La reforma de la Ley electoral.

El pasado jueves 9 de febrero dirigentes de Ciudadanos y Podemos se reunieron con el fin de llegar a acuerdos sobre la reforma de la Ley Electoral. Ciudadanos plantea propuestas como la doble vuelta, las listas abiertas o el fin del voto rogado, que no exigen una reforma constitucional y a estas ideas Podemos añade sustituir la actual ley D'Hont de reparto de escaños por la fórmula Saint-Lagüe que se aplica, por ejemplo, en Alemania lo que, según ellos, garantizaría una mayor proporcionalidad en la representación parlamentaria porque dicen “garantiza el principio de una persona, un voto”.

Hay que empezar por señalar que el principio “una persona, un voto” ya está plenamente garantizado en nuestro sistema democrático y que, en todo caso, lo que habría que garantizar es que ese voto tuviese igual valor con independencia del territorio donde se emita. O dicho de otra forma que el objetivo consiste en que cada diputado electo represente al mismo número de votantes independientemente de la circunscripción por la que haya resultado elegido.

¿Qué señala al respecto nuestra Constitución? Por una parte la Constitución establece la aplicación del sistema proporcional para la asignación de escaños en el Congreso y el mayoritario en el Senado. El sistema electoral (proporcional o mayoritario) es el conjunto de reglas que traduce el número de votos en escaños. Cuando se opta por el sistema mayoritario el objetivo es disminuir la fragmentación parlamentaria y la búsqueda de bloques estables que garanticen la gobernabilidad. Cuando se opta por el sistema proporcional el objetivo principal es que la cámara refleje lo más fielmente posible la fragmentación o la pluralidad electoral. Dentro de los sistemas proporcionales o distributivos hay distintas variantes: la variante Hare-Niemeyer, la variante Hare-Andrae, la variante d’Hont, la Variante Sainte-Laguë, la variante Imperiali, etc. La Constitución no impone una variante proporcional concreta. Lo hace la Ley Electoral. El Artículo 68 de la Constitución señala que  “El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.  La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional”.

Por su parte, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su Artículo 162, determina que “1. El Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados. 2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado. 3. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares

b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.

c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.”

En las propuestas de reforma electoral de los distintos partidos lo que subyace no es cómo se distribuye mejor el número de escaños en las Provincias de forma más justa, sino qué variante del sistema proporcional se elige en lugar del actual que les atribuya más escaños. Porque en realidad el primer problema que afecta a la representatividad de nuestro sistema es el número de escaños asignado a cada circunscripción, a cada distrito electoral, a cada Provincia. Al desarrollar la previsión constitucional que dispone que la ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción, la LOREG cumple asignando en su Artículo 162 a  cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Esta asignación inicial, que por imperativo constitucional no tiene en cuenta la población, es el punto de arranque de la desigualdad electoral: a más diputados iniciales por provincia peor representatividad. Por tanto, el punto de partida habría de ser rebajar de dos a un Diputado la representación mínima inicial, pasando de los actuales 248 escaños a distribuir con criterios poblacionales a 300 escaños.

Estos 300 escaños divididos entre 46.572.000 habitantes suponen un diputado por cada 155.240 personas.

	Nombre	Población	Porcentaje	Nº Diputados (2 mínimo por Provincia) LOREG	PROPUESTA (1 mínimo por Provincia).
1	Madrid	6 507 184	13,97 %	36	1+42=43
2	Barcelona	5 576 037	11,97	31	1+36=37
3	Valencia	2 540 707	5,46 %	16	1+16=17
4	Sevilla	1 939 527	4,16 %	12	1+12=13
5	Alicante	1 825 332	3,92 %	12	1+12=13
6	Málaga	1 630 615	3,50 %	10	1+10=11
7	Murcia	1 470 273	3,16 %	10	1+9=10
8	Cádiz	1 239 435	2,66 %	8	1+8=9
9	Vizcaya	1 148 302	2,47 %	8	1+7=8
10	La Coruña	1 120 294	2,41 %	8	1+7=8
11	Baleares	1 115 999	2,40 %	8	1+7=8
12	Las Palmas	1 100 480	2,36 %	8	1+7=8
13	Asturias	1 034 960	2,22 %	8	1+7=8
14	S. Cruz de T.	1 007 641	2,16 %	7	1+6=7
15	Zaragoza	953 486	2,05 %	7	1+6=7
16	Pontevedra	942 731	2,02 %	7	1+6=7
17	Granada	912 938	1,96 %	7	1+6=7
18	Tarragona	791 693	1,70 %	6	1+5=6
19	Córdoba	788 219	1,69 %	6	1+5=6
20	Gerona	755 716	1,62 %	6	1+5=6
21	Guipúzcoa	719 282	1,54 %	6	1+5=6
22	Almería	706 672	1,52 %	6	1+5=6
23	Toledo	686 841	1,47 %	6	1+4=5
24	Badajoz	679 884	1,46 %	6	1+4=5
25	Jaén	643 484	1,38 %	6	1+4=5
26	Navarra	643 234	1,38 %	5	1+4=5
27	Cantabria	580 295	1,25 %	5	1+4=5
28	Castellón	575 470	1,24 %	5	1+4=5
29	Valladolid	521 130	1,12 %	5	1+3=4
30	Huelva	518 930	1,11 %	5	1+3=4
31	Ciudad Real	502 578	1,08 %	5	1+3=4
32	León	468 316	1,01 %	5	1+3=4
33	Lérida	432 384	0,93 %	4	1+3=4
34	Cáceres	400 036	0,86 %	4	1+3=4
35	Albacete	390 032	0,84 %	4	1+3=4
36	Burgos	358 171	0,77 %	4	1+2=3
37	Lugo	333 634	0,72 %	4	1+2=3
38	Salamanca	333 603	0,72 %	4	1+2=3
39	Álava	326 574	0,70 %	4	1+2=3
40	La Rioja	315 381	0,68 %	4	1+2=3
41	Orense	311 680	0,67 %	4	1+2=3
42	Guadalajara	253 310	0,54 %	3	1+2=3
43	Huesca	219 702	0,47 %	3	1+1=2
44	Cuenca	198 718	0,43 %	3	1+1=2
45	Zamora	177 404	0,38 %	3	1+1=2
46	Palencia	163 390	0,35 %	3	1+1=2
47	Ávila	160 700	0,35 %	3	1+1=2
48	Segovia	154 184	0,33 %	3	1+1=2
49	Teruel	135 562	0,29 %	3	1+1=2
50	Soria	88 903	0,19 %	3	1+1=2
51	Melilla	86 120	0,18 %	1	1+1=2
52	Ceuta	84 959	0,18 %	1	1+1=2
	Total	46 572 132	100 %	350	350

