El PPCV corrupto que Fabra y Ciscar amparan.

El diario digital http://www.elconfidencial.com publica hoy un artículo, que por su interés reproduzco a continuación, y en el que avanza el contenido del libro del periodista Sergi Castillo que se presentará el próximo 3 de diciembre haciendo un repaso bastante completo del mugriento panorama de escándalos y corrupción que muchos cargos públicos del Partido Popular han dejado a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. A su vista, no parece muy prudente hablar de casos aislados para tratar de exculpar a los responsables de una organización política cuya inmensa mayoría de miembros está compuesta por personas honradas y decentes, aunque eso sí, también hay que decirlo, por personas profundamente acobardadas porque rechazando como rechazan estas sucias conductas las avalan con su silencio y su pasiva complicidad. Los autores de esta larga lista de hechos y sus jefes son los responsables además de una mala gestión de las administraciones públicas valencianas que se ha traducido en su quiebra y que se ha debido, sobre todo, a un constante y sistemático incumplimiento de los principios éticos del Partido Popular y de sus programas electorales. Es evidente que cuando la política se convierte en el modus vivendi de gente sin escrúpulos, sin ideología y sin preparación intelectual y técnica termina ocurriendo lo que aquí ha ocurrido. Se gobierna sin guías políticas, sin objetivos programáticos y a golpe de ocurrencia, de encuestas o de pelotazos. No lo dice un servidor de forma gratuita, lo dicen los hechos.

Y es este ambiente de impunidad total, de servilismo al superior, de mercenarios de la política y de indocumentados con traje y gomina en el que tanto aprovechado se mueve tan a gusto es en el que ha florecido lo peor de lo peor. Y a la responsabilidad individual de cada uno de los implicados hay que sumar la responsabilidad corporativa encarnada en los dirigentes populares quien han consentido, ignorado o avalado con su pasividad todo ello y, lo que es peor, han expulsado del Partido Popular a quienes hemos venido reclamado más honradez, más ejemplaridad y más democracia interna que es, en el fondo, el verdadero antídoto contra la corrupción. En este sentido Alberto Fabra en la Comunidad y José Ciscar en Alicante son los impulsores y los promotores de las expulsiones de quienes reclamamos la regeneración del Partido Popular y, por tanto, son los auténticos cómplices políticos de quienes manchan y siguen manchando el buen nombre el Partido Popular.

El saqueo de Valencia: el PP ya tiene 100 imputados por corrupción en la comunidad.

José L. Lobo

Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, funcionarios... El virus de la corrupción se ha contagiado a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de habitantes.

"No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más", afirma irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre presentará en Madrid Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que se ha extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las terminales del poder político. Y que ha alcanzado una fase terminal que puede resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como en el resto de España.

"Mi libro es, en realidad, una obra colectiva", asegura Castillo, "porque parte de las investigaciones previas de varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial". El hilo conductor que le ha servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la rama valenciana del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas más: los casos Nóos (que tiene también bajo sospecha al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto de Castellón, Canal Nou...

La lista negra de la corrupción supera ya los 100 imputados. Entre ellos, un expresidente de la Generalitat (José Luis Olivas, que también fue presidente de Bancaja), dos exvicepresidentes (José Víctor Campos, ya condenado en el llamado caso de los trajes, y Vicente Rambla), cinco exconsellers (Rafael Blasco, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Fernando Cartagena, también condenado), nueve diputados autonómicos y un sinfín de altos cargos de empresas públicas controladas por la Generalitat.

En ese sombrío listado del saqueo de las arcas públicas aparecen también una expresidenta de las Cortes Valencianas (Milagrosa Martínez, que fue además consellera de Turismo), un exsecretario general del PP regional (Ricardo Costa, antiguo hombre de confianza del expresident Francisco Camps y hoy enfrentado a él), dos expresidentes provinciales del partido (Carlos Fabra, de Castellón, y José Joaquín Ripoll, de Alicante), los actuales alcaldes de estas dos ciudades (Alfonso Bataller y Sonia Castedo) y varias decenas de alcaldes, directores generales y jefes de gabinete.

Todos ellos están imputados por un repertorio de delitos que van de la prevaricación al tráfico de influencias, pasando por el cohecho, la malversación, la estafa o el blanqueo de capitales. Y hasta el abuso sexual: Vicente Sanz, exsecretario general y jefe de personal de Radio Televisión Valenciana (RTVV), abusó de varias trabajadoras de Canal Nou con amenazas y falsas promesas de ascensos laborales. El auto de procesamiento recoge frases como esta: "Mostró su sexo erecto y le decía: dame una chupaeta". El expresident Eduardo Zaplana buscó a Sanz un retiro dorado en la televisión pública tras verse implicado en un escándalo urbanístico y pronunciar una frase inolvidable: "Estoy en política para forrarme".

Rebelión y deslealtad

El presidente de la Generalitat, que aún no ha pasado el trago amargo del cierre de la radiotelevisión pública (cinco de cuyos exdirectivos están imputados), se enfrenta ahora a una rebelión en sus propias filas protagonizada por aquellos a los que ha salpicado de lleno la corrupción. Nada menos que nueve diputados autonómicos del PP lo están, y Alberto Fabra ya ha advertido a todos ellos que no repetirán en las candidaturas del partido para las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Ni ellos ni ningún otro cargo bajo escrutinio judicial.

Los nueve parlamentarios imputados no tienen nada que perder, porque saben que ya no ocuparán su escaño en la próxima legislatura. Por eso se permiten incluso exhibir en público su deslealtad hacia Fabra, promoviendo, en contra del criterio de su propio líder, el indulto para otro imputado y ya condenado por corrupción: el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo. Nada menos que 45 de los 54 parlamentarios del PP pidieron la semana pasada esa medida de gracia para Mateo, que está a punto de ingresar en prisión por prevaricación.

Santiago de Munck Loyola

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La indignidad política en las Cortes Valencianas.

