Enmiendas al XIII Congreso del PP de Alicante: más participación, medio ambiente y Ley de Costas.

El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del Partido Popular de la Provincia de Alicante convocado bajo el lema “comprometidos con la Provincia de Alicante”. Una vez más y como viene siendo habitual bajo la Presidencia Local de D. Julio de España los afiliados de la Ciudad de Alicante no han recibido ni una sola comunicación sobre la celebración de este cónclave Provincial. Las únicas noticias que los militantes populares sobre este Congreso provienen de los medios de comunicación. Los populares de la ciudad de Alicante ni han recibido una carta anunciándoles la celebración del Congreso, ni recordándoles su derecho a ser compromisarios para participar en el mismo. Es así como algunos entienden la participación de la militancia en un partido que no sólo debería proclamar su adhesión a los principios democráticos, sino que debería ejercerlos de abajo a arriba en su estructura interna.

Un servidor parece que va a participar gracias a que recibió la documentación precisa para ejercer sus derechos de afiliado de otra sede local y a que, esta vez, no ha sido preciso realizar una asamblea local.

El Congreso provincial servirá, tal y como determinan los Estatutos del PP, para elegir al Presidente Provincial que será, sin duda alguna, el candidato oficial José Císcar. Con ser ello relevante no es lo único que se va a hacer en el Congreso. Tanta importancia como la elección del Presidente y de la nueva dirección Provincial tienen las dos ponencias que se van a debatir y a aprobar: una ponencia política y una ponencia con el Reglamento del Partido provincial.

Sobre el contenido de estas ponencias hay que destacar una evidente contradicción entre ambas. De una parte, la ponencia política subraya en muchas ocasiones la voluntad del Partido Popular de Alicante de potenciar la participación de los ciudadanos en la vida política poniendo al servicio de este objetivo todos los cauces tecnológicos existentes. De otra parte, el proyecto de Reglamento, los estatutos provinciales, realizan una interpretación restrictiva de los Estatutos nacionales y de los Regionales de modo que la participación de los militantes populares en la vida interna del partido queda reducida a la mínima expresión. Hay una evidente contradicción entre el espíritu de la ponencia política y la ponencia de Reglamento que se salda con una retórica políticamente correcta hacia el conjunto de los alicantinos y una realidad estatutaria absolutamente cerrada a la participación interna. Así, no se deja ningún margen de actuación para que los militantes puedan ni tan siquiera opinar internamente sobre las candidaturas del partido en su ámbito territorial, ni para que los cargos electos rindan cuenta ante la militancia o para que ésta pueda trasladar a los mismos opiniones o sugerencias. Si no prosperan las enmiendas encaminadas a fomentar la participación interna y la corresponsabilidad de la militancia no se avanzará lo más mínimo en la consolidación y crecimiento de un proyecto político firmemente arraigado en la sociedad sino que se seguirá profundizando en un modelo de partido de cuadros, en una simple maquinaria electoral fuerte y eficaz, de momento.

En cuanto a la ponencia política hay tres aspectos muy importantes que se han omitido. Se trata del papel del voluntariado social en la crisis y las relaciones del PP con el mismo, el tratamiento de los residuos y su impacto provincial y el impacto de la vigente Ley de Costas en los bienes y derechos de miles de ciudadanos alicantinos afectados por su aplicación. Destaca especialmente este tercer “olvido” por tres circunstancias concretas: la anunciada revisión de la vigente Ley de Costas anunciada por el Ministro Arias Cañete, el tono reivindicativo frente a otras necesidades de la Provincia como son el AVE o los trasvases mientras se silencia esta reivindicación y las constantes y bien fundamentadas menciones a la política turística y al desarrollo de esta industria clave para la Provincia en la que tiene una especial incidencia a niveles europeos los “desaguisados” que la actual ley de Costas ha generado en la Provincia afectando a muchos residentes comunitarios. No se entiende que con 244 km. de costa en la Provincia no se haga mención al asunto.

Por ello, sería deseable que la Ponencia política incluyera el compromiso del Partido popular de Alicante también con los miles de afectados por la Ley de Costas que han visto como una norma aplicada con efectos retroactivos ha transformado su derecho de propiedad en una simple concesión administrativa con plazo de caducidad. Se trata de una reivindicación justa que debería ser asumida por el Partido Popular de Alicante para ser defendida en el Congreso de los Diputados buscando una solución justa con los propietarios expoliados y equilibrada con la defensa del medio ambiente.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

Sonia Castedo debería considerar la dimisión.

No ha sido la semana anterior la mejor semana, desde un punto de vista informativo, para la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Hace poco más de cuatro días, los medios de información se hicieron eco de la decisión del Juez instructor del caso Brugal de enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia pidiendo la imputación de la Alcaldesa, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados en las Cortes valencianas. El juez ve en Castedo y Alperi indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, de tráfico de influencias y de cohecho.

Hoy, el Diario El Mundo, denuncia que la Alcaldesa de Alicante cobra un extra de 584 € mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no asiste. Según este periódico, dicha Comisión es inoperante y tan sólo se ha reunido tres veces desde que se inició la actual legislatura. Se subraya, además, que al único acto que podría haber justificado la percepción de esta dieta, la visita a la central de Cofrentes el pasado mes de junio, la Alcaldesa no asistió. Claro que lo que omite este Diario es que la situación de Castedo no es excepcional, es algo bastante extendido entre los miembros de las Cortes. No estaría de más, en estos tiempos de austeridad para los ciudadanos de a pie, que se publicasen los nombres y cantidades percibidas por los diputados autonómicos que muestran igual entrega y dedicación a su tarea sin dejar de percibir sus retribuciones. Pero Sonia Castedo no es la única responsable de su situación. Es materialmente imposible que se pueda desempeñar simultáneamente la Alcaldía de una ciudad como Alicante, puesto que exige una entrega y dedicación plenas, con un escaño en el Parlamento Regional. Es imposible desempeñar los dos puestos a la vez. Y la culpa de que no pueda realizar bien los dos trabajos la tiene la dirección del Partido Popular que se pasa “por el arco del triunfo” las incompatibilidades reales. Los militantes del Partido Popular están completamente al margen de la elaboración de todas las listas electorales. Jamás se recaba su opinión. Los puestos se reparten entre conocidos y amiguetes, familias y sensibilidades, sin que los afiliados puedan opinar lo más mínimo. Esta es una realidad incontestable, basta con repasar los Estatutos del PP, y éstos son los resultados.

