Enmiendas al XIII Congreso del PP de Alicante: más participación, medio ambiente y Ley de Costas.

El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del Partido Popular de la Provincia de Alicante convocado bajo el lema “comprometidos con la Provincia de Alicante”. Una vez más y como viene siendo habitual bajo la Presidencia Local de D. Julio de España los afiliados de la Ciudad de Alicante no han recibido ni una sola comunicación sobre la celebración de este cónclave Provincial. Las únicas noticias que los militantes populares sobre este Congreso provienen de los medios de comunicación. Los populares de la ciudad de Alicante ni han recibido una carta anunciándoles la celebración del Congreso, ni recordándoles su derecho a ser compromisarios para participar en el mismo. Es así como algunos entienden la participación de la militancia en un partido que no sólo debería proclamar su adhesión a los principios democráticos, sino que debería ejercerlos de abajo a arriba en su estructura interna.

Un servidor parece que va a participar gracias a que recibió la documentación precisa para ejercer sus derechos de afiliado de otra sede local y a que, esta vez, no ha sido preciso realizar una asamblea local.

El Congreso provincial servirá, tal y como determinan los Estatutos del PP, para elegir al Presidente Provincial que será, sin duda alguna, el candidato oficial José Císcar. Con ser ello relevante no es lo único que se va a hacer en el Congreso. Tanta importancia como la elección del Presidente y de la nueva dirección Provincial tienen las dos ponencias que se van a debatir y a aprobar: una ponencia política y una ponencia con el Reglamento del Partido provincial.

Sobre el contenido de estas ponencias hay que destacar una evidente contradicción entre ambas. De una parte, la ponencia política subraya en muchas ocasiones la voluntad del Partido Popular de Alicante de potenciar la participación de los ciudadanos en la vida política poniendo al servicio de este objetivo todos los cauces tecnológicos existentes. De otra parte, el proyecto de Reglamento, los estatutos provinciales, realizan una interpretación restrictiva de los Estatutos nacionales y de los Regionales de modo que la participación de los militantes populares en la vida interna del partido queda reducida a la mínima expresión. Hay una evidente contradicción entre el espíritu de la ponencia política y la ponencia de Reglamento que se salda con una retórica políticamente correcta hacia el conjunto de los alicantinos y una realidad estatutaria absolutamente cerrada a la participación interna. Así, no se deja ningún margen de actuación para que los militantes puedan ni tan siquiera opinar internamente sobre las candidaturas del partido en su ámbito territorial, ni para que los cargos electos rindan cuenta ante la militancia o para que ésta pueda trasladar a los mismos opiniones o sugerencias. Si no prosperan las enmiendas encaminadas a fomentar la participación interna y la corresponsabilidad de la militancia no se avanzará lo más mínimo en la consolidación y crecimiento de un proyecto político firmemente arraigado en la sociedad sino que se seguirá profundizando en un modelo de partido de cuadros, en una simple maquinaria electoral fuerte y eficaz, de momento.

En cuanto a la ponencia política hay tres aspectos muy importantes que se han omitido. Se trata del papel del voluntariado social en la crisis y las relaciones del PP con el mismo, el tratamiento de los residuos y su impacto provincial y el impacto de la vigente Ley de Costas en los bienes y derechos de miles de ciudadanos alicantinos afectados por su aplicación. Destaca especialmente este tercer “olvido” por tres circunstancias concretas: la anunciada revisión de la vigente Ley de Costas anunciada por el Ministro Arias Cañete, el tono reivindicativo frente a otras necesidades de la Provincia como son el AVE o los trasvases mientras se silencia esta reivindicación y las constantes y bien fundamentadas menciones a la política turística y al desarrollo de esta industria clave para la Provincia en la que tiene una especial incidencia a niveles europeos los “desaguisados” que la actual ley de Costas ha generado en la Provincia afectando a muchos residentes comunitarios. No se entiende que con 244 km. de costa en la Provincia no se haga mención al asunto.

Por ello, sería deseable que la Ponencia política incluyera el compromiso del Partido popular de Alicante también con los miles de afectados por la Ley de Costas que han visto como una norma aplicada con efectos retroactivos ha transformado su derecho de propiedad en una simple concesión administrativa con plazo de caducidad. Se trata de una reivindicación justa que debería ser asumida por el Partido Popular de Alicante para ser defendida en el Congreso de los Diputados buscando una solución justa con los propietarios expoliados y equilibrada con la defensa del medio ambiente.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

Democracia avanzada.

