La vuelta.

No resulta fácil retomar la actividad de este Blog tras el descanso veraniego. No ha sido un verano política e informativamente típico. Todo lo contrario. Ha sido tal la avalancha informativa que resulta difícil destacar algo. Haciendo memoria hemos presenciado el aterrizaje en los Ayuntamientos y Gobiernos regionales de los temidos “podemitas” y sus socios en forma de tripartitos, cuatripartitos y toda clase de fórmulas antipeperas. Y se han hecho visibles los peores rasgos políticos de estos patés gubernamentales: sus fobias a muchas tradiciones y su odio a los símbolos constitucionales, su incalificable nepotismo evidenciado a la hora de colocar en los Ayuntamientos a maridos, sobrinos y toda clase de parentelas, su doble discurso sobre la casta en la que se han integrado a las mil maravillas y, sobre todo, su falta de programa y de propuestas razonables sustituida con toda clase de peregrinas ocurrencias (mamás limpiando los coles, patrullas de chivatos para la limpieza viaria, etc.).

Hemos presenciado también una inusual actividad política debida sobre todo por tres hechos que van a marcar el final de este convulso 2015. De una parte, el Gobierno del Partido Popular no quiere despedirse sin dejar aprobados los próximos Presupuestos Generales del Estado, sin aprobar la infumable reforma de la Ley del aborto que constituye un auténtico insulto a los votantes populares y un flagrante incumplimiento, como tantos otros, de su programa electoral y, por último, la reforma exprés del Tribunal Constitucional para “poder” hacer cumplir sus sentencias. Que las sentencias, incluidas las del Tribunal Constitucional, están para cumplirse es indudable; que ya existen mecanismos legales para hacerlo es posible; que reforzar esos mecanismos solo perjudica a quienes no las cumplen o no tienen intención de cumplirlas es indiscutible; que la el Partido Popular ha promovido la reforma del Constitucional tarde y mal es cierto y que, ante el desafío independentista, al PSOE y al resto de la oposición les falta patriotismo y grandeza de miras es incuestionable.

De otra parte, la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas para el próximo 27 de septiembre está convulsionando a toda la sociedad por el carácter plebiscitario que los independentistas están promoviendo y por los planes de declaración unilateral de independencia hechos públicos. Tiene lo suyo que este proceso independentista esté liderado por el partido del 3%, un partido tan corrupto que tiene hasta sus sedes embargadas. No cabe ninguna duda de que el conjunto de los españoles tenemos por delante un grave problema de difícil solución si no se respetan las leyes. Sea cual fuere el resultado electoral, el 28 de septiembre tendremos ante nosotros una sociedad catalana más fracturada y enfrentada que nunca y no será tarea fácil ni rápida curar la fractura. Se trata de un problema generacional que empezó a crecer día a día y ante la pasividad general cuando el Estado decidió dejar en manos de los independentistas algo tan básico y elemental como la educación. Durante 30 años se ha cultivado el victimismo, el odio a lo español, se ha falseado la historia y se sigue falseando la actualidad con la inefable colaboración de unos medios de comunicación públicos que censuran al discrepante como recientemente acaban de hacer con el Sr. Borrell a propósito de su libro "Las cuentas y los cuentos de la independencia". Unos y otros, sobre todo otros, hablan unas veces de federalismo y otras de reconocer constitucionalmente la “singularidad” de Cataluña como soluciones al reto del independentismo, el golpismo en cámara lenta del Sr. Mas y compañía. Claro que ni concretan esa supuesta fórmula federal, ni desarrollan esa simpleza del reconocimiento de la “singularidad” catalana. Porque, vamos a ver, la sociedad catalana es singular lo reconozca o no la Constitución, es una realidad sociológica que no necesita tal reconocimiento, pero es que, además, la singularidad catalana es tan real y tan evidente como pueda serlo, por citar una, la singularidad alicantina y a nadie son sentido común se le ocurre exigir tal reconocimiento constitucional para resolver los graves problemas de discriminación que Alicante sufre por parte del Estado central y del periférico, la Generalidad Valenciana.

Y el último hecho que cerrará políticamente este año pero que ha estado diariamente presente durante este verano es la convocatoria de las próximas elecciones generales. Todos calentando motores. El Gobierno aflojando la soga presupuestaria para arañar votos, como debe ser aunque si hubiese sido más decente con sus votantes no tendría tan malas expectativas. Y la oposición descalificando al gobierno por todas estas medidas como si un gobierno solo debiera aprobar medidas que le resten votos. Ridículo.

Y en medio de esta vorágine informativa política ha irrumpido con fuerza el drama de los refugiados musulmanes provenientes principalmente de Siria. No se trata de algo nuevo, no. Hace años que vienen muriendo centenares de personas ahogadas en el Mediterráneo, hombres, mujeres y niños. Pero pocos les han hecho caso. No sólo es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Ahora el drama llama a la puerta de la Europa rica y políticos y medios de comunicación se han volcado para sacudir las conciencias de unos europeos cada vez más escépticos acerca de la honestidad, compromiso y eficacia de sus instituciones comunitarias. Pero éste, el drama de los refugiados, merece una reflexión a parte.

Santiago de Munck Loyola

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El melón constitucional.

Todo parece indicar que el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha decidido anunciar su predisposición a abrir el melón de la reforma constitucional. Es difícil saber si esta predisposición responde a una simple estrategia electoral de cara a los próximos comicios o si responde, tras casi cuatro años de gobierno, a la necesidad de “hacer política” una vez que ha considerado que ya se ha ocupado suficientemente de la economía. Es indudable que, sean cuales fueren los motivos, nuestra Constitución para algunos está necesitada de algunos retoques cuando menos y para otros de cambios más profundos que podrían afectar a la propia configuración territorial del estado.

