Nuestra clase política vulnera permanentemente la Constitución.

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” dice el artículo 14 de la Constitución Española. Más claro, el agua, ¿verdad? Pues nada, este artículo es una auténtica patraña, una mentira constitucional, papel mojado que sólo sirve para decorar la Constitución. La realidad es muy distinta. En España no existe la igualdad ante la Ley porque la clase política es la primera interesada en que así sea. Y su interés en vulnerar permanentemente este artículo obedece a su deseo de enriquecerse a costa de las arcas públicas. No hay otra explicación posible.

Me ha venido a la cabeza este artículo de la Constitución al conocer las noticias en torno a las magníficas pensiones que el Sr. Bono y el Sr. Rodríguez Zapatero van a recibir una vez que los votantes los han enviado a su casa.

El socialista José Bono, con un patrimonio personal no precisamente escaso, disfrutará de una jubilación durante los próximos dos años como ex presidente del Congreso de los Diputados: percibirá el 80% de su sueldo como presidente, 154.080,48 euros brutos, unos 11.000 euros mensuales, y tendrá, además, derecho a otros privilegios como un asistente y escolta de seguridad a cargo del presupuesto del Congreso durante cuatro años. Cabe preguntarse ¿si ha anunciado que se retira de la política para qué hay que pagarle un asistente? ¿Para que le asista en sus asuntos privados?

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero tendrá derecho a un sueldo vitalicio y recibirá 84.000 euros anuales, recibirá un segundo sueldo de más de 80.000 euros como consejero nato de Estado y el Estado le pagará además una oficina, secretaria, dos funcionarios -uno de ellos con rango de director general-, seguridad y coche oficial. En su caso no existe incompatibilidad alguna para cobrar simultáneamente una pensión y un sueldo.

Estos casos no son únicos ni excepcionales entre la clase política española pero vienen a poner de relieve, una vez más, el abismo que existe entre los privilegios que la clase política se otorga a si misma a costa del dinero de los contribuyentes y las angustiosas dificultados a las que se ven sometidos estos últimos.

Los españoles no somos iguales ante la Ley, no. Dice el Artículo 14 de la Constitución que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de… cualquier circunstancia personal. Y, sin embargo, aquí vemos como la condición personal, el cese en sus cargos, de estos dos políticos implica una clara discriminación con respecto a los demás ciudadanos españoles.

La dedicación política es un servicio a la comunidad pero nuestra clase política parece entenderlo como servirse de la comunidad. Nuestros dirigentes políticos no están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades para percibir más de un ingreso de las arcas públicas, ni deben cotizar los mismos años que los ciudadanos a los que representan para cobrar una pensión, ni tienen la misma limitación en cuanto a las cuantías máximas de las pensiones, ni cobran el desempleo en las mismas condiciones que los demás ciudadanos, ni tributan en el IRPF al igual que todos los españoles eludiendo, de forma legal, pagar los impuestos como todo el mundo. En definitiva, nuestros dirigentes políticos se pasan la igualdad ante la Ley por el arco del triunfo. Así de claro, así de evidente y así de irrefutable.

La igualdad ante la Ley no admite matizaciones ni excusas. Es un imperativo ético que nuestra clase política proceda a revisar de forma urgente esta escandalosa violación de la Constitución. Debe hacer autocrítica, pedir perdón a los ciudadanos y acabar de una vez con sus privilegios. Si los parlamentarios pueden tributar en el IRPF como si fueran mileuristas, a pesar de sus ingresos, ¿qué nos impide a los demás, invocando el Art. 14 de la Constitución, hacer lo mismo? Habrá que planteárselo.

Santiago de Munck Loyola

Carta abierta a D. Juan Rosell, patrón de patronos.

Sr. Rossell:

Permítame, como empleado público y como contribuyente que con mis impuestos ayudo a mantener la asociación que usted preside, que le traslade mediante esta carta pública mi profunda gratitud por su persistente interés en torno al funcionamiento de las administraciones públicas y a la situación de los empleados públicos. Tanta dedicación a la “cosa pública” le supondrá, seguramente, una menor atención a la “cosa privada” que es la que usted representa. No obstante, he de decirle que no comparto en absoluto las peregrinas conclusiones a las que le conduce tanto interés y esfuerzo intelectual de su parte. Comprendo perfectamente que alguien como usted, que no ha conseguido acabar los estudios de ciencias políticas, confunda conceptos básicos y sea, por tanto, incapaz de establecer criterios elementales diferenciadores en torno a la función pública y a la iniciativa privada, que es la que usted representa, o que sea capaz de manifestarse en la calle contra las sentencias del mismo Tribunal Constitucional con gritos en contra de la unidad de España. Quizás esa propensión suya a mezclar conceptos y procedimientos privados con los públicos derive también de su propia condición profesional de cuasi funcionario empresarial ya que, aunque usted presida la mayor organización empresarial española, nunca ha sido capaz de crear su propia empresa arriesgando su patrimonio tal y como hacen cientos de miles de empresarios. Y no, Sr. Rosell, no es lo mismo acceder a un puesto de trabajo en una empresa mediante la recomendación de un amigo, como en su caso, que acceder a un puesto de trabajo en una administración pública mediante una prueba objetiva en la que se miden los conocimientos, los méritos y la capacidad.

