Adiós agosto.

Tras un atípico mes de agosto, se reanuda la actividad normal en casi todos los ámbitos. Y es que este pasado mes de agosto ha sido bastante atípico en muchos aspectos, desde el climatológico hasta el político. Frente a la tradicional atonía con la que convivimos en el período estival, este agosto ha estado algo más movido de lo que suele ser habitual. Prácticamente la única “serpiente de verano” que nos ha visitado ha sido la de una posible remodelación en otoño aderezada con las correspondientes quinielas de ministrables y ex ministrables, serpiente que está aún por confirmar en las próximas semanas. Bueno, otra pequeña serpiente veraniega pero en este caso autonómica es la que ha circulado en algunos medios de comunicación sobre el destino como futuro candidato autonómico del Presidente Alberto Fabra y la suerte que habrán de correr sus más inmediatos colaboradores. Mientras tanto hemos ido conociendo durante el mes como se sigue fraccionando el centro derecha en la Comunidad Valenciana y en especial en la Provincia de Alicante gracias a la labor prepotente e incompetente de algunos mercenarios del propio Partido Popular.

Este agosto ha estado cargado de toda clase de noticias y algunas especialmente curiosas. El PSOE y sus satélites han estado, como no, agitando permanentemente el caso Bárcenas como si en España no existiese otro caso de corrupción y como si no formase parte de nuestro país Andalucía en la que día sí y día también se iban destapando detalles del mayor latrocinio de fondos públicos de nuestra historia. Los sindicalistas y socialistas de la UGT se dedicaban, al parecer, a falsear también facturas para esquilmar más fondos públicos que desde la Junta pagaban religiosamente sus conmilitones del PSOE en el gobierno andaluz. A lo largo del mes, la lista de imputados en el caso de los ERES ha seguido creciendo con más sindicalistas, también de CCOO, bajo sospecha. Griñán, que al parecer no se enteraba de nada o que no entendía bien el Interventor de la Junta, se ha marchado y se va a ir al Senado. Ya se sabe que en el Senado se está muy bien y, sobre todo, se está aforado, condición cada vez más valorada por algunos políticos.

Hemos conocido también este mes las declaraciones de varios dirigentes populares ante el Juez Ruz. Entre ellas fue especialmente significativa y muy comentada, por cierto, la de la Secretaria General Mª Dolores de Cospedal quien, al parecer, se despachó a gusto levantando más de una ampolla en las altas cúpulas populares. Y como el caso Bárcenas da para mucho hemos sabido también que el juez Ruz mandó que el Partido Popular le entregara los dos ordenadores que el Sr. Bárcenas manejaba en su despacho de Génova. Los responsables del PP hicieron entrega de los mismos, pero, sorpresa, más vacíos que la Caja de la Generalitat. Supimos por el Portavoz Popular ad hoc, Sr. Floriano, que en el Partido Popular, “como en cualquier empresa” (se nota que no ha debido trabajar en ninguna), es costumbre cuando un ordenador queda libre dárselo a otro empleado sin mirar los archivos que pudiera contener y formateándolo por si acaso. ¿Nadie tenía curiosidad “en la casa” por conocer lo que el Sr. Bárcenas guardaba en esos ordenadores? ¿De verdad? Es más, hemos podido saber gracias al Sr. Floriano que, careciendo dichos ordenadores de puerto usb, es imposible que nadie pudiera tener copia de los archivos de dichos ordenadores en un “pendrive”. Y lo dijo sin despeinarse. Lo cierto es que se aprende mucho escuchando las comparecencias veraniegas de ciertos políticos.

Hemos sabido en este mes de agosto que cerca de 50.000 niños en Cataluña padecen carencias alimentarias y que se han detectado 750 casos de grave desnutrición y todo ello mientras las autoridades catalanas se dedican a invertir más dinero público en su aventura separatista y ultiman sus detalles del numerito de la “cadena humana” por la independencia que fiel a las ansias imperialistas de estos sujetos hará su incursión en el territorio de la Comunidad Valenciana. Y en plena fiebre separatista, la Sra. Chacón, gran contribuyente a la espiral secesionista ha decidido poner tierra por medio y cruzar el charco para dar clases en una universidad privada de los imperialistas yanquis y colaborar en un programa televisivo de los anticastristas cubanos. Muy coherente la señora, pero qué le vamos a hacer, el dólar es el dólar venga de donde venga. Se aparta así de la hoguera independentista y de la debacle socialista que las encuestas auguran para las próximas elecciones europeas a ver si así la empiezan a echar de menos y las bases socialistas reclaman su regreso en plan salvadora del naufragio de Rubalcaba y su inefable equipo.

