El Gobierno con Bolinaga y no con las víctimas.

El pasado viernes, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado al asesino, secuestrador y torturador etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga. Con esta clasificación penitenciaria, Bolinaga podrá solicitar la libertad condicional al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que decidirá la semana que viene.

El Director General de Prisiones, Ángel Yuste, ha adoptado esta decisión después de que el parte médico del centro sanitario pronosticase que el etarra tiene un 90 por ciento de posibilidades de morir en el plazo de un año dado el cáncer que padece. El ministerio de Interior apela en un comunicado a “razones humanitarias”, pese a “la entidad de los delitos cometidos”, tres asesinatos (Mario Leal Baquero, Pedro Galnares Barreda y Antonio López Martínez Colmenero)  y dos sonados secuestros por los que el etarra nunca ha pedido perdón.

El Gobierno ha basado su decisión en lo dispuesto en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario que prevé la posibilidad de otorgar el tercer grado a un preso por razones humanitarias o por enfermedad grave. Es decir, nos encontramos ante una decisión del Gobierno absolutamente legal sustentada en el carácter discrecional de una norma: se puede otorgar el tercer grado en algunos casos, pero ello no significa que se deba otorgar. Tan legal habría sido otorgarlo como denegarlo y la opción entre ambas posibilidades depende de valoraciones subjetivas de las autoridades.

Con ello, la decisión de otorgar el tercer grado a este sujeto es, cuando menos, sorprendente y más si se tienen en cuenta las noticias hoy publicadas sobre el tratamiento que reciben otros delincuentes en la misma o peor situación que la del etarra. Según publica hoy el Diario el Mundo, entre los años 2005 y 2010, 799 presos enfermos de cáncer fallecieron en las prisiones españolas, es decir, que no se les concedió el mismo trato que a Bolinaga, no se les concedió el tercer grado y, por tanto, no pudieron acceder a la libertad condicional para terminar sus días fuera de prisión. Y si a este dato se suma además el hecho de que este asesino no se ha desvinculado de la banda terrorista, no ha pedido perdón a las víctimas, ni ha satisfecho sus responsabilidades civiles, tal y como exige la reforma del Código penal del año 2003, su probable puesta en libertad por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, constituiría una burla legal y una afrenta más a las víctimas.

Frente a las palabras de presunta firmeza del Ministro Interior parece que la realidad que se está abriendo paso no es otra que la de la claudicación y cesión frente a las presiones de los terroristas y, correlativamente, el olvido y la humillación a las víctimas del terrorismo. Es moralmente inaceptable que el denostado por tantos funcionarios de prisiones, el Director General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, con el beneplácito del Gobierno de España, haya adoptado una decisión legal, a la que no estaba obligado en modo alguno, que abre la puerta grande a la excarcelación de un terrorista no arrepentido, de un sanguinario asesino, de un implacable torturador como Bolinaga.  No es ésto lo que votaron los que eligieron al PP hace unos meses, ni mucho menos.

Si el Sr. Yuste o el Ministro de Interior fuesen capaces de explicar claramente por qué se le concede el tercer grado al Sr. Bolinaga y por qué no se concede a los demás delincuentes en situación similar, a lo mejor podría entenderse semejante decisión. Pero seguramente no lo harán porque la razón, como sospechan las víctimas, puede que sea inconfesable.

¿Por qué se esgrimen razones humanitarias en el caso de Bolinaga y no en el caso de los demás presos? ¿Por qué hay que ser compasivo con quien no lo fue con sus víctimas y con quien, además, no se ha arrepentido de los irreparables daños que ha causado? ¿Es más importante el bienestar de este tipejo que el de los demás presos con dolencias similares?

No concederle el tercer grado era también una decisión legal y, además, una decisión más justa, más ética y más comprensible para quienes detestamos la violencia y la historia de las ratas de la ETA y de sus cómplices. Hacer lo contrario se llama simplemente traición a las víctimas.

Santiago de Munck Loyola

Si la Constitución ampara a los violentos, habrá que cambiarla.

