Regeneración democrática.

La última encuesta del CIS viene a ratificar los planteamientos y preocupaciones que compartimos, al igual que la mayoría de los ciudadanos, los miembros del Foro Esperanza Popular y, sobre todo, el convencimiento de que hay que impulsar muchos cambios en la vida política para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En esta última encuesta la corrupción y el fraude se convierten en la segunda preocupación de los ciudadanos con un 40 % y la clase política en el cuarto problema con casi un 30 %. Y lamentablemente la inmensa mayoría de los casos de corrupción tienen su origen en comportamientos irregulares de una parte de la clase política. El distanciamiento de los ciudadanos hacia la clase política, hacia los partidos políticos y hacia las instituciones democráticas es cada vez mayor y resulta sorprendente la falta de reacción de los dirigentes de los partidos políticos, la falta de autocrítica ante esta situación y la ausencia de propuestas para corregir un panorama que, de mantenerse, supondrá el desmantelamiento del actual sistema.

Frente a la pasividad de unas élites cómodamente instaladas en sus privilegios y el rupturismo de los antisistemas y sus jaleadores, sólo hay una opción sensata, equilibrada y razonable y ésa no es otra que la que representa el reformismo, la regeneración democrática del sistema político. Mucho se ha escrito y hablado sobre la “regeneración de la democracia” y las interpretaciones sobre esta idea son siempre variadas y hasta en ocasiones contradictorias. Lo cierto es que ante una situación concreta, en este momento de grave crisis económica, política y social, el sistema político vigente, sus agentes y sus instituciones no cuentan con el aprobado de una buena parte de los ciudadanos. Y ello es así fundamentalmente porque de una parte no obtenemos las respuestas y soluciones que esperamos de nuestras instituciones y de otra es cada vez mayor la distancia entre el mundo oficial y el mundo real, el mundo de los políticos y el de los ciudadanos. Cuando el sistema no es capaz de satisfacer las necesidades más básicas de una gran parte de la población y cuando es en gran medida culpable de muchos de los problemas económicos y sociales del país es evidente que algo falla, que algo no funciona y que es preciso cambiarlo.

http://www.diarioinformacion.com/elda/2013/03/07/direccion-provincial-pp-lleva-genova-edil-imputada-caso-alumbrado/1350875.html

Regenerar la democracia es podar todas las ramas que se han secado, que no dan frutos o están enfermas para que vuelvan a brotar sanas y con más fuerza. Es poner guías que impidan crecimientos anómalos de algunas ramas y es abonar, regar y cuidar constantemente el árbol para evitar tener que acudir periódicamente a tratamientos de choque o para evitar simplemente su muerte. No se puede regenerar la democracia sin regenerar primero a sus agentes políticos, a los propios jardineros, es decir, a los partidos políticos. Hablar de separación de poderes en el estado, de racionalización de la estructura política del mismo, de responsabilidad política y penal, en su caso, de los gobernantes, de mejorar los niveles de representatividad de las instituciones democráticas, de devolver el protagonismo que le pertenece a la sociedad civil o de la independencia política frente a los mercados y grupos de presión es imprescindible en todo programa regenerador, pero es un brindis al sol si la regeneración no empieza por los propios partidos políticos, teóricos cauces de la participación ciudadana, que son los agentes políticos naturales en toda democracia.

La regeneración democrática para ser creíble debe empezar por quienes deberían llevar a cabo la regeneración del sistema político, por los partidos políticos y por la clase política. La democracia interna real, no sólo nominal, la participación permanente de los afiliados y simpatizantes, las listas abiertas, la limitación de mandatos, las incompatibilidades, la financiación transparente, la profesionalidad, la ejemplaridad y honradez de los cargos públicos son exigencias básicas para avanzar en un proceso de regeneración democrática realmente eficaz.

En las actuales circunstancias en las que a los militantes de a pie se nos amenaza con expulsiones simplemente por reivindicar estos valores y por ejercer la libertad de expresión y de crítica públicamente, ante la ausencia de canales internos, por diferentes decisiones arbitrarias consuela saber que no estamos solos, que cada vez hay más gente que comparte nuestras preocupaciones y objetivos, que hay gente que no vive de la política pero que vive la política con pasión, generosidad y altura de miras, y que está también dispuesta, sin miedos ni complejos, a seguir reivindicando la vigencia de unos valores que no son meros enunciados, sino exigencias de conducta personal que deben plasmarse en la acción política diaria. Y esa constatación se produjo en la primera reunión que ayer mantuvimos algunos miembros del Foro Esperanza Popular de Alicante con miembros del Foro Movimiento de Bases del PPCV. Ayer pudimos confirmar que no estamos solos y que vamos en la buena dirección.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

El Debate del estado de la Nación 2013.

Tras el paréntesis del año 2012, hoy se ha iniciado el vigésimo tercer debate sobre el Estado de la Nación, continuando con una tradición parlamentaria que se remonta al año 1983. Mucho ha cambiado España en estas tres décadas y mucho ha cambiado también el nivel parlamentario si se compara con aquel primer debate protagonizado por Felipe González como Presidente del Gobierno y Manuel Fraga como líder de la oposición. Hoy, los principales adversarios se han estrenado en sus funciones. Por primera vez, Mariano Rajoy ha intervenido como Presidente del Gobierno y Alfredo Pérez como líder de la oposición. Uno y otro habrán gustado más o menos a los ciudadanos que hayan tenido las ganas y la paciencia de seguir el debate, pero seguramente cada uno habrá convencido a los miembros de su bancada y, por supuesto, a los tertulianos y comentaristas políticos afines que no suelen andarse con matices.

Y ¿cómo está la Nación? ¿Mejor o peor que hace un año y medio? Pues depende de los parámetros que usemos para medir ese estado. Si nos quedamos en los síntomas, la fiebre sigue subiendo. Si nos fijamos en las causas parece que la infección que causaba la fiebre ha empezado a tratarse adecuadamente y que los antibióticos administrados empiezan, lentamente, a hacer efecto. Es evidente que a muchos les molesta que se hable de la herencia y piensan que se trata de una excusa para justificar el actual estado económico y social de la Nación, pero un año en los ciclos económicos es muy poco tiempo aunque a los ciudadanos se nos haga eterno. Hoy estamos donde estamos porque hace 5 ó 6 años no se adoptaron las medidas ni las reformas que debían haberse tomado o, por el contrario, se adoptaron decisiones que sólo han servido para agravar la situación actual. Hay quien va más lejos y apunta que nuestros males actuales provienen de los gobiernos de Aznar. Si fuera así, si estaban convencidos de ello, no queda más remedio que preguntarse cómo es posible que durante los 7 años siguientes no se hiciese nada por corregir el rumbo de la economía ni se propiciase un cambio en el modelo productivo. Es más, resulta inexplicable que durante esos 7 años se incidiese en ese modelo y se exhibiese como propios los logros derivados del impulso de aquellas políticas. Sólo hay que recordar lo de la “Champion league” de las economías y otras simplezas similares.

La Nación sigue teniendo fiebre, tos y dolor de cabeza. Se han aplicado fármacos que parecen que pueden funcionar y no hay tratamientos alternativos creíbles a la vista. Y es evidente que estos fármacos tienen numerosos efectos secundarios que a nadie gustan.

