Ataques irresponsables y defensas estúpidas.

Hay que lo que está dando de si todo el asunto de los supuestos papeles de Bárcenas tan aireados por el Grupo Prisa y tan aplaudidos los socialistas. Y lo que te rondaré, morena, como decía aquel. Acusaciones, desmentidos, pruebas caligráficas, contra pruebas caligráficas, ruedas de prensa, comparecencias, declaraciones, ruedas de prensa y lo que queda por venir. Hay que resaltar algunas cosas en medio de tanto lío, de esta ceremonia de la confusión y de este ensayo de deslegitimación y derribo callejero del Gobierno de España.

De una parte, la irresponsable actuación del principal partido de la oposición, el PSOE, y de su líder, con mando pero sin liderazgo, Sr. Pérez Rubalcaba. Hay lujos que se pueden permitir los líderes de los grupos minoritarios, siempre dispuestos a la algarada y a los exabruptos, como el Sr. Cayo Lara que no tiene sobre su formación excesivas acusaciones de corrupción por la sencilla razón de que no gobierna en muchos sitios pero que si lo hiciera le pasaría como en Rivas-Vaciamadrid, donde el dinero público se usa de forma poco escrupulosa y donde procesan a algún que otro concejal de su formación política por actitudes poco ejemplares y presuntamente ilegales, eso sí, con el silencio cómplice de la prensa local. Pero el Sr. Pérez Rubalcaba al que la presunta vacunación recibida con ocasión de Filesa no le ha debido hacer ningún efecto visto el caso de la Fundación Ideas y de los EREs andaluces (1.000 millones de euros saqueados por un entramado organizado en la Junta de Andalucía) no se puede permitir esos lujos, ni mucho menos. No se trata sólo de que no está libre de pecado, sino que, además, demuestra una baja catadura moral quien sobre la base de pruebas más que dudosas pone en cuestión la honorabilidad de muchas personas y, nada menos, del propio Presidente del Gobierno cuya trayectoria, en este campo, ha sido siempre ejemplar. La inocencia no hay de demostrarla. Al revés, quien acusa debe probar sus acusaciones y sin haberlo hecho no de puede ir pidiendo la dimisión de nadie cuando ni siquiera hay acusaciones o imputaciones sobre ninguna persona de la cúpula del Partido Popular. Hacerlo además cuando hay tanto en juego en el exterior, repito, sin indicios sólidos, es, además, una muestra del que “todo vale” con tal de volver a la Moncloa. Todo suena demasiado a lo ocurrido hace casi 9 años, fabricación de pruebas falsas, testimonios inverosímiles, agitación en las redes sociales, algarada callejera, asedio a las sedes de Partido Popular,… típico del “comando Rubalcaba”. Claro que quien no ha querido reabrir las investigaciones pendientes de aclaración, tampoco está ahora en condiciones de quejarse de que se repita, sin sangre esta vez, la historia. A lo mejor el Sr. Rubalcaba debería estar explicando ahora de donde proviene su fabuloso patrimonio ( 1.223.154.- €) amasado durante el mismo tiempo que Rajoy se ha dedicado a la política o cómo bajo su mandato algunos policías colaboraron con banda armada en el llamado caso “Faisan” o por qué bajo su mandato desaparecían cientos de kgs. de cocaína de la Comisaría de Sevilla o muchos otros interrogantes dejados sin responder tras su paso por la política y por diferentes Gobiernos.

De otra, hay que destacar que algunos estarían mejor calladitos en vez de decir estupideces a la hora de defender la actuación del Partido Popular. Si uno no sabe qué decir, mejor callarse, Si uno no sabe de qué se habla, mejor no abrir la boca. Y si uno tiene que mentir, mejor no hacerlo. Es el caso del Sr. Floriano. Hoy se ha cubierto de gloria y ha hecho un espantoso ridículo ante los medios de comunicación. Cuando le han preguntado por qué el ex marido de Ana Mato seguía estando contratado por el Partido Popular pese a estar imputado en el caso “Gürtel” no se le ha ocurrido otra cosa que decir que “es funcionario de esta casa” que tiene derecho a seguir cobrando un sueldo mientras no se le despida y que “a partir de ahí no podemos hacer más, los imputados no pueden ser despedidos legalmente”. Vamos a ver, Carlitos, ¿por qué mientes? El Partido Popular no es, por si no lo sabes, una administración pública y por tanto no tiene funcionarios, sino contratados laborales. Y como cualquier contratado puede ser despedido, esté o no imputado. Cuestión muy distinta es que dicho despido sea declarado procedente o improcedente y que en este último caso, y no readmitiéndole, se le hayan de abonar las cantidades que le Ley señala. Pero no cuentes películas, no tomes por idiotas a los ciudadanos. Si hay una cosa clara es que, en las actuales circunstancias, Jesús Sepúlveda debería haber sido despedido hace tiempo y si no lo ha sido es por puro amiguismo. Exactamente por la misma razón por la que fue promovido en 2003 a candidato a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón.

Haciendo memoria hay que recordar que Jesús Sepúlveda desplazó como candidato a Martín Crespo que llevaba 19 años como Alcalde de Pozuelo de Alarcón, mayoría absoluta tras mayoría absoluta, y que fue una imposición de las alturas de Génova pasándose, como suele ser habitual, la opinión de los militantes de Pozuelo de Alarcón  por el arco del triunfo. ¿Sus méritos? Ser el marido de Ana Mato, nepotismo puro, y pertenecer al llamado Clan de Valladolid, amiguismo puro. Los resultados de tan brillante elección a la vista están, imputado en el caso “Gürtel” y presunto beneficiario de pagos hechos por Bárcenas. Una vez más se demuestra que mientras no se abra paso la democracia interna en el seno del Partido Popular y en los demás partidos se seguirán repitiendo estos escándalos. Y si no que nos pregunten en Alicante qué militante pudo votar a los ediles que hoy nos representan en el Ayuntamiento de Alicante, cuya Alcaldesa también está imputada.

Lo dicho al principio, desgraciadamente ésto va para largo y cuando la tormenta pase, empezará otra porque nuestra clase política no parece estar por erradicar las verdaderas causas de la corrupción y porque para algunos todo vale cuando pierden el poder.

Santiago de Munck Loyola

Perplejidad e incertidumbre.

