Sin financiación justa no puede haber un reparto justo del déficit.

Estos últimos días ha estado muy agitado el patio autonómico a cuenta del reparto del déficit. Y si esta agitación la ha producido el reparto del déficit resulta inimaginable lo que habría sido si el reparto fuera de un superávit. Habrían volado los cuchillos y las navajas. Cada Presidente autonómico y en especial los del PP que para eso son la mayoría ha intentado hacer valer sus razones y argumentos sobre cómo debería ser ese reparto: igual para todos, asimétrico, penalizando a los incumplidores, premiando a los más cumplidores, etc. Cada cual, en su visión de reino de taifa, se encuentra asistido de poderosas razones con las que sostener sus argumentos. Muchas de las ideas que se han expuesto parecen bastante razonables.

No les falta razón a quienes llevan años apretándose el cinturón y claman contra una posible benevolencia hacia los incumplidores. Para muchos, el hecho de que Cataluña pueda verse beneficiada con un mayor margen de déficit que el resto sin haber hecho los deberes como los demás y sin haber renunciado a gastos inútiles y disparatados constituye una afrenta, no para ellos, sino fundamentalmente para los ciudadanos de sus respectivas Comunidades Autónomas que sí han sufrido los rigores de toda clase de ajustes y recortes en nombre de la tan cacareada austeridad y estabilidad presupuestaria. Señalan que otorgar a Cataluña un mayor déficit que al resto de las comunidades autónomas es facilitar, además, el proyecto independentista a costa del bolsillo de los demás. Y no es que los ciudadanos de Cataluña no hayan sufrido en sus carnes también muchos recortes de mano de sus gobernantes separatistas sino que lo han hecho a costa de mantener seudo embajadas superfluas o un entramado televisivo público insostenible, pero muy rentable políticamente para los fines separatistas.

Hay quien, como el Presidente Fabra, reivindica el establecimiento de un déficit asimétrico, o sea, desigual, para entendernos, justificado por un hecho indiscutible como es la gran diferencia de financiación entre las distintas comunidades autónomas; un hecho que viene perjudicando especialmente a la Comunidad Valenciana que tan sólo entre 2011 y 2012 ha recibido 5.500 millones de euros menos de lo que habría recibido en el supuesto de contar con la misma cantidad por habitante, por ejemplo, que Cataluña. La Comunidad Valenciana ha sido la autonomía que menos ingresos públicos por habitante ha tenido en estos dos últimos años. Por cierto, algo parecido le pasa a la Provincia de Alicante en cuanto a las inversiones de la Generalitat en la misma que, al igual que con las inversiones estatales, está discriminada. No se puede pedir a quien recibe menos financiación que disminuya sus gastos en la misma medida que quienes perciben mucho más por cada habitante.

A nadie se le escapa que el tema de la financiación es un tema espinoso cuya solución se viene arrastrando desde hace muchos años. A la hora de pedir dinero, cada región encuentra siempre un motivo diferencial con el que justificar una demanda mayor que la de su vecino. Cuando no se trata de las peculiaridades geográficas, se trata de el PIB o si no de la población estacional, el nivel de desempleo o la existencia de lengua propia. Lo cierto es que hoy el principio constitucional de la igualdad entre los españoles está más lejos que nunca de ser una realidad. Los españoles, en función del territorio de residencia, cuentan con un mayor o menor catálogo de prestaciones públicas, una fiscalidad diferente y una aportación estatal también distinta. Es evidente que seguir avanzando en la misma dirección sin antes proceder de una vez a abordar con decisión y con la legitimidad que otorgan las urnas a una profunda revisión de nuestro modelo sólo puede servir para seguir incrementando los agravios comparativos entre los ciudadanos españoles. Establecer un determinado criterio del reparto del déficit sobre la base de un injusto sistema de financiación que hace que valga más un ciudadano residente en Navarra que otro en la Comunidad Valenciana es profundizar en la injusticia y en la fragmentación de la cohesión social.

En todo caso y sea cual sea la solución que finalmente se adopte en este asunto, bienvenido sea el debate público entre los dirigentes autonómicos y especialmente entre los populares. Pese a lo que algunos afirmen, el debate público es siempre enriquecedor y, como muy bien ha señalado alguno, unidad no es lo mismo que uniformidad. Es posible que “el apoyo al gobierno no sea negociable” entre los Presidentes autonómicos populares, pero lo que es indiscutible es que lo que no es, ni debe ser negociable es la lealtad a los ciudadanos y la defensa de sus derechos frente a cualquier tipo de injusticia discriminatoria. No le falta razón al Presidente Fabra pero en política, en muchas ocasiones, no basta con tener razón. Deberá tener cuidado con lo que dice no sea que alguien termine por acusarle de intentar crear una corriente de opinión contraria a los intereses del partido si éstos, además, no coinciden con los intereses del ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

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Creciendo con esperanza.

Hoy, 15 de mayo de 2013, gente de más de 60 municipios de la Comunidad Valenciana hemos constituido una nueva Asociación, “Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases”. Militantes, ex militantes del PP y ciudadanos sin adscripción partidista nos hemos agrupado para impulsar algo tan demandado por los ciudadanos como la regeneración democrática. Para intentar explicarlo reproduzco mi intervención a continuación. Hemos dado un paso firme e importante para promover valores, principios y propuestas que deberían, en su mayoría, pertenecer al acervo ético de nuestra clase política.

“Buenas tardes a todos. Quiero empezar por agradecer especialmente el esfuerzo de quienes desde otras localidades y especialmente a nuestros compañeros de Valencia os habéis desplazado hasta aquí. Muchas gracias.

