¿Desafección hacia la clase política? No, puro rechazo.

Parece ser que últimamente los dirigentes del Partido Popular y del PSOE han empezado a detectar lo que algunos llaman la “desafección” de una gran parte de los ciudadanos hacia la clase política y que, en consecuencia, van a estudiar el asunto para intentar corregirlo. O sea, que han tardado pero empiezan a notar algo que para cualquiera era evidente: que muchos ciudadanos están profundamente “cabreados” con la clase política. Y fieles a su proverbial sentido de Estado los dirigentes de los partidos mayoritarios han empezado por done siempre, por culparse mutuamente del progresivo rechazo que la clase política genera en la gente. Sólo falta que para completar sus costumbres el anunciado estudio conjunto de medidas para abordar el problema se haga mediante la constitución de una comisión parlamentaria a 600 € de dietas por asistente. Ya lo decía Napoleón, “si se quiere que un asunto no prospere, forme una comisión de estudio”. Y tan felices.

Una vez más, parece que la clase política no se da cuenta del verdadero alcance del problema que puede suponer el creciente rechazo que provoca en los ciudadanos y que es incapaz de aprender de la experiencia italiana en los años 90 que supuso el derrumbamiento electoral de los partidos tradicionales o de otras experiencias en las que los populismos han barrido partidos e instituciones.

Nuestra sociedad se ha empobrecido enormemente y los continuos recortes provocan un profundo malestar y un rechazo cada vez más generalizado. Los españoles pagamos hoy las consecuencias de la mala gestión de la clase política mientras que ésta sigue inalterable instalada en sus privilegios. Es la clase política la que ha dispuesto la construcción de aeropuertos vacíos, de autopistas que nadie usa o de edificios e instalaciones insostenibles y lo ha hecho sin tener el dinero necesario para ello, pidiéndolo prestado. Ahora, no sólo hay que devolver ese dinero sino que, además, hay que pagar unos intereses anuales que se comen el presupuesto público. La mala gestión de la clase política la sufrimos todos los ciudadanos y, sobre todo, los que cuentan con menos recursos.

Es normal que la mala gestión de los políticos provoque un mayor distanciamiento de los ciudadanos hacia ellos, pero no es sólo eso. Es que, además, nuestra clase política no ha hecho la más mínima autocrítica. Aquí nadie ha tenido la honestidad intelectual de reconocer los errores y de pedir, en consecuencia, perdón a los ciudadanos. O culpan al adversario de los problemas o, en algunos casos, se envuelven en la bandera regional para ocultar su profundo fracaso y engatusar a su opinión pública con quimeras antihistóricas. Y no contentos con ello, nuestra clase política, salvo honrosas excepciones, sigue instalada en un mundo de auténticos privilegios que suponen un agravio y un insulto permanente hacia sus víctimas, los sufridos ciudadanos. Es francamente improbable que sin un verdadero ejercicio de autocrítica nuestra clase política sea capaz de corregir su rumbo.

Son muchas las cosas que deben cambiar para intentar recuperar la confianza y la credibilidad del conjunto de los ciudadanos. Y lo primero que tendrían que asumir es que sin ejemplaridad sobra todo lo demás. Ante millones de ciudadanos asfixiados por subidas de impuestos, por el desempleo o por recortes en servicios esenciales es imprescindible que la clase política ofrezca un ejemplo de sacrificio y de austeridad y debe hacerlo, además, porque ella es la causante de nuestros males.

¿Sobran políticos? Es probable, pero no es ése el único problema. ¿Podemos gastarnos 350 millones de euros al año en sostener los Parlamentos Autonómicos? Puede que no. Son preguntas cuyas respuestas requieren un estudio mucho más profundo y cuya solución sólo puede pasar por un amplio consenso político y social. Sin embargo, hay otros aspectos más inmediatos que sí podrían suponer un gran paso hacia la ejemplaridad de la clase política. Es el caso de las retribuciones con dinero público. Hay que terminar de una vez con los abusos. En un país arruinado las administraciones públicas no pueden seguir pagando salarios por encima de los 70.000 € que cobra el Presidente del Gobierno. Es también el caso de los privilegios fiscales de los parlamentarios ¿por qué no tributan en el IRPF como cualquier ciudadano? ¿No conocen la diferencia entre inmunidad parlamentaria e impunidad? Es igualmente el asunto de las pensiones. Mientras que a los ciudadanos se nos endurecen los requisitos y períodos para cobrar una determinada pensión ¿por qué hay que consentir que nuestros parlamentarios puedan cobrar la pensión máxima con sólo 11 años cotizados? ¿Por qué no se someten al régimen general? Es el régimen de incompatibilidades, por ejemplo, que permite que parlamentarios y políticos cobren con cargo al erario público dos o más retribuciones disfrazas como indemnizaciones, pensiones o salarios. Nuestros parlamentarios cobran sus sueldos íntegros y, sin embargo, simultanean su actividad parlamentaria con dedicaciones privadas. Pues no, en las actuales circunstancias no se lo pueden permitir. Les pagamos un sueldo íntegro para que se dediquen exclusivamente a su labor y si no les parece suficiente que renuncien al escaño. Es el caso de los coches oficiales, de los viajes gratis total, de los consejos de administración, de los teléfonos gratuitos, de las dietas por alojamiento teniendo casa propia en la capital, los taxis a cargo de los contribuyentes,… La lista de privilegios prescindibles sería muy extensa y si no la recortan, como nos recortan nuestros sueldos y prestaciones, el rechazo hacia la clase política seguirá creciendo. Y del rechazo a la expulsión hay muy poquito.

Necesitamos una clase política ejemplar y ésta no lo es. Una clase política que haga su trabajo, que cobre por él, que no se beneficie de aquello que no pueden disfrutar los ciudadanos, que, en definitiva, tenga la autoridad moral y la legitimidad de ejercicio suficiente como para poder pedirnos sacrificios a todos.

Santiago de Munck Loyola

Sobre la Alcaldesa de Alicante: un análisis demoledor.