Da la sensación, Sr. Rosell, que usted padece algún tipo de obsesión enfermiza hacia los empleados públicos como parece deducirse de sus periódicos y repetidos ataques hacia los mismos. Y en cada una de sus declaraciones se evidencia su profunda ignorancia en torno a la función pública. Sinceramente, los contribuyentes que anualmente le entregamos más de 400 millones de euros a la asociación que usted preside, no nos merecemos tantas impúdicas exhibiciones de fobias y, posiblemente, frustraciones personales. Que usted pueda padecer una vocación funcionarial frustrada no nos importa. Ahórrenos por favor sus obsesiones funcionariales.

Las generalizaciones son el refugio de los vagos o de los ignorantes. Y usted, con perdón, generaliza mucho. Afirmar sin más que en España sobran 900.000 funcionarios no es otra cosa que una generalización, Sr. Rosell. ¿Por qué no concreta un poco? Digo yo que con los 400 millones de euros que se ha embolsado de los contribuyentes en 2010 bien puede pagar algún estudio serio que permita cuantificar y determinar con precisión el número de funcionarios que, según usted, sobran y dónde sobran.

Díganos mejor Sr. Rosell cuántos médicos, ATS, profesores, policías, Guardias Civiles, militares, operarios de limpieza, administrativos, conserjes, asistentes sociales, funcionarios de prisiones, etc. sobran y dónde sobran. Ilumínenos Sr. Rosell, por favor, y precise con rigor y seriedad una afirmación tan importante como la que acaba de hacer.

Y dicho esto, Sr. Rosell, no voy a entrar sobre su disparate en torno a sus palabras sobre la posibilidad de despidos de los empleados públicos que, con tanta ligereza como ignorancia, ha proferido. Tan sólo le quiero recordar que las Administraciones Públicas no son empresas privadas; que sus funciones son radicalmente distintas y que mientras la obligación del empresario es procurarse el máximo beneficio sobre su inversión no ocurre lo mismo en el ámbito público en el que prima el concepto de rentabilidad social.

No obstante lo anterior, Sr. Rosell, si sus observaciones sobre los 900.000 funcionarios que a su juicio sobran obedecen a un deseo sincero de aligerar el gasto del Estado, permítame que le sugiera que empiece usted por predicar con el ejemplo y que renuncie a los 400 millones de euros que le regalamos anualmente los españoles. Y, hecho ésto, pida a sus colegas sindicales y a los partidos políticos que hagan lo mismo. Manténganse ustedes con las cuotas de sus afiliados exclusivamente porque se supone  que unos brillantes empresarios, unos empresarios de éxito como usted bien pueden costearse sus clubes y organizaciones. ¿O me va a decir que son tan malos empresarios que no ganan ni para éso? Y, cuando lo haya hecho, entreténgase si le parece en denunciar la evasión fiscal de algunos empresarios o los 11.000 euros mensuales de pensión del Sr. Bono. ¡A ver si tiene lo que hay que tener para hacerlo!

Un saludo.

Santiago de Munck Loyola.

Rivas: las fantasías electorales de D. ª Inmaculada Sánchez Ramos.

“Hasta estas últimas elecciones había sido Rivas un municipio de izquierdas, pero comprobamos hoy que el Partido Popular es el partido político más votado en nuestra ciudad, la mayoría de ripenses confiaron en nosotros, y sabemos que no les vamos a defraudar.”  Estas palabras pertenecen a la Portavoz paraca del PP de Rivas, D.ª Inmaculada Sánchez Ramos, y expresan el profundo y sesudo análisis que dicha Señora hace de los resultados electorales del pasado 20 N en Rivas-Vaciamadrid. “Una gran marea azul recorre nuestra ciudad: de esperanza, de trabajo, de responsabilidad, de dignidad, de respeto, de confianza, y entre todos vamos a conseguir hacer de Rivas una ciudad moderna de referencia” añade la ilustre Portavoz en su análisis.

Cualquier persona que desconozca los datos reales de las pasadas elecciones podría pensar, tras la lectura de estas palabras, que en Rivas-Vaciamadrid se ha producido un vuelco histórico y que la izquierda ha perdido las elecciones en el municipio ante una espectacular subida del Partido Popular. Pues bien, por más que uno analice los datos electorales no se percibe marea azul alguna en el pequeño mar electoral ripense. Es muy posible que alguna azul sí que esté mareada y por eso se pronuncie en el sentido anterior, pero poco más.

Los resultados electorales del pasado 20 N en Rivas-Vaciamadrid son los que son y sólo coinciden con el anterior análisis en un hecho cierto: que por primera vez el PP ha sido el partido más votado en la localidad. Pero de ahí a las anteriores conclusiones no sólo hay un abismo, sino que además constituyen una ridícula y evidente falta a la verdad. No sólo es falsa la afirmación de que una gran marea azul recorre la ciudad, sino que también es falso que la mayoría de los ripenses haya confiado en el Partido Popular. Mentir así no conduce a nada y desde luego sólo sirve para retratar a quienes así se pronuncian.