Hoy es un día especial para quienes creemos en la necesidad de una regeneración democrática de los partidos y de la política en general. Hoy, damos un paso más. Lo que empezó con iniciativas independientes en Valencia, Castellón y Alicante, tanto desde el Foro Movimiento de Bases del PPCV, como desde el Foro Esperanza Popular de Alicante, hoy se constituye como una nueva Asociación Regional, el Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases. Dos iniciativas nacidas en territorios distintos, pero coincidentes en los principios y en las propuestas en que dichos principios deben plasmarse. Dos iniciativas nacidas ante la constatación de la inexistencia de cauces de participación en las organizaciones políticas y de grandes déficits de democracia interna.

No somos un nuevo partido político como dicen algunos. Ni tampoco somos, ni queremos ser una corriente de opinión dentro del Partido Popular. Es cierto que la mayoría de los que hoy damos este paso somos afiliados, o lo hemos sido, del Partido Popular, y algunos desde mucho antes que algunos de nuestros actuales dirigentes, pero también forman parte de la Asociación ciudadanos sin filiación política que comparten nuestros principios, valores y propuestas.

Este Foro nace con el objetivo de promover la regeneración democrática de las instituciones y, por supuesto, de los partidos políticos que, con el paso de los años, se han ido convirtiendo en máquinas burocráticas electorales cada vez más alejadas de la voluntad de sus militantes y de los problemas de los ciudadanos. Queremos que los partidos políticos y en especial el nuestro, en el caso de los que pertenecemos al Partido Popular, vuelvan a ser lo que nuca debieron dejar de ser, cauces de participación y expresión de la voluntad de los ciudadanos.

Por ello, desde esta Asociación queremos promover la democracia interna, la participación, el debate interno, la libertad, la honradez y la eficacia en la gestión pública, la ejemplaridad y la transparencia. Conceptos e ideas que ninguna persona decente podría considerar contrarias a los intereses de un partido político y, menos aún, a los intereses del Partido Popular. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, vemos como algunas personas confunden los intereses del partido con los personales o los intereses generales con los de su bolsillo.

Hoy, cuando el crédito de la clase política está más bajo que nunca, cuando se cuestiona el propio sistema democrático, es más necesario que nunca reivindicar el noble arte de la política y la vocación de servicio público. Pero para poder hacerlo con coherencia y con credibilidad es imprescindible exigir una profunda regeneración de todo aquello que sabemos que no funciona bien, es preciso denunciar comportamientos escasamente ejemplares y es necesario formular alternativas y nuevos modelos de participación.

Con esta vocación nace el Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases y lo hace desde más de 60 municipios de la Comunidad Valenciana en cada uno de los cuales se irá constituyendo un Foro Local, un lugar de encuentro, de reflexión, de debate y participación destinado a enriquecer el debate político y a promover nuevos modelos de acción política. No ignoramos las enormes dificultades de toda índole a las que nos enfrentamos, incluido cierto silencio mediático, pero estamos convencidos de que el esfuerzo merece la pena.”

Santiago de Munck Loyola

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Del cordón sanitario a “un pacto por favor”.

¡Cómo cambian los tiempos! Hace pocos años, ayer como quien dice, el Sr. Rubalcaba, junto a los demás miembros de su partido, era uno de los promotores de aquella estrategia antidemocrática llamada del “cordón sanitario” al PP o lo que es lo mismo, al “PP ni agua”. El PSOE promovió entonces un aislamiento político al Partido Popular a todos los niveles, promoviendo cualquier tipo de alianzas y pactos con cualquiera con tal de no acordar nada con el Partido Popular. De esta forma y durante dos legislaturas, el PSOE, con un respaldo electoral muy inferior al que obtuvo el Partido Popular en las últimas elecciones, tomó toda clase de decisiones e impulsó todo tipo de reformas legislativas sin sentarse a hablar con el Partido Popular, sin diálogos, ni consensos, que para eso estaba en vigor el llamado “cordón sanitario”. Sin acuerdos con el principal partido de la oposición y con un visible ánimo revanchista, los socialistas deshicieron todo lo que pudieron y a velocidades de vértigo: la reforma educativa, el Plan Hidrológico Nacional, la política antiterrorista, la política exterior renunciando al mayor peso obtenido para España en la Unión Europea, etc. Hasta la ley de aborto fue objeto de una importante reforma sin contar para nada con la oposición consiguiendo que España sea el único país del mundo en que las menores puedan abortar sin conocimiento ni autorización de sus padres.

Hoy, el panorama es muy distinto. El Sr. Rubalcaba y los suyos, además de seguir horadando su suelo electoral, por cierto con excelentes resultados, no dejan de ofrecer supuestos pactos y no paran de apelar al diálogo al Gobierno. Un diálogo que ellos nunca ofrecieron y un consenso que siempre negaron. Hoy cualquier reforma del nuevo gobierno es sistemáticamente descalificada, es tachada de contrarreforma al mismo tiempo que se ofrecen pactos. La experiencia demuestra cómo construye y cómo gestiona los pactos el PSOE y no hay más que recordar lo sucedido en torno al pacto antiterrorista.

La última generosa oferta del Sr. Rubalcaba versa sobre la política económica. Es verdad que el PSOE pide ahora muchas cosas que no quiso, pudo o supo hacer como se ha visto en el tema de la dación en pago pero, ahora, la nueva propuesta socialista introduce elementos tan novedosos como curiosos, algunos incluso fuera de la esfera del sentido común. El Sr. Rubalcaba acaba de presentar una serie de medidas para pactar con el Gobierno. Como era de esperar, los socialistas se decantan por seguir tirando del dinero público sin concretar de dónde piensan que se podrían obtener los recursos necesarios para ello sin subir los impuestos o sin incrementar el endeudamiento público, cuyos intereses nos están ahogando. El PSOE propone  créditos de hasta 30.000 euros por cada contrato indefinido de un desempleado, por ejemplo, o que las empresas de menos de 50 trabajadores que amplíen su plantilla con desempleados y la mantengan durante el tiempo de aplicación de los estímulos laborales, tengan una bonificación extraordinaria del 100 % de las cotizaciones sociales el primer año, el 75 % el segundo y el 50 % el tercero, aumentando así el desequilibrio de sus cuentas o la creación de un Fondo de Emergencia contra la Pobreza, con una dotación de hasta mil millones de euros para 2013, sin especificar de dónde se saca ese dinero.

