Huelgas y servicios públicos.

El pasado mes de noviembre tocó a los vecinos de Madrid sufrir las consecuencias de la huelga de los empleados de las empresas concesionarias de los servicios de limpieza viaria. El conflicto que enfrentaba a trabajadores y empresas concesionarias tenía su origen en la entrada en vigor el 1 de agosto de un nuevo contrato que integraba los servicios de limpieza y de jardinería y por el que las concesionarias iban a recibir un 16% menos de dinero por hacer el mismo trabajo. Las empresas que voluntariamente habían suscrito el nuevo contrato decidieron plantear un ERE con el despido inicial de 1.400 trabajadores, rebajado posteriormente a 1.134. Y la huelga cuyas consecuencias pagaron los contribuyentes estalló. Tras varias jornadas de huelga y la aparición de la empresa pública Tragsa para paliar los graves efectos de la huelga, empresas y trabajadores llegaron a un acuerdo y la huelga fue desconvocada. La semana pasada le llegó el turno a nuestra ciudad. En esta ocasión, a los cinco meses de que el Ayuntamiento otorgase el traje a medida, perdón, el contrato del servicio de recogida de basuras por 12 años al único licitador, cosa extraña en este país donde a cualquier licitación pública acuden decenas de empresas, la UTE de la que forma parte la empresa ¡Oh casualidad! del Sr. Ortiz, el de la fiesta en pijamas con la Sra. Alcaldesa, se inició una huelga por parte de los trabajadores de este servicio municipal. Tras varios años de recortes en las condiciones de los trabajadores del servicio municipal impuestos por parte de INUSA, empresa que forma parte de la UTE que hace 5 meses se vio agraciada con el suculento contrato municipal, se quería producir una nueva vuelta de tuerca pretendiendo eliminar el convenio vigente. Parece que, al final y gracias a la huelga, el ajuste se va a limitar a tres años sin subida salarial (la empresa quería cinco), media hora más de jornada que antes, un máximo de 40 días anuales de baja por enfermedad común por cada trabajador y mantener 21 días de vacaciones entre octubre y mayo, principalmente. Y, en estos días, también en una importante localidad, Alcorcón, se está desarrollando otra huelga del servicio de recogida de basuras.

La falta de recursos económicos, el despilfarro y la mala gestión está empujando a muchos ayuntamientos a reducir de forma importante las partidas destinadas a servicios públicos básicos y esenciales como la limpieza viaria o el tratamiento de residuos. Pretenden que con menos dinero se sigan prestando esos servicios sin importar, al parecer, que ello repercuta en la calidad de las prestaciones. Y en esta estrategia parece que participan, sin ningún reparo, las empresas concesionarias que, al final, hacen recaer los recortes en los trabajadores con el fin de mantener e incluso incrementar sus beneficios empresariales a pesar de la dureza de la crisis. Hasta ahora al obtener una adjudicación de un contrato para prestar estos servicios públicos, el adjudicatario se subrogaba en las relaciones existentes con los trabajadores que venían prestando el servicio para el antiguo adjudicatario. Sin embargo, los últimos conflictos evidencian que ya no es así. Las empresas licitan a la baja y automáticamente intentan repercutirla en los empleados con el consiguiente deterioro del servicio público prestado mediante la gestión privada.

El debate sobre la gestión pública o privada de servicios públicos siempre ha estado presente entre los partidos políticos y últimamente los ciudadanos hemos podido asistir a la confrontación dogmática entre la izquierda y la derecha. Hay quienes defienden a ultranza la bondad de la gestión privada y tratan de identificarla con una mayor economía y eficiencia y desde posiciones ideológicas contrarias se defiende la gestión pública de los servicios públicos como la única válida. Sin embargo, se trata de un debate falso y tramposo. Los que en un municipio o en una comunidad defienden la gestión pública a ultranza, resulta que en no pocas ocasiones allí donde gobiernan no tienen reparo alguno en apostar por el modelo de gestión privada. Basta recordar que, por ejemplo, en Rivas Vaciamadrid, quizás el municipio más grande gobernado por IU con mayoría absoluta, la Empresa Municipal de la Vivienda está gestionada por una empresa privada mientras el Ayuntamiento se manifiesta una y otra vez contra cualquier iniciativa privatizadora del gobierno regional madrileño.

Sin embargo, la elección entre una fórmula u otra no es tan simple ni puede obedecer simplemente al color político del gobernante. Hay que tener en cuenta que al coste de cualquier servicio público hay que añadirle cuando está privatizado o externalizado, como gusta a algunos denominarlo, el importe del IVA que cada Ayuntamiento ha de abonar a la empresa gestora y el propio beneficio empresarial de la misma. La diferencia entre la gestión directa o a través de un concesionario sería mucho menor si las administraciones públicas no tuvieran que pagar el IVA en los casos de gestión de servicios públicos a través de empresas privadas, pero no es así y no parece que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a aligerar la presión fiscal a los municipios ni a los contribuyentes. La elección entre la gestión privada o pública de los servicios públicos no puede ni debe depender de dogmas políticos, de ideologías, sino del sentido común, de las características propias del servicio a prestar, de la capacidad operativa de la administración, de la capacidad económica y de la cualificación de los gerentes del mismo y, sobre todo, de la obligación política de prestar al ciudadano los mejores servicios con la máxima eficiencia.

Desgraciadamente no siempre impera el sentido común ni gran parte de la clase política dirigente está a la altura para asumir y poner en marcha retos semejantes. Da la sensación que muchas veces se opta por el camino más fácil. Seguramente, nuestro Ayuntamiento cuenta con la capacidad humana y técnica para ofrecer muchos servicios públicos de forma directa y con unos niveles de calidad y eficiencia similares o superiores a los de muchas empresas pero da la sensación de que falta la voluntad, la valentía y la capacidad en sus rectores para apostar por ello o que priman más los intereses particulares que los del conjunto de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola

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Rivas: sigue el melodrama “Todo sobre tu ladrillo”.

Tras la tregua de las fiestas navideñas, los ripenses y los ciudadanos en general han podido asistir a un nuevo capítulo del divertido e interesante melodrama que bien podría titularse “Todo sobre tu ladrillo”, interpretado por los dirigentes de Izquierda Unida de Rivas-Vaciamadrid. Las miradas y la atención del público se han dirigido allí donde el Alcalde, José Masa, ha dirigido el foco, al ladrillo de la vivienda de su adversario Pedro del Cura. Hay que reconocer que el Sr. Masa siempre ha sido un político hábil, de principios escasos o mudables, pero hábil. Haciendo uso de esos principios no ha tenido reparo alguno en filtrar o dejar que se filtre al Diario conservador la Razón, y de éste a todos los medios, la situación de la vivienda de su adversario. Todo el mundo anda hablando sobre la vivienda de Pedro del Cura, que si es muy grande, que si es de VPO, que si ha cometido infracciones administrativas, que si se otorgó a si mismo una licencia de obras, etc. Y mientras se habla de ello no se habla de lo fundamental, es decir, del ladrillo del Ayuntamiento, de qué hay del desfase contable de 21 millones de euros en la Empresa Municipal de la Vivienda.