El ambiente general es desastroso, cada semana, cada día nos desayunamos con una nueva noticia: un día es CiU, otro el yerno del Rey, al siguiente el PSOE y su Fundación Ideas, hoy Bárcenas y los presuntos sobresueldos. Así no se puede seguir mucho tiempo. Parece que el sistema está colapsado y a ellos hay que añadir el naufragio económico y social heredado. El constante goteo de noticias sobre los papeles de Bárcenas, la financiación del Partido Popular o los pagos a miembros de la cúpula del PP durante los últimos años nos tiene completamente desorientados y asombrados a la inmensa mayoría de los votantes y miembros de esta formación política. A otros no, a otros todas estas noticias les alegran inmensamente porque confirman sus ancestrales prejuicios, sus condenas sin juicio previo y sus odios irracionales. Ellos ya lo sabían, siempre lo han sabido, “los del PP, todos unos chorizos  ¿lo véis?”. Son los que siempre han callado cuando se han desvalijado las cajas públicas con los EREs falsos, por ejemplo. Y ahora son los primeros en levantar la voz, en insultar y condenar a todos los que pertenecemos o hemos votado al Partido Popular. Da igual que no estén libres de pecado, son los primeros en tirar la piedra y en organizar asedios a la sede del PP, repitiendo mecanismos que recuerdan mucho a otros momentos muy tristes. Vuelve la agitación callejera e inundan las redes sociales con insultos y descalificaciones gratuitas a millones de españoles.

Hasta ahora sabemos que Bárcenas tenía cuentas millonarias en Suiza pero no sabemos con certeza el origen de esos fondos. Sabemos que a través de una sociedad interpuesta ha regularizado buena parte de ese dinero. Sabemos también que existen anotaciones contables atribuibles a Bárcenas en las que figuran pagos de distintas cantidades a dirigentes del partido Popular, pero no sabemos a qué corresponden dichos pagos (sobre sueldos, gastos de representación, etc.) como tampoco sabemos si dichos ingresos fueron declarados a Hacienda por los interesados en su día o si tenían o no la obligación de hacerlo.  Y sabemos que hay muchas posibilidades de que el Partido Popular haya recibido donaciones que podrían superar los límites establecidos en la Ley de Financiación de Partidos Políticos y que podrían motivar la apertura de una investigación de la Fiscalía General. Eso es, más o menos, lo que hay encima de la mesa. Pero es más que suficiente para que los de siempre nos condenen a todos, a los afiliados y a los votantes del PP, para que lleguen a pedir la dimisión del gobierno y elecciones anticipadas. A río revuelto, ganancia de pescadores.

Y no, no es así. Que cada palo aguante su vela, que el que la haya hecho la pague, pero que no se meta en el mismo saco a millones de españoles. El Partido Popular, pese a los errores que sus dirigentes hayan podido cometer y que habrá que demostrar, es un gran partido compuesto por cientos de miles de ciudadanos y respaldado por millones de votantes. Es un gran Partido que representa unos determinados valores y principios que no son los que algunos se empeñan en identificar con lo peor de la corrupción. Es un gran Partido cuyos referentes públicos no son precisamente los que, como en otras organizaciones políticas se han saltado la Ley, sino los que durante estos treinta años últimos han pagado con su vida la defensa de la libertad y la democracia. Es un gran Partido del que me siento orgulloso de pertenecer aunque, como he denunciado muchas veces, tiene que corregir numerosos defectos de funcionamiento interno, muchos de los cuales precisamente están en la raíz de los problemas que hoy son más notorios. Y ahora más que nunca es cuando hay que dar la cara y pedir una vez más luz y taquígrafos, transparencia y asunción de responsabilidades si las hubiese.

Esta situación crea incertidumbre en cualquier afiliado o votante popular y duele. Eso es más que evidente. Como duele también que en medio de estas circunstancias tan complicadas, los de arriba, en la provincia de Alicante, destapen la caja de los truenos y nos acusen por escrito a los militantes que estamos intentando promover la regeneración, la honradez en la gestión pública, la democracia interna, la transparencia y la participación en el PP de la ciudad de Alicante, de dañar la imagen del Partido y de crear corrientes de opinión en el partido. ¿Qué temen? Vivir para ver.

Santiago de Munck Loyola

Urdangarin y la Feria de las Vanidades.

Día a día, vamos conociendo el progreso de la causa judicial abierta por el llamado “caso del Instituto Nóos” con el Sr. Urdangarin y su socio, el Sr. Torres, como principales protagonistas del mismo. Hoy se ha hecho público un extenso auto judicial en el que se impone a los mismos una fianza civil de 8,1 millones de euros, una de las más altas impuestas en nuestra historia judicial. Queda mucho tramo por recorrer en este proceso y en los que, con seguridad, se derivarán del mismo. Sin embargo, hace tiempo ya que para una gran parte de la población y de los medios de comunicación más sensacionalistas la sentencia está dictada. Pos su posición, el Sr. Urdangarin, hace tiempo que se ha convertido en cualquier conversación en el gran aprovechado, en el gran chorizo de España.

El hecho de que sea el yerno del Rey da mucho morbo a cualquier noticia respecto a este asunto. Se han aireado los correos que al parecer se cruzaba con su socio, conversaciones privadas, noticias relativas a la presencia en esta trama de la Amiga” del Rey (la acompañante del Monarca en su triste cacería africana y en algún que otro viaje oficial costeado por los contribuyentes), insinuaciones sobre la actitud del propio Monarca o incluso la posible evasión fiscal de unos cuantos cientos de miles de euros (una gota de agua en este océano de cuentas suizas y corrupciones varias). Pero tratándose de su parentesco, todo es desmenuzado, interpretado, comentado y, a veces, manipulado. Urdangarin se ha ganado seguramente a pulso su situación y su socio por su parte trata de salvar el pellejo tratando de salpicar a todo el que pueda y cuanto más alto mejor.

Una cosa parece estar clara: Urdangarin aprovechó sus relaciones para obtener unos ingresos que de otro modo no le permitirían llevar el tren de vida que su posición, al parecer, le exigía.  Tal y como se dice en el auto del juzgado utilizó el Instituto Nóos como mero "paraguas de bondad y de ayuda al prójimo para desviarse fondos públicos" y que Urdangarin y Torres se pusieron de acuerdo para rentabilizar ante entidades privadas e instituciones públicas la "influencia" que se derivaba del "parentesco" del duque de Palma con la Casa Real. O sea, un fresco de tomo y lomo, un aprovechado como pocos.

Pero también se desprende del citado Auto algo quizás mucho más importante: que los gobiernos de Valencia y Baleares vulneraron el procedimiento administrativo para otorgar el dinero al duque de Palma y dispensarle así un trato de favor, de "vestir el santo con expedientes administrativos nulos de pleno derecho para adjudicar el dinero público a Urdangarin tras acordar verbalmente los contratos con él". El problema no nace de que Urdangarin fuera un espabilado que puso precio a unos servicios profesionales basados en sus parentescos políticos, sino de quienes estaban dispuestos a comprar esos servicios con el dinero de los contribuyentes. Ni Urdangarin, ni su socio han forzado ninguna caja fuerte, no han metido la mano en ninguna caja pública. Lo que hicieron fue poner precio a sus influencias y otros las compraron, metiendo para ello la mano sobre el dinero público. Son los políticos de turno los que compraron las relaciones y los servicios de estos pájaros. A Urdangarin nos lo tenemos que “comer” los españoles, como nos tenemos que “comer” a cualquiera que pase a formar parte de la Casa Real, aunque haya sido republicano, mientras no se cambien las leyes vigentes. Y como ahora, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, los príncipes se casan con quien quieren y no con quien deben, pues resulta que si los nuevos miembros de la familia real no pertenecen a la rica aristocracia se “buscan” la vida para tratar de mantener el estatus que piensan que han de conservar sus consortes. Y así nos luce el pelo.