El Partido Popular ha sido el partido más votado por la sencilla razón de que la izquierda, absolutamente mayoritaria en estas elecciones en el municipio ha fragmentado su voto. El PP ha sido el Partido más votado en Rivas, con un 37,31 % de los votos, porque el PSOE ha sufrido un tremendo castigo electoral que ha sido aprovechado fundamentalmente por los partidos de izquierdas, UPyD que crece respecto a 2008 en un 6,92% e IU que incrementa su voto en un 6,23 %, y en muy escasa medida por el PP de Rivas que tan sólo ha incrementado su porcentaje respecto a 2008 en un 1,05 %, mientras que el PP de la Comunidad de Madrid ha aumentado en un 1,65 %.

Los principales partidos de izquierdas de Rivas sumaron en 2008 el 60,99 % de los votos y en 2011 el 59,71 % de los votos. Para cualquier observador mínimamente objetivo la conclusión es evidente: los vecinos de Rivas-Vaciamadrid siguen votando mayoritariamente a los partidos de izquierdas en las elecciones generales. Prácticamente un 60 % de los vecinos lo hicieron en 2008 y lo han vuelto  a hacer en 2011. Hablar por tanto de marea azul o de vuelco histórico sólo puede ser calificado de solemne estupidez. Rivas-Vaciamadrid sigue siendo un municipio de izquierdas y lo sigue siendo en medio de la peor crisis económica sufrida en nuestra democracia. Eso sí, los votantes ripenses siguen votando a la izquierda pero nada les ha impedido castigar, y con dureza, al partido político responsable de este desastre social, el PSOE.

En todo caso, no está de más recordar que el resultado obtenido por el PP el pasado 20 N ha sido inferior al obtenido por Alberto Ruiz Gallardón en 1999 cuando el PP alcanzó en Rivas el 37,37 % de los votos. Tampoco conviene obviar otro dato importante: en las últimas convocatorias electorales de ámbito nacional el PP de Rivas había ido disminuyendo en cada cita electoral el diferencial negativo que le separaba del voto obtenido por el PP en la Comunidad de Madrid. Este diferencial negativo fue de un -12,93 % en 2008 y en 2011 esta tendencia se ha roto y el diferencial negativo ha vuelto a crecer llegando a un -13,53 % respecto al voto del PP en la comunidad madrileña.

	1989	1993	1996	2000	2004	2008	2011
CongresoRivas	8,17	25,73	32,07	36,82	31,23	36,26	37,31
CongresoMadrid	34,22	43,92	49,29	52,52	45,02	49,19	50,84
Diferencia	-26,05	-18,19	-17,22	-15,7	-13,79	-12,93	-13,53

Que la Sra. Sánchez Ramos quiera engañar a los vecinos con semejantes conclusiones era de esperar conociendo su trayectoria ética y política. No en balde, a pesar de haber perdido el aliento en su desenfrenada carrera para hacerse una foto con Rajoy, D.ª Inmaculada ha sido uno de los cargos públicos del PP que menos ha ayudado a la victoria de Mariano Rajoy denigrándole y descalificándole con sus escritos durante los últimos años.

Pero que ese engaño cale en la propia organización local resulta extremadamente peligroso. Si el PP de Rivas se cree las mentiras de estas absurdas conclusiones electorales estará cimentando futuros errores. Todos estamos comprobando a dónde lleva negar la realidad y empeñarse en desarrollar estrategias disparatadas y, para muestra, basta constatar la existencia de 5 millones de parados.

La Sra. Sánchez Ramos podrá saber mucho de satélites, pero es evidente que le faltan unos cuantos hervores para poder esbozar un simple análisis electoral. O éso o es que tiene mucha cara. O las dos cosas. ¡Vaya usted a saber!

Santiago de Munck Loyola

Con el dinero público, el que no corre vuela.

En estos días estamos presenciando algunas noticias sobre diferentes actitudes de políticos en torno al uso y destino de los fondos públicos. Algunas no son muy edificantes, como la de ese Alcalde que cargaba sus sesiones de “trabajo” en los lupanares a la tarjeta de crédito del Ayuntamiento o la de ese otro Alcalde que se dedicaba a enviar mensajes sms con el móvil del Ayuntamiento a un concurso para intentar ganar en sorteo un Porsche que como vehículo oficial seguro que mola un montón.

Y qué decir sobre todas las noticias que van apareciendo en torno a los magníficos negocios del yerno de Su Majestad el Rey, fraguados y alimentados con los presupuestos públicos. Algunos están empeñados en no reconocer el incuestionable papel del Sr. Urdangarín para reactivar el decaído sector inmobiliario. De los despachos en gasolineras, mejor no hablar de momento.

