Las elecciones internas del PP de la ciudad de Alicante.

Ciscar liquida la regeneración del PP.

La dirección provincial popular de Alicante acaba de convocar las elecciones internas a la Presidencia de las recientemente creadas cinco Juntas de Distrito de la ciudad de Alicante. Con ello se pretende culminar un proceso electoral desarrollado de espaldas a los afiliados e iniciado hace más de un año con la supresión ilegal de la Junta Local de la ciudad de Alicante que se ha saldado, entre otras cosas, con la expulsión de quienes lo hemos venido cuestionando. No se trata de un asunto menor, tras ese cambio de estructura organizativa del Partido Popular de la ciudad de Alicante se esconden importantes cuestiones de fondo que tienen que ver con la democracia interna y con la regeneración democrática de un partido profundamente necesitado de las mismas.

Los ilustres vecinos de Teulada y San Vicente, Sres. Ciscar y Zaplana respectivamente, decidieron que los afiliados de la ciudad de Alicante ni siquiera debían opinar sobre cómo se debía organizar el partido en la ciudad y acordaron suprimir la Junta Local de la ciudad, sustituirla por cinco Juntas de Distrito e inventarse un nuevo órgano, el Consejo de Dirección, coordinado por la Alcaldesa de Alicante. Es decir, que los afiliados alicantinos pasarían a ser afiliados de segunda comparados con los de las demás localidades de la Provincia. Y ¿por qué han retorcido de esta manera los propios Estatutos del PP creando este engendro? ¿Por qué este fraude político y electoral? Pues hay varias razones.

De todos es conocido que la Junta Local del PP no funcionaba desde hace muchos años y que la democracia interna brillaba por su ausencia como lo demuestra el hecho de que no se celebrasen elecciones internas desde hace 8 años o que los afiliados careciesen de cauces de participación. La inexistente organización local solo era unas siglas, un coto cerrado de reparto de puestos y prebendas entre grupos y “familias”. La nueva dirección provincial, en lugar de optar por abrir un proceso electoral limpio, abierto, transparente y participativo, optó por cortar el paso a cualquier alternativa interna regeneradora nacida de las bases con el fin de seguir controlando el dinero de los militantes alicantinos, de impedir que el PP alicantino pudiera resurgir fuerte y renovado haciendo sombra al provincial y, sobre todo, de controlar a la militancia para perpetuar los viejos hábitos. Pero, conseguidos estos objetivos, existe uno aún más importante y que tiene que ver con la famosa línea roja trazada por el Presidente Fabra según la cual ningún político imputado puede optar a cargos orgánicos del PP. Nada impide estatutariamente que Sonia Castedo, pese a estar imputada por diversos delitos, pudiera optar a presidir el PP de la ciudad. Hoy por hoy, ella goza de toda la presunción de inocencia y no tiene limitados sus derechos políticos. Lo impide una directriz, no una norma, del Presidente Fabra que pocos se atreven a cuestionar públicamente, pero que José Ciscar y su equipo han decidido sortear para conseguir que, sin ser elegida por los afiliados, Sonia Castedo se sitúe en la cúpula de los PP’s de la ciudad de Alicante.

Para lograrlo se han inventado un Consejo de Dirección de los cinco distritos que será coordinado casualmente por quien ostente la Alcaldía de Alicante, o sea, Sonia Castedo. Confunden así el partido con el Ayuntamiento, resucitando prácticas totalitarias, sacrifican los derechos políticos de los afiliados a la situación procesal de la Alcaldesa y propinan una sonora bofetada a las directrices del Presidente Fabra, a la democracia interna y a la imprescindible regeneración democrática de una organización cuyos sacrificados militantes no se merecen tanto desprecio y manipulación como la que están haciendo gala algunos dirigentes provinciales. Ahora se comprende que el Secretario Provincial presidiera una cena de homenaje a la Alcaldesa tras ser imputada, que se reuniera con ella para “apuntalar” el proceso electoral interno, que se haya perseguido a los militantes que han reivindicado más ejemplaridad, más honradez y más democracia y que el Presidente Provincial, José Ciscar, declarase el 1 de octubre que Sonia Castedo seguía siendo la mejor candidata popular a la Alcaldía de Alicante. Con dirigentes así, el PP alicantino no necesita adversarios. Algunos recogerán muy pronto lo que están sembrando y desgraciadamente lo veremos en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

Presidente del Foro Esperanza Popular

– Movimiento de Bases de Alicante.

¡Cuanta razón tienes Arantza!

Ayer, la nueva Presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga aseguró ante Mariano Rajoy que el “caso Bárcenas” le parecía “vomitivo” y que el Partido Popular, cuando pudiese, debería “afrontar la recuperación de la confianza perdida” por culpa de “algunos”. Quiroga afirmó con rotundidad que “todos los militantes del PP están asqueados” con el tema de Bárcenas y desean que la Justicia “actúe con rapidez”. De forma muy elocuente recordó que mientras que a algunos les temblaban las piernas cuando tenían que ir a un Pleno en el País Vasco, otros estaban a otra cosa, estaban dedicados a hacer “caja”. ¡Qué gran verdad! ¡Qué contraste entre el valor, la generosidad y el heroísmo de algunos y la miseria política y moral de otros!

No se equivoca un ápice Arantza Quiroga cuando afirma que todos los militantes del PP están asqueados por este asunto, pero se queda corta. La mayoría de los militantes del PP estamos asqueados por este y por otros asuntos que afectan a la trayectoria política y a la imagen de nuestro partido y no queremos consolarnos con la idea de que en todas partes cuecen habas. Hablamos de nuestra propia casa y lo que ocurra en ella será un grave condicionante de la credibilidad del discurso popular. No se puede señalar la paja en el ojo ajeno ignorando la viga que ciega el propio.

Asquea a cualquier militante el llamado caso Bárcenas y todo lo que en torno al mismo se va conociendo con cuentagotas. Asquea, no ya el simple hecho de que un señor se haya “forrado” durante años a costa de las cuentas del Partido Popular sin que nadie notase nada extraño, sino también que algunos dirigentes hayan estado cobrando sobresueldos, indemnizaciones o gratificaciones, legales o ilegales, porque parece que la suma de las retribuciones de los cargos públicos que desempeñaban más los sueldos de los cargos orgánicos suponen unas cifras más que dignas para vivir. Asquea saber que mientras que algunos teníamos que poner dinero de nuestro bolsillo hasta para comprar la cola de las pegadas de carteles o para pagar los autobuses con los que nos desplazábamos al país Vasco para apoyar a nuestros compañeros otros nadaban en la abundancia nacida de donativos, seguramente poco desinteresados.