Y si hábil es Masa hay que ver qué torpes son otros. Por la banda izquierda, el Sr. Pedro del Cura se apresuró a emitir un comunicado lacrimógeno sobre el origen de su patrimonio y el de toda su familia cercana remontándose en el árbol genealógico hasta el segundo o el tercer grado. Penoso, pero sería interesante conocer el nombre del responsable de comunicación de IU para que Masa le proporciones un puesto de trabajo municipal, si aún no lo tiene, y que el PP le condecore. La segunda torpeza por la misma banda no es otra que la de convocar una consulta interna para intentar deslegitimar a un alcalde elegido por mayoría absoluta y conseguir que, pese a la tremenda gravedad del asunto, apenas el 55% de los afiliados de Izquierda Unida acudiese a votar. Realizar una consulta así podrá tener su valor de puertas adentro pero cuando se publicita como se ha hecho, un demócrata no tiene más remedio que recordar que la legitimidad y la soberanía para elegir o destituir a un Alcalde está en el Pleno de la Corporación y que lo que por allí no pase podrá ser muy “caribeño” pero carece de valor alguno. Y para torpeza, por la banda derecha, la del Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, que anunció el martes pasado al ser preguntado sobre las presuntas irregularidades en las reformas de la vivienda de Pedro del Cura que su Consejería estaba "abriendo diligencias previas" para "analizar e investigar" dichas obras y que "cualquier obra que se produzca en una vivienda protegida se debe comunicar previamente a la Comunidad de Madrid". Y se ha quedado tan ancho. Debe ser que su Consejería no tiene problema más urgente que investigar las denuncias de La Razón y Pepe Masa. Como es de suponer que el Sr. Consejero no desea hacer una aplicación discriminatoria de la Ley deberá abrir también diligencias a las miles de viviendas protegidas que en Rivas-Vaciamadrid han sido objeto de reformas, la inmensa mayoría sin comunicación previa a la Comunidad y una buena parte de ellas incluso sin licencia municipal. ¿O se va a limitar a la de Pedro del Cura? Todo el mundo sabe que en el municipio hay centenares o quizás miles de viviendas unifamiliares protegidas que rebasan el límite legal de superficie porque cuentan con sótanos, buhardillas o anexos no legalizables ni por las limitaciones del régimen de VPO ni por los parámetros de edificabilidad municipales. Y entre ellas, por ejemplo, seguramente las de muy altos cargos del Gobierno Municipal del sector del Alcalde. Pues nada, que desembarquen decenas de inspectores de la Comunidad y que paseen por la calles del municipio. Se van a poner las botas a multas. Y la cuarta torpeza por la banda derecha, la del Partido Popular local aceptando presidir una Comisión de Investigación sobre la EMV. Dicen que cuando Napoleón quería que un tema se dilatase o no saliese enseguida creaba una comisión. Y la misma táctica ha usado el “Napo” local, crear una comisión y dejar que los participantes se ahoguen en los papeles de la misma. Y el PP encantado de presidir lo que sea, aunque sea esta comisión. Pero no nos engañemos, de lo que se está hablando es de un desfase contable muy importante, de peritaciones, de informes técnicos de mucha complejidad, de aplicaciones presupuestarias y de técnicas financieras que sobrepasan el conocimiento medio de los concejales. El análisis y estudio de lo ocurrido parece que ya está hecho por los técnicos de la Comunidad de Madrid, que de ello algo deben entender, y si no se considera suficiente bastaría con solicitar una auditoría externa. Se mire por donde se mire de esa documentación  y de sus resultados solo cabe deducir dos posibilidades: si se han cometido o no delitos y eso debe determinarlo la justicia o si ha habido o no negligencias o responsabilidades políticas que deben ser depuradas en el Pleno municipal con luz y taquígrafos.

Pedro del Cura y sus seguidores repiten machaconamente que todo este melodrama político obedece a su honesto y sincero objetivo de defender el patrimonio de todos los vecinos e incluso que el referéndum interno que convocaron se hacía para votar la petición de dimisión de Masa y el inicio de acciones legales "para la restitución del patrimonio público que haya podido verse mermado por las irregularidades" en la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). Pero no hay que engañarse. Izquierda Unida repite melodrama. Al igual que hace poco más de 20 años, Izquierda Unida utiliza las instituciones democráticas como escenario de sus luchas de poder internas y lo hace sin escrúpulo alguno, por encima de la gobernabilidad de las instituciones y del sentido del voto en las urnas. El poder es el poder y en la lucha por el mismo pueden llevarse todo por delante. Y les importa un pimiento la ética, la estética y el patrimonio municipal. Y si no es así, si de verdad a Izquierda Unida le importa algo el patrimonio municipal y el dinero del contribuyente hágase la prueba del algodón. Pedro del Cura y los suyos tienen una ocasión de oro para demostrar la sinceridad de sus preocupaciones investigando y pidiendo explicaciones no sólo con respecto a la EMV, sino también con respecto al primer Plan de Vivienda Joven en el que el suelo cedido gratis por el Ayuntamiento fue cobrado a los jóvenes por la gestora que se embolsó más de 100 millones de pesetas por la cara o con respecto al expediente nº 407/01, por el que el Gobierno Municipal pagó 48.382.208 de pesetas  a la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas, participada por los amiguetes de Masa, por un proyecto arquitectónico que nunca se realizó. Y que no vengan con que se trata de asuntos prescritos, que podrán serlo judicialmente pero no políticamente ya que los responsables siguen pululando entre el patrimonio municipal. Verá el lector como estos presuntos defensores del patrimonio municipal no mueven un dedo. Y la explicación está en que han sido cómplices por pasividad de todo lo anterior y beneficiarios constantes hasta en lo personal de un repudiable modo de entender la gestión pública.

Lo que sí está quedando más que patente en este melodrama es que Izquierda Unida es una organización irresponsable institucionalmente que ha venido gestionando a su antojo el municipio como si de un coto privado se tratase, siempre con la inestimable colaboración del PSOE, ya sea a la hora de construir la estructura municipal, convertida en agencia de colocación de afines, o de gestionar el patrimonio municipal dilapidado en oscuras y sucias maniobras y, lo que es peor, es una organización que ha estafado ideológica y electoralmente no sólo a los vecinos, sino a la mayoría de sus honrados militantes, que han tenido que soportar o descubrir ahora el doble discurso, la doble moral de unos dirigentes prestos a denunciar cualquier iniciativa privatizadora de otras administraciones mientras habían privatizado, sin ningún tipo de escrúpulos, la joya de la corona ripense, la gestión del suelo, del ladrillo y de la vivienda pública en pleno boom urbanístico. ¡Vaya joyitas!

Santiago de Munck Loyola

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Rivas: ¿Corrupción al descubierto?