Los socialistas y otros grupos se han apresurado a descalificar esta predisposición del Presidente aun cuando no ha anunciado qué temas quiere poner encima de la mesa de la reforma constitucional. Unos dicen que ellos ya habían propuesto iniciar un proceso de reforma hace tiempo y que el Partido Popular no había hecho ni caso y otros enseguida han sentido que se estaba aludiendo exclusivamente al poder autonómico. Cada cual, en definitiva, arrimando el ascua a su sardina.

Si finalmente se abre el melón de la reforma constitucional, sin duda, van a ponerse sobre la mesa de debate toda clase de propuestas, desde la abolición de la monarquía hasta la recentralización del Estado, pasando por el federalismo, el derecho de autodeterminación o la supresión del Senado. Aunque es obvio, no está de más recordar que la estabilidad y longevidad de un texto constitucional depende, sobre todo, del grado de consenso que se alcance entre los principales actores políticos y del nivel de arraigo que éstos tengan en el conjunto de la ciudadanía. A los principales partidos políticos corresponde, por tanto, un consenso inicial básico consistente en acotar de antemano aquellos aspectos de la Constitución que van a ser objeto de debate para su reforma. Y ello exige mucho sentido común, altura de miras, generosidad, sentido de Estado y, por qué no decirlo, patriotismo, cualidades difíciles de encontrar en el actual panorama político. La Constitución es reformable y cualquier propuesta de reforma es susceptible de ser analizada.

No faltarán los agoreros, los que pongan el grito en el cielo ante determinadas propuestas y los que, con más ignorancia que sentido común, se apresuren a gritar ante alguna de ellas que es inconstitucional o anticonstitucional, olvidando que solo las normas aprobadas y no las propuestas de nuevas normas pueden ser tachadas de inconstitucionales o anticonstitucionales. Una ley es inconstitucional cuando viola la Constitución y es anticonstitucional cuando, además de infringir preceptos constitucionales, pretende sustituir el actual ordenamiento jurídico por otro diferente. En todo caso hablamos de normas y no de propuestas de normas o de reforma constitucional.

Hace tan solo unos meses se armó algo de revuelo en torno al resumen, mal redactado, de una propuesta electoral de Esperanza Ciudadana que algunos se apresuraron a descalificarla tachándola de anticonstitucional sobre la permanencia o no y en qué condiciones de la Provincia de Alicante en el seno de la Comunidad Valenciana. Ante la constatación, por nadie rebatida, de que nuestra Provincia sufre desde hace décadas un maltrato presupuestario y una marginación política intolerable por parte de la Generalidad Valenciana, Esperanza Ciudadana proponía exigir el fin de esa situación, reclamar la deuda histórica de la Generalidad con nuestra Provincia y revisar su estatus en el seno de la Comunidad Autónoma reclamando, llegado el caso, la separación política y administrativa de la misma, preservando todos los vínculos históricos y culturales a que hubiere lugar. Es evidente que no sirve pasarse la vida lloriqueando porque el estado y la Generalidad nos maltratan. Hay que ofrecer soluciones y debatirlas. Si una administración pública como la Generalidad Valenciana no sirve a los intereses de los alicantinos y si, además, lejos de propiciar la convergencia social entre los habitantes de sus provincias lo que hace es ahondar las diferencias en perjuicio siempre de los alicantinos, es evidente que hay que dar un paso adelante y llegar hasta donde haga falta en defensa de la dignidad y el progreso de la gente de Alicante.

Y la propuesta de Esperanza Ciudadana era y es tan constitucional como pueda ser la propuesta de convertir a España en un estado federal o de suprimir el senado, por citar sólo algunas de las que ya se han puesto encima de la mesa.

No se puede olvidar que las administraciones públicas tienen un carácter instrumental, que en nuestro caso, además, se trata de una administración sin arraigo histórico o sentimental y que cuando una administración no sirve a los fines para los que fue creada o se reforma o se sustituye. Confundir el amor a la tierra, a la región con el amor a una administración, bastante inútil por cierto, es de una simpleza política que raya el ridículo. Nadie se rasga las vestiduras cuando se propone la supresión de las Diputaciones apelando al amor a esa institución y confundiéndola con el sentimiento de pertenencia a una determinada provincia. Y tampoco es posible olvidar que los vínculos culturales de la Provincia de Alicante con el resto de la Comunidad Autónoma solo son parciales y con diferente intensidad.

Hay que recordar que, de acuerdo a los Artículos 137 y 143 de la Constitución, la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas no es obligatoria y que la iniciativa del ejercicio del derecho a la autonomía corresponde a las provincias de forma también opcional.

Alicante debe exigir el sitio que le corresponde en el seno de la Comunidad Valenciana y la reparación de la discriminación presupuestaria que históricamente ha venido sufriendo. No hacerlo es seguir siendo ciudadanos de segunda y retroceder año tras año en los niveles de progreso y prosperidad que podría alcanzar. Alicante tiene capacidad y potencial de sobra para progresar y sus ciudadanos no necesitan soportar sobre su cabeza cuatro administraciones públicas diferentes. Menos seguir lloriqueando frente al Estado o a la Generalidad Valenciana se puede y se debe intentar cualquier iniciativa política.

Santiago de Munck Loyola

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El Pacto del Botánico.

Pronto la administración autonómica cambiará de manos. Tras la desastrosa gestión del Partido Popular, la Generalidad Valenciana pasará a estar gobernada por un bipartito compuesto por el PSPV y Compromís, presidido por Ximo Puig, y apoyado parlamentariamente por Podemos. Estas tres fuerzas políticas han firmado el 11 de junio de 2015 un acuerdo, el Pacto del Botánico, que siendo desconocido por la mayoría de los ciudadanos marcará el rumbo político de los próximos cuatro años. Este acuerdo, que no llega a ser un programa de gobierno, fija una serie de directrices políticas que van más lejos, según algunos comentaristas políticos, de lo que el PSPV postulaba en su propio programa y obliga a este partido a asumir las propuestas de Compromís y Podemos.

