogar, consensuar y finalmente tomar decisiones en nombre del cuerpo electoral que, por operatividad, no podía ser consultado de forma continua para tomar decisiones y, por ello, delegaba su soberanía mediante el mandato a sus representantes, no lo es para algo tan simple como es elegir, cada cierto número de años, a los dirigentes de un partido político.

Hoy en día, cuando a través de Internet podemos hacer la declaración de la renta, promover actos administrativos o firmar electrónicamente documentos oficiales ¿para qué necesita un afiliado de un partido político que alguien, en su nombre, elija al líder del mismo? Lo cierto es que los militantes de un partido político no necesitan ni delegados ni compromisarios para elegir a sus líderes porque cuentan con nuevas herramientas a su servicio para manifestar su voluntad, para ejercer su soberanía en cualquier momento y en cualquier lugar. Ni siquiera los necesitan para aprobar las ponencias y demás documentos que suelen someterse a votación en estos eventos. Hasta hace poco, era evidente que en el Congreso o en la Asamblea de un partido político con decenas o cientos de miles de afiliados fuese imposible que todos asistiesen para ejercer su derecho político de participación y de elección y que, por tanto, tuviesen que elegir delegados para que en su nombre actuasen. Hoy ya no es necesario. Hoy es técnicamente posible que los afiliados de un partido político se inscriban para participar en los congresos o asambleas a través de la red, que participen en la elaboración de propuestas y, lo que es más importante, en la elección de sus líderes locales, regionales o nacionales sin necesidad de ningún intermediario, sin ningún filtro, ejerciendo directamente su voto. Y lo mismo es perfectamente aplicable para que los afiliados puedan elegir a sus candidatos en los distintos procesos electorales. Si los partidos políticos no ponen en marcha las nuevas herramientas participativas no es por dificultades técnicas, es por miedo a la democracia directa, por el temor de sus cúpulas y de sus burocracias internas a la pérdida del control de unas poderosas organizaciones, todavía necesarias, pero alejadas de la idea de servicio al ciudadano.

La recuperación de la confianza ciudadana pasa necesariamente por la promoción de la regeneración democrática de las instituciones y ésta por la regeneración de los partidos políticos. La primera tarea debería ser su puesta al día, su actualización en sintonía con las aspiraciones y objetivos de sus militantes y eso sólo puede lograrse con más democracia interna, con más calidad democrática. Hoy no existe ningún obstáculo ni ningún argumento político de peso que impida pasar de la democracia interna representativa a la democracia interna participativa. Es hora, guste o no a algunos, de promover en los partidos y en las demás asociaciones de peso institucional lo que algunos han venido en llamar la democracia interna 3.0. No hacerlo, aferrarse a la defensa numantina de unos modelos caducos y trasnochados, será poner puertas al campo. Una pérdida de un tiempo precioso.

Santiago de Munck Loyola

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Con AVE y con foto por los pelos.

Tal y como vaticinaban muchos comentaristas en los diferentes medios de comunicación, el trato protocolario que ha recibido hoy la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con ocasión de los actos de inauguración del nuevo AVE a Alicante, ha sido objeto de un detallado seguimiento y análisis. Todos los medios de comunicación, casi sin excepción, han coincidido en varias cosas: que la Alcaldesa de Alicante ha sido relegada en el protocolo oficial, que Mariano Rajoy la ha eludido cuanto ha podido y que la Alcaldesa ha conseguido finalmente “salir” en la foto, aunque fuera a costa de la Bellea del Foc y del Presidente de las Hogueras de San Juan. Incluso a última hora, la Presidenta de Castilla la Mancha y Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal, ha tenido que acudir a los medios para aclarar que ella no ha tratado de evitar a la Alcaldesa de Alicante durante la ceremonia. ¡Cómo habrá sido la cosa para tener que realizar esta aclaración!

Al ver las imágenes y leer las diferentes crónicas sobre este importante día para Alicante, como vecino, tengo cierta sensación de malestar y de vergüenza. Malestar porque cuando alguien evita a la Alcaldesa de nuestra ciudad porque está imputada por tres graves delitos o cuando se la margina en los actos protocolarios, con diferentes excusas, pero se la margina al fin y al cabo, a quien se está evitando o marginando es a la representante de todos los vecinos de Alicante, a la máxima autoridad de la ciudad de Alicante. Vergüenza por los intentos, aparentemente desesperados, de la máxima autoridad municipal por arrancar una foto con quienes no tienen muchas ganas de fotografiarse con ella.

Da la sensación de que hace tiempo que la dignidad política ha desaparecido de nuestro entorno próximo. Cuando se leen las transcripciones de las grabaciones de las conversaciones de toda una Alcaldesa con un proveedor municipal se siente bochorno por el tono cutre que se emplea. Cuando se leen determinadas declaraciones judiciales en las que se reconoce abiertamente que se usa el más alto cargo de la ciudad para pedir empleo para los amigos y conocidos, se siente bochorno. Cuando se conocen las informaciones sobre cómo se realizan determinadas adjudicaciones y a quien en una ciudad como la nuestra, se siente bochorno. Y cuando se ven determinadas escenas como las de hoy se siente también bochorno y vuelve la pregunta ¿dónde está la dignidad inherente al desempeño de un cargo político representativo?

Es francamente difícil entender la situación porque quienes deberían haber tomado determinadas decisiones no lo han hecho o lo han hecho de forma bastante tibia. Y ello sólo contribuye a aumentar el desconcierto de los ciudadanos. Es bastante difícil comprender que alguien que esté imputado no pueda ostentar ningún cargo interno en el PPCV, tal y como ha establecido el Presidente Fabra, y simultáneamente no exista inconveniente alguno para que siga perteneciendo al Grupo Popular en las Cortes Valencianas o en su Ayuntamiento. Es difícil de entender que el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante presida una cena de homenaje a la Alcaldesa organizada tras su imputación y el Presidente Nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, evite saludarla o fotografiarse con ella. Tiene poca lógica que los cargos de designación directa que resultan imputados sean cesados fulminantemente y que los cargos electos igualmente imputados no reciban la petición pública de dimisión, aunque dicha petición resulte inútil en la mayoría de las ocasiones. Era imprescindible trazar una línea roja como hizo el Presidente Fabra, pero resulta bastante desconcertante que esa línea roja sea discontinua. No es sencillo el problema, hay muchas variables a tener en cuenta, pero es imprescindible un criterio único y muy claro.

