Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.

2-X-2013

NOTA DE PRENSA.

Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.

Ante la absoluta falta de talante dialogante de la dirección provincial del PP de Alicante, varios afiliados del Partido Popular de Alicante y miembros de la Asociación Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases han presentado hoy en los juzgados de Alicante una demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por haber adoptado acuerdos presumiblemente contrarios a los Estatutos Nacionales del Partido Popular.

Los demandantes, acogiéndose a la tutela judicial de los derechos políticos recogida en la Ley de Partidos políticos, entienden que la decisión de suprimir la Junta Local de la Ciudad de Alicante es contraria a los Estatutos del Partido Popular al igual que la decisión de nombrar “un coordinador” de la ciudad, figura no prevista tampoco en el ordenamiento interno de la formación Popular. Igualmente, la demanda pretende que se declare contraria a derecho la actuación del Secretario Provincial, José Juan Zaplana, que por escrito se negó a entregar las actas y demás documentación solicitada sobre los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo provincial de Alicante y que se suspenda de forma cautelar la celebración de elecciones internas a las nuevas Juntas de Distrito del PP de Alicante. En concreto, los demandantes solicitan del Juzgado lo siguiente:

“Primero.- Anular los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por los que se aprueba la sustitución de la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito y la división de la ciudad de Alicante en cinco distritos por suponer una vulneración de lo dispuesto en los Artículos 20.3 y 21.5 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y por crear un órgano unipersonal, la figura de un “coordinador” de la ciudad de Alicante, no prevista en los Estatutos del Partido Popular.

Segundo.- Que sea declarada contraria a derecho la negativa a entregar las actas o certificaciones de los órganos colegiados efectuada por el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante en su escrito de 17 de diciembre de 2012, obligando al Partido Popular de la Provincia de Alicante a entregar toda la documentación solicitada.

Tercero.- Que sea condenado la demandada a las costas devengadas en el presente proceso.

PRIMER OTROSI DIGO.- Que se proceda a suspender cautelarmente la convocatoria de elecciones internas a las Juntas de Distrito hasta que se haya dilucidado su legalidad y la de la supresión de la Junta Local de la ciudad de Alicante, ya que de no ajustarse a derecho deberían ser convocadas primero las elecciones de esta última de conformidad a las normas internas del Partido Popular y su celebración constituiría un fraude electoral y una vulneración de los derechos de los afiliados de la ciudad de Alicante de imposible reparación. La medida de suspensión cautelar debe exigirse sobre la base de que la celebración de las meritadas elecciones puede dar lugar a la consolidación de perjuicios de difícil reparación y, por el contrario, no genera tal conflicto el aplazamiento de las mismas.

AL JUZGADO SUPLICO.- Que tenga por formulada la anterior manifestación a los efectos oportunos y, en su consecuencia proceda a acordar la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.”

En los próximos días, está previsto que más afiliados de la ciudad de Alicante y de otras localidades se sumen a esta actuación judicial.

D. Felipe del Baño, de cazador a cazado.

¡Vaya, vaya, vaya! Parece que empiezan a encajar las piezas. Parece que se empieza a comprender las razones que se escondían tras el furibundo alegato del Diputado Felipe del Baño, instructor del expediente de expulsión del PP de un servidor y de Antonio Sobrino, en su inefable escrito contra los que pedíamos regeneración democrática, democracia interna y más honradez en el Partido Popular de la ciudad de Alicante. El inquisidor – instructor, se puso manos a la obra presto a ejecutar las instrucciones del Secretario Provincial de Alicante, José Juan Zaplana, para echar del partido a los defensores de la regeneración democrática y lo hizo con un escrito plagado de perlas. En él, D. Felipe del Baño, llegaba a decir que resultaba inadmisible reivindicar la regeneración dentro del partido porque eso era dar a entender que todo el partido era corrupto. Pocas semanas después, D. Felipe, se despellejaba las manos aplaudiendo a la Vicepresidenta del Gobierno que acababa de insistir en la necesidad de promover la regeneración democrática en los partidos políticos, incluido el Partido Popular. En dicho escrito, D. Felipe llegaba incluso a afirmar, en el colmo del cinismo o de la ignorancia, que las críticas que realizábamos serían admisibles si las hiciésemos en los cauces internos de participación del partido, obviando un dato importante en su poder: que hace más de diez años que los afiliados de la ciudad de Alicante no han sido convocado a ninguna reunión, ni a ningún acto de participación y debate en el partido por la sencilla razón de que no existen dichos cauces. Y otra perla interpretativa de D. Felipe era que es intolerable y motivo de expulsión afirmar que en el PP de la ciudad de Alicante no hay democracia interna. Para él y para los demás miembros del Comité de Derechos y Garantías del PPCV ocho años sin elecciones internas en la ciudad de Alicante vulnerando los Estatutos del PP que las establecen cada tres años es un ejemplo de democracia interna y el que diga lo contrario a la calle.

