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sábado, 5 de octubre de 2013

Alicante marginada en los Presupuestos Generales del Estado 2014.


Leer las declaraciones contradictorias de la mayor parte de los políticos de la Provincia de uno y otro color en torno al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene resulta, cuando menos, decepcionante. Parece mentira que unas mismas cifras puedan ser interpretadas de tan diferente y opuesta manera. Es verdad que gracias a la endogamia partidista y la peculiar forma de designar a nuestros  cargos públicos impera la mediocridad y cierta falta preparación, pero a la vista está que estos defectos no se suplen con la honradez intelectual y el debido respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Al explicar los presupuestos y su posicionamiento respecto a los mismos, la mayor parte de los dirigentes alicantinos se limitan a reproducir los argumentarios de sus partidos políticos, a repetir viejos y manidos tópicos y a ignorar el trasfondo de unas cifras que no cubren desde hace muchos años las necesidades de los ciudadanos de Alicante ni de la Comunidad Valenciana.

Los presupuestos de las Administraciones Públicas son la expresión numérica de las políticas que sus gestores pretenden aplicar. Son la expresión cifrada de las prioridades políticas de los responsables de dichas administraciones y, por tanto, constituyen la ley anual más importante de las mismas. Los responsables políticos tienen la obligación moral y política de explicarlos a los ciudadanos y de hacerlo con honradez y transparencia, sin usar trampas contables ni prejuicios ideológicos. Es mucho mejor anunciar una verdad dura pero inevitable que engañar con falsas perspectivas que a la postre sólo sirven parar ahondar en la desconfianza ciudadana.

Y al conocer las cifras que corresponden a nuestra Provincia sólo un insensato o un irresponsable puede mostrar satisfacción, porque lo único evidente es que la provincia de Alicante, al igual que el resto de la Comunidad Valenciana, no sale bien parada del proyecto de PGE para el año 2014. Para poder llegar a esta conclusión no vale usar como referencia alguno de los presupuestos de los ejercicios anteriores en el que la inversión estatal creció notablemente como consecuencia de la inclusión de una infraestructura cara como el AVE ni vale para rebatirla usar como referencia la inversión por km. cuadrado de carretera (a menos carreteras con poca inversión podrá parecer que crece notablemente la misma). Para llegar a la conclusión de que estos presupuestos no son buenos para nuestra Provincia basta recordar algunas cifras: que somos la cuarta provincia española con más población, que somos la quinta provincia que más aporta al PIB y que desde hace muchos años recibimos por ciudadano muy por debajo de la media nacional. Y esto también vale respecto a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. Desde el año 2000, los distintos Gobiernos de España han dejado de invertir en la Provincia de Alicante más de 6.500 millones de euros en infraestructuras que le hubieran correspondido en función de su peso en el conjunto nacional. Así, en el año 2014 los alicantinos recibiremos para infraestructuras 95 euros menos por habitante que la media nacional. Estará o no justificado, será o no inevitable dada la actual situación económica, pero ése es el dato cierto que no se puede maquillar ni hablando de “términos homogéneos” ni de disquisiciones sobre Kilómetros cuadrados de carreteras.

Y si hablamos de rentas o de pensionistas hay otros datos incontestables: los presupuestos de 2014, si no se remedia, será los presupuestos que consolidarán la pérdida de poder adquisitivo de 400.000 pensionistas y de 79.000 empleados públicos de la Provincia de Alicante. Es decir, casi medio millón de ciudadanos alicantinos perderán poder adquisitivo gracias a estos presupuestos.