El Pacto del Botánico se divide en cinco grandes grupos de propuestas: el Rescate de personas, la Regeneración democrática y lucha contra la corrupción, Gobernar para las personas, un Nuevo modelo productivo y una Financiación justa y auditoría ciudadana. En cada uno de estos apartados se enumeran una serie de propuestas y se hace, por regla general, de forma bastante imprecisa y, por supuesto, sin cuantificar. El trasfondo ideológico de este documento ya es conocido, llevamos meses escuchándolo en los medios de comunicación a los tertulianos de Podemos. Se promete establecer la renta garantizada de ciudadanía sin cuantificar, por supuesto su coste económico ni su alcance social; se promete “asegurar que todas las familias puedan acceder a un consumo mínimo” de luz, agua y gas y no cabe más remedio que preguntarse qué quieren decir con esto porque el derecho al acceso a un consumo mínimo de estos suministros ya existe y otra cosa muy diferente es lo relativo al pago de ese consumo mínimo. Cuando hablan de “todas las familias” ¿significa realmente todas?; prometen crear una “Oficina de lucha contra el fraude y la corrupción, que debe ser un organismo independiente con autonomía presupuestaria encargado de la investigación y la prevención”, es decir, más gasto público, otra poltrona innecesaria que pretende suplantar las funciones de la policía y la fiscalía; omiten, en el apartado de la regeneración, algo tan importante y elemental como potenciar las incompatibilidades para que nadie pueda ocupar simultáneamente dos cargos públicos; prometen una “auditoría ciudadana” de la deuda de la Generalidad pero no explican en qué consiste ese nuevo invento y proponen la “creación de una Agencia Tributaria propia, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía” algo que, por cierto, no está recogido como tal en el Art. 69.1 del Estatuto y olvidan o desconocen, además, que ya ha sido creado al amparo de ese artículo el Instituto Valenciano de Administración Tributaria.

Pero este documento que es de por si preocupante por la falta de consistencia de muchas de sus medidas lo es también, además, por lo que omite y que afecta de forma especial a la discriminada Provincia de Alicante. No se olvidan los del tripartito de mencionar la reclamación de la Deuda Histórica al Estado, pero sí se olvidan de la Deuda Histórica de la Generalidad Valenciana con la Provincia de Alicante a la que lleva décadas discriminando presupuestariamente. Se trata de una deuda real y cuantificable que ningún partido salvo Esperanza Ciudadana se atreve a reconocer y a exigir. Reclaman la dotación de infraestructuras estratégicas pero no dedican ni una línea a las infraestructuras hidrológicas que nuestra sedienta provincia necesita para su agricultura y su desarrollo empresarial. Y, para colmo, dicen que van a impulsar la integración de las diputaciones en la Generalidad asfixiando así la más mínima capacidad gestora de carácter provincial.

En definitiva, el Pacto del Botánico no augura nada bueno para nuestra provincia. Ni por las políticas de sobrecarga del gasto público que pretende desarrollar con una administración ya arruinada, ni por la deliberada omisión de las necesidades más elementales para garantizar el progreso de Alicante. Si la Generalidad Valenciana ya ha demostrado su inviabilidad económica, terminará con esta línea por demostrar su inviabilidad política. Y sorprende mucho el silencio sobre este documento de los dos principales partidos de la futura oposición, quizás porque uno anda aún noqueado y porque el otro no se sabe si sube o si baja.

Santiago de Munck Loyola

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Ikea, Alicante y la “polla insaciable”.

En una sociedad de mercado libre, no intervenida, competitiva y con instituciones limpias y transparentes el hecho de que una empresa cualquiera, por muy grande que sea y por muy Ikea que se llame, decida instalarse en una ciudad como Alicante no debería causar todos los problemas y debates que en nuestro caso se están generando. La instalación de esa empresa debería depender fundamentalmente de razones de oportunidad de mercado y del cumplimiento de la legislación vigente. Y poco o nada tendrían que decir los políticos salvo en lo relativo a la defensa de los intereses de los usuarios.

Pero es evidente que no estamos en una sociedad de mercado libre, no intervenida, competitiva y con instituciones limpias y transparentes y no lo estamos porque nos gobiernan los que nos gobiernan y porque se oponen los que se oponen. Unos y otros son los responsables del lamentable espectáculo que se está ofreciendo para algo tan normal como que funcione el mercado en una sociedad moderna y occidental. Seguramente, al observador extranjero toda esta opereta en torno a la instalación de Ikea en Alicante le suena más a una aventura empresarial en una república bananera que a la que corresponde a un país y a una ciudad occidental en el siglo XXI.

Han conseguido que la llegada de Ikea a Alicante esté asociada a la corrupción, al tráfico de influencias y, en definitiva, a lo peor de una determinada forma de entender el papel de las administraciones públicas en el funcionamiento del libre mercado. A la vista de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo es evidente que en Alicante tenemos, más bien padecemos, un Ayuntamiento y una Administración Autonómica podridas hasta la médula que, lejos de servir al interés general, al de los ciudadanos y consumidores, sirven a intereses particulares y, además, bastante sucios, gracias a una clase política en buena parte corrupta, servil, irresponsable y, cuando menos, vergonzosamente pasiva.

Para que una gran empresa se instale en una determinada ciudad sólo deben confluir dos intereses: el de la empresa y el de los consumidores o usuarios y el primero siempre dependerá del segundo. Y el papel de las administraciones no puede ser otro que el de haber desarrollado un modelo de ciudad que disponga de los suelos necesarios para que las oportunidades empresariales pueden materializarse. Y eso no ha ocurrido en nuestra ciudad cuya configuración territorial, cuya trama urbana se ha venido improvisando a golpe de ocurrencias o de intereses particulares, sin más previsión de futuro que la del pelotazo del amigote.