El pasado domingo, 7 de octubre, el Diario El Mundo, bajo el titular “La última Alcaldesa en aferrarse al cargo” publicó un demoledor artículo de Héctor Fernández que plantea no pocas interrogantes y deja perplejo a cualquier afiliado del Partido Popular sobre los oscuros “manejos” que se producen en su interior. El artículo en cuestión empieza así: “Sonia Castedo se ha convertido en una piedra en el zapato de José Ciscar, Alberto Fabra y María Dolores de Cospedal. O lo que es lo mismo, de todas las estructuras del PP, desde la provincial hasta la nacional pasando por la autonómica. Su negativa a dimitir como primera edil de Alicante después de la imputación de tres graves delitos, tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada, y de que tenga la ciudad paralizada a la espera de su horizonte panal, se ha planteado como un pulso a las diferentes cúpulas del partido que en otros casos han enseñado ya la puerta de salida a los imputados”.

Poco más adelante continúa afirmando que “Alberto Fabra ha sido inflexible con altos cargos de la Generalitat dependientes directamente de él, como es el caso del cese inmediato del ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón, por su imputación en el caso Noós… Por eso, lo que muchos en el partido se preguntan es ¿por qué Castedo se le resiste?”

El articulista ofrece cuatro razones para explicar esa resistencia de la Alcaldesa de Alicante:

“1º Maneja los tiempos del Partido en vez de que sea al revés. Castedo, pese a sus errores mediáticos, está siendo habilidosa en el manejo de los tiempos. Ha conseguido que solo haya un interlocutor, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, entre el Presidente Regional y ella. Y le ha arrancado el compromiso de protegerla mientras no haya nuevas decisiones judiciales. Ciscar está dispuesto a aplazar la Asamblea del PP de Alicante lo máximo para permitirle presentarse en el supuesto de que se archive la causa. En caso contrario, o promociona a su delfín, Carlos Castillo, como Presidente local o dividirá el partido en distritos para que no haya ningún contrapoder a la estructura provincial…

2º Juega con el miedo del PP a una escisión en Alicante…. Además, ha extendido la amenaza que si se le obliga a dimitir podría presentarse en 2015 como independiente y arrebatar la Alcaldía al PP…

3º El PPCV y la Generalitat tienen sus propios problemas…. Gürtel, Noós y Cooperación…

4º Se ha convertido con el paso de los años en la “líder” de los críticos con Fabra en la Provincia.

Para concluir su análisis, el articulista ofrece una última explicación para la numantina resistencia de la Alcaldesa:

Sin ninguna salida fuera de la política.

“No se va porque no tiene donde irse” dicen sus compañeros. Y es que Castedo no tiene profesión fuera de la política. … A esto se añade que durante este año ha intentado colocar a su marido desempleado (Arturo Soto “Turi”, de profesión transportista) en la Diputación, sin éxito.”

De todas estas razones expuestas en este periódico no se puede admitir ninguna con el peso suficiente para explicar, no la esperada resistencia de la Alcaldesa a presentar su dimisión, sino la falta de un pronunciamiento claro y contundente, de un gesto inequívoco de reprobación por parte del Presidente Regional y del Presidente Provincial. Si se diese por válida la primera razón, el manejo de los tiempos, deberían sonar todas las alarmas en el Partido Popular ya que sólo cabría preguntarse qué fuerza oculta la Alcaldesa, qué arma tan poderosa esconde como para doblegar al Presidente Provincial y obtener de él su protección hasta el punto de condicionar el calendario para la elección de un nuevo Presidente Local de Alicante, para imponer en su caso al delfín de Sonia Castedo, Carlos Castillo, (más de lo mismo) o para dividir a la ciudad en distritos agraviándola, una vez más, en relación a la ciudad de Elche, por ejemplo. Cualquiera de estas tres opciones sería no sólo una muestra de debilidad de la Dirección Provincial sino, además, un claro desprecio a los derechos de los afiliados de la Ciudad de Alicante a los que se demostraría que nada ha cambiado tras el Congreso Provincial, que sobreviven hábitos caducos y podridos en la forma de hacer política.

Es muy poco probable que alguien pueda tener miedo a una hipotética escisión del PP Alicantino liderada por alguien imputado y que hasta el día de hoy ha demostrado una clara incapacidad para liderar un proyecto de ciudad y cuyo estilo político se aleja cada día más de las exigencias morales que el servicio público impone. Las convocatorias electorales están llenas de cadáveres políticos de muchos que un día se creyeron por encima de las siglas de su partido y que llegaron a creerse valores políticos “per se”.

Es evidente que su perfil profesional o, mejor dicho, su incapacidad para ganarse la vida fuera de la sombra del poder condiciona enormemente el paso de la dimisión en la Alcaldesa de Alicante. Pero ni esa, ni ninguna de las otras razones pueden servir de excusa para que la Dirección Provincial adopte una postura pública clara y tajante, salvo que haya algo más que esconder. Si la política del Presidente Fabra es “aparcar” a los imputados, la Alcaldesa de Alicante no puede ser una excepción. Si no quiere dimitir como Alcaldesa (podría conservar su asiento de concejal hasta que se diluciden las causas penales contra ella y volver al primer asiento en el caso de que salga limpia), la Dirección Provincial tiene la obligación moral, ética y política de pedir su dimisión y, en su caso, de ordenar una moción de censura a los concejales populares. Más vale una vez colorado que ciento amarillo. Todo lo que no pase por ahí son paños calientes inaceptables para cuantos propugnamos transparencia, honestidad, democracia interna y participación en el seno del Partido Popular.

No es de extrañar que con la pasividad de muchos, los silencios de algunos y la trayectoria de unos pocos, hoy mismo, algunas encuestas (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/08/valencia/1349726507_027630.html) pronostiquen un vuelco electoral en la Comunidad Valenciana anunciando una próxima mayoría de izquierdas. Y seguramente así será si no se actúa de forma ejemplar, si no se recupera la sintonía con los ciudadanos cansados de una clase política, responsable de la crisis, y enrocada en su mundo de privilegios y conspiraciones. La izquierda valenciana está encontrando a sus mejores aliados en los Alperi, Castedo, Blasco, etc. y algunos no nos vamos a resignar a ello (https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts).

 

Santiago de Munck Loyola

Mi calle.