Pero a los que han comprado los servicios de Urdangarin y de su socio, los que han metido la mano en la caja para comprar humo y oropeles, a esos no nos los tenemos que “comer”. A ésos los hemos elegido en las urnas para muchas cosas, entre otras, para administrar bien nuestro dinero y lo han malgastado miserablemente. Y lamentablemente, ésos, hoy por hoy, no están siendo noticia. Los titulares se los lleva Urdangarin pero no los verdaderos responsables del expolio, los que han traicionado la confianza de los ciudadanos, los que han comprado y pagado esta opereta. Los verdaderos responsables son los componentes de esa ristra de mediocres politicuchos deslumbrados por el falso brillo del duque consorte y de las regias puertas que suponían podía abrirles, esa caterva de incompetentes ávidos de fotos, de relaciones ilustres, doctores en debilidades humanas como la codicia, el esnobismo, la hipocresía, los engaños y la holgazanería intelectual. Políticos idóneos  para ser protagonistas de la feria de las vanidades de Thackeray para los que Urdangarin ha caído del cielo siendo un eficaz suministrador de remedios para sus complejos. Son ellos los que hoy deberían acaparar los titulares en primer lugar porque son ellos, y pronto conoceremos todos sus nombres, los que nos han traicionado.

Santiago de Munck Loyola

Peligrosa incertidumbre en el Ayuntamiento alicantino.

Hace pocos días, el pasado domingo, el Diario El Mundo de Alicante, dedicando dos páginas enteras a la situación política que se vive en el Ayuntamiento de Alicante por la delicada situación procesal que atraviesa la Alcaldesa Sonia Castedo, encabezaba su información bajo el siguiente titular “Concejales del PP piden a Císcar que acelere la caída de Castedo para evitar el expolio de Alicante”. A continuación subtitulaba esta información con dos frases: “Manifiestan al líder provincial del PP que si se retrasa, la mayoría absoluta será irrecuperable” y que “la alcaldesa no cuenta ya con ningún incondicional, según han sondeado los ediles del PP”. No sé a los demás, pero a un servidor cuando lee lo de “evitar el expolio de Alicante” se le ponen los pelos de punta.

Claro que para informaciones y opiniones las hay tan variadas que uno no sabe con cual quedarse. Sin ir más lejos, hace tan sólo un par de semanas, el 7 de enero de 2013, se publicaban en el Diario Las Provincias las siguientes declaraciones del concejal popular Luis Barcala: “Sonia Castedo cuenta con el apoyo incondicional y sin fisuras de la totalidad del equipo de gobierno”. Aquí pueden plantearse varias hipótesis: o bien el Sr. Barcala no está entre los supuestos concejales que han ido a lamentarse ante el Presidente Provincial o bien está entre ellos y se desdice de sus recientes declaraciones o bien no se entera de nada. Hace tan sólo dos meses, el 16 de noviembre de 2012, con la Alcaldesa ya imputada en los tribunales, se celebró una cena de auto homenaje a Sonia Castedo y co-presidiendo dicha cena estaba el mismísimo Secretario General de la Provincia de Alicante, José Juan Zaplana. Si estas informaciones, declaraciones y gestos públicos pueden resultar contradictorios y desorientar a los propios afiliados del Partido Popular que se supone que algo deben conocer de estas idas y venidas, de estos malabares y juegos de salón, qué no debe ocurrir en la mente de los ciudadanos alicantinos que contemplan este espectáculo político. Pues lo menos que se debe de estar produciendo en el ciudadano es una pérdida progresiva de la confianza que depositaron en el Partido Popular hace casi dos años, ratificando con ello la afirmación del Diario El Mundo de que de seguir así la mayoría absoluta será irrecuperable.

 

Es muy difícil explicar a los ciudadanos que el Partido Popular ha trazado una línea roja respecto a los imputados y procesados que consiste en que, cuando son imputados o procesados, no pueden ocupar puestos orgánicos en la estructura del Partido Popular pero sí pueden seguir ocupando cargos públicos en Ayuntamientos o en las Cortes Valencianas. Es cierto que el Partido Popular no puede obligar a nadie a renunciar a su cargo público, a su acta de concejal o de diputado, pero sí puede excluirlos de sus grupos municipales o del grupo parlamentario. Esa exclusión sí que sería una muestra de coherencia política que con toda seguridad supondría algo más de confianza y de credibilidad a las llamadas líneas rojas. Y esa exclusión no supondría cuestionar la presunción de inocencia de nadie o, en todo caso, supondría hacerlo en la misma medida que se hace cuando se excluye a imputados y procesados de los puestos orgánicos del propio partido. No hay fórmulas intermedias válidas y prueba de ello es que la actual situación consentida y mantenida por los más altos responsables políticos del Partido Popular está causando una profunda desconfianza entre los electores  y un daño constante a la imagen e intereses del partido.

Y si hay algo grave, además, en estas informaciones y en las polémicas que sobre ello se mantienen es el silencio atronador de quienes deberían negar que se esté produciendo o se vaya a producir un “expolio” de Alicante, algo difícil de aceptar. Es una gravísima acusación que debería haber tenido ya una respuesta pública por parte de la Dirección Provincial. Dicen que el que calla otorga y en este caso el silencio es inaceptable.

Sea o no cierta la petición de auxilio de algunos o de todos los concejales al Presidente Císcar, no es posible olvidar que un concejal tiene ante todo una enorme responsabilidad ante los votantes y es a ellos a quien se debe en primer lugar, que esa responsabilidad hace a todos los concejales del gobierno municipal partícipes de los éxitos y de los fracasos en la gestión municipal y que en esa responsabilidad se incluye la de elegir a quien ha de ocupar la Alcaldía y la de destituirlo, en su caso, con la aplicación de los mecanismos legales existentes para ello. Pero no cabe echar balones fuera.

Santiago de Munck Loyola

Con la que está cayendo ¿una comisión de ética?