María del Carmen García

Hace muy pocos meses, 21 asociaciones y 1.500 firmas respaldaron una petición de indulto presentada ante la Subdelegación del Gobierno de Alicante para la mujer de Benejúzar, María del Carmen García, condenada por pegar fuego al violador de su hija. Que se sepa, los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y no se movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta solicitud de indulto.

En 2007, una joven, Melani López, fue condenada a tres años y tres meses de prisión junto a otro joven por cultivar marihuana en una finca en Cervera del Maestrat (Castellón). Según la primera sentencia, el valor del producto que habrían podido obtener habría podido llegar a los 50.000.- €, por lo que además se les impuso una multa de 108.000.- €. Tras varios recursos en los que los jóvenes alegaban su inocencia, la sentencia fue firme en noviembre de 2012 y la joven que ya había rehecho su vida, se había casado y tenía dos hijos, uno de tres años y otro recién nacido, solicitó en marzo de 2013 el indulto al Gobierno. Y que se sepa, los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas siguieron a lo suyo y no se movilizaron para recoger firmas suscribiendo esta nueva solicitud de indulto.

Pedro Hernández Mateo

En 2004, el entonces alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateó, cometió los delitos de falsedad en documento oficial y de prevaricación en el procedimiento de adjudicación del mayor contrato de su Ayuntamiento, el servicio de recogida de basura, adjudicado por más de 96 millones de euros a la unión de empresas integrada por Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios, según sentenció en noviembre de 2012 el Tribunal Superior de Justicia, condenando al exalcalde a tres años de prisión y siete de inhabilitación. El 22 octubre de 2013, el Tribunal Supremo confirmó dicha condena a tres años de cárcel y siete de inhabilitación.

Conocida la sentencia, el 23 de octubre de 2013 José Ciscar, Presidente del Partido Popular de Alicante, al valorar el fallo judicial destacó lo “mucho” que el exalcalde condenado había hecho por Torrevieja. Eso sí, no precisó si lo “mucho” que había hecho por Torrevieja era bueno o malo. Y he aquí, que de pronto, unos días después, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas despertó de su letargo y en un abrir y cerrar de ojos el 85 por ciento de los diputados del mismo firmó una petición de indulto para que su excompañero, el exalcalde de Torrevieja y exdiputado “popular” en la cámara autonómica, Pedro Ángel Hernández Mateo, no entrase en prisión. 

Andrés Ballester Costa

El promotor de esta excepcional y “humanitaria” iniciativa es el diputado por Alicante (¡Qué vergüenza!) Andrés Ballester. Y se le ha entendido todo perfectamente cuando ha justificado ante los medios de comunicación su iniciativa. El Sr. Ballester ha declarado que no entiende el revuelo causado y que  “lo haría por cualquier otro compañero, incluso por los de la oposición. No es un asesino ni un violador, ni siquiera le han condenado por robar dinero público. Por eso entiendo que, por razones humanitarias, tendría sentido el indulto”. El ilustre diputado alicantino ha añadido que "no me gusta que nadie vaya a la cárcel”, pero se le ha olvidado añadir lo que sus actos indican, es decir, que no le gusta que los políticos vayan a la cárcel, porque si se trata de un ciudadano de a pié eso es harina de otro costal.

Enseguida, el jefe de los diputados firmantes, el presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha afirmado que la formación que preside no respaldará ningún indulto a condenados como partido o grupo y ha destacado que los apoyos de sus diputados se han prestado "a título personal". O sea que los diputados populares firman como diputados pero a título personal. Puede que, una vez más, estemos ante una clara señal de debilidad política de Alberto Fabra o de una doble moral. La misma que le permite proclamar que los imputados no ostentarán cargos orgánicos en el Partido Popular mientras que autoriza a su Vicepresidente José Ciscar a violentar los Estatutos del Partido para que, creando un nuevo órgano, la imputada Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pueda hacerse con el control del PP en Alicante. Por tanto, poca credibilidad hay que otorgar a estas manifestaciones del Presidente Fabra.

Lo cierto, es que los diputados del Partido Popular que han suscrito esta petición de indulto, lejos de escenificar una acción humanitaria, lo que han hecho es expresar públicamente un corporativismo de lo más indecente posible. El mensaje que han lanzado a la ciudadanía es que no quieren que uno de los “suyos”, un político, vaya a la cárcel por prevaricar y por falsificar documentos públicos, acciones delictivas que a buen seguro tenían una determinada finalidad. Los señores diputados populares firmantes han dejado muy claro que apuestan por la impunidad de los corruptos. Y, por ello, estos señores tan sensibles con sus conmilitones y tan insensibles con los demás ciudadanos no merecen seguir manchando con su presencia las instituciones democráticas. La dignidad política y la ejemplaridad ni están ni se las espera en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas.

Santiago de Munck Loyola

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Se busca gente valiente.

Corren tiempos difíciles para los políticos y para la política, en general. Siempre ha existido una cierta versión ciudadana hacia todo lo que tuviera que ver con la política y esta aversión se ha convertido en los últimos tiempos en rechazo. Así parece que lo señalan las encuestas cuando la clase política, los partidos políticos o las instituciones obtienen una baja valoración y adquieren la consideración de “problemas” a los ojos del ciudadano. A ello contribuye, sin duda, el hecho de que la corrupción, otro de los problemas señalados en dichas encuestas, esté vinculada inevitablemente a los repudiables comportamientos de algunos políticos que, por extensión terminan salpicando al conjunto de la clase política. Y, sin embargo, la política forma parte de nuestra vida, es algo inevitable. La política engloba toda una serie de reglas y comportamientos encaminados a la consecución del poder que es el instrumento con el que podemos dirigir y transformar nuestra sociedad. El ejercicio del poder sin una vocación transformadora carece de sentido, al igual que carece de sentido hacer política si no se aspira a la consecución del único instrumento transformador, el poder. Por ello, no se debe “estar” en política sin más, se debe “hacer” política para alcanzar el poder y quien carece de ambición transformadora, carece de auténtica vocación política. La vocación política es una vocación de servicio a los demás, a la sociedad.