No es difícil lograr hoy en día que un cargo público sea imputado y, en muchas ocasiones, la imputación se ha convertido en un estigma y en un instrumento de la lucha partidista. Hay quienes tratan de ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas. Sin embargo, establecer un criterio en función de las circunstancias de cada caso parece bastante complicado. Habría que atender a la gravedad de las acusaciones, el origen de las mismas o a los indicios incriminatorias existentes lo que terminaría por promover unos juicios paralelos inaceptables. Más fácil parece el caso de los cargos públicos procesados porque en esos casos, el juez ya aprecia indicios racionales de criminalidad. Y no se trata de vulnerar, como algunos argumentan, la presunción de inocencia. Al día de hoy el Sr. Blesa es inocente de cualquier delito y, sin embargo, está en la cárcel de forma preventiva sin vulnerar su derecho a la presunción de inocencia.

Sin embargo y a pesar de las dificultades que entraña establecer un criterio claro y ejemplarizante, lo cierto es que cuando el egoísmo o la falta de altura de miras de los imputados dañan gravemente a la imagen de las instituciones a las que representan y a los partidos que los han aupado a esas responsabilidades, no queda más remedio que tomar una decisión que signifique públicamente que no se comparte su situación y que no se les protege. Y más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Santiago de Munck Loyola

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El AVE a Alicante ¡por fin!

La llegada del Ave a Alicante es, se mire por donde se mire, una excelente noticia para la ciudad y para la Provincia. Tras no pocas dificultades, rumores e incertidumbre la nueva línea será inaugurada el próximo lunes 17 de junio, unos pocos días antes de las Hogueras, por el Príncipe Felipe, el Presidente Rajoy y el Presidente Fabra. En el anecdotario de ese día quedará seguramente lo que ocurra protocolariamente con nuestra Alcaldesa imputada, Sonia Castedo, si interviene o no entre los oradores, aunque todos los pronósticos apuntan a que no lo hará, y dónde o con quién es fotografiada ya que según algunos medios de comunicación existe entre los dirigentes políticos cierta alergia a dejarse fotografiar junto a ella. Algunos comentaristas apuntan a que el hecho de que no hable en el acto o sea marginada protocolariamente por su imputación judicial supondrá nuevamente un “feo” a Alicante y a los alicantinos. No creo que sea para tanto, pero de ser así la responsabilidad incumbe solamente a quien por sus acciones se ha situado bajo el ojo de la Justicia y, con ello, a la institución y a los ciudadanos a los que representa.

Pero al margen de estos dimes y diretes, lo relevante es que el AVE va a suponer un importante revulsivo para la economía de la Provincia. Según las previsiones de la Generalitat, la llegada del AVE a Alicante tendrá un impacto económico en el PIB de la provincia de Alicante de unos 70 millones de euros al año y generará 735 nuevos empleos. Con el AVE, según estas previsiones, el número de viajeros ferroviarios se incrementará en 650.00 al año, un 40 % más, alcanzándose una cifra total de 2.250.000 viajeros al año. De acuerdo con estas previsiones, el AVE servirá también para impulsar el sector inmobiliario de la provincia, líder en la venta de inmuebles a extranjeros, y que ya el año pasado fue la preferida para los madrileños que adquieren una segunda residencia produciéndose más 4.300 ventas a los mismos. Es indudable que poder llegar desde Madrid a Alicante en poco más de dos horas, y esperemos que una vez probada y consolidada la línea pueda reducirse este tiempo, supone un importante aliciente para adquirir y disfrutar de una segunda residencia en la provincia.

Es evidente que no todo está hecho y que quedan aún pendientes de resolver y organizar muchas cuestiones en torno al AVE, sobre todo para tratar de rentabilizar al máximo esta infraestructura para beneficiar a todas las localidades alicantinas que puedan aprovechar sus beneficios. Se está trabajando en la organización de todos los enlaces de otros medios de transporte para conectar mejor esta infraestructura, aunque parece evidente que estas cuestiones ya deberían haber sido planificadas y resueltas hace tiempo.

Desde otra perspectiva habría que subrayar que la llegada del AVE a la provincia supone una mejora respecto al deficitario saldo que presentan las inversiones de la Generalitat y el Estado en nuestra provincia. Del mismo modo que las cifras señalan que la Generalitat está infrafinanciada respecto a las demás autonomía, no es menos cierto que la Provincia de Alicante está a la cola de las inversiones públicas por habitante tanto en la Comunidad Autónoma como en el Estado. Y si existe una “deuda” histórica del Estado hacia la Generalitat, también existe respecto a la Provincia de Alicante. Y el AVE no la salda.

Santiago de Munck Loyola

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Sobre imputados y procesados.

Hace pocos días, Alfonso Rus, Presidente Provincial del PP de valencia, a propósito de la sesión de control en Las Cortes Valenciana que se convirtió casi en un monográfico sobre el diputado Rafael Blasco,  defendió, por un lado, la presunción de inocencia del parlamentario imputado en el “caso Cooperación” y, por otro, dejó caer que no era libre en el PP para decir lo que piensa al respecto. Así, manifestó que discrepa de los planteamientos del Presidente Regional con su doctrina sobre los imputados y dejo que “Creo en la presunción de inocencia y hasta que el juez no diga lo contrario creo que las personas son inocentes”.

Por su parte, hoy lunes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha señalado que es "fundamental" una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el consenso de todos los partidos, para establecer que ninguna persona con "indicios" de haber cometido "delitos pueda estar presente en ninguna institución". Según Fabra esta reforma debe garantizar que "esa necesaria tranquilidad pueda estar presente en la sociedad" ya que ha constatado "la desafección" que produce entre la ciudadanía con respecto a los políticos los casos de corrupción. Ha insistido en que manteniendo el derecho a la presunción de inocencia trata de establecer "una línea roja" en que la que "los imputados no tengan responsabilidades" en el partido. Y ha insistido en que "el tema de las imputaciones y de los procesados" debe abordarse "a nivel nacional".