La propuesta de pacto al Gobierno abarca la política de vivienda, control de precios, modelo fiscal, modelo de crecimiento y política industrial, reformas en el sector de la energía y de las profesiones reguladas, reforma de las administraciones públicas y una ley de transparencia pactada, como si no pudieran llegar a acuerdos en el trámite parlamentario de la que se está tramitando. Y tiene su miga que en cuanto a las pensiones, el PSOE advierta que no apoyará nuevas reformas sin el consenso de los integrantes del acuerdo tripartito que modificó el sistema en 2013, y aboga por mantener el pacto de Toledo, suscrito hace 20 años y que, afirma el documento, "es un activo intangible que debe ser preservado". Un activo intangible siempre y cuando que el que lo toque no sean ellos, se entiende.

Parece que ya ha quedado claro que esa ocurrencia de tocar el dinero del rescate bancario para otros fines diferentes a los que tenía asignado no tiene encaje legal en la Unión Europea y que la peregrina propuesta de dar dinero a las empresas a cambio de que no se produzcan despidos, se ha encargado el mismo Felipe González de tirarla por tierra.

Es evidente que los dirigentes socialistas siguen a lo suyo, en no reconocer los errores y las responsabilidades que nos han traído hasta aquí, en insistir en modelos y políticas económicas suicidas, en seguir profundizando en estrategias suicidas y en intentar hacer creer que tienen una alternativa cuando lo que en realidad proponen es una fotocopia de su pasado más reciente. Rubalcaba y los suyos van a conseguir hacer realidad de frase del recientemente fallecido Giulio Andreotti de que el “poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene”.

Santiago de Munck Loyola

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El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.

El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.

Dice crear una corriente de opinión contraria al interés del Partido.

(Página 1, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).

El PP expedienta al militante alicantino que pidió apartar a los cargos imputados.

Le acusa de “creación de corrientes de opinión contraria a los intereses del partido”.

H. Fernández/Alicante.

El PP de la Comunidad Valenciana notificó el pasado viernes, con fecha 29 de abril, al líder de Esperanza Popular, el afiliado alicantino Santiago de Munck, la apertura de un expediente informativo por parte del Comité de Derechos y Garantías (órgano disciplinario regional) por “participar de forma activa en actos dirigidos a crear o inducir la creación de corrientes de opinión contrarias a los intereses del partido”. Se da la circunstancia de que de Munck es el único afiliado del PP de Alicante que se ha atrevido a pedir públicamente que los cargos públicos del partido cumplan con los principios de “austeridad, honestidad y eficacia en la gestión pública” y que se aparten “de su seno a cuantos vulneren dichos principios”. De Munck fue así de claro ante la triple imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su vicealcalde Andrés Llorens, entre otros cargos públicos de la ciudad y diputados de las Cortes Valencianas salpicados por supuesta corrupción.

El escrito, firmado por el instructor del caso y diputado Felipe del Baño, le da la oportunidad a De Munck de responder en un plazo de 15 días y ayer mismo el afiliado contestó que le es “imposible efectuar alegación alguna en mi defensa si no se me da traslado del expediente íntegro que sirve de base para la incoación del expediente informativo”. También se queja de que “estamos ante un claro supuesto de indefensión que sumado al previo anuncio” en un medio de comunicación provincial el 22 de febrero “retrataría perfectamente el modo de proceder del Comité de Derechos y garantías”.

De Munck además muestra su extrañeza con que se abra expediente “sin haber resuelto previamente el recurso que presenté por la vulneración por parte de la dirección local y de la provincial de Alicante de mis derechos políticos recogidos en los estatutos del partido, sin que se haya pronunciado tampoco sobre la apertura o no de expedientes informativos a los cargos del partido que han venido incumpliendo los estatutos del partido y de cuyas actuaciones he informado y sin que tampoco haya resuelto el Comité Nacional de Derechos y Garantías otro recurso que he presentado”.

De Munck, que es interventor (1) municipal de Monforte del Cid, se opuso desde el primer momento a la división de la Junta Local del PP de Alicante en distritos, una decisión tomada por el presidente provincial del PP de Alicante, José Ciscar, a su llegada al cargo. Para De Munck y los suyos esta decisión debía haberse votado en el seno del partido.

Fue entonces cuando, junto a otros compañeros del Partido agrupados bajo Esperanza Popular, redactó un manifiesto “por la regeneración interna del PP” que recogió cerca de 400 firmas y que elevó a Madrid, a la secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal. Posteriormente De Munck y sus afines comenzaron a trabajar en la campaña interna del PP local de Alicante abriendo un foro público de discusión que en principio iba a ser oficina electoral. No obstante la provincial ha paralizado el proceso de los distritos. En este tiempo, la cúpula del PP alicantino envió información al comité disciplinario para que actuase contra el afiliado por todo lo anterior.

(1)   Se trata de un error. Es funcionario, pero no Interventor.

ORGANIZACIÓN.

Y los distritos, paralizados.

Mientras se incoa el expediente contra el afiliado Santiago de Munck, la dirección provincial ha ralentizado la implantación de los distritos de la junta Local del PP de Alicante a la espera del futuro judicial de la alcaldesa (una probable apertura de juicio oral por tres graves delitos en la trama “Brugal”) y en previsión de que ella utilizase este proceso para reivindicarse ante la militancia y si gana, ante los órganos superiores del partido cuando llegue la confección de listas electorales. El proceso se encuentra estancado en la redacción de un reglamento de funcionamiento.

(Página 5, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).

El Ayuntamiento pasota.