Hoy, el Presidente del Gobierno ha reconocido la persistencia de los síntomas y ha anunciado una serie de medidas para tratar de fortalecer el debilitado cuerpo de la Nación: estímulos para la contratación de jóvenes, impulso a los emprendedores, nuevas inyecciones para el pago a proveedores, modificación del sistema de ingreso del IVA, etc. Ha ofrecido un pacto a todos los grupos para combatir la corrupción y ha anunciado igualmente medidas concretas para su erradicación. También hay que resaltar sus referencias al problema territorial originado por los independentistas y su compromiso con la defensa de la Constitución y al respeto a la soberanía del pueblo español. Su intervención ha sido paralela, en gran parte, a la escala de preocupaciones de los ciudadanos que recientemente subrayaba la encuesta del CIS. Sin embargo, siendo la corrupción una preocupación de los ciudadanos y que está vinculada a una preocupación aún más importante como lo es la actitud de la clase política no ha hecho un análisis, ni ha esbozado ninguna propuesta que pueda hacer cambiar esa negativa percepción ciudadana. Tampoco ha querido entrar en ese tema el líder de la oposición que no debe compartir esa percepción negativa que los ciudadanos tenemos sobre la clase política y se ha centrado en el problema colateral generado por parte de esa misma clase política para utilizarla como arma arrojadiza. Parece que el estado de la Nación no es bueno, pero el de la clase política es estupendo a juzgar por la falta de autocrítica evidenciada en el debate.

Ambos líderes están “tocados” en su credibilidad política. El Presidente del Gobierno ha tenido el gesto, poco habitual por cierto, de reconocer que no ha cumplido parte de sus compromisos electorales por culpa de la situación que se encontró al empezar a levantar las alfombras del poder. Pero no se puede olvidar que si el trabajo que el Partido Popular desarrolló en su última etapa de oposición hubiese sido distinto, habrían podido tener, pese a las reiteradas mentiras del anterior Gobierno, un análisis mucho más ajustado de la situación real y ello habría impedido realizar promesas electorales que, de momento, no se pueden cumplir.

Por otra parte, el líder de la oposición es co responsable de las acciones y omisiones del anterior gobierno causantes, en gran medida, de la situación actual. Por citar el mismo ejemplo escuchado esta tarde en el debate, si en el 2007 empezaron a crecer exponencialmente las ejecuciones hipotecarias y su Gobierno no adoptó ni una sola medida de reforma e incluso se opuso en 2010 a la consideración de la dación en pago ¿qué credibilidad pueden tener sus críticas a las medidas que hoy adopta el nuevo Gobierno? ¿Qué credibilidad puede tener el líder socialista cuando teniendo más de 120 causas abiertas por presuntos casos de corrupción en toda España su gobierno no propuso ni adoptó ninguna medida para su erradicación?

Habrá a quien le interese quién ha ganado o perdido este debate, quién ha estado mejor o peor. Pero lo relevante, lo importante es saber si este debate ha servido para que los ciudadanos ganemos algo o no, para que la Nación perciba o no que sus políticos están haciendo lo que deben para servir a los ciudadanos. España está para pocas peleas de gallos. Necesitamos soluciones a los problemas del día a día y esperanzas de un futuro próximo mejor. Lo demás, sinceramente, aburre bastante.

Santiago de Munck Loyola

La clase política, la tercera preocupación de los españoles.

Durante las últimas semanas, la corrupción se ha situado en el primer plano de la agenda política y en titular permanente de los diferentes medios de comunicación. Este protagonismo, sin duda merecido, contrasta mucho con las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos según la última encuesta del CIS: el paro en primer lugar, la situación económica en segundo y la clase política en tercer lugar. A mucha distancia se sitúa la corrupción como principal preocupación para un 5 % de los ciudadanos. Es comprensible y saludable que los medios de comunicación conviertan a los diferentes casos de corrupción en titulares de sus portadas, pero no lo es tanto que los principales dirigentes de los partidos políticos, salvo excepciones, sigan el mismo camino. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de los partidos políticos, sino que existe en muy diferentes ámbitos de la actividad económica y social. La corrupción es, además, un problema que forma parte inseparable de la tercera preocupación de los españoles: el comportamiento de la clase política. El desapego y el hartazgo de muchos ciudadanos de la política y de los políticos no se debe únicamente por los casos de corrupción existentes, sino por actitudes y comportamientos de una parte de la clase política. Hay un desprestigio generalizado de la política y, por ello, la actuación de la clase política se ha convertido en la tercera preocupación de los españoles.

Proponer a estas alturas medidas concretas para luchar contra la corrupción no solamente es insuficiente, sino que, además, demuestra cierta ceguera o falta de perspectiva a la hora de abordar el problema de fondo. Es aplicar un tratamiento a sólo una parte del problema que es mucho mayor según percibe una buena parte de la población. El catálogo de medidas que recientemente ha propuesto el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, son, además de oportunistas, poco sinceras y bastante ineficaces porque no entran en el fondo del problema. Estamos viendo casos de corrupción imputables a la codicia de determinadas personas y casos de corrupción que responden a la necesidad de aplacar las insaciables maquinarias de los partidos políticos. Para los primeros, el mejor antídoto es la modificación de la Ley que rige las contrataciones de las administraciones públicas acabando con los criterios subjetivos de adjudicación existentes que permiten el uso de la discrecionalidad de políticos o técnicos. Para los segundos, además de lo anterior, es preciso reformar profundamente la ley de financiación de los partidos políticos para establecer una clara y pública contabilidad de los mismos, para acabar con las donaciones anónima y que todos podamos saber quién financia a quién y para eliminar cualquier subvención para los mismos. Los partidos deberían ser capaces de funcionar con las cuotas de sus afiliados y con las donaciones públicas recibidas y consecuentemente ajustar sus maquinarias y sus gastos a su propia capacidad de financiación. A lo mejor así, tendrían que volver a apelar al trabajo desinteresado de su militancia, al voluntariado y, con ello, se verían obligados a sustentarse en la democracia interna y en la participación de las bases.

Ha habido también quien en estos días ha ido más lejos en el problema que afecta a la imagen de la clase política, como Esperanza Aguirre. La Presidenta de los populares madrileños ha venido haciendo públicas algunas reflexiones que sí permiten aportar parte de las soluciones que habrían de impulsarse sino queremos que el sistema político se colapse. Algunas de estas ideas son interesantes y merecen ser desarrolladas. Ha hablado sobre la necesidad de que quien vaya a ocupar un cargo público haya cotizado previamente a la seguridad social, es decir, que sepa lo que es ganarse la vida por su cuenta, sin el paraguas del partido. Y tiene mucha razón. Todos conocemos a muchos cargos públicos, alcaldesa, concejales o diputados, que nunca han trabajado salvo en la política, que no saben lo que significa ganarse la vida en esta sociedad tan competitiva. No son políticos profesionales, algunos ni siquiera han sido capaces de terminar sus estudios, sino que son profesionales de la política. Sus méritos suelen ser la docilidad, el amiguismo o el parentesco. Empiezan con 23 ó 25 años a asesorar a un Ministro, como si supieran algo, y terminan sentándose en un escaño o dirigiendo un Ayuntamiento. Ahora bien, daña a la credibilidad de la propuesta cuando se formula teniendo a su lado al sonriente ex alcalde de Alcalá de Henares y diputado autonómico jugador de iPad en sesiones plenarias, Bartolomé González, que desde que tenía poco más de 20 años ha vivido siempre de la política.