El pasado mes de abril, el Presidente Alberto Fabra manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza" de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Poco después justificó dos dimisiones de cargos autonómicos imputados en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con el Instituto Nóos argumentando que "los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad". Fabra añadió que "en estos momentos no podemos hacer otra cosa que seguir generando la confianza en el ciudadano, que está exigiendo ejemplaridad".

Estas palabras del Presidente Fabra responden a una exigencia ciudadana cada vez más extendida, fiel reflejo de esta creciente percepción de que los políticos, la clase política, constituyen un problema para el conjunto de los ciudadanos. Hasta el día de hoy, la Alcaldesa de Alicante es, no se olvide, inocente de cualquier delito y lo seguirá siendo hasta el día en que una sentencia firme declare lo contrario. Pero es tan inocente como cualquier otro de los imputados que han dimitido de sus puestos o han sido obligados a dimitir. Y no pueden existir dos varas de medir en el mismo Partido, ni se pueden usar dos criterios contrapuestos en función del escalón administrativo y político de que se trate.

No se trata ahora de la culpabilidad o no de la Alcaldesa que sólo corresponde a la Justicia dilucidarla. Se trata de que su situación procesal y sus actuaciones dañan a la imagen del Partido Popular y se convierten en titulares permanentes. Hace daño a la imagen del PP que el juez instructor la acuse de haber cometido varios delitos basándose en las pruebas existentes en el sumario; daña a la imagen del PP que en tiempos de crisis presida un consistorio con 55 cargos de confianza; daña a la imagen del PP que se ufane de colocar a amigos y conocidos en las contratas municipales; daña a la imagen del PP simultanear dos cargos públicos y no tener tiempo para desempeñarlos adecuadamente; daña a la imagen del PP muchos comportamientos y actitudes que sin ser ilegales son poco presentables. Sonia Castedo debería plantearse seriamente su dimisión e igual que ella, el Sr. Blasco. En nada beneficia a la imagen del PP el hecho que el “tercer” grupo parlamentario más numeroso de las Cortes Valencianas sea precisamente el de los imputados del PP.

Nada impide que renuncie a la Alcaldía, permanezca como concejala sin responsabilidades mientras dura el proceso judicial y que retorne a la Alcaldía cuando se demuestre su inocencia. Es un duro sacrificio, pero seguramente es lo mejor que puede ofrecer a su Partido para compensar la mala imagen y el daño que su situación está causando.

Santiago de Munck Loyola

¿Reforma profunda o cosmética de los Ayuntamientos?

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a insistir esta mañana durante una intervención en el Campus Faes en la voluntad del Gobierno de impulsar reformas de las Administraciones Públicas, empezando por las Administraciones Locales. No es la primera persona del Gobierno que anuncia cambios profundos en la Ley de Bases del Régimen Local. Hace unas semanas el Gobierno anunció también en el proyecto de reforma de esta Ley para racionalizar las competencias y los servicios que deberían asumir los entes locales. Y hace pocos días, desde el Ministerio de Hacienda se ha lanzado la idea de reformas que supondrían la obligación de evaluar los costes de los servicios municipales y de proceder a la privatización o al cierre de los que resulten deficitarios. En el caso de la intervención de hoy, los medios de comunicación han destacado la reforma para determinar los sueldos de Alcaldes y Concejales y la reducción del número de éstos.

Parece que el Gobierno está usando la técnica del globo sonda para ir espaciando en el tiempo diferentes aspectos del paquete de reformas de los entes locales que se van a aprobar en las próximas semanas. En cuanto a la modificación del sistema de asignación de los sueldos de los Alcaldes y Concejales parece que responde a una necesidad evidente de homogeneizar las cuantías y de acabar con los espectáculos bochornosos que se producen al inicio de cada legislatura cuando los Plenos de los Ayuntamientos proceden a fijar las retribuciones de sus componentes. Reformar el actual sistema de determinación de las retribuciones de Alcaldes y Concejales es una medida necesaria, pero es a la vez discriminatoria e insuficiente. Debe existir un mismo criterio y un mismo baremo a la hora de determinar cualquier retribución o cualquier salario que tenga su origen en el dinero público. No vale con aplicar un límite al escalón inferior de las administraciones públicas, los Ayuntamientos, sino que la norma, al igual que se ha hecho respecto a la jornada laboral, debe ser extensiva a todas las administraciones públicas y a cualquier entidad que se sostenga con ayudas públicas, sea cual sea su origen o denominación. El criterio es simple y de sentido común: con dinero público, tablas salariales públicas y nadie que perciba una retribución con origen en fondos públicos debe percibir un euro más de lo que perciba el Presidente del Gobierno. Si la máxima responsabilidad política está en la Presidencia del Gobierno, todos los salarios de los cargos públicos deberían ser inferiores al suyo. No tiene mucho sentido ni lógica que Alcaldes, Concejales, Parlamentarios nacionales y autonómicos, Presidentes o Consejeros de Comunidades Autónomas o directivos de entidades financieras intervenidas o ayudadas con fondos públicos ganen mucho más que el Presidente del Gobierno. Y junto a esta norma, otra de sentido común: ningún cargo público podrá cobrar de dos o más fuentes de ingresos públicos aunque se disfrace de dietas por asistencia a Consejos de Administración de Empresas Públicas, indemnizaciones, etc. Pero es que, además, este criterio debería ser aplicado al ámbito del sector privado, es decir, al ámbito de empresas o instituciones que sobreviven gracias a las subvenciones públicas. Por tanto, más que una reforma parcial en este campo de la Ley de Bases de Régimen Local lo que hace falta es una Ley sobre Retribuciones del Sector Público.

Es evidente que la Ley de Bases del Régimen Local necesita una profunda reforma. Pero esta reforma ha de partir de un serio análisis del modelo local que tenemos. No hay que olvidar que nuestro actual modelo tiene su origen y su consolidación en una época histórica concreta. La clase política de finales de los 70 y principios de los 80 partía de una profunda desconfianza hacia unas administraciones locales cuyas estructuras y hábitos provenían de 40 años de dictadura. Se articuló entonces un sistema municipal más preocupado en el control político y democrático de los entes locales que del desarrollo eficaz de la gestión de los mismos. Esa desconfianza inicial se tradujo en un desplazamiento de la gestión hacia el ámbito político reproduciéndose en los entes locales esquemas de funcionamiento que hoy por hoy necesitan una profunda reforma.

