Se va Esperanza.

Hoy, seguramente, ha sido un gran día de alegría para la izquierda española y, en especial, para la izquierda madrileña. El motivo no puede ser otro que la inesperada dimisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Tal y como recuerdan ahora los comentaristas políticos, deja su cargo quien en diez ocasiones consecutivas y en convocatorias electorales de distinto tipo ha venido ganando a la izquierda de Madrid. Con cada una de sus victorias electorales, cada vez más amplias, Esperanza Aguirre acrecentó el odio exacerbado de sus oponentes políticos. Se marcha la senadora más votada, la primera Presidenta del Senado y la Primera Presidenta de la Comunidad de Madrid. Una auténtica avanzada de la presencia de la mujer en primera línea política, sin cuotas de por medio, sólo con trabajo, con entrega, con dedicación e inteligencia.

Hay quien intenta ver tras su dimisión algo más que los motivos personales que ella ha invocado para justificar su decisión. Se habla de diferencias con el Gobierno del Presidente Rajoy a propósito del caso Bolinaga o con el Ministro Montoro sobre la financiación de la Comunidad de Madrid pero no parece que estas discrepancias puedan ser suficientes para justificar una decisión personal de la envergadura que Esperanza Aguirre ha tomado. Sólo quien ha sufrido una enfermedad como la que ha padecido la Presidenta madrileña es capaz de comprender hasta qué punto su irrupción en la vida de una persona puede modificar la escala de valores por la que cada uno se rige o cambiar las prioridades vitales de un ser humano. Alguien como Esperanza Aguirre cuya trayectoria política se ha caracterizado siempre por la valentía verbal, por decir en cada momento lo que consideraba oportuno, sin mucho miramiento hacia lo políticamente correcto, no parece que se plantee abandonar el poder cuando está además en la cumbre del mismo por desencuentros concretos con sus compañeros de partido en el Gobierno. Todo lo contrario, parece que hay que conceder toda la veracidad del mundo a los motivos personales que ella ha esgrimido para justificar su decisión y uno tiene la sensación de que se trata de una decisión tomada hace mucho tiempo.

Desde el año 1991 hasta el año 2003, tuve el privilegio de poder colaborar con ella en diferentes tareas de partido. Compartimos mesa y mantel en varias ocasiones, recorrimos mercadillos, verbenas populares, visitamos obras, nos reunimos con empresarios y, en algunas ocasiones, mantuvimos diferencias sobre algunos asuntos políticos. Siempre se mostró clara e incluso vehemente a la hora de exponer sus convicciones pero se mostraba dispuesta a escuchar opiniones diferentes. Y sobre todo era y es una excelente compañera de partido, dispuesta a echar una mano cuando era necesario.

Se va de primera línea política una persona con una capacidad de liderazgo indiscutible y con unas profundas convicciones liberales, quizás demasiado liberales para un partido como el Popular que ha aglutinado diferentes corrientes ideológicas del centro y de la derecha española. Se va una Presidenta regional cuyo liderazgo ha trascendido el ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid convirtiéndose en un referente ideológico para muchos votantes del centro derecha español que demandan a los demás líderes populares la misma claridad y el mismo rumbo que Esperanza Aguirre ha sabido imprimir al PP de Madrid. Y deja su puesto, sobre todo, una gestora política que deja a la Comunidad de Madrid con las mejores cifras económicas del conjunto de las regiones españolas.

Ojala que su retirada política sea sólo temporal porque el partido Popular no anda sobrado de líderes valientes, coherentes y convencidos, en cualquier circunstancia, de los postulados ideológicos que deben regir la actuación pública de sus cargos. Y si no es temporal, sino definitiva, que le vaya muy bien en su nueva trayectoria vital con su familia, que se lo ha ganado.

Santiago de Munck Loyola

La Diada, los sindicatos y los socialistas.