Otra de las reflexiones lanzada por Esperanza Aguirre se refiere a la necesidad de implantar las listas abiertas para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes con más libertad y no mediante listas impuestas por los partidos. Sin embargo, de llevarse a cabo esta propuesta sin más no se cumpliría el objetivo deseado. Hoy tenemos listas abiertas en el senado y, sin embargo, los votantes señalamos con una cruz a unos candidatos impuestos por las cúpulas de los partidos políticos sin contar con la voluntad de sus propios militantes. Parece incongruente proponer más libertad al votante a la hora de elegir y no hacerlo en el ámbito interno de los propios partidos políticos. Una organización política con cientos de miles de afiliados a los que no deja pronunciarse sobre quiénes han de representarles en las instituciones públicas padece evidentemente de un déficit democrático. Sin abrir los cauces internos de participación previamente resulta insuficiente plantear las listas abiertas. Y lo mismo vales en cuanto al sistema vigente en la mayoría de los partidos para autoorganizarse: los procedimientos internos electorales van de arriba abajo y no a la inversa. Se eligen primero a los líderes nacionales, éstos después influyen para que resulten elegidos los regionales de su agrado y así hasta los locales. Con ello, todo el proceso electoral interno queda viciado.

Hay más cuestiones sobre las que se podría seguir hablando y que afectan a la mala imagen de la clase política: los privilegios fiscales, los beneficios en materia de pensiones, la falta de transparencia en sus gastos, el abuso de las instituciones públicas para la colocación de amigos o familiares, la falta de ejemplaridad de muchos, etc. Falta, en definitiva, un análisis más profundo sobre las causas que originan el desapego ciudadano hacia los políticos y la política en general. Hoy, más que nunca, cuando los problemas agobian a los ciudadanos volvemos nuestras miradas hacia quienes tienen en su mano la solución de nuestros problemas y, en muchas ocasiones, nos sentimos huérfanos porque percibimos que estamos en dos mundos, en dos realidades diferentes. Lo malo es que si no se corrigen a fondo esas causas, esos dos mundos terminarán por colisionar.

Santiago de Munck Loyola

Urdangarin y la Feria de las Vanidades.

Día a día, vamos conociendo el progreso de la causa judicial abierta por el llamado “caso del Instituto Nóos” con el Sr. Urdangarin y su socio, el Sr. Torres, como principales protagonistas del mismo. Hoy se ha hecho público un extenso auto judicial en el que se impone a los mismos una fianza civil de 8,1 millones de euros, una de las más altas impuestas en nuestra historia judicial. Queda mucho tramo por recorrer en este proceso y en los que, con seguridad, se derivarán del mismo. Sin embargo, hace tiempo ya que para una gran parte de la población y de los medios de comunicación más sensacionalistas la sentencia está dictada. Pos su posición, el Sr. Urdangarin, hace tiempo que se ha convertido en cualquier conversación en el gran aprovechado, en el gran chorizo de España.

El hecho de que sea el yerno del Rey da mucho morbo a cualquier noticia respecto a este asunto. Se han aireado los correos que al parecer se cruzaba con su socio, conversaciones privadas, noticias relativas a la presencia en esta trama de la Amiga” del Rey (la acompañante del Monarca en su triste cacería africana y en algún que otro viaje oficial costeado por los contribuyentes), insinuaciones sobre la actitud del propio Monarca o incluso la posible evasión fiscal de unos cuantos cientos de miles de euros (una gota de agua en este océano de cuentas suizas y corrupciones varias). Pero tratándose de su parentesco, todo es desmenuzado, interpretado, comentado y, a veces, manipulado. Urdangarin se ha ganado seguramente a pulso su situación y su socio por su parte trata de salvar el pellejo tratando de salpicar a todo el que pueda y cuanto más alto mejor.

Una cosa parece estar clara: Urdangarin aprovechó sus relaciones para obtener unos ingresos que de otro modo no le permitirían llevar el tren de vida que su posición, al parecer, le exigía.  Tal y como se dice en el auto del juzgado utilizó el Instituto Nóos como mero "paraguas de bondad y de ayuda al prójimo para desviarse fondos públicos" y que Urdangarin y Torres se pusieron de acuerdo para rentabilizar ante entidades privadas e instituciones públicas la "influencia" que se derivaba del "parentesco" del duque de Palma con la Casa Real. O sea, un fresco de tomo y lomo, un aprovechado como pocos.

Pero también se desprende del citado Auto algo quizás mucho más importante: que los gobiernos de Valencia y Baleares vulneraron el procedimiento administrativo para otorgar el dinero al duque de Palma y dispensarle así un trato de favor, de "vestir el santo con expedientes administrativos nulos de pleno derecho para adjudicar el dinero público a Urdangarin tras acordar verbalmente los contratos con él". El problema no nace de que Urdangarin fuera un espabilado que puso precio a unos servicios profesionales basados en sus parentescos políticos, sino de quienes estaban dispuestos a comprar esos servicios con el dinero de los contribuyentes. Ni Urdangarin, ni su socio han forzado ninguna caja fuerte, no han metido la mano en ninguna caja pública. Lo que hicieron fue poner precio a sus influencias y otros las compraron, metiendo para ello la mano sobre el dinero público. Son los políticos de turno los que compraron las relaciones y los servicios de estos pájaros. A Urdangarin nos lo tenemos que “comer” los españoles, como nos tenemos que “comer” a cualquiera que pase a formar parte de la Casa Real, aunque haya sido republicano, mientras no se cambien las leyes vigentes. Y como ahora, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, los príncipes se casan con quien quieren y no con quien deben, pues resulta que si los nuevos miembros de la familia real no pertenecen a la rica aristocracia se “buscan” la vida para tratar de mantener el estatus que piensan que han de conservar sus consortes. Y así nos luce el pelo.

Pero a los que han comprado los servicios de Urdangarin y de su socio, los que han metido la mano en la caja para comprar humo y oropeles, a esos no nos los tenemos que “comer”. A ésos los hemos elegido en las urnas para muchas cosas, entre otras, para administrar bien nuestro dinero y lo han malgastado miserablemente. Y lamentablemente, ésos, hoy por hoy, no están siendo noticia. Los titulares se los lleva Urdangarin pero no los verdaderos responsables del expolio, los que han traicionado la confianza de los ciudadanos, los que han comprado y pagado esta opereta. Los verdaderos responsables son los componentes de esa ristra de mediocres politicuchos deslumbrados por el falso brillo del duque consorte y de las regias puertas que suponían podía abrirles, esa caterva de incompetentes ávidos de fotos, de relaciones ilustres, doctores en debilidades humanas como la codicia, el esnobismo, la hipocresía, los engaños y la holgazanería intelectual. Políticos idóneos  para ser protagonistas de la feria de las vanidades de Thackeray para los que Urdangarin ha caído del cielo siendo un eficaz suministrador de remedios para sus complejos. Son ellos los que hoy deberían acaparar los titulares en primer lugar porque son ellos, y pronto conoceremos todos sus nombres, los que nos han traicionado.

Santiago de Munck Loyola

Poca munición para Rubalcaba.