Por ello, llama mucho la atención que ante el proceso electoral del PP de la ciudad de Alicante, todos los candidatos a presidir las distintas Juntas de Distrito hayan terminado por ceder a las presiones del la Dirección Provincial y hayan terminado por no presentar sus candidaturas. Es verdad que todo este proceso electoral interno ha sido desde el primer día una chapuza inmunda que, tal y como algunos habíamos vaticinado, ha terminado por convertirse en una farsa. Una farsa destinada a controlar al PP de la ciudad por los mismos que controlan un Ayuntamiento bajo sospecha judicial. Pero ello ha sido posible por la cesión, la sumisión, la obediencia indebida o la cobardía de muchas personas que han sido incapaces de decir en público lo que en privado murmuraban. Miente, una vez más, el Sr. Ciscar, el Presidente Provincial, cuando dice que el resultado de esta farsa ha sido fruto del consenso. Miente a la opinión pública sin ruborizarse a pesar de que, como señalan algunos medios de comunicación, la mitad del PP de Alicante no ha querido contribuir a esta pantomima. La mentira y la corrupción son términos equivalentes a la hora de calificar la ética del político. El corrupto es mentiroso y el mentiroso puede terminar siendo corrupto.  

Pues bien, la incomprensible retirada de quienes aspiraban a gobernar el troceado PP alicantino deja en evidencia la naturaleza de su propia ambición política, del deseo transformador, en este caso de un cadavérico PP, de los frustrados aspirantes. Con su renuncia han dejado claro su deseo de “estar” en política, de seguir aunque sea de forma bastante indigna en política y no de “hacer” política que es lo mínimo que se debe pedir a quien aspira a cualquier liderazgo. Todo parece indicar que han sacrificado su vocación política a cambio del mantenimiento de su cómodo estatus. Mejor no competir por temor primero a perder frente al aparato y después a perder su actual situación. En un partido auténticamente democrático nadie debería temer a competir por el liderazgo, ni nadie debería confundir la libre concurrencia con una hipotética división. Es significativo que ninguno de los cinco Presidentes de las Juntas de Distrito proclamados provisionalmente, y a la espera del fallo judicial que se conocerá dentro de unos días, ha sido capaz de presentar ni una sola línea, ni una sola idea del proyecto político que desea para su distrito y para el partido. ¿Para qué? Ni saben, ni pueden, ni quieren. No lo necesitan por venir de donde vienen ni para ir a donde van. Solo quieren “estar” en política para servir a lo que sirven, algo más bien poco edificante.

Son situaciones como éstas las que contribuyen al alejamiento y al rechazo de los ciudadanos hacia todo lo que huela a política. Se transmite la imagen de que todo es un pasteleo que se desarrolla entre unos pocos. Pero no debería ser así. No es bueno que sea así porque la política no es ésto. La política es algo mucho más noble y hermoso. La política es patrimonio del conjunto de los ciudadanos quienes debemos recuperar nuestro protagonismo y no dejar que siga siendo usurpada por cobardes, por paniaguados, vividores y parásitos. Los ciudadanos debemos, si deseamos cambiar las cosas, ponernos en movimiento, actuar con valentía y recuperar el protagonismo que nos pertenece. Los ciudadanos somos, cada uno a nuestra manera, políticos y podemos desplazar a quienes se valen de la política para que nada cambie, sobre todo sus privilegios. Lo que ocurre en los partidos importa; lo que hacen o dejan de hacer en nuestro Ayuntamiento, en nuestra provincia, en nuestra Comunidad Autónoma o en el Estado, importa y mucho. No debemos mirar para otro lado. No debemos conformarnos con criticar o con abstenernos cuando llegue la hora. Los ciudadanos podemos y debemos cambiar las cosas. Hay muchas opciones para ello y pronto habrá más porque cada día hay más ciudadanos valientes en movimiento.

Santiago de Munck Loyola

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El PP de Alicante ahora en pijama.

Si alguien pensaba que en el fraccionado Partido Popular de Alicante sus militantes iban a poder acudir a las urnas para elegir a los dirigentes de las Juntas de Distrito ilegalmente creadas por José Ciscar y se equipo, se ha equivocado. José Ciscar y su sicario político, José Juan Zaplana, padecen una profunda alergia a las urnas, a la libre y democrática concurrencia de alternativas y candidaturas en las organizaciones locales. Siempre han expresado públicamente su preferencia por eso que, en un alarde de ignorancia política, denominan “consenso” sobre la libre elección de los cargos orgánicos del PP mediante votaciones en las que los afiliados puedan con absoluta libertad elegir a sus líderes. Con ese profundo talante antidemocrático que les caracteriza, cada vez que se abre un proceso electoral interno intentan por todos los medios, incluidos los menos éticos, que no haya más de una candidatura y presionan y coaccionan a los posibles candidatos a presidentes locales para que renuncien a presentarse o a que se integren como segundones en las listas oficialistas. 

Ya el simple hecho de que se hable de candidatos o de listas oficialistas, afines por tanto a José Ciscar, es un síntoma evidente de la baja calidad democrática de la organización popular en la Provincia de Alicante. Confunden libre concurrencia con división y consenso con pasteleo. Es evidente que no se podía esperar otra cosa de alguien que carece de raíces en el Partido Popular y que hace poco más de diez años militaba en otra formación política en contra de su actual partido; ni se puede esperar tampoco otra cosa de alguien que sin oficio ni beneficio ignora lo que es ganarse la vida fuera de las moquetas y despachos oficiales.

Es muy decepcionante comprobar cómo los arribistas, los chaqueteros y los mercenarios de la política pueden hacerse con el control de una importante organización política y la mansedumbre, sumisión y cobardía de muchos honestos e históricos militantes populares con que lo aceptan.