Para que Ikea o cualquier otra gran empresa se instale en nuestra ciudad no hace falta que se vincule con la aprobación de suelos para miles de viviendas nuevas, ni con la creación de un supercomplejo comercial de 130.000 metros cuadrados. Si se hace es sólo para beneficiar al amigote de turno, si se hace es para servir a los intereses de un particular y no al interés general. Podrán justificarlo como quieran, pero todos sabemos que eso es así. Y cuando el proyecto inicial es sometido a investigación judicial, acudir a la figura urbanística de una ATE para eludirla es una demostración palpable de que el Gobierno de la Generalidad también está sirviendo a intereses privados.

Ikea no es la panacea para el empleo ni es la salvación de la ciudad, aunque lo sea del capo de la misma. Es indudable que su implantación beneficiará al consumidor que ya no tendrá que desplazarse a Murcia o a Valencia para adquirir los productos de la multinacional sueca. Pero si Ikea va acompañada de un macrocentro comercial significará, sin duda, la asfixia de los numerosos centros comerciales de la ciudad que no terminan de despegar, supondrá la creación de muchos puestos de trabajo pero simultáneamente la pérdida de cientos de puestos de trabajo en esos mismos centros comerciales y en muchos de los comercios del centro de la ciudad y supondrá el desplazamiento y concentración del ocio con la consiguiente pérdida de vitalidad de importantes zonas de la ciudad. Hay que valorar todo y hay que redimensionar el impacto de esta iniciativa empresarial. Pero lo que hay que intentar sobre todo es obligar a nuestros gobernantes a que sitúen en el centro de sus actos el interés de los alicantinos y a que olviden de una vez sus pactos y su vergonzante sumisión en Valencia y en Alicante a la “polla insaciable”.

Santiago de Munck Loyola

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Alicante maltratada (1).

Sr. Ciscar: Obras son amores y no buenas razones.

“Adoro a España”, “amo a Cataluña”, ¿cuántas veces hemos escuchado a famosos, artistas, políticos o empresarios expresar así su “amor” por su tierra? Muchas ¿verdad? Y ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que estos enamorados de su tierra tienen su domicilio fiscal o su dinero a buen recaudo en el extranjero o en paraísos fiscales? Pues más de lo que nos gustaría a la gente normal y corriente. Son “amores”, cuando menos, curiosos. A estos famosos les encanta España, su tierra, lo proclaman casi a voz en grito; son más españoles o más catalanes, en su caso, que los demás. De boquilla lo que haga falta. Pero su peculiar patriotismo llega hasta donde llega hacienda, o sea, hasta donde llegamos todos porque no hay que olvidar que hacienda somos todos. Aman a su “patria” pero aman mucho más a su dinero. Su especial patriotismo les impide contribuir con su dinero al sostenimiento de su patria. ¡Faltaría más! La pasta a buen recaudo fuera de la patria y que sean otros los que con sus impuestos contribuyan al sostenimiento de la patria. Son unos farsantes. Así de claro. Sus proclamas son sólo eso, palabras huecas y vacías, un “engañabobos”. Son los hechos los que cuentan, las obras y no las palabras.

Me he acordado de esos farsantes al leer las declaraciones del Presidente Provincial del PP de Alicante, Sr.  Císcar para quien “ha llegado la hora de que los alicantinos digamos alto y claro por qué nos enamora nuestra tierra, y que nos sentimos orgullosos de ella y el PP lo va a hacer”. Como si se lo creyera, José Císcar dijo ayer, día de los enamorados, que el PP “va a poner a Alicante en valor” porque “cree en esta tierra, en su gente, en sus proyectos y en lo que representa”. Y terminó su alucinante alocución señalando que “nosotros sí creemos que esta es la 'millor terreta del món'. La izquierda, al parecer, no”. No, no se ría el lector por favor que estas declaraciones son ciertas. Sí, las ha realizado el Presidente del PP alicantino y Vicepresidente del Gobierno de la Generalidad Valenciana, el mismo Gobierno que lleva años y años marginando y discriminando a la Provincia de Alicante a la que viene relegando por sistema al último lugar en las inversiones de la Generalidad Valenciana.

El amor del Sr. Císcar y del PP por Alicante se traduce en que este año 2015 cada alicantino recibirá en inversiones de la Generalidad Valenciana una media de 25 euros, frente a los 31,5 de media, es decir, que  la provincia deja de recibir 12,52 millones de euros según criterio poblacional lo que supone una merma de inversiones territorializadas de 252,9 millones de euros entre los años 2008 y 2015. Gracias a este proclamado enamoramiento del Sr. Císcar y sus palmeros Alicante es la octava provincia con menos médicos en relación a su población lo que sitúa a nuestra provincia en el puesto 45 con una tasa de 328 médicos por cada 100.000 habitantes. Gracias al amor del PP, el Gobierno de España priva a los municipios de la provincia de grandes inversiones en 2015 y, así, los Presupuestos Generales del Estado apenas incluyen nuevas obras para Alicante, mientras que Elche solo dispondrá de 8,5 millones para la Ronda Sur. Tanto aman los populares a la Provincia de Alicante que el Gobierno de Rajoy destina en 2015 187,50 euros por ciudadano en las comarcas alicantinas frente a los 1.968,99 euros que ha invierte, por ejemplo, en Orense. Tan sublime amor por esta tierra hace que el Gobierno del PP condene el trasvase Júcar-Vinalopó tras gastarse 400 millones para enviar 8 hm3 y olvide el prometido Plan Hidrológico Nacional, que la inversión estatal en el litoral alicantino se hunda un 98% en siete años o que hayan relegado a nuestra provincia al puesto 26 de toda España en inversiones para el mantenimiento de carreteras. Y ¿para qué seguir? El amor de los Sres. Císcar, Fabra, JJ Zaplana y tantos otros líderes populares por Alicante se traduce en cifras y hechos incontestables que relegan a la 5ª provincia española en población y PIB al furgón de cola de las inversiones de la Generalidad Valenciana y del Estado, ambas administraciones gobernadas por el Partido Popular.