Hoy más que nunca es preciso que los políticos locales centren su actividad en desarrollar políticas más que en gestionar. No es lo mismo hacer política que gestionar. Las Administraciones Locales cuentan con excelentes profesionales cuyo papel debe ser potenciado en las próximas reformas legislativas.

Igualmente, es necesario abordar algunos aspectos importantes como son la delimitación de competencias de los entes locales, la financiación sostenible de los mismos, el papel de las Policías Locales en relación a la seguridad ciudadana, la coordinación y la cooperación entre las distintas administraciones públicas, etc. Son tantos los aspectos que podrían y deberían reformarse que sería una lástima que las urgencias presupuestarias terminaran centrando la reforma de los entes locales en simples recortes salariales o en la reducción de los cargos públicos. Ojala que no sea así, porque los Ayuntamientos son la base de la convivencia ciudadana y la primera puerta a la que todos accedemos para demandar atención y servicios.

Santiago de Munck Loyola

Eléctricas 1 - Consumidores 0.

Hay cosas que parece que no cambian gobierne quien gobierne. Son hábitos, costumbres o políticas que se heredan de un gobierno a otro sin que, en la mayoría de las ocasiones, los ciudadanos cuestionemos esos comportamientos. Parece que es indiferente el color político de los gobiernos, estatales, autonómicos o locales, porque determinadas cuestiones que afectan muy directamente a los ciudadanos no cambian. Una de ellas que es padecida por todos los hogares españoles es la cuestión de la electricidad, el coste de la energía eléctrica y la política gubernamental al respecto. La cultura de “la subvención” forma parte íntima del recibo de la luz que todos pagamos. Cunado se produce un cambio de Gobierno siempre se anuncian profundos cambios respecto a la política energética, pero en el fondo estos cambios son más estéticos que de fondo y su traducción práctica siempre es la misma: los ciudadanos pagamos más y más cada año por el precio de la energía.

Da la impresión que estos cambios cosméticos se diseñan y ejecutan siempre a favor de las poderosas empresas eléctricas en cuyos consejos de administración siempre terminan sentándose, casualmente, ex presidentes y ex ministros de los Gobiernos salientes.

El pasado mes de mayo los precios de la electricidad en Europa registraron caídas del 12% respecto al mes anterior y en España nos han subido en lo que va de año un 11% la tarifa de último recurso, un 7 % en abril y un 4% en julio. Los consumidores españoles pagamos la electricidad más cara de Europa tanto en términos absolutos como relativos. Los datos son los siguientes:

País                 SAB    SPH       P      HTR

Dinamarca      48307  5,51     12,65   2,294

Noruega          47221  5,39     15,63   2,900

Reino Unido    44495  5,08     13,65   2,687

Luxemburgo   43621  4,98     14,51   2,914

Holanda          40800  4,66     13,0     2,791

Irlanda            40462   4,62     15,84   3,429

Alemania        39364  4,49     14,06   3,129

Bélgica            37674  4,3       15,72   3,655

Austria            36673  4,19     14,42   3,444

Suecia            35084  4,01     13,76   3,436

Finlandia         34080  3,89     10,81   2,779

Francia           31368  3,58     9,94     2,776

Italia                24116  2,75     14,15   5,140

España           21402  2,44     15,97   6,537

Grecia            17859   2,04     10,01   4,910

Portugal          14892  1,7       10,15   5,970 

• SAB. Sueldo Anual Bruto.

• H. Número de horas del año, 8760.

• SPH. Sueldo Por Hora. [SAB/H].

• P. Precio en euros de 100kWh.

• HTR. Horas de Trabajo Relativas. [P/SPH]

Como puede apreciarse, los españoles con salario medio sensiblemente inferior al de nuestros vecinos pagamos la electricidad más cara. Parece ser que de cada 100 euros del recibo que pagamos sólo 44,1 € corresponden al coste de la generación y del transporte de la energía, mientras que los 55,9 € restantes son primas (subvenciones para las eléctricas), déficits anteriores e impuestos. En el año 2010 de cada 100 €, 22,2 € se dedicaron a pagar primas a las renovables. ¡Y que siga la fiesta!

Así pues, los españoles que tenemos sueldos bastante inferiores a los de nuestros vecinos pagamos la electricidad más cara de Europa porque, como somos muy rumbosos, nos dedicamos a subvenciones fuentes de energía que no son rentables económicamente y que no serían negocio sin esos 22,2 euros de cada 100 que nos cobran para sostenerlas. ¿Por qué estamos obligados los consumidores a subvencionar sistemas de generación eléctrica no rentables de empresas que reparten enormes dividendos gracias a nuestro dinero? ¿Quién nos lo ha preguntado? ¿En qué programa electoral se anunció tal medida? Hay quien lo justifica por la necesidad de cumplir acuerdos internacionales sobre reducción de emisiones contaminantes. Vale, muy bien. ¿Por qué entonces no se subvenciona en la misma proporción, por ejemplo, a quienes desarrollen sus tareas agrícolas con mulas de tiro en lugar de usar tractores? También se reducirían las emisiones contaminantes ¿no?

Y ya que estamos en la Unión Europea para lo bueno y para lo malo, en esta Unión mercantilista en que bienes y personas circulan con relativa facilidad ¿por qué no se liberaliza absolutamente el sector y se nos permite a los consumidores contratar el suministro eléctrico de nuestros hogares con empresas extranjeras cuyas tarifas son considerablemente inferiores? ¿No apuesta el Gobierno del PP por las reformas liberalizadoras? ¿A qué espera el Gobierno para apostar por el consumidor en lugar de hacerlo por las poderosas compañías eléctricas?

No somos un país rico con capacidad para subvencionar tecnologías no rentables económicamente. Nuestra prioridad como nación debe ser preservar los niveles de bienestar que hemos ido alcanzando, eliminar las trabas y las dificultades que asfixian a los ciudadanos, hacer real la solidaridad y facilitar la generación de empleo. Mal podemos ser competitivos cuando los mayores generadores de empleo, las pequeñas empresas, los negocios familiares, tienen que pagar la electricidad más cara de Europa y subvencionar a los más poderosos. A veces pienso que va terminar por tener razón un tío mío que en la posguerra siempre decía que “mande el fascismo o mande el comunismo, siempre pagamos los mismos”.