Todo este jaleo que han organizado las informaciones sobre las cuentas suizas del Sr. Bárcenas está dando mucho juego político aún antes de que hayan aparecido todos los cabos sueltos que parecen existir. La corrupción siempre ha sido un arma arrojadiza entre los partidos políticos; el “y tú más” está y ha estado siempre a la orden del día. Pero en todo este lío aparecen algunas declaraciones y actitudes muy significativas. No estamos ante un asunto aislado, un posible caso de corrupción en el paraíso de la honestidad pública, sino de un caso más, cuyo alcance e implicaciones está aún por conocer, entre una larguísima lista de casos que alcanzan a prácticamente a todos los partidos que tocan o han tocado poder. Y por eso, porque no es el primer caso, ni desgraciadamente el último, llaman la atención las declaraciones de unos y otros.

Sin señalar a nadie resulta extremadamente sospechoso el silencio de algunos en torno a las cuentas suizas del clan Pujol o del padre del Presidente de la Generalidad catalana; o la afonía crónica que han venido padeciendo otros respecto al fraude de los ERES en Andalucía que han supuesto la desaparición de muchos más millones de euros que los apuntados al Sr. Bárcenas en Suiza o del escándalo de Santa Coloma; qué decir de la falta de petición de  excusas a los españoles por haber montado toda una trama de financiación ilegal de su partido a través de empresas como Filesa, Malesa y Time Export; o el silencio ante el latrocinio de fondos reservados, el BOE, los huérfanos de la Guardia Civil; o el mirar hacia otro lado cuando se habla de la operación Campeón. En fin que la lista de los silencios, y no de los corderos precisamente, es interminable. Sin ir más lejos, cuando hoy mismo se preguntaba a algún responsable socialista sobre el pago de 600.000 euros de una Fundación socialista, nutrida con fondos públicos, a familiares y amiguetes de los más altos dirigentes socialistas responden sin despeinarse que se trata de “pagos legales y, por supuesto, morales”. Y se quedan tan frescos. La Sra. Soraya Rodríguez no debe saber lo que el nepotismo. Y para qué mencionar los problemas tributarios de la Sra. Valenciano en la Comunidad Valenciana, en Alicante sin ir más lejos.

Sin embargo, al que hoy le ha debido traicionar el subconsciente es al Sr. Pérez Rubalcaba. Interrogado sobre la propuesta del Presidente Rajoy para concluir un pacto contra la corrupción el Sr. Rubalcaba se desmelena y lo rechaza diciendo que PSOE y PP no pueden dar la impresión de que llegan ahora a un acuerdo para tapar las vergüenzas de un caso de corrupción. No, no se trata de eso, un pacto contra la corrupción no se formula para tapar las vergüenzas de nadie, sino para adoptar de forma conjunta las medidas legales y políticas que conduzcan a imposibilitar que se vuelvan a producir casos de corrupción. ¿En qué estaría pensando el Sr. Rubalcaba? ¿Qué quiere tapar? Y tratando de sacar pecho, como lo describe algún medio de comunicación, el Sr. Pérez Rubalcaba ha proclamado que “en el PSOE no hay un euro negro, ni cuentas en B, ni comisiones ilegales”. Estupendo, ya era hora. Pero esa afirmación ¿qué significa? ¿Qué en los demás partidos sí las hay? ¿Tiene pruebas de ello?

Estamos atravesando no solamente una dura crisis económica, sino también una peligrosa crisis política e institucional. En este contexto los partidos políticos deberían hacer un gran esfuerzo por recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, cada vez más hartos de estos denigrantes espectáculos que manchan a toda una clase política compuesta en su mayoría por gente honesta. Hoy, como ayer, hay problemas de corrupción porque los partidos políticos no han resulto de forma clara el problema de su propia financiación y porque no han querido adoptar mecanismos de garantía y control en los procedimientos de contrataciones de las administraciones públicas o las regulaciones urbanísticas, ni han querido acabar con las grandes dosis de discrecionalidad que en ambos campos se aprecian. Es una asignatura pendiente y no se pueden permitir el lujo de volverla a suspender.

Le guste o no a la oposición socialista, la respuesta que el Partido Popular ha dado ante las informaciones publicadas sobre posibles irregularidades económicas ha sido rápida y certera. Tanto desde un punto de vista del funcionamiento interno del partido mediante una doble revisión de sus cuentas, como desde el punto de vista político con la próxima comparecencia de Montoro, el Presidente Rajoy ha establecido un camino transparente y lo ha hecho con una rapidez muy superior a la empleada por otros años atrás. Otra cosa es, y lo estamos viendo, que con estas medidas esté dejando sin munición a algunos francotiradores.

Santiago de Munck Loyola

Coincidencia entre Leguina y Aguirre.

No cabe la menor duda de que cualquier movimiento o declaración de la Presidenta Popular madrileña, Esperanza Aguirre, no pasa inadvertido y provoca ríos de tinta. No se han apagado aún los ecos generados por su salto profesional a la empresa privada, cuando se extiende con fuerza la nueva propuesta que en un programa televisivo ha lanzado. Bueno, lo que se dice nueva, no, porque la misma idea la lanzó hace tiempo el ex presidente regional madrileño, Joaquin Leguina, a saber, que para ocupar un cargo público habría que exigir una experiencia profesional previa del interesado, ya sea en el ámbito privado o en el público. Es decir, que habría que establecer una limitación de modo que no pueda ser cargo público quien “no haya cotizado a la Seguridad Social en otra cosa, que no haya sido autónomo, empresario, que no haya hecho cosa distinta en su vida". Hace unos meses Joaquin Leguina afirmaba "el PSOE tiene un defecto en la selección de personal. No puedes tener en un partido a gente que no ha trabajado en su vida". Según él, la "inmensa mayoría" de los dirigentes socialistas se encuentran en esa situación. La situación es muy similar en ambos partidos y los resultados de la misma están a la vista de todos. Gran parte de la clase política de nuestro país está compuesta por personas que nunca han sabido ganarse la vida por su cuenta, sin el amparo de las siglas de su partido, por personas que no saben lo que es y lo que cuesta la vida laboral y cotidiana de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y que, en consecuencia, carece de la experiencia, de la profesionalidad y, sobre todo, de la sensibilidad social suficiente para desempeñar con eficacia y ejemplaridad los cargos públicos que ostentan. Se trata de un grave problema de cuya responsabilidad, hay que decirlo, no están exentos los máximos dirigentes políticos.

La política española y las administraciones públicas en todos sus niveles, desde el Congreso hasta los Ayuntamientos, están repletas de claros ejemplos de criaturas sin experiencia profesional o sin cualificación suficiente para el desempeño de sus tareas, pero que han llegado lejos porque se han criado en el seno de las organizaciones burocráticas sabiendo hacer pasillos, relacionándose con quien convenía, no exponiendo ni una sola idea propia y siendo fieles ejecutores de instrucciones superiores por perversas que fueran. Peones de partido elevados a los puestos de responsabilidad por su docilidad fundamentalmente. No se trata de una generalización, no, junto a ellos hay excelentes profesionales pero que lamentablemente no son noticia.