Los políticos pueden decir lo que les venga en gana, hasta la última estupidez que se les pase por la imaginación, pero, por favor, un poco de respeto a los ciudadanos, Sr. Císcar. No Insulte a nuestra inteligencia, el patriotismo como el amor se demuestra con hechos, no con palabras y menos aún tan cursis como huecas. Obras son amores y no buenas razones.

Santiago de Munck Loyola

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Alicante víctima del sistema político.

Del mismo modo que el Hércules C.F. no está en la división de honor, ni desgraciadamente se le espera, parece que tampoco lo está nuestra ciudad, Alicante, ni nuestra Provincia. Hablamos de la cuarta provincia más poblada de España, la más densamente poblada de la Comunidad Valenciana y la quinta de España. Estamos hablando de una provincia cuya población, si sumamos la de residentes extranjeros no empadronados, supera incluso a la de Valencia y que es uno de los territorios españoles con mayor grado de urbanización. Y, sin embargo, se trata de una provincia cuyo peso demográfico, por no mencionar otros factores, no se ve correspondido con las inversiones públicas necesarias e imprescindibles para su progreso y el bienestar de sus ciudadanos.

Hace pocas horas los medios de comunicación volvían a poner encima de la mesa un dato que ya fue objeto de polémica hace unos meses y que los representantes populares provinciales trataron de negar tomando por tontos a los ciudadanos: la falta de inversión del Gobierno central para el mantenimiento de las carreteras en la provincia. El hecho es que el Gobierno del Partido Popular relegó el pasado año a la provincia al puesto 26 de toda España en inversiones para el mantenimiento de carreteras. El Ejecutivo central apenas destinó 12,7 millones de euros en 2013 para la conservación y la mejora de nuestras carreteras, a pesar de que Alicante es la quinta demarcación nacional en población y que es una de las que más turistas recibe por carretera. Es decir, Alicante se situó en el puesto provincial vigésimo sexto en cuanto a este tipo de inversiones. Es evidente, como cualquier usuario puede comprobar, que el estado de la red de carreteras en la Provincia necesita más inversión en mantenimiento y que muchos proyectos de mejora necesitan financiación para poder ver la luz. Ni los ciudadanos de la provincia, ni los turistas que nos visitan pueden esperar, hoy por hoy, que la administración del Estado ni la arruinada Generalidad Valenciana aporten las inversiones imprescindibles para configurar una red vial acorde con la población existente y con una apuesta creíble por el desarrollo del turismo y del tejido empresarial. Y a todo esto, nuestros representantes y gobernantes calladitos y aparentemente muy satisfechos: José Císcar, Sonia Castedo, Luisa Pastor,… Ellos a lo suyo que no es, al parecer, lo mismo que lo de los ciudadanos.

Con ser relevante lo anterior no es, ni mucho menos, lo único que pone de manifiesto que Alicante no es tratada con justicia y que la falta de talante reivindicativo de nuestra clase política o la ausencia de proyectos ambiciosos nos sitúa muy por debajo del nivel que nos corresponde. Resulta a todas luces incomprensible la infrautilización de nuestro puerto al que la ausencia de enlace ferroviario para mover mercancías con el centro y norte de España hace perder la nada despreciable cifra de nueve millones de euros cada año. El Ministerio de Fomento cortó la conexión en 2010 a causa de las obras del AVE y no la ha repuesto aún. Situación que además podrá agravarse según los expertos ya que si se retrasa el enlace con el futuro Corredor Mediterráneo las pérdidas anuales se dispararán hasta los 11,4 millones de euros anuales. A este respecto, Joaquín Rocamora, Presidente de Ineca, coincide en que “Alicante ha dejado de contar tanto para la Generalidad como para el Gobierno, pese a que seguimos siendo una provincia importante”.

Es incomprensible que no haya una respuesta ni solución a la vista para conectar por tren el puerto y el aeropuerto al Corredor Mediterráneo y al AVE. Como lo es también la paralización de las obras del acceso sur a la ciudad de Alicante ofreciendo una imagen indigna de la capital de una provincia como la nuestra, la paralización de las obras del túnel se Serra Grossa, la lentitud en el desarrollo de los trabajos del paseo peatonal del Plan Bahía o la paralización de las obras en el túnel del AVE por los impagos de la Generalidad Valenciana.

Ni la ciudad de Alicante ni la provincia están siendo tratadas con justicia por las administraciones públicas ni por los políticos que las gestionan y que, teóricamente, nos representan. A la falta de inversiones públicas en nuestro territorio acompaña la ausencia de planes vertebradores del mismo y ello es extensible desde la ciudad de Alicante hasta el último rincón de la provincia.

Todo ello es fruto de un sistema de partidos y de una clase política instalada en sus privilegios que no se debe a los ciudadanos a los que debían representar sino al propio sistema partitocrático que los premia o castiga según su docilidad. No se trata de colores políticos, no, porque estamos hartos de ver cómo se tiran los trastos a la cabeza cuando el que gobierna en Madrid no es del mismo color que el que gobierna en Valencia. Da igual, azules y colorados comparten los mismos genes de una determinada casta política que debería ir pensando en jubilarse por el bien de los ciudadanos. El que se mueve no sale en la foto, el que alza la voz cuando los intereses ciudadanos no coinciden con los de su partido es silenciado y apartado perdiendo con ello la poltrona. Pocos son los políticos que anteponen los intereses de la provincia, de su pueblo o de su ciudad a los intereses de su partido o a los suyos personales. Por eso callan, por eso no exigen, por eso no reivindican lo que en justicia corresponde a los ciudadanos de Alicante. Y ya se sabe que “el que no llora no mama”. Y a lo que se ve, lamentablemente, nuestros representantes políticos se conforman con el chupete.