La reiteración de conductas repudiables de algunos dirigentes políticos o empresariales está generando un verdadero hartazgo entre los ciudadanos. Cada día que pasa irrumpe un nuevo escándalo sobre los abusos y latrocinios de unos pocos sobre los bienes públicos, pero que salpican irremediable pero inmerecidamente al conjunto de la clase dirigente de nuestro país. Y las reacciones de esta clase dirigente no son siempre las más acertadas. Hay cierta sensación de que todo este ambiente de corrupciones  y abusos está cogiendo con el pie cambiado a los principales responsables políticos y, por supuesto, a las lentas maquinarias de los partidos políticos. Si los ciudadanos están indignados, no menos desconcertados lo están los miles de militantes de las formaciones políticas que se debaten entre el cierre de filas, la incredulidad o la exigencia de responsabilidades. Se proponen pactos anticorrupción, auditorías internas y externas de las cuentas de los partidos, "fiscales anticorrupción" internos, se marcan líneas rojas respecto a la situación de cargos públicos imputados o procesados, se amaga pero no se da, en fin, que todo anda francamente revuelto y no parece existir un rumbo claro para acabar con una lacra que no ha nacido ahora, sino que viene incubándose desde hace muchos años gracias a un conjunto de normas que facilitan este tipo de conductas: la legislación vigente sobre contrataciones públicas, la regulación de la financiación de los partidos políticos, un derecho procesal anquilosado y una justicia escasa de medios.

Y en medio de este panorama aparece una noticia que merece la pena ser comentada: el Partido Popular de la Provincia de Alicante ha encargado a su “comité de ética” (sólo ya la denominación del citado comité tiene lo suyo) la redacción de un “libro blanco” para trasladar transparencia, rigor y firmeza en su gestión pública. Este comité a pesar de llevar varios meses constituido, “será a partir de ahora decisivo en el modelo de comportamiento que el Partido Popular de la Provincia de Alicante va a exigir a sus responsables y cargos públicos”. ¿Y antes? Según se ha comunicado a la prensa, la dirección provincial ha encargado al comité de ética la elaboración de un reglamento, un libro blanco que responderá a la máxima de que “no basta con ser honrados. Además, hay que parecerlo”. También se ha comunicado desde la Provincial popular que el citado comité, que preside Pascual Díaz, requerirá a los políticos populares, transparencia, rigor y firmeza. Y uno no tiene más remedio que preguntarse ¿es que es necesario un comité para exigir a los políticos populares transparencia, rigor y firmeza? ¿Se está poniendo bajo sospecha a todos los políticos populares por la existencia de determinados y notorios casos sobre los que precisamente la dirección provincial no se pronuncia públicamente? ¿Hace falta un comité para exigir a los políticos populares lo que ya el propio Partido Popular y la legislación vigente exigen?

Es de suponer que este comité y el reglamento que va a elaborar versa sobre la ética, es decir, sobre esa rama de la filosofía que trata sobre los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre y que no se limita sólo a ver cómo se realizan esos actos, sino que busca emitir un juicio sobre estos, para tratar de determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo. La ética establece una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista ético, y si el bien y el mal éticos coinciden o no con lo que serían el bien y el mal en sí. Complejo campo el de la ética como para andar jugando con ella. Pero es que, además, los criterios éticos, siempre cambiantes según la evolución de la conciencia social, son previos al derecho positivo y su arraigo social impulsa la transformación de las leyes que los ciudadanos nos damos. Y entre la multitud de normas que rigen nuestras vidas, nacidas de una determinada conciencia social ética, hay algunas que permiten aproximarse a esos conceptos que en el funcionamiento de las instituciones pretende trasladar el citado comité de tan pomposo nombre: la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, por citar solo algunas en el ámbito de la legislación estatal. Y sin ir muy lejos, dentro de la propia casa, es decir en el Partido Popular, además de los propios Estatutos del Partido, en el año 2009, se aprobó el Código de Buenas Prácticas cuyo objetivo es establecer con precisión unas pautas de conducta, a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización.

Una de dos, o dicho código interno ya no está vigente en el Partido Popular y no nos lo han comunicado, para variar, a los afiliados o sí que está vigente y lo que ocurre es que la Dirección Provincial Alicantina, que no se pronuncia sobre si los cargos públicos del PP imputados de Alicante deben o no dimitir, lo considera insuficiente y por ello ha tenido que encargar un nuevo Reglamento sobre “la ética” de ciertas conductas. Por cierto, que repasando dicho código aparecen algunas cuestiones más que llamativas, por ejemplo, en el mismo se exige que los candidatos a cargos públicos deben suscribir una Carta de Compromisos y que dicha carta se publicará en la página web del partido ¿la ha visto alguien en Alicante? ¿la han suscrito todos? o que “Se constituirán las Mesas de Contratación del Partido Popular, órgano deliberante que, en los distintos ámbitos territoriales, tendrán por cometido analizar y ponderar ofertas en los contratos que tengan por objeto la publicidad, los viajes y los actos de Partido y las campañas electorales. La Mesa de Contratación contará con al menos cinco miembros, de los que uno será en todo caso un audito interno que garantice que el proceso de contratación se atiene a los principios y al procedimiento establecidos en este documento.” ¿Se ha constituido dicha Mesa en la Dirección Provincial de Alicante? ¿Cuándo? ¿Quién la compone?

Como puede observarse no será por falta de normas y reglamentos que ahora sea necesario un comité de estas características para elaborar un reglamento más a añadir a los que existen y no se cumplen. Hay otra forma de hacer las cosas. Los ciudadanos queremos ejemplaridad, que se cumplan las leyes existentes y si no son suficientes que se reformen. Hay demasiados problemas por resolver como para andarse con juegos florales a mayor gloria de los protagonistas de turno. Trabajo constante, silencioso y tenaz y menos cohetes es lo que hace falta, no sea que haya que terminar pensando que Napoleón Bonaparte tenía razón cuando decía que “si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.

Santiago de Munck Loyola

           

Chorizos a granel.

¡Vaya semanitas que llevamos! Parece que ningún partido se libra de salir en los papeles de los trincones. Hace tan sólo unos meses se hablaba de los Gürtel, después de los ERES falsos andaluces, más tarde de Pepiño el campeón y sus entrevistas en gasolineras, hace unas semanas empezaron a correr noticias en torno a los cinco hijos millonarios de Pujol y sus aficiones a las montañas suizas y a los complejos hoteleros caribeños, hace unos días nos centrábamos en los independentistas de Durán y su amor a la formación remunerada con fondos europeos y ahora estamos en plena tormenta ocasionada por el Sr. Bárcenas, alias Luis “el cabrón” según las contabilidad gurteliana, y su pasión por el alpinismo suizo. 

Y seguiremos dentro de unas semanas con nuevos y jugosos casos protagonizados por parte de nuestra sacrificada clase dirigente. Aquí el que no corre vuela, desde el yerno del Rey hasta el ex presidente de los empresarios, pasando por políticos de distintos colores y jerarquías, desde independentistas a constitucionalistas. Todos ellos unidos por una misma “pasta”, todos ellos compartiendo afición al trinque de lo ajeno. Corrupción trasversal. Mal está que 30.000 ciudadanos cobren ilegalmente la dependencia de fallecidos, pero con el ejemplo que algunos dirigentes de este país ofrecen ¿qué menos se puede esperar? 