También han sido importantes algunas noticias sobre el importante crecimiento de la industria turística  en España y especialmente en la Comunidad Valenciana en lo que ha tenido bastante que ver la inestabilidad de Oriente Medio. Y de esta zona resuenan aún los ecos de las atrocidades de la guerra civil siria y la posible intervención militar norteamericana cuyo alcance y consecuencias aún están por delimitarse. Y Gibraltar, cómo poder olvidar nuestro Gibraltar al que hemos vendido piedras y arena para crecer. Gracias a los bloques de hormigón arrojados por los hijos adoptivos de la Gran Bretaña hemos podido descubrir muchas cosas sobre su capacidad creadora de empresas, sobre su número de automóviles, sobre lo barata que les sale la gasolina que nos compran o sobre sus estancias en nuestros hospitales. Lástima que se haya acabado agosto porque seguramente oiremos menos hablar de Gibraltar. En fin, que se ha ido un mes de agosto bastante atípico que no sólo nos ha dejado lo habitual, sino también una buena cantidad de acontecimientos cuyos efectos iremos notando en las próximas semanas. Se despierta ahora un nuevo curso político sin haberse dormido del todo el anterior.

Santiago de Munck Loyola

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Las cuentas del PP de Alicante intervenidas.

Ante el caos en las cuentas de muchas Juntas Locales del PP de Alicante, ha ocurrido lo que tenía que haber ocurrido desde hace mucho tiempo, que Génova ha intervenido las cuentas al PP de la Provincia de Alicante. Han llegado los “hombres de negro” de Génova. Todo parece indicar que lo que se ha intentado vender como un acuerdo entre la cúpula provincial y la dirección nacional no es tal, es simple y llanamente una intervención directa de Madrid para poner orden ante la manifiesta incapacidad de algunos para cumplir y hacer cumplir los Estatutos del Partido y las normas internas de gestión. Lo que venía ocurriendo en la Provincia de Alicante desde hace años era inaudito. Tal y como pusieron e manifiesto los medios de comunicación haciéndose eco de las denuncias de algunos militantes y ex militantes del Partido Popular, muchas Juntas Locales del PP manejaban sus fondos al margen de la organización evitando así por completo la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Se camuflaba el manejo del dinero de las agrupaciones hasta el punto de que en algunas localidades los fondos del PP se depositaban en cartillas bancarias en las que aparecían como titulares particulares o, a veces, asociaciones sin ánimo de lucro. Es lo que ocurría, por ejemplo, en Benidorm, El Campello, Denia, Elda o Elche. Gran parte de los gastos de funcionamiento de estas Juntas Locales del PP o de los ingresos de cuotas se canalizaban, precisamente, a través de estas cuentas bancarias sin control ni tampoco fiscalización posterior. Es muy significativo y subraya el talante de algunos dirigentes alicantinos que impulsar una Asociación como el Foro Esperanza Popular - Movimiento de Bases para promover la regeneración democrática sea una grave infracción estatutaria por la que hay que echar del PP a sus impulsores y que, por el contrario, impulsar y organizar Asociaciones Populares para eludir el control del Tribunal de Cuentas no sea objeto de ningún expediente disciplinario. Muy sintomático.

Esta grave y anómala situación se ha destapado gracias a las denuncias de ex afiliados como Miguel Picher del Foro de Elche que ha llegado incluso a los tribunales para exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. No se trata de un asunto interno menor, ni mucho menos. En primer lugar porque el PP, como los demás partidos políticos, funciona gracias, en gran parte, al dinero público, al dinero de los contribuyentes que percibe a través de diferentes mecanismos, incluso a nivel local, donde los grupos municipales de los partidos reciben asignaciones que en su mayor parte sirven a sostener la infraestructura local. En segundo lugar, porque otra parte de los ingresos proviene de las cuotas de los afiliados y de las donaciones de los mismos o de simpatizantes. En tercer lugar, porque el dinero de los partidos políticos está sometido a control y fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas y organizar, sostener y consentir una estructura paralela para eludir ese control constituye un ardid de la peor especie. Un mínimo de respeto a la Ley, a los afiliados y a los simpatizantes habría impedido que semejante golfería prosperara y se mantuviera en el tiempo. Lo que Génova ha impuesto a la Provincial de Alicante es, básicamente, el mismo sistema que desde hace muchos años se viene utilizando en la inmensa mayoría de las Juntas Locales del PP. No es ninguna novedad. Además de aplaudir la decisión de Génova solo queda lamentar que no se haya producido mucho antes y que no alcance a otros aspectos, también importantes, relativos a las finanzas del Partido y a los Estatutos del mismo.