Hace poco más de un año que los dirigentes provinciales decidieron impedir que el Partido Popular de Alicante pudiera resurgir como una organización local fuerte y renovada y que pudiese adquirir el protagonismo y la importancia que le corresponde en la Provincia. Y para lograrlo no dudaron en violentar los Estatutos del Partido Popular, en ocultar sus maniobras a los militantes populares, en perseguir, coaccionar y finalmente expulsar a quienes denunciaban sus enredos y en mentir con absoluto descaro a los medios de comunicación, a los militantes y a la propia sociedad alicantina. Baste recordar que el 12 de octubre de 2012, el Secretario Provincial compareció ante los medios de comunicación para anunciar que la Junta de Alicante había sido disuelta, que su Presidente Julio de España había cesado y por ello se le nombraba vocal del Comité Ejecutivo, que se creaba una Gestora y que se sustituía dicha junta por Juntas de Distrito. Y alguien debió mentir cuando Julio de España ha convocado hace unas semanas por escrito las elecciones a dichas juntas firmando en su calidad de “Presidente de la Junta de Alicante”. O bien el Sr. Zaplana mintió a los medios de comunicación el 12 de octubre del año pasado o bien D. Julio de España ha usurpado funciones o ha enviado un documento falso a los afiliados. Pronto se sabrá en los Tribunales de Justicia. Sea como fuere el talante democrático de los personajes queda perfectamente retratado con estas maniobras.

Ayer, tras forzar la retirada de los candidatos a presidir cuatro de las Juntas de Distrito del PP de Alicante han quedado proclamados los candidatos oficiales que no son otros que los de la Alcaldesa, Sonia Castedo, que por estar imputada por diversos delitos no podía aspirar a presidir ningún cargo orgánico popular. Estos presidentes de Juntas de Distrito, sin someterse a votación alguna, formarán parte del ilegal Consejo de Dirección del PP que estará presidido por Sonia Castedo sin tampoco pasar por las urnas populares. Con ello se cierra la operación diseñada por José Ciscar: el PP de la ciudad de Alicante queda dividido, cautivo y desarmado una vez que las tropas castedistas han alcanzado sus últimos objetivos. Cualquier posibilidad de una regeneración democrática en el PP de Alicante queda definitivamente alejada y el Sr. Ortiz podrá, además de ejercer su influencia sobre el Ayuntamiento de Alicante, extenderla sobre los anestesiados restos del Partido Popular alicantino. Los alicantinos contamos ahora con un PP en pijama. ¡Chapeau!

Santiago de Munck Loyola

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La indecencia política sobrevive en medio de la crisis.

Decididamente hay que rendirse a la evidencia, nuestra clase política, sea del color que sea, es muy especial. Sigue instalada en sus privilegios y pase lo que pase en el país no está dispuesta a modificar sus costumbres, ni siquiera por el “qué dirán”. Es evidente que no todos nuestros representantes políticos son iguales pero muy pocos se atreven a disentir y a expresarlo públicamente cuando se toman algunas decisiones, aunque no las compartan, no sea que por ello dejen de “salir en la foto”.

Mientras se habla de los recortes también en las becas Erasmus, del cierre de televisiones ruinosas, del cobro de medicamentos hasta en los hospitales, de la desnutrición de muchos niños en Cataluña, de los centenares de niños que acuden al colegio sin desayunar por falta de recursos o de la desaparición de cientos de plazas asistenciales, nuestros políticos siguen a lo suyo, como si no pasase nada y éso de apretarse el cinturón no fuera con ellos. Cuando se trata de dar ejemplo poco importa el color, coinciden en no darlo los que arruinaron al país y quienes para salvarlo están arruinando a las familias.

Ayer, sin ir más lejos, el Congreso de los Diputados escenificó como nunca lo anterior. Sus señorías dejaron claro que padecemos una casta política privilegiada, derrochadora e insolidaria. El Partido Popular, una vez más, rechazó la propuesta presentada por UPyD para suprimir en los Presupuestos Generales de 2014 la partida de 350.000 euros para los servicios de traducción de lenguas cooficiales en los Plenos del Senado. Para que nos entendamos, que el Partido Popular con el beneplácito de todos los grupos se opuso a dejar de gastar 350.000 euros en pinganillos para los caprichosos e inútiles senadores. ¿La excusa? Que como está así regulado en el Reglamento del Senado el Congreso tiene la obligación de dejar intacta esa partida. Vamos, que como el PSOE fue el autor de semejante despilfarro y estupidez, el PP que ahora tiene mayoría absoluta para poder cambiarlo no lo hace. ¿Puro seguidismo? ¿La habitual cobardía popular? ¿“Maricomplejines” en estado puro? ¿No estará pasando lo mismo con la hoja de ruta de Zapatero respecto al terrorismo? No cabe la más mínima duda de que más de un diputado popular o socialista no compartirá ese rechazo pero en éste, como en tantos otros asuntos, se callarán y acatarán lo que les manden a la hora de pulsar el botón de votaciones. Y tampoco cabe la más mínima duda de que los dirigentes populares saben perfectamente que decisiones como éstas molestan profundamente a sus votantes pero una vez más es evidente que la opinión de los mismos, hoy por hoy y dada la lejanía electoral, les importa un pimiento. Ellos a lo suyo.

