Madrid deja al aire las vergüenzas del PP.

Una vez más el Partido Popular vuelve a hacerlo: tirar piedras contra su propio tejado. Y no se trata de una afirmación gratuita, sino que las encuestas así lo ponen de manifiesto. La polémica en torno a la candidatura de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Presidencia del PP de la Comunidad de Madrid no es anecdótica, superficial o irrelevante. Todo lo contrario, se trata de una polémica que viene a desmontar todo el discurso supuestamente regeneracionista que Pablo Casado enarboló para alcanzar la Presidencia del Partido Popular. Algo tan básico, tan esencial como es la democracia interna del posiblemente mayor partido de España y único cono capacidad de articular una alternativa al socialismo y demás rémoras está en tela de juicio. 

Sin democracia interna en un partido no existe capacidad de control por parte de sus bases de la acción de sus órganos de dirección y, en su caso, de la acción de gobierno. La falta de democracia interna o su adulteración es la llave de entrada para la corrupción, es la puerta para el nepotismo y el amiguismo, siempre ligados a la corrupción, y la muerte de la meritocracia y el liderazgo genuino.

El principio es extremadamente simple: solo los afiliados de un territorio pueden elegir a su líder. Es fácil de entender, ¿no? En este caso, solo a los afiliados del PP de la Comunidad de Madrid corresponde elegir a su Presidente. Y ello implica que el proceso electoral interno debe ser limpio, abierto a cualquier candidato y libre de interferencias e influencias exteriores. Nada excepto la trayectoria política y las propuestas de cada candidato debe influir en el voto de los afiliados. Sin embargo, cualquier observador imparcial ha tenido la oportunidad de ver como durante los últimos meses distintos dirigentes nacionales del Partido Popular no han escatimado esfuerzos por expresar públicamente sus preferencias de modo que a los militantes les quede claro qué es lo que quieren y a quién prefieren. Pues no, esto no es democracia interna, esto no es regeneración, esto no es un nuevo estilo de hacer política. Esto es más de lo mismo, es seguir con las mismas pautas de conducta interna que durante décadas se han seguido en el Partido Popular y que, como era de esperar, también se siguen en Vox que, de tal palo, tal astilla.

 

El Sr. Casado, el Sr. García Egea o su nuevo mamporrero Fran Hervías podrán tener las preferencias que les plazca, podrá gustarles o no un determinado candidato para presidir el PP madrileño pero deberían “sufrirlo” en silencio porque lo que no pueden, ni deben es presionar o intentar influir en los afiliados madrileños quienes son, en última instancia, los verdaderos protagonistas del proceso de elección de su líder.

 

Es evidente que el lamentable espectáculo que los dirigentes nacionales del PP están ofreciendo en torno a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso solo puede estar siendo consentido por el propio Casado quien, con ello, está demostrando la propia debilidad de su liderazgo que parece percibir un peligro personal en el tirón electoral que Ayuso ha demostrado. Y lo que ya empieza a ser imperdonable es que, no sólo no ponga coto a las continuas injerencias del secretario general en el proceso electoral madrileño, sino que además consienta ataques personales filtrados desde Génova contra la Presidenta madrileña. Porque todo ello solo puede llevar al elector a varias conclusiones: 1ª Que en el PP nada ha cambiado salvo las caras. 2ª Que la democracia interna sigue brillando por su ausencia con lo que ello implica y 3ª Que el liderazgo de Pablo Casado es extremadamente débil y que por ello rehúye sustentarlo en liderazgos territoriales demasiado sólidos.

Y todo ello a mayor gloria de Pedro Sánchez que no debe preocuparse por una remontada electoral del PP.

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

La Justicia y la anchluss socialpodemita.

Los españoles nos encontramos en medio de una guerra política en torno a la renovación nada menos que del órgano de gobierno del tercer poder del estado, el poder judicial. Lo cierto es que nos hemos acostumbrado a situaciones que si las analizamos bien nos harían caer en la cuenta de lo anormal y poco democrático que resulta el hecho de que la clase política, encuadrada en los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, pugne por el control del tercer poder, el judicial, el poder que, entre otras cosas, debe controlar la legalidad de las actuaciones de los miembros del legislativo y el ejecutivo.