Asquea a cualquier militante que el nombre de nuestro partido se asocie con tramas presuntamente corruptas y dadivosas hasta extremos increíbles. Asquea que se mantengan privilegios fiscales o en materia de pensiones a sus señorías mientras se imponen duras cargas al resto de los ciudadanos. Asquea el hecho de que la presencia de imputados y procesados en diferentes bancadas populares no se salde con la pública reprobación de los mismos o, al menos, con su apartamiento cautelar de la protección del paraguas de las siglas del partido. Asquea que diputados sean sorprendidos in fraganti conduciendo ebrios y no presenten su dimisión ante la absoluta irresponsabilidad y falta de ejemplaridad que su conducta implica. Asquea que haya cargos públicos ostentando muy altas responsabilidades habiendo mentido en su curriculum durante años y que el descubrimiento de esta circunstancia no suponga su cese inmediato. Asquea que los militantes sean ignorados en muchas ocasiones a la hora de designar a los líderes territoriales del partido o a la hora de informarles debidamente sobre las finanzas del Partido y que los incumplimientos sistemáticos de los Estatutos del Partido o del Código de Buenas Prácticas por parte de algunos dirigentes no reciba el reproche público de quienes tienen potestad para ello.

Da asco, en definitiva, que una vocación tan noble como la política esté siendo envilecida por algunos mercenarios, pocos, es verdad, pero muy significativos y estratégicamente situados no por la voluntad del militante sino del “dedazo” superior. Da asco que algunos, sin formación alguna y sin más mérito profesional que la especialización en el arte de hacer pasillo, en el del peloteo, o en el derivado de su parentesco o de sus amistades, hayan logrado ocupar escaños, concejalías o alcaldías, convirtiendo la política en un simple modus vivendi y no en un servicio al interés general y al ciudadano.

Bárcenas es algo más que un señor espabilado. Es la representación, la personificación de un peculiar modo de entender la política que desgraciadamente es, en su esencia, perfectamente asimilable a muchos otros comportamientos que, sin un componente económico tan claro, participan de todo lo contrario a lo que significan los valores y los nobles ideales de una vocación de servicio al bien común. Hay muchos motivos para sentir asco pero todo dependerá del grado de escrupulosidad de cada uno.

Santiago de Munck Loyola

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Con AVE y con foto por los pelos.

Tal y como vaticinaban muchos comentaristas en los diferentes medios de comunicación, el trato protocolario que ha recibido hoy la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con ocasión de los actos de inauguración del nuevo AVE a Alicante, ha sido objeto de un detallado seguimiento y análisis. Todos los medios de comunicación, casi sin excepción, han coincidido en varias cosas: que la Alcaldesa de Alicante ha sido relegada en el protocolo oficial, que Mariano Rajoy la ha eludido cuanto ha podido y que la Alcaldesa ha conseguido finalmente “salir” en la foto, aunque fuera a costa de la Bellea del Foc y del Presidente de las Hogueras de San Juan. Incluso a última hora, la Presidenta de Castilla la Mancha y Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal, ha tenido que acudir a los medios para aclarar que ella no ha tratado de evitar a la Alcaldesa de Alicante durante la ceremonia. ¡Cómo habrá sido la cosa para tener que realizar esta aclaración!

Al ver las imágenes y leer las diferentes crónicas sobre este importante día para Alicante, como vecino, tengo cierta sensación de malestar y de vergüenza. Malestar porque cuando alguien evita a la Alcaldesa de nuestra ciudad porque está imputada por tres graves delitos o cuando se la margina en los actos protocolarios, con diferentes excusas, pero se la margina al fin y al cabo, a quien se está evitando o marginando es a la representante de todos los vecinos de Alicante, a la máxima autoridad de la ciudad de Alicante. Vergüenza por los intentos, aparentemente desesperados, de la máxima autoridad municipal por arrancar una foto con quienes no tienen muchas ganas de fotografiarse con ella.

Da la sensación de que hace tiempo que la dignidad política ha desaparecido de nuestro entorno próximo. Cuando se leen las transcripciones de las grabaciones de las conversaciones de toda una Alcaldesa con un proveedor municipal se siente bochorno por el tono cutre que se emplea. Cuando se leen determinadas declaraciones judiciales en las que se reconoce abiertamente que se usa el más alto cargo de la ciudad para pedir empleo para los amigos y conocidos, se siente bochorno. Cuando se conocen las informaciones sobre cómo se realizan determinadas adjudicaciones y a quien en una ciudad como la nuestra, se siente bochorno. Y cuando se ven determinadas escenas como las de hoy se siente también bochorno y vuelve la pregunta ¿dónde está la dignidad inherente al desempeño de un cargo político representativo?

Es francamente difícil entender la situación porque quienes deberían haber tomado determinadas decisiones no lo han hecho o lo han hecho de forma bastante tibia. Y ello sólo contribuye a aumentar el desconcierto de los ciudadanos. Es bastante difícil comprender que alguien que esté imputado no pueda ostentar ningún cargo interno en el PPCV, tal y como ha establecido el Presidente Fabra, y simultáneamente no exista inconveniente alguno para que siga perteneciendo al Grupo Popular en las Cortes Valencianas o en su Ayuntamiento. Es difícil de entender que el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante presida una cena de homenaje a la Alcaldesa organizada tras su imputación y el Presidente Nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, evite saludarla o fotografiarse con ella. Tiene poca lógica que los cargos de designación directa que resultan imputados sean cesados fulminantemente y que los cargos electos igualmente imputados no reciban la petición pública de dimisión, aunque dicha petición resulte inútil en la mayoría de las ocasiones. Era imprescindible trazar una línea roja como hizo el Presidente Fabra, pero resulta bastante desconcertante que esa línea roja sea discontinua. No es sencillo el problema, hay muchas variables a tener en cuenta, pero es imprescindible un criterio único y muy claro.

No es difícil lograr hoy en día que un cargo público sea imputado y, en muchas ocasiones, la imputación se ha convertido en un estigma y en un instrumento de la lucha partidista. Hay quienes tratan de ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas. Sin embargo, establecer un criterio en función de las circunstancias de cada caso parece bastante complicado. Habría que atender a la gravedad de las acusaciones, el origen de las mismas o a los indicios incriminatorias existentes lo que terminaría por promover unos juicios paralelos inaceptables. Más fácil parece el caso de los cargos públicos procesados porque en esos casos, el juez ya aprecia indicios racionales de criminalidad. Y no se trata de vulnerar, como algunos argumentan, la presunción de inocencia. Al día de hoy el Sr. Blesa es inocente de cualquier delito y, sin embargo, está en la cárcel de forma preventiva sin vulnerar su derecho a la presunción de inocencia.