“Todos tenemos un banco, un árbol, una calle en la que hemos mecido nuestros sueños” decía el estribillo de una canción que ganó el Festival de Eurovisión allá por los años setenta. En mi caso es cierto. A mediados del año 1963 nuestros padres trasladaron el domicilio familiar de Colmenar Viejo a Madrid, en el distrito de Chamartín. Nuestra casa era un adosado con garaje y dos plantas. La calle en la que estaba situado se llamaba, curiosamente, Plaza de los Castaños. Ni se trataba de una plaza ni había castaños en las proximidades. Era una calle corta, con árboles a ambos lados de la misma, las anchas aceras tenían parte del suelo con tierra. Había sólo seis viviendas a un lado de la calle y al otro la parte trasera de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora compuesta por los despachos parroquiales, las viviendas de los sacerdotes y del sacristán y la entrada a un gran patio de arena de la Parroquia en el que los chavales del barrio jugaban al fútbol hasta que a finales de los años ochenta un párroco, D. Jesús Pérez de Miguel, decidió que era más productivo para la obra de Dios dedicarlo a aparcamiento para vehículos que al esparcimiento de la chiquillería del barrio.

Con el paso de los años, la calle perdería su denominación de plaza y pasaría a ser la prolongación de la Calle Gabriel y Galán. En una calle tan corta, con seis viviendas, vivíamos más de 20 chavales por lo que pronto se convirtió en un lugar de juegos y de encuentro para muchos niños del barrio. Desde pequeño casi el peor castigo que uno podía recibir era no bajar a la calle mientras esta rebosaba de vida. En las zonas de tierra construíamos larguísimas carreteras para hacer carreras con cochecitos o para jugar con las chapas. El Tour, el Giro o la Vuelta a España se reproducían año tras año con resultados muy diferentes a los oficiales. Había quien se preparaba chapas de verdadero lujo: el fondo con la foto de un ciclista recortada de un cromo y sobre ella un trozo de cristal bien redondeado tras horas de lijado contra el bordillo de granito y sellado con jabón. Las partidas de canicas también constituían todo un evento social. Canicas de cristal con llamativos colores dentro o de barro cocido se ponían a veces en juego y solían terminar en la bolsita de tela del ganador.

Durante los primeros años, solían pasar ovejas que eran conducidas a pastar a lo que años más tarde sería el Parque de Berlin. La calle se convertía todos los veranos en una improvisada pista de tenis. Había tan poca circulación que extendíamos una cuerda de una acera a otra y jugábamos partido tras partido. Fue aquella calle para muchos de nosotros la pista de aprendizaje para montar en bicicleta o en patinete. Una BH para nueve hermanos no da para mucho pero hacíamos turnos o, al menos, lo intentábamos. También, la suave pendiente que había en el inicio de la calle sirvió para las primeras prácticas con los patines. Los nuestros tenían ruedas metálicas y hacían un ruido tremendo. Poco después aparecieron los de lujo: patines con ruedas de goma que se deslizaban silenciosamente.

Con el tiempo instalaron un banco de madera y se convirtió en el lugar de encuentro para muchos chavales del barrio. En verano la calle se llenaba sobre todo al atardecer hasta bien entrada la noche. Hacíamos un paréntesis para la cena y, a veces, ni siquiera éso ya que nos bajábamos el bocadillo. La calle se llenaba de distintos grupos formados según la edad: los pequeños, los medianos y los mayores. A veces, según el juego o la actividad los grupos se entremezclaban. Se jugaba al churro, al palo envenenado, al escondite inglés o a la correa. En ocasiones, alguien llevaba una guitarra y cantábamos canción tras canción. Los primeros cigarrillos, los primeros flechazos, los primeros celos o los primeros desengaños de muchos nacieron en aquella calle. Desde los quince hasta los diecinueve años, más o menos, esta calle fue mi club, un punto de encuentro obligado con amigos. Fue también la sede de mi Grupo Scout cuyo local estaba en el sótano de la Parroquia. Era algo más que una simple calle, un lugar de juegos, de fiestas, de verbenas Scouts cada mes de junio. Punto de partida y de llegada de excursiones y campamentos. En aquel banco, bajo aquellos árboles y en aquella calle se mecieron mis sueños, disfruté de mi familia y abracé recuerdos inolvidables.

Santiago de Munck Loyola

Los empleados públicos chivos expiatorios.

Parece que en esta crisis los empleados públicos se han convertido en una especie de chivo expiatorio al que inmolar sobre el altar de los recortes. Es como si todo gobierno que se precie tuviera la necesidad o la obligación de propinar a este colectivo un pescozón para general deleite de la opinión pública. ¿Que los políticos han despilfarrado y han malgastado el dinero de los contribuyentes? Pues nada, siempre se empieza por congelar o recortar las retribuciones de los empleados públicos. Eso sí, de forma previa es preciso contar con la atmósfera adecuada y ningún ambiente más propicio para ello que el existente con más de cinco millones de parados en el que calan perfectamente toda clase de mensajes: que sobran muchos empleados públicos, que no trabajan lo exigible, que se lo llevan crudo, que tienen mucho absentismo laboral o que tienen asegurado de por vida el puesto de trabajo. Una vez se ha predispuesto adecuadamente a la opinión pública se produce el cíclico hachazo que generalmente es recibido con alborozo y satisfacción de muchos.

Es evidente que la imagen de los empleados públicos no se encuentra en esta época en sus mejores momentos. Es muy posible que a ello también haya contribuido la irresponsabilidad o la cara dura de algunos empleados públicos. Es cierto que existen en algunos ámbitos determinados abusos, pero si es así los responsables son los mandos, generalmente los políticos, que no han puesto remedio a estas situaciones, bien porque no han querido o bien porque no han sabido. A buenas horas un empresario permitiría que, día tras día, sus empleados llegasen dos horas tarde a trabajar como ocurre en algunos juzgados, por poner un ejemplo, o que sus trabajadores se llevasen a casa para uso particular materiales de la empresa, como ocurre en algunos hospitales o centros de salud, por poner otra ejemplo. A ningún buen empresario tampoco se le ocurriría poner a dirigir una fábrica o una tienda a personas sin la más mínima preparación por el simple hecho de pertenecer al mismo club de fútbol y, sin embargo, estamos hartos de ver cómo el simple hecho de poseer un determinado carnet político o la simple amistad sirve para ostentar máximas responsabilidades en muchos ámbitos públicos. Parece pues que existe una evidente responsabilidad en el consentimiento de determinados abusos por parte de algunos empleados públicos, abusos que en todo caso se producen por culpa o negligencia de la clase política y cuya difusión mancha la imagen del conjunto de servidores públicos. Y si a ello se añade la irracional pretensión de algunos políticos de identificar la gestión privada como paradigma de todas las bondades entonces podremos hacernos una clara idea de que detrás de esta mala imagen existe algún interés oculto.