Y junto a estas noticias hay otras que en un sentido contrario suponen una nueva forma de enfocar el uso de los fondos públicos o, al menos, un intento de ello. Hemos conocido que dos diputados de IU, no todos como señalaban algunos medios de comunicación, los Sres. Cayo Lara y Alberto Garzón han sido los primeros en la historia de la Cámara que han renunciado al fondo de pensiones privado que paga el Congreso a los parlamentarios. Un buen gesto, pero tan sólo un gesto insuficiente respecto a los privilegios de la clase política y en concreto de los parlamentarios. ¿Van a seguir manteniendo sus señorías sus privilegios? ¿Van a seguir cotizando menos años que los demás para cobrar la pensión máxima a la jubilación? ¿Además del sueldo les tenemos que seguir pagando un portátil, un móvil y un iPad? ¿No alcanzan sus sueldos para comprarse los útiles necesarios para hacer su trabajo? ¿Van a seguir cotizando en el IRPF como si fuesen mileuristas? ¿Van a poder seguir cobrando de varias fuentes a la vez o van a aplicarse incompatibilidades rigurosas?

De otra parte, el Presidente de la Generalidad Valenciana, el Sr. Fabra, ha recomendado a los altos cargos que no gasten más de 20 € en la comida diaria. Buen gesto también pero no cabe más remedio que preguntarse ¿por qué los contribuyentes hemos de pagar la comida diaria de los altos cargos? ¿No llegan sus sueldos como para que se paguen de su bolsillo la comida al igual que hacen todos los funcionarios y empleados públicos a los que se ha venido recortando el sueldo? ¿A cuántos altos cargos paga la Generalidad la comida diariamente? ¿A cuánto asciende anualmente la nutrición pública de los altos cargos valencianos?

En otro alarde de supuesta ejemplaridad, el Sr. Arenas acaba de proponer también que se prohíban las tarjetas de crédito con cargo a las Administraciones Públicas. Buen gesto, pero, una vez más, insuficiente. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es cierto. Con buenas intenciones como éstas no vamos a ningún sitio bueno. La clase política debe, de una vez, encarar y resolver los problemas que generan su mala imagen.

Los contribuyentes tenemos derecho a que los fondos públicos sean tratados con rigor y, sobre todo, con transparencia. Hoy en día la clase política se ha ocupado muy bien y solidariamente de que sea muy difícil conocer con exactitud sus ingresos reales, los privilegios de distinta índole que se vienen otorgando a si mismos, el número de coches oficiales existentes, el número, función y retribuciones de los miles de asesores que pululan por las administraciones públicas o, simplemente,  el número de teléfonos móviles repartidos a diestra y siniestra y pagados por los ciudadanos. Y mientras no se apruebe un Estatuto para los cargos públicos ejemplarizante vamos a seguir así, facilitando toda clase de abusos mientras el nivel de vida del conjunto de la población sigue descendiendo de forma alarmante. Con lo que hay, desde un modesto concejal de pueblo hasta el mismísimo yerno del Rey se sirven de los fondos públicos y, al parecer, no siempre de forma ejemplar.

Santiago de Munck Loyola

Esperanza Aguirre.

Durante el tiempo que me dediqué a la política activa siempre mantuve una excelente relación política con Esperanza Aguirre antes de que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid que se remonta a su época de Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Nos vimos por primera vez desde posiciones enfrentadas al trasladarle la posición inicial del PP de Rivas-Vaciamadrid en contra de la llamada “incineradora” de Valdemingómez.

Después coincidimos en numerosas ocasiones y en 2003 fui candidato a la Alcaldía de Rivas, por cuarta vez, por petición expresa suya y en contra de mi criterio e intereses personales. He de subrayar el hecho de que, a pesar de que ella no siempre cumpliera su palabra respecto a sus compromisos políticos conmigo, ello nunca supuso un alejamiento político por mi parte.

Durante los últimos 8 años, la actividad política de Esperanza Aguirre ha trascendido constantemente el ámbito autonómico madrileño. Su oposición al Gobierno de Zapatero ha sido dura y permanente. En unos casos se trataba de alzar la voz en la defensa de los intereses de los madrileños que eran tratados discriminatoriamente por el ejecutivo nacional, al igual que en el caso de los valencianos. En otros, se trataba directamente de posicionarse en el conjunto del debate nacional sin especial referencia a los asuntos regionales.

En todo caso, Esperanza Aguirre cubría un flanco electoral que parecía haber dejado desprotegido la estrategia política desarrollada por el equipo de Mariano Rajoy lo que, en alguna medida, le confería un liderazgo nacional y una cierta capacidad de alternativa, dentro del Partido Popular, para todos aquellos que no comprendían o no se encontraban cómodos con esa estrategia y que demandaban un rumbo opositor diferente a Rajoy.

Sin embargo, es indudable que la actitud desarrollada por Esperanza Aguirre ha sido traducida, acertada o erróneamente, por los comentaristas políticos como una actitud crítica con el mismo Rajoy y con todos cuantos le apoyaran. De esa traducción se deriva la certeza para muchos de la incompatibilidad política y los celos entre la Presidenta Regional madrileña y el Alcalde de la Capital, Gallardón. De esa traducción se deriva también, por ejemplo, que el fulminante cese del hasta ahora Secretario General madrileño, Granados, responda a los acercamientos del mismo hacia el núcleo colaborador de Mariano Rajoy, como lo fue hace unos meses el nombramiento a “dedazo” de corte estalinista de la Sra. Sánchez Ramos, descalificadora oficial de Rajoy, como candidata popular a la Alcaldía de Rivas.