Hace poco más de un año, los vecinos residentes en la Comunidad de Propietarios Helios, más de 80 familias, presentamos un escrito dirigido a la Sra. Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, comunicándole algunas deficiencias en nuestro entorno para que o bien les diese solución o diese traslado a la autoridad que fuese competente para ello. En concreto, poníamos en su conocimiento que en las pequeñas playas situadas junto al edificio habían desaparecido los letreros que prohibían el acceso a las mismas a los perros y que era frecuente ver perros por la playa cuyos dueños los soltaban sin ninguna consideración. También, poníamos en su conocimiento la costumbre de algunos vecinos de la ciudad de vaciar urnas con las cenizas de fallecidos o incluso la de tirarlas tal cual en los espigones situados a pocos metros de estas pequeñas playas, sugiriendo que se señalizase la zona prohibiendo esas prácticas a escasos metros de donde mucha gente se baña.

No es que se tratase de graves problemas, pero sí de costumbres que incomodan a muchos de los usuarios de estas zonas de baño. Pues bien, ha pasado más de un año y nadie en el Ayuntamiento, ni la Alcaldesa, ni sus concejales ni ninguno de sus numerosos asesores ha tenido ni la cortesía, ni la buena educación de contestar, ni de acusar recibo de esta solicitud. Es verdad que 80 familias no son muchas y que no somos tan importantes como los generosos amigos de la Sra. Alcaldesa, pero ¡hombre! somos contribuyentes, somos ciudadanos que merecemos un mínimo de respeto.

Es posible que la Sra. Alcaldesa esté demasiado ocupada con sus líos judiciales o tratando de explicar o maquillar las criticadas cuentas del Ayuntamiento o con la supervisión de los pliegos de las millonarias contratas que se suele llevar su amigo, el dadivoso, pero no está sola. Cuenta con muchos concejales que podrían atender y dar respuesta a los problemas de los vecinos y no sólo de los contratistas municipales. Y cuenta también con un elevado número de asesores (asesor y medio por concejal), como en la Diputación de Alicante, que pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos y que podrían ocuparse de estos “bajos” menesteres o que podrían, puestos a ello, hacer su trabajo y asesorarla indicándole que es de buena educación responder a los escritos de los vecinos. Bastaría con una corta misiva diciendo que han recibido el escrito y que van a solucionar el problema o que no lo van a solucionar porque no es de su competencia pero que dan traslado del mismo a quien competa. No cuesta tanto trabajo aparentar que se preocupan de las necesidades de los vecinos aunque no estemos cerca de unas elecciones municipales.

La verdad es que no es tan difícil ¿no? Quizás deberíamos ir pensando en cambiar el nombre de la Comunidad de Vecinos. Quizás si nos llamásemos Comunidad de Vecinos Ortiz alguien se tomaría la molestia en responder algo. ¡Quién sabe!

Santiago de Munck Loyola

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Los partidos políticos y nuestro dinero.

El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que "Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial". El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola

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Frente a la comprensión y paciencia, más esperanza.

La cifra de 6.202.000 parados, las nuevas medidas y las negras previsiones anunciadas por el Gobierno el pasado viernes y las distintas y contradictorias declaraciones de varios dirigentes gubernamentales conforman un paquete difícil de digerir para cualquiera. Hace poco menos de una semana los Ministros de Guindos y Montoro, incluso el propio Presidente, declaraban que no iban a hacer falta nuevos recortes, que las autoridades europeas no exigían más ante los recortes ya llevados a cabo y que no habría, en palabras del propio Rajoy, más “hachazos”. Días después, el propio Presidente Rajoy nos anunciaba recortes adicionales en 2013 por importe de 3.000 millones de euros ¿navajazo en vez de hachazo? El viernes pasado, la Vice Presidenta, Sáenz de Santamaría, pedía comprensión a los ciudadanos y el domingo era Rajoy era el que pedía paciencia a la vez que repetía que el gobierno “sabía a dónde iba”.

El problema no radica en “saber a dónde se va”, sino que lo que es discutible es el camino elegido para llegar al destino. Es muy probable que sin todas las reformas emprendidas por el Gobierno de Rajoy y todos los sacrificios impuestos a los ciudadanos hoy estaríamos mucho peor. Es muy probable que de haber seguido con las políticas socialistas hoy España estaría intervenida con muchos más recortes que los hasta ahora impuestos y con una tasa de paro todavía peor. Pero el problema es que para lograr esto, el Gobierno ha optado por unas medidas contrarias a su programa electoral y a los propios principios definidores de la acción política de un Gobierno del Partido Popular. Es decir, que el Gobierno del PP ha elegido un camino diferente al que prometió y que a la luz de los resultados y, sobre todo de las negras previsiones, es mucho más largo y tortuoso de lo esperado.

Sáez de Santamaría nos pide comprensión y Rajoy paciencia. Sinceramente es muy difícil comprender por qué se han abandonado las políticas y los principios del programa del Partido Popular para aplicar unas medidas que sólo en parte obtienes resultados precarios, sobre todo en la contención del déficit, y es más difícil aún ser comprensivos cuando nadie se toma la molestia en explicar a los ciudadanos el por qué de dichos cambios. La paciencia pedida por el Presidente no es otra que la resignación ante el sufrimiento que la situación actual impone. Según se recoge hoy en vozpopuli.com el propio Gobierno admite que el impacto de las medidas que ha venido adoptando ha sido perjudicial para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Los recortes y las subidas de impuestos del Gobierno son las responsables del desplome de la economía. En el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas para el año 2013 se admite que el crecimiento económico se ha frenado un 2,58% en un año como consecuencia de unas políticas que también han dado como resultado un aumento del 1,9% del paro. El Ejecutivo sostiene que esas cifras se tornarán positivas a en una década cuando, según sostiene, el empleo crecerá un 9,12% gracias a las que bautiza como "medidas de consolidación fiscal". Es decir, que sanear las cuentas públicas y el sector financiero, bases imprescindibles para crecer, han supuesto en un primer momento un frenazo al crecimiento y, consecuentemente, un mayor desempleo.