Quizás el más claro ejemplo del resultado de los colocados de los partidos lo tengamos en el ex Presidente Rodríguez Zapatero, pero hay muchos otros casos que sirven para ilustrar los métodos y mecanismos de selección de los partidos y las consecuencias de ello. Resulta inconcebible, por ejemplo, que un señor sin militancia en el Partido Popular por el simple hecho de ser vecino veraniego del Sr. Rato en Carabaña sea designado, nada menos que responsable de los 178 organizaciones del PP en los pueblos de la Comunidad de Madrid, que tres años después sea designado diputado autonómico y que aún siga disfrutando de su escaño sin la más mínima preparación política e intelectual. También resulta igualmente poco justificable que una señora como Gádor Ongil, sin cualificación profesional, por el simple hecho de haber sido una de las secretarias en la oficina de Adolfo Suárez y de saber pavonearse por los pasillos descalificando hábilmente a muchos compañeros pase a ser concejala por el PP en 1995, después diputada regional y luego en 2008 sea nombrada, nada menos, que Consejera del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ahí tenemos también el caso del ex Alcalde de Alcalá de Henares, al que Esperanza Aguirre hizo diputado autonómico en las últimas elecciones y que se ha hecho famoso, junto con la diputada Isabel Redondo, por emplear el sueldo que le pagan los contribuyentes para jugar con su tablet mientras se discutían los problemas de la sanidad madrileña. Pues bien, Bartolo, sin estudios conocidos, era concejal a los 23 años y desde entonces no ha abandonado la moqueta oficial. ¿El resultado? Pues a la vista está.

La lista de colocados por las burocracias de los partidos, no por sus militantes, que carecen de cualificación profesional o de experiencia laboral “civil” o de ambas cosas a la vez es muy grande y el resultado de esta circunstancia no puede ser peor. También en Alicante tenemos buenos ejemplos de ello y pronto se pondrá aquí de manifiesto. Si a ello sumamos además la lista de los colocados por el poder de la genética nos podremos hacer una idea muy clara, aunque poco estimulante, del panorama con el que los partidos nos obligan a convivir.

Esta propuesta de Aguirre y de Leguina es buena pero manifiestamente mejorable y supone, cuando menos, un reconocimiento implícito de la parte de responsabilidad que les incumbe al haber consentido, impulsado o tolerado estas situaciones. ¿Experiencia laboral previa para acceder a cargos públicos? Sí, pero además, exigencia de cualificación y formación para su desempeño y aval de las bases de los partidos. Los cargos públicos no son premios para los fieles aunque así lo entiendan los partidos. Son puestos de servicio y responsabilidad hacia la sociedad y los dirigentes políticos deberían entenderlo y asumirlo de una vez.

Santiago de Munck Loyola

La izquierda incoherente y sin memoria reciente.

En los últimos tiempos y especialmente en la última semana buena parte de los dirigentes de la izquierda  nos están ofreciendo todo un recital de incoherencia, de amnesia selectiva y de cinismo político. Cuando uno escucha determinadas declaraciones y observa algunos comportamientos no tiene más remedio que preguntarse si estos dirigentes políticos se creen realmente lo que dicen y hacen o si creen que los ciudadanos somos tontos o desmemoriados. Cuanto más grandilocuentes son sus descalificaciones sobre las diferentes medidas que ha ido tomando el Gobierno de Rajoy más se pone en evidencia, de una parte, la urgencia de su adopción y, de otra, que los causantes de las mismas son sobre todo los solemnes vociferantes socialistas y sus satélites sindicalistas.

El actual aparato dirigente de lo que queda del PSOE tras el émulo de Atila, Zapatero, parece que ha hecho suyo el enunciado de Goebbels “una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad” y, por ello, se han lanzado a una frenética carrera para condenar la revalorización de las pensiones para el año 2013 aprobada por el Gobierno de Rajoy. Sin cortarse un pelo repiten mil y una vez que el Gobierno no sube las pensiones o que las ha congelado y poniéndose al frente de la manifestación, los socialistas, los únicos que en las historia de la democracia congelaron las pensiones en 2010, tratan con la complicidad de los amnésicos grupos parlamentarios de la oposición de utilizar como tercera cámara legislativa al Tribunal Constitucional. Y sin despeinarse. Hay que ser muy cínicos, tener mucha cara dura y despreciar mucho al ciudadano para enarbolar una falsedad semejante y presentar un recurso de inconstitucionalidad. Si presentan un recurso contra este incremento de las pensiones ¿por qué no lo presentan de paso contra la congelación del año 2010? Si por una de esas extrañas cosas que a veces pasan en el Tribunal Constitucional ganasen el recurso todos los pensionistas se lo agradecerían eternamente.

No ha habido ninguna congelación de las pensiones para el año 2013. El Gobierno ha aprobado una revalorización de las pensiones que, eso es cierto, no alcanza el incremento que el IPC ha sufrido en el último año pero que, en todo caso, sí supone una mejora de las pensiones superior desde luego a la que el tandem Zapatero-Rubalcaba aprobó en el año 2010. Seguramente el Gobierno habría deseado poder subir las pensiones incluso por encima del IPC pero no lo ha podido hacer, entre otras cosas, por el inmenso agujero en las cuentas públicas dejado por el Sr. Rubalcaba y sus conmilitones. Ni tenemos un Gobierno masoquista al que le encanta fastidiar a los votantes para perder votos, ni tenemos un Gobierno irresponsable subido en una nube fumando brotes verdes, ni tenemos, afortunadamente, un Gobierno de conjunciones planetarias. Se podría comprender que el incremento aprobado fuese discutido en cuanto a su distribución en función de la cuantía de las pensiones para reclamar más incremento para las mínimas y menor para las más altas, pero no a eso se han dignado los amnésicos pirómanos de las calles.

Otro de los aspectos en los que buena parte de la clase dirigente de la izquierda está dando sobradas muestras de su maestría en la incoherencia y el cinismo es de la sanidad pública y, en especial, la madrileña cuyo Gobierno Regional ha iniciado un plan de reformas que incluye la privatización de algunos servicios hospitalarios y de 23 centros de salud. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha venido insistiendo en que los centros sanitarios van a seguir siendo públicos y sólo va a privatizar determinados servicios complementarios. Algo que se parece mucho al modelo que se viene siguiendo en la Junta de Andalucía desde hace muchos años. El modelo de conciertos significa que centros sanitarios que son privados, "con gestión privada y actividad propia", realizan "alguna actividad programada que se encarga por parte del SSPA", afirmaba hace unos días  la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía. Puede, y aún no se sabe, que haya diferencias cuantitativamente en función de la cantidad de servicios complementarios a privatizar pero una cosas es cierta: cualitativamente parecen el mismo modelo.

Por último y por citar sólo un ejemplo más de la incoherencia y el cinismo de parte de esta izquierda poszapateril tenemos el caso de los ERE puestos en marcha por los sindicatos al amparo de la denostada reforma laboral y especialmente por CCOO. Tiene lo suyo que este sindicato, tan dócil y subvencionado con el Gobierno anterior, haya hecho un “casus belli” de la Reforma Laboral y que simultáneamente se apreste a aplicarla con devoción a centenares de sus propios empleados. ¿Cabe mayor prueba de incoherencia y de cinismo?

Mal camino es éste para que la credibilidad en la clase dirigente española pueda recuperarse. Cuando no es la derecha es la izquierda y cuando no las dos juntas. Los ciudadanos nos merecemos más respeto y algunos, que no todos, parecen empeñados en hacernos comulgar con ruedas de molino. Mal camino, sí señor.

Santiago de Munck Loyola

La partitocracia y los politicastros.