Hoy el Tribunal Constitucional, con el voto de los Magistrados Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa, Luis Ortega y la ponente, Elisa Pérez Vera, ha decidido legalizar al brazo político de ETA, Sortu, y enmendar la plana, una vez más, al Tribunal Supremo (a lo mejor habría que eliminar lo de “Supremo”, visto lo visto). Parece que lo políticamente correcto en estos casos es decir que se “respeta la decisión, aunque se discrepe”. Pues bien, como uno no está obligado a decir lo que no siente, un servidor ni respeta la decisión, ni respeta a los mal llamados magistrados que han decidido por seis votos contra cinco que Sortu es un partido político tan respetable como lo puedan ser el PSOE, el PP o el PNV.

Prefiero estar al lado de las víctimas del terrorismo que del lado del Tribunal Constitucional y los de Sortu. Prefiero estar del lado de las Fuerzas de Seguridad del estado, que por activa y pasiva han demostrado que ETA y Sortu son lo mismo, que del lado de los Magistrados del Constitucional que han favorecido al brazo político de ETA. Prefiero estar del lado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que consideró a Sortu “testaferro de ETA”. Prefiero estar del lado del Tribunal Supremo que ilegalizó a Sortu que del lado de un Tribunal Constitucional que, deliberadamente o no, sigue casualmente cierta “hoja de ruta” denunciada mil veces por las víctimas de ETA. Prefiero estar del lado de quienes se oponen a la presencia de terroristas o de jaleadores de los mismos en las instituciones que de un Tribunal Constitucional más político que jurídico. Vamos, que el Tribunal Constitucional se pasa por el arco del triunfo todos los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que confirman que Sortu es Batasuna y que Batasuna es ETA y se pasa por el miso arco la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que considera a Sortu un simple instrumento político de ETA y las mismas sentencias del Tribunal Supremo. O sea que todo el mundo está en un error menos los ilustres seis magistrados del Constitucional. Claro que para formar parte de este alto tribunal no hace falta ser juez o magistrado, sino que basta con ser “jurista” y contar con el apoyo de los partidos políticos.

Parece que para los magistrados avalistas de Sortu la simple declaración contraria a la violencia terrorista que se hace en los estatutos de Sortu es decisiva para determinar que se trata de una organización perfectamente democrática y que, por tanto, ha de ser legalizada con su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior. ¡Faltaría más! ¿Puede alguien con un mínimo de rigor intelectual plantearse la posibilidad de que Sortu hubiese expresado en sus estatutos su simpatía o comprensión hacia la violencia terrorista? Son terroristas pero no tontos de remate. Sabían perfectamente qué debía figurar en sus estatutos para poder colarse en las instituciones que pretenden derribar sea con las urnas o con la violencia cuando les conviene. Es puro sentido común, pura estrategia que, misteriosamente, no ha sido percibida por los seis ilustres juristas del Constitucional. Los estatutos del partido nazi en la República de Weimar o los de los Partidos Comunistas en la posguerra mundial eran todos formalmente respetuosos con la legalidad vigente de sus respectivos países, pero una vez en el poder liquidaron las instituciones democráticas. Por tanto, el argumento esgrimido para legalizar a Sortu centrado en el contenido de sus estatutos es un argumento falaz, injustificable e interesado.

Esta vergonzosa e inaceptable sentencia del Tribunal Constitucional no es fruto de la casualidad. Responde a todo un proceso político generado por el anterior Gobierno con su correspondiente reflejo en la propia composición del Tribunal Constitucional. Pero, si existe en este desenlace una evidente y gran responsabilidad del anterior Gobierno, no es menos cierto que el actual Gobierno también tiene una parte de responsabilidad en que el resultado final haya sido el que es porque no hay que olvidar que la renovación del Tribunal, pendiente desde hace mucho, no se ha producido tras seis meses de Gobierno del Partido Popular. No parece muy coherente que el Gobierno venga ahora con lamentos sobre el resultado de esta sentencia cuando pudiendo y debiendo actuar antes dejó pasar el tiempo.