No le faltaba razón a Alfonso Guerra, allá por el año 1985, cuando afirmó que con la reforma socialista de la Ley Orgánica del Poder Judicial Montesquieu había muerto en España y con él la división de poderes, división esencial para caracterizar a un estado como democrático o no.

 

Lo cierto es que la poca calidad democrática de nuestro estado en este aspecto no es sólo responsabilidad de los socialistas, sino también, del Partido Popular que, una vez alcanzado el Gobierno con dos mayorías absolutas, se olvidó por completo de sus compromisos regeneradores para despolitizar a la justicia y prefirió seguir pasteleando con los socialistas el nombramiento de los miembros del Gobierno de la Judicatura, el Consejo General del Poder Judicial.

 

Para entender mejor la situación presente, conviene echar un vistazo a lo que la Constitución dice sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial y cómo los políticos han ido interpretando la misma a través de su desarrollo mediante la Ley Orgánica correspondiente. El Artículo 122 de la Constitución dice: 

 

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, … 

 

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

 

Hay que resaltar dos cuestiones importantes. Primera, que la Constitución no remite a una Ley Orgánica el procedimiento de selección de los miembros del Consejo. Segunda, que la Constitución sólo especifica que de los 20 miembros que lo componen, el Congreso designará a cuatro y el Senado a otros cuatro y que los doce restantes se designarán entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. Es evidente que la distinción establecida entre los 12 elegidos entre Jueces y magistrados y los 8 elegidos por las Cortes implica que la elección parlamentaria no es de los 20 miembros. Y así se interpretó en el Artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establece la presente Ley; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegido en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. Por tanto, inicialmente, 12 de los 20 miembros eran elegidos por y entre los propios jueces. Sin embargo, este sistema cambió con la reforma socialista de la Ley Orgánica en 1985, modificada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, en la que se estableció en el Artículo 567 que “2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del presente Título”, pasando, por tanto, la constitución del tercer poder del estado a depender de la voluntad del legislativo y, por ende, del ejecutivo. El Tribunal Constitucional avaló esta interpretación retorcida de la Constitución con el pretexto de que así se favorecía una mayor democratización de la justicia al favorecer la representatividad de las mayorías sociales, como si el Consejo General del Poder Judicial tuviera que ser una representación en miniatura del parlamento y no el gobierno de la judicatura.

 

La exigencia de que la elección de los miembros del Consejo fuera hecha por tres quintos de las cámaras obligaba a que, al menos, se produjese un consenso entre los dos partidos mayoritarios. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues que el Gobierno exige al PP que negocie la lista de vocales que han de votar las cámaras parlamentarias. El PP se niega a negociar con los dos partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, porque el segundo es un partido imputado y el Gobierno, en respuesta, amenaza con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría cualificada de tres quintos y convertirla, a la polaca, en mayoría absoluta. Y tanto el Gobierno como todo su coro de loritos periodistas se dedican a repetir que el PP actúa de forma irresponsable y en contra de la Constitución porque la renovación del CGPJ es obligatoria y lleva dos años de retraso.

 

Ya está bien de mentiras. En este asunto, como en muchos otros, la responsabilidad es compartida entre unos y otros. Si hay alguien actuando en contra de la Constitución hay que concluir que no sólo es el PP, sino todos, empezando por el Presidente del Gobierno. Y ello es así porque el ni el Gobierno, ni su Presidente pintan nada en el proceso de elección de los vocales del CGPJ. El poder ejecutivo no puede ni debe intervenir, y menos aún plantear exigencias, en una votación y un procedimiento que depende exclusivamente del poder legislativo. Por muy chuleta que sea el Sr. Sánchez y por muy matón de billar que sea su vicepresidente no pueden exigir a la oposición que se siente a negociar en los términos que a ellos les parezca conveniente. Nadie puede obligar al PP a sentarse a negociar con Unidas Podemos, con Bildu o con ERC. Y la razón por la que el poder ejecutivo carece de legitimidad para intervenir en el proceso deriva no sólo del sentido común, sino de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial vigente que en su Artículo 568.1 señala, como es lógico, que “Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. 

Si se trata de una decisión del poder legislativo es lógico que sean los presidentes de las cámaras quienes adopten las medidas necesarias para alcanzar la renovación del CGPL que en este caso pasan por la necesaria negociación entre grupos parlamentarios para alcanzar los consensos necesarios para llegar a los tres quintos de cada cámara. 