Hace un par de días entrevistaban en un programa de televisión a Manuel Milián Mestre, exdiputado y fundador del PP, quien entre otras muchas cosas señaló que en nuestros días estamos viviendo no sólo una crisis política, sino moral, subrayando que “en la política actual triunfan los oportunistas y los mediocres" y que éstos “ascienden al poder y los excelentes son apartados". Subrayó que "antes se llegaba con meritocracia. Ahora, con el codo y el amiguete". ¡Cuánta razón le asiste al exdiputado popular! La Política, con mayúsculas, una de las tareas más nobles a las que se puede dedicar un ciudadano se ha convertido en los últimos años en una actividad repudiada por la mayoría de la gente, como evidencian todos los estudios de opinión que en los últimos tiempos han venido siendo publicados. El descrédito de la política y de los políticos es una realidad de nuestros días que encierra enormes peligros para el sistema democrático si no se ponen medidas para corregirlo.

La Política cuya única razón de ser consiste en la consecución del bien común está siendo devaluada por sus principales actores en nuestro sistema, los partidos políticos y su producto más genuino, la clase política o casta política, como determinados autores la califican. Los partidos políticos, con el paso de los años, se han ido convirtiendo en maquinarias electorales, en agencias de colocación de amigos y familiares, que han sacrificado sus respectivos códigos de principios y valores a la rentabilidad electoral. Los partidos políticos en lugar de formular propuestas desde determinados principios y valores vienen modulando sus mensajes en función de lo que creen que puede resultar más agradable y atractivo al oído del elector renunciando, con ello, al liderazgo social que deberían ejercer. No se cuenta la verdad porque puede hacer perder votos. No se formulan compromisos porque luego hay que cumplirlos. No se defienden valores o principios porque ello puede ser políticamente incorrecto. Los partidos políticos han trabajado tanto para presentar envoltorios atractivos que han dejado a un lado la importancia del contenido. Las ideologías se han ido difuminando de tal manera que los partidos van perdiendo la conexión ciudadana que se sustentaba en la identificación con códigos de valores concretos.

Y los partidos políticos, en su actual configuración, han sacrificado igualmente la libertad interna, el debate ideológico en su seno, la renovación interior y la democracia interna a favor de una aparente unidad, de una homogeneidad y disciplina basada en una casta semi-funcionarial que se pone al servicio del superior jerárquico en lugar de las bases del mismo. Para “hacer carrera” en los partidos políticos no valen ni el mérito, ni la capacidad, ni siquiera el voto de los compañeros. Lo que sirve es el amiguismo, el parentesco, la sumisión, la docilidad y, sobre todo, no expresar en alto ninguna idea propia. Esa casta semi funcionarial está compuesta, en muchos casos, por gente que no ha tenido nunca una actividad profesional fuera de las alas del partido y es la que termina desembocando en los puestos públicos: ministros, diputados, alcaldes, concejales, asesores, etc. Hay cientos de ejemplos de ello, de gente que nunca se ha ganado la vida en la calle, que ni siquiera ha sido capaz de terminar unos estudios universitarios pero que, eso sí, en sus currícula utilizan auténticas filigranas lingüísticas para camuflar su indigencia profesional. Esta casta política, esta clase dirigente criada en las maquinarias de los partidos es la que ha venido gobernando y gobierna nuestras instituciones públicas y los resultados de su labor están a la vista de todo el mundo. Además, la endogamia propia de los partidos ha ido acompañada de una constante propensión ha invadir todas las esferas posibles de la sociedad controlando con sus mediocres peones toda aquello que pudiera servir a la satisfacción de sus necesidades: instituciones financieras, culturales, deportivas, educativas, asistenciales, etc.

En muchas ocasiones, al expresar el rechazo a esta clase política se utiliza, en tono despectivo, la denominación de los “profesionales” de la política. No creo que ser un profesional de la política deba ser considerado como algo necesariamente malo. La política debe tener un componente claramente vocacional pero como toda vocación, para ser desarrollada en plenitud, debe ir acompañada de cierta formación. Ser médico requiere tener vocación, pero además una determinada preparación para plasmar esa llamada concreta en una excelente profesionalidad. Cuando nos referimos a un médico como un excelente profesional no lo estamos haciendo en tono despectivo, todo lo contrario. Y lo mismo debería ocurrir en el ámbito de la Política. Sin embargo, del mismo modo que acudimos al mejor profesional médico cuando tenemos un problema de salud y no a un curandero, deberíamos acudir a los profesionales de la política y no a los politicastros. La mayor parte de los médicos, por seguir citando esta profesión, que he conocido son personas que, además de ejercer su actividad, siguen formándose a lo largo de su vida para estar al día en sus conocimientos y poder así ejercer mejor su profesión y qué raro es encontrar una actitud semejante en el ambiente político.

Los partidos políticos si quieren servir a la sociedad deberían realizar una profunda reforma de sus esquemas de funcionamiento, volver a las raíces y al verdadero significado de la política, del servicio a la ciudadanía y del bien común. Servir a la sociedad no es servirse de ella.

Estamos ante una crisis del sistema mucho más profunda de lo que algunos quieren ver. La clase política debe ser la primera en recuperar los valores que hacen de la política una noble tarea, una actividad que en estos tiempos, sobre todo, exige ejemplaridad y sacrificios de toda índole, incluso personales o económicos. El liderazgo político no puede seguir ausente en una sociedad cada vez más dolida y defraudada porque, de lo contrario, otras fuerzas surgirán abriendo un período de dura incertidumbre.

Santiago de Munck Loyola

El idioma en la reforma educativa: loable objetivo, errónea solución.

Sinceramente, lo que pasa en España ocurre en pocos países de nuestro entorno. ¿Se imagina alguien que en Francia o en Gran Bretaña los niños no puedan recibir su educación escolar en francés o en inglés? ¿Alguien ha sabido de algún padre alemán que haya tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo alemán para lograr que su hijo pueda recibir la educación escolar en alemán dentro del territorio alemán? A que no. Pues eso es lo que ocurre en nuestro país en medio del silencio de buena parte de los medios de comunicación, de la mayor parte de la clase política y, por supuesto, de los sindicatos. Algo tan normal y tan lleno de sentido común como el que un chaval pueda estudiar en español, en su lengua materna, si así lo desea, es imposible en ciertas partes de España. Algo tan lógico como poder trasladarse de una parte a otra de España y seguir los estudios con normalidad, sin traumas y con continuidad tampoco es posible porque los contenidos o el idioma pueden variar sustancialmente. La movilidad de los españoles dentro del territorio nacional se va restringiendo cada vez más merced al progresivo fraccionamiento de la mayor parte de los elementos que caracterizan a una sociedad cohesionada. Las particularidades territoriales se traducen año tras año en fronteras invisibles, pero reales.

Hoy, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha presentado a los consejeros autonómicos una nueva propuesta de reforma educativa que pretende, entre otras cosas, garantizar a los alumnos que lo deseen poder recibir la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial. Para ello, las autonomías que no garanticen este derecho en los centros públicos o concertados tendrán que pagar la matriculación en centros privados que enseñen en castellano, según consta en el borrador. Ante esta propuesta, la consejera catalana en funciones, Irene Rigau, ha manifestado que el proyecto es "el mayor ataque al catalán desde 1978" y ha añadido que atenta contra el modelo de escuela porque autoriza a los padres a escoger la lengua vehicular.