Pues bien, ahora resulta que el brazo ejecutor de D. J.J. Zaplana, D. Felipe del Baño, ha sido pillado con las manos en la masa. Según publica el 28 de septiembre de 2013 el Diario Levante (http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/09/28/edil-pp-san-antonio-dice/1036666.html), D. Felipe del Baño, tras la denuncia de una Asociación, ha reconocido en el Pleno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, Valencia, donde el Diputado popular simultanéa un puesto de concejal con su escaño en las Cortes Valencianas, que en 2010 realizó una contratación a una empresa, Vivers Centre Verd SAU, por importe de 52.000.- € a dedo y sin expediente de contratación alguno. Y, a continuación, el Sr. Del Baño, vulnerando los Estatutos del Partido Popular, votó en contra de la moción del Grupo Popular que proponía la creación de una Comisión de Investigación para aclarar este sucio asunto. Es posible que D. Felipe del Baño, pese a que al parecer es abogado, ignorase la existencia de procedimientos legales para realizar las contrataciones en las administraciones públicas o que conociendo dichos procedimientos decidiese pasárselos por el arco del triunfo, pero todo el mundo sabe que eso está muy feo, que lo del “dedito” es una práctica sospechosa y muy censurable y que, aún habiéndolo hecho, no se pueden dejar pasar tres años sin regularizar la situación formalizando el correspondiente expediente para que la empresa contratada pudiese cobrar el trabajo digitalmente encargado. Y lo de votar contra la moción del Grupo Popular no sólo está feo, sino que además constituye un mal ejemplo cuando quien lo hace es miembro del Comité de Derechos y Garantías del PPCV y, por tanto, ostenta la responsabilidad de hacer cumplir los Estatutos del Partido. Es de suponer que alguien que forma parte de ese Comité conoce especialmente los Estatutos y que recordará el Artículo 13 que dice: Infracciones muy graves.

1.- Cometen infracción muy grave quienes incurran en alguno de los siguientes supuestos:

e) La desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del Partido, así como de los Grupos Institucionales del mismo.

No hace falta ser un lince para saber que el Grupo Popular del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber es un Grupo Institucional y que votar en contra de una moción de este Grupo, siendo miembro del mismo, es incurrir en infracción muy grave.

¿Qué ocurrirá ahora? ¿Dimitirá D. Felipe como miembro del Comité de Derechos y Garantías del PPCV por haber vulnerado los Estatutos del PP? ¿Le instruirán el pertinente expediente disciplinario por la misma razón? ¿Dimitirá como concejal y diputado tras reconocer públicamente que ha vulnerado la Ley sobre contrataciones de las administraciones públicas? Después de leer lo que escribió sobre la regeneración democrática y verle después aplaudir a la Vicepresidente del Gobierno, es casi seguro que no. Sería como pedir peras al olmo. Como puede observarse una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. ¿Y todavía hay alguien que dude de la necesidad de impulsar medidas regeneradoras en los partidos políticos?

Santiago de Munck Loyola

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A cuenta de la regia intervención quirúrgica.