Los que hoy hablan sin pudor alguno de “austericidio”, aplaudieron ayer el “despilfarricidio” cuyas consecuencias estamos pagando ¡y a qué precio! Hay que saber que no podemos volver a esas políticas socialistas fracasadas. Todavía tenemos que gastar menos e ingresar más para equilibrar las cuentas públicas. Se ha hecho evidente que aumentar los ingresos subiendo los impuestos ha sido contraproducente porque ha implicado reducir la actividad económica y generar más paro. A lo mejor es hora de volver al programa popular y bajar la presión fiscal para dinamizar la actividad, generar consumo, empleo e incrementar así la recaudación. Y gastar menos se puede seguir haciendo pero no a través del recorte de las prestaciones sociales sino acometiendo de verdad la reforma y recorte de un estado insostenible y plagado de duplicidades. Es decir, acometiendo de una vez una profunda reforma política.

Estos días dos voces se han alzado frente a la comprensión y a la paciencia y merece la pena analizar lo que dicen. Desde posiciones ideológicas distintas tanto Mikel Buesa como Esperanza Aguirre vienen a coincidir en que la situación económica exige la adopción de medidas con más contenido político que económico, pero cuyas consecuencias serán de calado económico. Parece que el fuerte impulso reformista que caracterizó los primeros meses del Gobierno de Rajoy ha perdido fuelle. 40 de las 70 reformas anunciadas en el último año no se han llevado a cabo y un análisis de las mismas permite subrayar que son precisamente las reformas de más contenido político las que se han quedado aparcadas.

El Gobierno debería volver la vista y centrar su actividad en la puesta en marcha de todas las reformas de contenido político que permitirán reducir el gasto público y aumentar la eficiencia de nuestras administraciones públicas. Y hacerlo venciendo las notables resistencias que esas reformas levantan entre la clase política y especialmente entre los propios barones del Partido Popular. Lo que no resulta admisible ni comprensible es que el peso de las reformas siga recayendo sobre el sufrido ciudadano mientras no se acometen reformas estructurales profundas. Sabemos el destino al que nos llevan pero no puede haber paciencia cuando se elige un camino que no era el previsto, que resulta ser el más largo y cuando las mochilas más pesadas las tienen que llevar los de siempre, los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

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La vagina de la concejala socialista Elena Martin.

De piedra, me he quedado de piedra, al leer en un periódico unas palabras de Elena Martín, ex secretaria de organización del PSPV y actual concejala del Ayuntamiento de Alicante. Ignoraba que la ilustre política socialista tuviera problemas con su vagina. "Bueno y para despedir la semana, les digo a los curas: ¡¡¡¡sacad las biblias de nuestras vaginas!!!! Bona nit" así se despedía hace unas horas en Twitter.

Es posible que esta frase antológica responda a problemas personales del uso vaginal de la Sra. Concejala y que use el “nosotros” por cierto pudor. Con el uso del plural podrían diluirse las referencias personales de su situación vaginal. De todos es sabido que la vagina forma parte de los órganos genitales internos de la mujer, del aparato reproductor femenino. La vagina, junto con la vulva, son los órganos de la copulación en los mamíferos. Y para cumplir esta función reproductiva, es el órgano femenino que recibe el pene durante el coito, la parte inferior del canal del parto y la vía de salida de la menstruación. La sabia naturaleza ha dispuesto que en la vagina se introduzca sólo el pene para cumplir con la función reproductiva. Pero los humanos y por otras razones, además del pene, introducimos otras cosas: los tampones, por motivos higiénicos, vibradores, como estimulantes sexuales, instrumentos médicos, etc. Ahora bien, ¿una Biblia? ¿Quién coño (y perdone el lector la redundante expresión) le habrá metido una Biblia en la vagina a Dª Elena Martín o a sus conocidas? Si ella lo dice es que se ha debido encontrar con algo parecido a un volumen bíblico en su vagina. Desde luego, la Biblia, el libro más leído del mundo, no es un libro cualquiera. Libro sagrado para cristianos y judíos es una larga narración que ocupa centenares de páginas y que, por tanto, puede tener un volumen más que considerable. Es verdad que algunas ediciones impresas en papel muy fino y letra pequeña reducen notablemente dicho volumen, pero con todo parece excesivo que una edición de bolsillo de la Biblia pueda caber en la ilustre vagina municipal. Es posible que la coincidencia del material en el que se imprime un libro, el papel, con el de la fabricación de los tampones, la celulosa, haya inducido a la confusión a la edil socialista, tomando por una Biblia lo que en realidad podría ser un tampón. ¡Hombre! Por higiene convendría ser más cuidadoso a la hora de examinarse las oquedades corporales y, sobre todo, de aprender a distinguir un libro, sagrado o no, de otros objetos.

Pero, claro, es que además la linda y elegante frase de la Sra. Martín está dirigida a los curas, presuntos culpables de esa supuesta práctica. Hay curas de todas las clases y condición, buenos, malos, santos, regulares, etc. Pero nunca había oído hablar de curas que confundieran las vaginas con las bibliotecas que es el lugar idóneo para depositar libros. Conviene resaltar que Dª Elena se ha dirigido expresamente a los curas, al clero católico, y no a otros “curas” o miembros del clero musulmán, por ejemplo, quienes también manejan un libro sagrado, el Corán. Se ve que estas prácticas de introducir textos en las vaginas de las mujeres deben estar circunscritas al clero católico o puede ocurrir que los hábitos de otros cleros en relación a las mujeres no sean de interés para la concejala socialista alicantina.

Sin embargo, la explicación más probable que justifique la creación literaria de Dª Elena lanzada a las redes sociales estribe en la personalidad y forma de hacer política de la concejala socialista. Su frase está destinada a fijar públicamente su posición política y personal sobre la legítima reforma de la ley del aborto impulsada por el actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Elena Martín, con su mensaje, ha dejado claro lo siguiente: que cree, o eso finge, que la reforma la impulsan los curas y no los casi 11 millones de españoles que la impulsaron con su voto en noviembre de 2011. Podría haberlo dicho así, tranquilamente y sin ofender a nadie. 

