Los sindicatos-patronos pasados de rosca.

Según Pérez Rubalcaba los sindicatos en España no pueden ser  criticados y quien se atreva a ejercer eso que se llama libertad de expresión y haga públicas sus objeciones sobre los sindicatos se le incluye en esa “campaña repugnante” orquestada por el PP contra los pobres sindicalistas. Los sindicatos pueden criticar y opinar sobre todo lo humano y lo divino ¡faltaría más! Pero ¡ay! del que se atreva a poner en tela de juicio algunas de sus actitudes o comportamientos. Lo lleva claro.

Que los líderes sindicales critiquen y reprueben la reforma laboral emprendida por el nuevo gobierno es lo normal y  lo que se esperaba, como también lo es que sean mucho más duros con este Gobierno que con el anterior. Su trayectoria durante los últimos años es de sobra conocida y, por tanto, sus reacciones son más que previsibles. Siempre que el PSOE se encuentra en situación de debilidad, y no sólo de debilidad parlamentaria, los sindicatos CCOO y UGT han sabido suplir esa debilidad para convertirse en catalizadores del descontento popular. Al contrario, cuando el descontento y el desencanto se han extendido gobernando el partido socialista los sindicatos mayoritarios han servido de eficaces anestésicos sociales.

Del mismo modo que la acción de gobierno es y debe ser objeto de legítimas críticas, la actuación de los sindicatos también puede serlo y sin que por ello se esté incurriendo en ningún tipo de “repugnante campaña”, cuya existencia sólo puede tener cabida en la mente de quienes no tiene la conciencia muy tranquila a la vista de los resultados obtenidos tras su paso por el gobierno.

Dejando al margen el papel constitucional atribuido a los sindicatos, que nadie discute, sí que hay una serie de cuestiones que pueden ser criticadas públicamente. De una parte parece criticable el doble papel que, tanto UGT como CCOO, desempeñan en tanto que organizaciones sindicales y empresarios simultáneamente. Es francamente difícil mantener un mínimo de credibilidad cuando, en tanto que organizaciones sindicales, se oponen duramente a cualquier iniciativa legislativa que suponga una limitación o recorte de los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo, en cuanto que empresarios, se aprestan a aplicar esas normas en los despidos o regulaciones de empleo de sus propios empleados. No hay que olvidar que entre CCOO y UGT cuentan con más de 5.200 empleados a través de más de 100 sociedades que se dedican a diversas actividades como el comercio al por menor y de materias agrícolas, a servicios financieros, a la gestión de fondos de pensiones, a la enseñanza o al alquiler inmobiliario. Despidos, ERES y toda clase de incidencias, como en las empresas de la CEOE, y aplicando en los últimos casos despidos con indemnizaciones de 20 días por año trabajado. Esa doble personalidad de sindicatos – patronos conduce inevitablemente a la incoherencia entre lo que se predica y lo que se practica y, por tanto, a la pérdida de credibilidad.

De otra parte, también es criticable la opacidad y la falta de transparencia en cuanto a la financiación de los sindicatos y organizaciones empresariales. Tan sólo el recorte del 20% de las subvenciones destinadas a sindicatos y patronales anunciado el pasado 30 de diciembre supuso un ahorro de 55 millones de euros para las arcas públicas. A estos 275 millones de euros anuales de subvenciones estatales, compartidos con las organizaciones empresariales hay que añadir las autonómicas y las locales, cantidad imposible de conocer. Súmese el coste de los “liberados sindicales”, que es un pago en especie para los sindicatos, los ingresos derivados de las empresas y entidades participadas al 100 % por los sindicatos, las comisiones que se llevan por cada ERE, los beneficios de las operaciones inmobiliarias promovidas por las cooperativas sindicales, los ingresos por cuotas sindicales (los menos) y podrá hacerse una idea del volumen económico de los sindicatos mayoritarios, pero sólo una idea aproximada porque no obtendrá de ellos unas cuentas exactas y transparentes de lo que su dedicación a la defensa de los derechos de los trabajadores supone en euros contantes y sonantes.

Y sin irse tan lejos y tan alto para encontrar motivos de crítica a la actitud de los sindicatos, basta que uno mire a su alrededor, en su propia empresa, y los podrá encontrar. Cuando en una pequeña empresa los representantes sindicales se toman mecánicamente las 15 horas mensuales para la realización de supuestas labores sindicales y se niegan, con el amparo de la UGT comarcal, a explicar a sus propios compañeros, a los que se supone que representan, a qué dedican esas horas, realmente algo huele muy mal. Ejemplos cercanos no faltan y sólo sirven para restar credibilidad a unas organizaciones necesarias, pero ciertamente “pasadas de rosca”.

