Padecer una situación de
injusticia permanente, conocer las causas que la originan, reconocer el
problema de fondo y no afrontarlo adoptando las medidas que están en nuestra
mano para solucionarlo es bastante anormal. Esa situación puede darse en muchas
circunstancias y ocasiones de cada persona pero cuando la elevamos a la
categoría de lo público resulta, cuando menos, una anomalía social. Veamos.
Los ciudadanos que vivimos en la
Provincia de Alicante padecemos desde hace décadas una situación de
discriminación permanente por parte del estado y de la Generalidad Valenciana.
No somos tratados ni económica, ni políticamente de acuerdo con la importancia
económica y demográfica de nuestra provincia. Somos tratados de forma injusta y
no como debería corresponder a la quinta provincia por volumen de su Producto
Interior Bruto o por el volumen de su población. Todos los indicadores de los datos
económicos y sociales así lo señalan y no son discutibles: rentas y pensiones por
debajo de la media española, asistencia sanitaria, educativa o social por
debajo de la media, inversiones públicas en el furgón de cola, etc. Son tantos
años de discriminación negativa en las inversiones en nuestra Provincia que
bien podemos hablar de la existencia de una enorme deuda histórica con
Alicante, deuda del estado y deuda de la Generalidad Valenciana. Y esta injusta
situación la sufrimos directamente, en nuestros bolsillos y en nuestro nivel de
bienestar.
Cada vez son más las voces
autorizadas las que desde distintos ámbitos de la Provincia se suman al
reconocimiento y a la denuncia de una situación a todas luces injusta, la
permanente discriminación de nuestra Provincia. Sin embargo, no ocurre lo mismo
en el ámbito de la vida política, pocos son los representantes políticos que
denuncian esta situación, sobre todo porque se deben más a los aparatos de sus
partidos, a sus jefes, que a los ciudadanos. Y cuando mencionan la
discriminación de Alicante lo hacen sólo para usarla como arma arrojadiza
contra el gobierno de turno, sea en Madrid o Valencia. Pero ¿alguno plantea una
solución política? Porque lo cierto es que salvo esos lamentos ocasionales ninguno
de nuestros representantes políticos ni ninguno de los partidos políticos con
representación pone una solución encima de la mesa. Y haberlas las hay.
No hay ninguna razón económica,
histórica, política o social que justifique el hecho de que los alicantinos
tengamos que soportar sobre nuestras espaldas una administración pública más
que los madrileños o nuestros vecinos murcianos, por poner un ejemplo. Sobre
nuestras espaldas recae el peso de sostener con nuestros impuestos a los
Ayuntamientos, a la Diputación, a la Generalidad Valenciana y al Estado. Costeamos
cuatro administraciones españolas mientras que otros sólo tienen que sostener a
tres administraciones. Si ello nos reportase ventajas mercería la pena, pero
cuando se comprueba que la Generalidad Valenciana no cohesiona su territorio ni
económica, ni socialmente, cuando se constata que lleva veinte años invirtiendo
por habitante menos en Alicante que en las dos otras provincias y que las
decisiones trascendentes para nuestra Provincia se toman en Valencia y no en
Alicante, parece evidente que no merece la pena. La solución política a estos
problemas pasa por tener voz propia en Madrid y por constituir una Comunidad
Autónoma uniprovincial. Esperanza Ciudadana es el único partido que pone sobre
la mesa una posible solución. No basta con lamentarse, no es suficiente con
quejarse. Hay que ofrecer soluciones y ésta es una propuesta absolutamente
constitucional que puede dar salida a un grave problema por todos reconocido.
Alicante tiene capacidad de sobra
para administrar por si misma las competencias autonómicas que quiera asumir y
eso también es una evidencia. Tenemos los argumentos y la capacidad para hacernos
oír directamente en Madrid sin tener que pasar el filtro de Valencia. Tenemos
la capacidad para tomar las decisiones competenciales aquí sin tener que
someternos a las decisiones de Valencia. No se trata de romper los vínculos
culturales que unen a parte de nuestra con Valencia, ni tienen por qué romperse
con la Constitución en la mano. No se trata de enfrentar a nuestra Provincia
con otras, ni de renunciar a la pluralidad y a la riqueza y variedad cultural
de nuestra Provincia. Se trata de acercar a los alicantinos a la toma de
decisiones políticas, de llevar directamente la voz de Alicante ante el Estado,
de eliminar una carga administrativa de nuestras espaldas, de lograr una mayor
eficiencia en la gestión pública, de eliminar innecesarias duplicidades, de
hacer realidad la igualdad de derechos y de obligaciones entre todos los
españoles y de hacer una realidad la tan manida como ignorada solidaridad
territorial. Se trata, en definitiva, de aprovechar y usar en beneficio de
Alicante los legítimos instrumentos que la Constitución pone a nuestra
disposición. Podemos seguir quejándonos, lamentándonos y denunciando lo
evidente, pero si no actuamos de nada servirá.
Santiago de Munck Loyola