Hace unos días, un amigo me envió un interesante enlace de Internet (http://demo4punto0.net/) en el que se formula una propuesta sobre la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Se trata de una iniciativa presentada en junio de 2010,  por Juan Moreno Yagüe, un abogado sevillano y que desde noviembre del 2010 duerme el sueño de los justos, como era de esperar con esta clase política, en un cajón de la Comisión de garantías constitucionales del Congreso de los Diputados. La propuesta de este abogado afecta directamente a las nociones de soberanía nacional, la representación política y a la participación directa del votante y supone la formulación práctica de una evidencia real: la superación de las teorías políticas tradicionales sobre las que se fundamenta nuestro esquema político, el de todas las democracias representativas.

En síntesis, la propuesta formulada plantea que los electores podamos intervenir, si así lo decidimos, en la toma de decisiones, en las votaciones que se desarrollan en el Congreso de los Diputados y, se entiende que, por extensión, en cualquier cámara representativa en la que los electores hayan delegado su voluntad. Se propone, por tanto y en relación al Congreso, que los 35 millones de electores representados por 350 diputados tengan la posibilidad de descontar la pequeña cuota de representación de cada uno (una treinta y cinco millonésima parte) votando cuando quieran a través de Internet. A todos los diputados se les restaría una pequeña parte de soberanía, la correspondiente a la cuota de soberanía del número de personas que decidiesen utilizar su derecho a votar.

Es un hecho evidente que las posibilidades que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías suponen una superación radical de las teorías políticas elaboradas en los últimos tres siglos y la concreción de las mismas en los modernos sistemas políticos.

Del mismo modo que el concepto político de la soberanía evolucionó a lo largo de los siglos desde el autoritarismo de Thomas Hobbes para quien la soberanía radicaba de forma exclusiva en el soberano, pasando por Rousseau que atribuyó la soberanía al pueblo, generador de la voluntad colectiva que era transferida al soberano, hasta llegar a Sièyes que matiza el concepto y lo transforma en el de soberanía nacional, ampliando los sujetos depositarios de la misma, el concepto de representación política también ha sufrido una evolución paralela pero su construcción intelectual, hoy por hoy, no se ajusta ni a las posibilidades técnicas, ni a las necesidades de una sociedad moderna en la que la información y la capacidad de decisión de individuos pueden hacerse efectivas en tiempo real.

El ejercicio práctico de la soberanía nacional se ha venido desarrollando a través del concepto de la representación política. Los ciudadanos ejercen su soberanía eligiendo a unos gobernantes o a unos representantes en los que delegan la misma para que actúen en su nombre durante un período determinado de tiempo transcurrido el cual podrán ver renovada o retirada la confianza. Los representantes hablan y actúan en nombre de los representados durante un período determinado de tiempo. Los partidos políticos se han venido convirtiendo, además, en instrumentos canalizadores de la soberanía nacional y en filtros que han matizado mucho la vinculación entre los representantes y los representados. Distorsionándole en ocasiones hasta extremos insospechados.

Hoy no existe ningún inconveniente técnico que impida al elector estar presente, si así lo desea, en la toma de decisiones políticas. Vivimos en una sociedad en la que la información, requisito esencial para un ejercicio efectivo de la libertad, circula a velocidad de vértigo y los ciudadanos no sólo tenemos acceso fácil a la misma, sino que, además, disponemos de los medios técnicos para poder manifestar nuestra voluntad de forma inmediata. Del mismo modo que podemos recibir notificaciones oficiales del Ministerio de Hacienda, pagar impuestas con nuestra firma digital a través de Internet o realizar compras a distancia podríamos poder emitir nuestro voto en determinadas circunstancias cuando así lo decidamos. Hace pocos días hemos visto como el Congreso (http://www.abc.es/20110721/espana/abci-congreso-cambia-reglamento-para-201107211401.html) ha adoptado las medidas necesarias par que una Diputada pudiera votar de forma telemática. Si sus señorías pueden hacerlo ¿por qué no el conjunto de los ciudadanos?

A la posibilidad técnica de hacerlo se añade además una necesidad evidente derivada del comportamiento fraudulento de los partidos políticos que, por una parte, nos imponen a los candidatos a representarnos sin permitirnos ningún tipo de vinculación que permitiese responsabilidades y exigencias ante los electores, y que, por otra, nos engañan en la oferta electoral que nos hacen a la hora de recabar nuestro voto y  que, una vez elegidos, no respetan sus compromisos electorales.

La recuperación de la soberanía por parte de los ciudadanos a través del voto digital no supondría la desaparición de los representantes políticos, instrumentos imprescindibles a la hora de elaborar, negociar y acordar la mayor parte de las tareas legislativas o gubernamentales, pero sí supondría una importantísima matización de su mandato, de su poder y, sobre todo, de su sintonía “on line” con el sentir del soberano, es decir, de nosotros mismos, en cada momento.