Pese a todo, la realidad de la función pública es mucho más compleja de lo que evidencian las simplificaciones interesadas que circulan por ahí. Los empleados públicos también pueden perder sus puestos de trabajo, claro que sí. Con más o menos dificultad según su carácter funcionarial o laboral, pero pueden perderlo en determinadas ocasiones. Esa justificación de que son unos privilegiados por tener un puesto de trabajo para toda la vida y que por tanto no pasa gran cosa porque se les recorte el sueldo es falsa. Parece increíble, que el patrón de patronos, el Sr. Rosell, afectado por algún tipo de fobia funcionarial, pidiese hace unos meses sacrificios a los empleados públicos justificándolo precisamente "como tributo a los que no tienen un contrato para toda la vida" y en compensación por las "ventajas y beneficios". Afirmaba pomposamente que "no es el momento de la queja constante, sino de la responsabilidad constante". Y se quedó tan ancho mientras sigue percibiendo subvenciones que pagamos todos. Pues bien, desde 1982 a 2007, sin contar los sablazos del Sr. Zapatero y los últimos del Sr. Rajoy, los empleados públicos han perdido más del 42 % de su poder adquisitivo. ¿Más sacrificios?

Y forman parte de esta función pública a la que hay que seguir recortando para regocijo del personal los Policías, los Guardias Civiles o los soldados que nos protegen y a veces a costa de su propia vida, los bomberos y agentes forestales que mueren cada año en los pavorosos incendios que nos asolan cada verano, las trabajadores sociales que se ven desbordados para atender a los cientos de miles de personas arruinadas por la gestión de los políticos, el personal sanitario en cuyas manos ponemos nuestras propias vidas, el personal docente al que confiamos a nuestros hijos, las miles de personas que mantienes habitables nuestras calles o todos aquellos que nos resuelven la complicada burocracia que nos imponen unos dirigentes políticos incapaces de construir una sociedad más racional, por citar algunos ejemplos. No, los empleados públicos no son una cuerpo informe y abstracto idóneo para cualquier ocurrencia presupuestaria.

Hay quien dice que sobran, como mínimo, 500.000 empleados públicos en España. No lo sé. Puede que sea así pero una cosa es indudable: si queremos recibir unas prestaciones públicas de calidad, los empleados públicos son imprescindibles y deben ser tratados justamente. Es evidente que existen sectores no esenciales, en concurrencia desleal con el sector privado y además permanentemente deficitarios que podrían ser perfectamente prescindibles sin que se resientan los pilares básicos de una sociedad moderna, es decir, la sanidad, la educación y la atención social. Pero da la casualidad de que es precisamente en aquellos sectores  no esenciales donde los Partidos Políticos han encontrado un auténtico filón para colocar a sus huestes prescindiendo, además, de los principios para el acceso a la función pública. Hay quien prefiere, por ejemplo, recortar el personal sanitario de su Comunidad Autónoma antes que cerrar las seudoembajdas abiertas por medio mundo en las que familiares y amigotes encuentran una colocación a medida. Un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer.

Santiago de Munck Loyola

¿Castedo y Alperi con o contra Fabra?

Se quiera o no reconocer hoy se ha producido un agravamiento de la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos, además, diputados alicantinos en las Cortes Valencianas. El juez instructor del caso Brugal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana los ha citado como imputados por su supuesta implicación en el caso Brugal, que investiga supuestos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz. La Alcaldesa y su antecesor deberán declarar por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

La imputación de los dos políticos populares supone el ascenso de un peldaño más en la escalera judicial. Es evidente que una imputación no supone lesión alguna del principio de presunción de inocencia, pero es incuestionable que implica consecuencias en el ámbito de la responsabilidad política. En todo caso, la imputación de ambos parlamentarios autonómicos y, en especial, de la Alcaldesa es una losa más para la imagen del Partido Popular de Alicante, para la agónica vida interna del partido en la ciudad y para la errática política municipal del consistorio alicantino.

Esta lamentable situación se añade a otros hechos que en los últimos tiempos han propiciado una más que cuestionable política municipal y que han puesto en entredicho la imagen y las políticas de regeneración impulsadas por el Presidente Fabra.

Retrocediendo en el tiempo hay que recordar la irresponsabilidad y la desmedida ambición que suponía ser candidata simultáneamente a la Alcaldía de una ciudad tan importante como Alicante, que requería una dedicación exclusiva, y a un escaño en las Cortes Valencianas. Y los hechos han confirmado lo desafortunado de esa elección. Después de las pasadas elecciones, los alicantinos supimos que no todos los concejales mayoritariamente elegidos por los ciudadanos iban a ostentar responsabilidades. La Alcaldesa usaba su cargo político para defenestrar a los compañeros no adictos a esas rocambolescas “familias” que se habían organizado en el seno del Partido Popular. Daba igual lo que los ciudadanos hubiesen votado.

Más tarde, en el mes de marzo, los medios de comunicación se hicieron eco de la curiosa forma en que el Ayuntamiento de Alicante entendía el objetivo de austeridad del Partido Popular: 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4 millones de euros anuales, algo escandaloso. Y para más abundamiento que el Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, contaba con 37 asesores y administrativos (personal de confianza). Un poco más tarde otra vez los medios de comunicación se hacían eco también de curiosos casos de nepotismo en el Ayuntamiento de la ciudad. Un Diario nacional denunciaba que “Ortiz tiene en nómina al cuñado de Castedo y a los hijos del técnico que le da contratos”  y que “trabajaban para la empresa de limpieza de la ciudad, la adjudicación más cara de Alicante”. Igualmente dicho Diario añadía: “Más casos: dos hijas de Alperi, parientes de concejales y el marido de la portavoz” con el siguiente subtítulo “el PP evita reaccionar contra los brotes de nepotismo en Alicante”. La noticia denunciaba que la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza viaria, Inusa, mantenía en plantilla al cuñado de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a los dos hijos del técnico encargado de contratar este servicio en el año 2000, Víctor López,…los tres forman parte de los 600 empleados de Inusa y cobran más de 24.000 euros al año. Más adelante, el periódico añadía que “la primera edil tampoco ha negado nunca que se haya valido de sus influencias para emplear a gente… Castedo agregó desafiante: lo he hecho porque forma parte de mi trabajo como Alcaldesa, y lo voy a seguir haciendo”. Bajo el titular sobre las hijas de Alperi, el redactor de la noticia detallaba además los casos relativos a contrataciones no sólo de las hijas del exalcalde, sino también de la hija y de la sobrina del Concejal Miguel Valor, en puestos de confianza, o el caso del marido de la Portavoz Popular Marta García- Romeu.