Es un hecho incuestionable que las interpretaciones y las lecturas que se hacen sobre las numerosas manifestaciones que se desarrollan en nuestra Nación dan para mucho. Siempre resulta llamativa la disparidad sobre las cifras de los asistentes a una manifestación. Como es lógico cada uno barre para su casa. Los convocantes no tienen ningún empacho en inflar el número de asistentes, aunque sea a costa de dinamitar las leyes físicas más elementales. De hacer caso a sus cifras habría que admitir que en España es físicamente posible que en un metro cuadrado puedan manifestarse sin problema alguno hasta 10 personas. En el otro extremo suele situarse el Gobierno de turno que siempre trata de rebajar, si así sirve a sus intereses políticos, el número de participantes en una convocatoria. ¿Y la prensa? Pues, como es lógico, también arrima el ascua a su sardina en función de su color político y de su sintonía con el gobernante de turno.

Hace pocos días, coincidiendo con la Diada de Cataluña, se celebró una manifestación independista en Barcelona. Fue, sin lugar a dudas, una manifestación impresionante. Cientos de miles de personas, entre 600.000 según la Delegación del Gobierno y 1.500.000 según los organizadores, se dieron cita para reclamar la independencia de esta región española. Niños, jóvenes, mayores de toda condición social se dieron cita en una convocatoria estimulada y apadrinada por el Gobierno autonómico. Cientos de autocares de todas las esquinas de Cataluña se dieron cita la capital y el resultado fue una enorme manifestación. No es un hecho menor, todo lo contrario. Es un signo inequívoco que no puede ser pasado por alto por las fuerzas políticas y que, a pesar de que seguramente hoy lo prioritario deba ser buscar soluciones para los millones de ciudadanos exhaustos por la crisis, debe ser anotado en la agenda de prioridades políticas de nuestra clase política.

Dicho lo anterior, seguramente habrá que poner también el debate y el análisis de lo ocurrido en sus justos términos. En primer lugar, porque si realmente se ha manifestado por la independencia de Cataluña un millón de catalanes lo cierto es que otros seis millones se han quedado en casa. Una abrumadora mayoría de catalanes no se ha sumado a este acto independentista celebrado en un día y en un clima festivo. Tras la manifestación, transportado quizás por una euforia propagandística, el Diputado de Esquerra Republicana Alfredo Bosch se despachaba así en el Congreso de los Diputados: "Yo les pido que… reaccionen a tiempo, que no se retrasen, que lean en los labios del pueblo lo que el pueblo sabio y libre les está exigiendo por igual aquí y en Barcelona… Si el pueblo pide independencia, díganlo, no es tan difícil, no hace falta buscar el enésimo eufemismo. De hecho es muy fácil y se quedarán muy descansados. In-de-pen-den-ci-a. No es difícil, pruébenlo. Les gustará. In-de-pen-den-ci-a. Lo dijeron millones de personas, lo pueden decir ustedes, no es difícil de pronunciar". Hombre, puestos así, Sr. Diputado se le podrían deletrear a usted muchas palabras para que aprenda algo, por ejemplo, de-ma-go-go. El pueblo no ha pedido independencia, no. Una parte de él, sí, pero no todo, ni siquiera la mayoría. El pueblo catalán, en su inmensa mayoría, se quedó en su casa en la Diada. Al igual que cuando se trató de aprobar el vigente Estatuto de Cataluña. El 52% de lo catalanes no votó, se quedó en su casa o en la playa. Y un dato más, Sr. Bosch, los catalanes votan más cuando se trata de las elecciones generales que cuando se trata de las autonómicas. ¿Por qué será? Por cierto, los señores de ERC y algunos otros cuando atribuyen a un grupo más o menos numeroso de manifestantes la “voluntad del pueblo” recuerdan con nitidez a Franco que hacía exactamente lo mismo cada vez que la Secretaría General del Movimiento le llenaba la Plaza de Oriente. Ni entonces, ni ahora el pueblo manifestaba su voluntad soberana. Hoy por hoy sólo es posible expresarla en las urnas.