Santiago de Munck Loyola

Los partidos políticos siguen "de fiesta" con nuestro dinero.

Un Diario publica hoy una noticia relativa a la financiación de los Partidos Políticos que teniendo en cuenta la escasez de dinero para todo llama bastante la atención. Según este diario, los partidos políticos reciben subvenciones hasta por dieciocho conceptos distintos y, entre ellos, destaca especialmente la cantidad que percibirán en el año 2012 para sus gastos de funcionamiento y seguridad y que ascenderá a 65 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta cantidad se refiere exclusivamente a la asignación que el Estado distribuye entre los partidos y que se reparte en su mayoría entre el PP y el PSOE. No hace falta subrayar que en esta cantidad no se incluye lo que, al margen de sus sueldos, perciben los parlamentarios en concepto de dietas, compensaciones, móviles, ordenadores, viajes, etc. ni otras asignaciones que las cámaras pudieran dedicar en sus presupuestos a los Grupos Parlamentarios. De igual modo, esta importante cantidad tampoco hace referencia a las cantidades que los partidos políticos reciben a través de los grupos institucionales en los diferentes parlamentos autonómicos o en las diputaciones provinciales, allí donde existen.

Al día de hoy es materialmente imposible conocer con exactitud las cantidades totales que los partidos políticos reciben, en dinero o en especie, de las diferentes administraciones públicas. La fiscalización que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el dinero público percibido por los partidos políticos es absolutamente insuficiente y la legislación aplicable es lo suficientemente sesgada y ambigua como para permitir que los partidos políticos oculten de forma legal a los ciudadanos la cantidad total de dinero público que perciben y el destino que al mismo dan.

Sin embargo, existe además una importante fuente de financiación legal de los partidos políticos que casi siempre pasa desapercibida y que supone una impresionante cuantía en medios materiales, personales y económicos. Se trata de los Ayuntamientos. La Ley de Bases del Régimen Local señala que cada Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, deberá poner a disposición de los Grupos Municipales los medios personales y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta disposición se traduce en que los grupos municipales usan despachos, teléfonos, ordenadores y personal, en función de la capacidad de cada consistorio, y lo hacen teóricamente para el desempeño de su trabajo como representantes locales, pero que en la práctica se usan al servicio de cada partido político. A ello hay que añadir las asignaciones económicas a los grupos Municipales, es decir, la cantidad de dinero que mensualmente cada ayuntamiento entrega a los grupos y que se devide en dos partes: una fija igual para todos los grupos y otra variable en función del número de concejales con que cuenta cada grupo. El Artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que “el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. En el mismo Artículo se añade que “los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” Esto significa que esta subvención no está sujeta a las mismas normas de control y fiscalización que las demás subvenciones que los Ayuntamientos conceden. Los grupos municipales, los partidos, sólo deben justificar el empleo de la subvención cuando así lo requiera el Pleno de la Corporación, algo que nunca ocurre, a diferencia de la justificación de las demás subvenciones que deben ser fiscalizadas por la Intervención municipal. Esto significa que estas subvenciones carecen de cualquier control técnico, ni pasan por el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera por la Intervención Municipal.

Y no se trata de cantidades pequeñas, no. Un Ayuntamiento como el de Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, con una población de  73.000 habitantes, dedica anualmente 590.000.- € a cargos de confianza, es decir, cargos de los partidos políticos, despachos y toda clases de medios para los grupos municipales y, además, 130.000.- € de subvención para los Grupos Municipales. Y estamos hablado de un municipio gobernado por IU, teóricos abanderados de la austeridad. Eso sí, al menos publican la cifra, no como en otros Ayuntamientos, como el de Alicante, en el que si se entra en su página web resulta imposible conocer la cuantía exacta dedicada a financiar a los Grupos Municipales. Por hacerse una idea aproximada de lo que puede suponer este gasto de los grupos municipales, si aplicásemos las cantidades que el Ayuntamiento de Rivas dedica a los grupos al conjunto de la población española nos saldría una cifra de 450 millones de euros, es decir, prácticamente lo que el Gobierno espera ahorrar con el “repago” de los medicamentos. Bien es cierto que es poco riguroso dar por buena esta hipótesis ya que hay muchos Ayuntamientos con escasos medios, pero la falta de transparencia de los partidos políticos y de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no permite conocer la cifra exacta con que los españoles estamos financiando a los partidos.

En todo caso, la financiación anómala y descontrolada de los partidos a través de los entes locales es un hecho cierto e incontestable y supone una cantidad de dinero muy elevada. Es una exigencia de higiene democrática que la transparencia sea absoluta en torno al dinero que los partidos reciben. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto y cómo se gastan nuestro dinero los partidos. En tiempos de crisis y de austeridad, en medio de una penosa situación económica y social a la que nos han llevado los diferentes partidos, éstos deberían ser los primeros en ser austeros, en ser transparentes con el dinero público y en apretarse el cinturón en vez de exigirnoslo a los ciudadanos. Y, además, deberían autofinanciarse y, si no son viables, que cierren el chiringuito.

Santiago de Munck Loyola

Democracia avanzada.

Hace unos días, un amigo me envió un interesante enlace de Internet (http://demo4punto0.net/) en el que se formula una propuesta sobre la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Se trata de una iniciativa presentada en junio de 2010,  por Juan Moreno Yagüe, un abogado sevillano y que desde noviembre del 2010 duerme el sueño de los justos, como era de esperar con esta clase política, en un cajón de la Comisión de garantías constitucionales del Congreso de los Diputados. La propuesta de este abogado afecta directamente a las nociones de soberanía nacional, la representación política y a la participación directa del votante y supone la formulación práctica de una evidencia real: la superación de las teorías políticas tradicionales sobre las que se fundamenta nuestro esquema político, el de todas las democracias representativas.