Santiago de Munck Loyola.

Con dinero público, sueldos públicos.

Por mucho que se intente, suceden cosas a diario que escapan a la lógica más elemental y que no se comprenden. En los últimos días, con ocasión de los recortes que el nuevo Gobierno está aprobando se han hecho públicas las retribuciones que perciben algunos presentadores de RTVE a las que, al parecer, se va a meter un tijeretazo de un 25 % para gran disgusto de los afectados. Recorte que, por cierto, se nos vende como una gran medida cuando en realidad es claramente insuficiente. Mientras que los sueldos medios de los empleados de RTVE rondan los 44.000 € anuales, resulta que algunos distinguidos profesionales de la Casa cobran medio millón de euros al año como Mariló Montero o Jordi Hurtado. Otras presentadoras de RTVE como Pepa Bueno 250.000 €, Ana Blanco 240.000 € y Ana Pastor más de 175.000 € anuales. Poco o nada habría que objetar si RTVE fuese una empresa privada sin financiación pública alguna, pero no es así. RTVE sobrevive gracias al dinero de los contribuyentes, es decir, para que todos estos ilustres personajes televisivos cobren esos sueldos a usted, a mí y a todos los contribuyentes de este país nos lo detraen de nuestras modestas nóminas o de otros impuestos que nos gravan hasta el pan que comemos. Y, por si fuera poco, los directivos de esa Casa Pública, cuyos sueldos no han sido desvelados pero que son fácilmente imaginables, cuentan con coches oficiales porque, al parecer, o no tienen transporte privado, los pobrecitos, o no quieren usar el transporte público mezclándose con el vulgo de cuyos impuestos cobran. Si esto ocurre en la Televisión del Estado y conociendo el despilfarro de las autonomías, imagínese estimado lector lo que debe suceder en las televisiones autonómicas.

El caso de RTVE no un caso aislado en cuanto a la forma de gestionar el dinero de los contribuyentes. Un ejemplo más: RENFE. Los actuales once directivos de esta empresa pública perciben anualmente una media de 140.000 euros en concepto de remuneraciones. 140.000 euros al año mientras que el Presidente del Gobierno tiene un sueldo cercano a los 80.000 euros anuales. Surrealista. RENFE es también, como todo el mundo sabe una empresa pública, sostenida mayoritariamente con los impuestos de los ciudadanos. Imaginemos por un momento lo que debe estar ocurriendo también en las centenares de empresas públicas estatales o autonómicas en las que, por cierto, la transparencia de las retribuciones de sus directivos deja mucho que desear.

El nuevo Gobierno ha adoptado medidas concretas recortando retribuciones en el sector público que han alcanzado también a las entidades financieras que reciben ayudas públicas. Con ser loable esta voluntad de austeridad, el problema de los abusos en las remuneraciones con origen en el dinero público no se ha abordado ni resuelto de forma general. Hasta ahora se han puesto parches, pero el problema sigue ahí, falta un principio general que se traduzca en una norma de obligado cumplimiento en todo el sector público y en el sector privado que usa del dinero público a través de ayudas o subvenciones.

No se puede obviar que en las economías occidentales el uso de las subvenciones públicas para ayudar e impulsar la actividad del sector privado es una práctica generalizada. Pocos son los sectores económicos en los que no llegan ayudas públicas, beneficios fiscales o directamente subvenciones. Diferentes fórmulas que tienen un denominador común: el presupuesto público y, por tanto, una incidencia directa en los que los contribuyentes deben cotizar. No tiene sentido que haya empresas privadas, por muy estratégicas que sean, cuyas fuentes de ingresos se nutran principalmente de subvenciones públicas y que sus directivos perciban salarios muy por encima de los que percibirían en una administración pública. Tampoco tiene sentido que las empresas reciban ayudas o beneficios por contratar, pagando menos por ejemplo a la seguridad social, o cuando aprueban un ERE o jubilaciones anticipadas mientras en el seno de las mismas se estén percibiendo salarios muy superiores a los del sector público. Cada euro que esas empresas reciben de las administraciones públicas o cada euro que dejan de abonar salen del bolsillo de los contribuyentes.

Por tanto, si se quiere acabar de verdad con estos abusos es preciso aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos. Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben ayudas públicas las retribuciones no deberían superar las máximas que se perciben en las administraciones públicas. Y al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo con un salario público. Pero este abuso del dinero público debe acabarse ya porque no se trata de “el chocolate del loro”, no. Se trata de tanto dinero como el que va a recaudar ahora el estado con la subida del IRPF. Si hay lo que hay que tener para acometer una reforma laboral como la que se acaba de aprobar, debe haber lo mismo para administrar correctamente el dinero de los contribuyentes y acabar con la prodigalidad en el manejo del dinero de todos.