Sin embargo y a pesar de las dificultades que entraña establecer un criterio claro y ejemplarizante, lo cierto es que cuando el egoísmo o la falta de altura de miras de los imputados dañan gravemente a la imagen de las instituciones a las que representan y a los partidos que los han aupado a esas responsabilidades, no queda más remedio que tomar una decisión que signifique públicamente que no se comparte su situación y que no se les protege. Y más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Santiago de Munck Loyola

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Sobre imputados y procesados.

Hace pocos días, Alfonso Rus, Presidente Provincial del PP de valencia, a propósito de la sesión de control en Las Cortes Valenciana que se convirtió casi en un monográfico sobre el diputado Rafael Blasco,  defendió, por un lado, la presunción de inocencia del parlamentario imputado en el “caso Cooperación” y, por otro, dejó caer que no era libre en el PP para decir lo que piensa al respecto. Así, manifestó que discrepa de los planteamientos del Presidente Regional con su doctrina sobre los imputados y dejo que “Creo en la presunción de inocencia y hasta que el juez no diga lo contrario creo que las personas son inocentes”.

Por su parte, hoy lunes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha señalado que es "fundamental" una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el consenso de todos los partidos, para establecer que ninguna persona con "indicios" de haber cometido "delitos pueda estar presente en ninguna institución". Según Fabra esta reforma debe garantizar que "esa necesaria tranquilidad pueda estar presente en la sociedad" ya que ha constatado "la desafección" que produce entre la ciudadanía con respecto a los políticos los casos de corrupción. Ha insistido en que manteniendo el derecho a la presunción de inocencia trata de establecer "una línea roja" en que la que "los imputados no tengan responsabilidades" en el partido. Y ha insistido en que "el tema de las imputaciones y de los procesados" debe abordarse "a nivel nacional".

Se mire por donde se mire, lo cierto es que pocas herencias más envenenadas habrá que la recibida por el Presidente Fabra. De una parte, una administración autonómica sumamente endeudada a la que la crisis ha cogido con los “deberes” sin hacer o mal hechos. De otra, un partido fracturado por viejas rencillas personalistas, aún hoy soterradas, y un pavoroso panorama de escándalos de corrupción repartidos entre distintas administraciones y empresas públicas que culminan en un grupo parlamentario con nueve miembros imputados y algunos incluso procesados. Es cierto que el Presidente Fabra está intentando abordar de forma directa ambos frentes, el de la administración regional y el del partido, pero no es menos cierto que estos esfuerzos no están encontrando el suficiente eco y el reconocimiento público por parte de la mayoría de los electores, tal y como señalan las encuestas.

No es un tema fácil de abordar el de los políticos imputados o procesados en casos de corrupción. Simplificar en exceso las soluciones supondría con seguridad un error y una injusticia. Ambos líderes, Rus y Fabra, abordan el problema principalmente desde una perspectiva jurídica. De una parte. Es indudable, de acuerdo con nuestro estado de derecho, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y, en sentido estricto, no le falta razón al Presidente Rus cuando afirma que hasta que no exista una sentencia firme es preciso sostener la presunción de inocencia. Pero, la aplicación de este principio equivaldría a sostener que hasta que no se agote el último recurso procesal no se podría exigir la renuncia, no ya de un imputado o procesado, sino de un condenado en primera instancia. Cabría objetar que incluso el delincuente sorprendido in fraganti es inocente hasta que no haya sentencia firme, aunque se le haya encontrado junto al cadáver y con el cuchillo en la mano.

De otra parte, el Presidente Fabra aboga por una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, consensuada entre todos los partidos, para delimitar el momento en que el imputado o procesado en un caso de corrupción debería abandonar sus responsabilidades institucionales. Nuevamente, se trata de una consideración de índole jurídica cuya resolución no se vislumbra, hoy por hoy, muy cercana y, menos aún, con un amplio respaldo parlamentario.

Sin embargo, no se trata de ofrecer hoy una respuesta jurídica porque lo que hay delante es un problema esencialmente político, no jurídico. La desafección que los ciudadanos muestran ante la clase política a causa de los casos de corrupción es un problema de carácter esencialmente político, no jurídico, y por ello requiere, en primer lugar, respuestas políticas. Y respuesta política es la que el Presidente Fabra ha venido sosteniendo, aunque de forma insuficiente, a este problema político al plantear el trazado de una “línea roja” en virtud de la cual un imputado no puede ostentar responsabilidades orgánicas dentro del Partido Popular. Sin embargo, esta respuesta política, que en si misma ya es positiva, parece insuficiente a la hora de “visualizar” ante los ciudadanos la persecución de conductas reprochables. No hace falta ninguna reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para reforzar esa línea roja y ganar credibilidad. Se puede hacer excluyendo del los Grupos Populares municipales o de las Cortes a aquellos cargos públicos que estén imputados o procesados. No es fácil, pero hoy en día parece los más ejemplarizante que con las normas existentes en la mano se puede hacer. Si alguien por su situación procesal no es digno de ocupar un cargo orgánico del PP tampoco debería permanecer en un Grupo Municipal del PP. Eso sería lo coherente. Y hay que destacar que se hace un flaco favor a la política del Presidente Fabra hechos como condicionar la democracia interna del propio partido, es decir, los derechos de miles de militantes, a la situación judicial de personas concretas como ocurre en la ciudad de Alicante. Eso es dinamitar las líneas rojas.

Santiago de Munck Loyola

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Algo debería cambiar.

Cada día que pasa parece que se agrava la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su equipo de gobierno. Poco a poco se va extendiendo la idea, antes muy minoritaria, de que debería dimitir como consecuencia de su imputación por diversos delitos en los Tribunales de Justicia y del daño que esta circunstancia estaba ocasionando a la imagen de la ciudad y del Partido Popular. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, durante el acto de celebración del primer año del Presidente Fabra al frente del PPCV, todos pudimos ver cómo distintos dirigentes populares hacían el vacío a Sonia Castedo, y con ello a los alicantinos a quienes como Alcaldesa nos representa, y rehuían cualquier fotografía junto a ella. Por otra parte, va cobrando fuerza el rumor de que en Génova están hartos de la situación y presionan para que dimita. Al parecer, hay quien no desea la foto de la Alcaldesa imputada junto al Príncipe de Asturias en el caso de que presida la inauguración del AVE hasta nuestra ciudad.