Se mire por donde se mire, lo cierto es que pocas herencias más envenenadas habrá que la recibida por el Presidente Fabra. De una parte, una administración autonómica sumamente endeudada a la que la crisis ha cogido con los “deberes” sin hacer o mal hechos. De otra, un partido fracturado por viejas rencillas personalistas, aún hoy soterradas, y un pavoroso panorama de escándalos de corrupción repartidos entre distintas administraciones y empresas públicas que culminan en un grupo parlamentario con nueve miembros imputados y algunos incluso procesados. Es cierto que el Presidente Fabra está intentando abordar de forma directa ambos frentes, el de la administración regional y el del partido, pero no es menos cierto que estos esfuerzos no están encontrando el suficiente eco y el reconocimiento público por parte de la mayoría de los electores, tal y como señalan las encuestas.

No es un tema fácil de abordar el de los políticos imputados o procesados en casos de corrupción. Simplificar en exceso las soluciones supondría con seguridad un error y una injusticia. Ambos líderes, Rus y Fabra, abordan el problema principalmente desde una perspectiva jurídica. De una parte. Es indudable, de acuerdo con nuestro estado de derecho, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y, en sentido estricto, no le falta razón al Presidente Rus cuando afirma que hasta que no exista una sentencia firme es preciso sostener la presunción de inocencia. Pero, la aplicación de este principio equivaldría a sostener que hasta que no se agote el último recurso procesal no se podría exigir la renuncia, no ya de un imputado o procesado, sino de un condenado en primera instancia. Cabría objetar que incluso el delincuente sorprendido in fraganti es inocente hasta que no haya sentencia firme, aunque se le haya encontrado junto al cadáver y con el cuchillo en la mano.

De otra parte, el Presidente Fabra aboga por una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, consensuada entre todos los partidos, para delimitar el momento en que el imputado o procesado en un caso de corrupción debería abandonar sus responsabilidades institucionales. Nuevamente, se trata de una consideración de índole jurídica cuya resolución no se vislumbra, hoy por hoy, muy cercana y, menos aún, con un amplio respaldo parlamentario.

Sin embargo, no se trata de ofrecer hoy una respuesta jurídica porque lo que hay delante es un problema esencialmente político, no jurídico. La desafección que los ciudadanos muestran ante la clase política a causa de los casos de corrupción es un problema de carácter esencialmente político, no jurídico, y por ello requiere, en primer lugar, respuestas políticas. Y respuesta política es la que el Presidente Fabra ha venido sosteniendo, aunque de forma insuficiente, a este problema político al plantear el trazado de una “línea roja” en virtud de la cual un imputado no puede ostentar responsabilidades orgánicas dentro del Partido Popular. Sin embargo, esta respuesta política, que en si misma ya es positiva, parece insuficiente a la hora de “visualizar” ante los ciudadanos la persecución de conductas reprochables. No hace falta ninguna reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para reforzar esa línea roja y ganar credibilidad. Se puede hacer excluyendo del los Grupos Populares municipales o de las Cortes a aquellos cargos públicos que estén imputados o procesados. No es fácil, pero hoy en día parece los más ejemplarizante que con las normas existentes en la mano se puede hacer. Si alguien por su situación procesal no es digno de ocupar un cargo orgánico del PP tampoco debería permanecer en un Grupo Municipal del PP. Eso sería lo coherente. Y hay que destacar que se hace un flaco favor a la política del Presidente Fabra hechos como condicionar la democracia interna del propio partido, es decir, los derechos de miles de militantes, a la situación judicial de personas concretas como ocurre en la ciudad de Alicante. Eso es dinamitar las líneas rojas.

Santiago de Munck Loyola

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¡Vaya con los ERES y vaya con el PSOE!

El levantamiento del secreto del sumario del caso de los ERES está poniendo al descubierto muchas informaciones escandalosas y hasta sorprendentes. Estamos hablando del robo de más de mil millones de euros que estaban destinados a los parados por parte de una compleja y, a veces, chapucera trama que durante más de diez años estuvo operando con total impunidad. Se trata posiblemente del mayor fraude, del mayor desvío ilegal de fondos públicos, del mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia española. Y sorprende que tratándose de un latrocinio de semejantes proporciones tenga tan escasa repercusión en muchos medios de comunicación que prefieren abrir sus ediciones, por ejemplo, con inmensos titulares sobre los sobresueldos repartidos por Bárcenas, sobre el Sr. Urdangarín o con programas y reportajes especiales sobre la trama Gürtel cuyos organizadores ni en el mejor de sus sueños se habrían imaginado metiendo la mano hasta los codos en un cajón de dinero como el de los ERES.

Este escándalo es de unas proporciones tales, por la cuantía del dinero robado, por el largo período en que se ha perpetrado, por la cantidad de personas, empresas e instituciones que han participado o se han beneficiado directa e indirectamente del mismo que no es posible comprender la benevolencia e indulgencia con la que está siendo objeto de seguimiento, de información y divulgación por una buena parte de los medios de comunicación que se autoproclaman progresistas. No es comprensible, claro está, si no se tiene en cuenta en qué ámbito y de qué entorno nace, se desarrolla y se consiente este monumental latrocinio. Todo sería absolutamente distinto si fuese el Partido Popular el que gobernase la Junta de Andalucía. Entonces sería otra cosa, no habría sólo información sino que tendríamos una auténtica campaña de agitación.