A propósito de la manifestación independentista hay que resaltar el doble lenguaje, una vez más, de los socialistas. A la manifestación independentista acudieron muchos dirigentes del PSC y hoy se ha podido ver a los mismos aplaudir al Sr. Rubalcaba al afirmar en la Fiesta de la Rosa que el Sr. Mas tendría enfrente a los socialistas si optaba por el camino independentista. ¿En qué quedamos? ¿A qué juegan los socialistas?

Y para interpretaciones paranoicas sobre asistentes a manifestaciones las de hoy a propósito del nuevo fracaso cosechado por los sindicatos con las manifestaciones de ayer. Con la que está cayendo, con todos los recortes que se están imponiendo como consecuencia de la herencia socialista, con el descontento social existente y con el tremendo esfuerzo y movilización que han llevado a cabo los sindicatos, el número de participantes ayer en Madrid en la convocatoria sindical sólo puede ser considerado de fracaso. Y lo cierto es que no faltan motivos para protestar y manifestarse, pero cuando quien convoca son los cómplices del desastre económico heredado, jaleados por los autores del desaguisado, lo más normal es que muchos ciudadanos decidan quedarse en casa. Unos sindicatos incapaces de subsistir sin el dinero de los contribuyentes, unos sindicatos inmóviles mientras se rebasaban los cuatro millones de parados, unos sindicatos que hasta el último momento apoyaron al anterior Gobierno no es que tengan mucha legitimidad para abanderar el descontento social y, menos aún, enarbolando lemas tan estúpidos como el de que “quieren arruinar el país” o “quieren acabar con todo”. Simplezas las justas, por favor. 

Y una vez más, el Sr. Rubalcaba, se descuelga con una interpretación, no por peregrina menos peligrosa desde una perspectiva democrática, afirmando que, visto el “éxito” de la manifestación de ayer, el Gobierno ha perdido la mayoría social. Sinceramente, cuando la AVT o la Iglesia inundaron de manifestantes la Castellana no le oímos al Sr. Rubalcaba decir que su partido había perdido la mayoría social ¿a que no? Las únicas mayorías que valen para gobernar nuestra Nación son las parlamentarias, le guste o no al Sr. Rubalcaba y a los sindicatos. Y todo lo que no pase por ahí sólo es golpìsmo.

Santiago de Munck Loyola

La libertad de Bolinaga: una sentencia inacatable.

La decisión de la Audiencia Nacional de confirmar la libertad condicional del asesino y torturador Bolinaga será todo lo legal que se quiera, todo lo ajustada a derecho que se argumente, pero no por ello deja de molestar e indignar a las personas decentes. Es evidente que algo falla en nuestro sistema judicial y político cuando nuestra legalidad consagra que una persona condenada a más de 300 años de prisión por unos crímenes terribles e injustificables, en concreto por asesinar cobardemente y con ensañamiento a tres guardias civiles (y si descerrajar 18 tiros sobre una persona no es ensañamiento que venga Dios y lo vea) y por secuestrar y torturar a otra persona durante casi dos años estando dispuesto incluso a dejarla morir de hambre, puede salir de la cárcel y gozar de la libertad condicional por estar enferma sin haberse arrepentido, sin haber pedido perdón a las víctimas y animando a otros a practicar los mismos crímenes que a él le llevaron a prisión. Cuando eso es posible en nuestro sistema es que algo muy grave está mal. Cuando nuestro sistema de garantías legales favorece en la balanza el bienestar del asesino frente al dolor de las víctimas es que nuestro sistema está equivocado. Frente a la justicia con las víctimas, frente a la reparación del daño están prevaleciendo otras consideraciones que, siendo importantes, deberían tener una posición secundaria.