Y es que tiene su miga que el sentido común, la lógica y la decencia política sigan ausentes de las instituciones. Tiene lo suyo empecinarse en mantener un guiño zapateril inútil y costoso a los independentistas que lo único que pretenden es la voladura de España a la que por negarle le niegan incluso el uso normal de su idioma, del idioma común hablado por más de 400 millones de personas, en una de las cámaras depositaria de la soberanía popular, el Senado. La Constitución no puede ser más clara. En su Artículo 3.1 señala que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Y que se sepa, el Senado es una institución del Estado, aunque no sepamos muy bien para qué sirve, no de las Comunidades Autónomas en las que, además del castellano, pueden ser cooficiales las demás lenguas propias. Y que se sepa también los senadores, aunque a algunos les pese, siguen siendo ciudadanos españoles y, por tanto, también tiene el deber de conocer la lengua castellana. Y si no la conocen pues a su casa, que ya está bien de burlas, desprecios y humillaciones hacia todo lo que sea español. Todos sabemos que todos los senadores hablan y entienden perfectamente el castellano, entonces ¿a qué viene lo del pinganillo, lo de tener que usar traductores para traducir una lengua que conocen sobradamente? ¿Por qué entonces hay que seguir tirando a la basura todos los años 350.000 euros? 

Las cuentas públicas no están para pagar los caprichos de nadie, por muy senadores que sean y ésto no es otra cosa que un capricho indecente que no tiene, además, ningún efecto político para buscar acercamientos hacia quienes sólo quieren alejarse. Lo de los pinganillos, se mire por donde se mire, no sólo es una payasada que provoca risas más allá de nuestras fronteras, sino que, además, es un auténtico insulto y desprecio hacia los sufridos ciudadanos que ven, día a día, cómo sus recursos disminuyen y sus dificultades crecen. ¿Qué clase de políticos tenemos que son capaces de tirar así 350.000 euros al año mientras hay miles de ciudadanos, a los que presuntamente representan, pasando hambre? Sencillamente no tienen vergüenza y se están burlando de los ciudadanos y de lo español. Perdóneme el lector, pero ¡que les den!

Santiago de Munck Loyola

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Adelantada la vista oral por la solicitud de suspensión cautelar de las elecciones del PP de Alicante.

11-11-2013

NOTA DE PRENSA.

Adelantada la vista judicial por la solicitud de suspensión cautelar de las elecciones del PP de Alicante.

El 9 de noviembre de 2013, a solicitud de los demandantes presentada el 4 de noviembre, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante ha dictado una resolución adelantando la vista oral para decidir sobre la solicitud de suspensión cautelar planteada por varios afiliados del Partido Popular en la demanda civil por incumplimientos de los Estatutos del Partido Popular por parte del Comité Ejecutivo Provincial. La vista oral se celebrará el próximo 22 de noviembre a las 12 horas.

Igualmente, el pasado viernes 8 de noviembre, otro afiliado presentó ante el Presidente Provincial de Alicante una impugnación contra el acuerdo de creación de un Consejo de Dirección de las Juntas de Distrito del PP de Alicante, por no estar prevista esta figura en los Estatutos del Partido Popular, y contra la convocatoria de las elecciones a las Juntas de Distrito al estar suscrita dicha convocatoria por D. Julio de España quien, según todas las informaciones publicadas, dejó de ser Presidente Local en octubre de 2012 al ser sustituida la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito. También se prevé que en caso de ausencia de pronunciamiento escrito de esta impugnación por parte del Presidente Provincial se acuda nuevamente a la vía judicial.

Al rescate de los valores traicionados.

El cierre de la RTVV es la constatación del fracaso, no de unas ideas ni de un proyecto político, sino de un determinado modo de hacer política que desde hace muchos años se ha ido instalando en buena parte de la clase política y, especialmente, de aquella que al acceder y perpetuarse en el poder olvida por qué y para qué está ahí. Y esa especial forma de hacer política consiste en olvidarse del objetivo fundamental de toda acción política, la vocación de servicio público de transformación del entorno de acuerdo con unos principios y programas, de acuerdo con una ética política concreta. Cualquier parecido entre la gestión del ente RTVV durante los últimos 18 años y los principios y programas del Partido Popular es pura coincidencia. Si esta gestión hubiese estado presidida por la austeridad, la eficacia, la ejemplaridad, la imparcialidad, la honradez o el respeto a las más elementales normas de transparencia democrática, conceptos todos ellos que se pueden leer y releer en infinidad de documentos y programas del Partido Popular, hoy la RTVV seguiría funcionando y lo estaría haciendo como un ente informativo de servicio público ejemplar. Pero no ha sido así y el resultado está a la vista, como lo está también en muchos otros ámbitos de la gestión pública en la Comunidad Valenciana. Es evidente que esa forma de hacer política que prescinde de los principios y los programas es la causa de tanto desacierto y de tantos errores que nadie asume como se hace en una democracia, dimitiendo.

No somos pocos los que, compartiendo esos principios y esos programas por los que, además, hemos trabajado durante años, nos sentimos profundamente desilusionados y avergonzados. Algunos hemos constatado que es imposible intentar desde dentro promover cambios que desde la regeneración permitan una recuperación de los valores y los principios en los que seguimos creyendo. Y también hemos llegado a la conclusión de que no podemos permanecer pasivos ante una situación política que nos produce rechazo. Ninguna organización política, por poderosa que sea, tiene el monopolio de las ideas y los valores en los que creemos. Cuando una bandera deja de representar nuestros valores y quienes la enarbolan son mercenarios de la política es mejor ir al rescate de esos valores y volverlos a situar en primera línea de la acción política.