Lo cierto, al día de hoy, es que la interpretación de nuestra Constitución permite que quienes apuestan por la violencia o la justifican como medio de acción política y quienes pretenden derribar el propio edificio constitucional que les da cobijo puedan actuar libremente en el juego democrático. Un Estado democrático puede y debe articular los medios legales necesarios para defenderse. Un Estado democrático, y ahí tenemos la experiencia de lo que ocurrió en la Alemania de los años 30, puede y debe excluir del juego político a cualquier fuerza política que no sea democrática o cuyos fines atenten contra la propia supervivencia de las garantías constitucionales que no son otras que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos españoles. Y si esta Constitución no es capaz de hacerlo con la interpretación que de la misma hacen estos “juristas” de medio pelo, habrá que ir pensando en reformarla.

La lección que deberíamos extraer de este penoso episodio es que hay que movilizarse a favor de quienes apuesten de verdad por la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que esa defensa pasa por dos propuestas esenciales: la primera, modificar la Constitución para garantizar la exclusión de la vida política de los violentos, de sus cómplices y de todas las fuerzas políticas cuyos fines no encajen con los valores democráticos; la segunda, que es preciso poner orden en el edificio jurisdiccional español y que el Tribunal Supremo sea de verdad la cúspide de este edificio. No puede haber, en el ámbito interno, dos cúspides coronando el edificio. La implantación del sistema de garantías constitucionales a través de un órgano específico como el Tribunal Constitucional, ajeno al poder judicial y completamente politizado, se ha demostrado un error. Con una nueva sala de Garantías Constitucionales en el Tribunal Supremo sería más que suficiente y se acabaría con este dislate jurídico aunque sea en detrimento de la permanente interferencia de los Partidos Políticos en el mundo de la Justicia.

Santiago de Munck Loyola

11 M de 2012: apoyo y respeto a las víctimas.

El 11 M ha sido noticia esta semana en dos ocasiones y por motivos muy distintos. Por una parte, Libertad Digital publicaba hace unos días la aparición de uno de los vagones que sufrió las explosiones del atentado del 11 M. Al parecer se trata de un vagón de Renfe en el que explotó una de las bombas, perteneciente al convoy de Santa Eugenia, que se encontraba almacenado en los terrenos de una empresa. Al conocerse la noticia y comprobarse su veracidad, el nuevo Fiscal General ha ordenado que se abra una investigación por si de este hecho pudiera derivarse la comisión de algún delito. Hay quienes hablan de una posible ocultación de pruebas al no haber constancia, en los miles de folios de los sumarios, de ninguna referencia a la existencia de este vagón o parte de él afectado por la explosión. No hay que olvidar que una de las claves del procedimiento judicial se centró en los análisis sobre el tipo de explosivos utilizados en los atentados y de las dificultades para realizarlos al disponer los peritos de tan sólo unos pocos tornillos para poder realizarlos. Sin entrar o no en la existencia de teorías conspiratorias, lo cierto es que si se realiza un detallado seguimiento de las investigaciones policiales, de la instrucción del sumario o del desarrollo del propio juicio enseguida se plantean muchos interrogantes que aún no han sido resueltos y que, como es lógico, angustian sobre todo a los familiares de las víctimas mortales y al resto de las víctimas que no están muy seguras de que las sentencias hayan hecho realmente justicia y de que, por tanto, la verdad de lo ocurrido se haya hecho patente.

La rapidez con se destruyeron los vagones, la ocultación a los juzgados de la existencia de este vagón, la aparición de coches en Alcalá que habían salido de dependencias policiales como vehículos de los terroristas descartada sin explicación alguna en la sentencia, testigos rumanos incriminatorias en primera instancia descartados y después usados compensándolos como víctimas, cámaras en alguna estación que no funcionaban ese día, videos televisivos recortados, vehículos robados con explosivos parados por la Guardia Civil y autorizados a seguir viaje hasta Madrid, mochilas fuera de lugar, islamistas suicidas agazapados tras un colchón, etc. son, desde luego, incógnitas sin resolver que despiertan la imaginación para que se plantee cualquier hipótesis por no haber sido despejadas a tiempo. Si las víctimas creen que se debe seguir investigando que se haga, porque son ellas, sobre todo, las más legitimadas para seguir reclamando justicia si creen que todavía no se ha alcanzado. Para cualquier ciudadano responsable no cabe otra posición que la de apoyar a las víctimas en sus legítimas pretensiones.