Con esta pequeña modificación de la LOREG mejoraría notablemente la representatividad de cada Diputado y disminuirían sensiblemente las actuales diferencias. Con la Ley actual en Madrid hay un Diputado por cada 180.755 habitantes, en Toledo por cada 114.634, en Orense por cada 77.920 y en Soria por cada 29.634 habitantes. Modificando la LOREG disponiendo que la asignación mínima provincial pase de dos diputados a uno, el resultado sería un Diputado en Madrid por cada 151.329 habitantes, en Toledo por cada 137.368, en Orense por cada 103.893 y en Soria por cada 44.451. Las diferencias siguen siendo notables, pero sin tocar la constitución, se reducirían y en la mayor parte de las Provincias la distribución sería mucho más justa.

La mejora de la representatividad de los ciudadanos debería ser el objetivo prioritario de los partidos y no, como han demostrado, la mejora de la representatividad de sus propias formaciones políticas. Y, una vez hecho esto, que se pongan de acuerdo para poner el acento en la proporcionalidad en la traducción del voto en escaños o en la gobernabilidad eligiendo al efecto la variante proporcional oportuna.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com.es

La Constitución, el independentismo y Alicante (segunda parte).

Todos somos conscientes de que el problema territorial exige un pacto de Estado y una reforma de la Constitución. Sin embargo no existe el más mínimo consenso entre las principales fuerzas políticas sobre la dirección que ha de tomar dicha reforma constitucional y es evidente que no existe más que una alternativa con dos opciones contrapuestas: o se profundiza en la descentralización, que es tanto como persistir en la causa de los problemas territoriales actuales, o se opta por reforzar las competencias del Estado, lo que temporalmente puede soliviantar a los nacionalistas/independentistas. Buena parte de la izquierda se inclina por la primera opción resumida en más autonomía o federalismo, suponiendo erróneamente que con ella se contentarán los nacionalistas/independentistas. Nada más alejado de la realidad, su hipotética aceptación sólo tendría un carácter temporal e instrumental para disponer de más medios públicos para acabar precisamente con la unidad de España. En el espectro político de la derecha la opción del refuerzo de las competencias del Estado cuenta con dos variantes: la de quienes directamente pretenden acabar con el Estado de las autonomías y la de quienes prefieren reformarlo de modo que el Estado vuelva a asumir determinadas competencias para garantizar una igualdad básica entre todos los españoles.

Sea como fuere, lo cierto es que mientras no se establezca un consenso básico sobre la orientación que ha de tomar la reforma del modelo territorial es imposible que a corto o medio plazo pueda producirse una reforma de la Constitución y del propio estado de las autonomías. Sin embargo, es posible reconducirlo, racionalizarlo y hacerlo más solidario y eficiente sin tener que esperar a que la actual clase política acuerde su reforma constitucional. Hoy, una gran parte de los ciudadanos está insatisfecha con el funcionamiento de las autonomías porque son caras, ineficientes en muchos aspectos, complican la vida económica y social de los ciudadanos y duplican innecesariamente servicios públicos. Son la clase política y la partitocracia los más interesados en su mantenimiento en sus actuales términos, no los ciudadanos. Lo que en un principio se vendió como una descentralización administrativa se ha convertido en una descentralización política y en una fragmentación de la soberanía nacional que lejos de cohesionar a la sociedad española la ha dividido.

Necesitamos un estado moderno, eficiente, capaz de garantizar los mismos servicios públicos para todos los españoles con independencia del territorio en el que residan porque los derechos no son de los territorios, son de las personas. Necesitamos un estado que no levante barreras internas al mercado ni a las personas y que, al mismo tiempo, avance hacia la armonización de derechos y obligaciones con nuestros socios europeos. Y, desgraciadamente, las autonomías, en manos de políticos mediocres, han avanzado en la dirección contraria levantando toda clase de muros que obstaculizan el funcionamiento del mercado interior y la cohesión y movilidad social. El centro del debate no puede seguir siendo más o menos competencias o descentralización para las autonomías, sino que en la sociedad de las comunicaciones y de la informática debería centrarse en la búsqueda y el establecimiento de mayores cuotas de decisión de los ciudadanos sin el filtro de una clase política cuyos intereses parecen alejarse cada día más de los intereses del pueblo al que pretenden representar, aunque el desarrollo de esta idea no es ahora el objeto de estos artículos.