La actitud política de Aguirre, la del “verso suelto” como algunos la definían, tras la derrota de marzo del 2008 y antes del Congreso de Valencia podía haber tenido cierto sentido, si hubiese servido para fraguar una alternativa a la estrategia política y al liderazgo de Mariano Rajoy y de su equipo. Pero no fue así, se quedó en un simple amago que no cristalizó, por la razones que fuesen, y, sin embargo, se ha venido prolongando en el tiempo generando una percepción pública de crítico distanciamiento que, en muchas ocasiones, ha hecho las delicias de los adversarios políticos del partido Popular y que también ha servido para desconcertar a no pocos militantes y votantes del Partido Popular. Incluso ha supuesto que muchos dirigentes locales madrileños se guarden todo lo que pueden de expresar públicamente ciertas simpatías o antipatías.

Para quienes creemos que las siglas están por encima de los personalismos y que conocemos algo la dinámica interna del Partido Popular y de muchos de sus dirigentes, resulta difícil aceptar que se trate tan sólo de lecturas distorsionadas de los medios de comunicación.

El liberalismo no se predica, se practica. Un liderazgo político sustentado, no sólo en las urnas, sino también en la “auctoritas” y el prestigio personal se puede y se debe ejercer de forma compartida sin temor alguno. Y un liderazgo compartido debe integrar la crítica política interna porque le enriquece. Todo lo que no sea así podrá ser muy efectivo a corto plazo, pero se disolverá por inconsistente con el paso del tiempo. El Partido Popular de Madrid siempre ha sido una organización sólida y fuerte que, bajo la Presidencia de Pío garcía Escudero, trabajó sin matices ni personalismos en pro de todos los candidatos y sin servir de caja de resonancia a ningún ego. Y debería seguir en la misma línea.

Los tiempos en política son fundamentales y eso es algo que se suele apreciar mejor desde fuera y, sobre todo, a posteriori. Lo que en 2008 podía haber sido una estrategia cuando menos interesante, hoy no lo es. Los ciclos pasan y se cierran. Y la inteligencia política está en saber percibirlo a tiempo. Hoy, con la que está cayendo, seguir transmitiendo ciertas sensaciones o dar lugar a que se puedan extender, aún no siendo ciertas, es simplemente un error.

Santiago de Munck Loyola

Rajoy Presidente: empieza lo más difícil.

Dicen los expertos que las elecciones las pierden los gobiernos, no las ganan las oposiciones. El socialismo español en su versión zapaterista acaba de sufrir una derrota histórica, una debacle en toda regla al bajar del listón del 30 % de los votos en las elecciones del 20N. El PSOE, que ganó en 2008 montado a caballo del engaño y la mentira respecto a la crisis, ha recibido un justo premio a su desastrosa gestión evidenciada en los pésimos números que en todos los frentes deja al descubierto: paro, déficit, deuda, quiebra de empresas, etc. El “buenismo” zapaterista se ha manifestado como una visión errática y carente de rigor intelectual en la gestión de los asuntos públicos. El PSOE ha hecho todos los méritos posibles para recibir el castigo electoral que ha recibido. Su campaña electoral, dirigida por la alicantina Valenciano, ha sido una de las peores campañas que se recuerdan en esta etapa democrática; sin imaginación, sin propuestas, sin programa, con mensajes erróneos y con tonos grisáceos. El PSOE afrontó el sombrío panorama con un mensaje negativo, un mensaje de confrontación y división, “la pelea”. Todo lo contrario que el Partido Popular que, frente al mismo panorama, transmitió un valor positivo, el de la integración, “sumar”. Ha sido, por tanto, la del PSOE una campaña incapaz de hacer remontar mínimamente las negativas expectativas electorales iniciales. Peor no se podía haber hecho. El PP debería enviar un regalo a Dª Elena Valenciano y rendirle un sincero homenaje por la inesperada ayuda recibida desde Ferraz. El Gobierno ha perdido con la inestimable ayuda de su propio partido.

La antítesis ha sido la campaña del Partido Popular, certeramente encaminada a no soliviantar a nadie, a hacer poco ruido y a consolidar así las expectativas iniciales. Una campaña que ha brillado en las redes sociales con numerosas iniciativas y ofertas audiovisuales atractivas capaces de tocar fibras muy sensibles en un país con tantas heridas sociales abiertas. Un buen trabajo el de Ana Mato y de su equipo que ha sabido cosechar los frutos ya maduros de la huerta electoral proporcionando al Partido Popular un buen margen de maniobra para afrontar la legislatura con un sólido respaldo parlamentario.