José Masa Díaz y Fausto Fernández Díaz

Buena la tiene montada Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid. Parece que el califato familiar de los primos Díaz tejido desde IU, parte de la comunidad escolar y el Ayuntamiento está llegando a su fin. Los hasta no hace mucho tiempo cachorros de IU, criados a los pechos del califato familiar, han crecido, se han hecho con el control de la organización local y, desde la misma, pretenden imponer sus órdenes en el Ayuntamiento, defenestrando de momento al primer primo, Fausto Fernández Díaz, y exigiendo al segundo primo, el alcalde, José Masa Díaz, que cumpla ipso facto las órdenes que desde la organización local se imparten, tal y como ellos (los primos) hicieron hace 20 años cuando defenestraron a dos alcaldes de IU en poco menos de un año. Hay que ver cómo es la vida, el que a hierro mata a hierro muere.

¿Y por qué esta guerra civil en la reserva material de occidente, en el paradigma de la progresía sectaria, intolerante y filoabertzale? Por el ladrillo, por el vil ladrillo y lo que al mismo rodea que tantos sueños y anhelos despertó ya en 2003 en el primo Fernández Díaz cuando ya se veía con coche oficial y como consejero de urbanismo de la Comunidad de Madrid. Parece ser que según un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid más de 20 millones de euros de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento ripense no están debidamente justificados y que la gestión de dicha empresa pública no está bien fiscalizada por el Ayuntamiento. Y ante este informe, Izquierda Unida de Rivas ha pedido, entre otras cosas, la municipalización de la EMV. Sí, el lector ha leído bien, porque aunque estemos hablando de una empresa municipal y de un Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida, que en Madrid siempre está a la cabeza de las manifestaciones clamando contra cualquier fórmula de gestión privada de hospitales o de lo que sea, resulta que allí donde gobiernan como  en Rivas Vaciamadrid, la Empresa Municipal de la Vivienda, creada por IU, está privatizada, también por IU.

Pero, claro, hay privatizaciones y privatizaciones. Y la perpetrada por la progresía ripense no tiene desperdicio. Según los técnicos de la Cámara de Cuentas, Habyco (la empresa agraciada en la privatización) sobrefacturó al Ayuntamiento casi cuatro millones de euros por solo dos desarrollos urbanísticos (Planes IV y V) lo que, según el informe, "demuestra la falta absoluta de control sobre las operaciones que realiza esta empresa". Por otra parte, Habyco no pagó nunca el alquiler del edificio que aloja la EMV, ni el mobiliario de oficina que utiliza incumpliendo así el contrato. La Cámara de Cuentas cifra este desvío en 78.000 euros anuales solo en concepto de alquiler. Igualmente, la Cámara de Cuentas ha detectado un "deterioro" contable de 11,1 millones en la valoración de una parcela que el Ayuntamiento cedió a la EMV en pago por la construcción de la Ciudad Escolar en 2009 que los propios técnicos municipales habían tasado en 20,5 millones mientras que la empresa municipal apuntó el 30 de octubre de 2011 un valor 11,1 millones inferior. La EMV justificó la diferencia con una tasación realizada 2012, más de tres meses después de que se realizara la anotación en las cuentas, por un arquitecto contratado por ella misma. ¿Y quien está encima de esta “modélica y transparente” gestión? Pues el consejo de administración todavía lo preside el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, el primo del Alcalde, Fausto Fernández Díaz.

Tal y como era de esperar los crecidos cachorros de Izquierda Unida han aprovechado el asunto para saldar viejas rencillas y se han tirado a la yugular del califato familiar. El Alcalde, el primo Masa Díaz, se defiende y lo achaca todo a una confabulación entre la Cámara de Cuentas, según él el PP, y los comunistas que ahora dominan la organización local de Izquierda Unida. Pedro del Cura, el portavoz de IU, exige responsabilidades y habla de defender el sagrado patrimonio de los vecinos. Pero que nadie se engañe. El patrimonio de los ripenses le importa un pimiento al Portavoz de IU, sólo quiere usarlo como arma arrojadiza para saldar sus disputas internas. Si fuera sincero el Sr. Del Cura hace mucho tiempo que debería haber actuado porque ha tenido conocimiento de graves quebrantos al patrimonio del municipio perpetrados por su organización y su muleta gubernamental, el PSOE, y ha callado como una…

Y, si por el contrario, han encontrado la luz en Izquierda Unida y son sinceras sus actuales rasgamientos de vestiduras tienen una ocasión de oro para demostrarlo. No hay nada nuevo bajo el sol y el ladrillo en el municipio siempre ha sido propicio a la proliferación de tentaciones poco ejemplares. En 1998, del patrimonio de todos los vecinos salió gratis el suelo para el primer Plan de Vivienda joven, gestionado también mediante una privatización, eso sí, de izquierdas. Pues bien, habiendo sido gratis el suelo, la gestora se lo cobró íntegro a los adjudicatarios de las viviendas. Más de 9.000 euros por vivienda. Alguien, con el beneplácito de IU, se embolsó más de 120 millones de pesetas de la época. (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/08/rivas-alguien-debe-pedir-perdon.html)  E Izquierda Unida y sus juventudes se negaron a investigar el asunto. Y, sin ir tan lejos, en 2003 el Alcalde de Izquierda Unida pagó sin necesidad alguna a la empresa de un amigo 300.000 euros por la “ideo arquitectónica” del proyecto del centro Comercial Rivas Plaza que nuca llegó a ejecutarse. (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/07/el-rivas-centro-monumento-la-corrupcion.html)  E Izquierda Unida calló, como también calló cuando en la pasada legislatura uno de sus concejales fue procesado por prevaricación y por un delito contra el medio ambiente.

No engañan a nadie los nuevos talibanes de la progresía. La transparencia, la honradez o el patrimonio de los vecinos les traen sin cuidado, como siempre. Les mueve, una vez más, los rencores, el sectarismo y las malas artes políticas y personales, tan bien asimiladas de sus mayores, y el ansia desmedida por el control del poder y en sus pugnas internas usarán lo que sea y llagarán a destrozar el municipio, sin ningún tipo de reparo, si ello sirve a sus fines espurios. Lo único bueno de todo esto es que parece que el tiempo pone a cada uno en su sitio, que la caída de máscaras, como la llorada caída del muro de Berlín por estos totalitarios, permite ver el auténtico rostro de cada uno y que Rivas- Vaciamadrid podrá, por fin, contemplar la ficción y la farsa que durante dos décadas la ha gobernado.

Santiago de Munck Loyola

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Rivas: La izquierdona sigue cabalgando (sin carnet).

Todo sigue igual e incluso peor. Con el paso del tiempo, los viejos hábitos, los vicios políticos y las conductas cuasifeudales de los señoritos de la izquierdona ripense no sólo no se suavizan, sino que se consolidan y acrecientan. El Ayuntamiento es suyo y la calle es suya. A su histórico sentido patrimonialista de las instituciones se ha sumado, con el paso del tiempo, una profunda confusión entre lo público y lo privado. La macedonia rojiverde ripense no admite objeción o enmienda. La “gauche divine” nunca se equivoca y ¡ay! de quien lo dude, lo lleva claro y si se trata del líder de la oposición será sometido a linchamiento plenario, como le acaba ocurrir, al actual portavoz popular por atreverse a pedir la dimisión de un concejal comunista sorprendido conduciendo el coche sin carnet que hace unos meses se le había retirado por conducir superando las tasas de alcohol permitidas.