La inmensa mayoría de los dirigentes políticos se están apresurando a decir lo de siempre: que las sentencias hay que respetarlas y acatarlas aunque no las compartan. Es decir, lo que los cánones de lo “políticamente correcto” mandan. Es evidente que las sentencias deben ser cumplidas, no hay otra salida en un estado de derecho, pero una cosa es cumplir las sentencias cuando ya no cabe recurso alguno y otra muy distinta acatarlas. Según el diccionario de la Real Academia, acatar significa:

1. Tributar homenaje de sumisión y respeto.

2. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc.

3. Mirar con atención.

4. Considerar bien algo.

Desde esta consideración, un servidor no acata la sentencia de la Audiencia Nacional que deja en libertad a este individuo. Ni respeto, ni acato semejante sentencia. Para ella todo el desprecio y desconsideración posible. Así de sencillo y de claro.

Sorprende que, entre las declaraciones de los políticos, alguno como José Ignacio Wert, Ministro de Educación afirme que "hay que ser capaces de identificar que la fortaleza del estado de derecho está en que desconoce entre sus principios el de la venganza y también contempla el de la humanidad". Se trata de una obviedad pero no exenta de cierta “maldad” para justificar una sentencia judicial nacida de una decisión política del Gobierno. Traer a colación el concepto de venganza es un dardo envenenado dirigido, sobre todo, a las víctimas quienes han encabezado la oposición a la concesión de la libertad condicional del asesino etarra. Reclamar que no se suelte a Bolinaga no es cuestión de venganza, sino de simple y elemental justicia porque fue por Justicia por lo que fue condenado a una pena de prisión que ahora no va a cumplir. Y la justicia deja de ser digna de tal nombre cuando no puede ni siquiera satisfacer la reparación del daño moral a las víctimas y, menos aún, cuando acrecienta su dolor y desamparo.

No puede olvidarse que si la Audiencia Nacional ha terminado dictando una sentencia concediendo la libertad condicional es porque el Director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, es decir, el Gobierno, decidió conceder el tercer grado a Bolinaga, requisito indispensable para que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pudiese posteriormente conceder la libertad condicional. Sin tercer grado no podía haber libertad condicional. Y el Gobierno podía o no conceder el tercer grado. Tan legal era adoptar una decisión como la contraria. No estaba el Gobierno obligado a conceder el tercer grado. Nadie habría prevaricado si no se hubiese concedido, algo evidente a pesar de la simpleza y demostración de ignorancia del Ministro de Interior afirmando lo contrario. Pero lo hizo. El Gobierno atendiendo a razones humanitarias e ignorando a las víctimas decidió conceder el tercer grado y esa decisión ha desembocado en la sentencia de la Audiencia Nacional. No es descabellado, por tanto, afirmar que el Gobierno ha adoptado una decisión claramente política que supone una ruptura con toda una trayectoria en relación al terrorismo y a las víctimas y que, como es natural, levantará muchas sospechas sobre el fondo de tal decisión. El Gobierno y no los jueces es el que ha allanado el camino para la libertad condicional de Bolinaga. Acertado o no, el tiempo lo dirá.

Hoy no queda más que intentar solidarizarse y compartir el profundo dolor de los familiares de las víctimas de Bolinaga que por desgracia nunca volverán, para los que nunca hubo ni compasión, ni trato humanitario y cuya ausencia seguramente será hoy más dolorosa que ayer.

Santiago de Munck Loyola

Ryanair en la picota.

Es muy posible que, de confirmarse las intenciones del Ministerio de Fomento, las prácticas peligrosas de Ryanair, compañía aérea irlandesa presidida por ese personaje chulesco llamado Michael O’Leary, tengan los días contados en nuestro país. 1.201 incidentes en materia de seguridad aérea y de derechos de los pasajeros en sólo seis meses acumula la compañía del inefable personaje irlandés. Todo un récord según publica hoy el Diario El Mundo. Tres aterrizajes de emergencia en una sola tarde por no llevar suficiente combustible ponen de manifiesto que esta compañía parece que asimila bajos costes a baja seguridad. Y encima este chulito aéreo que la preside amenaza con dejar de volar en España si no se le retiran las multas que las autoridades españolas le han impuesto en los últimos años. ¿Qué se cree, que tiene patente de corso aéreo? Pues nada, que no vuele en España que seguramente habrá quienes rápidamente absorban ese 18 % de mercado que Ryanair copa actualmente.