Las últimas noticias no han contribuido tampoco a aliviar la mala imagen del Gobierno Municipal y en ellas ha vuelto a ser protagonista el mismo “tronco” que aparece en los procesos judiciales abiertos. Las adjudicaciones municipales de contratos a empresas vinculadas al Sr. Ortiz por importe de 468 millones de euros, realizadas por vía extraordinaria y urgente sin justificación política ni legal alguna, han agravado la mala imagen no ya de Sonia Castedo que no participó en la Junta de Gobierno, sino del equipo de gobierno que ha venido comportándose de forma cómplice en unas formas y modos de actuar más que reprobables. 

Del mismo modo, la anulación por parte del TSJ del Plan Rabasa, en el que también es pieza clave el Sr. Ortiz y su venta de suelos a Ikea, por la existencia de graves defectos en su tramitación ha supuesto una mancha más en la imagen de la gestión Municipal. Si a ello sumamos las recientes informaciones de dos viajes a Portugal de la Sra. Alcaldesa y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, en jet privado para negociar los precios de la venta de los suelos del Sr. Ortiz a Ikea, como si se tratase de agentes inmobiliarios, tenemos delante un panorama bastante desolador.

Este lamentable panorama político salpica fuertemente a la imagen del Partido Popular cuya pasividad, cuando no complicidad política, de cara a la opinión pública ha sido más que evidente. La dirección provincial, ante la imputación judicial de la alcaldesa y del vicealcalde, se ha limitado a recordar la obviedad de que las actas de los concejales eran personales y que no se les podía obligar a dimitir, pero es un hecho cierto que no ha querido, o no ha podido ejercer una facultad a través del resto de los concejales, de ordenar la exclusión de los imputados del Grupo Popular Municipal y no lo ha hecho, posiblemente, porque se habría encontrado con la negativa de la mayoría de los mismos quienes, a través de diferentes medios, ya habían expresado que estarían con la Alcaldesa hasta el final. A ello, hay que añadir dos datos relevantes para sopesar la actitud de la dirección provincial del PP ante esta grave situación. De una parte, el hecho de que el Secretario General Provincial José Juan Zaplana presidiera la cena de auto homenaje a Sonia Castedo que se organizó poco antes de Navidad y poco tiempo después de conocerse su imputación judicial. De otra, el hecho de que el Secretario Provincial se reuniera con los concejales imputados para “apuntalar” las elecciones internas del Partido Popular de la ciudad de Alicante, acabando con ello con la esperanza de unas elecciones internas limpias y democráticas, es decir, sin intervenciones superiores para predeterminar un resultado concreto. A este respecto hay que recordar que la democracia interna en el PP de la ciudad de Alicante no funciona, que la Dirección Provincial decidió en octubre pasado, de espaldas a los militantes, suprimir la Junta Local de la ciudad y crear una serie de distritos, que no se ha celebrado ningún proceso electoral interno, superando todos los plazos legales, y que según los medios de comunicación, algo no desmentido por la Dirección provincial, el derecho de voto de los miles de afiliados populares de la ciudad está condicionado al destino judicial de una sola persona, la Alcaldesa.

Aunque este análisis es compartido por muchos afiliados de la ciudad, la mayoría calla y consiente porque ya es sabido que el que se mueve no sale en la foto, pero por mucho que se siga escondiendo la cabeza en el agujero, la realidad es la que es y los hechos son lo que son. La ciudad de Alicante no se merece la imagen que se está trasladando de la institución municipal y los afiliados populares y los votantes tampoco se merecen el deterioro que este espectáculo político y judicial está ocasionando. Hay responsabilidades de muchos, ya sea por acción o por omisión, y desde una perspectiva política no están circunscritas a la esfera municipal, aunque lamentablemente y como suele ser habitual nadie dará la cara en el momento oportuno. Eso sí, matarán al mensajero.

Santiago de Munck Loyola

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COMUNICADO DEL FORO ESPERANZA POPULAR.

Plaza de Gabriel Miró 14. Alicante.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de citar como imputado por tres nuevos delitos, falsedad documental, fraude fiscal y cohecho, al ex Alcalde de Alicante y Diputado Regional de la Provincia de Alicante por el Partido Popular, Luis Díaz Alperi. Esta nueva imputación viene a sumarse a la existente en el caso Brugal por tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho.

Ante este hecho, el Foro Esperanza Popular desea manifestar lo siguiente:

1º La acumulación de políticos imputados en distintas causas relacionadas con la corrupción está provocando un creciente rechazo de los ciudadanos hacia la clase política, los partidos y las instituciones, tal y como reflejan los más recientes sondeos.

2º Este rechazo se ve reforzado por la aparente pasividad de la cúpula de los partidos ante dichos casos que no adoptan medidas efectivas que refuercen la imprescindible ejemplaridad de los cargos públicos y que restauren la confianza ciudadana.

3º Hoy ya no son suficientes las habituales y huecas manifestaciones retóricas. Señalar que los escaños son de los imputados y que no se les puede obligar a dimitir constituye una obviedad innecesaria y una cortina de humo para esconder la posibilidad de aplicar medidas ejemplarizantes.

4º Ante estas situaciones y dejando a salvo la presunción de inocencia, los partidos políticos sí pueden, al menos, apartar de sus grupos institucionales (parlamentarios o municipales) a los cargos públicos imputados que voluntariamente no quieran abandonar sus funciones hasta que exista una resolución judicial.

Por todo lo anterior, solicitamos a la Dirección Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que adopte las medidas necesarias para excluir del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas a D. Luis Díaz Alperi y a los demás diputados que se encuentren en similares circunstancias, tal y como se ha hecho en otras cámaras regionales.

En Alicante, a 17 de abril de 2013.

Camps ¿y ahora qué?