Pero, no, para repetir los tópicos que su partido transmite a la sociedad, esta señora lo ha hecho seguramente de la única forma que sabe, de forma grosera, soez y ofensiva para los creyentes. Es lo que hay: ésta es la representante de una parte de la clase política que nos representa a todos, creyentes y no creyentes. Incapaz de elevar intelectualmente el argumentarlo de parvulario de su partido sobre el aborto no se la ha ocurrido otra cosa que, creyéndose ingeniosa, ofender con ordinariez a muchos ciudadanos. Ahora se comprende mejor por qué el PSOE alicantino está como está: rebosa de sectarismo, de anticlericalismo y de parquedad intelectual. ¡Que sigan así!

Santiago de Munck Loyola

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Los demoledores datos de la EPA.

Los datos de la EPA sobre el paro que hoy se han hecho públicos no pueden ser más desalentadores: más del 27 % de desempleo, casi 2.000.000 de hogares españoles con todos sus miembros en paro, más del 57 % de los jóvenes en paro… Comunidades autónomas como Andalucía con un paro del 38 %. En fin, cifras y datos tras los que se desarrollan auténticos dramas personales, proyectos vitales truncados y sombrías perspectivas de futuro. Se mire por donde se mire, estamos viviendo una situación dramática, una auténtica emergencia nacional que no puede prolongarse por mucho más tiempo. No sirve de consuelo el argumento que algunos esgrimen apelando a una desaceleración en el ritmo de destrucción de empleo porque, lo cierto, es que cada vez queda menos empleo que destruir. Y es posible que de no haberse adoptado muchas de las medidas que se ha visto obligado a tomar el Gobierno de Rajoy se habrían perdido más puestos de trabajo aún, pero eso es entrar en el terreno de las hipótesis y, en cualquier caso, no sirve de nada a los más de 6.200.000 ciudadanos que se han quedado sin trabajo, ni a los que están en riesgo de perderlo antes o después.

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno del Partido Popular, a pesar de ser contraria a su propio programa, fue subir determinados impuestos para recaudar más y recortar sueldos a los funcionarios públicos para gastar menos. Ambas medidas, como desde estas líneas se anunció, suponían detraer dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Y a menos dinero en los bolsillos, menos consumo y a menos consumo menor producción y más paro. Era evidente e inexorable. Se sacrificó una parte de la liquidez en el mercado para obtener más ingresos públicos con los que hacer frente a los intereses de la enorme deuda pública generada en los últimos años. Pan para hoy y hambre para mañana. Dígase lo que se diga, no se crea empleo subiendo impuestos.

Pero es que además, a lo largo de los últimos meses, los ciudadanos no sólo hemos visto reducida nuestra capacidad adquisitiva con las subida de impuestos y con los recortes salariales, sino que, además, hemos sufrido y estamos sufriendo muchos recortes que afectan a casi todas las esferas de nuestra vida diaria. Es evidente que si no había, ni hay dinero para sostener el conjunto de prestaciones públicas había que recortarlas hasta donde fuese posible. Sin embargo, estos recortes que han afectado a la educación, a la salud o al bienestar social no han venido acompañados de unos recortes paralelos en el estatus de la clase política ni en las estructuras políticas de nuestro estado. Padecemos un modelo de estado cuya estructura no es sostenible económicamente, no hay dinero público suficiente para sostener este tinglado administrativo y político que hemos construido durante los últimos treinta años. Y sin embargo, no se abordado la imprescindible reforma de nuestras administraciones públicas que no podemos costear. Hemos sido muy rápidos para reordenar las prestaciones públicas que beneficiaban a los ciudadanos y desesperadamente lentos para hincar el diente a un estado insostenible. Y, en paralelo, los gritos de quienes se han venido oponiendo a cualquier recorte social han equilibrado sus tremendos silencios para pedir recortes en nuestra estructura política y administrativa.

Todos sabemos ahora que gastar mucho más de lo que ingresamos se paga con creces y que ahora debemos dedicar mucho dinero a pagar intereses de lo que debemos, dinero que nos sacan del bolsillo, vía impuestos o recortes, y que por tanto no lo podemos dedicar a invertir y a generar empleo. Somos ahora más conscientes que nunca que con la máquina de hacer dinero fuera de nuestro control no podemos por nuestra cuenta incrementar la masa de dinero circulante. Estamos percibiendo que la necesaria austeridad también tiene límites que una vez rebasados la convierten en un profundo obstáculo para la recuperación. Hemos constatado cómo los mercados se fían o no de nuestra capacidad y nos prestan dinero caro o barato en función de la confianza que sepamos inspirar. Y sabemos que sin más dinero circulando en los mercados, no puede haber más actividad económica y que sin ésta no se pueden generar más empleos.

No hay soluciones mágicas, ni recetas infalibles para solucionar este desolador panorama y quien afirme estar en posesión de las mismas seguramente está equivocado. Pretender insistir en aplicar las políticas económicas del anterior gobierno sería rematar definitivamente al enfermo. Querer insistir sin rectificaciones en el modelo actual es desesperantemente lento y agónico para todos y especialmente los desempleados. Hay reformas estructurales que se deberían haber abordado ya para flexibilizar más los mercados, para eliminar trabas administrativas, suprimir controles superfluos, para acabar con monopolios encubiertos de suministros, para unificar nuestro mercado interior acabando con las barreras impuestas por las autonomías, etc. Y, además, se tendría que haber empezado por rediseñar una estructura política y administrativa y por impulsar la regeneración de la clase dirigente española (la política, sindical y empresarial) que son los auténticos culpables de haber infravalorado lo que se venía encima y de no haber sabido ofrecer las soluciones para paliar los efectos de esta crisis. Se mire como se mire, lo cierto es que padecemos un Estado que absorbe la mayor parte de los recursos y energías de la sociedad y con esa losa encima es muy difícil avanzar.

