Ayer el Comité Ejecutivo
Provincial del PP decidió aprobar la creación de 5 Juntas de Distrito para
sustituir la Junta Local del PP de la Ciudad de Alicante, dando así
cumplimiento al acuerdo del 11 de octubre de 2012 que decía “Alicante, respecto de la cual el Presidente
propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por
el de Juntas de Distrito,…” Diez meses, nada menos, empleados en decidir el
número de Juntas del PP que habrá en Alicante.
Hay que señalar que es precisamente el acuerdo de octubre pasado el origen del conflicto que se ha saldado, de momento, con la suspensión cautelar de militancia de Antonio Sobrino y de un servidor y con la apertura de sendos expedientes disciplinarios para echarnos del PP. Entendimos y seguimos entendiendo que la decisión de dejar a la ciudad de Alicante sin Junta Local era y es ilegal porque vulnera el Artículo 19 de los Estatutos Nacionales del PP que facultan a la organización provincial para crear distritos (órganos de descentralización de una Junta Local grande) pero no para suprimir una Junta Local. Presentamos en su día los oportunos recursos. Primero ante el propio Comité Ejecutivo Provincial que no contestó, aunque sí lo hizo, atribuyéndose funciones que no le corresponden el Secretario Provincial quien, vulnerando de paso los Estatutos del Partido, se negó por escrito a entregar la documentación que le pedimos y desestimó el recurso alegando que no habían suprimido la Junta Local de Alicante. Ya me dirá alguien como se puede sustituir una cosa por otra y conservar ambas. Tampoco respondieron ni el Comité de Derechos y Garantías del PPCV ni el nacional. Eso sí, el primero nos ha abierto un expediente disciplinario y nos ha impuesto una medida cautelar, como si fuésemos delincuentes, de suspensión de militancia con el único fin de privarnos de nuestros derechos de cara a cualquier proceso electoral interno. Creo recordar que ni a Bárcenas le impusieron una medida similar ni, por supuesto, a ninguno de los numerosos cargos del PP imputados en procesos judiciales. En todo caso, ahora serán los tribunales de justicia serán los que decidan sobre la legalidad de esta decisión.
Hay que señalar que es precisamente el acuerdo de octubre pasado el origen del conflicto que se ha saldado, de momento, con la suspensión cautelar de militancia de Antonio Sobrino y de un servidor y con la apertura de sendos expedientes disciplinarios para echarnos del PP. Entendimos y seguimos entendiendo que la decisión de dejar a la ciudad de Alicante sin Junta Local era y es ilegal porque vulnera el Artículo 19 de los Estatutos Nacionales del PP que facultan a la organización provincial para crear distritos (órganos de descentralización de una Junta Local grande) pero no para suprimir una Junta Local. Presentamos en su día los oportunos recursos. Primero ante el propio Comité Ejecutivo Provincial que no contestó, aunque sí lo hizo, atribuyéndose funciones que no le corresponden el Secretario Provincial quien, vulnerando de paso los Estatutos del Partido, se negó por escrito a entregar la documentación que le pedimos y desestimó el recurso alegando que no habían suprimido la Junta Local de Alicante. Ya me dirá alguien como se puede sustituir una cosa por otra y conservar ambas. Tampoco respondieron ni el Comité de Derechos y Garantías del PPCV ni el nacional. Eso sí, el primero nos ha abierto un expediente disciplinario y nos ha impuesto una medida cautelar, como si fuésemos delincuentes, de suspensión de militancia con el único fin de privarnos de nuestros derechos de cara a cualquier proceso electoral interno. Creo recordar que ni a Bárcenas le impusieron una medida similar ni, por supuesto, a ninguno de los numerosos cargos del PP imputados en procesos judiciales. En todo caso, ahora serán los tribunales de justicia serán los que decidan sobre la legalidad de esta decisión.