En este contexto y mientras siga vigente el actual modelo territorial, una provincia como Alicante no puede seguir sometida por inercia o por sentimentalismo a un estatus autonómico que claramente le perjudica. El balance de la pertenencia de Alicante a la Comunidad Valenciana, tras 36 años de autonomía, es francamente negativo. Las cifras y los datos están ahí para comprobarlo. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años. Y este dato solo tiene una interpretación: la Comunidad Valenciana, como ente político y administrativo territorial, ha fracasado porque no ha logrado la convergencia económica y social de sus territorios, de las tres provincias que la integran, sino que ha ensanchado la brecha entre Alicante, que ahora es más pobre, y las otras dos provincias. Se trata de un problema que es imprescindible reconocer como tal y, en consecuencia, proponer soluciones al mismo. Es muy curioso, pero cuando la izquierda está en la oposición alza la voz denunciando que nuestra provincia está discriminada por la Generalidad Valenciana y cuando es la derecha la que se encuentra en la oposición denuncia exactamente lo mismo. 36 años de fracaso autonómico en nuestra provincia han sido más que suficientes como para que nuestra clase política provincial hubiera puesto ya sobre la mesa algo más que lamentos y denuncias, para que hubiera aportado soluciones. Pero no ha sido así. Los disfrazados de alicantinistas en la oposición en cuanto tocan poder en Valencia se olvidan de su tierra y de su gente. Y cuando llegan a Madrid no digamos.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com.es

La Constitución, el independentismo y Alicante (Primera parte).

Este año se cumplirá el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución española. Se puede y se harán toda clase de valoraciones sobre su desarrollo, su eficacia o su aplicación. Pero quizás, ante el problema catalán, hay un hecho incontestable: tras cuarenta años de desarrollo del estado autonómico, diseñado en principio para satisfacer las aspiraciones territoriales, hoy hay más independentistas en Cataluña que hace 40 años, hoy existe más riesgo de ruptura de la unidad de España que hace 40 años. La Constitución de 1978 no ha servido para solucionar la tensión centro-periferia sino que la ha agravado. Y lo ha hecho en calidad y en cantidad, los nacionalistas se han convertido en independentistas y su número se ha multiplicado exponencialmente. Cada transferencia competencial sólo ha servido para alimentar el independentismo. Se equivocan quienes tratan de explicar el crecimiento del independentismo por una supuesta falta de diálogo del Gobierno de la Nación o por las supuestas afrentas sufridas por la sentencia del Tribunal Constitucional anulando algunos artículos del Estatuto de Autonomía cuyo alcance ignora la inmensa mayoría de los votantes independentistas. Durante 40 años, los nacionalistas han elaborado y difundido un discurso basado en el victimismo, han logrado solaparse con Cataluña de modo que, al final, cualquier crítica a un político nacionalista, por muy torpe o corrupto que fuera, la vendían como un insulto a Cataluña.

La Constitución de 1978 ha sido y es el abono para el crecimiento del independentismo. Cada competencia transferida a la autonomía catalana se ha convertido en un hachazo más para derribar el tronco de la soberanía del pueblo español. Los nacionalistas del 78 siempre fueron independentistas. No querían la autonomía para buscar y asentar éso que algunos denominan un nuevo “encaje” de Cataluña con el resto de España, sino para alcanzar a largo plazo la independencia y, para ello, necesitaban los instrumentos económicos, legales y, sobre todo, educativos que el Estado de las autonomías les podía transferir. Durante 40 años los independentistas han construido un relato histórico falseado que han inoculado al conjunto de la sociedad catalana sin que se produjera una réplica o reacción por parte del conjunto de la sociedad española ni, por supuesto, de la clase política más interesada en la utilización partidista y coyuntural de los instrumentos del Estado. El denominado “oasis” catalán ha sido una realidad consentida por el conjunto de la sociedad española, por su clase política y económica y especialmente por los medios de comunicación. Y las consecuencias están ahí.

Hoy tenemos un gran problema como Nación. Un problema que ha crecido y se ha agravado gracias a la Constitución de 1978 y al diseño y desarrollo dela estructura del Estado establecida en la misma. Hoy, los españoles no poseen los mismos derechos y obligaciones con independencia del territorio en el que vivan. Hoy, podemos constatar que mientras los Estados de la Unión Europea han caminado hacia la armonización de sus legislaciones nuestra Constitución ha seguido exactamente el camino contrario. No es posible resolver el gran problema que tenemos como Nación sin reconocer y señalar claramente su origen. Ni el federalismo, ni alcanzar cotas más altas de autonomía van a solucionar el problema sino todo lo contrario. El federalismo porque es lo último que desean los independentistas ya que supondría la igualdad competencial para todas las regiones. Más autonomía tampoco porque el margen de cesiones es prácticamente inexistente y está demostrado que solo sirve para alimentar al monstruo.

Mientras tanto, mientras se mantiene el actual estado autonómico, el monstruo independentista no sólo se mantiene en Cataluña, sino que se está expandiendo a los territorios limítrofes que forman parte de esa ensoñación que constituyen los llamados Países Catalanes. Parte de Aragón, la Comunidad Balear y la Comunidad Valenciana están ahora mismo cultivando y abonando con los recursos proporcionados por el estado autonómico al engendro independentista y expansionista catalán.

Es un hecho, una realidad incontestable que requiere una acción política firme y decidida. Los que vivimos en la Provincia de Alicante estamos ya sufriendo esta situación, pero podemos intentar revertirla si, en vez de mirar hacia otro lado, somos capaces de usar los instrumentos que el estado autonómico tiene a nuestra disposición pero justamente en la dirección contraria a la que los independentistas han venido siguiendo. No es imposible. Se puede hacer y se debe hacer.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com.es

Carta abierta a Francisco José Lifante Martínez, asesor de la Alcaldesa de Monforte del Cid.

