Eléctricas 1 - Consumidores 0.

Hay cosas que parece que no cambian gobierne quien gobierne. Son hábitos, costumbres o políticas que se heredan de un gobierno a otro sin que, en la mayoría de las ocasiones, los ciudadanos cuestionemos esos comportamientos. Parece que es indiferente el color político de los gobiernos, estatales, autonómicos o locales, porque determinadas cuestiones que afectan muy directamente a los ciudadanos no cambian. Una de ellas que es padecida por todos los hogares españoles es la cuestión de la electricidad, el coste de la energía eléctrica y la política gubernamental al respecto. La cultura de “la subvención” forma parte íntima del recibo de la luz que todos pagamos. Cunado se produce un cambio de Gobierno siempre se anuncian profundos cambios respecto a la política energética, pero en el fondo estos cambios son más estéticos que de fondo y su traducción práctica siempre es la misma: los ciudadanos pagamos más y más cada año por el precio de la energía.

Da la impresión que estos cambios cosméticos se diseñan y ejecutan siempre a favor de las poderosas empresas eléctricas en cuyos consejos de administración siempre terminan sentándose, casualmente, ex presidentes y ex ministros de los Gobiernos salientes.

El pasado mes de mayo los precios de la electricidad en Europa registraron caídas del 12% respecto al mes anterior y en España nos han subido en lo que va de año un 11% la tarifa de último recurso, un 7 % en abril y un 4% en julio. Los consumidores españoles pagamos la electricidad más cara de Europa tanto en términos absolutos como relativos. Los datos son los siguientes:

País                 SAB    SPH       P      HTR

Dinamarca      48307  5,51     12,65   2,294

Noruega          47221  5,39     15,63   2,900

Reino Unido    44495  5,08     13,65   2,687

Luxemburgo   43621  4,98     14,51   2,914

Holanda          40800  4,66     13,0     2,791

Irlanda            40462   4,62     15,84   3,429

Alemania        39364  4,49     14,06   3,129

Bélgica            37674  4,3       15,72   3,655

Austria            36673  4,19     14,42   3,444

Suecia            35084  4,01     13,76   3,436

Finlandia         34080  3,89     10,81   2,779

Francia           31368  3,58     9,94     2,776

Italia                24116  2,75     14,15   5,140

España           21402  2,44     15,97   6,537

Grecia            17859   2,04     10,01   4,910

Portugal          14892  1,7       10,15   5,970 

• SAB. Sueldo Anual Bruto.

• H. Número de horas del año, 8760.

• SPH. Sueldo Por Hora. [SAB/H].

• P. Precio en euros de 100kWh.

• HTR. Horas de Trabajo Relativas. [P/SPH]

Como puede apreciarse, los españoles con salario medio sensiblemente inferior al de nuestros vecinos pagamos la electricidad más cara. Parece ser que de cada 100 euros del recibo que pagamos sólo 44,1 € corresponden al coste de la generación y del transporte de la energía, mientras que los 55,9 € restantes son primas (subvenciones para las eléctricas), déficits anteriores e impuestos. En el año 2010 de cada 100 €, 22,2 € se dedicaron a pagar primas a las renovables. ¡Y que siga la fiesta!

Así pues, los españoles que tenemos sueldos bastante inferiores a los de nuestros vecinos pagamos la electricidad más cara de Europa porque, como somos muy rumbosos, nos dedicamos a subvenciones fuentes de energía que no son rentables económicamente y que no serían negocio sin esos 22,2 euros de cada 100 que nos cobran para sostenerlas. ¿Por qué estamos obligados los consumidores a subvencionar sistemas de generación eléctrica no rentables de empresas que reparten enormes dividendos gracias a nuestro dinero? ¿Quién nos lo ha preguntado? ¿En qué programa electoral se anunció tal medida? Hay quien lo justifica por la necesidad de cumplir acuerdos internacionales sobre reducción de emisiones contaminantes. Vale, muy bien. ¿Por qué entonces no se subvenciona en la misma proporción, por ejemplo, a quienes desarrollen sus tareas agrícolas con mulas de tiro en lugar de usar tractores? También se reducirían las emisiones contaminantes ¿no?

Y ya que estamos en la Unión Europea para lo bueno y para lo malo, en esta Unión mercantilista en que bienes y personas circulan con relativa facilidad ¿por qué no se liberaliza absolutamente el sector y se nos permite a los consumidores contratar el suministro eléctrico de nuestros hogares con empresas extranjeras cuyas tarifas son considerablemente inferiores? ¿No apuesta el Gobierno del PP por las reformas liberalizadoras? ¿A qué espera el Gobierno para apostar por el consumidor en lugar de hacerlo por las poderosas compañías eléctricas?

No somos un país rico con capacidad para subvencionar tecnologías no rentables económicamente. Nuestra prioridad como nación debe ser preservar los niveles de bienestar que hemos ido alcanzando, eliminar las trabas y las dificultades que asfixian a los ciudadanos, hacer real la solidaridad y facilitar la generación de empleo. Mal podemos ser competitivos cuando los mayores generadores de empleo, las pequeñas empresas, los negocios familiares, tienen que pagar la electricidad más cara de Europa y subvencionar a los más poderosos. A veces pienso que va terminar por tener razón un tío mío que en la posguerra siempre decía que “mande el fascismo o mande el comunismo, siempre pagamos los mismos”.