Santiago de Munck Loyola

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“Sean Pastores, no funcionarios”.

Hace unos días el Papa Francisco ordenó a diez sacerdotes de la Diócesis de Roma. En dicha ceremonia el Papa les pidió que ejerciesen el sacerdocio con “claridad y caridad sincera”, con el único deseo de “gustar a Dios y no a uno mismo”. Dirigiéndose a los nuevos sacerdotes les pidió "sean pastores, no funcionarios. Sean mediadores, no intermediarios" y que "no se cansen de ser misericordiosos". Estas palabras del Papa Francisco me han venido a la memoria a propósito de la polémica suscitada en Monforte del Cid por la negativa del Párroco a que una niña discapacitada mental pueda entrar en la Catequesis para hacer la Primera Comunión.

Vaya la que ha organizado el bueno del Párroco, D. Damián Luis Abad, con su negativa. Ha conseguido movilizar y a interesarse por los asuntos de la Iglesia a muchos que hace años no la pisan, pero que se sienten obligados a opinar sobre este asunto interno, sobre todo, si con ello pueden meter un poco el dedo en el ojo eclesiástico. Pero, a lo que vamos, todo parece indicar que lo que ha hecho el Párroco no ha sido negar la Primera Comunión a la menor, sino que ante la discapacidad de la misma que no le permitiría, como es lógico, participar en la Catequesis previa, es ofrecer a la madre  un plan de formación específico y diferenciado que permitiese conocer su evolución. De ahí muchos han deducido que el Párroco, aplicando de forma literal los preceptos de la Iglesia, entiende que, dado que la menor es incapaz de comprender "con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento", el sentido que tiene el sacramento de la eucaristía no puede comulgar. La postura del sacerdote ha sido respaldada por el Obispado ya que se ajusta a las normas canónicas, no se trata de una arbitrariedad, como algunos sugieren, del párroco de Monforte del Cid.

Es verdad que, al parecer, la niña no puede participar con aprovechamiento los cursos de catequesis para hacer la Primera Comunión. Pero puestos a ser exigentes ¿Cuántos de los niños y adultos que habitualmente comulgan comprenden "con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento" lo que es la transubstanciación? Y al hablar de transubstanciación no se está hablando de algo extraño o de un elemento accidental de la Eucaristía, sino de su esencia, de la Doctrina de la Iglesia de la Eucaristía definida hace tiempo, en el Concilio de Trento. Pues bien, repitiendo la pregunta ¿Cuántos de los que comulgan han oído hablar de ello o cuántos la entienden con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento? Muy pocos, poquísimos. Y ¿se pone algún reparo a que reciban la comunión? Evidentemente no. Y si hablamos de otros sacramentos lo cierto es que la Iglesia ha venido admitiendo su administración a personas que no son creyentes o no son practicantes plegándose a los convencionalismos sociales y sin ponerse tan exigente como en el caso del matrimonio.

Los funcionarios debemos regir nuestra actuación profesional mediante la aplicación de la Ley, nos guste o no. “Dura lex, sed Lex” es el principio rector y en el que no cabe margen para la discrecionalidad o para la aplicación de otras consideraciones que no sean las que la misma ley permite. D. Damián, el Párroco de Monforte, ha actuado como un probo “funcionario” de la Iglesia y parece que en su decisión no han entrado otras consideraciones que las impuestas por las normas canónicas. Sin embargo y como bien acaba de decir el Papa debería haber sido más pastor que funcionario y la misericordia y la caridad deberían haber primado sobre la norma. Quizás así habría podido tener en cuenta que intentar establecer un “plan diferenciado e individualizado” de formación cristiana para la niña previo a la comunión choca frontalmente con la pretensión universal de todas las familias que buscan y aspiran a la máxima integración posible y sin diferencias de sus seres queridos afectados por una discapacidad. Se trataría, en este caso, de que la niña participe en igualdad de condiciones con los demás niños en su caminar hacia la Primera Comunión y a ello añadir los refuerzos formativos que el párroco estime necesarios para lograr lo mejor para ella y para su familia. Integrar no es separar, sino sumar y reforzar.

No cabe la más mínima duda de que la actuación del Párroco ha estado presidida por la mejor voluntad, como tampoco cabe la más mínima duda que la misma ha sido aprovechada por algunos para hacer un ruido mediático innecesario y contraproducente simplificando unos hechos hasta tal punto que la realidad ha quedado desvirtuada.

Como creyente, uno tiene el convencimiento de que con catequesis o sin ella, con comprensión o sin ella sobre el alcance y significado de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo no encontrará mejor alojamiento que el corazón limpio y puro de esta pequeña, un regalo de Dios que afortunadamente permanece ajeno a esta artificial e interesada  polémica.

Santiago de Munck Loyola

COMUNICADO DEL FORO ESPERANZA POPULAR.

Plaza de Gabriel Miró 14. Alicante.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de citar como imputado por tres nuevos delitos, falsedad documental, fraude fiscal y cohecho, al ex Alcalde de Alicante y Diputado Regional de la Provincia de Alicante por el Partido Popular, Luis Díaz Alperi. Esta nueva imputación viene a sumarse a la existente en el caso Brugal por tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho.

Ante este hecho, el Foro Esperanza Popular desea manifestar lo siguiente:

1º La acumulación de políticos imputados en distintas causas relacionadas con la corrupción está provocando un creciente rechazo de los ciudadanos hacia la clase política, los partidos y las instituciones, tal y como reflejan los más recientes sondeos.

2º Este rechazo se ve reforzado por la aparente pasividad de la cúpula de los partidos ante dichos casos que no adoptan medidas efectivas que refuercen la imprescindible ejemplaridad de los cargos públicos y que restauren la confianza ciudadana.