D. José Manuel Castro Fernández, concejal de Izquierda Unida y secretario de organización del PCE ripense, fue multado hace unos meses por conducir mientras superaba la tasa de alcoholemia permitida. La sanción que se le impuso, además de la correspondiente multa económica, fue la retirada del carné de conducir. Hace unos días, fue sorprendido por la Policía Local circulando sin carnet, hecho por el que deberá comparecer en juicio el 4 de noviembre, ya que ello podría ser constitutivo de otro delito contra la seguridad vial (conducir ebrio ya lo es), previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal con penas de entre 12 y 24 meses de cárcel. Parece que no era la primera vez que conducía sin carnet según fuentes populares que aseguran que muchos vecinos denunciaron esta circunstancia en Internet “haciendo una campaña de denuncia en Twitter con el hashtag #PonleFreno”.

Pero, claro, estamos hablando de Rivas-Vaciamadrid y de la conducta de un dirigente de la izquierdona ripense. Si se tratase de otro municipio y de otra ideología no habría duda alguna del camino a seguir: la dimisión de interesado y, en caso de resistencia, un escrache, una marea burdeos o cualquier “manifa” al uso para poner de patitas en la calle al antisocial edil. Pues no, en Rivas no. Según el Portavoz de IU, Pedro del Cura, lo primer que hay que hacer es esperar a que se celebre el juicio, a que haya una condena y que ésta sea firme. O sea que eso de pedir la dimisión de cualquier político por hechos que están sub iudice solo se puede hacer cuando se trata de políticos de derechas. Ya sabe que la presunción de inocencia es relativa, sólo es aplicable cuando el sospechoso es de izquierdas y que en los demás casos es una tontería. ¿Responsabilidad política? Otra estupidez si el sospechoso es de izquierdas. En Rivas solo hay responsabilidad política si hay responsabilidad penal previa o, en su caso, si el acusado no es de los suyos. Y rizando el rizo, según los portavoces de la izquierdona ripense, conducir bajos los efectos del alcohol o sin carnet es un asunto privado que nada tiene que ver con la actividad política y, por tanto, no se deben exigir responsabilidades políticas. Claro, como no habremos caído en ello, la calle “es suya” también, ¿habrán privatizado las calles? ¿Poner en peligro los bienes y la integridad física de terceros es un asunto privado?

Así las cosas ¿qué era lo procedente? Pues lo de siempre en Rivas. Dar la vuelta a la tortilla y “linchar” políticamente a quien se atreve a afearles una conducta que en cualquier otro sitio sería inaceptable. Y es lo que hicieron en el Pleno del Ayuntamiento en el que se debatía la moción popular reprobando al edil comunista: centrar el debate en la poca ética de los populares por pedir la reprobación del concejal comunista, por no esperar a que hubiese una sentencia firme y por cuestionar una conducta “privada” de un cargo público comunista. Lo de siempre. No es la primera vez. Que, como consecuencia de las llamadas de los vecinos, se pilla a un médico de la izquierdona sustrayendo material médico a altas horas de la madrugada del centro de salud, no pasa nada, desaparece el informe policial y se lincha al portavoz del PP por cuestionar ese comportamiento. Que se vulnera la Ley de incompatibilidades y se otorgan contratos millonarios a la cónyuge de un ex cargo de confianza, no pasa nada, se lincha al portavoz del pp que lo denuncia. Que se procesa a un Concejal de IU por presuntos delitos de prevaricación y contra el Medio ambiente, no pasa nada, se impone la omertà y la subvencionada y dócil prensa local la acata.

Hay cosas que no cambian y tantos años de poder han ido perpetuando los peores hábitos políticos imaginables. La ejemplaridad, la transparencia, la austeridad y la democracia real son lejanos conceptos para una izquierdona convencida de estar en posesión de la verdad absoluta y destinada a impartir credenciales democráticas en su entorno. Si hay un sitio donde de verdad sea imprescindible una profunda regeneración democrática es en Rivas – Vaciamadrid porque el mal olor, lejos de extinguirse, se acrecienta año tras año.

Santiago de Munck Loyola

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La izquierdona irredenta y Estrasburgo.

La sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot ha suscitado toda clase de reacciones entre la opinión pública y entre los dirigentes políticos españoles. Frente a la generalizada indignación que supone el hecho de que en virtud de esta sentencia muchos asesinos múltiples, violadores y terroristas sanguinarios vayan a salir de las prisiones y de que, por tanto, les haya salido muy barato el daño que han causado a sus víctimas se han alzado algunas voces, cuando no complacientes, sí profundamente satisfechas con el resultado de la sentencia. Y no, no se trata de la evidente satisfacción y alegría del entorno etarra tanto en su vertiente legalizada por el Constitucional como en su vertiente ilegal y clandestina, sino también de una parte de la izquierda española, la izquierdona irredenta a la que le ha faltado tiempo para congratularse por una sentencia que consagra una profunda injusticia y que propina un doloroso golpe a las víctimas, a sus familiares y a las personas decentes de nuestro país.

Los portavoces del PNV han sido más prudentes que otros a la hora de valorar esta sentencia y han pedido moderación al entorno etarra y le han recordado que no tienen motivos de orgullo que exhibir. No hay que olvidar que aunque excepcionalmente también gente próxima al nacionalismo moderado vasco ha sufrido en alguna ocasión los zarpazos de la banda asesina, pero es inevitable recordar igualmente la famosa frase del Sr. Arzallus “unos sacuden el árbol y otros recogemos las nueces”, para entender esa calculada ambigüedad que siempre ha caracterizado al nacionalismo vasco en relación a la violencia etarra. Las reacciones del mundo proetarra han sido más o menos las esperadas: satisfacción, alegría y ausencia absoluta de arrepentimiento.