¡Ya está bien! Es hora de que los ciudadanos que nos las vemos y deseamos para cumplir con nuestras cargas familiares y con nuestras obligaciones tributarias, digamos ¡basta! Y nos posicionemos de forma clara y rotunda contras este estado de cosas. Nada de tibiezas porque con ellas no cambiarán, no reaccionarán quienes tienen la obligación de hacerlo. Con tanta tibieza lo que sí han conseguido es que la conducta inmoral de unos pocos manche el nombre de toda la clase política.

Es muy probable que el actual estado de cosas será aprovechado por los simples y por los manipuladores de siempre para decir que todo es culpa del año de gobierno del PP, como si no fuera más que evidente que la corrupción no nace de un día para otro. Están aflorando casos que durante años y bajo distintos gobiernos se han ido fraguando. Y ello ha sido posible porque los distintos gobiernos han carecido de la voluntad política necesaria para establecer mecanismos preventivos. Hay corrupción porque nuestras leyes otorgan un gran margen de discrecionalidad a los políticos a la hora de contratar con las administraciones públicas; hay corrupción porque se ha pervertido la independencia judicial; hay corrupción porque no se ha querido establecer una Ley de financiación de partidos políticos seria y transparente; hay corrupción porque se han aflojado los mecanismos de control que antes ejercían, por ejemplo, los habilitados nacionales en las corporaciones locales; hay corrupción porque nadie ha acometido una reforma sería de las normas que rigen los procedimientos judiciales para implantar criterios de sumariedad en las causas abiertas o hay corrupción porque los partidos políticos no permiten que sus militantes decidan quienes les representan en las instituciones y utilizan los cargos públicos como recompensa para los fieles, sea cual sea su preparación, a las cúpulas dirigentes. Son muchas las causas que propician la aparición de casos de corrupción pero pocas las inequívocas manifestaciones de voluntad política, traducida en hechos concretos, para acabar con ellas.

Hoy afirmaba el Presidente Fabra en relación a cargos populares imputados o procesados que el Partido Popular ha establecido una clara línea roja: los imputados o procesados no pueden ostentar cargos internos dentro del partido ni permanecer en puestos de designación directa, de confianza. Vale, muy bien. Pero eso quiere decir que quien está imputado o procesado, a pesar de la presunción de inocencia, no es apto para ese tipo de puesto, pero sí, al parecer, para seguir ostentando cargos electos. O sea que un imputado no puede ser secretario general del PPCV, por ejemplo, pero sí puede ser alcaldesa de Alicante. Es curioso que se considere necesario preservar de la presencia de un imputado un cargo de partido y no un cargo público. ¿Es lógico?

Por otra parte, hoy también, Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, ha hecho un llamamiento para que "los más preparados, los más comprometidos y los más íntegros"  entren en política con el objetivo de que "no la copen los peores". ¡Perfecto! Pero a ver si la leen en Alicante porque bastó que en septiembre se anunciase a la Dirección Provincial la intención de un grupo de modestos militantes de base alicantinos (sin pretender presentarse como los más preparados, comprometidos e íntegros) de presentar una candidatura a la Junta Local del PP de Alicante por la regeneración del partido para que un mes después se suprimiese la Junta Local de Alicante con el fin de evitar elecciones a la misma.

Cada día se hace más evidente la necesidad de una reacción ciudadana en contra de todas estas tropelías, de los sinvergüenzas de cualquier color que han confundido las instituciones con una charcutería. Y es necesario no callar, condenar sin tibieza, marcar líneas rojas más claras aún y hacerlo con frecuencia porque si no lo hacemos así los escándalos de hoy serán simples anécdotas dentro de unos meses y serán sustituidas con normalidad por otras noticias similares. Nada hay peor que terminar por acostumbrarse al sonido atronador porque termina imponiéndose la sordera.

Santiago de Munck Loyola

La impunidad de los chorizos.

Aunque lo diga el mismo Rey, eso de que todos somos iguales ante la Ley es una simple mentira, una frase barata políticamente muy correcta pero socialmente poco creíble. La resolución que acabamos de conocer del caso Pallerols, la trama de financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña, lo ha puesto de manifiesto con absoluta claridad, añadiendo de paso una palada más de estiércol sobre la deteriorada imagen de la clase política. Aquí hay dos justicias, dos leyes, una para los ciudadanos y otra para la clase dirigente entre la que destaca la clase política. Aquí resulta que se pueden llevar ilegalmente cientos de miles de euros de la caja pública para financiar a un partido y tras veinte años de instrucción judicial no pasa nada, nadie va a ir a la cárcel y nadie dimite en ese partido político. No hay que ir muy lejos para encontrar casos de ciudadanos normales y corrientes que por mucho menos y para cubrir necesidades vitales terminan a la sombra durante una larga temporada.

Durante años, los conmilitones del Sr. Durán Lleida, el veterano e independentista político democristiano catalán que no hace mucho se permitía el lujo de calificar de cloaca a la política española, organizaron toda una trama para recibir dinero público, proveniente de los fondos europeos, a través de una empresa dedicada a la formación que después desviaba buena parte de ese dinero a la caja del partido del Sr. Durán Lleida. Pillados con las manos en la masa han pasado veinte años de proceso judicial, que se dice pronto, y ahora resulta que los acusados hacen un trato con la fiscalía para devolver 380.000 euros al erario público y evitar una condena. 380.000 euros que estos sinvergüenzas van a devolver con una mano mientras con la otra reciben subvenciones públicas pagadas con el dinero de los contribuyentes a los que previamente habían sableado. Nadie va a ir a la cárcel. Muy ejemplar. Ni a Felipe II se la ponían así. Será muy legal, no lo dudo, que la fiscalía llegue a semejante trato, será muy práctico, sobre todo si tras veinte años de investigación no se tenían pruebas suficientes para concluir un proceso judicial con garantías de éxito para la Justicia, pero es, se mire por donde se mire, un infumable pasteleo, un sospechoso trato que en nada beneficia a la Justicia, a la ejemplaridad y a la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Y si indignante es este trato de lujo recibido por estos miembros de la casta política, indignantes son algunas de las reacciones escuchadas en las últimas horas por la sencilla razón de que pocos ponen el dedo sobre la llaga y menos aún los que proponen soluciones para evitar que lo mismo vuelva a repetirse en el futuro. La primera reacción indignante es la del propio jefe de los “presuntos chorizos” que en el año 2000 se comprometió a dimitir si se demostraba que había habido financiación irregular de su partido y que ahora dice que de lo dicho no hay nada. Gracias al tecnicismo legal y al trato por el que se evita una condena los independentistas de Unión entienden que no se ha demostrado que se hayan financiado ilegalmente aunque sí irregularmente y por eso deben devolver el dinero. ¿Alguien lo entiende?

