Cuando se menciona la posibilidad
de que la Provincia de Alicante se constituya en Comunidad Autónoma
uniprovincial no son pocos los que se rasgan las vestiduras y se oponen a esa
idea sin ofrecer argumentos de peso para descartarla. Pero lo más preocupante
es que, al mismo tiempo, son incapaces de presentar alternativas para acabar
con una realidad que es una situación injusta y discriminatoria para los
ciudadanos de la Provincia de Alicante. Plantear que nuestra provincia se
constituya como Comunidad Autónoma no es un acto de victimismo frente a esa
discriminación política, social y económica que, gobierne quien gobierne, se
practica desde Valencia y desde Madrid, sino que es el ejercicio de un derecho
constitucional para la plena autonomía de la gestión de los intereses de los
alicantinos. La autonomía uniprovincial no tiene por qué suponer la ruptura de
vínculos culturales o históricos con la Comunidad Valenciana, pero sí que puede
suponer la recuperación y potenciación de similares vínculos existentes con
otras comunidades vecinas que han sido hasta ahora ignorados desde Valencia.
La propuesta de una Comunidad
Autónoma uniprovincial para Alicante tiene su sustento en los propios
principios que inspiran la organización territorial del Estado en nuestra
Constitución. La descentralización, la autonomía en la gestión, el acercamiento
de los centros de toma de decisiones al ciudadano, la justicia distributiva y
la solidaridad territorial son principios constitucionales cuyo ejercicio no
puede estar constreñido a un modelo concreto que a lo largo de su corta
existencia ha demostrado, y las estadísticas están ahí para demostrarlo, que es
claramente perjudicial para los intereses de los ciudadanos de nuestra
Provincia. Esos mismos principios constitucionales son los que avalan y fundamentan
la legitimidad de la pretensión de constituir una nueva Comunidad Autónoma por
y para la Provincia de Alicante. ¿Por qué no pueden los alicantinos gestionar
sus propios intereses en el marco constitucional sin tener que pasar por
Valencia?
¡Menudo lío! Pensarán algunos.
Otros dirán que lo que sobran son autonomías. Y realmente lo que sobran son
competencias duplicadas o triplicadas, lo que sobra es el despilfarro de los
recursos públicos, lo que sobra es la sustitución del centralismo de Madrid por
el de Valencia. En estos días venimos escuchando cómo algunos partidos pactan
la desaparición de la Diputaciones Provinciales, una de las administraciones
más cercanas a los ciudadanos, lo que en el fondo no es otra cosa que una
involución política, una recentralización de carácter regional. Esa
desaparición de las Diputaciones sería la puntilla para la defensa de los
intereses de nuestra Provincia.
Imaginemos que Alicante se
transforma en Comunidad Autónoma. Los ciudadanos de nuestra Provincia
soportaríamos el peso de una administración menos sobre nuestras cabezas. La
Diputación pasaría a ser el Gobierno Autónomo y absorbería determinadas
competencias que hoy están en manos de la Generalidad Valenciana y podría devolver
al Estado aquellas competencias cuyo coste sea excesivamente gravoso para los
ciudadanos o que supongan un riesgo de quiebra del principio de igualdad entre
todos los españoles. Las decisiones que
nos afectan y que son de competencia autonómica no se tomarían en Valencia,
sino en Alicante. La cercanía política al ciudadano y la descentralización
administrativa serían mucho mayores de lo que son hoy en día. La
racionalización de la distribución de competencias entre el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos no
puede ni debe pasar por una nueva recentralización en favor de las Comunidades
Autónomas sino por dos ejes básicos: una nueva redistribución de competencias
que favorezca el principio de igualdad de derechos y obligaciones de los
españoles y un fortalecimiento de las administraciones más cercanas al
ciudadano.
España no puede seguir soportando
por mucho tiempo un modelo territorial caro y disgregador como el actual. La
propuesta de constitución de una Comunidad Autónoma para nuestra Provincia
responde, aunque a algunos no les parezca, a la necesidad de dar solución a las
necesidades de los alicantinos desde una estructura más eficiente, más cercana
y más comprometida con la idea de una España moderna, fuerte y plural. La quinta provincia española en población y en PIB tiene la entidad histórica y la capacidad suficientes para asumir esa propuesta. Sólo falta la voluntad de los alicantinos. Y no debemos olvidar que más
Alicante es más España.
Santiago de Munck Loyola