Un servidor ha volado en varias ocasiones con dicha compañía y, la verdad, la experiencia es cada vez peor que la anterior. La primera vez tuvimos que pagar casi 150 € de suplemento por el equipaje. Éramos dos personas y llevábamos un solo equipaje que rebasaba los 15 kgs permitidos por pasajero, pero que no superaba los 30 Kgs que por separado podíamos haber llevado. Nadie nos avisó en la agencia de viajes que debíamos usar dos maletas, una por pasajero, y llevamos una sola maleta. No importó que entre los dos no superásemos el tope de peso permitido y tuvimos que pagar ese escandaloso suplemento, superior al precio de los billetes. En otra ocasión, pagué dos veces por el mismo trayecto ya que contraté directamente a través de la página web de la compañía. Dado que dicha página web es tediosa y compleja como pocas me equivoqué en la hora de los vuelos. Intenté rectificar pero no hubo manera. Una vez efectuada la compra telemática no hay marcha atrás y si hay el más mínimo error no es rectificable. No te devuelven el dinero aunque intentes rectificar inmediatamente. Todo un ejemplo de eficacia recaudatoria y de mal servicio al usuario. No hay más que entrar en la página web de Ryanair para constatar que es una página complicada y tercermundista y que su objetivo no es, precisamente, ofrecer un servicio de calidad, cómodo, atractivo e informativo al usuario.

La última experiencia con Ryanair, hace tan sólo un mes, no fue tampoco precisamente agradable. Viajábamos con un bebé de dos años que, por supuesto, pagaba su propio asiento como si fuese un adulto. Primero no había quien nos informase y menos a través de la página web si se podía llevar el carrito del bebé sin pagar algún astronómico suplemento por lo que tuvimos que optar por volar sin el carrito y comprar uno en destino evitando así cualquier “atraco” sorpresa. La segunda sorpresa en la puerta de embarque, en Barajas. Después de 20 minutos de espera nos dicen que han cambiado la puerta de embarque y no a la de al lado precisamente. A correr por los pasillos más de 500 metros hasta la nueva puerta de embarque. Nadie se disculpó ni explicó el repentino cambio. Tercera sorpresa: te sientas en el avión según el sistema “marica el último” (perdón por la expresión). Y cuando arrastras cuatro bolsas de mano y llevas a un bebé en brazos lo normal es que llegues el último o casi. No entendíamos por qué todo el mundo corría como posesos para llegar a la nueva puerta de embarque. Lo comprendimos cuando vimos el sistema de asignación de asientos. La familia desperdigada por el avión. El colmo es que pretendían que dejásemos al bebé sólo, en un asiento entre desconocidos y tuvimos que “plantarnos”. No obstante, no fue la tripulación la que resolvió el problema, sino un amable pasajero que cedió su sitio para que el bebé fuese sentado junto a su madre. Y la amabilidad de la tripulación brillaba por su ausencia, lo mismo que su dominio del español en un vuelo que partía de Madrid lleno de españoles. Y el colmo del bochorno fue observar las caras de los amables tripulantes mientras intentaban vender a los pasajeros los boletos de una rifa, una escena habitual en algunas líneas de autobuses allá por los años 60 hace tiempo desterrada en nuestro país y que, por cierto, reviví hace cuatro años en un largo viaje en autobús en Perú.