De otra parte, hay que resaltar y
con ello no creo hacer otra cosa que describir la realidad, que esta decisión
de suprimir la Junta Local de Alicante se ha tomado sin consultar a los miles
de afiliados de la ciudad y ni tan siquiera se les ha comunicado por escrito.
Los afiliados de Alicante nos limitamos a pagar nuestra cuota, que se la queda
la Provincial, y a enterarnos por la prensa de lo que pasa y lo que deciden
otros con nuestra organización local.
Pero en todo este asunto hay dos
cuestiones importantes que reflejan la consideración que Alicante parece merecer
para la cúpula provincial del PP. De una parte, la situación en la que quedan
los afiliados alicantinos que en su día se afiliaron a una organización de y
para toda la ciudad y no a una organización de barrio. Parece que los afiliados
alicantinos no tenemos derecho a tener una organización política de nuestra
ciudad, como la tienen los afiliados de Elche, de Torrevieja o de cualquier
municipio. ¿No tenemos los mismos derechos? ¿Por qué los demás pueden tener una
Junta Local y nosotros no? ¿Por qué no se deja decidir a los alicantinos? ¿Por
qué los afiliados alicantinos no pueden tener una sede propia? ¿Por qué los
afiliados alicantinos son los únicos cuyas cuotas íntegras van a parar a la
Provincial? ¿Por qué no pueden tener un Presidente local que los represente
ante la sociedad alicantina? Nadie da una respuesta satisfactoria estas
preguntas. ¿No será que algunos dirigentes provinciales, que no son de la
ciudad, pretenden controlarla y arrogarse la representación de las bases?
Y la segunda cuestión afecta a la
ciudad en sí. Del mismo modo que se convierte a los afiliados alicantinos en
afiliados de segunda, también la ciudad de Alicante parece ser tratada, una vez
más, de la misma manera. Los problemas y las necesidades de una ciudad como la
nuestra no van por distritos, por barrios, sino que la mayoría de los mismos
son globales, tienen un carácter transversal y por tanto requieren un
tratamiento unitario. El desempleo, los desahucios, la marginalidad, el
turismo, los transportes, el Plan General, la promoción cultural, las
infraestructuras comunitarias, por citar algunos asuntos, son cuestiones que
afectan al conjunto de los alicantinos y su análisis, sus soluciones y su
tratamiento debe hacerse desde una perspectiva global y no por distritos. Al
igual que ocurre con las demás organizaciones políticas de la ciudad, el centro
derecha debería tener una organización de y para la ciudad en su conjunto y no
5 organizaciones débiles coordinadas no se sabe muy bien por quién designado
por no sabe tampoco por quién. La sociedad alicantina se merece, también en el
ámbito del centro derecha, una organización para toda la ciudad, nacida de la
voluntad de los afiliados del centro derecha y con un liderazgo nacido de las
bases y no impuesto, ni tutelado. Alicante y sus vecinos no pueden ser tratados
de diferente forma que los demás municipios de la provincia. Y si se hace, debería
explicarse muy bien por qué.
Los hechos y la experiencia de
los últimos años han demostrado que el PP de Alicante era una formidable máquina
electoral, pero poco más. Unas siglas controladas por grupos y “familias”, pero
no una organización dinámica, viva, participativa en la que los afiliados
pudieran trabajar, proponer ideas, realizar propuestas o simplemente opinar
sobre el programa electoral o sobre quienes deberían formar parte de las listas
electorales. Y la solución más lógica y más democrática para superar esa
situación no era otra que la de devolver la palabra a la militancia para que
decidiese lo mejor sobre el futuro de su organización local. Pero no, no se ha
optado por esa solución. Se ha optado por imponer a la militancia un modelo
dudosamente legal desde la perspectiva de los Estatutos del partido Popular y
por privar a la ciudad de Alicante de una interlocución única para el conjunto
de la ciudad. Seguramente los demás partidos políticos estarán muy contentos
con ello.
Santiago de Munck Loyola