Y tampoco comprensible como la actitud de ciertos medios de comunicación empeñados en mitigar y dulcificar el mayor escándalo de corrupción de nuestro país es la actitud de los dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía que durante más de diez años no detectaron absolutamente nada anormal a pesar de los informes existentes de los funcionarios de la propia Junta. Hay que empezar por el propio Presidente de la Junta quien a través de los argumentarios de su partido tiene la poco vergüenza y la inmensa cara dura de afirmar que este escándalo fue descubierto gracias a una denuncia de la propia Junta de Andalucía. ¿Cómo se puede tener tanta desfachatez? Es público y notorio que este escándalo estalla a través de una conversación de unos empresarios durante un partido de fútbol que se quejaban porque estaban siendo extorsionados y chantajeados, como lo es también que las primeras informaciones parten de ABC y las primeras denuncias del Sr. Zoilo por el escándalo de Mercasevilla. Pero lo más intrigante, a la vista de las revelaciones del sumario, es saber cómo era posible ignorar que el dinero de la Junta estaba siendo malversado cuando los sobres repletos de billetes volaban de un sitio a otro pasando por las puertas de la propia Junta de Andalucía.

En la trama de los ERES han participado, de una forma u otra, los sindicatos que llegaron a ingresar más de 7 millones de euros por no hacer nada. Las sociedades mercantiles vinculadas a UGT y CC.OO. (Grupo Atlantis, Temiqui SA, ITG y FQT Asesores) y varias federaciones sindicales cobraron hasta 7,64 millones de euros procedentes de “sobrecomisiones” que obtuvieron las consultoras Uniter (3,25 millones) y Vitalia (4,29 millones), así como el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís (104.400 euros). El concepto por el que se facturaban los supuestos servicios realizados por los sindicatos (recogida de datos o cálculos actuariales) es el de “asesoramiento”. Han participado o se han beneficiado multitud de cargos y militantes socialistas, unas veces como falsos beneficiarios de unos ERES sin haber trabajado jamás en las empresas afectadas y otras como cargos públicos que percibían enormes comisiones. Un entramado con tantos actores, tantos implicados y tanto dinero circulando y nadie se enteraba de nada.

Eso sí, ahora la información vuela. Acabamos de ver cómo, gracias a las nuevas tecnologías, un tertuliano como el Sr. Carmona puede expresar “su” opinión sobre el escándalo en las tertulias televisivas leyendo los mensajitos que le envían sus compañeros de partido. ¡Qué vergüenza! ¿No tiene criterio propio el diputado socialista Carmona? ¿No tiene información suficiente para acudir a debates y tertulias? Parece que no. Aquí vale todo con tal de no hacer autocrítica, de no reconocer los errores del partido y de proteger a los jefes. Y si hay que engañar a la audiencia haciéndola creer que uno expone opiniones propias y no lo que le dictan, pues se hace y tan fresco. Vaya compañeros que tiene el Sr. Carmona que han filtrado el video inculpatorio. Pero hay que reconocer que han hecho un gran favor a los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

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La próxima Convención Política del PPCV.

El próximo fin de semana, el PPCV celebrará en Castellón una Convención Política con el fin de relanzar el impulso político del mismo. El Secretario General del PPCV, Serafín Castellano ha señalado que esta Convención “será la de las ideas y los proyectos para seguir avanzando por el futuro de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”. Hay que señalar, en primer lugar, que la Convención Política es una reunión de cargos públicos del PPCV a la que no tienen derecho a participar los afiliados del mismo. De hecho, los afiliados conocemos de su celebración a través de los medios de comunicación y no por cartas o correos electrónicos del Partido.

Este hecho contrasta mucho con las declaraciones del Secretario general que ha indicado que “en la redacción de las tres ponencias el PPCV ha tenido muy presente la voz de los ciudadanos, de los militantes y simpatizantes, porque nosotros trabajamos pensando en nuestros ciudadanos y sus necesidades, de ahí que se hayan celebrado más de medio centenar de reuniones en las tres provincias en las que han participado alrededor de 500 personas para conocer sus inquietudes y reivindicaciones y poder reflejarlas en las ponencias”.

Supongo que alguien le ha debido endosar esta declaración porque es lo políticamente correcto y es lo que debería haberse producido para que la Convención fuera, de verdad, lo que tendría que haber sido: una actualización de los mensajes del PPCV y de sus políticas, una vez oídos los ciudadanos y los propios afiliados del partido. Pero no es así, esta afirmación no es correcta y la Convención y sus ponencias serán fruto, nada más, de los cargos públicos que hayan querido o podido participar y se convertirá en un altavoz propagandístico, no del estrecho contacto con la ciudadanía y las bases del partido, sino del aparato del partido y de sus mensajes precocinados. Más de 100.000 afiliados del PPCV han sido absolutamente marginados de esta Convención.

Ni los afiliados, ni los militantes, ni los simpatizantes del Partido Popular de Alicante, y mucho menos los ciudadanos en general, han tenido la oportunidad de conocer esas ponencias y, mucho menos, de debatirlas con nadie. Las más de medio centenar de reuniones que se han podido celebrar lo han sido, en Alicante al menos, a puerta cerrada y con la presencia exclusiva de cargos públicos. No se ha producido ninguna invitación ni ninguna convocatoria a los afiliados para preparar esta Convención.

Y, sinceramente, no es para presumir de participación en el proceso preparatorio de la Convención Política el hecho de que en estas reuniones previas hayan podido participar unas 500 personas, tal y como señala el Secretario General, si se tiene en cuenta que en la Comunidad Valenciana el Partido Popular cuenta con 2.958 concejales, con 29 parlamentarios nacionales y 55 autonómicos, además de varios centenares de cargos de confianza en la inmensa mayoría de las instituciones de la Comunidad. Quiere esto decir que ni el 17 % de los cargos electos del Partido Popular han participado en las reuniones preparatorias de la Convención. ¿No es preocupante? ¿Están muy ocupados? ¿No les interesa?

Una vez más algo falla. Puede que sea la comunicación, las estrategias, los objetivos o las convicciones políticas, no de quienes ostentan las máximas responsabilidades dentro del PPCV, sino de quienes apoltronados en su estructura burocrática se empeñan en mantener cerradas las ventanas evitando que el aire fresco inunde sus estancias políticas. Se ha perdido una gran ocasión para promover desde abajo, desde las bases, un auténtico revulsivo para reorientar una trayectoria política que, según todas las encuestas, cae progresivamente.

Santiago de Munck Loyola

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Esperanza Popular - Movimiento de Bases en Valencia.