Los ciudadanos que creemos en el valor de la persona, de la vida humana, de la libertad, de la unidad de España, de la igualdad de derechos y de obligaciones entre los ciudadanos de cualquier territorio; los ciudadanos que creemos que los derechos son de las personas y no de los territorios, que la economía debe estar al servicio de la política y no a la inversa, que la educación, la sanidad, las pensiones y la prestaciones sociales básicas han de estar garantizadas para todos y por igual con independencia de la región, que hay que promover vínculos de unión y no de separación; los ciudadanos que queremos que la clase política sea ejemplar, que no goce de los privilegios que hoy ostenta, que se regulen y limiten todos los sueldos públicos, que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales vivan exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y no de las subvenciones públicas, que se persiga la corrupción y que los corruptos no se beneficien de indultos; los ciudadanos que aspiramos a una paz con vencedores y vencidos, que exigimos más firmeza frente a los terroristas, que cumplan íntegramente sus condenas y que no se les beneficie con anómalas sentencias de Estrasburgo; los ciudadanos que creemos imprescindible una reforma fiscal que suponga el fin de la asfixia a la clase media, que queremos menos estado y más sociedad, menos impuestos y más crédito, menos recortes y mejor inversión pública; los ciudadanos que, en definitiva, creemos que hay una forma diferente de hacer política, una forma basada en la participación ciudadana, en la permeabilidad de los partidos a las corrientes de opinión, en la responsabilidad política del gestor frente a los administrados y en el respeto a los programas electorales y a los compromisos adquiridos, tenemos la obligación de ponernos en movimiento. Nada cambiará si no lo hacemos nosotros.

En nuestra Comunidad, el desencanto de los electores de centro y centro derecha ha ido propiciando la aparición de multitud de pequeños grupos y organizaciones de ámbito local o comarcal. Y al margen de la existencia de posibles personalismos, como algunos pretenden de forma maliciosa  justificar su aparición, lo cierto es que en la inmensa mayoría de estos grupos subyace una profunda sensación de decepción, de estafa política. Hoy por hoy, muchos electores de centro derecha, si tuvieran que votar, o bien se quedarían en casa o bien terminarían por votar, paradójicamente, a un partido de izquierdas como UPyD. Nada más absurdo. El rescate de los valores usurpados, abandonados o traicionados por algunos debería pasar necesariamente por un movimiento de convergencia y de coordinación de todos esos pequeños grupos y, además, con la generosidad política tan ausente en otro sitio.

Los ciudadanos en movimiento podemos rescatar esos valores y principios que los hechos han demostrado que no se aplican, que sólo son la tapadera de incompetentes y medradores de la política. No es tarea fácil, pero es ilusionante. Hay viento favorable y tenemos la ventaja de saber a qué puerto queremos llegar.

Santiago de Munck Loyola

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¡Pío, pío que nadie ha sido!

Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible. Si no hay dinero para sostener a la RTVV, es imposible sostenerla a no ser que se quite de otro sitio. Hay que reconocer que la dolorosa decisión de cerrar la RTVV y dejar en la calle a más de 1.700 personas que ha tomado el Presidente Fabra es valiente y, posiblemente, la única que se podía tomar tras conocer el varapalo judicial propinado por la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana. Podrá discutirse sobre la necesidad o la conveniencia de que las Comunidades Autónomas dispongan de medios de comunicación propios y, sobre todo, de que  en medio de esta profunda recesión dediquen ingentes recursos públicos al sostenimiento de unos medios de comunicación que, además, nunca han estado al servicio de los ciudadanos, sino de la casta política y de los intereses partidistas del gobierno de turno. Pero sobre lo que no debería caber duda alguna es sobre las prioridades que cualquier gobierno debería tener. Hay servicios públicos que son esenciales y otros que no lo son tanto. Y, por cierto, decenas de asesores, chófer y un cocinero no son esenciales.

Sin embargo, desde una perspectiva política llama mucho la atención la ausencia de la más mínima autocrítica en la comparecencia del Presidente Fabra y en las declaraciones de los principales dirigentes populares. Y llama mucho la atención igualmente que tras un hecho que implica la expresión de un auténtico y rotundo fracaso de gestión, ningún político asuma responsabilidad política alguna, que ningún político pague por su incompetencia y negligencia y que los platos rotos los paguen los de siempre, los empleados despedidos y el conjunto de la sociedad. Y para qué comentar las declaraciones de algunos dirigentes del PP que repiten como loros las consignas de los “argumentarios” oficiales. ¡Lástima de sueldos y de dinero desperdiciados en tanto descerebrado en tal altos cargos!

No queda más remedio que plantearse algunas preguntas para tratar de comprender cómo y por qué se ha llegado a esta situación. La RTVV ha sido cerrada por el Gobierno Autonómico tras conocer la sentencia del TSJ que anulaba el ERE planteado por la dirección del ente público. ¿Por qué el TSJ ha anulado el ERE? Pues la razón de fondo no es otra que la constatación de que el ERE, entre otras cosas, no se ajustaba a los procedimientos legales e implicaba, como denunció la fiscalía, una vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué se ha tenido que llegar a plantear un ERE? Porque la caída de ingresos de la Generalitat Valenciana no ha permitido seguir con lo que era una práctica habitual, con la transferencia continua de fondos públicos a lo que se había convertido en un pozo sin fondo y no quedaba más remedio que redimensionar la RTVV para tratar de frenar sus pérdidas constantes. ¿Por qué la RTVV era un ente ruinoso? Porque los políticos de nuestra Comunidad así lo han querido o consentido. Lejos de atender a los informes técnicos que desde hace diez años venían denunciando que la situación económica de la RTVV era peligrosa e insostenible a largo plazo, nuestros gobernantes no sólo se han dedicado mirar hacia otro lado, sino que, además, no han tenido ningún recato ni vergüenza para usarla como instrumento político al coste que fuera.