Es el caso de las cuentas de la Junta Local de la ciudad de Alicante. Los afiliados no saben si existen o no, si las controla la Provincial usando todo el dinero de los afiliados de la ciudad para sostener los gastos de la Provincial o no, si se han respetado los Estatutos o no. Lo que sí saben los afiliados de la ciudad de Alicante es que desde hace años nadie les informa ni les rinde cuentas del uso de su dinero. Y los que hemos pedido información al respecto no sólo no la hemos recibido, sino que se nos ha expedientado para expulsarnos. Lo que sí saben los afiliados de la ciudad de Alicante es que el Artículo 60 de los Estatutos del PP relativo a los presupuestos de las organizaciones territoriales no se cumple. Como tampoco se cumple el Artículo 61, relativo a los sistemas de contratación. He aquí un ejemplo: el Artículo 61.4 de los Estatutos del PP dice que “el Partido Popular creará en su página web un acceso que tendrá la denominación de “Perfil del contratante”, en el que se publicarán las instrucciones de contratación de aquellos procedimientos de contratación que por razón de su cuantía u otra de naturaleza, se decida que deban ser objeto de público conocimiento”. ¿Alguien ha visto el “perfil del contratante” en la página web del PP de Alicante?

Constituye una exigencia política y moral de primer orden la más absoluta transparencia en las cuentas de los partidos políticos por respeto a los propios afiliados, a los ciudadanos en general y a la Ley. La voluntad de transparencia forma parte del deber de regeneración democrática y es un medio imprescindible para recuperar la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos. El mejor servicio que podrán prestar al Partido Popular los que obstaculizan la transparencia y la participación es irse a su casa.

Santiago de Munck Loyola

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La cerril oposición.

Da igual lo que haga este Gobierno que para el PSOE y la mayoría de los grupos de la oposición siempre estará muy mal. Ya se trate de reformas sanitarias, económicas, laborales o, como en los últimos días, educativas los actuales dirigentes socialistas se opondrán, dirán no y pondrán el grito en el cielo rasgándose las vestiduras. Parece que han diseñado una actitud opositora exacerbada llevando sus negativas hasta hipérboles repetitivas que están terminando por acabar con cualquier atisbo de credibilidad de sus mensajes, si es que alguna vez han tenido alguna tras su paso arrasador por el Gobierno de España. Hemos pasado de las conjunciones planetarias pajinescas a un permanente, machacón, aburrido e increíble “quieren acabar con todo”. Anteayer era acabar con los derechos de los trabajadores, ayer acabar con la sanidad pública, después acabar con la educación pública y ahora con la igualdad de oportunidades en la educación. Tenemos una oposición casi nihilista. Nada de lo que proponga o haga el Gobierno del Partido Popular es mínimamente aceptable para esta oposición y la más mínima iniciativa legislativa del Gobierno es judicializada por los socialistas que así esperan poder conseguir lo que las urnas les han negado, la legitimidad para gobernar. Es evidente que una oposición que se niega a dialogar, a intentar llegar a acuerdos y consensos mínimos con quienes han obtenido el respaldo mayoritario para gobernar sólo tiene dos caminos para lograr su principal propósito (que no mejore nada) intentar bloquear al gobierno en los tribunales y usar las calles y la coacción si es preciso.

El PSOE, tras dos años de parálisis renovadora en su interior como si no fuera necesario depurar responsabilidades internas por su sonado fracaso en noviembre de 2011 y a la vista de la herencia dejada, se ha instalado en una oposición chillona y poco eficaz que día a día pierde credibilidad ciudadana a la vista de la encuestas, haciendo realidad el dicho de Andreotti “el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene”.

Es evidente y de sentido común que la situación que heredó el Gobierno del Partido Popular en noviembre de 2011 era el resultado de unas políticas concretas seguidas por el PSOE durante sus siete años de Gobierno. Y los ciudadanos votaron mayoritariamente para que se cambiase el rumbo, para que no continuaran unas políticas cuyos resultados y consecuencias aún padecemos. Y eso significa necesariamente reformar, cambiar todo aquello que no funcionaba o lo hacía deficientemente. Y lo que estamos comprobando día a día es que el PSOE se opone a cualquier cambio. Lo que no nos dicen es si quieren seguir con sus políticas fracasadas y rechazadas por los electores en 2011 o si han sido capaces en estos dos últimos años de elaborar una nueva orientación, una alternativa a si mismos y al Gobierno porque de su discurso diario es imposible deducir qué es lo que proponen, qué pretenden. Sólo escuchamos exabruptos, noes y más noes, descalificaciones y ni una sola propuesta sólida.

