Tiene
razón el Presidente del Gobierno, toda la razón del mundo: los españoles no
podemos elegir, no tenemos esa libertad. Es cierto. Ahora, no podemos elegir.
Lo hicimos el pasado 20 de Noviembre. Elegimos por mayoría absoluta echar al
cómplice y socio del incompetente Zapatero, el Sr. Rubalcaba, y dar nuestro
voto al Partido Popular, al programa electoral del Partido Popular y a su
candidato a la Presidencia del Gobierno. Elegimos hace seis meses y hasta
dentro de tres años no podremos volver a elegir. Y quizás por eso se ve
obligado a hacer lo que hace: incumplir el programa electoral del Partido
Popular, los principios programáticos e ideológicos del mismo y sus propias promesas.
Es
verdad, los españoles no tenemos ahora la libertad de elegir aunque el
Presidente se haya visto obligado a romper el contrato electoral con quienes le
votamos, porque no hay que olvidar que un programa electoral es un contrato con
el votante. Ya se sabe que los programas electorales son en ocasiones lo
suficientemente ambiguos como para poder hacer una cosa o la contraria, pero en
algunos aspectos son tan concretos, tan precisos que cuando se incumplen no hay
modo de disfrazarlo. Si el programa electoral del PP del año pasado se basaba
en un análisis de la realidad tan deficiente que sus promesas no pueden ahora
ser cumplidas ¿quién tiene la culpa? ¿los electores? Evidentemente no.
Los
ciudadanos no podemos elegir ahora, pero el Gobierno sí. Es falso que no tenga
otro remedio que adoptar las decisiones que ha tomado, que no hay alternativa.
Claro que la hay y no hay más que volver a los principios programáticos del
Partido Popular o, incluso, al propio programa electoral para comprobarlo. Para
adoptar decisiones basadas en criterios socialistas y ajenos al liberalismo no
hacía falta cambiar de Gobierno.
Hoy
nuestras administraciones no tienen otro remedio que gastar menos e ingresar
más. Hemos estado gastando más de lo que ingresábamos y hay que pagar los
agujeros presupuestarios. Pero no se trata sólo de saldar la desastrosa
herencia de Zapatero, el problema es que seguimos gastando más de lo que
recaudamos y los agujeros de siguen agrandando.
Tenemos
una estructura estatal que es insostenible y en eso coinciden todos los
analistas económicos. Y esa propia estructura y la clase política que la dirige
es la responsable del déficit presupuestario y simultáneamente del freno al
crecimiento que impide generar más ingresos.
Del
conjunto de medidas adoptadas hay muchas que podrían tener alternativa y aquí
van algunos ejemplos:
- La reducción de un 30 % del número de
concejales no pasa de ser una anécdota. En gran cantidad de municipios
españoles, los concejales no cobran sueldo alguno y su reducción no va a tener
un efecto económico significativo. Sin embargo, la supresión del Senado, la
drástica reducción del número de diputados autonómicos o la eliminación de
instituciones duplicadas sí que lo tendría. Más de 120 seudo embajadas
autonómicas, televisiones autonómicas y locales, defensores del pueblo
regionales y tribunales de cuentas autonómicos, cuando menos, sobran.
- La limitación de los sueldos de los
alcaldes es lógica, pero insuficiente. Una vez más de apuesta por presionar al
sector más débil de las administraciones en lugar de optar por una regulación
total del sistema de retribuciones con dinero público. Es inadmisible que los
miembros del Consejo de Estado, los Presidentes Autonómicos o sus Consejeros,
los directivos de empresas públicas como NAVANTIA, SEPI, RENFE, AENA, ADIF o
REE o los directivos de bancos que reciben ayudas públicas ganen más que el
Presidente del Gobierno.
- La reducción de subvenciones a
partidos, sindicatos y organizaciones empresariales también es insuficiente. Si
no hay dinero para mantener el nivel actual de prestaciones por desempleo no
debería haber ni un euro para los primeros. Deben sostenerse con las cuotas de
sus afiliados y si no pueden que cierren los chiringuitos.
- La subida del IVA, por mucho que lo
exija Europa, es miope y de efectos transitorios y contraproducentes. Habrá una
subida inmediata y momentánea de la recaudación, pero el consumo caerá,
aumentará el paro generando más gastos para prestaciones sociales y disminuirá
la recaudación del IVA. Hay que señalar, además, que el aumento del IVA va a
agrandar el déficit de todas las administraciones locales. Al contrario, una
bajada de tipos junto con una reducción del IRPF provocaría un aumento del
consumo y, por tanto, una mayor recaudación de este impuesto junto con más
empleo y menos gastos sociales. Además, si esta reducción se acompañase con un
aumento del impuesto de sociedades a las grandes empresas exclusivamente se
recaudarían, según los técnicos de hacienda, más de 20.000 millones de euros.
Igualmente, un incremento de la tributación de las SICAV también mejoraría la
recaudación tributaria.
- La eliminación “transitoria” de una
paga extra a los empleados públicos es injusta hacia un colectivo que ha venido
perdiendo poder adquisitivo constantemente en los últimos años y al que Rajoy
prometió pública y expresamente no reducir el sueldo. No puede dejarse pasar
por alto el insultante aplauso de la bancada popular ante el anuncio de esta
medida. Como tampoco puede obviarse que quienes van a aprobar este recorte sólo
se lo aplicarán a si mismos voluntariamente ¿dónde está la igualdad ante la
ley? Esta medida perjudicará aún más a la caída del consumo profundizando la
recesión.
- Otra medida que debería se puesta en
marcha y que evidencia la existencia de alternativas sería la absoluta
liberalización del sector eléctrico para que una competencia real aliviase
notablemente las facturas de los consumidores y, por otra parte, la supresión
de los 6.000 millones anuales de subvenciones y primas a las eléctricas. Del mismo
modo, la ampliación del período de vida útil de las centrales nucleares parece
insuficiente habiendo podido apostar por un nuevo impulso a este sector.
- Acelerar la jubilación a los 57 años
es ahondar en un error socialista. ¿Por qué no se han prohibido ya las
prejubilaciones en empresas con enormes beneficios como Telefónica y que tantos
millones nos cuestan?
- Ni una palabra a la posibilidad de
cobrar a los reclusos por delitos económicos (ejemplo Julián Muñoz) los
millones de euros que su estancia en prisión nos ocasiona a los ciudadanos o de
reducir los 657 millones de euros que los delincuentes extranjeros cuestan
anualmente al Estado. Podría reformarse la ley para que los extranjeros
condenados, excepto los reos por delitos contra las personas, fueran expulsados
de España y repatriados a su lugar de origen por el doble de tiempo de la
condena que se les hubiese impuesto. Sería mucho menos gravoso para todos los
contribuyentes.
Como
puede verse hay alternativa. El Gobierno y el Presidente sí pueden elegir otra
cosa distinta a la que han elegido, los ciudadanos. Le honra al Presidente
Rajoy dar la cara y reconocer que está haciendo lo contrario a lo que le gusta,
pero ese reconocimiento no justifica desde una perspectiva ideológica el
acierto de las medidas adoptadas ni su congruencia ideológica con el Partido y
los votantes que le sostienen. Debería considerar que si hoy los españoles no
podemos elegir, dentro de tres años y medio sí podremos hacerlo. Y debería
considerar igualmente que él sí que tiene alternativas, que no existe un solo
camino para salir del pozo en el que el PSOE ha metido a España.
Santiago
de Munck Loyola