Si difícil ha sido llegar hasta aquí, más difícil va ser gobernar los próximos cuatro años. La primera tarea de Mariano Rajoy va a ser la de conformar una gobierno sólido y cohesionado compuesto por políticos preparados y con capacidad gestora. Y a partir de ahí ponerse manos a la obra para hacer realidad los compromisos electorales. No va a haber milagros, lo decía ayer Rajoy, ni nada parecido. Sólo cabe aplicar una receta compuesta a partes iguales de esfuerzos, sacrificios y solidaridad. El Partido Popular y el próximo Presidente del Gobierno tienen la obligación política de concitar adhesiones a la gran tarea que supone sacar a los españoles de la actual situación de emergencia nacional en la que nos encontramos. Con diálogo y con consenso cuando sea y hasta donde sea posible, pero con firmeza cuando así lo exijan las circunstancias.

La mayoría de los españoles ha apostado por el cambio y ha depositado su confianza en quienes creen que mejor pueden hacer frente a la crisis. Y ahora empieza lo más difícil para Mariano Rajoy: no defraudar esa confianza, ni las esperanzas de tanto millones de españoles.

Santiago de Munck Loyola

¡A votar, por fin!

Y llegó el día esperado, el día de las votaciones. Casi 36 millones de españoles tienen hoy la oportunidad de decidir qué rumbo ha de seguir España durante los próximos años: el de la continuidad o el del cambio. Termina con ello una tediosa y aburrida campaña electoral en la que los partidos políticos, digan lo que digan, no han escatimado en gastos para atraer el voto de los electores y en la que hemos asistido, incluso, a la resurrección escénica de verdaderos cadáveres políticos vinculados a la etapa más negra del terrorismo de estado. Y concluye también una no menos pesada precampaña de varios meses originada por la insólita decisión del Presidente Zapatero de anunciar la convocatoria de elecciones con tantos meses de antelación, es decir, haciendo una vez más las cosas mal para ser coherente con su trayectoria gubernamental.

Con casi total seguridad, la jornada electoral transcurrirá con normalidad y tranquilidad, excepción hecha quizás de las habituales anécdotas que puedan producirse y de las que protagonizarán algunos “indignados” que según parece se personarán en las mesas electorales para solicitar que se certifique que no votan, Se trata de un disparate más, surgido de no se sabe qué mente preclara, que no se sostiene y que resulta de imposible cumplimiento por parte de los responsables de las mesas electorales. Si uno de estos “indignados” se presentase en una mesa electoral, por ejemplo, a las 13 horas solicitando tal certificado sería imposible emitirlo pues nada le impediría volver a las 18 horas y votar, con lo que el certificado sería falso. Tampoco podrían personarse después de la hora de cierre de las votaciones porque los colegios deben cerrarse y, por tanto, deberían permanecer dentro de los mismos para que una vez finalizado el escrutinio pudiese emitirse semejante e inútil certificado. Es lamentable que con esta iniciativa se pretenda cuestionar y dificultar el derecho más básico y elemental de los ciudadanos en una democracia, el de poder elegir a sus representantes. Está claro de qué lado de la democracia se sitúan algunos, no todos, de los integrantes de este movimiento que ya está dando, como era de esperar, síntomas evidentes de agotamiento.

En todo caso, hoy, sean cuales sean los resultados electorales se cierra una etapa y se abre una nueva. Se cierra la etapa del peor Presidente de Gobierno de la Democracia, del más incompetente e insolvente de los jefes de ejecutivo de esta etapa democrática. Un Presidente que llegó a serlo porque se produjo el peor atentado terrorista de la historia española. Un Presidente que deja la peor herencia que nunca un gobernante legó a su sucesor: unas arcas públicas en bancarrota, España al borde del rescate europeo, 5.000.000 de parados, los derechos sociales recortados, la imagen de España desprestigiada por el mundo,…

Y se abre, por tanto, un nuevo período de ilusión y de esperanza, aunque también de más esfuerzos y sacrificios por parte de todos para intentar desprenderse de la herencia de Zapatero y sus colaboradores. Porque, no puede ni debe olvidarse, que son corresponsables de esta situación todos los partidos que con sus votos han sostenido a los minoritarios gobiernos de Zapatero y que hoy intentan aparecer ante los electores como grupos absolutamente desvinculados de esta herencia. Y no, sin ellos, esta herencia no sería la que es.

Ojala la jornada transcurra en paz, con alegría y con tranquilidad y mañana podamos todos levantarnos con un nuevo y mejor horizonte.

Santiago de Munck Loyola

¡A reflexionar! (el que lo necesite).

Hoy estamos en Jornada de Reflexión porque así lo impone la vigente Ley electoral española. Un curioso invento que parece querer invitarnos a los electores a que dediquemos el día a reflexionar sobre lo que vamos a votar al día siguiente. Se trata, sin duda, de un tecnicismo paternalista porque los ciudadanos somos libres para decidir a qué podemos dedicar o no cualquier día del año. Las legislaciones electorales de los países democráticos son muy variadas al respecto y podemos encontrar versiones para todos los gustos. Aquí, durante la jornada de reflexión los candidatos y los partidos políticos no pueden distribuir propaganda y no pueden realizar actos de ninguna clase encaminados a la petición del voto. Nuestra Ley no sólo establece esta limitación, sino también la publicación de encuestas durante los cinco días previos a las votaciones, limitación, por cierto, promovida con vehemencia en su día por D. Manuel Fraga. Sin embargo, nada impide que los medios de comunicación españoles puedan hacerse eco de las encuestas que publican los medios extranjeros tal y como hemos podido ver con la encuesta que el “Times” acaba de publicar otorgando al PP una ventaja de 20 puntos sobre el PSOE.