Estimado Fran:

Hace ya más de 14 años que tú y yo nos conocemos. 14 años en los que, aun cuando dejaste de ser concejal, seguimos manteniendo una estrecha relación. Durante estos años tú y yo hemos compartido muchas confidencias, hemos mantenido extensas y enriquecedoras conversaciones sobre política, sobre religión o sobre Monforte del Cid. Fuiste de las primeras personas que me llamó a finales de 2009 cuando supiste que estaba gravemente enfermo. Y desde que empezaste a trabajar en 2015 como asesor de la Alcaldesa hemos venido manteniendo una relación más estrecha aún. Durante estos dos años has sido testigo de primera fila de la persecución a la que sido sometido, de las humillaciones, de las discriminaciones, de los ataques a mi dignidad profesional, del entorpecimiento de mi trabajo y culpabas siempre al Concejal de Personal, Vicente García Saiz, me decías que tus compañeros de partido y la Alcaldesa no eran los responsables, que eran buenas persona, que tú estabas siempre en medio intentando apaciguar las relaciones, buscando consensos, suavizando posiciones y yo, ingenuo de mí, te creía porque confiaba en ti, en tu amistad y en tu integridad personal.

Muchos me decían que no me fiara de ti, que tú solo ibas a lo tuyo, que tras tus buenas palabras solo había falsedad y oquedad moral. Y yo, erre que erre, que no, que no era así, que eras mi amigo, que eras, ante todo, buena persona y que estaba seguro que siempre prevalecerían tus principios de libertad, igualdad y fraternidad sobre las conveniencias partidistas o las flagrantes injusticias… Y resulta que, al final, tenían razón. No, ni eras mi amigo, ni tus autoproclamados principios eran tales. Y si lo eras me has traicionado ¿por 30 monedas? No sólo no has impedido que se siguieran cometiendo injusticias contra mí, sino que, además, has sido y eres colaborador necesario de las mismas. Desde mediados de septiembre estoy de baja porque tras dos años continuados de acoso laboral habéis quebrado seriamente mi salud. Y tú, que te decías mi amigo, no es que no me has llamado para interesarte por mi estado de salud en estos largos meses, es que ni te has atrevido a enviarme un simple mensaje con un protocolario ¿qué tal estás? ¿Por qué? ¿Por vergüenza? ¿Quizás porque ya no te intereso como persona? ¿Por disciplina de partido? Mira, Fran, sigo siendo la misma persona, con los mismos defectos y virtudes de siempre, la misma persona que, independientemente de las distancias ideológicas, te brindó su amistad, su confianza, su apoyo y su afecto.

Los tuyos, la Alcaldesa, los concejales de IU, junto a los concejales del PSOE y los ex de Ciudadanos están intentando rematar su objetivo: conseguir echarme del Ayuntamiento, haciendo que pierda mi condición de funcionario, dejándome sin trabajo, sin sueldo, sin prestación por desempleo y poniendo en riesgo mi pensión de jubilación. Es así de claro y nítido el objetivo: destruir a una persona en todos los ámbitos, en el profesional y en el económico, sólo porque no es de vuestra cuerda ideológica. Y tú, Fran, eres tan responsable como los demás o quizás más, porque has sido testigo de primera mano de la evolución de este acoso y, sobre todo, porque tu simple testimonio público sería suficiente para invalidar todo este proceso. Tu palabra, Fran, la verdad de lo ocurrido durante estos dos años sería suficiente para acabar de un plumazo con esta deleznable situación. Y lo sabes. No sé Fran cómo puedes dormir tranquilo, qué clase de conciencia puedes tener para no impedir semejante atropello a la verdad y a la justicia.

Me conoces bastante, Fran, y sabes que soy una persona de mentalidad abierta, tolerante, capaz de comprender y de justificar muchas acciones u omisiones pero te puedo garantizar que me es prácticamente imposible encontrar una justificación que no sea abyecta para entender que una persona como tú, abanderada de valores universales, pueda abstenerse de impedir daños injustos e irreparables a un tercero.

Que tengas unas felices fiestas, Fran, y que Dios te ilumine.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

Relato de una purga ideológica en Monforte del Cid (Capítulo 9).

Y llegamos al año 2017, el año en que el acoso y la discriminación llegan a su máxima expresión. A primeros de febrero de 2017 estuve de baja 8 días por una infección pulmonar. Cuando a final de mes percibí mi retribución comprobé con sorpresa que me habían descontado casi 300 euros como consecuencia de la baja. Presenté un escrito adjuntando las normas de aplicación que prohibían dicha minoración de la retribución. Lo hablé con la Alcaldesa de IU, Mª Dolores Berenguer Belló, y me dijo que si no me habían devuelto ese dinero era culpa de la tesorera que estaba muy liada. Mentía, como es habitual en ella. En agosto me notificaron un decreto de la Alcaldesa, fechado en julio, en el que reconocía mi derecho a percibir el sueldo íntegro de febrero y en el que ordenaba que se me devolviera dicho dinero. Pues bien, estamos acabando el año y la Sra. Alcaldesa que también es concejala de hacienda todavía no ha tenido tiempo de disponer que se me devuelva mi dinero. Sólo este hecho refleja perfectamente la forma de actuar y de mentir de la Alcaldesa. Debe pensar que con mentiras, medias verdades o culpando siempre a un tercero de sus errores es como debe comportarse un “político” y es evidente que le queda grande intelectual y moralmente esa palabra.