Todo esto lo estamos comprobando, una vez más, a propósito de la reforma educativa y del nuevo sistema para la concesión de becas. Somos el país europeo que gasta más en educación y uno de los que peores resultados cosecha. Pues algo habrá que hacer, pero lo que no se puede hacer es seguir como estamos, con una legislación educativa cuyos pobres resultados son evidentes y con un sistema que se muestra incapaz de alcanzar parámetros de eficacia y excelencia, pese a los ingentes recursos públicos destinados al mismo. En el contexto de esta vorágine opositora destructiva nada más fácil que hacer demagogia con las becas. Da igual y es inútil que el Ministro de Educación anuncie que en 2014 se incrementarán las partidas destinadas a las becas en un 20%. Para los socialistas y sus satélites se trata simplemente de una mentira, aunque no exista aún un borrador de las cuentas presupuestarias para el próximo ejercicio. Da igual también que la reforma pretenda vincular el sistema de concesión del dinero de los contribuyentes a los estudiantes a dos parámetros de sentido común: el nivel de renta del solicitante y su rendimiento académicos. Para los socialistas es simplemente inaceptable, quiebra, según ellos, el principio de igualdad de oportunidades.

En este contexto parece que toda pretensión de intentar dialogar y de llegar a acuerdos con la oposición es inútil. Una oposición que niega de facto legitimidad al gobierno para introducir reformas más que necesarias y urgentes no estará nunca por la labor. Y los ciudadanos tenemos que seguir tomando buena nota de ello. Hay quien quiere que se siga tirando nuestro dinero manteniendo un sistema de becas injusto e ineficaz en lugar de intentar reformarlo. Deben seguir pensando que el dinero público no es de nadie.

Santiago de Munck Loyola

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La antigua RAU en ebullición.

Egipto y Siria fueron un mismo estado entre 1958 y 1961, constituyeron entonces la República Árabe Unida al abrigo del prestigio del Presidente egipcio Gamel Abdel Nasser y de su panarabismo. Tras la disolución de aquella efímera república ambas naciones emprendieron caminos distintos. Hoy, las dos se encuentran en el centro de atención de la comunidad internacional. Las consecuencias inmediatas de la llamada primavera árabe de 2011 han sido diferentes para las dos naciones, pero ambas sumidas en la inestabilidad guardan una gran incertidumbre sobre su futuro.

En el caso de Siria las revueltas de 2011 abrieron un proceso electoral, una reforma constitucional bajo el omnipresente partido Baas y sus aliados y la insurrección de parte del ejército y de la mayoría de la oposición que ha terminado por sumir al país en una cruel guerra civil que ya se ha cobrado más de 100.000 víctimas. En Egipto, tras la caída del dictador Mubarak, los integristas ganaron las elecciones presidenciales, iniciaron un proceso de islamización de la sociedad y de limitación de derechos civiles y tras las revueltas y concentraciones en El cairo se produjo un golpe de estado militar que acabó con el poder de los Hermanos Musulmanes. Las movilizaciones de éstos y la dura represión de las nuevas autoridades suponen un alto riesgo de una confrontación civil de incalculables consecuencias.

El golpe de estado en Egipto recibió unas débiles condenas por parte de las naciones occidentales que, en el fondo, se sentían aliviadas de que los integristas musulmanes fueran alejados del poder. Sin embargo, la represión ejercida por los militares ante las movilizaciones promovidas por los seguidores del ex presidente Mursi ha hecho que la comunidad internacional y, en especial, la Unión Europea se esté planteando la adopción de sanciones contra el nuevo régimen egipcio. En el caso de Siria, tras dos años de guerra civil, el posible uso de armas químicas por parte del régimen contra la población civil ha disparado, por fin, las alarmas y en estos día lo que se está planteando es una intervención militar limitada norteamericana con el apoyo de sus aliados contra las fuerzas del régimen sirio.