Santiago de Munck Loyola

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¡Pío, pío que nadie ha sido!

Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible. Si no hay dinero para sostener a la RTVV, es imposible sostenerla a no ser que se quite de otro sitio. Hay que reconocer que la dolorosa decisión de cerrar la RTVV y dejar en la calle a más de 1.700 personas que ha tomado el Presidente Fabra es valiente y, posiblemente, la única que se podía tomar tras conocer el varapalo judicial propinado por la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana. Podrá discutirse sobre la necesidad o la conveniencia de que las Comunidades Autónomas dispongan de medios de comunicación propios y, sobre todo, de que  en medio de esta profunda recesión dediquen ingentes recursos públicos al sostenimiento de unos medios de comunicación que, además, nunca han estado al servicio de los ciudadanos, sino de la casta política y de los intereses partidistas del gobierno de turno. Pero sobre lo que no debería caber duda alguna es sobre las prioridades que cualquier gobierno debería tener. Hay servicios públicos que son esenciales y otros que no lo son tanto. Y, por cierto, decenas de asesores, chófer y un cocinero no son esenciales.

Sin embargo, desde una perspectiva política llama mucho la atención la ausencia de la más mínima autocrítica en la comparecencia del Presidente Fabra y en las declaraciones de los principales dirigentes populares. Y llama mucho la atención igualmente que tras un hecho que implica la expresión de un auténtico y rotundo fracaso de gestión, ningún político asuma responsabilidad política alguna, que ningún político pague por su incompetencia y negligencia y que los platos rotos los paguen los de siempre, los empleados despedidos y el conjunto de la sociedad. Y para qué comentar las declaraciones de algunos dirigentes del PP que repiten como loros las consignas de los “argumentarios” oficiales. ¡Lástima de sueldos y de dinero desperdiciados en tanto descerebrado en tal altos cargos!

No queda más remedio que plantearse algunas preguntas para tratar de comprender cómo y por qué se ha llegado a esta situación. La RTVV ha sido cerrada por el Gobierno Autonómico tras conocer la sentencia del TSJ que anulaba el ERE planteado por la dirección del ente público. ¿Por qué el TSJ ha anulado el ERE? Pues la razón de fondo no es otra que la constatación de que el ERE, entre otras cosas, no se ajustaba a los procedimientos legales e implicaba, como denunció la fiscalía, una vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué se ha tenido que llegar a plantear un ERE? Porque la caída de ingresos de la Generalitat Valenciana no ha permitido seguir con lo que era una práctica habitual, con la transferencia continua de fondos públicos a lo que se había convertido en un pozo sin fondo y no quedaba más remedio que redimensionar la RTVV para tratar de frenar sus pérdidas constantes. ¿Por qué la RTVV era un ente ruinoso? Porque los políticos de nuestra Comunidad así lo han querido o consentido. Lejos de atender a los informes técnicos que desde hace diez años venían denunciando que la situación económica de la RTVV era peligrosa e insostenible a largo plazo, nuestros gobernantes no sólo se han dedicado mirar hacia otro lado, sino que, además, no han tenido ningún recato ni vergüenza para usarla como instrumento político al coste que fuera.

No está de más recordar que cuando el Partido Popular accedió en 1995 al Gobierno de la Comunidad Valenciana, heredó una RTVV con unos 600 empleados, con una deuda de 6 millones de euros y una audiencia del 14 %. Dieciocho años después, el gobierno del PPCV deja una RTVV con más de 1.700 empleados, con una deuda acumulada de más 1.200 millones de euros y una audiencia por debajo del 5%. El balance es demoledor y absolutamente vergonzoso. Las cifras cantan y resulta inadmisible que nadie asuma responsabilidad alguna. Entre todos la mataron y ella sola se murió, pensarán algunos. Puede, pero algunos la han matado mucho más que otros. Culpar a la intransigencia de los sindicatos en la negociación del ERE es una muestra de intolerable cinismo. Claro que los sindicatos, que durante años se han venido beneficiando de la “fiesta” del canal público, tendrán su parte de responsabilidad. No se puede ignorar tampoco que las televisiones privadas con mucho más audiencia funcionan con menos de un tercio de personal que la televisión valenciana. Nadie puede honradamente sostener que los más de 1.700 empleados de la RTVV eran necesarios por la sencilla razón de que no había “tajo” para todos. Hay responsabilidades, sin duda, en los sindicatos pero mucho más pequeñas de quienes recibieron la confianza de los ciudadanos para gestionar los bienes públicos como si fuesen propios, con honradez, con ejemplaridad y con eficacia. Y no cabe ninguna duda de que estas cualidades han brillado por su ausencia en la gestión del ente público. No es casualidad que cuatro directivos del mismo estén ahora mismo imputados en diversos casos de corrupción.

El PPCV debe unas disculpas a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y se las debe no sólo por no haber sabido gestionar la RTVV, entre otras cosas, sino también por no asumir sus responsabilidades políticas y por mentirles al no realizar la más mínima autocrítica. No es posible olvidar que el reconocimiento público de los errores, la autocrítica y la rectificación son ingredientes indispensables de la decencia política. Y deben también excusas a los ciudadanos todos esos profesionales que ahora se acuerdan de la ética profesional pero no lo hacían cuando se veían “obligados” a “desinformar” a cambio de sus sueldos.

Santiago de Munck Loyola

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Alicante: paradigma de la discriminación pública.

Un somero examen de los datos y cifras socio económicos pone en cuestión, muchas veces, la eficiencia de las administraciones públicas y la propia capacidad de gestión de muchos políticos. Y éso es lo que ocurre especialmente cuando echamos un vistazo a la situación de nuestra provincia.