Pero no es ésta la única anécdota que pone de relieve la catadura moral y política de este personaje. Tengo que decir que pocas veces en mi vida me he topado con una persona tan mala y tan falsa. El 5 de noviembre de 2015 el Pleno del Ayuntamiento había acordado modificar la plantilla de personal suprimiendo la plaza de Gerente de Servicios Municipales que tenía el nivel 30 y que yo había venido ocupando y modificando el nivel de la Plaza de Técnico de Administración General (TAG), la plaza que ostentaba en propiedad, y la del Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos (ICCP), de D. Ignacio Gutiérrez Hernández, para que ambas plazas pasasen al nivel 30. Sin embargo, en el Pleno del Ayuntamiento de 4 de mayo de 2017 el gobierno social-comunista acordó anular el anterior acuerdo, volviendo ambas plazas al nivel original que tenían asignado, el nivel 22, con un recorte salarial de 464 euros mensuales. Aunque recurrí el acuerdo y sin que fuera por tanto firme la Alcaldesa se apresuró a ordenar que ya a partir de la nómina de mayo se me quitasen esos 464 euros, pero sólo a mí, ya que aunque el acuerdo afectaba también a la plaza de D. Ignacio Gutiérrez a él le empezó a abonar mensualmente una productividad de 540 euros para que no sufriera pérdida económica alguna. Y un par de meses después le subió el nivel de su complemento de destino al 28, a mí no, evidentemente.

El 5 de mayo se publicó en el Boletín de la Provincia la aprobación inicial del Presupuesto municipal del año 2017. Cuando examiné el documento publicado aprecié muchos errores y algunas posibles ilegalidades en el Capítulo correspondiente al personal, único capítulo que en mi condición de representante del sindicato CSIF examiné en profundidad. Redacté ocho posibles reclamaciones que directamente podría haber presentado y registrado sin decir nada en la fase de exposición pública de dicho documento. Hacerlo es un derecho que asiste a cualquier ciudadano. No obstante, no metí por registro dichas reclamaciones y se las entregué a la Alcaldesa y al Secretario para que las estudiasen y corrigiesen si fuere preciso el documento. El 23 de mayo, la Alcaldesa me llamó a su despacho y, desde luego, la transcripción de la conversación no deja ninguna duda sobre su integridad ética, moral y política. Me vino a decir que si presentaba formalmente alegaciones al presupuesto como representante sindical me ganaría más enemigos y que, claro, estando pendiente de resolver algunas solicitudes mías profesionales como el reconocimiento de trienios o el reconocimiento del nivel 28 que había solicitado, no me convenía hacerlo. Llegó incluso a ofrecerme ser el interventor Accidental del Ayuntamiento, algo que rechacé. Y lo más llamativo es que mientras me hacía ese inusitado ofrecimiento me ocultaba que ya un mes antes había firmado un decreto para iniciar un expediente con el fin de intentar anular mi nombramiento como funcionario y dejarme en la calle.

Así se las gasta. Ese es su nivel de sinceridad. Luego con culpar de todo al Concejal de Personal tiene suficiente. Y no es la única que usa esa táctica, no es la única que se envuelve en la bandera de la progresía para su propio beneficio y el de su entorno a costa de sacrificar cualquier principio ético. Pero tiempo habrá de detallar más hechos que revelan su auténtica naturaleza.

Accedí en esa reunión con la Alcaldesa a mantener una posterior reunión para estudiar las reclamaciones al presupuesto que les había entregado. Días después se celebró dicha reunión a la que asistieron la Alcaldesa, el Concejal de Urbanismo, D. Ángel Gutiérrez, el asesor de la Alcaldesa, D. Francisco José Lifante, el Secretario Accidental D. José Fernando Mullor y el Interventor Accidental, D. José Manuel González. No fue una reunión de estudio, fue un auténtico consejo de guerra destinado, no a detectar los errores del presupuesto, sino a fusilarme. Y dejaron el presupuesto tal cual, plagado de incorrecciones.

Pero ya el colmo del disparate fue la propuesta que en el mes de julio me hizo llegar el asesor de la Alcaldesa, Francisco José Lifante, que siempre había fingido ser mi amigo. Lo dejo para el siguiente capítulo.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com.es

CONSTITUIDO EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA.

16-12-2017.

COMUNICADO.

CONSTITUIDO EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA.

Hoy, 16 de diciembre de 2017, se ha celebrado en Monforte del Cid el congreso constituyente del partido Esperanza Ciudadana. Los afiliados asistentes han procedido a modificar los Estatutos provisionales del partido así como el Ideario del mismo reforzando su orientación netamente alicantinista y autonomista frente a la constante marginación de la provincia de Alicante tanto por el centralismo valenciano como de la administración del estado. La modificación estatutaria más significativa ha sido el cambio de nombre del partido que pasa a denominarse Partido Alicantino Regionalista – Esperanza Ciudadana.