Siria y Egipto son dos avisperos y su situación plantea toda clase de dilemas y de consideraciones contrapuestas que se reflejan no sólo en las actitudes divergentes y contrapuestas en la comunidad internacional, sino también en nuestras propias sociedades. Egipto ha sido un poderoso aliado de los Estados Unidos y de Occidente, su situación geográfica, controlando el canal de Suez y con ello el tráfico del petróleo de Oriente Medio hacia nuestros países, le sitúa en un plano privilegiado de la atención de nuestros gobiernos. El dictador Mubarak no suponía ninguna amenaza para los intereses occidentales y nuestros gobiernos no se preocupaban de los “asuntos internos” de Egipto. Proporcionaba estabilidad en la zona y los intereses occidentales no peligraban. La llegada al poder de los Hermanos Musulmanes sí hizo saltar las alarmas. No es posible olvidar que la tan saludada por algunos Primavera Árabe abría la puerta a gobiernos abiertamente contrarios a los intereses occidentales y, por supuesto, al desarrollo de los derechos humanos en estos países. Túnez, Libia y Egipto son buena prueba de ello. En todos estos países, con los gobiernos surgidos de la citada primavera, los derechos de la mujer han retrocedido escandalosamente, la libertad de culto está siendo restringida y la oposición perseguida. Las diferentes fuerzas políticas musulmanas de corte integrista han usado las oportunidades democráticas surgidas tras la caída de sus regímenes totalitarios para imponer legislaciones abiertamente contrarias a los cánones occidentales democráticos.

La polémica está servida. ¿Deben los países occidentales permanecer al margen para que se consoliden unos gobiernos islámicos claramente contrarios a los principios democráticos? ¿Deben adoptarse sanciones contra el régimen egipcio reforzando con ello a la oposición integrista de los Hermanos Musulmanes? ¿Deben los países occidentales apoyar en Siria a una alternativa posiblemente más contraria a las posiciones occidentales que la del actual régimen? ¿Se debería haber apoyado en Egipto a un gobierno democráticamente elegido cuya finalidad es acabar con la democracia y con los derechos humanos, tal y como los concebimos los occidentales? No es sencillo ofrecer una respuesta clara y coherente, sobre todo porque depende de la perspectiva de los intereses puestos sobre el debate. Sin embargo, parece que hay una conclusión bastante evidente: la supuesta primavera árabe fue, ante todo, una primavera frustrada cuyas principales consecuencias han sido una profunda inestabilidad política en la zona y la aparición de gobiernos de corte integrista que han ido recortando derechos políticos y sociales de sus ciudadanos, al menos desde nuestra perspectiva occidental. Claro que siempre habrá quien pregunte quiénes somos nosotros para decidir lo que es bueno o no para esos ciudadanos árabes.

Santiago de Munck Loyola

El fiestorro de parte de la clase dirigente.

Si hay una práctica verdaderamente extendida en nuestro país se trata de las llamadas comidas de trabajo o de negocios. Muchas veces da la sensación de que no se termina de traspasar el umbral de la relevancia empresarial o política, en su caso, si no se celebran estos encuentros gastronómicos. Todo empresario o político que se precie ha de tener en su agenda un importante número de citas semanales para desarrollar esta peculiar forma de abordar asuntos que se suponen serios e importantes. A más ágapes, más relevancia social del comensal. Al margen de las dudas que cada cual pueda albergar sobre la eficacia y la conveniencia de estos eventos gastronómicos para la conclusión de operaciones mercantiles, lo cierto es que no son pocas las que terminan por frustrarse o por concluirse al calor de los manteles de los restaurantes. No son pocos los empresarios que utilizan estas comidas para agasajar e intentar impresionar a sus invitados o, simplemente, para conocerles un poco mejor en un ambiente diferente al estrictamente profesional. Cada empresario es muy libre de emplear su dinero como mejor le parezca y si considera conveniente hacerlo en nutrir a su invitado y posible socio comercial está en su derecho. Se trata de una inversión más que podrá o no terminar por reflejándose de forma positiva en su cuenta de resultados.

Esta costumbre de las comidas de trabajo o de negocios se ha introducido sin ninguna dificultad en el ámbito de la vida pública, en el de las administraciones, de los partidos políticos o los sindicatos. Lo cierto es que su celebración tiene más difícil justificación en muchos casos. Cuando se realizan con ocasión de la concertación de contratos entre particulares y las administraciones, procedimientos perfectamente reglados, no tiene ningún sentido que políticos o técnicos participen en las mismas con los empresarios “contratandos” o contratados. Pero no son éstas las únicas que se celebran. Hay muchas otras en las que entre los comensales no hay ni va a haber ningún vínculo económico, sino que se trata de encuentros entre políticos o entre éstos y otros sectores sociales encaminados a la negociación y a la consecución de acuerdos con repercusiones públicas.