Pero en el ámbito de la izquierda, una vez más, se han puesto al descubierto los verdaderos rostros y simpatías de algunos. Llama poderosamente la atención, sobre todo al que no conozca la auténtica trayectoria ideológica de ese furgón escoba que es Izquierda Unida, cómo muchos de sus dirigentes se han apresurado a aplaudir la sentencia de Estrasburgo subrayando su papel defensor de los derechos humanos y su supuesto triunfo sobre el anormal funcionamiento, a su juicio, de nuestro Estado de Derecho. El Diputado de IU, Alberto Garzón, se apresuró a escribir en su twitter lo siguiente “Buena noticia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la condena a España por violar los derechos en la Doctrina Parot”. Ni una palabra del Sr. Diputado respecto a las víctimas, ni una línea sobre los derechos humanos de las mismas. Claro que lo de su jefe de filas, el Sr. Llamazares, es también de nota. El diputado comunista pidió lo obvio que el Gobierno acatase el fallo de Estrasburgo y que no buscase subterfugios, como "retenciones ilegales", que pudieran llevar a futuras condenas de Europa. Según él, la decisión de Estrasburgo era “justa” y "ajustada a derecho" y avergüenza al Gobierno y a las instituciones españolas, como el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, quienes han sufrido un gran "varapalo". Don Gaspar parece no saber distinguir entre una decisión legal, ajustada a derecho, y una decisión justa, ajustada a los cánones éticos y morales imperantes en una sociedad occidental. Al igual que su colega Garzón, Llamazares tampoco dedicó ni un minuto a valorar el dolor de las víctimas, ni el alcance y significado de la palabra Justicia para ellas. Aunque a alguien le pueda sorprender esta actitud no es nueva en Izquierda Unida, viene de lejos. En esta formación siempre ha existido una fuerte tendencia a posicionarse de forma extraña en relación al terrorismo y a su represión. Posición, en cierto modo, antisistema que termina por separarles de las víctimas y a acercarles, en nombre de su peculiar interpretación de la defensa de los derechos humanos, a la coincidencia con los planteamientos, supuestamente antirepresivos, de los defensores de los violentos. En perfecta sintonía con esa tendencia, allí donde gobierna IU, como en el caso de Rivas-Vaciamadrid, se emplea dinero público y se ceden espacios públicos para la organización de conciertos en los que los amigos y cómplices de los violentos encuentran acomodo. En ese municipio, año tras año, IU de Rivas abre las puertas del municipio a Fermín Muguruza, a Berri Txarrak, a Banda Bassotti o Riot Propaganda… ¿por qué será? Es lo de siempre, el mismo maniqueísmo que la izquierdona emplea a la hora de condenar unos regímenes totalitarios porque son de derechas y de bendecir otros porque son de izquierdas es el empleado a la hora de defender los derechos humanos de las víctimas o de los verdugos.

Y si examinamos la reacción socialista ante el varapalo judicial a la dignidad, la memoria y la justicia para las víctimas resalta sobre todo el profundo cinismo de algunos de sus dirigentes. No hay ninguna duda de que la derogación de la Doctrina Parot fue negociada con la banda asesina, así como la legalización del brazo político de la basura etarra. Hoy tenemos a terroristas sentados y subvencionados en las instituciones democráticas y el fin de la Doctrina Parot, fin en el que ha participado un juez designado por el Zapaterismo, el Sr. López Guerra. Aquella negociación, caso Faisán incluido, se hizo siendo Ministro del Interior el Sr. Rubalcaba quien entonces debía saber y haber previsto lo ahora está diciendo en relación a este asunto, que la sentencia va a tener “consecuencias muy dolorosas para mucha gente” y que el Estado “tendrá que estar atento para evitar y paliar el sufrimiento de la gente”. ¡A buenas horas, mangas verdes! Pero, al margen de la repetida simpleza sobre la necesidad de acatar la sentencia ¿alguien ha escuchado a Rubalcaba pronunciarse a favor o en contra de la Doctrina Parot?

Entre la izquierdona irredenta y la pastelera parecen olvidar que la defensa de los derechos humanos pasa, en primer lugar, por los de quienes con el sacrificio de su propia vida han conseguido que unos y otros puedan hoy expresarse con absoluta libertad y en los términos en los que lo hacen. Parece que muchos olvidan el tremendo precio que muchos españoles han tenido que pagar por la libertad y la democracia para todos. Y es que la gratitud no es una virtud al alcance de todo el mundo.

Santiago de Munck Loyola

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¿Llueve?... pues que dimita Rajoy (Cayo Lara y adjuntos)

Desde el minuto 0, desde el primer días que Mariano Rajoy pisó la Moncloa como Presidente de Gobierno, gran parte de la izquierda española, la que se sienta en las instituciones democráticas y la que no, está pidiendo la dimisión del mismo. Todo vale para esta estrategia permanente de descalificación y deslegitimación de un gobierno que goza de un amplio respaldo electoral. Y en este empeño cerril los socialistas siempre tienen como aliados a la variopinta amalgama de IU y a cualquier clase de movimiento antisistema. Los mismos que mintieron con el déficit público a los españoles y a la Unión Europea acusaban después al Gobierno de haber mentido en el programa electoral que, como es lógico, estaba previsto para una situación económica determinada y no para la encontrada tras descubrirse los engaños contables socialistas. Y a pesar de ello, la izquierda española se convirtió, de repente, en la mayor defensora del programa electoral del Partido Popular de noviembre de 2011, exigiendo su íntegro cumplimiento y la dimisión, como no, del Presidente Rajoy. Es decir, la súbita conversión a los postulados programáticos populares nos ha dejado una izquierda sedicente.

A esta izquierda le gustan las mareas y las concentraciones. La marea blanca, la marea verde, la marea roja,… y cada una con la guinda: una de concentraciones ante las sedes del PP y que dimita Rajoy. Una marea para cada reforma. Lo dejaron todo tan bien tras su paso por el Gobierno que, al parecer, cada iniciativa del nuevo gobierno es un sacrilegio, se rasgan las vestiduras y que dimita Rajoy.

Ahora, la izquierda cuenta con un nuevo profeta, un icono de la veracidad, Luis Bárcenas y ha caído rendida a sus pies. Bárcenas marca ahora el ritmo y la agenda de los socialistas y sus satélites. Cada palabra del ex tesorero popular provoca inmediatamente un indisimulado estímulo en las filas socialistas, cada frase del exportador de euros provoca corrientes de satisfacción y orgasmos, incluso golpistas, en buena parte de la izquierda española. Es tal la empatía con el Sr. Bárcenas que su credibilidad no es puesta en duda y sus revelaciones o sus mentiras marcan ya la agenda de la izquierda. Da lo mismo que ahora diga lo contrario a lo que hace unos meses afirmó, lo de ahora es lo que cuenta y que dimita Rajoy.

Ayer, sin ir más lejos, el Sr. Bárcenas sirvió de perfecta coartada para que los grupos de izquierdas se marcharan de la Comisión que estudia el proyecto de Ley de Transparencia. Los partidos, cuyos sindicatos no quieren someterse a esta Ley, encontraron en las revelaciones del Diario El Mundo del pasado lunes una buena excusa para abandonar la comisión. Tiene lo suyo que IU salga corriendo de esta Comisión y no esté dispuesta a abandonar al PSOE andaluz a pesar del asunto de los ERES. Se ve que tira más el dinero de Suiza que el de los parados andaluces.

Contrasta mucho esta actitud de la izquierda, sometiéndose a los dictados de un presunto delincuente y un comprobado mentiroso, a la que mantienen respecto a la Juez Alaya en el caso de los falsos ERES andaluces. En este caso, hasta el peinado de la Juez es cuestionable. Cualquier paso que de respeto a la instrucción de este enorme caso de corrupción es descalificado. No importa que se hayan esfumado más de 1.200 millones de euros destinados a los parados en un entramado organizado desde la Junta de Andalucía con el concurso de militantes socialistas, sindicalistas y empresarios afines. Allí nadie sabía nada. Y encima el inefable Óscar López tiene la cara dura de ir diciendo que la Junta fue la primera en investigar el asunto y que está colaborando con la Justicia justo cuando la Guardia Civil denuncia ante el Juzgado que dicha institución esta bloqueando las investigaciones al retrasar más de un año la entrega de determinados documentos.