El pasado mes de julio, un periódico denunciaba que la Alcaldesa de Alicante cobraba un extra de 584 € mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no asistía. Y nadie desmintió esa noticia. Y, finalmente, el pasado mes de septiembre se conoció el escrito del abogado defensor de la Alcaldesa tratando de justificar el injustificable, baboso y esperpéntico tono de las conversaciones entre toda una Sra. Alcaldesa y un empresario, entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz. Para ello el Sr. Letrado acudía nada menos que a la semántica para intentar explicar, sin conseguirlo, que amañar un Plan General no es lo mismo que apañarlo. Sobran los comentarios.

Llueve sobre mojado. No se trata de un hecho aislado, sino de una forma de actuar, de una manera de hacer política poco estética y bastante alejada de los principios éticos que postula el Partido Popular. Sin prejuzgar culpabilidades, hoy no queda más remedio que citar al Presidente Fabra quien el pasado mes de abril manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Hoy, los dos nuevos imputados tienen una ocasión de oro para demostrar o no su sintonía con el Presidente de la Generalidad Valenciana.

Santiago de Munck Loyola

El PSOE tiene un problema y los demás también.

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, el que no recordaba en campaña las tres razones por las que se debía votar al PSOE, afirmó hace un par de días que su partido "no está de acuerdo con el derecho a decidir", concepto incluido el jueves en una resolución impulsada por el PSC en el Parlamento catalán y que no prosperó. La que sí prosperó fue la resolución independentista de CiU con la abstención de los socialistas catalanes. 

Según el Sr. López "la posición de los socialistas de Cataluña es una posición que defiende la legalidad, la Constitución y que en España decidimos todos juntos". Debe ser por eso que los socialistas se han abstenido ante la resolución independentista del Sr. Mas. Auténticos malabares y toda clase de filigranas políticas están haciendo estos días los socialistas para tratar de explicar a los ciudadanos la posición de sus correligionarios en Cataluña.

Por su parte, el ex Presidente socialista extremeño se ha descolgado con una pintoresca propuesta: ha exigido a Cataluña que si se independiza devuelva a las 150.000 personas que "fueron sustraídas" de la comunidad, "más sus hijos y sus nietos". "El 'president' nos tendría que devolver antes lo que se llevó hace 30 o 40 años. No me refiero a las riquezas materiales, sino a seres humanos", ha escrito en su blog. Y se ha quedado tan ancho confirmando con ello lo que muchos sospechábamos  que cualquiera puede llegar a presidir una Comunidad Autónoma.

Más al sur, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, aseguró que “no entendía la posición del PSC en relación con la abstención sobre la convocatoria del referéndum aprobado por el Parlamento catalán”. Según él, “lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña es una huida muy peligrosa y un mensaje que no es de recibo en el momento que estamos viviendo y en el que está atravesando nuestro país”. El número dos del PSOE andaluz reclamó además una posición de los socialistas catalanes “más clara y más contundente en defensa de Cataluña, de España y de la Constitución” o sea, pedir peras al olmo. Esta petición responde, a todas luces, a la falacia permanentemente instalada en seno del PSOE de que sus colegas catalanes comparten criterios constitucionales. Sólo se engaña a si mismo quien desea permanecer en la ignorancia: el Estatuto catalán fue una muestra inequívoca de que los socialistas catalanes, con la bendición de Zapatero, no compartían los principios de cohesión territorial que tanto ha proclamado el PSOE. 

Y como para tapar estas vergüenzas propias no hay nada mejor que intentar señalar las ajenas, aunque para ello haya que inventárselas, el Sr. Rubalcaba, patriota donde los haya, y dispuesto a cerrar filas con el Gobierno de España ante un desafío independentista como éste se ha apresurado a equiparar la defensa de la Constitución que hace Rajoy con el desafío independentista de Mas. Para Rubalcaba, Mas es un irresponsable por promover la confrontación y Rajoy es otro irresponsable por defender la Constitución. ¡Toma ya!

Hay que recordar de paso que gracias a Rubalcaba y a Zapatero el Gobierno de España dispone de un instrumento menos para poner en su sitio a Mas. Fue el PSOE el que en 2005  anuló la ley que tipificaba como delito la convocatoria ilegal de referendos, aprobada por Aznar para parar los pies a Ibarretxe.

Hoy el PSOE tiene un problema y, además, grave. Ha dejado de ser un partido de ámbito nacional y sus principios no están representados en Cataluña. Los socialistas catalanes son un partido diferente al PSOE y como tal decidirá su propio rumbo. Pero si el PSOE se queda cojo en Cataluña es España la que tiene un problema añadido.

El desafío independentista constituye un gravísimo problema para todos los españoles y su solución no puede ser responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino de todos los partidos, de todas las entidades y de todos los ciudadanos que creen en la Constitución y en la igualdad entre todos los ciudadanos. Y toda nuestra clase política ha sido y es la responsable de la actual situación: por haber diseñado un inadecuado modelo territorial en la Constitución y no haber tenido la valentía política para perfeccionarlo, por haber cedido siempre a las pretensiones de los independentistas, camuflados de nacionalistas a secas, por mantener un sistema electoral que prima a los independentistas, por haber cedido la educación para que fueran cultivando durante décadas sentimientos antiespañoles sustentados en manipulaciones de la historia, por ceder tributos a cambio de votos o por hablar catalán en la intimidad para lo mismo, por vender toda una herencia histórica a cambio de míseras y coyunturales cuotas de poder. El PSOE tiene un problema y el PP y Cataluña y España. Un enorme problema para el que nuestra clase política no parece estar preparada.

Santiago de Munck Loyola

Recortes para todos o para nadie: por una Ley sobre Retribuciones Públicas.