El 20 de julio de 2011 el Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, presentó su dimisión al frente de esta institución a consecuencia de su procesamiento por el caso del presunto regalo de tres trajes realizado por la trama corrupta Gürtel. En las últimas elecciones autonómicas del 22 de mayo la inmensa mayoría de los votantes había preferido votar a un político bajo sospecha de haber recibido regalos poco recomendables antes que votar a cualquiera de los candidatos de la izquierda valenciana. No obstante, con ese gesto necesario e inteligente allanó su camino para su defensa judicial y despejó notablemente la agenda política. Fue juzgado y absuelto por un jurado popular. Los socialistas valencianos, insatisfechos con el veredicto, recurrieron y el Tribunal Supremo acaba de confirmar por cuatro votos contra uno de los Magistrados dicho veredicto de inocencia. Francisco Camps y Ricardo Costa han sido absueltos de nuevo y las reacciones a dicha resolución no se han hecho esperar. La oposición, la izquierda valenciana, dice respetar dicha sentencia pero no respaldarla. Es decir que, para los que acusaron falsamente al ex presidente de unos delitos que no cometió, éste sigue siendo culpable, digan lo que digan los Tribunales. Sin cortarse un pelo y haciendo gala de un absoluto desprecio al Estado de Derecho, la diputada de Compromis en las Cortes Valencianas Mireia Molla, ha afirmado que "para nosotros son culpables de los delitos que se les acusaron". Entonces, no cabe más remedio que preguntar ¿para qué sirven los Tribunales de Justicia? ¿Para qué sirven las garantías procesales de nuestro sistema jurídico? Habrá que reformar las leyes. Ya se sabe: un acusado de un delito es culpable si así lo deciden los presuntos ”demócratas” de Compromis. ¡Pues vamos listos con esta gente! Y los socialistas igual, erre que erre. Ni siquiera se han dignado a pedir disculpas por haber realizado unas acusaciones falsas que no han podido ser demostradas ni política ni judicialmente. Y es a ellos a quien correspondía la carga de la prueba, no al acusado.

Así las cosas ¿y ahora qué? Nos encontramos con que el que fue el Presidente más respaldado por los votantes de la Comunidad Valenciana hubo de dimitir ante las múltiples presiones recibidas como consecuencia de unas acusaciones que finalmente han resultado ser falsas. No vale ahora intentar mezclar este asunto con todo el entramado Gürtel y demás casos en la escenario judicial. Francisco Camps y Ricardo Costa dimitieron por unas acusaciones concretas y han sido absueltos, no sólo por un jurado popular, sino también por la máxima instancia judicial española. Es evidente y, sobre todo a la vista de las manifestaciones de buena parte de la izquierda valenciana, que su reputación y credibilidad han resultado dañadas para siempre y que no hay forma de restaurarlas. Pero no es menos cierto que la razonable y elogiable dimisión de hace casi dos años debe tener tras la absolución judicial una compensación de carácter político.

Aquí nadie se pone de acuerdo cuando debe o no dimitir un político imputado en una causa judicial y en qué supuestos debería hacerlo. Cada partido tiene su vara de medir y aplica cuando así le conviene la ley del embudo. No habiendo por tanto ni norma escrita, ni hábito consensuado, parece que, en todo caso, la lógica política exige que cuando alguien tiene la gallardía y honradez política de dimitir ante una simple imputación debería ser repuesto en su cargo cuando sale limpio del proceso judicial al que se ha sometido. Es muy posible que la alegría oficial popular por el veredicto del Tribunal Supremo no se corresponda con los verdaderos sentimientos que albergan quienes de un modo u otro resultaron beneficiados políticamente con la dimisión de Francisco Camps. Ya se sabe que en un partido político en cuanto te levantas de la silla alguien la ocupará sin problemas y que será harto difícil que te la devuelva, aunque te la hayas ganado en las urnas. ¡Difícil, miserable y desagradecido mundo el de la militancia política!

Santiago de Munck Loyola

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Más sobre Esperanza Popular.

Hay que ver la manía o costumbre que tienen algunos de adjudicar a los demás intenciones o fines que los interesados nunca han manifestado. La imaginación es libre y soñar también, pero de ahí a convertir las ensoñaciones en noticia hay un gran abismo. Una vez más, el pasado 15 de marzo, el diario ABC publicó una noticia, bajo el titular “Los críticos del PP de Alicante se alían con el exalcalde de Alcoy”, que poco se compadece con la realidad. La información empieza como sigue: Santiago de Munck, militante del PP alicantino e impulsor de la corriente «Esperanza Popular» -crítica con el presidente provincial de los populares alicantinos, José Císcar, y con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo-, trata de extender su oposición interna a la estructura del partido más allá de la capital alicantina. Para ello, el pasado miércoles mantuvo un encuentro en Alcoy con varios exmilitantes del PP identificados con el expresidente provincial Joaquín Ripoll”. Puedo asegurar que ni soy impulsor de la “corriente” Esperanza Popular, ni trato de extender ninguna oposición interna a la estructura del partido más allá de la capital alicantina. Si el redactor de la noticia se hubiese tomado la molestia de preguntarle a un servidor al que le atribuye alegremente intenciones disparatadas podría haber hecho en su escrito honor a la verdad y no una loa a la imaginación política.

Si lo hubiese hecho sabría que Santiago de Munck es un antiguo militante del Partido Popular y antes de Alianza Popular y que es impulsor, no de una corriente, sino de un Foro que se llama Esperanza Popular. El Foro Esperanza Popular nació como un lugar de encuentro “virtual” en Internet para que los “populares” que creen en la democracia interna y en la regeneración democrática pudieran intercambiar ideas y propuestas, ante la ausencia de canales de participación en el Partido Popular de la ciudad de Alicante. Ahora, el Foro Esperanza Popular cuenta, además, con un espacio físico, con un lugar de encuentro real en la Plaza Gabriel Miró 14 de Alicante. Pero no es ninguna corriente dentro del partido puesto que está abierto a la participación de los vecinos de Alicante, sean o no afiliados del PP, y se está configurando como una asociación para el estudio y debate de los problemas políticos, económicos y sociales que afectan a los ciudadanos de Alicante.

Podría saber, si hubiese preguntado, que ni Santiago de Munck, ni los compañeros que participan en el Foro Esperanza Popular, hacen una oposición crítica ni a José Ciscar, ni a Sonia Castedo y, por supuesto, no tienen la intención de extender una inexistente “oposición interna a la estructura del partido” más allá de Alicante. Lo que hemos hecho algunos y a título personal hasta ahora es manifestar nuestra discrepancia sobre alguna decisión concreta adoptada por la Dirección Provincial del PP alicantino o sobre alguna actitud de la primera edil de la ciudad de Alicante. Criticar e impugnar, por ejemplo, por los cauces reglamentarios internos la decisión adoptada de espaldas a los militantes de Alicante de sustituir la Junta local de Alicante por Juntas de Distrito, vulnerando los Estatutos del Partido, es absolutamente legítimo y acataremos lo que resuelvan los órganos superiores del partido y los tribunales de justicia en su caso. Pero no es, en modo alguno, “realizar una oposición interna a la estructura del partido”. Criticar comportamientos políticos poco ejemplares como reuniones para “apuntalar” las elecciones internas entre la Dirección Provincial y concejales imputados es absolutamente legítimo y no constituye tampoco expresión alguna de “una oposición interna a la estructura del partido”. Como tampoco constituye expresión de “una oposición interna a la estructura del partido” el hecho de que algunos manifestemos lo que es una obviedad que la permanencia de imputados en los grupos populares municipales o autonómicos daña a la imagen del Partido Popular. No existiendo ninguna corriente de oposición interna a la estructura del partido, difícilmente se puede pretender exportarla.