Parece que, para algunos, en España no hay ahora asunto más importante que opinar sobre dónde se opera el Rey, si en un hospital público o privado, si con médicos que trabajan aquí o traídos de fuera. Y lo que más sobresale en este artificial e insustancial debate es la actitud profundamente mezquina de muchos dirigentes de la izquierda española. Mezquindad y, en algunos casos, miseria moral como se puso de manifiesto en el grave accidente de tráfico que sufrió y que casi le cuesta la vida a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Porque hay que ser muy miserable para pedir que se saque de un hospital público y sea trasladada a otro privado a una persona que está en coma y luchando por salvar la vida. No hay otro calificativo para describir a quienes quisieron hacer electoralismo y política sectaria con la vida y la recuperación de la Sra. Cifuentes quien tenía todo el derecho del mundo a ser tratada en el centro hospitalario que quisiera, como cualquier otro ciudadano.

Ahora le toca el turno al Jefe del Estado. Es evidente que cualquiera que fuese la decisión que el Rey hubiese adoptado para tratar la dolencia que le afecta habría sido aprovechada por los mezquinos de turno para lanzar toda clase de críticas y de descalificaciones. Todo parece indicar que el Rey no ha tomado la decisión personalmente, sino que lo ha hecho consultando con su familia, sus médicos y sus colaboradores inmediatos valorando todas las posibilidades y opciones e inclinándose por lo que ha entendido mejor para la recuperación de la salud del Monarca. En estos asuntos no hay improvisación que valga y sólo puede prevalecer finalmente, o solo debería prevalecer, el interés de la salud del paciente.

Pero, no, parece que algunos tienen la imperiosa necesidad de “montar el pollo” por lo que sea y se han puesto manos a la obra. Si el Rey hubiese optado finalmente por someterse a esta nueva operación en un hospital público estarían despotricando porque lo haría saltándose las listas de espera o porque su presencia en cualquiera de los hospitales públicos supondría enormes molestias para el resto de los pacientes ingresados en el mismo, molestias derivadas de las imprescindibles medidas de seguridad en el recinto hospitalario o molestias ocasionadas por la inevitable presencia de todos los medios de comunicación, vehículos, reporteros y demás personal que colapsarían las proximidades al centro público elegido. Y lo más probable es que hubiesen aprovechado los miserables de turno para montar otra escenita en las proximidades exigiendo que le operasen en un centro privado.

Como finalmente la decisión de la Casa Real ha sido que el Monarca sea intervenido en un centro privado también alzan su voz, unos protestando sin matices por la elección y otros haciendo públicas sus preferencias, como si alguien les hubiese preguntado por sus gustos, por la decisión contraria, es decir, diciendo que les hubiera gustado más que el Rey fuese intervenido en un Hospital público. Eso sí, como siempre con las dos varas de medir, porque más de uno, aunque no lo diga, está siendo tratado para algunas dolencias o ha sido tratado en la sanidad privada aunque ahora diga que prefiere que el Rey sea intervenido en la sanidad pública.

En fin, que algunos no pierden la oportunidad para intentar sacar tajada electoral incluso sobre las operaciones reales. Y mientras tanto, el Gobierno y, por supuesto, el Partido Popular tomando decisiones “muy oportunas” manifiesta que no tiene pensado de momento proceder a regular, a legislar sobre las funciones del príncipe de Asturias. Al parecer, según un peculiar criterio de oportunidad política, resulta irrelevante que el Jefe del Estado vaya a estar alejado de sus funciones durante una larga temporada para decidir si conviene o no regular las funciones del heredero de la Corona que necesariamente habrá de sustituir en muchas ocasiones al Rey. Incluso parece que es irrelevante que durante algunas horas, como ocurrió ayer, el Jefe del Estado estuviera inconsciente durante una intervención quirúrgica y simultáneamente el Presidente del Gobierno estuviese ausente de España viajando hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. No hay nada que regular, el heredero de la Corona desarrolla funciones representativas de la Jefatura del Estado, sin soporte jurídico alguno. Curioso.

Santiago de Munck Loyola

El Sr. Luna y la Ley del Embudo.