3º Hoy ya no son suficientes las habituales y huecas manifestaciones retóricas. Señalar que los escaños son de los imputados y que no se les puede obligar a dimitir constituye una obviedad innecesaria y una cortina de humo para esconder la posibilidad de aplicar medidas ejemplarizantes.

4º Ante estas situaciones y dejando a salvo la presunción de inocencia, los partidos políticos sí pueden, al menos, apartar de sus grupos institucionales (parlamentarios o municipales) a los cargos públicos imputados que voluntariamente no quieran abandonar sus funciones hasta que exista una resolución judicial.

Por todo lo anterior, solicitamos a la Dirección Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que adopte las medidas necesarias para excluir del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas a D. Luis Díaz Alperi y a los demás diputados que se encuentren en similares circunstancias, tal y como se ha hecho en otras cámaras regionales.

En Alicante, a 17 de abril de 2013.

El PSOE a la sombra de la radicalidad.

Hay hábitos políticos, determinados tics que se mantienen invariables en el tiempo entre los dirigentes socialistas aunque cambien las caras. Ya se trate del Sr. Blanco en su época de Zapatero o ahora de la Señora Valenciano los mensajes políticos socialistas guardan siempre el mismo formato: acomodar la realidad a su conveniencia, inventándosela si es preciso, atribuir a su adversario intenciones ocultas y, por supuesto, restar legitimidad a cualquier decisión que tome por mucho que cuente con un amplio respaldo electoral.

Los socialistas españoles nunca han digerido con elegancia perder el poder y en esta última ocasión no ha sido una excepción. A pesar de haber recibido los peores resultados electorales en los últimos 30 años, los socialistas, en lugar de iniciar un proceso de reflexión y de renovación como sería de esperar de un partido auténticamente responsable, decidieron emprender su tarea opositora al nuevo gobierno con todas y cada una de las cargas electorales que les habían conducido al estrepitoso fracaso del 20 de noviembre de 2011. Ni siquiera han sabido guardar las apariencias como hizo, por ejemplo, Felipe González tras los resultados electorales del año 2003 cuando, conocidos los mismos, se apresuró a declarar que “había entendido el mensaje del electorado”. Y eso que, a pesar de todo, había ganado. Lamentablemente, la actual dirección socialista parece no haber entendido mensaje alguno. Ni ha hecho autocrítica, ni se ha disculpado con los ciudadanos por haber dejado el país hecho unos zorros, ni ha abandonado las políticas cuyas consecuencias padecemos en todos los ámbitos.

Cuando alcanzan el poder se apresuran a deshacer lo que el gobierno anterior haya emprendido, sea lo que sea. Como elefante en cacharrería se apresuran a remover de arriba abajo cualquier puesto de responsabilidad en las administraciones “colocando” a los suyos y a derogar cualquier Ley en vigor que no sea de su agrado. Se sienten absolutamente legitimados para hacerlo. Sin embargo, cuando son relevados al frente del Gobierno, sus sucesores deben andarse con toda clase de miramientos. La nueva oposición, la socialista, enseguida pone el grito en el cielo y se rasga las vestiduras ante cualquier iniciativa que suponga una rectificación de la herencia recibida. Los socialistas aplican la Ley del embudo con rigor: ellos sí pueden derogar leyes cuando alcanzan el poder, los demás no. Al Partido Popular, si intenta hacerlo, se le suele acusar de casi todo y se le exige consenso y diálogo con la oposición para cualquier reforma. El mismo consenso y diálogo que antes nunca se ofertó. Lo vemos cuando se trata de impulsar reformas en la legislación educativa, en la laboral, en el régimen de pensiones o en cualquier otro asunto.

Especialmente significativa viene siendo la actitud del PSOE ante el anuncio del Ministro Gallardón de cumplir con uno de los compromisos electorales del Partido Popular: la reforma de la legislación sobre el aborto. El PSOE con la ayuda de sus aliados parlamentarios aprobó una reforma hoy vigente y lo hizo sin diálogo ni consenso con el partido mayoritario de la oposición. Y ahora resulta que parece una aberración que el Partido Popular pueda sacar adelante una nueva regulación. Entre los exabruptos socialistas destaca especialmente el de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien ha llegado a anunciar que los socialistas pedirán romper los acuerdos con la Santa Sede si Mariano Rajoy accede a las demandas del cardenal Rouco Varela. "Si el PP, como dijo Gallardón, va a ir de la mano de los obispos para cambiar Ley del aborto, el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede", ha asegurado Valenciano. "El PSOE no consentirá que, a estas alturas, los obispos sigan imponiendo su moral y mucho menos que limiten de nuevo libertad de las mujeres", ha añadido. ¡Cuanta mentira y cuanta sandez en tan pocas palabras! No, Sra. Valenciano, el PP no va a ir de la mano de ningún Obispo para reformar la Ley del aborto, sino de la mano de más de 10 millones de españoles que con su voto respaldaron expresamente esta propuesta. ¿O es que, a sensu contrario, se podría afirmar que el PSOE fue de la mano de los dueños de las lucrativas clínicas abortistas para legislar como lo hizo?

Si el PSOE quiere que se rompan los acuerdos con la Santa Sede, algo que no hizo cuando gobernaba, no hace falta buscar falsas excusas. Esta pretensión, perfectamente legítima, encajaría perfectamente, además, en el contexto de deriva radical del PSOE que cada día le aleja un poco más del centro sociológico y, por descontado, de mejorar sus expectativas electorales. Una deriva que se plasma de forma precisa en su apoyo y simpatía a los acosos a los parlamentarios, en sus alientos republicanos, en su comprensión y debilidad ante los separatismos, en sus propuestas fiscales seudo expropiatorias o en sus programas económicos estatalistas.

Sin una profunda renovación ideológica y sin un sólido liderazgo es muy probable que el PSOE deje de ser una alternativa real de gobierno. Se están quedando con todas las papeletas para ello.

Santiago de Munck Loyola