Santiago de Munck Loyola

Algunos se forran con nuestros impuestos.

Hoy, el diario El Mundo, publica un artículo sobre las retribuciones de los políticos o ex políticos en las instituciones financieras que no tiene desperdicio alguno. En la mayoría de los casos, se trata de instituciones financieras que han recibido o reciben ayudas económicas del Estado, es decir, que reciben dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos. La presencia de los políticos en estas instituciones, Bancos y Cajas de ahorro, sólo obedece a la participación estatutaria de las administraciones públicas en sus Consejos de Administración. Es decir, que los políticos encuentran acomodo en los Consejos de Administración o en los puestos de dirección no porque reúnan especiales conocimientos financieros sino porque cubren las cuotas de los partidos políticos, aunque se trate de auténticos ignorantes del mundo económico y financiero.

He aquí, algunos de los datos aportados:

     -         Rodrigo Rato: Presidente de Bankia, 2,4 millones de euros, sin contar la retribución variable.

-          José Luis Olivas: 1,6 millones hasta su cese en Bankia.

-          900.000 € Antonio Pulido, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.

-          900.000 € Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.

-          526.000 Moral Santín (BFA, Bankia y Caja Madrid).

-          Mercedes de la Merced: 429.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Jorge Gómez: 393.00 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Ricardo Romero de Tejada: 316.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Estanislao Rodríguez Ponga: 422.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Virgilio Zapatero: 421.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).

-          Antonio Tirado: 409.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).

-          Carlos Egea: 456.000 euros (BMN).

-          Braulio Medel: 600.000 euros (Unicaja).

-          Antonio Jara: 278.000 euros (BMN).

-          Agustín González: 224.000 euros (Caja Provincial de Ávila y BFA).

-          José Antonio Asiain: 151.700 euros (Banca Cívica).

No están aquí todos los que son. Algunos, como el exalcalde de León, se han negado a facilitar sus datos al Banco de España acogiéndose a la Ley de protección de datos. Hay que tener en cuenta, además, que en algunos casos estas retribuciones se perciben simplemente por asistir a los Consejos de Administración, no por desempeñar funciones auténticamente directivas.

Es escandaloso e inmoral, se mire por donde se mire. Una empresa privada, con capital exclusivamente privado, puede fijar libremente las retribuciones de sus empleados y directivos. Pero éste no es el caso. Se trata de empresas que están usando dinero público, dinero que proviene de los impuestos de los ciudadanos. No tiene lógica alguna que el sueldo del Presidente del Gobierno, el máximo responsable del destino del dinero de los contribuyentes, ronde los 100.000 euros anuales y que el de estos señores, nutrido en parte con dinero público,  alcance niveles tan escandalosos.

Habrá quien lo justifique apelando a la “enorme responsabilidad” de estos señores en el manejo de tanto dinero y a otras estupideces. Pero más responsabilidad acumula el Presidente del Gobierno o el cirujano de la seguridad social en cuyas manos se depositan, no ya capitales, sino vidas humanas y no ganan esas cantidades ni por asomo.

Las administraciones públicas tienen regulado por Ley las retribuciones que perciben los que en ellas trabajan. Tratándose de dinero público no existe arbitrariedad en la asignación de las retribuciones. La misma regla debería aplicarse a toda aquella entidad que perciba dinero público para su funcionamiento: si una empresa, sea financiera o no, recibe ayudas públicas las retribuciones de su personal deberían seguir las mismas reglas y niveles que las  que corresponden a las administraciones públicas. Así de fácil, de sencillo, de lógico y de claro. Hay empresas en nuestro país que sobreviven exclusivamente gracias al dinero público y, sin embargo, no existe una limitación, ni reglamentación a la hora de determinar las retribuciones de su personal.

Esto tiene que acabar. No es posible que se suban los impuestos a los ciudadanos para que, mientras tanto, una élite de ex cargos políticos “se forre” con el dinero proveniente de esos mismos impuestos. No hace mucho alguien abogaba por la casilla en la declaración de la renta para investigación. Puestos a ello, habría que proponer la casilla para no dar un duro a empresas y entidades cuyos directivos tengan semejantes salarios. Con mis impuestos, no. O, mejor, directamente la objeción fiscal. Un servidor, al menos, sabe que no les paga dos veces por lo mismo: se lo llevarán de mis impuestos, pero no de mi cuenta porque a estas entidades ni un céntimo.

Santiago de Munck Loyola