Y nada habría que objetar a esta práctica en la vida pública si no fuera por un detalle sustancial que se produce cuando las facturas de estos encuentros gastronómicos las terminan pagando los contribuyentes. El dinero del contribuyente no está para pagar comidas en restaurantes, la mayor parte de ellas innecesarias, a gente que, además, recibe un sueldo público más que suficiente para atender a sus necesidades básicas, incluidas las comidas. La clase política y sindical está sostenida económicamente por los presupuestos públicos. Les pagamos para trabajar por la sociedad y no por comer por ella en restaurantes de lujo.

A lo largo de los últimos años se ha producido un tremendo relajamiento de los principios éticos y del concepto del servicio público que ha llevado a que no pocos de los miembros de la clase dirigente lo confundan con servirse de lo público. Hace pocos meses era noticia la cafetería-restaurante del mismo Congreso de Diputados en la que, al igual que en otras cámaras legislativas autonómicas, los contribuyentes subvencionamos a sus señorías hasta los cubatas que se atizan en nombre de la Patria. 

El pasado mes de julio se hacía pública parte de la contabilidad del PP y en la misma figuraban gastos escandalosos que no han sido desmentidos. El PP que como los demás partidos se sostiene gracias al dinero público gastó en la Provincia de Castellón parte de ese dinero en “lencería y tabaco para reuniones” y en la Provincia de Alicante sus dirigentes gastaron en 2011 más de 35.000 € en comidas de trabajo, síntoma evidente de la existencia o de mucho trabajo o de mucha hambre o de mucha cara dura. Ahora se comprende por qué no dejan votar en las elecciones internas a los afiliados que no pagan su cuota.

Y en estos días veraniegos estamos conociendo el no va más del “fiestorro” permanente de la clase dirigente de nuestro país, en su vertiente político-sindical. Al escandalazo de los cerca de 1.000 millones de euros que la Junta de Andalucía ha dilapidado en el caso de los EREs falsos, se suman ahora algunas revelaciones sobre el uso de fondos europeos de formación a los parados que ponen de manifiesto la catadura moral del socialismo español en su vertiente sindical. Más de 12.000 euros gastados en marisco, tapitas y alcohol en la Feria de Sevilla en la caseta de UGT a cuenta de los contribuyentes y todo ello, como no, disfrazado con la manipulación de facturas bajo el concepto de comidas de trabajo de la negociación colectiva. ¡Hombre! Hay que reconocer que bajo los efectos etílicos de una buena cogorza de fino se debe negociar con más soltura. Y cuando no se trata de comilonas, se encubren otros gastos como los correspondientes a movilizaciones para la huelga bajo otros conceptos pero siempre malversando fondos públicos destinados a la formación de los desempleados andaluces.

Es evidente que aquí no funcionan con eficacia los controles sobre el uso del dinero público. Las supuestas comidas de trabajo se han convertido en un auténtico coladero en unas ocasiones para encubrir las facturas de encuentros gastronómicos particulares y en otras para colar juergas de unos desaprensivos que usan el dinero público como si fuera suyo o como si no fuera de nadie. Y todo ello en un país donde la desnutrición infantil y las enfermedades asociadas a la misma han hecho aparición en no pocas localidades.

Dado que confiar en el buen juicio de la clase dirigente, honrada en su mayor parte, no evitará que se sigan produciendo semejantes abusos mucho más sencillo y práctico sería confiar en el sentido común y que cada uno se pague de su bolsillo lo que coma. Con dinero público, ni una comilona de trabajo más.

Santiago de Munck Loyola

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¿Expedientará el PPCV a Mariano Rajoy?

El pasado mes de julio nos fue notificada a Antonio Sobrino Ribes y a mi la decisión del Comité de Derechos y Garantías del PPCV por la que, tras analizar el supuesto expediente “informativo” que se nos había incoado meses antes, se acordaba suspendernos cautelarmente de militancia en el PP, abrirnos un nuevo expediente disciplinario por presuntas infracciones de varios Artículos de los Estatutos del PP sancionables con la expulsión del mismo y concedernos 15 días para presentar alegaciones. Esta decisión, no por esperada, deja de causar asombro por muchos motivos. En primer lugar, porque la suspensión cautelar de militancia tiene su miga. Es una decisión estatutariamente prevista para los casos en los que están implicados cargos públicos o cargos orgánicos que mientras se sustancia un expediente disciplinario podrían usar sus cargos para obstaculizarlo, pero no para simples militantes. Es llamativo que ni siquiera Bárcenas fuera suspendido de militancia en su día, pero los miembros del comité han debido entender que somos sumamente peligrosos y que si conservamos nuestros derechos de afiliados mientras nos “empapelan” podríamos, quizás, cometer algún estropicio irreparable.