Supongo que experiencias con esta compañía las habrá para todos los gustos, pero las mías no han sido precisamente satisfactorias. Dicen que, a veces, lo barato termina costando mucho y es verdad. Cuando el ahorro se sustenta en la falta de amabilidad, en rifas aéreas, en clavadas inesperadas a los clientes, en escasa limpieza de los aviones o en otras técnicas más o menos aceptables, pase. Pero cuando lo que entra en juego es la seguridad de los pasajeros hay que cortar en seco. Y hace bien el Ministerio de Fomento si se pone manos a la obra y exige a ésta y a todas las compañías aéreas un riguroso cumplimiento de las normas existentes. Un servidor, por su parte, siempre que pueda evitará volver a volar con Ryanair, por simple sentido común.

Santiago de Munck Loyola

Quo vadis, Cospedal?

El lanzamiento de algunos “globos sondas” sobre reformas, como la posible reducción de concejales para generar ahorros en las arcas públicas o la reducción del número de parlamentarios autonómicos, responde, sin ninguna duda, al deseo de una parte de la clase política de atenuar la creciente indignación que la diferencia de la repercusión de los costes de la crisis tiene entre la clase política y el resto de los ciudadanos. El último “globo sonda” lo soltó ayer la Presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien no sólo propuso reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos, justo lo contrario de lo que ella promovió en su Comunidad, sino que además apostó por la supresión de los sueldos a los diputados “para que vivan de sus profesiones y no de la política”, según dijo.

Esta propuesta, relativamente novedosa, merece algunas consideraciones. En primer lugar, para valorar realmente el calado y la validez de la misma, no es posible ignorar la realidad política y personal de quien la formula.  María Dolores de Cospedal, hace poco más de un año, recibía dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, y como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibía otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Es decir, un auténtico dineral con origen en las arcas públicas. Por tanto, que cada uno saque sus conclusiones.

Por otra parte, lo que plantea Mª Dolores de Cospedal es que algunos políticos, en este caso parlamentarios, no cobren por hacer su trabajo y para ello se apela a los precedentes de la transición. Así, los parlamentarios vivirían de su profesión habitual y su dedicación parlamentaria vendría a ser algo así como una segunda actividad o una afición justificada por su carácter vocacional. Sin embargo, con esta propuesta se corre el riesgo de devaluar el carácter de una parte de la actividad política, la que desarrollan precisamente los representantes de los votantes. Tan vocacional es dedicarse a la política como puede ser el ejercicio de la medicina y, sin embargo, a nadie se le ocurre plantear que los médicos trabajen gratis por el carácter vocacional de la medicina. Bien es cierto que para ser político, para ser parlamentario o alcalde, no se exige una formación o preparación específica como en el caso de otros profesionales. Resulta paradójico que en España para ser peón en un Ayuntamiento, por ejemplo, haya que tener graduado escolar y aprobar una oposición y que para ser Alcalde o Diputado no se exija nada, ninguna titulación, salvo ser elegido. El problema es que el poder de las urnas no confiere unos conocimientos mínimos y así nos va.

Por último, todo parece indicar que buena parte de la clase política está equivocada respecto a las causas que generan la indignación ciudadana y su alejamiento de los políticos. Lo que causa indignación es que la inmensa mayoría de los recortes que la crisis generada por parte de la clase política está suponiendo duros sacrificios a los ciudadanos mientras que los políticos siguen instalados en una situación privilegiada. La mayor parte de los ciudadanos no pedimos que los políticos no cobren por su trabajo, pero queremos que sólo cobren de él y no de diversas fuentes públicas simultáneas. No queremos que cobren sueldos, pensiones o indemnizaciones a la vez. Los ciudadanos, en su mayoría, no pedimos que los políticos trabajen de forma altruista pero sí exigimos que no gocen de privilegios inadmisibles: queremos que paguen el IRPF como todos, que coticen lo mismo que los demás para cobrar una pensión de jubilación, que sus retribuciones sean absolutamente transparentes y que no se encubran con pagos en especie, que sus salarios estén perfectamente regulados y tasados de forma uniforme en todo el territorio nacional y en todas las administraciones públicas. Queremos, en definitiva, que los políticos que nos gobiernan y representan tengan una conducta austera y ejemplar lo que implica que renuncien a todos sus privilegios y que sean los primeros en aplicarse los sacrificios y recortes que sufrimos los ciudadanos. En medio de esta crisis generada y mal gestionada por la clase política que un diputado o la Presidenta del Parlamento Catalán se descuelguen con afirmaciones como las que han hecho recientemente denunciando que tienen dificultades para llegar a fin de mes con sus sueldos, dietas y privilegios constituye una auténtica burla a los ciudadanos. No es de extrañar que digan tales estupideces quienes para llegar a tan altos puestos no han tenido que acreditar formación alguna. Se les nota.