 

Es posible que sea mucho pedir a este Gobierno que trate de respetar la división de poderes, que trate de asumir que su poder y su competencia es limitado y delimitado por la Ley tanto en su espíritu como en sus formas, pero hay que seguir pidiéndoselo todos los días, así como al ejército de sumisos comentaristas y periodistas que lo jalean. Aquí no hay más incumplidor de la Constitución que un Gobierno con ansias de “espacio vital” que invade las competencias del poder legislativo para someter y conformar a su imagen y semejanza al poder judicial.

 

Santiago de Munck Loyola

Amores que matan.

El pasado lunes, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los representantes de las principales empresas del Ibex 35, soltó, una vez más, un discurso lleno de buenas y grandilocuentes palabras que no tenían más objetivo que presionar al principal Partido de la Oposición, el Partido Popular. Interpeló al PP a "arrimar el hombro" para impulsar la recuperación (0 sea, los presupuestos) y le pidió facilitar la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Proclamó frases como "España quiere y si España quiere, España puede, pero hemos de querer muchos" o “España necesita a muchos para arrimar el hombro" y apeló a "desterrar la pelea partidista" y a la "unidad". Es evidente que ningún responsable político podría poner objeción alguna a estas palabras si no se tuviera en cuenta quien y en nombre de quien las pronuncia. Cualquier incauto, ignorando la realidad de los hechos, podría suscribirlas sin pero alguno como han hecho algunos de los responsables de las empresas del Ibex 35.

Tan solo 24 horas después de pronunciar estas palabras y de decir además que el gobierno no quiere “confrontación” sino diálogo y colaboración, ya estaba la inefable portavoz del Gobierno, la Ministra Montero, poniendo a caldo al Presidente del PP tras su reunión con el Presidente del Gobierno con la que se iniciaba la ronda de reuniones con los portavoces de los Grupos políticos de la que este Presidente que apela a la unidad y al diálogo con todos ha excluido al tercer partido más votado de España, Vox, que representa a más de 4 millones de ciudadanos. ¿Puede caber alguna duda de la hipocresía y de la falsedad del Presidente del Gobierno?

 

Es muy posible que este discurso buenista, dialogante y patriótico del Sr. Sánchez pueda calar en muchas personas, pero basta un poquito de inteligencia y de sentido crítico para darse cuenta de que es tan falso como su tesis doctoral, de que se trata de pura propaganda política, de basura retórica. El Gobierno y su Presidente no quieren diálogo, quieren un monólogo, el suyo; no quieren negociación, sino imposición; no quieren aunar a las fuerzas políticas en torno a un proyecto compartido de reconstrucción nacional, sino silenciar a la oposición e impedir propuestas alternativas escudándose en un falso patriotismo. Un Gobierno en el que una parte del mismo veta posibles acuerdos presupuestarios con Ciudadanos carece de legitimidad alguna para reclamar acuerdos con las fuerzas de la oposición. Un Gobierno así no puede ir pidiendo a la oposición que apoye sin más unos presupuestos cuyas magnitudes aún se desconocen usando a los muertos y a la catástrofe económica como argumento.

 

El Presidente pide a todos “arrimar el hombro”. ¡Faltaría más! Cualquier español de bien está dispuesto a “arrimar el hombre” en una situación tan catastrófica como la actual, pero está dispuesto a hacerlo para reconstruir España, no para ahondar en la crisis; está dispuesto a hacerlo para fortalecer a España que es tanto como decir no beneficiar a los que pretenden destruirla y que brindan su apoyo al Gobierno, y éste lo acepta, a cambio de reanudar esa famosa Mesa para la independencia de las provincias catalanas. Y no va a quedar más remedio que felicitar a la Ministra Portavoz por decir por una vez la verdad, refiriéndose a las negociaciones con los independentistas, que al PSOE le une con ellos el “amor por España”, lo único a matizar es que ese tipo de amor que comparten socialistas e independentistas es letal, es uno de esos “amores” que matan.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

Un gatillazo sin paliativos.

