Bueno, por fin algo se ha movido
desde el pasado 26 de junio. Ayer martes, Albert Rivera anunció que negociará
el apoyo de sus diputados a la investidura de Mariano Rajoy si antes el PP
acepta seis medidas para promover la regeneración democrática, uno de los
supuestos puntales ideológicos de la formación liderada por Rivera. Se trata de
seis medidas que pueden encajar perfectamente en un catálogo regeneracionista:
1. Apartar a imputados por
corrupción. Se trata de una propuesta lógica a la vez que compleja desde el
punto de vista jurídico pues es necesario preservar la presunción de inocencia
y, en todo caso, articular mecanismos de reposición de los derechos políticos
del imputado cuando resulta finalmente declarado inocente.
2. La eliminación los
aforamientos. Los más de 10.000 aforados que existen en España son una muestra
evidente del abuso de un instituto creado para defender el libre ejercicio de
la actividad política para quienes representan a la soberanía popular y que la
clase política ha hecho extensivo a toda suerte de cargos públicos.
3. Una nueva ley electoral. Ciudadanos
reclama listas desbloqueadas, la reforma del sistema de voto para los españoles
que viven en el extranjero y acabar con la ley D'Hondt, lo que fragmentaría aún
más el Congreso, pero no reivindica, como antes, la eliminación del filtro de
los avales para presentar candidaturas impuesto en 2011 por los socialistas y
que atenta al principio de igualdad entre los españoles para el acceso a cargos
públicos ni la reforma del sistema para garantizar la igualdad del valor del
voto entre los españoles de forma que no valga 3 veces más el voto de un
catalán que el de un alicantino, por poner un ejemplo.
4. Acabar con los indultos por
corrupción.
5. Limitar mandato a dos
legislaturas. Se trata simplemente de regular y extender una norma no escrita a
todas las administraciones públicas.
6. Mayor transparencia. Por
último, parece que esta exigencia viene ligada a la necesidad de investigar
parlamentariamente (porque judicialmente ya está en marcha) la financiación
irregular del PP, aunque lo lógico sería hacerla extensiva a todos los partidos
políticos.
Estas seis condiciones son
positivas porque, por una parte, su mera presentación supone un desbloqueo
parcial en el camino hacia un debate de investidura y, por otra, su contenido
encaja con una cierta voluntad de regeneracionismo político.
Sin embargo, da la sensación de que
Ciudadanos, por las razones que sean, no propone una regeneración democrática
en profundidad poniendo sobre la mesa de la negociación aspectos esenciales
para que la regeneración del sistema y, sobre todo, de los partidos políticos
sea una realidad. Se limita a proponer seis medidas que siendo
regeneracionistas no abordan ni plantean los problemas de fondo que han
conducido a la política española a los niveles en los que ahora se encuentra.
Se dejan en el tintero reformas
cruciales para que la regeneración del sistema político pueda avanzar y la
primera de esas reformas afecta al funcionamiento, estructura y financiación de
los partidos políticos que son los agentes que han de regenerar el propio
sistema. Unas de las principales causas de la corrupción son la falta de
democracia interna dentro de los partidos políticos, la incapacidad de la
militancia para elegir y controlar a sus candidatos en las instituciones así
como para fiscalizar la gestión económica de sus propios partidos y la ausencia
o limitación del debate interno. Del mismo modo, el sostenimiento de los
partidos políticos con cargo a los presupuestos públicos y su financiación
privada los desvincula de sus bases sociales y los empuja a la defensa de
intereses ajenos a las mismas.
Ciudadanos tampoco plantea al PP
una condición indispensable para la regeneración democrática como es
profundizar en la división de poderes y en la despolitización del poder
judicial. La confusión entre poder ejecutivo y legislativo es enorme y se ha
extendido a todos los parlamentos regionales. Una correcta interpretación de la
división de poderes debería conducir a que los alcaldes, por ejemplo, no puedan
simultanear su cargo municipal (poder ejecutivo) con un escaño en el parlamento
o asamblea autonómica. Por higiene democrática debería haberse puesto encima de
la mesa negociadora el principio de “una persona, un solo cargo público”, sea
retribuido o no. Y reforzar la independencia judicial haciendo que los partidos
políticos saquen sus zarpas de los procesos de designación de jueces y
magistrados es también una condición inexcusable para poder enarbolar la regeneración
democrática de la política.
Nada exige Ciudadanos sobre la
necesidad de acabar con los privilegios económicos y sociales de la clase
política a parte de la supresión de los aforamientos, privilegios de tipo
fiscal y tributario, de pensiones, de medios a costa de los contribuyentes,
etc.
Ni tampoco se plantean reformas
legislativas para acabar con los criterios subjetivos en manos de los políticos
en el ámbito de la legislación sobre contrataciones de las administraciones
públicas o sobre el suelo, dos de los grandes campos en los que la corrupción
ha florecido por doquier.
En definitiva, da la sensación de
que la propuesta de Ciudadanos, con ser en si misma positiva, responde más a un
movimiento táctico en busca del aplauso que a la necesidad de plantear un
verdadero cambio regeneracionista que necesariamente tendría que ir mucho más
allá de las seis condiciones impuestas al Partido Popular. Pero, algo es algo.
Santiago de Munck Loyola