Dejando a un lado el hecho de que resulte asombroso que el Gobierno de una Nación tenga que legislar para que pueda ser usado el idioma oficial en la educación en determinadas partes de su territorio, lo cierto es que la reacción de la consejera catalana era más que previsible. Es normal que alguien que odia tanto las libertades individuales y que forma parte de un gobierno regional que se pasa las sentencias del Tribunal Supremo por el arco del triunfo, demostrase su respeto institucional y su talante democrático marchándose de mala manera de la reunión que esta tarde mantenían el Ministro y los consejeros de educación autonómicos. Una prueba más de que es necesario reformar la educación, aunque carezca de efectos retroactivos para determinadas personas. Lo cierto es que al día de hoy, no una, sino muchas sentencias del Tribunal Supremo (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/26/barcelona/1340715538.html

http://www.larazon.es/noticia/5106-cuatro-sentencias-obligan-al-govern-a-escolarizar-en-castellano-a-cuatro-ninos

http://www.lavanguardia.com/politica/20120626/54316682030/supremo-anula-vehicularidad-catalan-educacion-infantil.html) han amparado el derecho de los padres a elegir el idioma en el que quieren que sean educados sus hijos y, no sólo eso, sino que, además, han anulado diferentes preceptos de la legislación catalana. ¿Y cual ha sido la respuesta de las autoridades catalanes? Pues decir que no piensan cumplir las sentencias del Supremo (http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/604278/mas-dice-que-mantendra-la-imposicion-del-catalan-caigan-las-sentencias-que-caigan). Así de sencillo. Aquí hay patentes de corsos. A algunos les basta con envolverse en su bandera regional para vulnerar reiteradamente, con premeditación y alevosía, las leyes o las resoluciones judiciales y no pasa nada. Hay ciudadanos de segunda y políticos. Y lo mismo les da que el máximo órgano de la soberanía legisle en un sentido o en otro, si no es a su gusto estos demócratas de postin rompen la baraja.

Siendo más que loable que el Gobierno de España trate de preservar la igualdad de derechos de todos los españoles en todo el territorio nacional en el ámbito de la educación, lo que constituye un desatino es que para conseguirlo, para solucionar el problema generado por los incumplidores de la ley, los delincuentes políticos, haya que poner dinero público con matriculaciones en colegios privados. ¿No sería más sencillo obligar a cumplir la Ley y las sentencias igual que se nos obliga al resto de los ciudadanos? ¿Para qué están los fiscales? ¿Por qué si un cargo público prevarica hay que poner dinero de los contribuyentes? Mucho me temo que los complejos y la cobardía están detrás de esta pintoresca propuesta. La Ley debe ser igual para todos. Dura lex, sed lex. Y si no se está dispuesto a cumplirla, cámbiese la Ley pero no sigan tirando del dinero del contribuyente. Bastaría con que recordasen y aplicasen alguno o todos los siguientes artículos del Código Penal:

Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Artículo 410.

1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Artículo 511.

1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

Y los contribuyentes nos ahorraríamos un dineral, sí señor, además de limpiar algo la clase política.

Santiago de Munck Loyola

La paga extra para la ONG “políticos sin fronteras”.

A medida que se acercan las fiestas navideñas y se hacen más evidentes las consecuencias de la supresión de la paga extra para los empleados públicos crece la indignación, el cabreo y la impotencia de los afectados. Esta mañana, sin ir más lejos, charlando con dos compañeros la irritación y la indignación eran más que evidentes. El que más y el que menos contaba en su presupuesto personal y familiar con la paga extra y ahora su supresión borra de un plumazo muchas previsiones y desbarata las economías de millones de familias. Como es natural se lanzaban muchas preguntas al aire ¿por qué tienen que pagar los empleados públicos las consecuencias de la mala gestión de los políticos? ¿Por qué se rebaja el sueldo a los empleados públicos año tras año y ahora se elimina además la paga extra mientras que sigue habiendo gente que gana cientos de miles de euros con cargo a los presupuestos públicos? ¿Por qué se consiente que miles de políticos cobren de las arcas públicas más de un sueldo bajo el disfraz de dietas y complementos? ¿Por qué la clase política, responsable de esta crisis, sigue disfrutando de toda clase privilegios? ¿Por qué hay dinero público para rescatar a los bancos y no lo hay para pagar con justicia el trabajo de los empleados públicos? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que ayudar a los bancos hundidos por la pésima gestión consentida por los gobernantes? ¿En qué clase de país vivimos que unos empleados públicos se quedan sen paga y otros no según el territorio? La lista de preguntas era muy larga y el dedo acusador señalaba como culpable, curiosamente, al actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De poco valía intentar explicar que no era así porque el afectado sólo ve al que ha suprimido, en este caso, la paga extra y no ha quien nos ha conducido hasta aquí.

No me cabe la más mínima duda de que la supresión de la paga extra a los empleados públicos es profundamente injusta, sobre todo, porque no va acompañada de un sacrificio similar para toda la clase política cuya ejemplaridad vuelve a brillar por su ausencia. No basta con que los políticos hayan decidido aparentar ser solidarios prescindiendo ellos también de dicha retribución. No basta porque siguen conservando toda una clase de privilegios que se han otorgado ellos a si mismos tales como ventajas fiscales para los parlamentarios, coches oficiales, pagos en especie de toda clase, viajes gratis, comidas subvencionadas, cotizaciones privilegiadas para el cobro de sus pensiones, indemnizaciones injustas, percepciones retributivas públicas simultáneas de diferentes administraciones o empresas públicas, cuantías salariales inmorales e injustificables y todo un largo etcétera que define y caracteriza perfectamente la existencia de una casta superior que impone sacrificios a los demás mientras mantiene casi intacto su estatus. ¿Con qué cara se puede pedir a un empleado público que asuma este sacrificio mientras esa clase política permite que con dinero público se paguen sueldos de 100.000, 180.000, 750.000 ó 900.000 euros anuales? Porque estas cifras son ciertas y reales. No se trata sólo de sueldos de alcaldes o presidentes de comunidades autónomas, sino también de todos esos miembros de la casta partidista colocada en empresas públicas o en cajas y bancos sostenidos con ayudas públicas que se asignan tan estimulantes salarios. Ésa es una realidad incuestionable que ni éste ni ningún otro gobierno ha querido o ha podido abordar. Y que no nos cuenten que esas retribuciones tienen su justificación en las altas responsabilidades que sus trabajos conllevan porque es un cuento chino. Más responsabilidad tiene el Presidente del Gobierno o el Ministro de Hacienda y ganan diez veces menos que el Presidente de Bankia, entidad nacionalizada a la que van a parar miles de millones de euros públicos. Y para responsabilidad de verdad la de cualquier cirujano de la seguridad social, por poner un ejemplo, al que se le rebaja el sueldo y se le quita la paga extra en nombre de una austeridad y una solidaridad que en el fondo sirve también para que los intocables de la política se sigan forrando en nombre de España o de su sagrada autonomía.