La doble moral de esta izquierda es evidente: desprecio y acoso a la Juez Alaya y genuflexiones ante Bárcenas. Altavoz para el ex tesorero y sordina para la juez. Nadie, con un mínimo de imparcialidad, puede negar que el caso de los ERES falso es cualitativa y cuantitativamente mucho más grave que el caso Bárcenas y, sin embargo, no es ésa la percepción social y política existente. Esta irresponsable actitud de una buena parte de la izquierda sólo sirve consolidar la sensación de que todos son iguales y que lo que a muchos importa es únicamente que a los suyos no se les toque y poder utilizar la corrupción como una simple arma arrojadiza con la que desgastar al enemigo. Y como diría Cayo Lara, ese paladín de las libertades, “¿Llueve?... pues que dimita Rajoy”.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Sánchez Gordillo: populismo chusquero.

La verdad es que el Alcalde Marinaleda y diputado autonómico andaluz por IU, el exfalangista y frustrado aspirante a Guardia Civil, Juan Manuel Sánchez Gordillo, está consiguiendo animar el aburrido panorama informativo estival. Este Robin Hood andaluz, político folclórico, de estética fusión entre palestino, bandolero serrano y progre años 70, ha logrado poner en el candelero una forma de hacer política populista y chusquera en la que todo vale.  Como político regional se estrenó en el Parlamento andaluz protagonizando una ridícula toma de posesión que levantó risas entre propios y extraños.

Hace unos días, en compañía de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores asaltó dos supermercados, uno en Sevilla y otro en Cádiz, llevándose diez carros de la compra con alimentos sin pagar y empleando la fuerza contra algunos empleados de los mismos para destinarlos a un comedor social. Según el Sr. Sánchez Gordillo se trató de una expropiación forzosa.

Como consecuencia de esta acción, el sindicato Manos Limpias presentó el pasado día 10 de agosto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Sr. Sánchez Gordillo, por su participación en el asalto a varios supermercados y posteriormente decidieron convertir dicha denuncia en querella y presentarla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hace dos días, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, manifestó que la Fiscalía debía tener en cuenta que los asaltos a los supermercados andaluces en los que está implicado el alcalde de Marinaleda son un "robo con violencia fundamentalmente hacia mujeres". A lo que el Sr. Sánchez Gordillo ha respondido pidiendo la dimisión de la Defensora del Pueblo por haber realizado estas manifestaciones.

La mamarrachada del Sr. Gordillo y de su sindicato ha recibido estos días algunas adhesiones y la última en sumarse a las manifestaciones de apoyo al líder jornalero ha sido la diputada valenciana de IU Marina Albiol que, junto a varias decenas de personas, ha presentado este viernes en el registro de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana un documento en el que se declaran cómplices del asalto a los supermercados andaluces. Según esta diputada, se trata de un gesto de solidaridad y asume esta chusca forma de hacer política animando, además, a realizar más asaltos a supermercados.

Y la cosa no va a quedar aquí, al parecer, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se ha propuesto extender su lucha contra los recortes. Unos 700 miembros del SAT, con Sánchez Gordillo a la cabeza, iniciaron ayer una marcha a pie en la localidad de Jódar que desembocará mañana en un mitin en Jaén.

A todo esto, un vecino del Sr. Sánchez Gordillo, Mariano Pradas, portavoz del PSOE en Marinaleda, ha aprovechado estos días de notoriedad de su Alcalde para denunciar que el Sr. Sánchez Gordillo no quiere o no puede dar explicaciones sobre el destino de 226.000 euros aportados por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para construir unas viviendas sociales.

Como puede comprobarse, se trata de todo un culebrón veraniego que no ha acabado ni mucho menos. Podría incluso verse con cierta simpatía las acciones del Sr. Sánchez Gordillo y de sus seguidores sino fuera por algunos aspectos y consideraciones cuando menos preocupantes. Asaltar supermercados para repartir comida entre los más necesitados parece, a primera vista, una acción irregular pero perdonable por su supuesto fin altruista. Pero las apariencias engañan. En primer lugar porque el uso de la fuerza y de la violencia contra los empleados no está justificado en modo alguno. Los testimonios y las imágenes no engañan: hubo violencia y eso no es admisible. Y lo saben los que se autoinculpan y, por ello, hablan de hurto y no de robo, no sea que su solidario gesto se les vuelva en contra. Mojarse, lo justo y nada más. En segundo lugar, el apoyo y justificación de estas acciones se sustenta en la imposición unilateral de unos determinados sujetos que, por móviles puramente partidistas, deciden qué es bueno y qué no lo es, quién es culpable y quién no de esta tremenda crisis, quién debe pagar y quién no los platos rotos y todo ello prescindiendo de la voluntad expresada en las urnas hace muy pocos meses. Cabe cuestionarse ¿por qué debe ser socialmente aceptable robar en supermercados y no en las farmacias? ¿son los alimentos más importantes que los medicamentos? Si se pueden “expropiar forzosamente” alimentos para los hambrientos ¿se puede expropiar por el mismo método viviendas para los que carecen de ella? Si uno no tiene ni para comer ¿podría expropiar por el mismo método el sueldo del Sr. Sánchez Gordillo? ¿Quién determina lo que es expropiable y lo que no? ¿El Sr. Sánchez Gordillo? ¿Izquierda Unida? ¿No utilizaban los mismos argumentos los GRAPOS cuando asaltaban bancos?

El Sr. Sánchez Gordillo y quienes alientan nuevas acciones como éstas no creen en el estado de Derecho, único marco racional de convivencia pacífica, y pretenden imponer sus reglas poniendo en peligro la convivencia ciudadana. Acciones como éstas, sean simbólicas o detonantes de similares iniciativas, no son necesarias para llamar la atención sobre la realidad de la pobreza que asola muchas zonas de nuestro país. Las situaciones de necesidad o de emergencia social están a nuestro alrededor por lo que nos encontramos ante supuestos gestos reivindicativos inútiles.

Mientras el Sr. Sánchez Gordillo y sus secuaces montan sus numeritos hay miles de españoles y decenas de organizaciones humanitarias desarrollando callada pero eficazmente una labor impagable en favor de los más necesitados. Sin ir más lejos, Caritas, esa organización católica que el Sr. Sánchez Gordillos y afines quieren que pague el IBI, da de comer diariamente a decenas de miles de personas, atiende a enfermos y cubre urgentes necesidades de miles de familias. Y lo hace sin robar a nadie, sin golpear a nadie, sin exhibirse mediáticamente. De su ejemplo, algo podría aprender el Sr. Sánchez Gordillo y demás camaradas comunistas si quieren sinceramente ayudar a los más necesitados.

Santiago de Munck Loyola

Los irresponsables socialistas.