El ex Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en plan contemporizador a ver si se le promociona al Tribunal Constitucional, venía esta mañana a aleccionar a los oyentes de una emisora explicando que este tipo de trato de la fiscalía con los presuntos delincuentes es muy habitual en el entorno anglosajón. ¿Y qué? No estamos en un país anglosajón, sino que nos regimos por un modelo continental que poco tiene que ver con aquél. Podría explicarnos también si en ese entorno se tardan también veinte años en instruir un caso a políticos corruptos ¿no?

Por su lado el Fiscal General ponía “el grito en el cielo” porque a su juicio se ha tardado veinte años en instruir este caso. ¿Y se ha enterado ahora? ¿Por qué no nos cuenta cómo un subordinado suyo ha pactado con los “presuntos chorizos” esta salida política? ¿Quién, en una estructura jerarquizada como la fiscalía, ha dado el visto bueno a su subordinado para pastelear de forma tan repugnante?

Los independentista de ERC, socios parlamentarios de Unión Democrática, han pedido, con boca pequeña, la dimisión de Durán, pero eso sí sin cuestionarse el seguir siendo socios políticos de estos corruptos aunque no depuren las correspondientes responsabilidades políticas.

Y por último, desde el PP, su Secretaria General ha pedido la dimisión del Sr. Durán y ha cuestionado su permanencia como Portavoz de Exteriores del Congreso de los Diputados. Pero uno no tiene más remedio que preguntarse ¿por qué el PP con mayoría absoluta en el Congreso ha colocado al Sr. Durán, un independentista, un político que trabaja por la voladura de España, un señor que califica de cloaca a la política española como representante internacional del Congreso de un país al que quiere romper? Y siendo así ¿a qué espera el PP para destituirlo? Hay cosas que sinceramente no se entienden y que indignan día tras día.

Y lo peor de todo es que ningún responsable político ha salido a palestra para explicar qué medidas se van a tomar para que estos escándalos no se vuelvan a producir o qué reformas legislativas van a impulsar para que un procedimiento judicial que afecta a la corrupción política no vuelva a dilatarse durante veinte años. Nada, ni una palabra. Si tomamos como cierto que todos somos iguales ante la Ley aquí tenemos un claro mensaje: cualquier ciudadanos se puede llevar de las arcas públicas hasta 380.000 euros con la seguridad de que en caso de ser pillado tendrá un juicio que durará veinte años y que no irá a la cárcel si pastelea como es debido con el fiscal de turno. Aunque mucho me temo que va a ser que no, que lo cierto es que todos somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

Santiago de Munck Loyola

Imputados y procesados.

En la última encuesta del CIS ha arrojado un dato verdaderamente alarmante: la clase política se ha convertido en el tercer problema que preocupa a los españoles. Más del 22 % de los encuestados sitúa a la clase política como el tercer quebradero de cabeza tras el paro y la crisis económica, alcanzando un nivel que no se conocía desde 1995. A este dato revelador hay que añadir que entre los diez primeros problemas para los españoles vuelve a aparecer la corrupción lo que ligado a lo anterior señala un claro suspenso para los responsables políticos de nuestro país.

El comportamiento poco edificante y poco ejemplar de una parte de la clase política, especialmente relevante en momentos de escasez y penuria para el conjunto de la población, junto con la inmoral e ilegal conducta de unos pocos, pero significativos miembros de la clase política, ensombrece y mancha la labor de la inmensa mayoría de los políticos españoles. Es verdad que por los comportamientos de unos pocos pecadores pagan los justos y ello se debe fundamentalmente no sólo a la relevancia mediática que las irregularidades conllevan, sino también a la ausencia de una reacción clara y firme por parte de quienes no protagonizan esas censurables conductas. Por cada 100 políticos decentes y honestos es posible que sólo exista uno que no lo es pero, inevitablemente, no son noticia los 100 primeros, sino este último. Los medios de comunicación hacen, por regla general, una labor inapreciable denunciando los comportamientos censurables de quienes se aprovechan de su estatus político o de su cargo público y su labor sería más eficaz si simultáneamente el resto de la clase política actuara con firmeza para apartar de su lado a cuantos incurren en esas prácticas. Sin embargo, muchas veces da la sensación de que existe cierto corporativismo o cierta timidez a la hora de censurar algunas prácticas o que se anteponen determinados intereses coyunturales o ciertas estrategias que modulan mucho esa imprescindible capacidad de reacción. Sea cual fuere la causa lo cierto es que las conductas de unos pocos enturbian el buen nombre de todo un colectivo que está o debe estar al servicio de los ciudadanos.

Es curioso, por ejemplo, que en el seno del Partido Popular, y en concreto en la Comunidad Valenciana, se transmita un doble discurso en torno a este tema. Una y otra vez, el Presidente de la Generalidad Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha censurado los comportamientos sospechosos y ha manifestado que los cargos públicos del PP imputados en causas judiciales deben dimitir. Y en esta línea de exigencia ética ha habido dimisiones y ceses. Igualmente, el Presidente Fabra ha impulsado reformas internas para que los imputados no puedan ocupar cargos en la organización del Partido Popular y ni siquiera concurrir como candidatos. Pero paradójicamente nos encontramos con que el hecho de estar imputado en una causa judicial inhabilita para ejercer cargos internos o para ser candidato, pero no para seguir ejerciendo cargos públicos. En estos últimos casos siempre que los dirigentes populares son preguntados sobre si deberían o no dimitir alcaldes o diputados imputados se limitan a decir que las actas son personales y que no se les puede obligar a dimitir. ¡Faltaría más! Eso ya lo sabemos todos. Pero no es eso lo que se pregunta, no se pregunta de quién son las actas de concejales o diputados, sino si perteneciendo a quien pertenecen dichas actas deberían o no dimitir los imputados. ¿Tan difícil es contestar sí o no? ¿Por qué los dirigentes populares no piden públicamente a sus compañeros imputados que renuncien a sus actas? Y en el caso de que un cargo público elegido bajo las siglas del PP esté imputado y no quiera presentar su renuncia ¿por qué no lo excluye el propio partido de su grupo parlamentario o de su grupo municipal? ¿por intereses coyunturales?