Iniciamos una nueva semana caracterizada por la peculiar desescalada del confinamiento que ha puesto en marcha el gobierno tras el debate del pasado 6 de mayo en el Congreso sobre la prórroga del estado de alarma y la posterior votación. En ese debate se produjo una intervención especialmente llamativa, la del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Pronunció un excelente discurso en el que hizo una profunda y dura crítica a la acción del Gobierno frente a la pandemia y propuso una alternativa a la prórroga del estado de alarma con el uso de otros mecanismos legales tales como la ley general de sanidad, la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, la ley general de salud pública, el reglamento de enfermedades infecciosas o la ley de Protección Civil y la Ley de Seguridad Nacional. Mecanismos legales que permitirían al Gobierno mantener el Mando único y la limitación de desplazamientos y actividades. Una alternativa que además se adecúa mejor a las recomendaciones de la Unión Europea en el sentido de limitar el uso de estados excepcionales que restrinjan derechos. Casado subrayó los errores del Gobierno, la falta de autocrítica de éste y la falta de honestidad política al usar falazmente a los parados y autónomos como rehenes del estado de alarma para que no pierdan las ayudas económicas. 

En definitiva, este discurso crítico, duro y a la vez ofreciendo alternativas legales al abuso gubernamental del estado de alarma sólo podía conducir a una postura lógica y coherente que era la de votar no a la prórroga. Y más aún cuando el Gobierno que pedía el voto a la oposición no solo no se había molestado en negociar o dialogar con ella sobre esta prórroga, sino que, además, con una chulería y una desvergüenza más propia de cuatreros que de hombres de estado, se había permitido el lujo de proclamar que quien no votase a favor sería el culpable de los muertos que se produjeran. Pues bien, lo asombroso fue que con ese sólido discurso y con esos antecedentes el Partido Popular se abstuvo en lugar de votar no. Ninguna coherencia por tanto entre el discurso y el sentido del voto posterior. Una decisión que no aquietó al gobierno social-comunista cuyos tentáculos mediáticos y sus dirigentes redoblaron sus esfuerzos para seguir acosando y criminalizando a los responsables autonómicos populares y que, simultáneamente, supuso una gran decepción para muchos votantes populares.

Este peculiar posicionamiento del Partido Popular ha sido interpretado de muy diversas formas por los medios de comunicación y los analistas políticos. Hay quienes lo interpretan como un deseo de diferenciarse de la nítida posición de Vox al respecto, otros como una cesión al deseo de los barones regionales del PP quienes acosados en sus tareas de gobierno por los tentáculos del gobierno social-comunista confiarían, cándidamente, en que una abstención rebajaría la tensión, algo que evidentemente no ha ocurrido, todo lo contrario, y otros finalmente interpretan, con elevadas dosis de simplismo, la abstención como un guiño a las posiciones más centristas del partido y de los votantes. Sea como fuere lo que sí son evidentes son las consecuencias. El votante popular, en su mayoría y tras escuchar los argumentos del discurso, se han quedado un tanto descolocados. Ha sido un gatillazo en toda regla. Mucho ladrido y poco mordisco. Pero los ladridos han molestado mucho a la feligresía socialpodemita, profundamente refractaría a cualquier crítica y especialmente vengativa. Realmente resulta muy difícil desde un punto de vista político encontrar un solo beneficio en esta abstención. Quizás los haya y ojalá así sea, pero este humilde servidor no lo encuentra de momento.

Santiago de Munck Loyola

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¿Pactos? Sí, pero…

Si en algo tenía razón Pedro Sánchez antes de las pasadas elecciones generales es en que un gobierno de coalición con Podemos sería un gobierno de pesadilla, un gobierno que quitaría el sueño. Ayer mismo se produjo un incidente que pone de manifiesto que los socialistas no cuentan con un socio leal y no es la primera vez. 

Tras aprobar y anunciar el Consejo de Ministros a través de su inefable portavoz la Ministra Montero que los menores podrían salir de casa para acompañar a sus padres a supermercados, farmacias o bancos, acuerdo que había contado con el apoyo de los ministros podemitas, el inmediato y mayoritario rechazo social a este absurdo acuerdo movió a Pablo Iglesias a publicar en las redes sociales su propio rechazo a la medida por él mismo aprobada y a presentarse como intercesor ante el Ministro de Sanidad para anunciar una medida de desconfinamiento infantil diferente. 