La segunda ocasión en la que el 11 M ha vuelto a ser noticia relevante esta semana ha sido la intención de los sindicatos de organizar sus manifestaciones y protestas precisamente ese día. Se da la circunstancia que el día 11 M es el día Europeo de las Víctimas del Terrorismo instituido por el Parlamento Europeo y ratificado por la Comisión Europea hace ya 8 años. Se trata, por tanto, de un día muy especial, no sólo para España, sino para el conjunto de los Estados europeos, sobre todo para los que han sufrido en diferentes ocasiones los embates de la barbarie terrorista, en el que poder recordar y honrar la memoria de los 192 asesinados y 1.800 heridos de Madrid el 11 M, a los cientos de asesinados por la ETA y a todas las víctimas de los terroristas. Convocar protestas y movilizaciones sindicales ese día reclamando para sí el foco de los medios de comunicación no parece que sea la mejor manera de recordar y honrar a las víctimas del terrorismo cuyo sacrificio y su sufrimiento bien merece la solidaridad y el respeto de todos los demócratas. Hay incluso un cierto grado de desprecio en la actitud de los líderes sindicales cuando afirman que el fin de semana siguiente les viene mal para convocar sus protestas porque hay un puente. ¡Faltaría más! Y, sobre todo, si las víctimas entienden que esa jornada no debe tener otro protagonismo informativo que el del recuerdo y el dolor por los forzadamente ausentes, se merecen el respeto de todos.

Es muy probable que la sensibilidad de los líderes sindicales no llegue a tanto, como no ha llegado para movilizarse por los cinco millones de parados mientras gobernaba el PSOE, pero si carecen de esa sensibilidad no estaría de más que hiciesen un simple ejercicio de sentido común.

Santiago de Munck Loyola

La ETA sigue.

Ojalá se pudiera decir otra cosa del comunicado de hoy de la banda terrorista, pero a la vista del mismo no es posible hacerlo. Ojalá pudiera decirse que la ETA ha desaparecido pero no es éso lo que anuncia este comunicado. El anuncio de un “cese definitivo de la actividad armada” está siendo interpretado como el final de la ETA confundiendo un anhelo generalizado con la realidad textual de dicho anuncio. El 22 de marzo de 2006, la ETA anunció un “alto el fuego permanente” y después del mismo volvió a matar. Del “alto el fuego permanente” se pasa ahora al “cese definitivo de la actividad armada” y no es una variedad al azar o casual de los términos empleados. La banda asesina siempre ha medido muy bien las palabras empleadas en cada uno de sus comunicados. En el comunicado de hoy lo que se anuncia no significa que ETA vaya o quiera desaparecer porque, si se tratase de comunicar ese hecho, la organización terrorista habría anunciado simple y llanamente su disolución y la entrega de las armas. Es evidente que si la ETA no anuncia su disolución es porque desea seguir existiendo y si la ETA no anuncia la entrega de las armas es porque las guarda para poder a volver a usarlas si ello conviene a sus intereses. Tampoco puede pasarse por alto la dosificación estratégica que la ETA hace de sus comunicados y, vista la coincidencia con la proximidad de un proceso electoral, parece deducirse que la finalidad del mismo es volver a allanar el camino político a sus ramas políticas para su acceso a un nuevo nivel de las instituciones del Estado. Relacionar como hace la organización terrorista en su comunicado el “cese definitivo de su actividad armada” con exigencias tales como el reconocimiento a Euskal Herría o el llamamiento a que los gobiernos español y francés negocien la agenda que ETA exige plantea serias dudas sobre la auténtica finalidad y el verdadero alcance de dicho comunicado.

Es tan sencillo y tan claro que resulta preocupante la alegría de muchos dirigentes políticos a la hora de valorar este comunicado. Se equivoca el Presidente del Gobierno al hablar de un “triunfo definitivo y sin condiciones” sobre los terroristas. Tiene razones el Presidente para ser optimista pues posiblemente la banda esté más débil que nunca gracias a la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero de ahí a hablar de un triunfo definitivo sobre los terroristas hay todavía un largo trecho.