Tan cierto es que un acta es personal, gracias a nuestro ordenamiento jurídico, como que un imputado es, dígase lo que se diga, inocente y que no será culpable de delito alguno hasta que no exista condena firme. Cierto es que también, en los últimos años sobre todo, se ha judicializado en exceso la política y que ello haya conducido a una relativización de la valoración de las causas judiciales en curso. Pero no es menos cierto que, hoy en día, en las actuales circunstancias, es más necesario que nunca establecer una clara línea roja que permita al conjunto de los ciudadanos recuperar la confianza en la clase política. El Presidente Fabra la ha situado en el grado de la imputación, pues bien, cúmplase en el seno del PP para todos y sin distinciones, aunque con ello se corra el riesgo de perder una alcaldía, por ejemplo. Y para qué mencionar cuando el nivel procesal se sitúa ya en el procesamiento. Más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Hoy por hoy, muchos votantes del PP en la Comunidad Valenciana, y muchos afiliados, percibimos demasiada tibieza y poca ejemplaridad en el tratamiento de algunos casos muy sonoros en nuestro entorno y demandamos no sólo palabras, sino también gestos que nos permitan creer que las cosas están cambiando. Día tras día, sentimos cierta desmoralización ante noticias que, sumadas a las derivadas de la propia situación económica, transmiten una realidad poco alentadora y un futuro político más que incierto.

Santiago de Munck Loyola

Los dipujetas.

Contaba el ex premier británico Winston Churchill que de joven su máxima aspiración era llegar a ser diputado y que no dejaba de preguntarse cómo poder llegar hasta un escaño. Una vez elegido diputado, al observar a sus nuevos colegas, lo que no dejaba de preguntarse es cómo demonios habían conseguido llegar a diputados algunos de los elementos allí sentados.

Seguramente es lo mismo que deben preguntarse muchos parlamentarios serios, decentes y responsables, que haberlos los hay, cuando contemplan las actitudes y comportamientos de algunos de sus colegas, como en el caso de los diputados de la Asamblea de Madrid, Bartolomé González e Isabel Redondo, cazados esta semana in fraganti jugando en sus escaños con sus “aparatitos” mientras que en la Asamblea se discutían temas tan poco relevantes para dichos parlamentarios como el de la externalización de servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid.

¿Cómo han llegado ser diputados Bartolomé González o Isabel Redondo? Es difícil precisar de forma exacta la manera en que han conseguido llegar a la Asamblea de Madrid pero lo que sí es indudable, para quienes los conocemos personalmente, es que ninguno de los dos ha llegado gracias a sus conocimientos jurídicos, ni al respaldo de los militantes populares para su inclusión en las listas electorales. En el caso de Bartolo, de estudios desconocidos, tras su paso y expulsión de la Alcaldía de Alcalá de Henares, el Alcalde más caro de la historia de la localidad, ha terminado recalando en la Asamblea de Madrid. Seguramente su larga trayectoria política, única profesión que ha ejercido aunque al abrigo de la misma se haya convertido en empresario según se acredita en su parco curriculum en la página web de la Asamblea, ha debido ser su aval para que el divino dedo superior le haya designado para figurar en la lista autonómica del PP en las últimas elecciones autonómicas. Ya de jovencito, allá por el año 1994, hizo gala de sus dotes conspiratorias y de sus malas artes para desbancar a la entonces Presidenta popular alcalaína, Rosalía, que aún debe estar sacándose dagas y puñales de la espalda. Por tanto, este cóctel de trepador, desmedida ambición y carencia de formación jurídica han debido ser cualidades más que suficientes para elevarle a tan altas instancias parlamentarias, con el resultado que esta semana todos hemos podido constatar.

En el caso de Isabel, historiadora de estudios y de profesión política, sólo existe coincidencia con el anterior en su ausencia de formación jurídica, algo que, al parecer, no importa nada para ocupar un escaño en el órgano legislativo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha sabido mover muy bien por los pasillos de la Calle Génova. Con su talante antiliberal que la caracteriza, hace pocas semanas, recriminó duramente a una afiliada popular de Rivas-Vaciamadrid por haberse atrevido a escribir en su muro de Factbook una crítica sobre la supresión de la paga extra a los empleados públicos; según la parlamentaria, no se puede ejercer la libertad de expresión en las redes sociales. Claro, luego pasa lo que pasa, que como hay libertad de expresión te pillan “estafando” a los contribuyentes, es decir, usando el sueldo que te pagan para jugar, en vez de trabajar, y encima van y lo publican.

Claro que el caso de estos dos dipujetas no es el único. Hay por la Asamblea de Madrid un diputado popular al que sus compañeros han tenido en más de una ocasión que llamarle la atención para que hable más bajo con el móvil a la hora de hacer sus transacciones comerciales en el mundo de la automoción. En otras ocasiones han sido noticia diputados que son cazados mientras hacen crucigramas en sus escaños, juegan con la tablet o simplemente duermen. En febrero de 2008 Lola Gay, diputada del PSPV por Alicante, fue 'cazada' por los fotógrafos navegando por la web de 'Privalia.com', un club privado de compras, mientras elegía modelitos exclusivos en lugar de realizar su trabajo parlamentario. Con estos jetas ¿le extraña a alguien que la clase política pierda cada vez más prestigio?

Resulta inadmisible que el Director de la Razón, Sr. Marhuenda, rompa una lanza a favor de estos dipujetas madrileños y de cuantos siguen sus mismas prácticas, afirmando que se pueden hacer dos cosas a la vez, jugar y atender al debate parlamentario. Es posible que se pueda, que tengan esa capacidad, pero no se debe por una simple razón: se les paga para que atiendan a su trabajo parlamentario, no para que jueguen en su escaño. Así de claro y sencillo. Dipujetas como Bartolomé González e Isabel Redondo desprestigian la labor y el trabajo de muchos otros parlamentarios decentes y trabajadores y no se merecen estar en la misma categoría política. Una vez más falla la ejemplaridad.

Es evidente que a estos dipujetas les aburría su trabajo, que les aburría el debate sobre la sanidad madrileña y sobre los problemas de los ciudadanos de Madrid, que no tienen ningún escrúpulo moral en cobrar por un trabajo que no hacen y que carecen de legitimidad moral para seguir ni un solo día más sentados en el parlamento madrileño. Si les queda algo de vergüenza deberían dimitir e irse a la calle a ganarse la vida como cualquier ciudadano, aunque después de tantos años viviendo a costa de su partido y de los ciudadanos lo tengan francamente difícil.

Santiago de Munck Loyola

Populares de la “casa” y para la “casa”.

Tras la presentación del Manifiesto por la Regeneración del PP de Alicante promovido por el Foro Plataforma Popular ( https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts ) y la candidatura a la Junta Local del PP “Esperanza Popular” parece que algunos miembros del “aparato” del partido están haciendo correr toda clase de rumores sobre las intenciones de quienes participamos y promovemos este movimiento con el único fin desacreditarnos y de impedir la expansión de nuestras propuestas.

Lo primero que hay que dejar claro es que no existe la más mínima intención de promover ninguna candidatura independiente de cara a las futuras elecciones municipales, ni de provocar una escisión interna, ni, por supuesto, de crear un nuevo partido en la ciudad de alicante. Quien afirma lo contrario sencillamente miente.