En síntesis, la propuesta formulada plantea que los electores podamos intervenir, si así lo decidimos, en la toma de decisiones, en las votaciones que se desarrollan en el Congreso de los Diputados y, se entiende que, por extensión, en cualquier cámara representativa en la que los electores hayan delegado su voluntad. Se propone, por tanto y en relación al Congreso, que los 35 millones de electores representados por 350 diputados tengan la posibilidad de descontar la pequeña cuota de representación de cada uno (una treinta y cinco millonésima parte) votando cuando quieran a través de Internet. A todos los diputados se les restaría una pequeña parte de soberanía, la correspondiente a la cuota de soberanía del número de personas que decidiesen utilizar su derecho a votar.

Es un hecho evidente que las posibilidades que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías suponen una superación radical de las teorías políticas elaboradas en los últimos tres siglos y la concreción de las mismas en los modernos sistemas políticos.

Del mismo modo que el concepto político de la soberanía evolucionó a lo largo de los siglos desde el autoritarismo de Thomas Hobbes para quien la soberanía radicaba de forma exclusiva en el soberano, pasando por Rousseau que atribuyó la soberanía al pueblo, generador de la voluntad colectiva que era transferida al soberano, hasta llegar a Sièyes que matiza el concepto y lo transforma en el de soberanía nacional, ampliando los sujetos depositarios de la misma, el concepto de representación política también ha sufrido una evolución paralela pero su construcción intelectual, hoy por hoy, no se ajusta ni a las posibilidades técnicas, ni a las necesidades de una sociedad moderna en la que la información y la capacidad de decisión de individuos pueden hacerse efectivas en tiempo real.

El ejercicio práctico de la soberanía nacional se ha venido desarrollando a través del concepto de la representación política. Los ciudadanos ejercen su soberanía eligiendo a unos gobernantes o a unos representantes en los que delegan la misma para que actúen en su nombre durante un período determinado de tiempo transcurrido el cual podrán ver renovada o retirada la confianza. Los representantes hablan y actúan en nombre de los representados durante un período determinado de tiempo. Los partidos políticos se han venido convirtiendo, además, en instrumentos canalizadores de la soberanía nacional y en filtros que han matizado mucho la vinculación entre los representantes y los representados. Distorsionándole en ocasiones hasta extremos insospechados.

Hoy no existe ningún inconveniente técnico que impida al elector estar presente, si así lo desea, en la toma de decisiones políticas. Vivimos en una sociedad en la que la información, requisito esencial para un ejercicio efectivo de la libertad, circula a velocidad de vértigo y los ciudadanos no sólo tenemos acceso fácil a la misma, sino que, además, disponemos de los medios técnicos para poder manifestar nuestra voluntad de forma inmediata. Del mismo modo que podemos recibir notificaciones oficiales del Ministerio de Hacienda, pagar impuestas con nuestra firma digital a través de Internet o realizar compras a distancia podríamos poder emitir nuestro voto en determinadas circunstancias cuando así lo decidamos. Hace pocos días hemos visto como el Congreso (http://www.abc.es/20110721/espana/abci-congreso-cambia-reglamento-para-201107211401.html) ha adoptado las medidas necesarias par que una Diputada pudiera votar de forma telemática. Si sus señorías pueden hacerlo ¿por qué no el conjunto de los ciudadanos?

A la posibilidad técnica de hacerlo se añade además una necesidad evidente derivada del comportamiento fraudulento de los partidos políticos que, por una parte, nos imponen a los candidatos a representarnos sin permitirnos ningún tipo de vinculación que permitiese responsabilidades y exigencias ante los electores, y que, por otra, nos engañan en la oferta electoral que nos hacen a la hora de recabar nuestro voto y  que, una vez elegidos, no respetan sus compromisos electorales.

La recuperación de la soberanía por parte de los ciudadanos a través del voto digital no supondría la desaparición de los representantes políticos, instrumentos imprescindibles a la hora de elaborar, negociar y acordar la mayor parte de las tareas legislativas o gubernamentales, pero sí supondría una importantísima matización de su mandato, de su poder y, sobre todo, de su sintonía “on line” con el sentir del soberano, es decir, de nosotros mismos, en cada momento.

Santiago de Munck Loyola

Conjunción de "puteados" y "reconversores".

Estos días de junio se han dado a conocer dos propuestas que, desde perspectivas radicalmente opuestas,  coinciden fundamentalmente en poner de manifiesto el agotamiento casi agónico de nuestro actual sistema político o, al menos, de su expresión diaria. Esta conjunción, que no planetaria al estilo Pajin sino más modestamente local, no es otra cosa que la constatación y expresión de un sentimiento de hastío y de rechazo cada vez más extendido en nuestra sociedad. Todos los indicadores sociológicos que las encuestas vienen reiterando una y otra vez señalan un distanciamiento cada vez mayor de los ciudadanos hacia las instituciones y, especial, hacia quienes las gestionan. Este estado de ánimo se irá traduciendo en sucesivas propuestas encaminadas todas a plasmar en medidas concretas  de carácter político y social un profundo cambio. Las dificultades y sacrificios que esta prolongada crisis está imponiendo a millones de españoles hacen que se empiece a cuestionar un sistema que junto a grandes aciertos del pasado no está siendo ahora capaz de ofrecer salidas dignas a tantos millones proyectos vitales frustrados. Los ciudadanos constatamos la existencia de dos mundos paralelos en nuestra sociedad: el mundo del desempleo, de la desesperanza, de la pobreza, de los sacrificios, de los recortes, de la precariedad laboral, de los desahucios, de la marginación social, de la ausencia de horizontes y, de otro, el mundo de los privilegios, de la corrupción, del amiguismo, del derroche, de los rescates a los bancos desahuciadores, de las oligarquías políticas, de la justicia injusta y de la interesada e incuestionable adhesión al sistema. El mundo de la calle frente al mundo de la moqueta. Dos mundos diferentes pero que podrán terminar por colisionar. Y la reflexión más generalizada es que estamos donde estamos por culpa de la clase política, olvidando, cómo no, que ella ha actuado como lo ha hecho porque los ciudadanos, encantados con las burbujas, se lo hemos consentido.

