Cuando compras un artículo en “El
Corte Inglés” si no quedas satisfecho te devuelven tu dinero y lo hacen hasta
pasados 60 días de la adquisición. Sin llegar a tanto, la norma general es que
si compras un producto y éste no se corresponde con las características o
propiedades anunciadas tienes derecho a la devolución del dinero. Una
compraventa comercial, en definitiva, no es más que un contrato en el que cada
parte debe cumplir sus obligaciones: una pagar el precio y la otra entregar el
producto adquirido. Sin embargo, esta simple regla no funciona en la política.
Te ofertan un programa electoral y lo compras con el voto. Pero una vez pagado
el precio, si te he visto no me acuerdo. No te devuelven el voto en caso de
engaño. No han pasado ni 60 días desde que el Partido Popular formó gobierno y,
a la primera ocasión, ya ha incumplido de forma flagrante una de las
principales ofertas de su programa electoral de junio de 2016: "Dar
prioridad a la reducción de la carga tributaria que enfrentan los ciudadanos y
atender desde el ámbito fiscal sus necesidades e inquietudes". Primer
compromiso: "Rebajaremos la carga fiscal de los ciudadanos, asegurando que los
beneficios de la recuperación económica llegan a todos los hogares".
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 2 de diciembre todo un paquete
de medidas fiscales para aumentar la recaudación fiscal en más de 5.000
millones de euros en 2017.
Incumplir el programa electoral
en materia tributaria es exactamente lo primero que hizo el Partido Popular
tras formar gobierno en 2011 y lo vuelve a hacer en 2016. Entonces la excusa
fue que la herencia recibida del Gobierno de Zapatero era peor de lo que los
datos oficiales decían. Ahora parece que ni la necesidad de ajustar el déficit
público a los compromisos con Europa se utiliza como excusa, sino que incluso
el Sr. Montoro con toda la desfachatez del mundo afirmó tras el Consejo de
Ministros que no había ningún incumplimiento electoral, que no era cierto que
se hubiesen comprometido a disminuir la presión fiscal a los contribuyentes
españoles. Hay que tener mucha cara dura, además, para justificar la creación
del nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas con la preocupación por la
salud de los ciudadanos. ¿Para cuándo entonces un impuesto especial sobre la
panceta, la chistorra o la mayonesa? ¡Venga ya, Cristóbal, a otro perro con ese
hueso!
Lo cierto es que ningún partido
parlamentario está dispuesto a meter la tijera para acabar con el despilfarro y
gastar menos. No se trata de recortar en servicios públicos esenciales ni en
prestaciones sociales. Se trata de una parte en alanzar una mayor eficiencia en
el gasto público que indiscutiblemente mermada por la propia idiosincrasia del
sistema autonómico. Y se trata fundamentalmente de recortar toda una estructura
pública que a todas luces no podemos mantener con los ingresos actuales. Nadie
está dispuesto en este parlamento, ni por supuesto en el gobierno, a meter mano
de una vez al despilfarro de las Comunidades Autónomas con cientos de empresas
públicas, con miles de asesores políticos, con decenas de televisiones públicas
sin casi audiencia, con embajadas propias por medio mundo, con instituciones
duplicadas con las del Estado, con competencias duplicadas, con una diarrea
legislativa que dificulta extraordinariamente la fluidez de un mercado único,
etc.
El Gobierno del Partido Popular
ha vuelto a mentir y a engañar a sus votantes, a los incondicionales y a los de
la nariz tapada. No pueden ahora esconderse tras la excusa de la necesidad del
consenso y de llegar a pactos porque del mismo modo que se aprestan a acordar
cómo y cuánto más van a exprimir al contribuyente podrían hacerlo para decidir
cómo y cuánto gastar menos de nuestro dinero. Para este viaje no hacían falta
estas alforjas. Y para hacer una política socialdemócrata mejor que la hagan
sus inventores.
Santiago de Munck Loyola