Bien harían nuestros representantes políticos en hablar claro y decir la verdad sobre estos presupuestos. Limitarse a decir que son presupuestos serios (como si alguien conociese algún presupuesto alegre), rigurosos y consecuentes no pasa de ser un tópico de manual. Dígannos mejor la verdad, que esto es lo que hay, que no hay más para repartir, que son tiempos difíciles y que nos siguen discriminando, que tenemos que seguir sacrificándonos para pagar los platos rotos por unos y por otros, que no los critican, aunque tampoco les satisfagan, para no perder su sitio en las listas electorales,… Pero, no nos sigan tomando por tontos, por favor. Tengan al menos ese rasgo de honestidad intelectual porque de lo contrario habrá que pensar que a buena parte de nuestra clase política, si tanto le gusta estos presupuestos, le falta energía, inconformismo y ambición para luchar por nuestra Provincia, que se conforman con lo que hay y que no aspiran a más, a mucho más, para sus conciudadanos.

Alicante vuelve a ser discriminada presupuestariamente. ¿Qué habrá que hacer para acabar con esta injusticia? ¿Habrá que empezar a hablar aquí también del derecho a decidir? ¿Habrá que empezar a promover una autonomía uniprovincial para conseguir lo que año tras año se nos niega? Aquí sí que hay ya una deuda histórica. Las cifras cantan.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 2 de octubre de 2013

Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.


2-X-2013

NOTA DE PRENSA.

Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.

Ante la absoluta falta de talante dialogante de la dirección provincial del PP de Alicante, varios afiliados del Partido Popular de Alicante y miembros de la Asociación Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases han presentado hoy en los juzgados de Alicante una demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por haber adoptado acuerdos presumiblemente contrarios a los Estatutos Nacionales del Partido Popular.

Los demandantes, acogiéndose a la tutela judicial de los derechos políticos recogida en la Ley de Partidos políticos, entienden que la decisión de suprimir la Junta Local de la Ciudad de Alicante es contraria a los Estatutos del Partido Popular al igual que la decisión de nombrar “un coordinador” de la ciudad, figura no prevista tampoco en el ordenamiento interno de la formación Popular. Igualmente, la demanda pretende que se declare contraria a derecho la actuación del Secretario Provincial, José Juan Zaplana, que por escrito se negó a entregar las actas y demás documentación solicitada sobre los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo provincial de Alicante y que se suspenda de forma cautelar la celebración de elecciones internas a las nuevas Juntas de Distrito del PP de Alicante. En concreto, los demandantes solicitan del Juzgado lo siguiente:

“Primero.- Anular los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por los que se aprueba la sustitución de la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito y la división de la ciudad de Alicante en cinco distritos por suponer una vulneración de lo dispuesto en los Artículos 20.3 y 21.5 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y por crear un órgano unipersonal, la figura de un “coordinador” de la ciudad de Alicante, no prevista en los Estatutos del Partido Popular.

Segundo.- Que sea declarada contraria a derecho la negativa a entregar las actas o certificaciones de los órganos colegiados efectuada por el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante en su escrito de 17 de diciembre de 2012, obligando al Partido Popular de la Provincia de Alicante a entregar toda la documentación solicitada.

Tercero.- Que sea condenado la demandada a las costas devengadas en el presente proceso.

PRIMER OTROSI DIGO.- Que se proceda a suspender cautelarmente la convocatoria de elecciones internas a las Juntas de Distrito hasta que se haya dilucidado su legalidad y la de la supresión de la Junta Local de la ciudad de Alicante, ya que de no ajustarse a derecho deberían ser convocadas primero las elecciones de esta última de conformidad a las normas internas del Partido Popular y su celebración constituiría un fraude electoral y una vulneración de los derechos de los afiliados de la ciudad de Alicante de imposible reparación. La medida de suspensión cautelar debe exigirse sobre la base de que la celebración de las meritadas elecciones puede dar lugar a la consolidación de perjuicios de difícil reparación y, por el contrario, no genera tal conflicto el aplazamiento de las mismas.

AL JUZGADO SUPLICO.- Que tenga por formulada la anterior manifestación a los efectos oportunos y, en su consecuencia proceda a acordar la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.”


En los próximos días, está previsto que más afiliados de la ciudad de Alicante y de otras localidades se sumen a esta actuación judicial.