Hoy 1 de junio de 2013 ha tenido lugar en Alboraya, Valencia, el acto de presentación regional de la Asociación Foro Esperanza Popular - Movimiento de Bases. Transcribo a continuación parte de mi intervención:

Buenos días a todos. Muchas gracias a nuestros queridos compañeros y amigos de Alboraya y de Valencia por vuestra hospitalidad. Hoy es una días muy especial para nuestra Asociación, el Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases, y lo es porque nos presentamos de forma pública ante la sociedad de nuestra Comunidad para explicar quienes somos y qué queremos.

Hay que empezar por explicar, una vez más, que no somos un partido político ni una corriente de opinión dentro de ningún partido político. Pero sí somos y queremos ser una corriente de opinión dentro de nuestra Comunidad y dentro de cada uno de los municipios en los que nos hemos constituido. Somos una Asociación de personas unidas por unos mismos principios ideológicos y comprometidas con un objetivo fundamental, la regeneración democrática de nuestra sociedad y de sus instituciones.

Cuando se habla de regeneración democrática se habla de volver a generar, de reformar todo aquello que, con el paso del tiempo, con el conformismo social o con las pasteleos de los partidos políticos, ha ido perdiendo la pureza, la fuerza y la capacidad para cumplir los objetivos que implican construir una sociedad más libre, más justa y más democrática.

Todos sabemos, y no hace falta más que escuchar cualquier conversación de café, que los ciudadanos están cada vez más hartos de la política, de la clase dirigente de nuestro país (Tanto la política, como la sindical o la económica) y de las instituciones y ello por una sencilla razón: porque no han sabido prevenir esta profunda crisis, ni resolverla con eficacia. Y, además, mientras se imponen tremendos sacrificios a la inmensa mayoría de los ciudadanos vemos cómo la clase dirigente española sigue anclada en sus privilegios y da una muestra de falta de ejemplaridad pasmosa. El último detalle, el escándalo de los gin tonics subvencionados del Congreso.

Hablar de regeneración democrática es hablar de reformas: de la despolitización de la justicia, de la reforma del estado y la reconducción de las autonomías, de la eliminación de las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, del establecimiento de códigos éticos que depuren la vida política de incompetentes y aprovechados, de reforma fiscal y de muchas otras medidas absolutamente necesarias.

Pero no hay ninguna regeneración democrática posible si no se empieza por regenerar a quienes deben impulsarla, es decir, a los partidos políticos. Los partidos políticos con el paso de los años se han convertido en unas máquinas burocráticas inmensas que sobreviven gracias a las subvenciones y no a las cuotas de sus afiliados. Unas máquinas cuyas estructuras funcionan normalmente de arriba abajo y las que el mandato constitucional sobre su funcionamiento interno sólo se cumple sobre el papel. La ausencia de democracia interna real es la que ha distanciado y distancia cada día más a las élites de los partidos de sus bases y, por tanto, de la opinión y necesidades sociales. Sin democracia interna real no puede haber una regeneración de los partidos y sin ésta no habrá una regeneración democrática de nuestras instituciones.

Todos los que estamos aquí conocemos multitud de casos en los que las direcciones regionales o provinciales han interferido en los procesos electorales de los municipios para favorecer, cuando no imponer, a candidatos afines, siempre dóciles y serviles. De ahí, la ausencia de liderazgos reales y de ahí que algunos tengan que contratar especialistas en liderazgo. Hace tan sólo unos días, hemos escuchado a la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal, contestar a Alejo Vidal Cuadras que en el PP sí hay democracia interna, sobre todo, porque el Congreso Nacional del partido cuenta con casi 2.500 compromisarios, más que los demás. Pero todos sabemos que casi un tercio de esos compromisarios son natos, es decir, están ahí en virtud de su cargo que, por otra parte, se lo deben a sus superiores. Y los demás compromisarios ya sabemos cómo se eligen en muchas ocasiones, presionando desde arriba y condicionando las elecciones de los mismos. Y uno se pregunta ¿en una sociedad tecnológicamente avanzada en la que se puede pagar por Internet a Hacienda o hacer compras o votar en concursos qué necesidad tenemos de que nos representen unos compromisarios? ¿Por qué sólo ellos y nos los cientos de miles de afiliados tienen derecho a votar o a presentar enmiendas en los congresos del PP?

La ciudad de Alicante es un claro ejemplo de la falta de democracia interna en el Partido Popular. Allí, la Dirección Provincial acordó en octubre, sin consultar a los afiliados y tres meses después del Congreso provincial en el que se ocultó esta medida, vulnerar los Estatutos y suprimir la Junta Local sustituyéndola por un número indeterminado de distritos. Da igual que se utilicen los medios internos establecidos en los Estatutos para impugnar esta decisión. Pasan de contestar e incluso se niegan a certificar sus propias decisiones. Eso sí, el Secretario provincial que no tiene tiempo para cumplir su palabra y reunirse con los que impugnaron esa decisión sí que lo tiene para reunirse con los concejales imputados de Alicante para, según el periódico, “apuntar” las elecciones internas. Lo último que hemos conocido es que los militantes de la ciudad no tendrán derecho a voto hasta que no decidan los tribunales la suerte judicial de la Alcaldesa. ¿Alguien puede en serio y con un mínimo de decencia afirmar que eso es democracia interna?

Pero no quiero extenderme en este caso concreto. La democracia interna en los partidos y en especial en el Partido Popular es francamente mejorable. Hay muchas vías para hacerla más real. Los militantes populares y los votantes se merecen mucho más que ser llamados sólo cuando hay que rellenar mítines o cubrir mesas electorales. Sin el debate interno libre, sin el contraste y aportación de ideas y opiniones de todos cuantos siente, sin la capacidad de elegir a los dirigentes y a los candidatos no es posible hablar de democracia interna real. Y sin democracia interna en los partidos cualquier propuesta de regeneración democrática será un brindis al sol.