Hace unos días era Julio Anguita el que se ofrecía a liderar un movimiento que sirviese de catalizador de ese estado de ánimo generalizado que refleja descontento, que busca responsabilidades y que exige soluciones. Anguita ha hecho público un manifiesto, “somos mayoría”, en el que realiza un llamamiento a los ciudadanos para organizarse en torno a un programa básico. Según ha declarado el ex líder de IU su objetivo es organizar "grupo de presión, un grupo de presión democrático, formado por esa inmensa mayoría que tiene más cosas en común que diferencias. Quiero una sólida formación de ciudadanos que coincida en manifestarse, elaborar, en aprender y en echar la fuerza de su poder en el juego político y social. Así, como suena ¿Para qué? Para cambiar lo que hay". Propone diez medidas básicas que pasan desde el salario mínimo de 1.000 €, la pensión mínima de 1.000 €, la nacionalización de la banca o la vuelta a la peseta. Son propuestas concretas que, desde una adecuación estricta al marco constitucional, no constituirían aparentemente ningún tipo de “revolución social”. Lo cierto es que, con una considerable carga ideológica de fondo, se pretende articular un sencillo decálogo, al menos aparentemente, que pueda resultar atractivo para una gran parte de los ciudadanos. Sin embargo, un análisis más profundo de estas propuestas revela una vuelta a orígenes lejanos y a tácticas en las que los comunistas siempre han sabido llevar la delantera a las demás fuerzas políticas.

En otro rincón del escenario político, un grupo de políticos, académicos y empresarios ha puesto en marcha una iniciativa cuyo objetivo es la reconversión del sistema político. Alejo Vidal-Quadras, Santiago Abascal, Adolfo Prego de Oliver, José Luis González Quirós, José Antonio Ortega Lara, Carlos Rodríguez Braun, Amando de Miguel, Luis Alberto Cuenca, Gustavo Bueno, Arcadi Espada, Ramón Parada, Fernando Savater y César Alonso de los Ríos, entre otros, han dirigido una carta al Presidente del Gobierno en la que le instan a llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición para lograr la reconversión del Estado. Denuncian, sin ningún tipo de piedad, que el sistema salido de la Constitución del 78 "ha degenerado en una partitocracia ineficaz, clientelar y corrupta". Propugnan un pacto de Estado que abarque reformas de la estructura económica, del sistema educativo, de los órganos constitucionales, de la organización y competencias de los diferentes niveles administrativos que componen el estado, de la participación y representación política de los ciudadanos y de la posición de España en las instancias comunitarias. No les falta razón en las reformas que propugnan, aunque dichas reformas podrían tener un alcance muy diferente en función de la perspectiva que las impulsara. Pero tan loable iniciativa está llamada al fracaso desde el primer momento en que ha sido formulada, si se da por válida su descripción del sistema de partidos. Si se parte de la idea de que el sistema salido de la Constitución del 78 "ha degenerado en una “partitocracia ineficaz, clientelar y corrupta", constituye un brindis al sol, un baldío esfuerzo solicitar a los dos grupos mayoritarios, es decir, a los dos partidos que más se benefician o que más culpables son de esa partitocracia, que lleguen a un pacto para reformar o reconvertir el sistema en contra de sus propios intereses.

Parece muy difícil que tanto el PP como el PSOE generen una profunda reflexión interna que les permita analizar la realidad y llegar a conclusiones similares a las de los firmantes del manifiesto. Sería tanto como pedirles que se hicieran el harakiri. Como mucho y con algo de optimismo, puede que la realidad les impulse a corregir y a reformar algunas deficiencias, las más escandalosas, del sistema, porque como decía Adolfo Suárez sólo se reforma lo que se quiere conservar.

Santiago de Munck Loyola

¿Sigue el coto cerrado del PP en Alicante?

El próximo día 26 de junio, a las 12 horas, se acabará el plazo para cualquier afiliado del Partido Popular de Alicante pueda presentar su candidatura para participar como compromisario en el XIII Congreso Provincial. En esta ocasión y tras la polémica suscitada con ocasión de la vulneración de los procedimientos electorales internos con ocasión del Congreso Regional, la Comisión Organizadora del Congreso ha modificado las normas por las que se rige el procedimiento de elección de compromisarios. La clave está en la comunicación a los afiliados de la convocatoria del procedimiento y, por tanto, de su derecho a presentar su candidatura para ser compromisarios y participar en el Congreso.

Cuando se convocó el Congreso Regional, el Partido local de Alicante incumplió, al igual que en caso de las elecciones a compromisarios para el Congreso Nacional, la Base d) de las normas para la elección de Compromisarios que señalaba que los afiliados debían ser convocados por escrito. Es decir, que cada afiliado de la ciudad de Alicante debía recibir una carta del Presidente Local anunciándole el proceso, trasladándole las normas y un formulario para que se presentase a candidato sí así lo estimaba oportuno. Las normas decían que si había más candidatos a compromisarios que puestos disponibles se debería celebrar una votación. Esa primera carta no se envió a los miles de afiliados de la ciudad de Alicante. Interpuesta una reclamación ésta, como era desperar no prosperó. Bastaba para desestimarla que el PP de la ciudad de Alicante hubiese presentado copia del recibo de correos justificando el envío de las cartas, algo que se había pedido, pero se argumentó en el escrito suscrito por D. César Augusto Asencio que las cartas se habían entregado en mano por voluntarios (sic). Ni más, ni menos. Y en un alarde de “excelencia” jurídica se llegada a afirmar en la resolución denegatoria de la reclamación lo siguiente: “Prueba incontestable de que el Sr. _______ ha debido de recibir notificación escrita de la convocatoria es el conocimiento que tiene de las bases de las mismas, que conocía los plazos y la presentación de su propia candidatura”. ¡Hombre! Uno puede conocer perfectamente los Diez Mandamientos y ello no es “prueba incontestable” de que Dios, Todopoderoso, le haya hecho entrega de las Tablas. En fin…

Probablemente como consecuencia de lo anterior, han modificado las normas de participación de los afiliados para el XIII Congreso Provincial y ahora las nuevas Bases señalan C) La convocatoria para la celebración de las Asambleas que han de elegir a los compromisarios podrá realizarse por escrito, por sistema telemático (sms o e-mail) o por anuncios en medios de comunicación, por el Presidente Provincial a través de las agrupaciones locales, con una antelación mínima de 10 días, es decir, último día el 18 de junio. (Por cierto, la expresión “agrupaciones locales” es del PSOE, en el PP siempre se ha hablado de Juntas Locales o Sedes Locales ¿Quién ha redactado estas normas?)

