Algo debería cambiar.

Cada día que pasa parece que se agrava la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su equipo de gobierno. Poco a poco se va extendiendo la idea, antes muy minoritaria, de que debería dimitir como consecuencia de su imputación por diversos delitos en los Tribunales de Justicia y del daño que esta circunstancia estaba ocasionando a la imagen de la ciudad y del Partido Popular. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, durante el acto de celebración del primer año del Presidente Fabra al frente del PPCV, todos pudimos ver cómo distintos dirigentes populares hacían el vacío a Sonia Castedo, y con ello a los alicantinos a quienes como Alcaldesa nos representa, y rehuían cualquier fotografía junto a ella. Por otra parte, va cobrando fuerza el rumor de que en Génova están hartos de la situación y presionan para que dimita. Al parecer, hay quien no desea la foto de la Alcaldesa imputada junto al Príncipe de Asturias en el caso de que presida la inauguración del AVE hasta nuestra ciudad.

Las últimas noticias no han contribuido tampoco a aliviar la mala imagen del Gobierno Municipal y en ellas ha vuelto a ser protagonista el mismo “tronco” que aparece en los procesos judiciales abiertos. Las adjudicaciones municipales de contratos a empresas vinculadas al Sr. Ortiz por importe de 468 millones de euros, realizadas por vía extraordinaria y urgente sin justificación política ni legal alguna, han agravado la mala imagen no ya de Sonia Castedo que no participó en la Junta de Gobierno, sino del equipo de gobierno que ha venido comportándose de forma cómplice en unas formas y modos de actuar más que reprobables. 

Del mismo modo, la anulación por parte del TSJ del Plan Rabasa, en el que también es pieza clave el Sr. Ortiz y su venta de suelos a Ikea, por la existencia de graves defectos en su tramitación ha supuesto una mancha más en la imagen de la gestión Municipal. Si a ello sumamos las recientes informaciones de dos viajes a Portugal de la Sra. Alcaldesa y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, en jet privado para negociar los precios de la venta de los suelos del Sr. Ortiz a Ikea, como si se tratase de agentes inmobiliarios, tenemos delante un panorama bastante desolador.

Este lamentable panorama político salpica fuertemente a la imagen del Partido Popular cuya pasividad, cuando no complicidad política, de cara a la opinión pública ha sido más que evidente. La dirección provincial, ante la imputación judicial de la alcaldesa y del vicealcalde, se ha limitado a recordar la obviedad de que las actas de los concejales eran personales y que no se les podía obligar a dimitir, pero es un hecho cierto que no ha querido, o no ha podido ejercer una facultad a través del resto de los concejales, de ordenar la exclusión de los imputados del Grupo Popular Municipal y no lo ha hecho, posiblemente, porque se habría encontrado con la negativa de la mayoría de los mismos quienes, a través de diferentes medios, ya habían expresado que estarían con la Alcaldesa hasta el final. A ello, hay que añadir dos datos relevantes para sopesar la actitud de la dirección provincial del PP ante esta grave situación. De una parte, el hecho de que el Secretario General Provincial José Juan Zaplana presidiera la cena de auto homenaje a Sonia Castedo que se organizó poco antes de Navidad y poco tiempo después de conocerse su imputación judicial. De otra, el hecho de que el Secretario Provincial se reuniera con los concejales imputados para “apuntalar” las elecciones internas del Partido Popular de la ciudad de Alicante, acabando con ello con la esperanza de unas elecciones internas limpias y democráticas, es decir, sin intervenciones superiores para predeterminar un resultado concreto. A este respecto hay que recordar que la democracia interna en el PP de la ciudad de Alicante no funciona, que la Dirección Provincial decidió en octubre pasado, de espaldas a los militantes, suprimir la Junta Local de la ciudad y crear una serie de distritos, que no se ha celebrado ningún proceso electoral interno, superando todos los plazos legales, y que según los medios de comunicación, algo no desmentido por la Dirección provincial, el derecho de voto de los miles de afiliados populares de la ciudad está condicionado al destino judicial de una sola persona, la Alcaldesa.