Santiago de Munck Loyola

Los partidos políticos siguen "de fiesta" con nuestro dinero.

Un Diario publica hoy una noticia relativa a la financiación de los Partidos Políticos que teniendo en cuenta la escasez de dinero para todo llama bastante la atención. Según este diario, los partidos políticos reciben subvenciones hasta por dieciocho conceptos distintos y, entre ellos, destaca especialmente la cantidad que percibirán en el año 2012 para sus gastos de funcionamiento y seguridad y que ascenderá a 65 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta cantidad se refiere exclusivamente a la asignación que el Estado distribuye entre los partidos y que se reparte en su mayoría entre el PP y el PSOE. No hace falta subrayar que en esta cantidad no se incluye lo que, al margen de sus sueldos, perciben los parlamentarios en concepto de dietas, compensaciones, móviles, ordenadores, viajes, etc. ni otras asignaciones que las cámaras pudieran dedicar en sus presupuestos a los Grupos Parlamentarios. De igual modo, esta importante cantidad tampoco hace referencia a las cantidades que los partidos políticos reciben a través de los grupos institucionales en los diferentes parlamentos autonómicos o en las diputaciones provinciales, allí donde existen.

Al día de hoy es materialmente imposible conocer con exactitud las cantidades totales que los partidos políticos reciben, en dinero o en especie, de las diferentes administraciones públicas. La fiscalización que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el dinero público percibido por los partidos políticos es absolutamente insuficiente y la legislación aplicable es lo suficientemente sesgada y ambigua como para permitir que los partidos políticos oculten de forma legal a los ciudadanos la cantidad total de dinero público que perciben y el destino que al mismo dan.

Sin embargo, existe además una importante fuente de financiación legal de los partidos políticos que casi siempre pasa desapercibida y que supone una impresionante cuantía en medios materiales, personales y económicos. Se trata de los Ayuntamientos. La Ley de Bases del Régimen Local señala que cada Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, deberá poner a disposición de los Grupos Municipales los medios personales y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta disposición se traduce en que los grupos municipales usan despachos, teléfonos, ordenadores y personal, en función de la capacidad de cada consistorio, y lo hacen teóricamente para el desempeño de su trabajo como representantes locales, pero que en la práctica se usan al servicio de cada partido político. A ello hay que añadir las asignaciones económicas a los grupos Municipales, es decir, la cantidad de dinero que mensualmente cada ayuntamiento entrega a los grupos y que se devide en dos partes: una fija igual para todos los grupos y otra variable en función del número de concejales con que cuenta cada grupo. El Artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que “el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. En el mismo Artículo se añade que “los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” Esto significa que esta subvención no está sujeta a las mismas normas de control y fiscalización que las demás subvenciones que los Ayuntamientos conceden. Los grupos municipales, los partidos, sólo deben justificar el empleo de la subvención cuando así lo requiera el Pleno de la Corporación, algo que nunca ocurre, a diferencia de la justificación de las demás subvenciones que deben ser fiscalizadas por la Intervención municipal. Esto significa que estas subvenciones carecen de cualquier control técnico, ni pasan por el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera por la Intervención Municipal.

Y no se trata de cantidades pequeñas, no. Un Ayuntamiento como el de Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, con una población de  73.000 habitantes, dedica anualmente 590.000.- € a cargos de confianza, es decir, cargos de los partidos políticos, despachos y toda clases de medios para los grupos municipales y, además, 130.000.- € de subvención para los Grupos Municipales. Y estamos hablado de un municipio gobernado por IU, teóricos abanderados de la austeridad. Eso sí, al menos publican la cifra, no como en otros Ayuntamientos, como el de Alicante, en el que si se entra en su página web resulta imposible conocer la cuantía exacta dedicada a financiar a los Grupos Municipales. Por hacerse una idea aproximada de lo que puede suponer este gasto de los grupos municipales, si aplicásemos las cantidades que el Ayuntamiento de Rivas dedica a los grupos al conjunto de la población española nos saldría una cifra de 450 millones de euros, es decir, prácticamente lo que el Gobierno espera ahorrar con el “repago” de los medicamentos. Bien es cierto que es poco riguroso dar por buena esta hipótesis ya que hay muchos Ayuntamientos con escasos medios, pero la falta de transparencia de los partidos políticos y de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no permite conocer la cifra exacta con que los españoles estamos financiando a los partidos.

En todo caso, la financiación anómala y descontrolada de los partidos a través de los entes locales es un hecho cierto e incontestable y supone una cantidad de dinero muy elevada. Es una exigencia de higiene democrática que la transparencia sea absoluta en torno al dinero que los partidos reciben. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto y cómo se gastan nuestro dinero los partidos. En tiempos de crisis y de austeridad, en medio de una penosa situación económica y social a la que nos han llevado los diferentes partidos, éstos deberían ser los primeros en ser austeros, en ser transparentes con el dinero público y en apretarse el cinturón en vez de exigirnoslo a los ciudadanos. Y, además, deberían autofinanciarse y, si no son viables, que cierren el chiringuito.

Santiago de Munck Loyola