España viene arrastrando desde
hace años no sólo una profunda crisis económica, sino una crisis política,
moral, social e institucional que, día a día, va haciendo que muchos ciudadanos
se sientan defraudados y cada vez más distanciados de los gobernantes y de las
propias instituciones. En medio de una crisis tan profunda, la falta de
ejemplaridad de una parte de la clase dirigente española, sea política, sindical
o empresarial, está abriendo un vacío peligroso entre la sociedad real y la
sociedad oficial. Los ciudadanos no encuentran una respuesta rápida a sus
acuciantes necesidades y contemplan atónitos cómo tienen que cargar de forma
exclusiva con las consecuencias de una crisis generada y mal gestionada por la
clase dirigente española.
Hoy se comprueba como el modelo
político y el territorial construido durante la transición es incapaz de
afrontar los grandes desafíos del presente y los retos del mañana. Ha quebrado
el principio de igualdad entre todos los españoles cuyos derechos y
obligaciones varían en función del territorio e su residencia. Ha quebrado el
principio de solidaridad regional y social al consolidar modelos distributivos
territoriales desiguales y al cargar los efectos de la crisis sobre la clase
media que está llegando al límite de sus posibilidades. Ha quebrado la
confianza en unos partidos políticos incapaces de conectar con los problemas y
necesidades de los ciudadanos, cerrados a la participación no ya de la
ciudadanía sino de sus propias bases, transformados en gigantescas máquinas
burocráticas incapaces de subsistir sin el dinero público y convertidos en
organizaciones cerradas incapaces de regenerarse y, por tanto, de regenerar el
conjunto del sistema democrático. Tras las últimas elecciones municipales y
autonómicas la irrupción de formaciones populistas y de partidos esponjas, supuestas
marcas blancas de otros partidos, no ha sido capaz de plantear un cambio real y
profundo de la vida política más allá del simple mercadeo de instituciones.
Por ello, desde estas
consideraciones previas se plantea el objetivo de constituir una plataforma
electoral única y plural, aunando esfuerzos y con unas propuestas básicas
comunes. La Plataforma para la
Convergencia de Partidos Ciudadanos propone:
1º Promover el protagonismo de
los ciudadanos para reformar,
transformar y remover los obstáculos que impiden el desarrollo de una
sociedad más democrática, más justa y más honrada.
2º Impulsar la participación
política y social de los ciudadanos que creen en la persona como el centro,
protagonista y destinatario de la acción política y social, en la familia como
eje vertebrador de la sociedad, en la libertad real y la igualdad de los
españoles en todos los niveles, en la igualdad de oportunidades, en la dignidad
de la persona, en la democracia como expresión de la soberanía del pueblo
español, en el diálogo y la tolerancia.
3º Promover la regeneración
democrática impulsando medidas que favorezcan la ejemplaridad, la
transparencia, la eficacia, la igualdad, la participación ciudadana y la
concepción de la dedicación política como expresión temporal de una vocación de
servicio ciudadano.
Se propone, por tanto, como
Ideario básico de la Plataforma el siguiente:
1. Impulsar el desarrollo social, económico y político a
través de una política basada en la regeneración democrática, la honradez, la
participación ciudadana, la ejemplaridad y la austeridad.
2. Reivindicar un tratamiento presupuestario del Estado justo
y equilibrado para cada provincia y comunidad autónoma basado en principios de
equidad y solidaridad.
3. Promover la reforma constitucional para reorganizar el
Estado sobre la base de su configuración fundamentalmente provincial y, en su
caso, impulsar la reorganización de las competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas desde la premisa de la unidad de España y haciendo
realidad los principios de igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad entre
la población de los diferentes territorios.
4. Impulsar la reforma de las Administraciones Públicas para
acabar con las duplicidades y la reforma de la Administración Local para
establecer un nuevo modelo de competencias y de financiación.
5. Apoyar la reforma de la Función Pública para eliminar el
parasitismo político y dignificar la carrera profesional.
6. Impulsar la reforma de la legislación del suelo y de las
contrataciones públicas con el fin de introducir mayores criterios de
objetividad y de eliminar criterios de discrecionalidad que facilitan la
aparición de fenómenos de corrupción.
7. Promover la aprobación de un Estatuto del Cargo Público
para regular todas las retribuciones públicas, establecer rígidas incompatibilidades,
suprimir el simultaneamiento de cargos y eliminar los privilegios de la clase
política.
8. Promover el establecimiento de fórmulas de participación
ciudadana a través de las nuevas tecnologías.
9. Defender la implantación de un modelo básico de ámbito
nacional en Educación, Sanidad, Justicia y prestaciones sociales que garantice
la igualdad de derechos entre todos los españoles.
10. Impulsar la reforma electoral para aumentar la igualdad del
valor del voto del ciudadano en los criterios de reparto electoral.
11. Garantizar la absoluta libertad del uso del español en
cualquier parte del territorio nacional.
12. Promover una reforma fiscal más justa que aligere la gran
presión fiscal a la que está sometida la clase media.
13. Suprimir las subvenciones públicas a los sindicatos,
partidos políticos, organizaciones empresariales y a sus fundaciones.
14. Promover e impulsar la utilización de todos los medios
legales al alcance para lograr una victoria absoluta sobre el terrorismo y sus
cómplices.
15. Defender el derecho a la vida de acuerdo con los principios
constitucionales.
16. Defender la importancia del núcleo familiar e impulsar
medidas sociales, legislativas y fiscales que la refuercen, que hagan realidad
la conciliación de la vida laboral y familiar y que protejan la maternidad.
17. Apoyar las reformas penales y penitenciaras necesarias para
que sea efectiva la proporcionalidad entre la pena y el delito, para lograr una
protección efectiva de las víctimas y lograr la recuperación de los bienes
sustraídos especialmente en los casos de corrupción, para la no prescripción de
delitos económicos y para el cumplimiento íntegro de las penas para estos
delitos, salvo devolución íntegra del dinero reclamado o patrimonio
equivalente.
18. Promover la despolitización e independencia efectiva el
poder judicial.
19. Remover los obstáculos interiores y trabas administrativas
o legales que dificultan la competitividad en el territorio nacional.
20. Defender una inmigración legal, en la que se fomente la
integración de los inmigrantes en nuestra cultura haciéndoles partícipes de
ella.