Aunque este análisis es compartido por muchos afiliados de la ciudad, la mayoría calla y consiente porque ya es sabido que el que se mueve no sale en la foto, pero por mucho que se siga escondiendo la cabeza en el agujero, la realidad es la que es y los hechos son lo que son. La ciudad de Alicante no se merece la imagen que se está trasladando de la institución municipal y los afiliados populares y los votantes tampoco se merecen el deterioro que este espectáculo político y judicial está ocasionando. Hay responsabilidades de muchos, ya sea por acción o por omisión, y desde una perspectiva política no están circunscritas a la esfera municipal, aunque lamentablemente y como suele ser habitual nadie dará la cara en el momento oportuno. Eso sí, matarán al mensajero.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

¿Apaños o amaños del PGOU de Alicante?

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española “apañar” puede significar:

1. Coger, especialmente con la mano.

2. Recoger, coger con la mano frutos, especialmente del suelo.

3. Tomar algo o apoderarse de ello capciosa e ilícitamente.

4. Acicalar, asear, ataviar.

5. Aderezar o condimentar la comida.

6. Remendar o componer lo que está roto.

7. Coloq. Poner solución o remedio a un asunto precariamente, con disimulo o por conveniencia.

8. Coloq. Abrigar, arropar.

9.  En Arg., Bol., Hond., Nic. y Perú. Encubrir, ocultar o proteger a alguien.

10. prnl. coloq. Darse maña para hacer algo.

 Según el diccionario de sinónimos “apañar” es:

1. Arreglar, componer, reparar, ajustar.

2. Amañar, falsear, preparar, engañar, robar, timar.

3. Componérselas, arreglárselas, manejarse, ingeniarse

Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española atribuye a la palabra “amañar” los siguientes significados:

1. Preparar o disponer algo con engaño o artificio.

2. Cantb. y Gal. Arreglar, componer.

3. Darse maña.

4. Adaptarse o acomodarse.

5. NO Arg., Col. y Ec. Unirse en concubinato.

6. Col. y Ven. Acostumbrarse, habituarse a la novedad de un ambiente o a una actividad.

Según también el Diccionario de sinónimos “amañar” es:

1. Apañar, arreglar, acomodar, amoldar, componer.

2. Distorsionar, falsear, falsificar, muñir, manipular

Vienen estas definiciones para tratar de ayudar al lector a entender el contenido del escrito del abogado defensor de la Alcaldesa Sonia Castedo a propósito de las investigaciones sobre el PGOU  de Alicante:

«Algunas conversaciones sin duda desafortunadas» con el empresario Enrique Ortiz. Esa expresión concentra el único ejercicio de autocrítica que destila el escrito de descargo que presentó el pasado mes de agosto la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ante el TSJ para pedir que no asumiera la investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

Esas conversaciones, sin embargo, son «deslavazadas», a juicio del abogado de la alcaldesa, y no tienen «base en hechos posteriores que acrediten que lo dicho se plasmó en alguna realidad». El letrado, Juan José Martínez Albert, se esfuerza en minimizar la trascendencia del contenido de las llamadas telefónicas entre su defendida y el dueño del Hércules, e incluso sugiere que esas palabras fueron tergiversadas por los investigadores al conferirles «un significado diametralmente opuesto a la intención misma de los comunicantes o a su sentido gramatical».

El abogado se detiene en la semántica para explicar que «apaño» no es lo mismo que «amaño», y que cuando Castedo le dijo a Ortiz que le había «apañado lo del APA 9 y también lo del Rico Pérez», se refería a que había solucionado dos problemas, la obligación de construir un vial y la reclamación de una parcela por parte del Colegio Nazaret, Ciudad de los Muchachos», respectivamente.     (http://www.lasprovincias.es/v/20120917/alicante/castedo-admite-conversaciones-desafortunadas-20120917.html)

Y que cada cual saque sus propias conclusiones.

Santiago de Munck Loyola

Sonia Castedo debería considerar la dimisión.

No ha sido la semana anterior la mejor semana, desde un punto de vista informativo, para la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Hace poco más de cuatro días, los medios de información se hicieron eco de la decisión del Juez instructor del caso Brugal de enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia pidiendo la imputación de la Alcaldesa, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados en las Cortes valencianas. El juez ve en Castedo y Alperi indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, de tráfico de influencias y de cohecho.