En segundo lugar, sorprende por el desparpajo y por la presunta incapacidad de intentar cubrir las apariencias, es decir, de intentar que parezca que se guardan y respetan las garantías jurídicas procesales propias de una organización democrática en un país democrático. No creo incurrir en una descalificación o en una falsedad si afirmo que todo es una farsa. A nadie se le escapa que a los miembros del ilustre comité les importa muchísimo lo que hayamos o dejado de hacer los acusados y lo que podamos o no alegar en nuestra defensa. Les importa tanto que antes de iniciarse el procedimiento ya anunciaron el veredicto: la expulsión. Así, el 22 de enero el Diario ABC, en su edición de la Comunidad Valenciana, el corresponsal David Martínez publicó bajo el titular “El PP expulsará a dos afiliados críticos con Castedo y Císcar” lo siguiente “El comité de derechos y garantías del PPCV, que preside el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, ha iniciado el procedimiento para expulsar del partido a dos militantes de la agrupación alicantina: Santiago de Munck y Antonio Sobrino”. Es decir, antes de abrir el supuesto expediente informativo los responsables del Comité de Derechos y Garantías del PPCV filtraron a la prensa que ya habían dictado sentencia, que nos iban a expulsar del PP por ser críticos. Que nadie piense que se trata del más puro estilo bananero, no. Un fallo lo tiene cualquiera y el hecho de que se filtrara a la prensa la circunstancia de que sin haber empezado juicio alguno ya hubiera sentencia, no quiere decir nada. Aquí se guardan las formas y aunque ya haya sentencia sin conocer ni los hechos ni las acusaciones, se tramita ahora un segundo expediente y hasta se nos ha concedido un período de alegaciones y de prueba. ¿Es todo esto una farsa? ¿Alguien duda de la ética o moral que anima a los miembros de tan selecto Comité?

En tercer lugar, sorprende aún más el contenido del pliego de cargos redactado por el Diputado autonómico Felipe del Baño. ¡Vaya papelón el suyo! Pero, en fin, cuando alguien se presta a ello sus buenas razones tendrá. No se trata sólo de que en el pliego de cargos se haya omitido cualquier referencia a las reiteradas infracciones de los Estatutos Nacionales cometidas por dirigentes alicantinos y que en su día y en el propio expediente informativo han vuelto a ser denunciadas por los acusados, sino que se construye una fabulosa teoría para intentar justificar el prejuicio establecido con unas frases y unos razonamientos que van a dar para toda una serie de artículos. Parece que en el Partido Popular todos somos iguales, pero unos más que otros y, por ello, algunos pueden infringir continuamente los Estatutos del Partido con total impunidad ya que en el ilustre Comité nunca se dan por enterados. Es más, parece que el Comité no tiene tiempo para resolver los recursos o las denuncias de los afiliados pero sí tiene tiempo para expulsarlos sin haber resuelto las anteriores. Que denuncias una infracción de los Estatutos cometida por los dirigentes alicantinos, pues a la calle. ¡Faltaría más! Eso sí, a la calle el denunciante no el denunciado. Entre todas las perlas del pliego de cargos hoy sólo voy a mencionar una. Señala D. Felipe del Baño y suscribe todo el Comité la siguiente frase: “el mero hecho de impulsar una campaña bajo la regeneración, y apoyar el lema, en comentarios que inducen a pensar que la corrupción campa a sus anchas en la organización del Partido, lejos de ser una opinión admisible en el debate democrático, es una falsedad inadmisible en cualquier foro. Está tachándose de forma injustificable y generalizada, de comportamientos antidemocráticos y corruptos a la totalidad de la organización del Partido”. Y se quedan tan anchos. Al parecer promover la regeneración es tachar de forma injustificable y generalizada a la totalidad del Partido de comportamientos antidemocráticos y corruptos. 