En primer lugar, contrasta poderosamente el empuje, la capacidad y la creatividad de la sociedad alicantina con los resultados de la gestión pública. Alicante es la cuarta provincia de España no sólo por su población, superior incluso a la de varias Comunidades Autónoma, sino que es, además, la cuarta por Producto Interior Bruto. Y ello a pesar de que las inversiones públicas, tanto del estado, como de la Generalitat Valenciana, en la Provincia han sido claramente insuficientes y discriminatorias con respecto a las realizadas en otros territorios, es decir, que Alicante está en el cuarto puesto a pesar de la falta de impulso de las Administraciones Públicas o lo que es lo mismo soportando una pesada losa pública.

Durante mucho tiempo, se ha venido denunciando por parte de una parte de la clase política la discriminación que suponía la escasa inversión anual de los Gobiernos de Zapatero. Según los datos del estudio recientemente publicado de INECA, las inversiones anuales del Estado han venido estando muy por debajo de la media nacional y esta anómala situación, paradójicamente, no se ha corregido en el ejercicio 2013, con el Gobierno del Partido Popular. La inversión del Estado por habitante en la provincia de Alicante en 2013 está un 40% por debajo de la media nacional. Por cada alicantino el Estado invertirá 132,53 euros, lo que supone 90,31 euros menos que la media nacional. Siendo la cuarta provincia en número de habitantes y en PIB, Alicante pasa a la posición 44 si se atiende al número de censados y a la posición 14 si se atiende al PIB. Para que nos hagamos una idea, desde 2008 a 2013, la Provincia de Alicante ha percibido del Estado 1.662 millones de euros menos de lo que debería haber recibido atendiendo a su población.

Y si analizamos las inversiones de la Generalitat Valenciana, de las que no se puede culpar a los gobiernos de Zapatero, nos encontramos con que representando Alicante el 40% de la población de la Comunidad Valenciana en los últimos cinco años sólo ha recibido el 29 % de las inversiones de la Generalitat, es decir, 210 millones de euros menos de lo que le correspondería por su peso poblacional. Señala el estudio de Ineca que entre 2008 y 2012 la Generalitat Valenciana gastó en infraestructuras 802,85 euros por cada castellonense censado; en Valencia la suma equivale a 502,19 euros por persona; mientras que en Alicante la cifra desciende a tan sólo 376,66 euros.

Se trate del Gobierno central o del autonómico, gobierne el PP o el PSOE, se reproduce exactamente la misma tendencia, el mismo criterio de discriminación hacia los alicantinos. No valen excusas, las cifras cantan y las responsabilidades son tan evidentes que es difícil encontrar justificaciones a las mismas.

Pero hay más cifras que ponen en cuestión la justicia y la solidaridad de nuestro actual sistema político en relación al trato que reciben los alicantinos. Un pensionista alicantino recibe de media 741,57 euros mensuales mientras que la media nacional es de 849,60 al mes y la regional es de 781,30 euros. Y en la provincia hay con 293.743 pensionistas. El año pasado los magistrados de la provincia de Alicante recibieron 5.645 procedimientos por desahucios, de los que ordenaron un total de 5.373. A nivel nacional, los magistrados ordenaron 101.304 desalojos a lo largo del año pasado. Los datos colocan a la provincia de Alicante como la tercera de España en lanzamientos de viviendas registradas en los juzgados por lo que también salimos peor parados en la media.

Nos cae ahora, si no se remedia, le decisión del Gobierno de elevar hasta los 400 hm3 la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía recortando entre 40 hm3 y 50 hm3 el caudal anual disponible para trasvasar a Alicante y Murcia, poniendo en serio peligro la continuidad del riego tan esencial para la agricultura de la Provincia. Si escasa y cara es el agua para nuestra agricultura, tampoco encontramos compensación en el agua para consumo doméstico que es una de las más caras de España y la más cara si atendemos al tramo de contadores de 15mm y consumo de 10m3 mensual.

Y si queremos seguir analizando otras cifras nos encontraremos con resultados similares y conclusiones parecidas. Alicante es lo que es gracias a su población, a su sociedad más que gracias a la clase política. Y Alicante podría ser mucho más si no fuera por quienes nos representan y nos gobiernan. Pero, sobre todo, se quedan en el aire algunas preguntas, con estos datos ¿a qué c… se dedican nuestros representantes provinciales? ¿Cómo se puede lograr que Alicante alcance el peso que le corresponde ante la Generalitat o ante el Estado? ¿La Provincia más dinámica, más abierta y cosmopolita de la Comunidad Valenciana puede seguir así indefinidamente?

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Por un mismo criterio para los imputados.

El pasado mes de abril, el jefe del Consell y Presidente Regional del PP, Alberto Fabra, manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza" de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Hace pocos días, Alberto Fabra, ha justificado dos dimisiones de cargos autonómicos imputados en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con el Instituto Nóos argumentando que "los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad". Fabra añadió que "en esta administración no puede haber imputados porque los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad: Desde mi Gobierno tenemos muy claro que aquellas personas que estén involucradas en algún proceso judicial van a tener que dejar sus responsabilidades" y que "en estos momentos no podemos hacer otra cosa que seguir generando la confianza en el ciudadano, que está exigiendo ejemplaridad".

Parece que el Presidente participa, de una parte, de la generalizada confusión existente en torno al concepto de “imputación” y, de otra, que no aplica el mismo criterio en la Administración que dirige que en las administraciones encabezadas por cargos del PP, partido que él mismo también preside. No parece coherente aplicar un criterio en la Generalitat y, por otra parte, no exigir que se aplique en las demás administraciones públicas cuyos cargos dependen orgánicamente de él. O todos moros o todos cristianos.