Parece que la actitud de algunos dirigentes expresada en el “conmigo o contra mí”, en la máxima política imperante de acatar y obedecer sin rechistar, se traslada con mucha facilidad a ciertos medios de comunicación. El pasado 13 de marzo, se celebró en Alcoy una reunión entre miembros del Foro Esperanza Popular, miembros del Foro Movimientos de Bases del PPCV y antiguos militantes del PP para intercambiar puntos de vista y para analizar la situación política en nuestra Comunidad, y nada más. Querer convertir una simple reunión en una especie de conspiración contra el aparato del PP es pura fantasía. El Foro Esperanza Popular es lo que es y no lo que otros quieren que sea, ni lo que algunos “venden” a los medios de comunicación, algunos de los cuales andan muy ávidos de comprar cualquier mercancía aunque está completamente averiada.

Por último, parece imprescindible hacer una importante aclaración. Según el Diario ABC el motivo para iniciar un expediente disciplinario contra un servidor y el ex concejal Antonio Sobrino, con el fin de expulsarnos del PP, estaría “en sus descalificaciones de las decisiones que adoptan los órganos de dirección del partido o el menosprecio a afiliados del PP (en este caso, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo)”. Pues bien, criticar e impugnar una decisión concreta (la supresión manu militari de la Junta Local de Alicante) no es una descalificación, como no lo es cualquier recurso que un ciudadano interponga ante cualquier resolución administrativa o judicial. Y, del mismo modo, manifestar que Sonia Castedo, a la que nunca hemos criticado en su ámbito personal, debería dimitir o abandonar el Grupo Popular por estar imputada por varios delitos tampoco es menospreciarla. Quien no quiera verlo así es por puro interés. Quien quiera basarse en descalificaciones o menosprecios inexistentes para continuar con sus pretensiones sancionadoras es que sólo sabe ser fiel a íntimas convicciones totalitarias y antidemocráticas que, por cierto, no deberían tener cabida en el Partido Popular.

Santiago de Munck Loyola

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¿Apuntalando la elecciones internas del PP o de los PPs de Alicante?

El pasado domingo los afiliados del Partido Popular de la ciudad de Alicante nos sorprendíamos relativamente con una noticia recogida por el Diario El Mundo según la cual Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante, barajaba crear un partido propio para 2015 si rompía con el PP por el caso 'Brugal'. Según esta información “Nuevo Alicante pivotaría sobre sus asesores, el apoyo del mundo vecinal y de las Hogueras. Amaga su constitución al menos hasta marzo cuando se elegirá al nuevo presidente local.” La sorpresa era relativa porque en realidad el periódico no hacía otra cosa que confirmar lo que es “vox populi” entre la militancia popular alicantina.

Al elevar a nivel de noticia lo que hasta ahora no era más que un rumor o simples especulaciones había quien esperaba que desde la Dirección Provincial alicantina, ya que local ni está ni se la espera desde hace años, emitiese algún tipo de comunicado desmintiendo la citada información o que requiriese públicamente a la Alcaldesa para que desmintiese esa información y tranquilizase así al conjunto de los afiliados de la ciudad. Ni una cosa, ni la otra. La Alcaldesa calla al respecto y ya se sabe lo que dice el refranero sobre el que calla…Y es que algunos esperamos demasiado: una cosa es contar con los afiliados populares para que te llenen una cena y otra muy distinta es proporcionales la información a la que según los Estatutos del partido tienen derecho. Aquí que cada uno se busque la vida y que crea o no las informaciones que se publican, los bulos o los rumores. Aunque, volviendo al refranero, ya se sabe que cuando el río suena…

Sin embargo y para tranquilidad del personal hoy hemos conocido otra noticia publicada por el Diario Información bajo el siguiente titular: El PP pide apoyo a Castedo para apuntalar la nueva estructura del partido en Alicante. Según el periódico la dirección provincial del PP ya ha solicitado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su "colaboración" para poner en marcha el nuevo organigrama interno de la agrupación popular en Alicante, que prevé "trocear" la ciudad en cinco ejecutivas de distrito. Hace unos días, Castedo visitó la nueva sede junto al "núcleo duro" de sus concejales. Acudieron a la cita con José Juan Zaplana, número dos de José Císcar en el PP, la propia Castedo junto al vicealcalde Andrés Llorens; el concejal Juan Seva y la portavoz municipal, Marta García-Romeu. Todo el que tiene algo que decir dentro del grupo del PP en el Ayuntamiento de Alicante estaba alrededor de la mesa, apuntan fuentes populares. ¿Objetivo del encuentro? Apuntalar la elección de las cinco nuevas ejecutivas locales con el respaldo explícito y claro del grupo de concejales alicantinos.

El Secretario General, JJ Zaplana, en la mesa presidencial
junto a Sonia Castedo en la cena homenaje tras su imputación.

Los que creemos y propugnamos la Democracia Interna en el Partido Popular podemos estar tranquilos: la Dirección provincial está trabajando para apuntalar con la colaboración de los cargos públicos imputados (es decir, con los que no pueden concurrir a los procesos electorales internos según la línea roja trazada por el Presidente Fabra) el desarrollo de esos mismos procesos electorales internos para elegir las Juntas de Distrito creadas sin consultar con los militantes y mediante un acuerdo impugnado por vulnerar presuntamente los Estatutos Nacionales del partido Popular. ¿Alguien da más?

Es posible que algún mal pensado le suene feo eso de “apuntalar” la elección de las cinco nuevas ejecutivas locales, pero seguramente estará equivocado. Aquí no hay ni “familias”, ni “sensibilidades”, ni “grupitos” manejando el cotarro, no. Ya se sabe, será cosa de los periodistas que, a veces, no interpretan bien las cosas o no se enteran como cuando publicaron que la Dirección Provincial había disuelto la Junta Local de la ciudad de Alicante. En carta del propio Secretario General Provincial de 17 de diciembre de 2012 remitida a este servidor se decía que “ni se ha disuelto la actual Junta Local, ni se ha nombrado ninguna Gestora”, porque eso no se deduce del acuerdo del Comité Provincial de 11 del 10 de 2012 que decía “Alicante, respecto de la cual el Presidente propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de Juntas de Distrito,…”. Es más, según rumores, la Real Academia de la Lengua va a añadir una nueva acepción de la palabra sustituir que consistirá, básicamente, en “cambiar una cosa por otra pero dejando las dos a la vez”.