Uno corre el riesgo de que le llamen pesado por insistir, desde estas páginas, en la necesidad de que el Gobierno tome ciertas medidas para ayudar a salir de la crisis, pero la coincidencia en la publicación de algunas noticias no deja otra alternativa. Es el caso de la propuesta desde aquí formulada de aprobar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Es cierto que una Ley como ésta sólo constituiría una gota en el inmenso vaso de la crisis y del gasto público, pero sería, sin ninguna duda, una Ley ejemplarizante y absolutamente solidaria con unos ciudadanos hartos de recortes y cada vez más distanciados de los únicos culpables de la situación actual, la clase política española sin distinción de siglas o colores. Y no hay más que echar un vistazo a la calle estos días para comprobar ese distanciamiento. Que una gran parte de la sociedad no se movilice puede que sea porque no se identifique con los convocantes o con los métodos elegidos para manifestar la repulsa por esta situación, pero el “cabreo” está ahí.

El pasado mes de agosto, el Ministro de Economía, el inefable De Guindos, declaraba que existía poco margen para más recortes. Hoy, hemos desayunado con la noticia de que 3.000.000 de españoles van a perder, por tercer año consecutivo, parte de su poder adquisitivo porque el Gobierno vuelve a congelar los salarios de los empleados públicos, espoleando con ello la caída del consumo y generando con ello más paro y gasto social. Es decir, que lo que se ahorra con la congelación se lo va a tener que gastar en prestaciones sociales. Es lo que se dice “desnudar a un santo para vestir a otro”.

Y ayer, sin ir más lejos, se hicieron públicos los salarios del presidente y del vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, y que alcanzaron en el último ejercicio los 149.325 euros al año cada uno, el doble de lo que se le asigna al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los otros dos consejeros que tuvieron una remuneración anual completa, Luis Pedroche, destituido como director de la Agencia Tributaria en 2008, y Ana Isabel Fernández, persona vinculada al antiguo presidente y al PSOE, se metieron al bolsillo 129.604 euros cada uno. Por su parte, los 21 directivos del regulador que trabajaron todo el año cobraron una nómina media de 132.300 euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad, fundado en 1988, encargado de la supervisión de los mercados de valores en España. Es decir, que los jefes de los directivos de este organismo público son el Ministro de Economía y el Presidente del Gobierno. ¿Tiene alguna lógica que los empleados ganen el doble que los Jefes? ¿Ocurre algo similar en el ámbito de la empresa privada? ¿Es lógico o decente que se recorte el sueldo a un empleado público mileurista mientras que estos “servidores públicos” gozan de semejantes salarios? Habría quien lo vea bien alegando que desempeñan puestos de gran responsabilidad. ¡Ya! ¿Y no tiene más responsabilidad el Presidente del Gobierno? ¿Y un cirujano de la Seguridad Social?

Pues bien, al igual que estos señores de la CNMV hay en España miles de Directivos con retribuciones pagadas por los contribuyentes que superan en mucho las del Jefe de todos, las del Presidente del Gobierno. Esta situación ni es lógica, ni es decente. Aquí tiene el Sr. De Guindos un excelente margen para recortes, aunque en muchos casos tenga que recortar a sus amigos.

¿Y cómo puede hacerlo? Pues aquí tiene una propuesta: aprobando una Ley sobre Retribuciones con origen en Fondos Públicos. Tendría que ser una Ley de ámbito estatal. Una Ley aplicable a todas las administraciones públicas, a las empresas públicas y a las empresas privadas y entidades financieras que se beneficien de cualquier ayuda pública directa o indirecta sea cual sea su forma. Se trataría de una Ley que estableciese en los casos citados los límites salariales a percibir bajo cualquier forma y cuyo tope se estableciese en función de la retribución del Presidente del Gobierno. Con ella podría impedirse que un Alcalde o un Presidente de una Comunidad Autónoma cobre más que el Presidente del Gobierno, se podría impedir que los directivos de entidades financieras que reciben ayudas públicas, dinero de los contribuyentes, sigan cobrando los sueldos astronómicos que están percibiendo. Y al que no le interese que se vaya al sector privado que siempre habrá candidatos a sucederle y seguramente con más méritos si en lugar de las afinidades políticas o las amistades se usa el mérito profesional y la capacidad para realizar tales nombramientos. Ya está bien de exprimir al contribuyente mientras algunos se van de rositas con el dinero de todos, el que nos detraen de las nóminas y los impuestos. Si no hay ejemplaridad, habrá que pensar en romper la baraja.

Santiago de Munck Loyola

¿Quién le pondrá el cascabel al estado de las Autonomías?

Buena la ha liado el Presidente de la Generalidad catalana, el Sr. Mas, con su apuesta independentista, que no “soberanista” (no existe en el Diccionario de la RAE) por mucho que con esa denominación la intenten dulcificar periodistas y políticos ignorantes. No es la primera ni la segunda vez que un dirigente catalán apuesta por un Estado catalán. Ya lo hizo el 14 de abril de 1931 Francesc Macià quien se dirigió a la multitud proclamando en nombre del pueblo de Cataluña, "L'Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem intergrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques”. Ya lo hizo de nuevo el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys quien proclamó el "l'Estat Català de la República Federal Espanyola", proclamación que se saldó con 46 muertos y 3.000 encarcelados.

Es la vieja estrategia de siempre: ante la incapacidad propia para solucionar los problemas se inventa un enemigo exterior al que culpar de todos los males. El Sr. Mas y sus conmilitones, incapaces de adoptar las medidas necesarias para resolver el grave problema económico y social derivado del inmenso agujero heredado del tripartito, han encontrado al culpable: el resto de los españoles que les expoliamos fiscalmente y los hundimos en la miseria. No es nuevo. Llevan años hablando de una supuesta balanza fiscal siempre desfavorable para Cataluña, llevan años calentando el ambiente, fomentando un sentimiento antiespañol que les servía para exigir cada vez más financiación. Poco importa que reputados economistas demuestren la falacia de esa supuesta balanza fiscal desfavorable para los catalanes: una mentira mil veces repetida termina por convertirse en una verdad para quien no quiere analizar otras perspectivas. Argumentan que como contribuyen a la caja común con más dinero que el resto de los españoles tienen, no sólo derecho a recibir más, sino a separarse para gestionarlo ellos solos. Declaraba hoy en un diario nacional el ex Presidente de las Cortes, Sr. Bono, que cuando pagar más impuestos implica exigir más nos encontramos ante una metástasis en el estado. De aceptarse esta tesis independentista y trasladándola del ámbito de los territorios al de las clases sociales, habría que deducir que quienes más impuestos pagan, más deben recibir del estado. Y éso es algo que choca frontalmente con la solidaridad y la redistribución de la riqueza, características esenciales de todo estado social y democrático de derecho.