La semana pasada, en las diligencias previas que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y tráfico de influencias, el diputado socialista y vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas, Ángel Luna, fue imputado en el caso Novo Cartago. En este caso, se está investigando la posible existencia de determinadas conductas irregulares en el proceso de construcción de 3.000 viviendas en una zona protegida del litoral de la región de Murcia. El Diputado autonómico socialista fue citado a declarar el próximo 3 de octubre, pero al tener conocimiento de su condición de diputado, el juez que instructor dictó providencia para requerir al secretario de las Cortes Valencianas para que confirme la condición de aforado de Ángel Luna.

La imputación de Ángel Luna tiene que ver con su trabajo como asesor urbanista para Hansa Urbana, la empresa que desarrolló el proyecto de Novo Cartago en donde se proyectaron más de 3.000 viviendas en una zona del litoral cartagenero catalogada como espacio protegido. Tal y como ocurre en éstos casos, el diputado socialista se mostró absolutamente perplejo y manifestó que "todas las imputaciones no son iguales". ¡Acabáramos! Después de escuchar hasta el aburrimiento al Sr. Luna, con lanzamiento de piedras incluido, y a sus conmilitones uno había llegado al convencimiento de que todas las imputaciones eran iguales, al menos a efectos de dimisiones. Pero no, el Sr. Luna, tratándose de si mismo, ha descubierto que no y dice ahora exactamente lo mismo que dicen muchos de sus adversarios políticos cargados también con el estigma de la imputación. Notable contribución la del Sr. Luna y los suyos al restablecimiento del diálogo y consenso con el Partido Popular. Ni todos los imputados son iguales, ni tampoco todas las imputaciones. Y no, no se trata de que el Sr. Luna practique la Ley del Embudo, tan frecuentemente usada por su partido. Tan sólo se trata de una pequeña aportación más al discutido y discutible concepto, como diría aquél, de la regeneración democrática. ¡Uff… perdón! se me ha escapado la palabrita maldita. Ya se sabe, según el diputado popular Felipe del Baño, propugnar la regeneración democrática en el Partido Popular es motivo de expulsión del partido. Sobre todo, si quien la esgrime es un afiliado de base, no un alto cargo del partido en cuyo caso el “líder” contará con el entusiasta aplauso del Sr. del Baño. Como decía Groucho Marx “éstos son mis principios pero si no le gustan tengo otros”.

Buena la van a tener mañana en las Cortes Valencianas en las que se desarrollará el debate sobre el estado de la región. Porque, aunque le pese al Sr. Puig y sus compañeros tan favorables al “derecho a decidir” de los independentistas y anexionistas de Cataluña, seguimos siendo una Comunidad Autónoma diferenciada. Según los analistas uno de los tres temas importantes del debate será la “regeneración democrática” (con permiso del Sr. del Baño y demás miembros del Comité de Derechos y Garantías del PPCV). Y vamos a asistir, casi con absoluta seguridad, al habitual “y tú más” o al “pío, pío que yo no he sido”. Unos se encaminan hacia el desastre electoral y otros también. No estaría de más que entre ambas fuerzas políticas mayoritarias hicieran un ejercicio mínimo de responsabilidad y honestidad intelectual y política para dejar de usar la corrupción como arma arrojadiza y estableciesen unas bases mínimas, en sintonía con las reformas anunciadas el viernes en el Consejo de Ministros, para combatirla con eficacia. Y en este campo deberían empezar por definir de una vez y de forma clara el momento en el que un acusado debería dejar sus responsabilidades políticas sea la imputación, la apertura de juicio, etc. Una regla clara e igual para todos, sea del partido que sea. Pero lo que no vale, lo que resulta un insulto a la inteligencia ciudadana es seguir exigiendo a los demás lo que uno no está dispuesto a aplicarse a si mismo. Y, sobre todo, deberían recordar que no hay regeneración democrática sin regeneración previa de quienes deben llevarla a cabo, es decir, de los partidos políticos y eso sólo pasa por más democracia interna y más participación. Sin eso, lo demás son zarandajas.

Santiago de Munck Loyola

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El Ayuntamiento de Alicante y SUMA.