Somos una asociación y queremos ser una corriente de opinión en nuestro entorno, una voz crítica y exigente orientada a la construcción de una sociedad mejor, de una sociedad con más libertad, más transparencia, más democracia, más ejemplaridad de la clase política y más justa. L mayoría de nosotros hemos sacrificado mucho a favor de unas ideas y unos principios. No vamos a dejar que aprovechados y advenedizos destruyan ese trabajo. Vamos a seguir defendiendo la honradez de la vida política, la ejemplaridad, la austeridad, el fin de los privilegios de la casta política, la eficacia en la gestión y la democracia interna. Y si todo esto molesta a alguien que nos sigan expedientando que nosotros sabremos mejor de qué lado está.

Muchas gracias por vuestra atención.

Algo debería cambiar.

Cada día que pasa parece que se agrava la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su equipo de gobierno. Poco a poco se va extendiendo la idea, antes muy minoritaria, de que debería dimitir como consecuencia de su imputación por diversos delitos en los Tribunales de Justicia y del daño que esta circunstancia estaba ocasionando a la imagen de la ciudad y del Partido Popular. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, durante el acto de celebración del primer año del Presidente Fabra al frente del PPCV, todos pudimos ver cómo distintos dirigentes populares hacían el vacío a Sonia Castedo, y con ello a los alicantinos a quienes como Alcaldesa nos representa, y rehuían cualquier fotografía junto a ella. Por otra parte, va cobrando fuerza el rumor de que en Génova están hartos de la situación y presionan para que dimita. Al parecer, hay quien no desea la foto de la Alcaldesa imputada junto al Príncipe de Asturias en el caso de que presida la inauguración del AVE hasta nuestra ciudad.

Las últimas noticias no han contribuido tampoco a aliviar la mala imagen del Gobierno Municipal y en ellas ha vuelto a ser protagonista el mismo “tronco” que aparece en los procesos judiciales abiertos. Las adjudicaciones municipales de contratos a empresas vinculadas al Sr. Ortiz por importe de 468 millones de euros, realizadas por vía extraordinaria y urgente sin justificación política ni legal alguna, han agravado la mala imagen no ya de Sonia Castedo que no participó en la Junta de Gobierno, sino del equipo de gobierno que ha venido comportándose de forma cómplice en unas formas y modos de actuar más que reprobables. 

Del mismo modo, la anulación por parte del TSJ del Plan Rabasa, en el que también es pieza clave el Sr. Ortiz y su venta de suelos a Ikea, por la existencia de graves defectos en su tramitación ha supuesto una mancha más en la imagen de la gestión Municipal. Si a ello sumamos las recientes informaciones de dos viajes a Portugal de la Sra. Alcaldesa y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, en jet privado para negociar los precios de la venta de los suelos del Sr. Ortiz a Ikea, como si se tratase de agentes inmobiliarios, tenemos delante un panorama bastante desolador.

Este lamentable panorama político salpica fuertemente a la imagen del Partido Popular cuya pasividad, cuando no complicidad política, de cara a la opinión pública ha sido más que evidente. La dirección provincial, ante la imputación judicial de la alcaldesa y del vicealcalde, se ha limitado a recordar la obviedad de que las actas de los concejales eran personales y que no se les podía obligar a dimitir, pero es un hecho cierto que no ha querido, o no ha podido ejercer una facultad a través del resto de los concejales, de ordenar la exclusión de los imputados del Grupo Popular Municipal y no lo ha hecho, posiblemente, porque se habría encontrado con la negativa de la mayoría de los mismos quienes, a través de diferentes medios, ya habían expresado que estarían con la Alcaldesa hasta el final. A ello, hay que añadir dos datos relevantes para sopesar la actitud de la dirección provincial del PP ante esta grave situación. De una parte, el hecho de que el Secretario General Provincial José Juan Zaplana presidiera la cena de auto homenaje a Sonia Castedo que se organizó poco antes de Navidad y poco tiempo después de conocerse su imputación judicial. De otra, el hecho de que el Secretario Provincial se reuniera con los concejales imputados para “apuntalar” las elecciones internas del Partido Popular de la ciudad de Alicante, acabando con ello con la esperanza de unas elecciones internas limpias y democráticas, es decir, sin intervenciones superiores para predeterminar un resultado concreto. A este respecto hay que recordar que la democracia interna en el PP de la ciudad de Alicante no funciona, que la Dirección Provincial decidió en octubre pasado, de espaldas a los militantes, suprimir la Junta Local de la ciudad y crear una serie de distritos, que no se ha celebrado ningún proceso electoral interno, superando todos los plazos legales, y que según los medios de comunicación, algo no desmentido por la Dirección provincial, el derecho de voto de los miles de afiliados populares de la ciudad está condicionado al destino judicial de una sola persona, la Alcaldesa.

Aunque este análisis es compartido por muchos afiliados de la ciudad, la mayoría calla y consiente porque ya es sabido que el que se mueve no sale en la foto, pero por mucho que se siga escondiendo la cabeza en el agujero, la realidad es la que es y los hechos son lo que son. La ciudad de Alicante no se merece la imagen que se está trasladando de la institución municipal y los afiliados populares y los votantes tampoco se merecen el deterioro que este espectáculo político y judicial está ocasionando. Hay responsabilidades de muchos, ya sea por acción o por omisión, y desde una perspectiva política no están circunscritas a la esfera municipal, aunque lamentablemente y como suele ser habitual nadie dará la cara en el momento oportuno. Eso sí, matarán al mensajero.

Santiago de Munck Loyola

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Aznar y los votantes populares.

La entrevista que la semana pasada concedió José María Aznar a Antena 3 ha levantado muchas ampollas y ha obligado a muchos a “retratarse”. La irrupción de Aznar en el debate público no ha sido, pese a lo que muchos opinan, una novedad. El ex Presidente del Gobierno y Presidente de Honor del Partido Popular ha entrado en escena en muchas ocasiones a lo largo de los últimos diez años en el debate político y en la vida interna del Partido Popular. La novedad ha estado principalmente en el contendido de su intervención que no ha agradado lo más mínimo ni a la izquierda recalcitrante, obsesionada de forma enfermiza y patológica con José María Aznar, ni al Gobierno y miembros de la estructura burocrática del Partido Popular. ¡Curiosa coincidencia!