En el Ideario aprobado en la ponencia política se destaca que “Mientras que el PIB de nuestra Provincia se sitúa en el 5º puesto de España, la renta media de los alicantinos se sitúa en el puesto 40 con 18.148 euros, un 20 % por debajo de la media nacional que es de 22.766 euros. Los representantes políticos de la provincia en la Generalidad Valenciana o en las Cortes españolas no vienen actuando como representantes y defensores de los intereses de los ciudadanos alicantinos, sino de los partidos que los han incluidos en las listas electorales y a los que deben sus puestos. A ello hay que añadir que el anexionismo y el independentismo catalán se han infiltrado y contaminado las instituciones valencianas cuya gestión depende de fuerzas políticas claramente proclives al pancatalanismo. A la discriminación económica permanente que sufre la Provincia de Alicante ahora hay que sumar los continuos ataques a su singularidad como provincia española, con identidad propia, plural y leal al proyecto constitucional”. En dicho documento se señala también que “No existe ni una sola razón que justifique que los alicantinos no puedan decidir en su tierra lo que a la misma afecta y que, por el contrario, se deba decidir en Valencia. Alicante tiene identidad propia, personalidad, territorio, economía y medios humanos suficientemente capacitados como para poder ejercer su autonomía y hasta el nivel que desee dentro de los límites de la Constitución”.

Entre otras muchas propuestas aprobadas el Partido Alicantino Regionalista propone:

- Promover la constitución de la Provincia de Alicante como Comunidad Autónoma Uniprovincial de modo que recupere su propia identidad, reciba financiación para su desarrollo de forma autónoma, asuma sólo aquellas competencias que se considere imprescindibles para su desarrollo económico y social, elimine el peso de una administración pública (la Generalidad Valenciana) sobre los ciudadanos transformando a la Diputación provincial en el Gobierno Regional y en definitiva entregue a los alicantinos la capacidad de decisión sobre los asuntos que a ellos únicamente competen.

- Reivindicar de forma permanente y mientras no se alcance ese objetivo un tratamiento presupuestario del Estado y de la Generalidad Valenciana para la Provincia de Alicante basado en principios de equidad y solidaridad.

- Promover la reforma constitucional para reorganizar el Estado sobre la base de su configuración fundamentalmente provincial y, en su caso, impulsar la reorganización de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas desde la premisa de la unidad de España, eliminando las duplicidades y haciendo realidad los principios de igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad entre la población de los diferentes territorios de modo que la Justicia, la Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales sean iguales para todos los españoles.

Por último, los afiliados han procedido a la elección del Comité de Dirección del partido que estará presidio por Santiago de Munck Loyola y cuya Secretaría General será desempeñada por Manuel García-Serna Colomina.

El Gobierno tripartito de Monforte del Cid acumula en 2 años 7 Recomendaciones del Síndic de Greuges para que deje de incumplir la Ley.

25-10-2017.

NOTA DE PRENSA.

El Gobierno tripartito de Monforte del Cid acumula en 2 años 7 Recomendaciones del Síndic de Greuges para que deje de incumplir la Ley.

El Gobierno tripartito de Monforte del Cid compuesto por IU, PSOE y tránsfugas de C’s, presidido por Mª Dolores Berenguer Belló, acumula en poco más de dos años siete “Recomendaciones” del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana recordándole cuáles son sus obligaciones legales e instándole reiteradamente a cumplir la Ley. Algunas de estas Recomendaciones del Síndic, no contestadas por la Alcaldesa y consiguientemente no aceptadas, ya han sido publicadas en la página oficial del Síndic de Greuges y se dará cuenta de las mismas a las Cortes Valencianas en el informe anual de esta Institución.

De forma reiterada el Síndic de Greuges recuerda a la Alcaldesa de Monforte del Cid, Mª Dolores Berenguer Belló, que tiene la obligación de cumplir con las normas que rigen los procedimientos administrativos, que está obligada a responder a los escritos de los ciudadanos resolviendo expresamente los procedimientos administrativos y que debe respetar el libre ejercicio de los derechos sindicales proporcionando la información necesaria para que los representantes sindicales puedan ejercer sus funciones.

Es la primera vez, desde la creación de la Sindicatura de Agravios, que el Ayuntamiento de Monforte del Cid es amonestado por esta institución y esta circunstancia pone de manifiesto la falta de transparencia y la arbitrariedad que impera en el Ayuntamiento monfortino desde el acceso al Gobierno Municipal de comunistas, socialistas y tránsfugas.

Unidos Podemos contra la soberanía de los españoles.

Puede que sea deformación profesional, pero cada vez que escucho a determinados políticos hablar sobre “diálogo” con los independentistas o proponer como solución al problema del secesionismo la celebración de un referéndum “pactado y legal” o reformar la propia Constitución, no salgo de mi asombro. Todo el mundo sabe que cuando los independentistas hablan de diálogo éste se circunscribe a “su libro”, es decir, los independentistas sólo quieren dialogar para fijar cuándo se rompe España y con las mayores ventajas económicas para ellos. No quieren entrar en otro tipo de diálogo dentro del marco constitucional. Eso pertenece al pasado cuando el diálogo consistía en dame más, dame más y dame más. Ahora es distinto. Lo quieren todo, son los atracadores de un banco, atrincherados en el mismo con rehenes, rodeados por la Policía y su negociación no es tal, sino la imposición de sus exigencias: “nos vais a dejar salir, con la pasta, cuando digamos y cómo digamos”. El chantaje no es diálogo se vista como se vista. En estos días, Pablo Iglesias ha reivindicado "diálogo" y "sensatez" a las partes y una solución que pase por que los catalanes voten en un referéndum "pactado, legal y con garantías" sobre la independencia, ha asegurado que no ha habido declaración unilateral de independencia por parte de Puigdemont y encuentra injustificada la aplicación del Artículo 155 de la Constitución porque conduciría a España "a una situación de involución democrática que afecta a la calidad democrática".