Todos tranquilos. Lo de apuntalar las elecciones internas entre la Dirección Provincial y algunos imputados no debe ser lo que parece, ni mucho menos. Son cosas de la prensa que ya se sabe como es. Nos lo van a aclarar muy pronto, como siempre.

Santiago de Munck Loyola

Peligrosa incertidumbre en el Ayuntamiento alicantino.

Hace pocos días, el pasado domingo, el Diario El Mundo de Alicante, dedicando dos páginas enteras a la situación política que se vive en el Ayuntamiento de Alicante por la delicada situación procesal que atraviesa la Alcaldesa Sonia Castedo, encabezaba su información bajo el siguiente titular “Concejales del PP piden a Císcar que acelere la caída de Castedo para evitar el expolio de Alicante”. A continuación subtitulaba esta información con dos frases: “Manifiestan al líder provincial del PP que si se retrasa, la mayoría absoluta será irrecuperable” y que “la alcaldesa no cuenta ya con ningún incondicional, según han sondeado los ediles del PP”. No sé a los demás, pero a un servidor cuando lee lo de “evitar el expolio de Alicante” se le ponen los pelos de punta.

Claro que para informaciones y opiniones las hay tan variadas que uno no sabe con cual quedarse. Sin ir más lejos, hace tan sólo un par de semanas, el 7 de enero de 2013, se publicaban en el Diario Las Provincias las siguientes declaraciones del concejal popular Luis Barcala: “Sonia Castedo cuenta con el apoyo incondicional y sin fisuras de la totalidad del equipo de gobierno”. Aquí pueden plantearse varias hipótesis: o bien el Sr. Barcala no está entre los supuestos concejales que han ido a lamentarse ante el Presidente Provincial o bien está entre ellos y se desdice de sus recientes declaraciones o bien no se entera de nada. Hace tan sólo dos meses, el 16 de noviembre de 2012, con la Alcaldesa ya imputada en los tribunales, se celebró una cena de auto homenaje a Sonia Castedo y co-presidiendo dicha cena estaba el mismísimo Secretario General de la Provincia de Alicante, José Juan Zaplana. Si estas informaciones, declaraciones y gestos públicos pueden resultar contradictorios y desorientar a los propios afiliados del Partido Popular que se supone que algo deben conocer de estas idas y venidas, de estos malabares y juegos de salón, qué no debe ocurrir en la mente de los ciudadanos alicantinos que contemplan este espectáculo político. Pues lo menos que se debe de estar produciendo en el ciudadano es una pérdida progresiva de la confianza que depositaron en el Partido Popular hace casi dos años, ratificando con ello la afirmación del Diario El Mundo de que de seguir así la mayoría absoluta será irrecuperable.

 

Es muy difícil explicar a los ciudadanos que el Partido Popular ha trazado una línea roja respecto a los imputados y procesados que consiste en que, cuando son imputados o procesados, no pueden ocupar puestos orgánicos en la estructura del Partido Popular pero sí pueden seguir ocupando cargos públicos en Ayuntamientos o en las Cortes Valencianas. Es cierto que el Partido Popular no puede obligar a nadie a renunciar a su cargo público, a su acta de concejal o de diputado, pero sí puede excluirlos de sus grupos municipales o del grupo parlamentario. Esa exclusión sí que sería una muestra de coherencia política que con toda seguridad supondría algo más de confianza y de credibilidad a las llamadas líneas rojas. Y esa exclusión no supondría cuestionar la presunción de inocencia de nadie o, en todo caso, supondría hacerlo en la misma medida que se hace cuando se excluye a imputados y procesados de los puestos orgánicos del propio partido. No hay fórmulas intermedias válidas y prueba de ello es que la actual situación consentida y mantenida por los más altos responsables políticos del Partido Popular está causando una profunda desconfianza entre los electores  y un daño constante a la imagen e intereses del partido.

Y si hay algo grave, además, en estas informaciones y en las polémicas que sobre ello se mantienen es el silencio atronador de quienes deberían negar que se esté produciendo o se vaya a producir un “expolio” de Alicante, algo difícil de aceptar. Es una gravísima acusación que debería haber tenido ya una respuesta pública por parte de la Dirección Provincial. Dicen que el que calla otorga y en este caso el silencio es inaceptable.

Sea o no cierta la petición de auxilio de algunos o de todos los concejales al Presidente Císcar, no es posible olvidar que un concejal tiene ante todo una enorme responsabilidad ante los votantes y es a ellos a quien se debe en primer lugar, que esa responsabilidad hace a todos los concejales del gobierno municipal partícipes de los éxitos y de los fracasos en la gestión municipal y que en esa responsabilidad se incluye la de elegir a quien ha de ocupar la Alcaldía y la de destituirlo, en su caso, con la aplicación de los mecanismos legales existentes para ello. Pero no cabe echar balones fuera.

Santiago de Munck Loyola

Imputados y procesados.

En la última encuesta del CIS ha arrojado un dato verdaderamente alarmante: la clase política se ha convertido en el tercer problema que preocupa a los españoles. Más del 22 % de los encuestados sitúa a la clase política como el tercer quebradero de cabeza tras el paro y la crisis económica, alcanzando un nivel que no se conocía desde 1995. A este dato revelador hay que añadir que entre los diez primeros problemas para los españoles vuelve a aparecer la corrupción lo que ligado a lo anterior señala un claro suspenso para los responsables políticos de nuestro país.

El comportamiento poco edificante y poco ejemplar de una parte de la clase política, especialmente relevante en momentos de escasez y penuria para el conjunto de la población, junto con la inmoral e ilegal conducta de unos pocos, pero significativos miembros de la clase política, ensombrece y mancha la labor de la inmensa mayoría de los políticos españoles. Es verdad que por los comportamientos de unos pocos pecadores pagan los justos y ello se debe fundamentalmente no sólo a la relevancia mediática que las irregularidades conllevan, sino también a la ausencia de una reacción clara y firme por parte de quienes no protagonizan esas censurables conductas. Por cada 100 políticos decentes y honestos es posible que sólo exista uno que no lo es pero, inevitablemente, no son noticia los 100 primeros, sino este último. Los medios de comunicación hacen, por regla general, una labor inapreciable denunciando los comportamientos censurables de quienes se aprovechan de su estatus político o de su cargo público y su labor sería más eficaz si simultáneamente el resto de la clase política actuara con firmeza para apartar de su lado a cuantos incurren en esas prácticas. Sin embargo, muchas veces da la sensación de que existe cierto corporativismo o cierta timidez a la hora de censurar algunas prácticas o que se anteponen determinados intereses coyunturales o ciertas estrategias que modulan mucho esa imprescindible capacidad de reacción. Sea cual fuere la causa lo cierto es que las conductas de unos pocos enturbian el buen nombre de todo un colectivo que está o debe estar al servicio de los ciudadanos.