Al margen de los “dimes y diretes” o de las variopintas interpretaciones sobre los motivos de esta entrevista, llama mucho la atención algunos mensajes lanzados por Aznar así como la reacción de algunos “líderes” del PP. La verdad es que hablar de “líderes” en el caso de algunos dirigentes populares resulta irrisorio. Gente que debe su puesto al “dedazo” superior, a sus cualidades personales genuflexas y a su sumisión absoluta, incapaces de ganarse el puesto en una competición en las urnas podrá ser todo lo dirigentes que quieran, pero calificarles de “líderes”, en el amplio sentido de la palabra, resulta francamente ridículo. Pero, en fin, hecho este paréntesis, lo cierto es que algunos de estos presuntos líderes han hecho públicas sus sesudas reflexiones sobre la intervención de Aznar concluyendo, y lo que es peor, manifestando públicamente que el Sr. Aznar “tiene a los votantes, pero no tiene al partido”. ¿Se puede ser más memo políticamente hablando? ¿No se percatan de que reconocer que Aznar tiene a los votantes y no al partido significa que el partido ha abandonado a los votantes? Es más ¿qué es un partido sin votantes?

Aznar dijo muchas cosas con las que se identifican muchísimos militantes y votantes del Partido Popular. Eso es una evidencia que sólo pueden negar quienes permanecen aislados de la realidad social y de las bases del Partido Popular. Es probable que los cargos políticos institucionales, los que deben su puesto a la superioridad y no a las bases, crean que Aznar está equivocado o que compartiendo sus opiniones hagan gala de la tradicional cobardía que asegura su supervivencia política y por eso se nieguen a admitirlo, pero cualquiera que se moleste en hablar con los militantes y con muchos cargos públicos en privado escucharán siempre lo mismo: “no es esto, no es esto”.

Los políticos valen lo que vale su palabra. Los programas no están para incumplirlos, como decía el viejo profesor. Muchos, sobre todo los llamados de la vieja guardia, hemos aprendido y asimilado que un programa es un compromiso con el elector, un auténtico contrato por el que los políticos ofrecen propuestas a los votantes a cambio de su voto. Incumplido el programa, se rompe el contrato y quiebra la legitimidad del gobernante. Y cuando se obtiene una mayoría electoral tan importante como la que recibió el Partido Popular hace un año y medio es porque se recibe un mandato claro y expreso para aplicar un programa determinado con todas sus consecuencias, sin dilaciones y sin excusas. No es tan difícil entender, como tampoco es tan difícil explicar desde el primer día las dificultades que puedan ir apareciendo y que no estaban previstas.

Las declaraciones de Aznar han sido, a muy juicio, muy oportunas porque, además, han reflejado el sentir de muchos votantes y militantes populares profundamente desorientados. Se podrá estar o no en desacuerdo con los planteamientos concretos que se deslizaron en esa entrevista pero es indudable, para muchos, que España necesita un liderazgo más sólido, un proyecto claro que desde el cumplimiento del mandato de los votantes responda a los graves desafíos plateados tanto en el campo económico, como el social, el político y el institucional. Decir las cosas claras, abrir el debate sobre las políticas emprendidas o sobre su ritmo, recordar la responsabilidad del Partido Popular con sus votantes o impulsar reflexiones sobre las respuestas que hay que articular ante los grandes desafíos de España no puede, ni debe ser interpretado de forma beligerante, sino que debería llamar sobre todo a la reflexión y al cambio de rumbo y más en el caso de esos “líderes” que reconocen que se han quedado con las siglas pero no con el programa, con los principios o con los votantes, únicos destinatarios de la acción política de un partido político.

Santiago de Munck Loyola

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Sonia Castedo y la Kirchner.

Fotografía publicada por El Mundo.

El pasado viernes, en una entrevista radiofónica, la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, soltó una de sus perlas. “El Mundo arremete porque no pongo publicidad”, es decir, que según la Alcaldesa, el Diario El Mundo informa sobre muchos y variados aspectos de las dudosas actuaciones de la Alcaldesa de Alicante por la sencilla razón de que a dicho diario no se le da publicidad institucional. ¡Y se queda tan fresca! No sé si se trata de inconsciencia, de irresponsabilidad o de prepotencia, pero esta frase tiene mucho más calado de lo que a primera vista podría parecer.

En primer lugar, esta frase pone de manifiesto el papel que en la cabeza de la Alcaldesa deben tener los medios de comunicación. De una parte, entiende que los medios de comunicación solo informan sobre presuntas irregularidades si no reciben dinero del poder en forma de publicidad institucional. De otra, da a entender que los medios de comunicación que no investigan, ni informan con la profusión y el detalle con que lo hace el Diario El Mundo sobre las andanzas de la Sra. Alcaldesa y de su amiguete el Sr. Ortiz es porque están bien “untados” con publicidad del Ayuntamiento Alicantino. En mal lugar deja la Sra. Castedo a todos los medios de comunicación, pero en peor lugar queda ella misma por el bajo concepto que tiene de la libertad de expresión, de la libertad de información y del papel que la prensa debe tener en una sociedad democrática, adulta y libre.

En segundo lugar, cabe preguntarse ¿y por qué no pone publicidad institucional en el Diario El Mundo? ¿Por qué informan y critican las actuaciones de la Alcaldesa de Alicante? Es evidente que si la Sra. Alcaldesa entiende que este Diario arremete contra ella por no recibir publicidad del Ayuntamiento es porque ella, ante las primeras informaciones del mismo, decidió excluir al Diario El Mundo del reparto de la publicidad institucional del Ayuntamiento de Alicante. Pero la Sra. Castedo habla en primera persona, usa el “no pongo” publicidad como si se tratase de su publicidad personal y no la del Ayuntamiento de todos los alicantinos, los que leen y los que leen el Diario El Mundo. Ese uso de la primera persona significa claramente que se trata de una decisión de ella, personal, y denota un concepto patrimonialista de los bienes y del dinero público que no es suyo, sino que pertenece a todos los alicantinos debiendo ella administrarlo con rigor, con justicia y con equidad. Es decir, todo lo contrario de lo que viene haciendo: tú me criticas, pues ni un duro en publicidad. Conmigo o contra mí, pero paga el contribuyente.