En su día, las limitaciones a la actividad electoral en el día previo a las votaciones se establecieron en algunos países para evitar que los militantes y simpatizantes de los partidos concluyeran las campañas electorales a bofetada limpia, como era habitual, antes de ir a votar. Llamar hoy a este día jornada de reflexión constituye un anacronismo más a sumar al de las propias campañas electorales en su actual configuración. Oficialmente la campaña electoral dura quince días, sin embargo nosotros llevamos más de cuatro meses de campaña real. No está de más recordar que desde 1978 la única jornada de reflexión no respetada y violada fue la de 2004, primera vez que Zapatero llegó al poder, y que el artífice de aquel atropello a la Ley electoral fue, el hoy candidato socialista, P. Rubalcaba.

Pocos serán los que a estas alturas no tengan ya decidido su voto tras tantos meses de campaña y, por tanto, los que necesiten hacer uso de la jornada de hoy para reflexionar sobre su voto del domingo.

En el fondo, la decisión del voto del domingo se limita a elegir entre seguir otros cuatro años más con el mismo partido que hasta ahora ha gobernado y sus políticas o cambiar de partido y de políticas. Continuidad o cambio, así de sencillo. Cerrar el ciclo político que se inició tras los atentados del 11M o mantenerlo prorrogándolo cuatro años más.

Todas las encuestas han vaticinado la victoria del cambio y el domingo por la noche conoceremos la magnitud del mismo. Ojala sea lo suficientemente contundente como para construir un futuro ilusionante que nos haga olvidar pronto el triste presente que nos legan.

Santiago de Munck Loyola

La invasión de los tecnócratas: todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

Los mercados internacionales decidieron que había que acabar con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, cuyo partido, el Polo de la Libertad, había ganado las últimas elecciones generales, y sustituirlo por un técnico, Mario Monti. Tras tiras y aflojas, Mario Monti ha sido nombrado primer ministro, ha compuesto un gobierno sin políticos y en breve habrá de someterse a la cámaras para obtener el respaldo de los partidos políticos, es decir, de los representantes de la soberanía popular. Esta complicada operación parece reunir todas las formalidades exigibles por la Constitución italiana, pero siendo un proceso técnicamente legal se plantean dudas más que razonables sobre su legitimidad y, por tanto, sobre la calidad de la democracia italiana. A lo mejor, con ello mejora la calificación de la deuda italiana, pero indudablemente empeora la calificación sobre la calidad democrática del sistema político italiano.

Los italianos no han sido consultados en las urnas sobre esta decisión que sus representantes han tomado para complacer a los mercados internacionales. El poder del dinero se ha impuesto sobre la soberanía popular. Hay quien saluda esta decisión y justifica la legitimidad de la misma argumentando que los parlamentarios son los legítimos representantes de los ciudadanos y, por tanto, los únicos con capacidad decisoria al respecto. Una vez más, se confunde la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio. Los parlamentarios lo son porque fueron elegidos presentando un programa a los electores que, en virtud del mismo, les confirieron el voto. Ninguno de esos programas electorales contemplaba una eventualidad como ésta y, por tanto, los parlamentarios carecen de mandato alguno de los electores para adoptar una decisión tan trascendental como ésta.

A esta circunstancia hay que sumar otra que resta aún más legitimidad al nuevo gobierno italiano. Ninguno de los nuevos ministros propuestos por el Profesor Monti son políticos, ninguno ha comparecido ante las urnas y ninguno de ellos, por tanto, ha recibido mandato alguno de los votantes.

Las democracias reales, las democracias serias no funcionan así. Nos encontramos ante una recuperación del viejo principios del absolutismo ilustrado de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Es muy posible que los italianos eligieran mal en las últimas elecciones y que el gobierno surgido entonces haya resultado un desastre, pero es lo que eligieron y si ahora es preciso rectificar el rumbo debería ser la propia ciudadanía la que tomase una nueva decisión.

Las reglas de juego básicas en cualquier democracia pasan porque los ciudadanos elijan un programa de gobierno y un determinado gobierno o que adopte decisiones que permitan a los partidos políticos llegar a determinados acuerdos para hacerlo cuando no hay un mandato claro al respecto. En este caso, estas reglas no se cumplen.

Es muy posible y lo hemos visto recientemente en España que un gobierno no esté compuesto precisamente por personas preparadas para abordar situaciones tan difíciles como las actuales pero ese error, si así lo aprecian los ciudadanos, se debe pagar en las urnas. Si los llamados tecnócratas tienen que gobernar un país deben recibir el mandato de los ciudadanos para ello, es decir, deben presentarse a las elecciones con las siglas de su preferencia (no nos engañemos, por muy técnicos que sean cada uno tiene su ideología política) o formalizar programas y candidaturas independientes. Pero si los tecnócratas llegan al poder por vías diferentes estamos ante una auténtica prostitución de la democracia y ante una estafa legal a los ciudadanos. De seguir con esta vía, cualquier día nos quitan las elecciones y convocan oposiciones a Presidente del Gobierno. Y, si no, al tiempo.