Y en este contexto ¿dónde está el límite? ¿Quién decide cual es el ámbito de decisión? ¿Quién es el pueblo soberano? ¿El pueblo español? ¿El pueblo catalán? ¿El pueblo barcelonés? Nos dicen que tras una manifestación de un millón de personas pidiendo la independencia es el pueblo catalán el que ha hablado. ¿Y los seis millones de catalanes que no se han manifestado? ¿No cuentan?

Hoy, no son pocos los ciudadanos y los analistas políticos y económicos que coinciden en que nuestro estado autonómico es en su formulación actual absolutamente inviable. La crisis económica lo ha puesto de manifiesto de una forma desgarradora. Hasta no hace mucho hemos venido cerrando los ojos ante una realidad evidente: el estado autonómico estaba rompiendo la igualdad de derechos y de oportunidades de los ciudadanos. El estado autonómico ha ido levantando poco a poco muchas barreras entre los españoles: en educación, en sanidad, en el mercado, en el derecho de propiedad, etc. Barreras que imperceptiblemente iban dificultando hasta la movilidad de los ciudadanos. Lo que en la transición se nos vendió como un acercamiento de la toma de decisiones hacia los administrados se ha ido convirtiendo en un complejo laberinto legislativo, en un complicado entramado de instituciones más al servicio de la clase política que de los intereses de los ciudadanos. Empezamos a verlo gracias a la crisis y otros, desde fuera, también lo ven. En un reciente artículo, Stefanie Claudia Müller, corresponsal alemana en Madrid y economista, escribía: España … “no puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.”

No parece pues que los problemas sociales y económicos que pesan sobre el conjunto de los ciudadanos puedan resolverse con más autonomía o con la independencia en el caso de Cataluña. No podemos sostener el actual estado autonómico y eso lo ve y lo sabe cualquiera. Es inviable económicamente y terminará por serlo social y políticamente si no se aborda su reforma inmediata. Es evidente que los últimos interesados en reformar la configuración del estado son los miembros de la clase política, los partidos políticos que han encontrado en el actual estado autonómico un inmenso coto en el que instalar y extender sus inmensas maquinarias burocráticas y en el que realizar su insaciable afán ocupador. Nos proponen ahora fórmulas federales cuando es evidente que a los nacionalistas no les interesan porque supondrían una igualdad entre territorios inasumible para ellos. Nos hablan de los derechos de los territorios y olvidan los derechos de las personas. Nos levantan barreras territoriales cada vez más costosas mientras que Europa transita por el camino contrario. Y mientras, los ciudadanos seguimos pagando los delirios de grandeza de tanto iluminado y de tanto cobarde.

Santiago de Munck Loyola

Las cuentas del PP de Alicante.

Hay que ver las sorpresas que se llevan los afiliados del Partido Popular cuando echan un vistazo a la prensa. Hoy, 21 de septiembre, hemos sabido por dos periódicos, El Mundo y el Diario Información, que nuestra organización Provincial arrastra una deuda de 104.000 euros. Bien está que se sepa pero ¿la información y la transparencia no debería empezar con los afiliados antes que por los medios de comunicación? Parece que un mínimo de respeto al afiliado así lo exigiría y más aún cuando se trata del dinero que muchos ponemos mensualmente para que nuestra organización local funcione.

Bueno es también que la nueva dirección provincial quiera poner orden y sanear las cuentas de la organización provincial y que revise el coste de los medios e infraestructuras de la misma. Sin embargo, hay algunas cosas que no cuadran si las noticias aparecidas son absolutamente exactas.

En ambos medios de comunicación se señala que la dirección provincial va a solicitar a cada junta local que aporte un euro por afiliado para sanear las arcas provinciales del Partido Popular, pues la recaudación de las cuotas de afiliación corresponde a las organizaciones locales. De ello se desprende un hecho importante: la organización provincial no recauda directamente cuotas de afiliación y hasta el día de hoy no se ha articulado ningún mecanismo oficial para costear los gastos provinciales. ¿Y cómo pues se ha venido sosteniendo hasta ahora? Pues parece que la clave la proporciona el Diario El Mundo. La organización local de Alicante, con más de 7.000 afiliados, está “desactivada”, carece de estructura y de funcionamiento interno, está diluida en la organización provincial. Esto quiere decir que la organización provincial, al margen de otros ingresos que pudiera tener (un auténtico misterio pues a los afiliados no se les proporciona información económica) se nutre fundamentalmente de las cuotas de afiliados de la Ciudad de Alicante. Es decir, que los afiliados de la Ciudad de Alicante carecen de organización propia, de sede propia y de funcionamiento interno y, simultáneamente, son los que sostienen económicamente la organización provincial. Este hecho constituye, sin ninguna duda, un agravio comparativo respecto a los afiliados de las demás localidades de la Provincia.

Es evidente que la Junta local del PP de Alicante, que por su número de afiliados debería ser la más importante e influyente de la Provincia, es una organización muerta y lo es así porque durante mucho tiempo a algunos dirigentes locales y provinciales les ha interesado que así sea. Con ello, tras el paraguas nominal de una organización local, han podido esgrimir una cuota de poder interno en sus cambalaches políticos, en sus conflictos de familias políticas y en sus repartos de cargos públicos. Como es lógico, en una organización política “desactivada” no existe ni democracia interna ni participación, sencillamente porque no hay vida política interna.