Es decir, no tuvo empacho alguno en desvincularse de su acuerdo y de publicitarlo en las redes para aparecer como el “bueno” de la película. Esta esperpéntica situación no es un hecho aislado, lo pudimos comprobar con ocasión del anuncio de presentación de la renta básica, pero es que, además de evidenciar la fractura interna del gobierno, evidencia la ausencia de liderazgo y la más absoluta improvisación.

Nos mienten una y otra vez. No es creíble que la absurda medida de desconfinamiento infantil aprobada en el Consejo de Ministros y rectificada horas después fuese el resultado de seguir las recomendaciones de los científicos. Este gobierno ni sigue, ni ha seguido nunca las recomendaciones de los científicos, empezando por la OMS, porque de haberlo hecho no seríamos el país del mundo con más muertos por cada millón de habitantes. Y si ha habido un grupo de científicos que recomendó al Gobierno aprobar que los niños pudieran acompañar a sus padres a supermercados, farmacias o bancos que hagan el favor de hacer público sus nombres.

Un gobierno fracturado, con rivalidades internas, no es el mejor instrumento para combatir una crisis tan grave como la que estamos atravesando, ni cuenta evidentemente con la necesaria consistencia ni legitimidad para pedir apoyos incondicionales a la oposición y, mucho menos, para exigir llegar a un pacto para la reconstrucción de España. Y subrayo exigir porque así lo ha planteado el vicepresidente Iglesias al declarar que si el Partido Popular no se suma a los pactos se quedaría fuera de la Constitución. Sí, tal cual, como si el Sr. Iglesias se hubiera convertido en intérprete de la Carta Magna o como si hubiese descubierto alguna cláusula oculta en la misma que obliga a los partidos a llegar a acuerdos. Una payasada más del Sr. Iglesias que se permite al mismo tiempo cuestionar que el Jefe del Estado vista uniforme militar, a pesar de que la Constitución señala que el Rey es el Jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

No cabe ninguna duda de que la reconstrucción de España tras esta enorme tragedia requerirá acuerdos lo más amplios y sólidos posibles entre los partidos políticos y los principales agentes sociales. Pero es imposible plantear dichos acuerdos sin antes establecer un marco, unas reglas básicas para lograr su consecución. Dichos pactos deberían abrir las puertas a unas elecciones generales para que un nuevo gobierno los ponga en marcha. El primer escollo estriba en el convocante, el Presidente Sánchez, cuya fiabilidad a la luz de su trayectoria y de sus incumplimientos constantes deja mucho que desear. Es difícil suscribir un contrato con alguien cuando tienes constancia de que su palabra no tiene valor alguno. Superado ese escollo con altas dosis de generosidad sería necesario, antes que nada, abrir una comisión de investigación parlamentaria para saber por qué nos hemos convertido en el país del mundo con más muertos por cada millón de habitantes, por qué hemos llegado a esta dramática situación cuando contábamos con la tercera mejor sanidad del mundo, por qué somos el país del mundo con el mayor número de sanitarios infectados, por qué nuestro gobierno ha realizado compras de material sanitario defectuoso a través de empresas no aptas pagando sobreprecios escandalosos y poniendo en peligro la vida de miles de personas, en definitiva conocer, con luz y taquígrafos, cómo se ha gestionado la pandemia y exigir, en su caso, las responsabilidades a que hubiere lugar.