Hoy, el Diario El Mundo, denuncia que la Alcaldesa de Alicante cobra un extra de 584 € mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no asiste. Según este periódico, dicha Comisión es inoperante y tan sólo se ha reunido tres veces desde que se inició la actual legislatura. Se subraya, además, que al único acto que podría haber justificado la percepción de esta dieta, la visita a la central de Cofrentes el pasado mes de junio, la Alcaldesa no asistió. Claro que lo que omite este Diario es que la situación de Castedo no es excepcional, es algo bastante extendido entre los miembros de las Cortes. No estaría de más, en estos tiempos de austeridad para los ciudadanos de a pie, que se publicasen los nombres y cantidades percibidas por los diputados autonómicos que muestran igual entrega y dedicación a su tarea sin dejar de percibir sus retribuciones. Pero Sonia Castedo no es la única responsable de su situación. Es materialmente imposible que se pueda desempeñar simultáneamente la Alcaldía de una ciudad como Alicante, puesto que exige una entrega y dedicación plenas, con un escaño en el Parlamento Regional. Es imposible desempeñar los dos puestos a la vez. Y la culpa de que no pueda realizar bien los dos trabajos la tiene la dirección del Partido Popular que se pasa “por el arco del triunfo” las incompatibilidades reales. Los militantes del Partido Popular están completamente al margen de la elaboración de todas las listas electorales. Jamás se recaba su opinión. Los puestos se reparten entre conocidos y amiguetes, familias y sensibilidades, sin que los afiliados puedan opinar lo más mínimo. Esta es una realidad incontestable, basta con repasar los Estatutos del PP, y éstos son los resultados.

El pasado mes de abril, el Presidente Alberto Fabra manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza" de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Poco después justificó dos dimisiones de cargos autonómicos imputados en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con el Instituto Nóos argumentando que "los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad". Fabra añadió que "en estos momentos no podemos hacer otra cosa que seguir generando la confianza en el ciudadano, que está exigiendo ejemplaridad".

Estas palabras del Presidente Fabra responden a una exigencia ciudadana cada vez más extendida, fiel reflejo de esta creciente percepción de que los políticos, la clase política, constituyen un problema para el conjunto de los ciudadanos. Hasta el día de hoy, la Alcaldesa de Alicante es, no se olvide, inocente de cualquier delito y lo seguirá siendo hasta el día en que una sentencia firme declare lo contrario. Pero es tan inocente como cualquier otro de los imputados que han dimitido de sus puestos o han sido obligados a dimitir. Y no pueden existir dos varas de medir en el mismo Partido, ni se pueden usar dos criterios contrapuestos en función del escalón administrativo y político de que se trate.

No se trata ahora de la culpabilidad o no de la Alcaldesa que sólo corresponde a la Justicia dilucidarla. Se trata de que su situación procesal y sus actuaciones dañan a la imagen del Partido Popular y se convierten en titulares permanentes. Hace daño a la imagen del PP que el juez instructor la acuse de haber cometido varios delitos basándose en las pruebas existentes en el sumario; daña a la imagen del PP que en tiempos de crisis presida un consistorio con 55 cargos de confianza; daña a la imagen del PP que se ufane de colocar a amigos y conocidos en las contratas municipales; daña a la imagen del PP simultanear dos cargos públicos y no tener tiempo para desempeñarlos adecuadamente; daña a la imagen del PP muchos comportamientos y actitudes que sin ser ilegales son poco presentables. Sonia Castedo debería plantearse seriamente su dimisión e igual que ella, el Sr. Blasco. En nada beneficia a la imagen del PP el hecho que el “tercer” grupo parlamentario más numeroso de las Cortes Valencianas sea precisamente el de los imputados del PP.

Nada impide que renuncie a la Alcaldía, permanezca como concejala sin responsabilidades mientras dura el proceso judicial y que retorne a la Alcaldía cuando se demuestre su inocencia. Es un duro sacrificio, pero seguramente es lo mejor que puede ofrecer a su Partido para compensar la mala imagen y el daño que su situación está causando.

Santiago de Munck Loyola