Dice sin vergüenza alguna, la diputada socialista Elena Valenciano que ellos, los socialistas, no son responsables de la situación actual. Recuerda esta señora al valiente capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino que no admite ninguna responsabilidad en la catástrofe y que se cree una "víctima del sistema". Del mismo modo que el inefable Schettino se cayó accidentalmente en el bote salvavidas, la Sra. Valenciano y sus conmilitones han caído accidentalmente en el bote de la amnesia y piensa que con negar responsabilidades puede engañar, una vez más, al conjunto de los ciudadanos. Pero buena prueba de que los ciudadanos no comparten bote con los socialistas es que, a pesar del tremendo y rápido desgaste del Partido Popular, los socialistas, con discurso duro o blando, siguen muy por debajo de los primeros en los sondeos sobre intención de voto.

La clase política y sindical de nuestro país sigue enfrascada en pugnas pueriles que no ayudan en absoluto a transmitir una imagen sólida de España en los mercados internacionales, agravando así las dificultades de financiación y consecuentemente a promover la necesidad de más reducciones de gasto público para hacer frente a esa financiación.

Aquí nadie sume responsabilidades: ni partidos políticos, ni sindicatos, ni empresarios. Parece que los únicos responsables de la dramática situación económica y social que vivimos somos los ciudadanos a los que se nos imponen todas las cargas posibles para intentar salir del agujero. Y hay que hablar claro: las responsabilidades son compartidas. Todos son responsables, culpables, de que estemos como estamos: desde los amnésicos socialistas hasta los populares pasando por los pasivos sindicatos durante años y los empresarios especuladores o la banca española. Todos: unos porque gobernaban el Estado, otros las Comunidades o Ayuntamientos, unos porque permanecían complacientes ante el despilfarro mientras les llenaban los bolsillos con subvenciones millonarias y otros porque asentaron su riqueza en el pelotazo y la especulación. Son responsables los que el año pasado gastaron más de 90.000 millones de euros sobre lo que ingresaron en el Estado y que ahora hay que pagar con intereses al 7 %. Son responsables los que gestionaron comunidades autónomas como la Valenciana dejando su solvencia al nivel del bono basura. Son responsables los que gestionaron Ayuntamientos como el de Rivas, gobernado por IU, que ha rebajado un 30 % las nóminas de sus empleados en el pasado mes de junio. Son responsables los que gobiernan una Comunidad Autónoma que mantiene “embajadas” por todo el mundo o varios canales de TV mientras recorta a sus ciudadanos los servicios médicos. Son responsables los que se han llenado los bolsillos con subvenciones millonarias: partidos, sindicatos, empresarios o artistas.

Aquí la responsabilidad es compartida y tiene graduaciones, cómo no, pero compartida al fin y al cabo. Y va siendo hora de que haya un mínimo gesto de honestidad en la clase dirigente española asumiendo públicamente esa responsabilidad y pidiendo perdón a los ciudadanos por el daño causado.

En un estado de emergencia nacional como el que nos encontramos sería estimulante para todos que, en lugar de “escurrir el bulto”, en vez de criticar sin aportar soluciones alternativas se escuchase un discurso crítico, pero constructivo; sería positivo para la marcha del país que la demagogia cediera el paso al discurso inteligente. Pero, claro, pedir un mínimo de grandeza a esta clase dirigente, política, económica, sindical, social y cultural, es como pedir peras al olmo, salvo contadas excepciones.

Por mucho que uno esté en desacuerdo con determinadas medidas del Gobierno, por mucho que a uno personalmente le afecten, escuchar a algunos líderes sindicales hablar de “estado de guerra” produce náuseas. Escuchar simplezas sindicales como decir que “el PP quiere arruinar al país” da auténtica pena, primero por constatar que cualquier descerebrado puede dirigir un sindicato y, segundo, al comprender el nulo respeto de muchos sindicalistas a la inteligencia de los ciudadanos. Nadie, en su sano juicio, quiere arruinar al país. El país está arruinado y mientras se arruinaba los sindicatos miraban hacia otro lado. No son estos discursos los que España necesita ahora. No es ésta la imagen que España necesita proyectar al exterior. La insolvencia social, la fractura, el enfrentamiento y la agitación también se paga en los mercados que tienen que financiarnos. Puede que buena parte de la clase dirigente interese la tensión y la crispación porque con ello se neutralizarán los efectos económicos positivos que cualquier ajuste pueda producir. Más tensión, igual a más prima de riesgo, igual a más ajustes, igual a más tensión… hasta el rescate.

Claro que hay motivos para protestar. A nadie le gusta que le suban los impuestos o que le quiten el 7 % del sueldo, como tampoco gustó cuando el recorte socialista hace dos años fue del 5 % con la dócil resistencia sindical. Pero estos líderes sindicales son ahora los menos legitimados para hacer llamamientos a la protesta. Con un servidor, tan afectado como cualquiera por los recortes, que no cuenten porque un servidor no cuenta ni con los indecentes ni con los irresponsables.

Santiago de Munck Loyola

Sobre el IBI, la Iglesia y la X.

IU y sus asociaciones satélites han estado recogiendo firmas para que la Iglesia Católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles entre otras cosas y las 35.000 recogidas las han entregado en el Congreso de los Diputados.

 (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/09/espana/1336549646.html).

Por su parte, algunos Ayuntamientos han hecho pública su intención igualmente de cobrar dicho impuesto a la Iglesia Católica. Una cosa es presentar firmas en el Congreso para que esta cámara proceda a la modificación, si la mayoría parlamentaria así lo entiende necesario, de las leyes vigentes para que se pueda cobrar el IBI o para que se deroguen los acuerdos con la Santa Sede y otra muy distinta es que algunos Ayuntamientos decidan por su cuenta cobrar ilegalmente dicho impuesto. Una cosa es evidente o los responsables de esos Ayuntamientos están engañando a los ciudadanos anunciando esa medida o están poniendo en marcha procedimientos recaudatorios ilegales que terminarán en los tribunales y que costarán mucho dinero a esos consistorios. La Ley de Haciendas locales regula claramente quienes están exentos de pagar el IBI y no se  puede cobrar dicho impuesto mientras esa Ley no se modificada parlamentariamente ni a la Iglesia, ni al Estado, ni a las Comunidades Autónomas, ni los de cualquier confesión religiosa legalmente reconocida, ni a la Cruz Roja, ni a embajadas u oficinas similares, ni a la RENFE o a Adif, ni a determinados bienes comunales, etc.

Parece que tras estas iniciativas no se esconde otra cosa que un odio y una animadversión profunda hacia la Iglesia Católica, sobre quien se centran todos los ataques, y no un sincero deseo de justicia fiscal. Desde una perspectiva laicista se olvida con frecuencia que nuestro Estado es aconfesional pero que la el Artículo 16.3 de la Constitución señala expresamente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Las exenciones tributarias de la Iglesia, las ayudas o subvenciones públicas o la asignación tributaria de la discutida X del IRPF responden a ese reconocimiento constitucional expreso y, en definitiva, al reconocimiento del peso de una mayoría sociológica de los católicos en España.