No está de más recordar que cuando el Partido Popular accedió en 1995 al Gobierno de la Comunidad Valenciana, heredó una RTVV con unos 600 empleados, con una deuda de 6 millones de euros y una audiencia del 14 %. Dieciocho años después, el gobierno del PPCV deja una RTVV con más de 1.700 empleados, con una deuda acumulada de más 1.200 millones de euros y una audiencia por debajo del 5%. El balance es demoledor y absolutamente vergonzoso. Las cifras cantan y resulta inadmisible que nadie asuma responsabilidad alguna. Entre todos la mataron y ella sola se murió, pensarán algunos. Puede, pero algunos la han matado mucho más que otros. Culpar a la intransigencia de los sindicatos en la negociación del ERE es una muestra de intolerable cinismo. Claro que los sindicatos, que durante años se han venido beneficiando de la “fiesta” del canal público, tendrán su parte de responsabilidad. No se puede ignorar tampoco que las televisiones privadas con mucho más audiencia funcionan con menos de un tercio de personal que la televisión valenciana. Nadie puede honradamente sostener que los más de 1.700 empleados de la RTVV eran necesarios por la sencilla razón de que no había “tajo” para todos. Hay responsabilidades, sin duda, en los sindicatos pero mucho más pequeñas de quienes recibieron la confianza de los ciudadanos para gestionar los bienes públicos como si fuesen propios, con honradez, con ejemplaridad y con eficacia. Y no cabe ninguna duda de que estas cualidades han brillado por su ausencia en la gestión del ente público. No es casualidad que cuatro directivos del mismo estén ahora mismo imputados en diversos casos de corrupción.

El PPCV debe unas disculpas a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y se las debe no sólo por no haber sabido gestionar la RTVV, entre otras cosas, sino también por no asumir sus responsabilidades políticas y por mentirles al no realizar la más mínima autocrítica. No es posible olvidar que el reconocimiento público de los errores, la autocrítica y la rectificación son ingredientes indispensables de la decencia política. Y deben también excusas a los ciudadanos todos esos profesionales que ahora se acuerdan de la ética profesional pero no lo hacían cuando se veían “obligados” a “desinformar” a cambio de sus sueldos.

Santiago de Munck Loyola

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Las elecciones internas del PP de la ciudad de Alicante.

El PPucherazo de Alicante.

Hace poco más de un año, el 12 de octubre de 2012, periódicos como Las Provincias, ABC, Información, El País, El Mundo o Crónica Digital se hicieron eco de las siguientes informaciones:

Que el 11 de octubre de 2012 el Comité Ejecutivo Provincial de Alicante acordaba disolver la Junta Local de Alicante y constituir una Comisión Gestora Constituyente, presidida por el secretario general provincial José Juan Zaplana, con Miguel Zaragoza, como vicepresidente y con los siguientes vocales: Nino Llorens, Asunción Sánchez Zaplana, Marta García Romeu, Pablo Sandoval, Mari Angeles Goitia, Arnaldo Martínez, Miguel Cabeza, Lola Peña, Vicente García, Vicente Cutanda, Juan Manuel Galbis, Vicente Buades, Diego Menor, José Parrón, Israel Cortés Francisco Sempere Buyolo, Tommy Duarte, Francisco Maestre, Manuel Maldonado y Juani Maciá.

Y que, habiendo quedado disuelta la Junta Local, su Presidente, Julio de España, pasaba a ser vocal por designación directa del presidente provincial, José Císcar, iniciativa que fue aprobada además por aclamación por los miembros del Comité Provincial..

Hay que recordar, además, que dichas informaciones no fueron enmendadas o rectificadas por ningún dirigente popular provincial por lo que todo parece indicar que eran ciertas. Y a este hecho hay que sumar que la veracidad de las mismas está ratificada por el testimonio de varios de los asistentes a aquel Comité Ejecutivo en el que se disolvió, ilegalmente como algunos denunciamos y por lo que terminamos siendo expulsados del PP, la Junta Local del Partido Popular de la Ciudad de Alicante

Pero ¡sorpresa! Los afiliados del Partido Popular de Alicante acaban de recibir la convocatoria para las elecciones de las Juntas de Distritos recientemente creadas. ¿Y quién firma la convocatoria? Pues nada menos que el “dimitido o “cesado” ex Presidente de la desaparecida Junta Local del PP de la ciudad de Alicante, D. Julio de España Moya y lo hace firmando para colmo como Presidente de la Junta Local de Alicante. Ni más, ni menos. Ilegalidad sobre ilegalidad, chapuza sobre chapuza. ¿No había cesado D. Julio de España en sus funciones de Presidente al disolver la Junta Local de Alicante? ¿No había sido sustituida la Junta Local de Alicante por una Comisión Gestora Constituyente? ¿En qué quedamos? ¿Se equivocaron todos los medios de comunicación? ¿O más bien se trata de que quien transmitió los acuerdos de aquel Comité mintió a los medios de comunicación? ¿No será que teníamos razón los que afirmábamos que el Comité Provincial carecía de competencias para sustituir una Junta Local por una gestora y que han rectificado sin reconocer su error? ¿Será ésa la razón por la que el Secretario Provincial José Juan Zaplana se negaba a entregar copia del acta de aquella sesión del Comité Provincial?

Sea como fuere es evidente que todo este proceso huele francamente mal, huele a podrido desde el primer día. Ya sabemos para qué se ha montado toda esta comedia, para eludir la regeneración del PP, para sortear la línea roja del Presidente Fabra y para que Alicante no cuente con un Partido Popular fuerte. La vulneración de los Estatutos del Partido Popular está siendo sistemática y está muy claro quiénes son los responsables. Alguien ha mentido y está mintiendo a los medios de comunicación y a los propios afiliados. Si D. Julio de España firma esta convocatoria electoral como Presidente de la Junta Local de Alicante, porque milagrosamente esta Junta sigue existiendo, también está infringiendo las normas del Partido Popular porque en ese caso determinan que deberían celebrarse elecciones a la propia Junta Local y después a las Juntas de Distrito. En el Partido Popular las elecciones internas se desarrollan de arriba abajo, es decir, primero se renuevan los órganos superiores y en último lugar los más pequeños. Y si, por el contrario, D. Julio de España ha firmado la convocatoria electoral como Presidente de una Junta Local inexistente podría estar incurriendo en algo mucho más grave, en un posible ilícito penal. No obstante, en cualquiera de los dos casos serán ahora los Tribunales los encargados de dilucidar la cuestión y de exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.