Santiago de Munck Loyola

Las retribuciones con dinero público: ni justas, ni equitativas.

La grave crisis que atraviesa nuestra Nación genera incesantes noticias a diario. La prima de riesgo, la Bolsa, los recortes, los rescates, el desempleo o los desahucios se han convertido en los protagonistas informativos y en una fuente de preocupación permanente para los españoles. Esta impresionante crisis o recesión, que hace dos años era tan sólo una desaceleración para los socialistas y sindicatos, se está llevando todo por delante y está obligando al Gobierno Popular a hacer recortes y auténticas podas, aunque prefieran hablar de ajustes. Por cierto, si hay una característica que une a la clase política, sea del color que sea, es su afición a pervertir el lenguaje, a utilizar eufemismos para suavizar sus acciones e hipérboles para definir las del adversario.

Ayer, el Diario ABC ofrecía en sus páginas una entrevista realizada al Presidente Rajoy. Preguntado sobre los sacrificios impuestos a los ciudadanos, el Presidente manifestaba que “estamos intentando ser justos y equitativos a la hora de repartir los esfuerzos”. Reflexionando sobre ello y sobre la realidad que los ciudadanos sentimos en nuestras vidas diarias, se puede pensar que el Gobierno efectivamente lo está intentando, pero sin conseguirlo. Lo cierto es que los esfuerzos y sacrificios no se están distribuyendo de una forma justa y equitativa y hay muchos ejemplos que pueden ilustrar esta afirmación. La justicia y la equidad de las medidas adoptadas, de los recortes que se están produciendo, no están a la altura del programa y de los principios ideológicos del Partido que sustenta al Gobierno, ni por supuesto, de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hace tan sólo ocho meses, en el mes de enero, en otra entrevista al Presidente Rajoy afirmó que había optado por incrementar el IRPF porque era más justo y equitativo, quien más tenía debía contribuir más, que incrementar el IVA, que supondría un aumento indiscriminado de la imposición, igual para ricos que pobres al no considerar el nivel de renta. Y ¿ahora qué? ¿En qué quedamos?

A ninguno nos gusta que nos suban los impuestos o que nos recorten el sueldo año tras año, como en el caso de los empleados públicos, pero nos gusta aún menos cuando constatamos que las cargas que se nos imponen para salir de esta crisis no se distribuyen con justicia y equidad. Y voy a referirme a un aspecto que ya he mencionado en varias ocasiones en estas páginas pero que ilustra, como pocos, la posibilidad real de redistribuir mejor y de forma más justa las cargas de la crisis. Me refiero al uso del dinero público, del dinero de los contribuyentes, a la hora de pagar salarios.

Buena parte de nuestro dinero recaudado por las administraciones públicas se destina a pagar el sueldo de los empleados públicos (políticos y asimilados, funcionarios, funcionarios de empleo, laborales, etc.) y otra buena parte de ese dinero se destina a empresas privadas a través de ayudas o subvenciones, en las que como es lógico se pagan sueldos. En cualquier caso, se trata de dinero público que se destina al pago de retribuciones. Pues bien, tratándose de dinero público no tiene mucho sentido que en España, en medio además de esta situación económica que impone criterios de austeridad, no exista una norma que regule y unifique las tablas salariales que puedan aplicarse. Nos encontramos con una curiosa situación: el máximo jefe del dinero público, el Presidente del Gobierno, gana en muchos casos menos que muchos de sus subordinados. Una situación impensable en el ámbito de la empresa privada. Los reinos de taifas salariales son una realidad en España.