En tercer lugar, no es la primera vez que un déspota o un ignorante de los más elementales principios democráticos, usa el dinero público a su capricho y antojo, castigando a los medios de comunicación desafectos dejándolos sin publicidad y premiando a los medios neutrales o afines. Esta conducta totalitaria ha venido siendo castigada y corregida por la Justicia en muchas ocasiones, tirando de las orejas a los políticos castigadores de la prensa. Debería saberlo la Sra. Alcaldesa y debería, aunque sea por aparentar que cree en la libertad de información, corregir su actitud. Y lo que es más importante, si cree que este Diario o cualquier otro miente, calumnia o difama con sus informaciones lo que debería hacer, y lo que hace cualquier persona inocente, es acudir a los Tribunales de Justicia, sea contra quien sea. Pero eso de ¡hala, te castigo sin publicidad! Es más propio de lejanos territorios y países y no de una ciudad y de una sociedad como la alicantina.

Puede que la Sra. Castedo haya encontrado su modelo en el comportamiento y en la actitud hacia la prensa libre que mantiene la viuda del Sr. Kirchner, Dª Cristina, que concentra el 80 % del presupuesto de publicidad institucional en los medios de comunicación “amigos”, pero de ser así peor le van a ir las cosas. ¡Quién sabe! A lo mejor es que, al final, detrás de algunas informaciones y críticas existe una confabulación judeo masónica y no nos habíamos enterado. Aunque todo parece indicar que la reacción ante las mismas obedece a una simple manifestación de despotismo sin ilustrar y sin lustre alguno.

Santiago de Munck Loyola

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La reforma educativa.

En los distintos informes que evalúan los resultados de los sistemas educativos de los diferentes países existe una coincidencia generalizada: los datos relativos a España no son buenos, ni mucho menos. Según la mayor parte de estos informes la situación del sistema educativo español es francamente mejorable. En los últimos diez años, hemos aumentado el número de personas que alcanzaron un título de bachiller o universitario, pero mas del 47% de la población entre 25 y 64 años sólo cuenta con la educación obligatoria o menos, lo que nos aleja mucho de la media de los países desarrollados. En cuanto a competencias de los alumnos, España ocupa el puesto 18 entre los 25 países comunitarios evaluados en PISA 2009 y el fracaso escolar afecta a 28 alumnos de cada 100. Otro dato preocupante es que un 24 por ciento de jóvenes de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja. Contamos con el mayor índice de Europa de desempleo entre los jóvenes, el 25 % de la población activa, consecuencia directa de la peor formación de nuestros jóvenes respecto a los europeos, a menor formación más desempleo.

Y no se trata de que en España se invierta menos en educación que nuestros vecinos europeos. No, ahí no parece radicar el problema a pesar de las reiteradas mentiras de la izquierda. Según estos mismos informes, España invierte por alumno un 6% por encima de la media de la OCDE y un 7% por encima de la media de la Unión Europea. Nuestra ratio de alumnos por profesor es inferior a la media europea. Y nuestros alumnos “padecen” también más horas de clase que la mayor parte de los alumnos europeos. En resumen, en España gastamos más dinero en educación que nuestros vecinos, empleamos más recursos humanos que los demás, invertimos más tiempo lectivo que la media europea y obtenemos unos resultados pésimos que nos sitúan en el furgón de cola en cuanto a conocimientos y equidad del alumnado. No hay que ser un lince para deducir que esta situación es consecuencia directa de las leyes educativas que durante décadas ha venido imponiendo la izquierda española, partidos y sindicatos. Y tampoco hay que ser un genio para deducir que no es posible seguir sosteniendo este modelo educativo y que anclarse en el inmovilismo conduce directamente al suicidio educativo.

Si este es el panorama, la cerril actitud del PSOE y sus satélites empecinados en el “no se toca” solo puede ser comprendida desde el deseo y el objetivo de seguir primando el adoctrinamiento ideológico sobre cualquier otra consideración. La reforma avanzada por el Ministro Wert apunta hacia posibles soluciones a los graves problemas que la izquierda ha generado en nuestro sistema educativo, pero lo hace de forma tímida y sin llegar a cumplir todos los compromisos recogidos en el Programa Electoral del Partido Popular que obtuvo el respaldo mayoritario de la sociedad española hace año y medio.

Y como era de esperar al inmovilismo y conformismo de la izquierda española, radicalmente contraria a criterios de excelencia, de libertad o de competitividad, se suma la tragicómica oposición de los nacionalistas quienes llegan a calificar de “atentado” el hecho de que se habilite un sistema para que cualquier niño pueda estudiar en español en cualquier parte de España. Algo tan simple y tan elemental como eso, impensable en cualquier otro país de nuestro entorno, es rechazado visceralmente por estos antidemócratas separatistas que, una y otra vez, se niegan a cumplir las reiteradas decisiones judiciales amparando ese elemental derecho. Hoy los hechos demuestran que fue un error romper la unidad educativa en todo el territorio nacional al transferir las competencias educativas a las Comunidades Autónomas como lo fue también transferir competencias en sanidad o romper la unidad de mercado. El principio constitucional de igualdad entre los españoles quedó desvirtuado y en la práctica supone que los españoles gozamos de diferentes derechos en función del territorio de residencia haciendo que, progresivamente, vayamos perdiendo cohesión social frente a una Europa que avanza en la dirección contraria.

Eso sí, los socialistas se van a servir una vez más de las autonomías para tratar de frenar o paliar las reformas educativas del Partido Popular, respaldadas por la mayoría electoral, y así lo han anunciado en Andalucía, por ejemplo. O en Asturias donde los socialistas ya se han puesto manos a la obra y para mejorar la calidad de la educación ya han adoptado una importantísima medida que seguramente causará admiración en toda Europa: ya no habrá vacaciones de Navidad ni de Semana Santa, pasarán a llamarse vacaciones de diciembre o de invierno y vacaciones del 2º trimestre. Todo un acierto que a buen seguro redundará en el rendimiento académico de los alumnos.

Santiago de Munck Loyola