Al hilo de todo esto se pueden plantear dos reflexiones. En primer lugar, la incomprensible actitud de muchos miembros del Comité Provincial que son plenamente conscientes de esta tremenda chapuza jurídica y electoral, y así lo manifiestan en privado, pero que permanecen callados y sumisos, quizás a la espera de alguna migaja de poder o quizás simplemente porque prefieren seguir instalados en la comodidad. Y no es eso lo que se espera de personas con conciencia, íntegras y con vocación política de auténtico servicio a unos valores y a una sociedad. Y, en segundo lugar, lo que supone para los ciudadanos en general el hecho de que quienes son capaces de cometer estas chapuzas jurídicas y tropelías antidemocráticas, y quienes con su sumisión y cómplice silencio las consienten, ostenten en muchos casos responsabilidades de gobierno en diferentes administraciones públicas. No es posible dejar de plantearse que si es así como gestionan su propia casa, qué no serán capaces de hacer cuando gestionen otras. ¡Qué peligro!

Santiago de Munck Loyola

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Rivas: La izquierdona sigue cabalgando (sin carnet).

Todo sigue igual e incluso peor. Con el paso del tiempo, los viejos hábitos, los vicios políticos y las conductas cuasifeudales de los señoritos de la izquierdona ripense no sólo no se suavizan, sino que se consolidan y acrecientan. El Ayuntamiento es suyo y la calle es suya. A su histórico sentido patrimonialista de las instituciones se ha sumado, con el paso del tiempo, una profunda confusión entre lo público y lo privado. La macedonia rojiverde ripense no admite objeción o enmienda. La “gauche divine” nunca se equivoca y ¡ay! de quien lo dude, lo lleva claro y si se trata del líder de la oposición será sometido a linchamiento plenario, como le acaba ocurrir, al actual portavoz popular por atreverse a pedir la dimisión de un concejal comunista sorprendido conduciendo el coche sin carnet que hace unos meses se le había retirado por conducir superando las tasas de alcohol permitidas.

D. José Manuel Castro Fernández, concejal de Izquierda Unida y secretario de organización del PCE ripense, fue multado hace unos meses por conducir mientras superaba la tasa de alcoholemia permitida. La sanción que se le impuso, además de la correspondiente multa económica, fue la retirada del carné de conducir. Hace unos días, fue sorprendido por la Policía Local circulando sin carnet, hecho por el que deberá comparecer en juicio el 4 de noviembre, ya que ello podría ser constitutivo de otro delito contra la seguridad vial (conducir ebrio ya lo es), previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal con penas de entre 12 y 24 meses de cárcel. Parece que no era la primera vez que conducía sin carnet según fuentes populares que aseguran que muchos vecinos denunciaron esta circunstancia en Internet “haciendo una campaña de denuncia en Twitter con el hashtag #PonleFreno”.

Pero, claro, estamos hablando de Rivas-Vaciamadrid y de la conducta de un dirigente de la izquierdona ripense. Si se tratase de otro municipio y de otra ideología no habría duda alguna del camino a seguir: la dimisión de interesado y, en caso de resistencia, un escrache, una marea burdeos o cualquier “manifa” al uso para poner de patitas en la calle al antisocial edil. Pues no, en Rivas no. Según el Portavoz de IU, Pedro del Cura, lo primer que hay que hacer es esperar a que se celebre el juicio, a que haya una condena y que ésta sea firme. O sea que eso de pedir la dimisión de cualquier político por hechos que están sub iudice solo se puede hacer cuando se trata de políticos de derechas. Ya sabe que la presunción de inocencia es relativa, sólo es aplicable cuando el sospechoso es de izquierdas y que en los demás casos es una tontería. ¿Responsabilidad política? Otra estupidez si el sospechoso es de izquierdas. En Rivas solo hay responsabilidad política si hay responsabilidad penal previa o, en su caso, si el acusado no es de los suyos. Y rizando el rizo, según los portavoces de la izquierdona ripense, conducir bajos los efectos del alcohol o sin carnet es un asunto privado que nada tiene que ver con la actividad política y, por tanto, no se deben exigir responsabilidades políticas. Claro, como no habremos caído en ello, la calle “es suya” también, ¿habrán privatizado las calles? ¿Poner en peligro los bienes y la integridad física de terceros es un asunto privado?

Así las cosas ¿qué era lo procedente? Pues lo de siempre en Rivas. Dar la vuelta a la tortilla y “linchar” políticamente a quien se atreve a afearles una conducta que en cualquier otro sitio sería inaceptable. Y es lo que hicieron en el Pleno del Ayuntamiento en el que se debatía la moción popular reprobando al edil comunista: centrar el debate en la poca ética de los populares por pedir la reprobación del concejal comunista, por no esperar a que hubiese una sentencia firme y por cuestionar una conducta “privada” de un cargo público comunista. Lo de siempre. No es la primera vez. Que, como consecuencia de las llamadas de los vecinos, se pilla a un médico de la izquierdona sustrayendo material médico a altas horas de la madrugada del centro de salud, no pasa nada, desaparece el informe policial y se lincha al portavoz del PP por cuestionar ese comportamiento. Que se vulnera la Ley de incompatibilidades y se otorgan contratos millonarios a la cónyuge de un ex cargo de confianza, no pasa nada, se lincha al portavoz del pp que lo denuncia. Que se procesa a un Concejal de IU por presuntos delitos de prevaricación y contra el Medio ambiente, no pasa nada, se impone la omertà y la subvencionada y dócil prensa local la acata.

Hay cosas que no cambian y tantos años de poder han ido perpetuando los peores hábitos políticos imaginables. La ejemplaridad, la transparencia, la austeridad y la democracia real son lejanos conceptos para una izquierdona convencida de estar en posesión de la verdad absoluta y destinada a impartir credenciales democráticas en su entorno. Si hay un sitio donde de verdad sea imprescindible una profunda regeneración democrática es en Rivas – Vaciamadrid porque el mal olor, lejos de extinguirse, se acrecienta año tras año.

Santiago de Munck Loyola

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