Santiago de Munck Loyola

Pobre España pobre.

No hace muchas horas, en los informativos de una cadena de televisión se podían ver unas imágenes en las que aparecían unos ancianos que esperaban a que se sacaran a la calle los contendores de la basura de un restaurante para registrarla y sacar comida para llevarse a casa. Después de coger lo que podían aprovechar, volvían a meter en los cubos la basura que no les servía. No eran éstas las únicas escenas de este estilo que últimamente se han podido ver en las televisiones. Cada vez son más los casos de gente que tiene que buscar en la basura para poder comer. Desempleados y jubilados, gente que hasta no hace mucho podía, con más o menos dificultades llegar a fin de mes, hoy ya no puede hacerlo. Los comedores sociales de Caritas, de esa Iglesia tan denostada por algunos, no dan ya  abasto, se han quedado pequeños. En nuestro país ya hay 1.425.200 familias en las que todos sus miembros están en paro y sin ingresos. El 4,3 por ciento de los españoles con 65 o más años se encuentra en estado de desnutrición y el 25,4 por ciento se halla en riesgo de padecerla. En 2011 más de 100.000 familias perderán su vivienda. Todos los datos estadísticos señalan que hoy muchos más pobres en España que en 2004 y que la brecha entre los ricos, que son más ricos que en 2004, y los pobres se ha agrandado de forma notable. Esta es la realidad que estamos viviendo, la realidad que existe en nuestras calles a pesar de la casi paradisíaca imagen que, salvo excepciones, nuestros medios de comunicación transmiten. Pan y circo para los que aún no les ha tocado la crisis. Entretenimiento, fútbol, chismorreos del corazón y banalidades para huir de una realidad estremecedora.

Que un país como el nuestro permita que muchos de sus ancianos, tras toda una vida de trabajo y esfuerzo, tengan que rebuscar en la basura para comer no tiene vergüenza. Que una sociedad como la nuestra atiborrada de estandartes y lemas sociales, tan grandilocuentes como huecos, abandone a su suerte a tanta gente no es digna de respeto.

No estamos hablando de cualquier país, no. Estamos hablando de España, de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestros vecinos o de nosotros mismos. Hemos construido dos mundos, dos realidades diferentes que compartiendo tiempo y espacio se rehúyen. La España oficial, la que se refleja en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, la de la clase política y la de una gran parte de la sociedad española, instalada con mayor o menor comodidad, que prefiere mirar a otro lado. Y la España de los comedores sociales, del hambre y el frío, de los desalojos y el abandono que no es escuchada normalmente.

A la primera España pertenece la segunda mayor flota de coches oficiales del mundo porque nuestra clase política no usa su vehículo privado o los medios de transporte público para ir a trabajar, a cumplir sus obligaciones. A la primera España pertenecen los miles de asesores que necesitan nuestros políticos para intentar hacer aquello por los que les pagamos. De esa España forman parte las indemnizaciones millonarias de los banqueros que se embolsan tras vaciar las entidades financieras que tenían a su cargo y que los demás saneamos con nuestros impuestos. A la misma pertenecen las SICAV, las pensiones de oro de los políticos, los dobles y triples sueldos disfrazados y con origen en la caja pública, los privilegios en las pensiones, los más de 100.000 teléfonos móviles pagados con dinero público y sin control de uso alguno, los cientos de millones de euros en subvenciones repartidos entre partidos políticos y sindicatos, los ERES fraudulentos, las obras públicas inútiles que no hay quien mantenga tras su inauguración, los privilegios recaudatorios de la SGAE, los pelotazos urbanísticos, las burbujas inmobiliarias y financieras, las primas de riesgo y su “santa” madre…

Entre una y otra España hay un gran muro, un muro de la vergüenza que es negado e ignorado, pero que ahí está. Y la clase política, en la medida que se afianza, olvida cada vez más una realidad que no le gusta o, lo que es peor, que no conoce. En el fondo, la clase política sólo es un producto, un reflejo de la sociedad que la genera, la encumbra y la tolera. Una sociedad anestesiada e insensible sólo puede generar una clase política igual de anestesiada e insensible.

Hoy mandan los mercados, los especuladores y la clase política hace lo que sea menester para tranquilizarlos. Si hace falta hasta se cambian gobiernos sin que el pueblo vote siquiera. Y si hay que reducir gastos porque no se puede seguir gastando más de lo que se tiene, se empieza siempre aplicando unos retoques cosméticos a cuanto afecta a la propia clase política (ejemplaridad dicen) y se continúa con cirugía de campaña, sin anestesia, para los demás. Y así no se puede seguir por mucho tiempo. Torres más altas han caído.

Santiago de Munck Loyola