Es curioso, por ejemplo, que en el seno del Partido Popular, y en concreto en la Comunidad Valenciana, se transmita un doble discurso en torno a este tema. Una y otra vez, el Presidente de la Generalidad Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha censurado los comportamientos sospechosos y ha manifestado que los cargos públicos del PP imputados en causas judiciales deben dimitir. Y en esta línea de exigencia ética ha habido dimisiones y ceses. Igualmente, el Presidente Fabra ha impulsado reformas internas para que los imputados no puedan ocupar cargos en la organización del Partido Popular y ni siquiera concurrir como candidatos. Pero paradójicamente nos encontramos con que el hecho de estar imputado en una causa judicial inhabilita para ejercer cargos internos o para ser candidato, pero no para seguir ejerciendo cargos públicos. En estos últimos casos siempre que los dirigentes populares son preguntados sobre si deberían o no dimitir alcaldes o diputados imputados se limitan a decir que las actas son personales y que no se les puede obligar a dimitir. ¡Faltaría más! Eso ya lo sabemos todos. Pero no es eso lo que se pregunta, no se pregunta de quién son las actas de concejales o diputados, sino si perteneciendo a quien pertenecen dichas actas deberían o no dimitir los imputados. ¿Tan difícil es contestar sí o no? ¿Por qué los dirigentes populares no piden públicamente a sus compañeros imputados que renuncien a sus actas? Y en el caso de que un cargo público elegido bajo las siglas del PP esté imputado y no quiera presentar su renuncia ¿por qué no lo excluye el propio partido de su grupo parlamentario o de su grupo municipal? ¿por intereses coyunturales?

Tan cierto es que un acta es personal, gracias a nuestro ordenamiento jurídico, como que un imputado es, dígase lo que se diga, inocente y que no será culpable de delito alguno hasta que no exista condena firme. Cierto es que también, en los últimos años sobre todo, se ha judicializado en exceso la política y que ello haya conducido a una relativización de la valoración de las causas judiciales en curso. Pero no es menos cierto que, hoy en día, en las actuales circunstancias, es más necesario que nunca establecer una clara línea roja que permita al conjunto de los ciudadanos recuperar la confianza en la clase política. El Presidente Fabra la ha situado en el grado de la imputación, pues bien, cúmplase en el seno del PP para todos y sin distinciones, aunque con ello se corra el riesgo de perder una alcaldía, por ejemplo. Y para qué mencionar cuando el nivel procesal se sitúa ya en el procesamiento. Más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Hoy por hoy, muchos votantes del PP en la Comunidad Valenciana, y muchos afiliados, percibimos demasiada tibieza y poca ejemplaridad en el tratamiento de algunos casos muy sonoros en nuestro entorno y demandamos no sólo palabras, sino también gestos que nos permitan creer que las cosas están cambiando. Día tras día, sentimos cierta desmoralización ante noticias que, sumadas a las derivadas de la propia situación económica, transmiten una realidad poco alentadora y un futuro político más que incierto.

Santiago de Munck Loyola

¿No debería mover ficha el PPCV?

Hoy, todos los medios de comunicación recogen la noticia sobre el procesamiento de tres miembros del antiguo gobierno autonómico de Camps. El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano que sigue la causa por supuesta financiación irregular del PPCV ha acordado procesar, nada menos, que al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y a las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such por tráfico de influencias y prevaricación.

Los tres ya estaban imputados desde hacía meses pese a lo cual no habían renunciado a sus escaños manteniéndose actualmente como diputados del Grupo Popular en Las Cortes Valencianas, aunque tanto Rambla como Such fueron relevados el pasado mes de octubre de los cargos que ostentaban en la dirección parlamentaria del PP valenciano, dentro de la política marcada por el presidente Alberto Fabra de dejar sin responsabilidades públicas a los cargos imputados en causas judiciales.

La semana pasada, también el Tribunal Superior de Justicia Valenciano condenó al Diputado Popular y ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, a 9 años de inhabiltación y tres de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad documental.  Tras la renuncia a su escaño, su puesto va a ser cubierto por la hija del ex alcalde de Alicante y diputado popular, también imputado, José Luis Díaz Alperi. Con ello, los diputados del Partido Popular imputados pasarán de 11 a 10 quienes, por cierto, podrían constituir formalmente un grupo parlamentario propio (el GRIMPO, Grupo de Imputados Populares).

Este desolador y antiestético panorama tiene responsables políticos directos y no son otros que los que, al margen de la opinión y la voluntad de la militancia del PP, confeccionaron y aprobaron las candidaturas del partido a las Cortes Valencianas, quienes conociendo, o debiendo conocer, lo que se avecinaba consintieron que se utilizaran los escaños para "blindar", o intentarlo al menos, la situación procesal de los afectados, quienes utilizan a su antojo las listas electorales para colocar a sus amiguetes y a los familiares de los mismos con independencia de su trayectoria política, sus méritos, su capacidad o su valía, quienes, en definitiva, prescinden en sus decisiones del interés general y del uso de las instituciones democráticas al servicio del bien común. 

Si alguien dentro del PP piensa que no pasa nada, que todo puede seguir así, que todo debe seguir bajo el control de los mismos, que no hace falta más participación de la militancia, ni más democracia interna se equivoca profundamente. Los que queremos éso, los que reclamamos y exigimos además ejemplaridad absoluta y respeto profundo a los Estatutos del Partido y a los principios ideológicos del mismo no somos los adversarios a batir. Al revés, los enemigos del PP son los que, por activa o por pasiva, propician estas situaciones, los que se aferran a sus puestos y sus privilegios, los que toman decisiones retorciendo los reglamentos y los estatutos sin consultar jamás a las bases, los que tratan una y otra vez (y lo hemos podido ver estos días) de estrangular cualquier proceso de libre concurrencia interna para perpetuar a "los suyos" en el poder territorial del partido. Ésos son los verdaderos enemigos del PP y de la sociedad alicantina. 

Así no se puede seguir. Ni los miles de militantes del PP se lo merecen, ni por supuesto los ciudadanos alicantinos y los que callan son tan responsables como el que más.

Santiago de Munck Loyola