Somos un grupo, cada día más numeroso, de afiliados del Partido Popular, algunos por ejemplo desde mucho antes de que lo fuese nuestro Presidente Provincial, que compartimos una misma preocupación por la forma de funcionar nuestro partido, que creemos que hay muchas cosas que mejorar internamente y que propugnamos una forma de hacer política sustentada en determinados valores y principios bastante ausentes, hoy por hoy, en la vida política de nuestro entorno. No es tan difícil de entender: queremos mejorar nuestro partido, corregir errores y ofrecer a los ciudadanos un proyecto político basado en la honestidad, la ejemplaridad, la austeridad, la transparencia y la eficacia en la gestión pública. ¿A quién le puede parecer mal eso?

Sabemos, porque lo sufrimos y porque así nos lo reconoce la inmensa mayoría de nuestros compañeros, que durante años los afiliados y los militantes de la ciudad de Alicante no han tenido el papel protagonista que legítimamente les corresponde. El PP de la ciudad de Alicante no ha funcionado como una organización política participativa y democrática. Por no tener no ha contado ni con una sede propia, ni tan siquiera con una simple página web. Ha sido un gueto, un coto cerrado en el que determinados grupos y “familias” se han repartido los puestos y en el que el militante sólo ha sido llamado para llenar mítines, cenas o realizar funciones de apoderados o interventores en las elecciones. Unos pocos han hecho y desecho a su antojo. ¿A quién puede molestarle que queramos acabar con este panorama? Evidentemente a quienes se han servido de nuestro partido, a los acomplejados que temen la competencia que la participación de cientos de afiliados más preparados que ellos les pudiera suponer y a quienes no creen en los principios y valores que inspiran el ideario político del Partido Popular. Así de sencillo, así de fácil y, por ello, tratan de de descalificarnos adjudicándonos objetivos e intenciones falsos.

Queremos que restituyan a los afiliados alicantinos todos sus derechos, empezando por la propia Junta Local de la Ciudad eliminada, sin consultar por supuesto con los militantes, en contra de lo establecido en los Estatutos Nacionales del PP y con el único fin de impedir un proceso interno democrático que pudiera poner en peligro el estatus de quienes de siempre han venido controlando la organización local y se han servido de ella.

Queremos que, una vez restituida, se convoquen elecciones internas con todas las garantías democráticas para lo que es imprescindible que se depure el censo de afiliados que está artificialmente inflado como consecuencia de las cainitas y estúpidas guerras internas entre campistas y zaplanistas.

Queremos presentar una candidatura sustentada en las bases de militantes, sin padrinos políticos ni tutelas, ofreciendo un programa y unos compromisos de actuación para la Junta Local basados en la democracia interna, en la participación permanente de los afiliados, en la formación política, en el debate interno, en la colaboración con los agentes sociales de la ciudad y en la exigencia a nuestros afiliados en cargos públicos de conductas honestas, ejemplares, transparentes y austeras. ¿A quién le parece mal esto? ¿Quiénes y por qué combaten con insidias estos objetivos?

Porque somos vecinos alicantinos comprometidos con nuestro partido y con nuestra ciudad nos duele profundamente el panorama muchas veces bastante desolador que se ofrece ante nosotros. No queremos permanecer inactivos ni pasivos, porque no podemos ser cómplices de una realidad que no nos gusta. Las cosas se pueden corregir desde dentro y si hubiese canales internos de debate y participación no haría falta salir a los medios de comunicación, muchos de los cuales por cierto nos ignoran, para expresar estas ideas. Cada uno de los militantes del PP de la ciudad de Alicante tenemos una responsabilidad que no podemos, ni debemos eludir por comodidad, cobardía o simple desánimo. En nuestras manos está poder cambiar las cosas.

Santiago de Munck Loyola

¿No debería mover ficha el PPCV?

Hoy, todos los medios de comunicación recogen la noticia sobre el procesamiento de tres miembros del antiguo gobierno autonómico de Camps. El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano que sigue la causa por supuesta financiación irregular del PPCV ha acordado procesar, nada menos, que al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y a las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such por tráfico de influencias y prevaricación.

Los tres ya estaban imputados desde hacía meses pese a lo cual no habían renunciado a sus escaños manteniéndose actualmente como diputados del Grupo Popular en Las Cortes Valencianas, aunque tanto Rambla como Such fueron relevados el pasado mes de octubre de los cargos que ostentaban en la dirección parlamentaria del PP valenciano, dentro de la política marcada por el presidente Alberto Fabra de dejar sin responsabilidades públicas a los cargos imputados en causas judiciales.

La semana pasada, también el Tribunal Superior de Justicia Valenciano condenó al Diputado Popular y ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, a 9 años de inhabiltación y tres de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad documental.  Tras la renuncia a su escaño, su puesto va a ser cubierto por la hija del ex alcalde de Alicante y diputado popular, también imputado, José Luis Díaz Alperi. Con ello, los diputados del Partido Popular imputados pasarán de 11 a 10 quienes, por cierto, podrían constituir formalmente un grupo parlamentario propio (el GRIMPO, Grupo de Imputados Populares).

Este desolador y antiestético panorama tiene responsables políticos directos y no son otros que los que, al margen de la opinión y la voluntad de la militancia del PP, confeccionaron y aprobaron las candidaturas del partido a las Cortes Valencianas, quienes conociendo, o debiendo conocer, lo que se avecinaba consintieron que se utilizaran los escaños para "blindar", o intentarlo al menos, la situación procesal de los afectados, quienes utilizan a su antojo las listas electorales para colocar a sus amiguetes y a los familiares de los mismos con independencia de su trayectoria política, sus méritos, su capacidad o su valía, quienes, en definitiva, prescinden en sus decisiones del interés general y del uso de las instituciones democráticas al servicio del bien común. 

Si alguien dentro del PP piensa que no pasa nada, que todo puede seguir así, que todo debe seguir bajo el control de los mismos, que no hace falta más participación de la militancia, ni más democracia interna se equivoca profundamente. Los que queremos éso, los que reclamamos y exigimos además ejemplaridad absoluta y respeto profundo a los Estatutos del Partido y a los principios ideológicos del mismo no somos los adversarios a batir. Al revés, los enemigos del PP son los que, por activa o por pasiva, propician estas situaciones, los que se aferran a sus puestos y sus privilegios, los que toman decisiones retorciendo los reglamentos y los estatutos sin consultar jamás a las bases, los que tratan una y otra vez (y lo hemos podido ver estos días) de estrangular cualquier proceso de libre concurrencia interna para perpetuar a "los suyos" en el poder territorial del partido. Ésos son los verdaderos enemigos del PP y de la sociedad alicantina. 

Así no se puede seguir. Ni los miles de militantes del PP se lo merecen, ni por supuesto los ciudadanos alicantinos y los que callan son tan responsables como el que más.

Santiago de Munck Loyola