El triunfo definitivo sólo llegará cuando la ETA sea disuelta o aniquilada. Cuando la organización terrorista anuncie su disolución y entregue las armas. Y mientras eso no ocurra no habrá triunfo definitivo de los demócratas. Y no hay que olvidar que, si se habla de triunfo, hay que hablar de vencedores y de vencidos y que éstos últimos no pueden ser equiparados, en modo alguno, con los primeros. Las víctimas del terrorismo merecen el reconocimiento general, la solidaridad del conjunto de la sociedad, dignidad y justicia. No podemos olvidar que nuestro régimen de libertades está en deuda con todas las víctimas de los etarras.

Santiago de Munck Loyola

Negociación política con la ETA = traición.

España goza de un régimen de libertades como nunca ha tenido. Nuestro sistema democrático, con sus defectos que indudablemente los tiene, es uno de los más avanzados del mundo. Los derechos humanos y las libertades públicas están garantizados como nunca lo han estado a lo largo de la historia española. Todas las libertades políticas tienen su amparo en nuestra Constitución. Cualquier posición política, incluso aquellas que buscan de destrucción de la propia Constitución o de la Nación española, puede ser públicamente defendida y puede concurrir en las elecciones democráticas que se celebran. Los independentistas participan en las convocatorias electorales y reciben el respaldo electoral que todos conocemos. Bien es cierto que estas afirmaciones pueden aplicarse al conjunto de la sociedad española sin reservas y que en el País Vasco, al menos sobre el papel, también lo son. Subrayo lo de “sobre el papel” porque teóricamente y con la Ley en la mano en las provincias vascas rigen los mismos principios y normas democráticas que en el resto de España, pero, lo cierto, es que la democracia en el País Vasco no es del todo real pues, como todo el mundo conoce, la realidad diaria es que allí las libertades públicas están condicionadas por el clima de temor que la existencia de los pistoleros y asesinos de la ETA impone a determinados ciudadanos. Sería absurdo proclamar sin matices que en el País vasco hay plenas libertades públicas cuando más de 200.000 ciudadanos vascos han tenido que exiliarse por miedo a perder la vida, cuando la libertad de prensa está limitada o cuando la gente no puede expresar públicamente sus simpatías políticas. Son los etarras y su red de simpatizantes, la izquierda abertzale, los que precisamente pisotean las libertades públicas. Hay un déficit de legitimidad en las instituciones vascas y eso es un hecho más que evidente.

Y, en este contexto, esta izquierda nacionalista y antidemocrática ha convocado esa farsa  denominada pomposamente como la "Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco" que se reunirá el próximo lunes en la Casa de la Paz de San Sebastián. Esta farsa contará con la presencia de mediadores internacionales elegidos por la ETA, con políticos vascos y lo que es más sorprendente con la presencia de representantes del PSOE. Este bodrio teatral tiene dos objetivos claros: lavar la cara al mundo proetarra de cara a las elecciones generales y, en su caso, poder diseñar una especie de final pactado entre víctimas y sicarios, todo ello sin que los asesinos se apeen ni un milímetro de sus reivindicaciones políticas, sin rendirse entregando las armas y sin pedir perdón a los centenares de víctimas inocentes que han causado en estos años.

Hay quien piensa que hay que negociar con los asesinos para que dejen de matar y parece que la única razón para ello es que estos tipos han asesinado a mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, que se trata de una cuestión de cantidad. Negociar con ellos supone legitimar el uso de la fuerza y de la violencia asesina. Es reconocer que cuanta más violencia se ejerza contra la sociedad democrática más oportunidades hay de que el estado se siente a negociar con los asesinos. Ni más, ni menos. Si el Grapo hubiese seguido operativo matando, torturando, robando y secuestrando ¿también habría que negociar con ellos?

En un país como el nuestro, donde cualquier opción política goza de todas las libertades públicas posibles para captar el apoyo popular en las urnas, resulta inadmisible aceptar que, quienes han escogido la vía de las armas en lugar de la de las urnas para reivindicar sus ideas políticas, pueden negociar con el Estado esas mismas ideas. Si éste va a ser el resultado final de la estrategia de ETA ¿para qué y por qué ha muerto tanta gente?

Aquí no puede haber un empate entre los asesinos y la sociedad española. Resultaría indecente de todo punto. Aquí sólo puede ganar la democracia, el estado de derecho y las víctimas. Y lo que no sea así huele a traición.

Santiago de Munck Loyola.