Dos
importantes noticias de esta semana subrayan la importancia del nivel de
degeneración de parte de la clase dirigente de nuestro país, tanto en su
vertiente política como sindical. El PPCV, personificado en Carlos Fabra, y la
UGT, en su versión andaluza, aunque no sólo allí, son los protagonistas de las
noticias en torno a la catadura moral de quienes “lideran” nuestra sociedad.
Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y ex muchas otras
cosas, amasador de fortunas inexplicables y progenitor de la insigne y culta
diputada popular, Andreita “que se jodan”, ha tomado el relevo en los titulares
periodísticos de su conmilitón popular Pedro Hernández Mateo, ex alcalde de
Torrevieja y ex diputado popular. El primero, tan agraciado él con las loterías
del Estado, ha sido declarado culpable de cuatro delitos contra la hacienda
pública, aunque ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias y
cohecho y habrá que esperar a la resolución de los recursos pertinentes que confirmen
o no esta condena. El segundo, condenado ya por el Tribunal Supremo y
declarado, por tanto, delincuente, diga lo que diga al respecto el Presidente
del PP de Valencia Sr. Rus cuyas aportaciones jurídicas seguramente pasarán a
la historia, está a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición
de indulto, que tan entusiásticamente ha solicitado la inmensa mayoría de los
diputados del Partido Popular, para entrar o no en prisión.
Por
su parte, diversas informaciones están poniendo de relieve la peculiar forma de
buena parte de la clase sindical de administrar los fondos públicos que reciben
de los contribuyentes. Al mayor caso de corrupción de la historia de España, el
caso de los EREs falsos, protagonizado por sindicalistas de UGT, empresarios y
miembros del PSOE andaluz que supuesto el saqueo de casi 1000 millones de euros
hay que añadir ahora el incesante goteo de informaciones del tinglado montado
por el sindicato socialista, y no sólo en Andalucía, para financiarse con
dinero público y para desviar esos fondos hacia fines no precisamente
altruistas. Tiene lo suyo que un sindicato pague con fondos destinados a la
formación de desempleados cenas multitudinarias, mariscadas o viajes al Caribe
para la “formación” de centenares de sindicalistas pero que, además, encargue
bolsos falsificados hechos por mano de obra explotada en países asiáticos pone
perfectamente de relieve la catadura moral de estos sindicalistas. Y qué decir
de los globos a un euro comprados y cargados a cuenta de las subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento de Alcorcón y pagados sin rechistar por el
Alcalde de entonces, hoy senador socialista.
Si a alguien le sorprende todo
esto es porque quiere o porque la memoria es frágil. Después de la que montaron
los de UGT con aquella famosa promotora de viviendas, la PSV, que tanto dinero
costó a los contribuyentes ¿a quién le puede extrañar que sigan haciendo de las
suyas con el dinero que no es de nadie, como diría la Sra. Salgado? Se
comprende perfectamente que los sindicatos españoles sean tan reacios a ser
incluidos en la Ley de Transparencia. En cuanto se les pide la más mínima
explicación sobre el uso del dinero público o, incluso de algo tan sencillo
como el uso de los créditos sindicales que muchos representantes usan para su
beneficio particular, ponen el grito en el cielo alegando que se pretende
atentar contra la libertad sindical.
El
PPCV y la UGT comparten unos mismos “méritos”: con sus acciones contribuyen al
desprestigio de la actividad política y sindical, ambas organizaciones ensucian
la vocación de servicio público que debía primar en su seno y ambas necesitan
una profunda regeneración porque las dos cuentan con miles de afiliados
honestos que sienten una profunda vergüenza por la actuación o la pasividad de
sus dirigentes. Las declaraciones de los líderes de ambas formaciones no se
corresponden con la realidad tozuda de los hechos. No es posible pintar líneas
rojas y convertirlas en discontinuas a capricho, no cabe proclamar con cada
caso de corrupción que se trata de casos aislados cuando por su proliferación
es evidente que hay algo interno que los facilita, no es admisible tratar de
circunscribir responsabilidades alegando que existe autonomía interna y no vale
esconderse denunciando la existencia de campañas de acoso contra los sindicatos
o para encubrir otros casos como el de Bárcenas.
El
PPCV de Fabra y Ciscar y la UGT de Méndez son el ejemplo perfecto de por qué
nuestro país necesita una profunda regeneración democrática. Son el ejemplo
perfecto de lo que ocurre cuando las organizaciones políticas y sindicales
desconectan de sus bases, controlan y limitan la democracia interna, ahogan el
debate interno, impiden la autocrítica y se enquistan en las redes del poder y
de la administración de tal modo que para subsistir necesitan retorcer la Ley,
tolerar comportamientos abusivos y alimentar parásitos políticos con redes
clientelares. Más claro el agua.
Santiago
de Munck Loyola