Dos cuestiones preocupantes se deducen también de las informaciones publicadas. De una parte, el Secretario General Provincial afirma que son las Juntas Locales las que recaudan las cuotas y que aunque los afiliados pagan religiosamente “hay múltiples posibilidades de exenciones del pago para jubilados, parados, etc. que cada Junta establece. Es verdad que el Artículo 5.9 de los Estatutos Provinciales establece que es un deber del militante “Abonar con la periodicidad señalada las cuotas correspondientes. Corresponderá a cada Comité Ejecutivo Local, de acuerdo con la recomendación de la cuota orientativa fijada por la Junta Directiva Nacional, determinar el importe de las mismas atendiendo a la capacidad económica de cada militante”. Pero lo cierto es que a los afiliados de la ciudad de Alicante no se les ha comunicado ni cual es la cuota orientativa ni qué exenciones están establecidas y que, teniendo en cuenta que en los próximos congresos locales sólo podrán votar los afiliados al corriente de pago de la cuota, se está instalando una peligrosa incertidumbre jurídica que puede oscurecer el desarrollo de dichos procesos electorales.

Por otra parte, la afirmación del Diario Información señalando que los censos de afiliados del Partido Popular de Alicante “están hinchados” supone, de ser cierta, una mala noticia para que se puedan abordar las elecciones internas con absolutas garantías para los diferentes aspirantes que puedan presentarse. De ser cierta esta afirmación constituiría una obligación prioritaria de la nueva dirección provincial proceder a la depuración y actualización de dichos censos de forma previa a la convocatoria de los Congresos Locales. Demorar esta revisión no sería nada positivo para la salud democrática y económica del Partido y para ello deberían empezar por nombrar una Gestora en la Ciudad de Alicante que se ocupe de poner al día el censo de los afiliados y la cuentas de la Junta Local antes de que los afiliados nos veamos obligados a reclamarlo formalmente y por las vías legales procedentes.

En definitiva, parece que se ha abierto una nueva etapa en la vida del PP provincial, pero queda aún mucho camino por recorrer para mejorar una organización política clave para el desarrollo de la Provincia de Alicante. Y si hay una organización local donde ha de iniciarse una nueva etapa de regeneración de forma urgente es precisamente en la Junta Local de Alicante. Los afiliados de la ciudad no podemos seguir permitiendo que se encuentre “desactivada” nuestra organización local. No podemos tolerar que siga siendo usada como un instrumento al servicio de otros intereses que no sean los de los afiliados y de los ciudadanos de Alicante. Necesitamos una organización local fuerte, con autonomía como las juntas de otras ciudades, con sede propia, a pie de la calle, abierta a los vecinos, enraizada en los barrios y las organizaciones y movimientos sociales. Necesitamos un Partido Local regenerado, participativo, con voz propia en la Provincia y basado exclusivamente en la voluntad política de los afiliados. Y quieran algunos o no, lo vamos a intentar.

Santiago de Munck Loyola

"Nihil novum sub sole".

Nada nuevo bajo el sol. ¡Qué gran verdad! Basta con observar el agitado panorama mundial en torno al video que caricaturiza a Mahoma para comprobar la veracidad de este dicho. De ello puede dar buena cuenta el escritor británico Salman Rhusdie, autor entre otras de la obra Los versos satánicos y condenado a muerte por ello por el Imán Jomeini mediante una fatwa, un edicto religioso. La publicación de Los versos satánicos en 1988, provocó la ira inmediata en el mundo musulmán al entender que se trataba de forma irreverente a la figura del profeta Mahoma. Rápidamente países como la India, Sudáfrica, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Bangladés, Sudán,  Malasia, Indonesia y Catar prohibieron el libro el 5 de octubre, y Sudáfrica el 24 de noviembre. La violencia se desató en algunos países musulmanes y murieron decenas de personas. Editores o traductores fueron agredidos o asesinados en algunos países occidentales a manos de los musulmanes. Los iraníes ofrecieron una recompensa de tres millones de dólares por la cabeza del escritor británico quien durante muchos años ha tenido que vivir bajo protección policial.

En 2005 el periódico con mayor tirada de Dinamarca convocó a los dibujantes daneses a caricaturizar a Mahoma. Se recibieron en el periódico doce caricaturas algunas de las cuales vinculaban al Islam con el terrorismo y se publicaron. Los líderes musulmanes daneses y los embajadores de varios países musulmanes en Dinamarca intentaron, sin éxito, presionar al Primer Ministro danés para que interviniese. Éste se negó a ello alegando que se debía respetar la libertad de prensa y ofreciendo los musulmanes la vía judicial para que defendiesen sus posiciones. Un periódico noruego reprodujo las mismas caricaturas en solidaridad por los ataques a la libertad de expresión de sus colegas daneses. Periódicos franceses y alemanes actuaron igualmente. Y la histeria y la violencia volvieron a extenderse por la mayoría de los países musulmanes. Otra vez manifestaciones, asaltos y pillaje contra embajadas y empresas occidentales, muertos en distintos países,… El mismo y siniestro ritual que con Salman Rhusdie. Esta vez, algunos dirigentes occidentales empezaron a criticar la libertad de expresión y a tachar de imprudentes y de incitadores al odio religioso a los medios de comunicación que habían desencadenado esta espiral de violencia.

Ahora, 24 años después del inicio del calvario del escritor británico la historia se repite. El detonante en esta ocasión es un video de corta duración en que se ridiculiza, al parecer, a Mahoma. El panorama sigue exactamente igual: manifestaciones violentas de protesta en el mundo musulmán, violencia contra los intereses occidentales, asesinatos, etc. La respuesta de los musulmanes que en su inmensa mayoría no habrán podido tener acceso al video que sólo circula por Internet es la misma que en ocasiones anteriores. Y es evidente que esta respuesta obedece a la incitación  de sus líderes religiosos y políticos.

Hace pocas horas el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido que no se abuse de la libertad de expresión, ya que es un derecho que no debería servir "para provocar y humillar los valores y las creencias" de otros pueblos. Quizá debería haber sido más preciso y decir en lugar de “otros pueblos”, del pueblo musulmán porque cuando se han hecho públicas obras supuestamente artísticas que ridiculizaban a Jesucristo o a los budistas de la ONU no ha salido el más mínimo comunicado. Por tanto, parece evidente que la reacción de este organismo y de muchos dirigentes occidentales que estos días están criticando con dureza a los autores de estas sátiras no obedece a un sincero convencimiento de la necesidad de defender las creencias religiosas del individuo o de los pueblos, sino al miedo y a la cobardía ante la violencia de los musulmanes.

Desde luego, sería mucho más gratificante para no poca gente escuchar de los líderes mundiales referencias a la carta de Derechos Humanos y en concreto de dos Artículos de la misma. El Artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.” Y el Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Santiago de Munck Loyola