En cuanto al alcance del concepto “imputado” hay que empezar por subrayar lo obvio: todo imputado es inocente en virtud del principio de presunción de inocencia recogido en el Art. 24.2 de la Constitución. Se recibe la denominación de imputado cuando una persona está siendo investigada en un procedimiento abreviado (es decir, cuando el hecho investigado esté castigado con menos de 9 años de privación de libertad) por un juez para determinar si hay base para sostener una acusación por la existencia de un presunto delito. Se recibe la denominación de procesado cuando una persona está siendo investigada en un procedimiento ordinario (cuando el hecho investigado esté castigado con más de 9 años de privación de libertad). Una persona imputada o procesada es una persona que está siendo investigada y pasará a ser acusada cuando se cierre la investigación y pase a ser juzgada.

Imputados o procesados, que no acusados, son personas que de momento sólo están siendo investigadas, no están aún acusadas de la comisión de un delito. Y, aclarado ésto, lo procedente desde una perspectiva política es trazar la línea, determinar el momento en que una persona, aún inocente, debe dejar su cargo público. Y no se trata de una decisión fácil de establecer porque en política pocas veces hay marcha atrás y la experiencia ha demostrado que políticos absueltos de toda culpa nunca han podido regresar a sus responsabilidades ni nadie les ha repuesto su honor. A la condena mediática previa, implacable e irresponsable muchas veces, siempre se ha sumado la incapacidad y el egoísmo de las organizaciones políticas para reponer el honor, el crédito y el trabajo de los absueltos. ¿Se debe cesar o forzar la dimisión de un cargo público cuando es imputado? ¿Cuando es acusado? ¿O habría que esperar a que fuese condenado? Los ciudadanos nos hemos acostumbrado al “linchamiento” mediático y partidista de cualquier imputado. Pero ¿es justo? La duda está ahí y no es tanto una duda jurídica como ética.

Sin embargo, sea cual fuere la línea roja que se marque, lo que es indudable es que debe ser, en el ámbito de una organización política, idéntica para todos. No es de recibo que imputados de segundo nivel deban dimitir o sean cesados fulminantemente y los de primer nivel no lo hagan. El criterio debe ser exactamente igual para todos, por lo menos en el ámbito del Partido Popular ya que, al no existir norma igual para todos, cada partido político trazará su nivel de exigencia en función del valor que otorgue a la ejemplaridad frente a las garantías sobre la presunción de inocencia.

Y resulta imprescindible, en el ámbito del PP el establecimiento de un criterio igualitario, porque mientras algunos imputados dejan sus cargos, muchos otros, en idénticas circunstancias los conservan. Baste recordar que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana mantiene a muchos cargos de primera línea en sus puestos pese a estar imputados en distintos procedimientos. Solo en las Cortes Valencianas, el PP tiene siete imputados que podrían llegar a 10: Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Angélica Such por el caso Gürtel; Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, por tres causas diferentes. Y además otros dos diputados, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor Luis Díaz Alperi, ya han sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Brugal y pronto podrían ser imputados. Y, al igual que en el Grupo Parlamentario, se mantienen en diversos puestos por toda la Comunidad a distintos imputados.

Se trata de una difícil decisión para el Presidente Fabra y, de paso, para todos los Compromisarios del cercano Congreso Regional que tienen en su mano abordar este asunto con rigor, discutirlo a fondo y adoptar un criterio idéntico para todos los militantes del Partido Popular. Ojala lo hagan y acierten.

Santiago de Munck Loyola

Francisco Camps ha dimitido.

Hoy, 20 de julio, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado su dimisión al frente de esta institución a consecuencia de su procesamiento por el caso del presunto regalo de tres trajes realizado por la trama corrupta Gürtel.

Afirma que es inocente y que ahora podrá defenderse y responder a todas las insidias y ataques de los que ha sido objeto. Igualmente ha expresado que se trata de un sacrificio personal y político que ofrece por el bien de España para no entorpecer una victoria del Partido Popular en las próximas elecciones generales.

Con este gesto, Camps ha despejado notablemente la agenda política de las próximas semanas y ha allanado con seguridad el camino de su defensa judicial. Se trata, sin duda, de una decisión necesaria, inteligente y valiente de un político que ha sabido ganarse el respaldo mayoritario en tres ocasiones del electorado de la Comunidad Valenciana lo que le ha valido un odio e inquina feroces por parte de sus adversarios políticos siempre tentados a ganar en los tribunales lo que pierden en las urnas. Lo cierto es que en las últimas elecciones del pasado 22 de mayo la inmensa mayoría de los votantes ha preferido votar a un político bajo sospecha de haber recibido regalos poco recomendables antes que votar a cualquiera de los candidatos de la izquierda valenciana. Las cifras están ahí y son incuestionables.

Camps ha hecho lo que debía hacer porque así lo exigía no sólo el sentido común, sino también el espíritu y la letra del Código de buenas prácticas del Partido Popular. Su dimisión es un claro referente para poder construir un discurso ético coherente con el que promover la necesaria regeneración del sistema político. Y si tras el proceso judicial que se desarrolle resulta que se demuestra su inocencia, no debería existir ningún obstáculo por parte del Partido Popular para promover su recuperación de la Presidencia de la Generalidad Valenciana.

No hay nada escrito, pero algunos se están apresurando a llamarle delincuente sin que se haya demostrado su culpabilidad y tan solo por haber presentado la dimisión. Dan por hecho, con ese sentido totalitario y estalinista que les caracteriza, que Camps es culpable, pese a sus repetidas manifestaciones de inocencia y pese a la existencia legal, al día de hoy y aunque les moleste, del principio de presunción de inocencia. Menos mal que estos aspirantes a verdugos no son jueces, porque si no ya se habrían “cepillado” lo que queda del Estado de Derecho.

Camps ha dimitido y eso le honra. Y ahora que tenga suerte y se haga justicia.

Santiago de Munck Loyola