De los independentistas puede esperarse cualquier cosa por disparatada que sea incluso que nieguen la existencia de España como nación, pero no resulta comprensible en un partido que se supone que quiere gobernar España. No existe ninguna posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña pactado y legal por dos razones evidentes que conoce o debería conocer el Sr. Iglesias y cuantos se suman esta tesis.

La primera razón es legal. Para que pudiera celebrarse ese hipotético referéndum habría que modificar la Constitución española y, de hacerlo, supondría la eliminación de la soberanía del pueblo español y, por consiguiente, la aniquilación de la propia nación española. Hoy por hoy, tal y como recoge la Constitución la soberanía nacional reside en el pueblo español lo que quiere decir que es el conjunto del pueblo español, y no solo una parte del mismo, quien tiene que manifestarse en un referéndum. El Artículo 1. 2. De la Constitución no admite interpretaciones “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. 

Que los independentistas catalanes nieguen al pueblo español su propia existencia como titular de la soberanía nacional tiene su sentido pues de aceptarla no tendrían sentido sus pretensiones; no pueden coexistir dos soberanías y dos naciones sobre un mismo ente jurídico, pero que Podemos y su líder se sumen a las tesis independentistas negando al pueblo español su titularidad sobre la soberanía nacional, no es de recibo. Como no lo es tampoco hablar de un Estado plurinacional, de una nación de naciones,  porque admitirlo sería tanto como admitir que, de una parte, España no es una nación y, de otra, que cada nación debe tener su propio estado.

La segunda razón es, además de sentido común, de índole democrática. Una hipotética independencia de Cataluña tendría efectos inmediatos sobre el conjunto de los españoles y no sólo sobre los habitantes de Cataluña. Hay vínculos seculares, relaciones, infraestructuras, servicios públicos, transacciones, etcétera que estarían afectados y cuyo futuro, por tanto, no puede dejarse en manos exclusivamente de una parte de los ciudadanos españoles, los catalanes. Es imposible de admitir que sólo los catalanes puedan decidir sobre el futuro del conjunto de las pensiones, de la deuda pública o de los impuestos que afectan a todos. Son todos los españoles los que tienen derecho a decidir sobre ello e impedirlo constituye un atentado a los más elementales principios democráticos.

Son cuestiones elementales, de principios generales del derecho que no se pueden obviar asumiendo el discurso de los independentistas. Pero, todo parece indicar que el Sr. Iglesias y su coalición Unidos Podemos van un poco más allá en la manipulación de sus discurso. Se muestran absolutamente contrarios a la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, llegando al ridículo de pretender acudir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del mismo, y alegan que no pueden respaldar su aplicación porque el Partido Popular es un partido “fuera de la ley” y corrupto. Y, sin embargo, están del lado de los independentistas que pública y notoriamente se han situado fuera de la Constitución y son los responsables de los mayores escándalos de corrupción durante casi cuarenta años en Cataluña, con la bendición del clan Pujol, donde han instaurado el régimen del 3%. Por ello, es muy significativo que Unidos Podemos anteponga su interés partidista, echar al Gobierno de Rajoy de la mano del PSOE, los independentistas y los proetarras, a la defensa de la Ley y la soberanía de todos los españoles apoyando las tesis y pretensiones de los reyes de la corrupción en Cataluña. Todo vale para los podemitas y sus lacayos de IU porque en el fondo están convencidos de que todo lo que pueda servir para volar por los aires la Constitución de 1978 puede y debe ser usado como paso previo a una aventura revolucionaria, bolivariana, de impredecible final.

Santiago de Munck Loyola.

https://santiagodemunck.blogspot.com.es

Dos golpes por el precio de uno.

La escalada secesionista que llevamos años padeciendo ha culminado ayer en un golpe de estado perpetrado en el Parlamento catalán que a muchos ha dejado atónitos. Hay quien cree que ayer Puigdemont ha dado marcha atrás y se lo agradecen como el inefable traidor Pablo Iglesias, hay quien piensa que ha sido un simple “gatillazo” y muchos, en definitiva, están convencidos de que nada de lo que sale de los secesionistas tiene efectos jurídicos.

Es todo un despropósito y da la sensación de que los actores de esta tragedia viven en mundos y realidades absolutamente diferentes. Anoche mismo, tras la declaración de independencia enunciada y aparentemente suspendida por Puigdemont,  compareció la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y dijo entre otras cosas que “ni el Sr. Puigdemont, ni nadie, pueden sacar conclusiones de una ley que no existe (la Ley catalana de Referéndum) ni de un referéndum que no se ha producido”. Vamos a ver, que el referéndum del 1 de octubre fuera ilegal, que careciese de cobertura legal y que no fuera democráticamente homologable, no quiere decir que no se haya producido. 

Todos los vimos, hubo un referéndum con una participación escasa y con unos resultados falseados, pero lo hubo. No se puede negar la evidencia. Afirmar lo contrario sería tanto como renunciar a perseguir a quienes organizaron el referéndum ilegal. El problema está ahí y reside en que las autoridades golpistas catalanas ya están actuando con su propia legalidad, con su ley de referéndum y su ley de Transitoriedad, y no acatan las decisiones del Tribunal Constitucional. Sus actuaciones vulneran desde hace tiempo la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las decisiones judiciales porque no reconocen la autoridad del Estado en Cataluña. Rechazan la legalidad española y han creado la suya propia y por mucho que la justicia española, a la que no reconocen, declare su ilegalidad lo cierto es que están fingiendo que actúan al amparo de sus propias leyes.