Hecho esto habría que determinar la finalidad de los pactos y eso conviene dejarlo claro porque no puede ser otra que la reconstrucción económica y social de España, un objetivo que seguramente no será del agrado de los socios del gobierno social-comunista, socios cuyo objetivo ha sido siempre precisamente el contrario, es decir, la destrucción de España. ¿Alguien en su sano juicio cree que Bildu, ERC, JXCat y demás quieren una España rica, fuerte y cohesionada? Y si el objetivo de los pactos no es el de la reconstrucción económica y social de España ¿para qué entonces los acuerdos? ¿para anestesiar a la oposición? ¿para blanquear al gobierno y a sus socios? Los pactos y los acuerdos suponen siempre cesiones mutuas entre los participantes en los mismos, implican renuncias programáticas para lograr puntos de encuentro, soluciones compartidas a los gravísimos problemas a los que nos vamos a enfrentar. Y no se trata solo de consensuar las medidas y reformas sociales que España necesita para garantizar el futuro bienestar de sus ciudadanos, sino también de acordar las reformas políticas e institucionales de todo aquello que ha supuesto un obstáculo para frenar la pandemia. Por poner un ejemplo, a casi nadie se le escapa que nuestro sistema autonómico en lo relativo a las competencias sanitarias no ha sido eficiente. Nuestro modelo, con la mayor parte de las competencias sanitarias transferidas a la Comunidades Autónoma, ha dejado un Ministerio de Sanidad ridículo, sin personal y efectivos suficientes para afrontar con eficacia las contrataciones urgentes de material sanitario. Y el resultado final ahí lo tenemos, en vez de un único agente contratante en los mercados internacionales, España ha concurrido a los mismos con 18 compradores distintos compitiendo entre sí. Algo ridículo e ineficiente. Pues bien, este ejemplo sirve para ilustrar el alcance de esos posibles pactos. Y no cabe duda de que exigirá mucha altura de miras, de generosidad y de patriotismo si queremos, de verdad, construir un futuro mejor para todos los supervivientes.

Santiago de Munck Loyola

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10 N una oportunidad perdida. El abismo más cerca que nunca.

Para todo aquel que hubiese ignorado las encuestas del CIS (por cierto, el Sr. Tezanos a estas horas sigue sin dimitir tras el ridículo y descrédito al que ha sometido al organismo que dirige) los resultados de las elecciones generales del pasado domingo no habrán supuesto una gran sorpresa. El PSOE con Pedro Sánchez ganó las elecciones convocadas por él mismo tras ser incapaz de aglutinar voluntades para lograr su investidura de candidato y lo hizo perdiendo casi 800.000 votos, tres escaños en el Congreso y 29 en el Senado con la pérdida, además, de la mayoría absoluta que gozaba en esta cámara. Todo un logro, sí señor. Un estratega fino el Sr. Sánchez. 140 millones de euros gastados, más otros 60 millones correspondientes a las subvenciones a los partidos políticos, para que el Sr. Sánchez pudiera mejorar los resultados de su partido y poder dormir tranquilo sin tener en el Consejo de Ministros a los podemitas.

Pero no, todo parece indicar que el Sr. Sánchez no podrá dormir tranquilo durante una larga temporada si logra los votos necesarios para su investidura tras haber firmado ayer un acuerdo para gobernar en coalición con la ultraizquierda de Unidas Podemos, con el Sr. Iglesias como Vicepresidente del Gobierno de España. Firmado este acuerdo, socialistas y ultraizquierdistas, tienen que ponerse enseguida manos a la obra para conseguir los votos necesarios para investir al Sr. Sánchez Castejón. Iglesias ya se ha puesto a ello y, cómo no, ya ha iniciado contactos con los golpistas catalanes para buscar su abstención al menos y con los proetarras de Bildu. Así, repitiendo la misma estrategia que en Navarra podrá el Sr. Sánchez salir a decir que él no ha pactado con los bilduetarras ni con los naZindependentistas catalanes.

Parece que de antemano tienen asegurado el voto de los naZionalistas racistas del PNV a los que les da igual ocho que ochenta, es decir, a los que siendo una derechona rancia y racista les importa un bledo el color económico del gobierno de España aunque tenga tintes bolivarianos. Bueno, no es que les dé igual exactamente, es que cuanto peor sea el gobierno español mejor para ellos. La ultraizquierda podemita sacudirá el árbol y ellos recogerán las nueces.

Ha ocurrido lo que algunos dijimos que iba a ocurrir si el centroderecha no concurría unido a estas elecciones convocadas en medio de una grave crisis de supervivencia nacional. El centroderecha constitucionalista volvió a mirarse al ombligo y se presentó por separado. Y el resultado de tan poco patriótica decisión es que teniendo más votos que la izquierda, ésta ha ganado en número de escaños.