Desde esas posiciones de IU y anticlericales se pretende acabar con la libertad de los contribuyentes para decidir si quieren o no aportar una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia y/o a otros fines sociales. Cada año son más los contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia y ese hecho excita paralelamente los deseos de una parte de la izquierda de acabar con una de las pocas libertades que los contribuyentes gozamos a la hora de opinar sobre el destino de nuestros impuestos. No podemos opinar ni decidir si queremos que nuestros impuestos se dediquen a armamento, a subvencionar artistas, a engordar a la SGAE, a financiar a los partidos y sindicatos por poner unos ejemplos y, al parecer, tampoco deberíamos poder opinar sobre si queremos o no destinar una pequeña parte de nuestros impuestos a la Iglesia. Curioso concepto el de algunos sobre la libertad.

Hoy, más que nunca, la Iglesia y sus organizaciones desarrollan una labor social ingente supliendo la incapacidad de las administraciones públicas para llegar y socorrer a los más necesitados. La Iglesia y sus organizaciones trabajan en el campo de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de la inmigración y extienden su labor incluso más allá de nuestras fronteras, usando sus recursos con muchísima más eficiencia que los entes públicos.

No son los sindicatos, ni los partidos políticos, ni todos los demás que están exentos de pagar el IBI quienes están junto a los más pobres, quienes atienden a enfermos y ancianos o quienes dan de comer a miles de personas diariamente, no, no son ellos. Y de eso no se habla cuando se critican los ingresos que percibe la Iglesia. De eso parece que no interesa hablar.

Por ejemplo, el programa de acogida de Caritas, uno de los más emblemáticos y por el que pasaban antes de la crisis unas 400.000 personas al año, atendió en el último ejercicio a un millón y medio. La mayoría de personas atendidas tenían cargas familiares y una media de edad de 40 años. Por otra parte, el 67% de las personas que acuden a Caritas vienen derivadas desde los servicios sociales públicos, incapaces de ofrecer respuestas rápidas y eficaces. Mientras el tiempo para concertar una primera cita o entrevista inicial en los servicios sociales públicos es, como media, de casi un mes (25,9 días), en los servicios de Acogida de Caritas la espera para concertar una primera cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4 días. Otro tanto sucede con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y gestión de las respuestas efectivas es de algo más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3 días), en Caritas el tiempo medio entre la primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días. En el campo de la Educación, otro de los campos de batalla, las Escuela católicas atienden a más de 1.200.000 alumnos, lo que supone el 16 % del total del sistema educativo. Y mientras el coste medio abonado por el Estado a los centros concertados es de 2.480 euros anuales, en la escuela pública es de 5.299 euros al año.

Y para qué hablar de los comedores, albergues, centros de asistencia sanitaria, hogares de acogida o residencias de ancianos de la Iglesia y sus organizaciones. Si no los pudieran sostener los católicos,  sería el estado quien tendría que asumir su coste. Dejando al margen cualquier posicionamiento ideológico y pensando de una manera fría y calculadora solo se puede concluir que la Iglesia, con las ayudas y beneficios que recibe, ahorra además miles de millones de euros al erario público. Según algunas fuentes, este ahorro para el estado se podría situar en torno a los 30.000 millones de euros anuales.

En fin, parece que las fobias ancestrales de algunos pueden más que la lógica y la racionalidad económica, sin mencionar la sensibilidad social y el respeto a las libertades individuales. Allá cada cual. Un servidor lo tiene claro, seguirá poniendo las X en el impreso del IRPF en favor de la Iglesia y de los fines sociales.

Santiago de Munck Loyola

La “procesión laica”.

La autodenominada “Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores” ha convocado una manifestación o “procesión laica” (tiene guasa) el próximo Jueves Santo para, según su Presidente D. Luis Vega, protestar "contra los privilegios económicos de la Iglesia, en un momento en que se están produciendo recortes en Sanidad, Educación y pensiones”. La Delegación del Gobierno de Madrid, vistos los antecedentes judiciales y los incidentes del año pasado, ha decidido no autorizar la celebración de esta manifestación, decisión que no ha sido aceptada por los convocantes quienes a través de su portavoz han anunciado no sólo que van a recurrir sino que, además, no la van a acatar. Hay que recordar que en 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la prohibición gubernativa y desestimó los argumentos de los convocantes que finalmente pudieron realizar su protesta un mes después y no en Semana Santa. Por su parte, El Sr. Vega ha justificado que el día elegido para la manifestación sea el Jueves Santo porque según dice las protestas "se hacen en los días que tienen significado y el día que uno quiere manifestarse lo decide aquel que quiera protestar y no sobre el que se centra las protestas".

Si no fuese porque un servidor conoce personalmente a D. Luis Vega podría creer que se trata de una inocente manifestación que casualmente coincide con las manifestaciones religiosas más significativas y más enraizadas en la conciencia de los católicos y que, por tanto, no hay intención alguna de ofender los sentimientos religiosos de nadie. Podrá engañar a quien no le conozca el Sr. Vega con su aparente tono bondadoso y conciliador pero no a quienes conocen su trayectoria política, profesional y su talante sectario, excluyente y agresivo. Hay quienes le hemos visto acudir a un Pleno municipal a insultar, a amedrentar y a tratar de coaccionar a los legítimos representantes de los ciudadanos que no compartían su totalitaria ideología. Hay quienes conocemos cómo su trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación se ha desarrollado a la sombra y bajo la tutela de Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid y cómo bajo el mismo paraguas hizo sus incursiones en el mundo del ladrillo. Que sea el Portavoz o Presidente de una Asociación de “Librepensadores” constituye un auténtico sarcasmo porque el Sr. Vega no admite ni tolera más pensamiento libre que el que cabe en el más rancio estalinismo.

Convocar una manifestación o una “procesión laica” el mismo jueves Santo, conociendo al personaje convocante, sólo puede ser interpretado como una provocación, no a la Iglesia Católica, sino a la conciencia de los Católicos, a la propia libertad religiosa. Los convocantes buscan notoriedad con la provocación, no hay duda de ello porque, si no fuera así, sus legítimas protestas podrían desarrollarse cualquier otro día. Pero no, la finalidad es evidente y se compadece perfectamente con una ideología totalitaria, excluyente, de corte estalinista en la que no caben los derechos humanos más elementales, como son los que afectan a la conciencia y a las creencias religiosas.

Si se tratase de la convocatoria de una manifestación para protestar, por ejemplo, de las facilidades que un Ayuntamiento hubiese otorgado para la construcción de una mezquita no faltarían voces y medios de comunicación que pondrían el grito en el cielo ante semejante ataque a la libertad religiosa y, con toda seguridad, el Sr. Vega y sus Librepensadores estarían en primera fila. Sin embargo, parece que contra los católicos vale todo, incluso, más de uno encontrará gracioso que se ridiculicen los símbolos más sagrados para millones de personas.

Es indudable que todo el mundo tiene derecho a manifestarse sobre lo que le parezca bien pero también el derecho de manifestación tiene sus límites y éstos están en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, sean los religiosos, los políticos, los sindicales, los de conciencia o los relativos a su orientación sexual.

Menos mal que el ejercicio de nuestros derechos humanos reconocidos y amparados por nuestra Constitución no depende de personas como el Sr. De la Vega y sus conmilitones. Y que sea sí por mucho tiempo.

Santiago de Munck Loyola.