Es decir que antes del 18 de junio, los afiliados de la ciudad de Alicante deberían haber recibido una carta, o un SMS o un e-mail, cosa que al menos un servidor no ha recibido, o deberían haber tenido la suerte de haberse topado con el anuncio en un medio de comunicación comunicándoles que podían ejercer sus derechos de participación. Así que ya saben, si uno no tiene móvil, o correo electrónico o no da casualmente con el anuncio es muy probable que, por mucho que pague su cuota de afiliado, no se va a enterar de que hasta las 12 horas del 26 de junio puede intentar participar en el Congreso Provincial, porque por la experiencia reciente cartas no se envían (hay que ahorrar) y con este calor es muy posible que los voluntarios repartidores de cartas prefieran disfrutar de las fiestas o tomar el sol en la playa.

Parece que las cosas no cambian, que quienes dirigen el Partido Popular en nuestra ciudad no desean que los afiliados, que los militantes cobren el protagonismo que legítimamente les pertenece. Cuando hay que acudir a un mitin o a cubrir las meses electorales, no se repara en medios con tal de tirar de los militantes. Pero cuando que se trata de que éstos puedan ejercer su derecho a la participación política, entonces no hay nada que hacer. Las “familias” y diferentes sensibilidades que manejan el Partido no necesitan entonces a los militantes que sólo podrían constituir un estorbo a la hora de repartirse los puestos. Y así nos va que hasta para redactar las normas de participación parece que nos las hacen extraños.

Santiago de Munck Loyola

El listón de Dívar para todos.

Los pronósticos se han cumplido de forma inexorable y hoy el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo D. Carlos Dívar ha presentado su dimisión. Fue objeto de una falsa denuncia por malversación por parte de otro miembro del Consejo, D. José Manuel Gómez Benito, gran amigo del ex juez y delincuente D. Baltasar Garzón, denuncia que no prosperó, pese a lo cual no ha dimitido. Resulta paradójico que quien formula una falsa denuncia siga en su puesto y quien es objeto de la misma dimita. Pero hay que tener en cuenta que, al margen de lo anterior, los gastos en los que ha incurrido el Sr. Dívar en sus viajes y que ha cargado al erario público son legales, de acuerdo con las normas internas del propio Consejo, y no constituyen un delito, pero a todas luces cargar al presupuesto público parte de dichos gastos es éticamente reprobable e inaceptable para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ni ética, ni estéticamente resulta admisible que el máximo representante del Poder Judicial haga un uso tan pródigo de los fondos públicos, por lo que su dimisión está más que justificada.

Ahora bien, la dimisión por unos hechos legales, pero socialmente reprobables, supone establecer un listón alto, un nivel de exigencia ética que debe ser extensible a tota la clase política, Este caso no puede ser considerado como un hecho aislado sin repercusiones en todos los ámbitos de la vida pública española. Lo coherente es exigir lo mismo, es decir, la dimisión de cuantos haciendo un uso legal de fondos públicos su conducta suponga un beneficio particular, de cuantos aprovechan los fondos públicos para viajar y hacer turismo político a costa de los contribuyentes. Es muy probable que los viajes del Defensor del Pueblo de Cataluña, el ex comunista D. Rafael Ribó, a más de 50 países, entre ellos Las Bermudas, Colombia o Taiwán, en dos años y acompañado de un importante séquito hayan sido absolutamente legales, pero son ética y moralmente reprobables. Se mire por donde se mire no hay quien se crea que para desarrollar sus funciones como Defensor del Pueblo catalán tenga la necesidad de viajar a 50 países y pasar cerca de 200 días, en dos años, fuera de su despacho de trabajo. El Sr. Ribó debería haber sido el primero en aplicarse a si mismo y a sus 85 colaboradores la austeridad que se impone al resto de los ciudadanos. Por tanto, su dimisión es tan exigible como la del Sr. Dívar salvo que en este caso, por ser de izquierdas y catalán, goce de algún tipo de bula que le exima de esta exigencia ética.

Y no se puede pasar por alto, puestos a subrayar la generosidad con que algunos emplean a favor de si mismos los fondos públicos, el hecho de que nuestros Diputados y Senadores viajan gratis total aún cuando se trate de desplazamientos estrictamente privados. Es una práctica legal porque sus señorías se han dotado a si mismos de las normas que bendicen esta práctica, pero es, hoy más que nunca, un hábito tan reprobable como los anteriores. Como ya se destacó en estas páginas, el Congreso de los Diputados en el año 2011 pagó a Iberia y a Renfe más de 7 millones de euros por los viajes públicos y privados de sus señorías. Todo legal, pero repugnantemente inmoral y más con la que está cayendo.

Un servidor, harto de tanto abuso, quiere saber los nombres de los parlamentarios que cargan a la cuenta del Congreso sus viajes privados así como el importe de los mismos. Es un derecho elemental para conocer el destino de sus impuestos y la catadura moral de sus representantes. Para ello, el autor de este escrito envió una instancia al Congreso de los Diputados que a continuación se reproduce por si algún lector, tentado por la misma curiosidad, desea copiarla y remitirla. Es muy probable que no respondan, pero por intentarlo que no quede.

Santiago de Munck Loyola

INSTANCIA 

________________________, con DNI ----------, con domicilio en la C/ ______________ nº ____, C.P._________ de _________________,

EXPONE

Que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación (  http://www.larazon.es/noticia/8106-los-diputados-gastaron-mas-de-7-millones-en-aviones-y-trenes-en-2011 ) que el Congreso de los Diputados pagó en 2011 a las compañías Iberia y Renfe más de 7.200.000 euros por viajes de sus Señorías, tanto de carácter público como privado;

Que el pago de los viajes privados de los diputados puede que sea una práctica legal si así está establecido en las disposiciones aplicables y en el presupuesto del propio Congreso, pero constituye, de ser cierta la noticia, una práctica inmoral y carente de ética especialmente relevante en las actuales circunstancias económicas y sociales;

Que, en todo caso, si esta información es cierta, el compareciente desea conocer la cuantía exacta abonada a estas empresa o a otras en concepto de viajes privados de sus señorías, así como la cuantía exacta abonada en concepto de viajes privados de cada miembro del Congreso de los Diputados, en la seguridad de que dicha información debe ser pública y transparente y de que su conocimiento no supone ni un peligro para la seguridad del estado, ni una intromisión en la intimidad de sus señorías, por lo que

SOLICITA

Que, habiendo presentado este escrito, se sirva admitirlo y, a su vista, proceda a entregar al solicitante certificación comprensiva de los gastos abonados por el Congreso de los Diputados en concepto de viajes privados de los Diputados y la relación nominal de los Diputados que han cargado los gastos derivados de sus viajes privados con indicación de la cuantía correspondiente.