Por una parte, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente los topes retributivos de los empleados públicos pero de esta limitación se escapan todos los cargos políticos (nacionales, autonómicos y locales) de modo que muchos Alcaldes y Presidentes autonómicos ganan hasta un 50 % o más que el Presidente del Gobierno. Por otra parte, los directivos de las empresas públicas y algunos empleados, como los de RTVE con contratos superiores a los 150.000 € anuales, también se escapan de las tablas salariales fijadas en los Presupuestos del Estado. Hay directivos de ADIF y de otros entes públicos que triplican el salario del Presidente del Gobierno, del “Jefe” de la “empresa”. Por último, nos encontramos que empresas privadas o semi-privadas que subsisten gracias a las ayudas o subvenciones públicas, es decir, al dinero de los contribuyentes abonan retribuciones de 500.000 € anuales como en el caso de las entidades financieras que reciben ayudas públicas. No tiene lógica, ni sentido común esta situación. Si para percibir subvenciones o determinadas ayudas públicas una empresa privada tuviese que ajustar las retribuciones de su personal a los baremos públicos el panorama cambiaría radicalmente. Es inaceptable, por ejemplo, que una empresa que acude a un ERE y concierta jubilaciones anticipadas que tienen un elevado coste para las arcas públicas, no sólo siga repartiendo beneficios entre sus accionistas, sino que además mantenga retribuciones multimillonarias entre sus directivos.

Hay quien justifica esta situación sosteniendo que estas retribuciones son necesarias en el sector público para captar a los mejores gestores que, en caso contrario, podrían marcharse al sector privado. Pues bien, este argumento no es válido. Primero, porque todos sabemos que la mayoría de los directivos de empresas públicas no llegan al puesto por ser los mejores en su ramo, sino porque son poseedores de un carnet político y tienen un buen padrino. Y en el ámbito público los méritos y la capacidad se miden conforme a la Ley. Otros justifican esos sueldos por la “enorme responsabilidad” que su desempeño conlleva. Ya. Y el funcionario “cirujano” en cuyas manos ponemos nuestra vida ¿no tiene una enorme responsabilidad?  Y el funcionario “profesor” en cuyas manos ponemos la educación de nuestros hijos ¿no tiene también una enorme responsabilidad? Pues seguramente tienen una responsabilidad mucho mayor que la de esos directivos y cargos públicos y, sin embargo, su sueldo está perfectamente regulado y limitado año tras año. Y lo que es peor, perfectamente recortado (o ajustado) año tras año también. Que un directivo de una Caja de Ahorros arruinada pueda cobrar 500.000 euros anuales apelando a la responsabilidad que ello conlleva mientras que un médico no pase de 50 ó 60.000 euros al año, no tiene nombre.

Por ello, cuando se constata que a los empleados públicos, gobierne quien gobierne, es a los primeros a los que se les pide e imponen sacrificios, porque su salario lo pagamos todos, mientras que a los directivos de empresas y entes públicos y a los de empresas privadas y entidades financieras fracasadas no sólo no se les exige lo mismo sino que, además, se les mantiene en un plano salarial privilegiado, aunque su sueldo también lo paguemos todos, surge la indignación y la exigencia de una política de austeridad más justa y más equitativa.

Hace falta ya una Ley sobre retribuciones con fondos públicos. Una Ley que afecte a todos cuantos perciban un salario con origen directo o indirecto en la hacienda pública, sea en el sector público o en el sector privado Un Ley que establezca unas tablas salariales como las que se aplican a los empleados públicos y que impida que, con cargo al dinero de los contribuyentes, nadie cobre un euro más que el Presidente del Gobierno. Así, cuando se habla de justicia y equidad en el reparto de las cargas de la crisis no habría tanto hueco para la incredulidad y el escepticismo.

Santiago de Munck Loyola