A veces, desde determinadas instancias administrativas se toman algunas decisiones que aparentemente tienen poca trascendencia y que poco influyen en vida del ciudadano. Sin embargo, cuando se analizan detalladamente parece que no es así. Es lo que ocurre con la reciente decisión del Ayuntamiento de Alicante de transferir la gestión de los impuestos municipales a SUMA, la entidad tributaria gestora de la Diputación Provincial de Alicante. Uno diría que, a primera vista, al contribuyente de Alicante le resulta indiferente quién le cobre el Impuesto de Bienes Inmuebles o el de vehículos porque, al fin y al cabo, va a tener que pagar lo mismo. Pero si se examina con detalle el asunto parece que el hecho de que sea SUMA la que cobre estos impuestos y no el propio Ayuntamiento terminará repercutiendo en el bolsillo del ciudadano. SUMA, como es lógico, cobra por su gestión y el Ayuntamiento de Alicante tendrá que consignar en sus presupuestos anuales al menos 2,5 millones de euros para pagar a SUMA por hacer lo que antes venía haciendo el propio Ayuntamiento.

Si se examinan los presupuestos generales del Ayuntamiento de Alicante se encuentra una partida de 1.847.763.- € correspondientes a los sueldos de los funcionarios destinados a la gestión del sistema tributario, al cobro de nuestros impuestos. Si se da por correcta la cifra publicada de 52 funcionarios municipales destinados a la gestión tributaria y de éstos sólo 15 funcionarios son trasladados a SUMA, el Ayuntamiento deberá seguir pagando las retribuciones de 37 funcionarios que, según las informaciones publicadas, van a ser destinados a otras tareas dentro del Ayuntamiento. Es decir que el Ayuntamiento de Alicante tendrá que seguir consignando en su presupuesto 1.314.768.- € para el pago de las retribuciones de los funcionarios antes adscritos a la gestión tributaria municipal y añadir los 2.500.000.- € para el pago a SUMA por su gestión. En resumen que la decisión política de que SUMA nos cobre los impuestos a los vecinos de la ciudad de Alicante supondrá pasar de un gasto de 1.847.763.- € a la cifra de 3.814.768.- € al año, cifra que se reflejará en los presupuestos municipales y que, por tanto, sí que terminará por tener una incidencia real en los bolsillos de los contribuyentes.

La razón de fondo de esta decisión no se encuentra en el objetivo de dotar a la gestión de los tributos de una mayor calidad o eficacia pues están fuera de toda duda los niveles de profesionalidad y la capacidad de los funcionarios municipales dedicados a esta tarea, perfectamente equiparables a los de SUMA. Es evidente que esta decisión de tan hondo calado obedece a la necesidad de proporcionar más liquidez a la tesorería municipal que podrá verse beneficiada con los anticipos ordinarios que SUMA entrega sin intereses. No se trata, por tanto, ni de una medida de ahorro para las maltrechas arcas del Ayuntamiento alicantino, ni de una medida de carácter coyuntural. Y tratándose de una decisión de tanta trascendencia para los contribuyentes y para el personal del Ayuntamiento, parece que ha faltado  algo de transparencia y de debate y, sobre todo, la búsqueda del consenso con la oposición.

La consecución de más liquidez para la hacienda municipal, es decir, un flujo de ingresos mensuales regulares se podría haber conjugado mejor con la necesidad de muchos contribuyentes de fraccionar mensualmente el conjunto de los tributos municipales. Hoy más que nunca, el hecho de tener que pagar en un mes el elevado IBI que pagamos en Alicante o en otro mes el IVTM se hace bastante cuesta arriba. Al contribuyente le es mucho más fácil pagar mensualmente, como hace con la cuota de la comunidad de vecinos por ejemplo, una cuota tributaria equivalente al prorrateo mensual del conjunto de los tributos municipales. Con una adecuada promoción municipal de esta fórmula durante los últimos años, el Ayuntamiento habría conseguido de una parte facilitar a los vecinos el pago de sus impuestos y de otra obtener esa liquidez mensual tan ansiada ahora.

Santiago de Munck Loyola