Santiago de Munck Loyola

¿Sigue el coto cerrado del PP en Alicante?

El próximo día 26 de junio, a las 12 horas, se acabará el plazo para cualquier afiliado del Partido Popular de Alicante pueda presentar su candidatura para participar como compromisario en el XIII Congreso Provincial. En esta ocasión y tras la polémica suscitada con ocasión de la vulneración de los procedimientos electorales internos con ocasión del Congreso Regional, la Comisión Organizadora del Congreso ha modificado las normas por las que se rige el procedimiento de elección de compromisarios. La clave está en la comunicación a los afiliados de la convocatoria del procedimiento y, por tanto, de su derecho a presentar su candidatura para ser compromisarios y participar en el Congreso.

Cuando se convocó el Congreso Regional, el Partido local de Alicante incumplió, al igual que en caso de las elecciones a compromisarios para el Congreso Nacional, la Base d) de las normas para la elección de Compromisarios que señalaba que los afiliados debían ser convocados por escrito. Es decir, que cada afiliado de la ciudad de Alicante debía recibir una carta del Presidente Local anunciándole el proceso, trasladándole las normas y un formulario para que se presentase a candidato sí así lo estimaba oportuno. Las normas decían que si había más candidatos a compromisarios que puestos disponibles se debería celebrar una votación. Esa primera carta no se envió a los miles de afiliados de la ciudad de Alicante. Interpuesta una reclamación ésta, como era desperar no prosperó. Bastaba para desestimarla que el PP de la ciudad de Alicante hubiese presentado copia del recibo de correos justificando el envío de las cartas, algo que se había pedido, pero se argumentó en el escrito suscrito por D. César Augusto Asencio que las cartas se habían entregado en mano por voluntarios (sic). Ni más, ni menos. Y en un alarde de “excelencia” jurídica se llegada a afirmar en la resolución denegatoria de la reclamación lo siguiente: “Prueba incontestable de que el Sr. _______ ha debido de recibir notificación escrita de la convocatoria es el conocimiento que tiene de las bases de las mismas, que conocía los plazos y la presentación de su propia candidatura”. ¡Hombre! Uno puede conocer perfectamente los Diez Mandamientos y ello no es “prueba incontestable” de que Dios, Todopoderoso, le haya hecho entrega de las Tablas. En fin…

Probablemente como consecuencia de lo anterior, han modificado las normas de participación de los afiliados para el XIII Congreso Provincial y ahora las nuevas Bases señalan C) La convocatoria para la celebración de las Asambleas que han de elegir a los compromisarios podrá realizarse por escrito, por sistema telemático (sms o e-mail) o por anuncios en medios de comunicación, por el Presidente Provincial a través de las agrupaciones locales, con una antelación mínima de 10 días, es decir, último día el 18 de junio. (Por cierto, la expresión “agrupaciones locales” es del PSOE, en el PP siempre se ha hablado de Juntas Locales o Sedes Locales ¿Quién ha redactado estas normas?)

Es decir que antes del 18 de junio, los afiliados de la ciudad de Alicante deberían haber recibido una carta, o un SMS o un e-mail, cosa que al menos un servidor no ha recibido, o deberían haber tenido la suerte de haberse topado con el anuncio en un medio de comunicación comunicándoles que podían ejercer sus derechos de participación. Así que ya saben, si uno no tiene móvil, o correo electrónico o no da casualmente con el anuncio es muy probable que, por mucho que pague su cuota de afiliado, no se va a enterar de que hasta las 12 horas del 26 de junio puede intentar participar en el Congreso Provincial, porque por la experiencia reciente cartas no se envían (hay que ahorrar) y con este calor es muy posible que los voluntarios repartidores de cartas prefieran disfrutar de las fiestas o tomar el sol en la playa.

Parece que las cosas no cambian, que quienes dirigen el Partido Popular en nuestra ciudad no desean que los afiliados, que los militantes cobren el protagonismo que legítimamente les pertenece. Cuando hay que acudir a un mitin o a cubrir las meses electorales, no se repara en medios con tal de tirar de los militantes. Pero cuando que se trata de que éstos puedan ejercer su derecho a la participación política, entonces no hay nada que hacer. Las “familias” y diferentes sensibilidades que manejan el Partido no necesitan entonces a los militantes que sólo podrían constituir un estorbo a la hora de repartirse los puestos. Y así nos va que hasta para redactar las normas de participación parece que nos las hacen extraños.

Santiago de Munck Loyola