¿No estábamos en la Champions League de las economías según Zapatero? ¿No teníamos el sistema financiero más sólido de Europa según este nefasto personaje? ¿No afirmaba sin el más mínimo rubor que hasta los franceses nos envidiaban? ¿No decía que esto no era una crisis sino unos simples desajustes temporales? ¿Y los brotes verdes? ¿Se los comió o se los fumó? Nada de nada. Y por dejarnos semejante herencia, en lugar de comparecer ante la justicia como en Islandia, ahí está, tan ricamente, cobrando 6.000 euros limpios al mes a costa de los españoles. Y como él muchos otros, todos tan tranquilos, sus cómplices sindicales y empresariales, sus palmeros subvencionados,  sus socios políticos y todos los que por acción u omisión nos han traído hasta aquí. Él fue el médico que no supo diagnosticar ni tratar adecuadamente la infección y ahora Rajoy es el médico que tiene que amputar y, por eso, se lleva la ira y el odio del paciente, entre otras cosas, porque no explica claramente  el parte médico. Una vez más, los fallos en comunicación son mortales.

Eliminar la paga de los empleados públicos es una chapuza con consecuencias inevitables en la caída del consumo y en la recaudación del IVA. Es un parche, un tratamiento sintomático poco eficaz porque sigue sin abordarse un tratamiento radical, ejemplar y profundo del uso del resto del dinero público que sigue siendo derrochado a manos llenas por una buena parte de la clase política, siempre instalada en el País de las Maravillas.

Santiago de Munck Loyola

Cataluña: ir por lana y salir trasquilado.

Si una cosa ha dejado muy clara Artur Mas es su propia incompetencia como político. De una parte, ha demostrado su incompetencia para gobernar su autonomía en una situación económica desastrosa heredada del tripartito hasta el punto de adelantar dos años el fin de su mandato. Y, de otra, ha demostrado largamente su incompetencia como estratega a la vista de los pésimos resultados electorales que ha alcanzado. Trató de encubrir su incapacidad para lidiar con la crisis sacando a pasear el estandarte independentista y convocó elecciones autonómicas solicitando de los votantes una “mayoría excepcional”, es decir absoluta, para poner en marcha su proyecto secesionista y lo hizo en términos plebiscitarios.

Los resultados de esta doble incompetencia, como gestor y estratega, son evidentes:

1º Artur Mas ha conseguido que su partido pierda 12 escaños en el Parlamento catalán, de 62 a 50. Es decir, el logro de este “brillante” estratega ha sido perder un 20 % de representación parlamentaria.

2º Con su envite independentista, Artur Mas ha logrado que la representación parlamentaria de los partidos independentistas se reduzca en dos escaños pasando de 74 escaños a 72.

3º Ha conseguido radicalizar la posición del electorado independentista al propiciar un importante incremento de los radicales de ERC que pasan de 10 a 21 escaños y la aparición de la CUP con tres escaños, lo que contribuirá a dificultar la gobernabilidad y la estabilidad de la región.

4º Artur Mas ha logrado igualmente proyectar una imagen internacional negativa tanto para Cataluña como para el resto de España, transmitiendo una sensación de inestabilidad política sin precedentes lo que, sin ninguna duda, supone una pérdida de confianza de las instituciones internacionales y de los inversores extranjeros.

5º Ha hecho que el debate electoral sobre los graves problemas económicos y sociales que aquejan a Cataluña quede relegado a un segundo plano en beneficio del debate secesionista y en perjuicio del contraste electoral de diferentes opciones para resolver los graves problemas que diariamente afectan a los ciudadanos.

6º Ha dejado a Cataluña sin la aprobación de un Presupuesto para el próximo año cuya elaboración por el nuevo Gobierno que haya de constituirse tras estas elecciones se demorará muchos meses, precisamente cuando es más necesario que nunca comparecer ante las instituciones europeas con unas cuentas públicas rigurosas que avalen la recepción de fondos y ayudas para intentar salir de la crisis.

Éstos son algunos de los resultados obtenidos por la cobarde apuesta soberanista del Sr. Mas. En definitiva, no gobernar, no tomar decisiones solventes para solucionar los graves problemas de los ciudadanos a cambio de una aventura que se ha saldado con un estrepitoso fracaso electoral. Los sueños y los deseos no han podido con la dura realidad de la que intentaba evadirse el Sr. Mas. También ha conseguido poner sobre el tapete el espinoso asunto de la corrupción política, ésa que, de creer a la subvencionada prensa catalanista, no existe en el llamado “paraíso catalán”. Parece incomprensible que distintos informes policiales elaborados hace ya dos años en los que se alude a supuestas cuentas bancarias de dirigentes nacionalistas en paraísos fiscales no hayan salido a la luz hasta ahora. Es cierto que su filtración en estos momento ha respondido seguramente a intereses electorales, pero no lo es menos que resulta cuando menos curioso, sobre todo en un país como el nuestro en el que se filtran continuamente diligencias judiciales declaradas secretas, que hayan permanecido ocultos durante tanto tiempo. ¿A qué se debe este sigilo? ¿A que cuando se investiga a determinados políticos por supuestas irregularidades fiscales existe un mayor celo y sigilo que cuando se trata de ciudadanos normales? ¿No comunica la policía sus sospechas a los inspectores fiscales cuando se trata de políticos? ¿Hacienda no actúa con el mismo celo que con cualquier ciudadano cuando el sospechoso es un político? Se trata en todo caso de un grave asunto que no puede quedar en el anecdotario de una campaña electoral. Hacen falta luz y taquígrafos para que los ciudadanos sepamos la verdad. Tenemos derecho a conocer si se ha tratado de una simple sucia maniobra electoral o si, en realidad, existe una auténtica olla podrida, escondida durante tiempo por cierta prensa y determinados políticos, de la que se nutren partidos y dirigentes catalanes.

Como en todo proceso electoral, siempre hay consuelo para todos. Los socialistas aparentan cierto alivio por no haber perdido tantos escaños como pronosticaban las encuestas. Perder casi un 30 % de su representación parlamentaria y cosechar el peor resultado electoral de su historia es todo un éxito para algunos pensando que podía haber sido mayor la pérdida. Los populares catalanes satisfechos también porque, a pesar del desgaste producido por las duras medidas presupuestarias del Gobierno de la Nación,  han aumentado en un escaño su representación aunque ello signifique que no hayan alcanzado aún el porcentaje que en 1995 alcanzó Alejo Vidal Cuadras, el 13,1 %. Hay un dato curioso: en las generales del 2011, el PP obtuvo el 20,7 % de los votos en Cataluña (Ciudadanos no presentó candidaturas). Ahora, el PP ha obtenido el 12,99 % y Ciudadanos el 7,6 % de los votos. La suma de ambos porcentajes es casi idéntica al obtenido por el PP en solitario en las generales. En medio de tanta autocomplacencia popular no estaría de más que alguna cabeza pensante analizase este dato y realizase algún tipo de autocrítica para corregir o modular internamente determinados criterios porque hay un hecho evidente: más de un tercio del electorado popular en Cataluña no vota al PP en las autonómicas y prefiere hacerlo a un partido que no tiene complejo alguno respecto a su españolidad y a la crítica al actual sistema autonómico.

Ahora se abre un período mucho más difícil y posiblemente convulso que el terminado el pasado domingo. Ahora podremos comprobar cuales son las nuevas prioridades de la clase política catalana, si dan prioridad a la resolución de los graves problemas sociales y económicos de los ciudadanos o, por el contrario, la prioridad es otorgada a las metas secesionistas e identitarias. Es decir, si los políticos están con la gente o con su justificación existencial.

Santiago de Munck Loyola