Según la proyección de escaños realizada por el Diario ABC de haber articulado candidaturas únicas en torno a la propuesta de Pablo Casado, España Suma, el centroderecha habría obtenido mayoría absoluta 177 escaños en el Congreso. Ni siquiera tuvieron la generosidad ni la altura de miras para presentar candidaturas únicas al Senado perdiendo la ocasión de hacerse con una mayoría absoluta en el Senado, imprescindible para poder activar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución.  Y esto es algo que sus votantes ni podemos ni debemos olvidar. Ninguno de los tres líderes de la derecha ocultó que la situación política española era y es de extrema gravedad con el independentismo violento en auge e incendiando las calles y con un gobierno izquierdista débil y acomplejado incapaz de articular un proyecto de cohesión nacional, pero dos de ellos, Rivera y Abascal, se negaron en redondo a aceptar la propuesta de Pablo Casado. ¿Es eso patriotismo? Pues no, por muchas banderas españolas que enarbolen, es simplemente egoísmo partidista y falta de visión de Estado.

El PP se ha quedado con 88 escaños en el Congreso, Vox con 52, Ciudadanos con 10 y Navarra Suma con 2. Podrán estar satisfechos, salvo en el caso de Ciudadanos, por aumentar su representación parlamentaria, pero no porque esos resultados sirvan para mejorar la situación política de España.

Resulta llamativo que el electorado haya castigado a Ciudadanos, según los comentaristas políticos más asiduos en los platós televisivos, por cumplir precisamente su compromiso electoral de abril, es decir, no facilitar la investidura de Pedro Sánchez y “su banda”. Quizás la explicación haya que buscarla en el hecho de que la radicalización del ambiente político no favorece las posiciones moderadas y en el incesante bombardeo crítico de la Secta y los medios afines por haber facilitado gobiernos regionales en Madrid, Andalucía, Murcia o Castilla y León. 

En todo caso si finalmente el PSOE y la ultraizquierda podemita logran la investidura del insomne de la Moncloa el centroderecha dispondrá de un período de quizás un año o dos para, además de cumplir su obligaciones como oposición, tratar de refundar un espacio político de cara a las siguientes elecciones, sea bajo la fórmula de coaliciones electorales, sea bajo unas nuevas siglas unitarias. Creo sinceramente que la situación crítica de España lo exige. Está en juego la defensa de la soberanía del pueblo español y, por tanto, la vigencia de la Constitución y de la unidad de España. El reto merece la pena. Superar diferencias políticas, personalismos y antiguos rencores es una obligación patriótica.

Santiago de Munck Loyola

10-N una fecha para el cambio.

Ya solo quedan 6 días para que se celebren las elecciones generales convocadas tras el fracaso del líder socialista, Pedro Sánchez, para alcanzar un pacto de investidura con otras fuerzas políticas. Hay que recordar lo que el Sr. Sánchez dijo respecto a la fallida investidura de Rajoy: "La responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es exclusiva del señor Rajoy por ser incapaz de articular una mayoría". Pues eso, el único responsable ahora de que repitamos las elecciones generales se llama Pedro Sánchez por haber sido incapaz de articular una mayoría. Y no será por falta de experiencia porque Pedro Sánchez es el único candidato de nuestra historia democrática a la investidura que por dos veces ha perdido la votación. Todo parece indicar que el problema para alcanzar acuerdos de gobierno no está en los demás, sino en el propio Pedro Sánchez.

Quedan seis días para la repetición de las elecciones y llueven las encuestas que parecen coincidir al menos en las tendencias, excepción hecha, claro está, de la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas dirigido por el inefable Sr. Tezanos que, por cierto, tuve como profesor en la UNED. Pero si hay algo significativo en todas las encuestas es que a seis días de las elecciones casi un tercio de los votantes no tiene aún decidido su voto por lo que esta semana puede resultar decisiva para que se pueda producir un vuelco electoral. Todas las posibilidades están abiertas desde que se reproduzca un triunfo insuficiente del PSOE para poder intentar formar gobierno sin el apoyo de los independentistas hasta que el centro derecha, a pesar de su fraccionamiento, logre sumar los escaños suficientes como para poder formar gobierno.