En ________, a _____ de __________ de 2012.

Fdo.___________________________

A/a Excmo. Sr. D. Jesús María Posada Moreno. Presidente del Congreso de los Diputados.

Si la Constitución ampara a los violentos, habrá que cambiarla.

Hoy el Tribunal Constitucional, con el voto de los Magistrados Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa, Luis Ortega y la ponente, Elisa Pérez Vera, ha decidido legalizar al brazo político de ETA, Sortu, y enmendar la plana, una vez más, al Tribunal Supremo (a lo mejor habría que eliminar lo de “Supremo”, visto lo visto). Parece que lo políticamente correcto en estos casos es decir que se “respeta la decisión, aunque se discrepe”. Pues bien, como uno no está obligado a decir lo que no siente, un servidor ni respeta la decisión, ni respeta a los mal llamados magistrados que han decidido por seis votos contra cinco que Sortu es un partido político tan respetable como lo puedan ser el PSOE, el PP o el PNV.

Prefiero estar al lado de las víctimas del terrorismo que del lado del Tribunal Constitucional y los de Sortu. Prefiero estar del lado de las Fuerzas de Seguridad del estado, que por activa y pasiva han demostrado que ETA y Sortu son lo mismo, que del lado de los Magistrados del Constitucional que han favorecido al brazo político de ETA. Prefiero estar del lado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que consideró a Sortu “testaferro de ETA”. Prefiero estar del lado del Tribunal Supremo que ilegalizó a Sortu que del lado de un Tribunal Constitucional que, deliberadamente o no, sigue casualmente cierta “hoja de ruta” denunciada mil veces por las víctimas de ETA. Prefiero estar del lado de quienes se oponen a la presencia de terroristas o de jaleadores de los mismos en las instituciones que de un Tribunal Constitucional más político que jurídico. Vamos, que el Tribunal Constitucional se pasa por el arco del triunfo todos los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que confirman que Sortu es Batasuna y que Batasuna es ETA y se pasa por el miso arco la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que considera a Sortu un simple instrumento político de ETA y las mismas sentencias del Tribunal Supremo. O sea que todo el mundo está en un error menos los ilustres seis magistrados del Constitucional. Claro que para formar parte de este alto tribunal no hace falta ser juez o magistrado, sino que basta con ser “jurista” y contar con el apoyo de los partidos políticos.

Parece que para los magistrados avalistas de Sortu la simple declaración contraria a la violencia terrorista que se hace en los estatutos de Sortu es decisiva para determinar que se trata de una organización perfectamente democrática y que, por tanto, ha de ser legalizada con su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior. ¡Faltaría más! ¿Puede alguien con un mínimo de rigor intelectual plantearse la posibilidad de que Sortu hubiese expresado en sus estatutos su simpatía o comprensión hacia la violencia terrorista? Son terroristas pero no tontos de remate. Sabían perfectamente qué debía figurar en sus estatutos para poder colarse en las instituciones que pretenden derribar sea con las urnas o con la violencia cuando les conviene. Es puro sentido común, pura estrategia que, misteriosamente, no ha sido percibida por los seis ilustres juristas del Constitucional. Los estatutos del partido nazi en la República de Weimar o los de los Partidos Comunistas en la posguerra mundial eran todos formalmente respetuosos con la legalidad vigente de sus respectivos países, pero una vez en el poder liquidaron las instituciones democráticas. Por tanto, el argumento esgrimido para legalizar a Sortu centrado en el contenido de sus estatutos es un argumento falaz, injustificable e interesado.

Esta vergonzosa e inaceptable sentencia del Tribunal Constitucional no es fruto de la casualidad. Responde a todo un proceso político generado por el anterior Gobierno con su correspondiente reflejo en la propia composición del Tribunal Constitucional. Pero, si existe en este desenlace una evidente y gran responsabilidad del anterior Gobierno, no es menos cierto que el actual Gobierno también tiene una parte de responsabilidad en que el resultado final haya sido el que es porque no hay que olvidar que la renovación del Tribunal, pendiente desde hace mucho, no se ha producido tras seis meses de Gobierno del Partido Popular. No parece muy coherente que el Gobierno venga ahora con lamentos sobre el resultado de esta sentencia cuando pudiendo y debiendo actuar antes dejó pasar el tiempo.

Lo cierto, al día de hoy, es que la interpretación de nuestra Constitución permite que quienes apuestan por la violencia o la justifican como medio de acción política y quienes pretenden derribar el propio edificio constitucional que les da cobijo puedan actuar libremente en el juego democrático. Un Estado democrático puede y debe articular los medios legales necesarios para defenderse. Un Estado democrático, y ahí tenemos la experiencia de lo que ocurrió en la Alemania de los años 30, puede y debe excluir del juego político a cualquier fuerza política que no sea democrática o cuyos fines atenten contra la propia supervivencia de las garantías constitucionales que no son otras que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos españoles. Y si esta Constitución no es capaz de hacerlo con la interpretación que de la misma hacen estos “juristas” de medio pelo, habrá que ir pensando en reformarla.

La lección que deberíamos extraer de este penoso episodio es que hay que movilizarse a favor de quienes apuesten de verdad por la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que esa defensa pasa por dos propuestas esenciales: la primera, modificar la Constitución para garantizar la exclusión de la vida política de los violentos, de sus cómplices y de todas las fuerzas políticas cuyos fines no encajen con los valores democráticos; la segunda, que es preciso poner orden en el edificio jurisdiccional español y que el Tribunal Supremo sea de verdad la cúspide de este edificio. No puede haber, en el ámbito interno, dos cúspides coronando el edificio. La implantación del sistema de garantías constitucionales a través de un órgano específico como el Tribunal Constitucional, ajeno al poder judicial y completamente politizado, se ha demostrado un error. Con una nueva sala de Garantías Constitucionales en el Tribunal Supremo sería más que suficiente y se acabaría con este dislate jurídico aunque sea en detrimento de la permanente interferencia de los Partidos Políticos en el mundo de la Justicia.

Santiago de Munck Loyola