Pero es que, además, la esquizofrenia independentista se plasma en que solo fingen que actúan conforme a su propio nuevo ordenamiento porque, en realidad, tampoco lo hacen y ayer Puigdemont y sus acólitos lo demostraron ante todo el mundo. De acuerdo con su propia ley catalana de referéndum, aprobada irregularmente e inútilmente suspendida por el Tribunal Constitucional, “Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. A tal efecto el Parlamento de Cataluña dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura electoral celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordó el inicio del proceso constituyente” (Art.4.4). Es decir que debería haber proclamado los resultados la Sindicatura Electoral y no había tal Sindicatura. Y, en segundo lugar, el Parlamento de Cataluña debería haber celebrado a los dos días de dicha proclamación (que no se ha efectuado) una sesión ordinaria (que tampoco se ha celebrado) para declarar formalmente la independencia de Cataluña. Sin embargo, lo que ayer vivió todo el mundo fue una sesión extraordinaria del Parlamento de Cataluña en la que Puigdemont “proclamó” los resultados del referéndum y en la que “declaró” la independencia de Cataluña para, a renglón seguido, proponer al Parlamento que suspendiese temporalmente los efectos de dicha declaración. 

Peor imposible, una tomadura de pelo. Puigdemont se arrogó las atribuciones de la Sindicatura Electoral, proclamando él mismo los resultados, y del Parlamento catalán, declarando él mismo la independencia. Y ni siquiera el Parlamento catalán llegó a suspender los efectos de tal declaración tal y como se acababa de decir. La guinda de este autogolpe fue la firma posterior de un documento firmado por una parte de los diputados proclamando la república catalana en nombre de todos los catalanes. Los hechos son los que son: Puigdemont y los suyos no solo violan la legalidad constitucional sino que sus primeros actos al amparo de sus propias normas también constituyen una violación de las mismas. Puigdemont sustituyó a su Sindicatura de Cuentas y al propio Parlamento catalán arrogándose atribuciones propias de un dictador. “Puigdemont es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo”, Artículo sexto de la Ley Orgánica del Estado de 1967, perfecto para esta ocasión. ¿Cómo no van a huir las empresas de Cataluña con semejante inseguridad jurídica? ¿Cómo no van a huir las inversiones de un territorio donde reina la más absoluta arbitrariedad? ¿A qué tienen que atenerse los ciudadanos catalanes? ¿A la legislación española, a la catalana, a la que se le ocurra a cualquier separata en cualquier momento?

No es posible seguir así ni un día más. Plantearse ahora si esa declaración no hecha pero con solicitud de suspensión no efectuada y acompañada de una proclamación de independencia firmada fuera del hemiciclo tiene o no tiene efectos jurídicos es indiferente, sus efectos son políticos y económicos. Y plantearse ahora que hay buena voluntad de los secesionistas porque quieren dialogar durante unas semanas con el Gobierno de España es sencillamente engañarse, engañar a los ciudadanos, hacer el juego a los golpistas y sumarse al intento de dinamitar la unidad de España porque solo quieren dialogar sobre cuándo, cómo y por cuánto se independizan. No se puede pactar con un violador cuándo y cómo va a delinquir.

Hoy el Consejo de Ministros ha dado por fin un paso que parece que se encamina hacia la aplicación del Artículo 155 de la Constitución al requerir a Puigdemont para que aclare si la payasada de ayer fue una declaración de independencia, algo obvio. Quizás si se le hubiera requerido formalmente a la Generalidad para que anulase su Ley de Referéndum y su Ley de transitoriedad ya se habría podido aplicar el Artículo 155 y todos nos habríamos ahorrado muchos sin sabores, pero lo importante ahora es que se ponga fin cuanto antes a este disparate político y jurídico. Y, una vez restablecida la legalidad, nada habría más sano para nuestra democracia que convocar simultáneamente unas elecciones autonómicas en Cataluña y unas Generales porque todos ya se han retratado y los electores ya sabemos quién está con la Constitución y la unidad de España y quién no.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com.es

El Partido Esperanza Ciudadana (Partido Alicantino Regionalista) requiere al Gobierno para que aplique el Artículo 155 de la Constitución.

7-10-2017

COMUNICADO.

Ante la situación existente en Cataluña y los reiterados incumplimientos por parte de la Generalidad catalana de sus deberes constitucionales así como su intención expresa de proceder en los próximos días a declarar unilateralmente la independencia de las provincias de Cataluña, el Partido Esperanza Ciudadana (Partido Alicantino Regionalista) ha remitido ayer un requerimiento al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, para que proceda a poner en marcha de forma inmediata el Artículo 155 de la Constitución Española.

En el citado requerimiento se señala que “el Gobierno de España, una vez consumada esta parte del golpe de estado que se está desarrollando en Cataluña, no puede seguir haciendo dejación de sus funciones y seguir esperando para actuar en función del siguiente escalón golpista que, como ya se ha anunciado públicamente, será la declaración unilateral de independencia”.

Igualmente se recuerda que “el Artículo 155 de nuestra Constitución señala que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general” pero, a la vista de los acontecimientos, no es posible ampararse más en el carácter optativo de esta disposición contenido en su redacción al señalar que ”el Gobierno…podrá adoptar..” porque hacerlo supondría no sólo facilitar la consumación del golpe de estado, sino vulnerar los mandatos del Código Penal para defender la Constitución”.

Por ello, concluye el escrito remitido a la Presidencia del Gobierno  que se requiere “Al Presidente del Consejo de Ministros de España, D. Mariano Rajoy Brey, para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y proceda de forma urgente a activar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española y a dictar las instrucciones precisas para la persecución de todos los actos delictivos que se han producido o estén en curso de ejecución”.