Seis días de campaña pueden servir para mucho, para inclinar la balanza en favor de un lado u otro del espectro político. Atrás queda la farsa de las negociaciones del PSOE con los podemitas y su lamentable espectáculo suplicando la abstención de los demás “gratis total” para que el Sr. Sánchez fuera investido Presidente del Gobierno por su “cara bonita” sin tan siquiera ofrecer a cambio un pacto de estado para tratar de reconducir el problema más grave que afronta nuestra nación, el desafío independentista;

atrás queda la utilización electoralista del traslado del cadáver de Francisco Franco, único compromiso cumplido por el Sr. Sánchez de todos los que desgranó en la moción de censura y que ha servido, entre otras cosas, para desenterrar viejos odios y rencores y para que afloren toda clase de mentecatos y embusteros, como la Sra. Irene Montero, pregonando la falacia de que España es el segundo país del mundo con más fosas comunes en las cunetas;

atrás queda la indecencia política de los socialistas puesta de manifiesto en sus pactos locales y autonómicos al ponerse de acuerdo con los independentistas o con los herederos de la ETA para copar el gobierno de instituciones públicas; atrás quedan muchas otras cuestiones pero sus ecos van a resonar durante estos próximos días como los  pésimos datos del empleo o la progresiva desaceleración económica que nos aboca a otra crisis económica sin que el Gobierno de España haya adoptado ni una sola medida para corregir el rumbo económico.

El principal problema que tenemos por delante es resolver, o por lo menos poner las bases necesarias para su futura resolución, la situación de Cataluña. Una minoría independentista está usando todos los medios a su alcance, legales o ilegales, para imponer sus objetivos sobre más de la mitad de la población catalana y sobre el conjunto del pueblo español. No tienen ni siquiera el respaldo electoral suficiente pero ello no ha sido obstáculo para que empleen incluso la violencia para alcanzar sus propósitos. No se trata del “problema catalán”, no. Se trata de un problema español, nacional. Y no se puede seguir jugando con el lenguaje, ni disfrazando la realidad.

No cabe diálogo alguno con quienes pretenden, desde posiciones racistas y xenófobas, destruir la soberanía del pueblo español. No cabe diálogo alguno con quienes no respetan la democracia, con quienes nos niegan la existencia como Nación para poder reivindicar la suya. Cuando dicen diálogo, quieren en realidad decir rendición. Pues bien, este grave problema requiere ideas claras y firmeza democrática. Quienes edulcoran la realidad enarbolando un diálogo imposible no sirven; quienes ignoran la realidad hablando de “nacionalidades”, sacando el término del contexto histórico en el que se introdujo en la Constitución, tampoco.

Siendo éste el principal problema, tampoco podemos olvidar el desempleo, la economía. Los datos más recientes son más que preocupantes. La desaceleración es más que evidente y se refleja en la pérdida de la capacidad de creación de empleo, salvada en el último trimestre por la creación de empleo público.

Europa ya le ha tirado de las orejas al gobierno sanchista: sus previsiones presupuestarias son tan sólidas como la tesis doctoral del titiritero de la Moncloa y hay que recortar 7.000 millones de euros que, como siempre, terminarán afectando sobre todo a la clase media.

Ante este panorama, los ciudadanos de centro derecha tenemos tres opciones electorales significativas: PP, C´s y Vox. Cada uno de nosotros debemos hacer en primer lugar un esfuerzo por promover la participación en nuestro entorno electoral afín. Y en segundo lugar valorar cuál de estos partidos puede afrontar mejor el problema del independentismo y el problema económico. Ojalá que el centro derecha hubiera concurrido con un mayor grado de integración a estas elecciones porque la situación de España lo requería, pero no ha sido posible. Con las encuestas en las manos, aún estarían a tiempo de retirar aquellas candidaturas sin posibilidades de obtener representación en las circunscripciones electorales más pequeñas, pero lamentablemente no lo harán. Así que nos toca a los electores votar con más inteligencia y eficacia para no regalar escaños a la izquierda al dispersar nuestro voto en opciones políticas sin posibilidad de éxito. Y en cada provincia será distinto.

Yo esta vez lo tengo más claro aún. En Alicante la izquierda está entregada al pancatalanismo desde el PSOE hasta los podemitas, pasando por los errejonistas de la mano de Compromís. Y por el centro derecha sólo el Partido Popular, con el que he sido muy crítico, me ofrece la confianza suficiente, por su potencia, por su programa y por sus candidatos como para darle mi apoyo el próximo 10 de noviembre. Sé que con ellos la Provincia de Alicante estará mejor representada que con sus rivales electorales.

Santiago de Munck Loyola