Sinceramente, un servidor lo ignoraba pero creo que hay más gente que lo ignora y no se imaginan la que les puede caer encima. Según el ilustre Comité, poner el acento en determinados valores es “dar a entender que no es esta la forma de actuar del Partido Popular”. Esperanza Aguirre debe desconocer estas innegables aportaciones a la teoría política de D. Felipe del Baño y demás miembros del Comité y, por ello, el pasado 6 de febrero de 2013 se atrevió a postular la regeneración democrática del Partido Popular. Según los medios de comunicación la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha insistido este miércoles en que es necesaria una "regeneración democrática" y, aunque ha explicado que se puede contar con ella para llevarla a cabo, ha remarcado que no contempla volver a la primera línea de la política pese a que ésta es su "vida". (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/06/madrid/1360149271.html) El 27 de julio de 2013, en una entrevista en la revista Yo Dona la Presidenta del PP del País Vasco, Arantza Quiroga, abogaba por una “regeneración política”. El Presidente Alberto Fabra, una vez más, el pasado 9 de junio apelaba a la regeneración y a la honorabilidad del partido (http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/08/fabra-apela-regeneracion-honorabilidad-partido/1005217.html)

Y aún más, en la pasada Convención Regional del PPCV el Presidente Rajoy animó al Presidente Fabra  para que persistiera en sus políticas de ajuste del déficit público y, al mismo tiempo, “para que siga con la tarea de la regeneración interna del partido” (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/08/rajoy-apoya-al-pp-de-fabra-y-le-anima-a-que-siga-con-la-regeneracion-del-partido-en-valencia-122644). ¿Qué quería decir con ello el Presidente Rajoy? ¿Estaba insinuando acaso que hay comportamientos antidemocráticos y corruptos generalizados en la totalidad del Partido? ¿A que no? ¿Cómo es posible que tan altos responsables del Partido promuevan y animen a la regeneración democrática del PP? ¿Acaso desconocen la doctrina “del Baño”? ¿No saben que sus palabras son inadmisibles en cualquier foro? Alguien debería avisarles que la ignorancia de tan sesuda doctrina no es eximente de su cumplimiento y que cualquier día de estos los van a empapelar. ¡Seguro!

Santiago de Munck Loyola

Alicante sin representación colectiva del centro derecha.

Ayer el Comité Ejecutivo Provincial del PP decidió aprobar la creación de 5 Juntas de Distrito para sustituir la Junta Local del PP de la Ciudad de Alicante, dando así cumplimiento al acuerdo del 11 de octubre de 2012 que decía “Alicante, respecto de la cual el Presidente propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de Juntas de Distrito,…” Diez meses, nada menos, empleados en decidir el número de Juntas del PP que habrá en Alicante. 

Hay que señalar que es precisamente el acuerdo de octubre pasado el origen del conflicto que se ha saldado, de momento, con la suspensión cautelar de militancia de Antonio Sobrino y de un servidor y con la apertura de sendos expedientes disciplinarios para echarnos del PP. Entendimos y seguimos entendiendo que la decisión de dejar a la ciudad de Alicante sin Junta Local era y es ilegal porque vulnera el Artículo 19 de los Estatutos Nacionales del PP que facultan a la organización provincial para crear distritos (órganos de descentralización de una Junta Local grande) pero no para suprimir una Junta Local. Presentamos en su día los oportunos recursos. Primero ante el propio Comité Ejecutivo Provincial que no contestó, aunque sí lo hizo, atribuyéndose funciones que no le corresponden el Secretario Provincial quien, vulnerando de paso los Estatutos del Partido, se negó por escrito a entregar la documentación que le pedimos y desestimó el recurso alegando que no habían suprimido la Junta Local de Alicante. Ya me dirá alguien como se puede sustituir una cosa por otra y conservar ambas. Tampoco respondieron ni el Comité de Derechos y Garantías del PPCV ni el nacional. Eso sí, el primero nos ha abierto un expediente disciplinario y nos ha impuesto una medida cautelar, como si fuésemos delincuentes, de suspensión de militancia con el único fin de privarnos de nuestros derechos de cara a cualquier proceso electoral interno. Creo recordar que ni a Bárcenas le impusieron una medida similar ni, por supuesto, a ninguno de los numerosos cargos del PP imputados en procesos judiciales. En todo caso, ahora serán los tribunales de justicia serán los que decidan sobre la legalidad de esta decisión.

De otra parte, hay que resaltar y con ello no creo hacer otra cosa que describir la realidad, que esta decisión de suprimir la Junta Local de Alicante se ha tomado sin consultar a los miles de afiliados de la ciudad y ni tan siquiera se les ha comunicado por escrito. Los afiliados de Alicante nos limitamos a pagar nuestra cuota, que se la queda la Provincial, y a enterarnos por la prensa de lo que pasa y lo que deciden otros con nuestra organización local.

Pero en todo este asunto hay dos cuestiones importantes que reflejan la consideración que Alicante parece merecer para la cúpula provincial del PP. De una parte, la situación en la que quedan los afiliados alicantinos que en su día se afiliaron a una organización de y para toda la ciudad y no a una organización de barrio. Parece que los afiliados alicantinos no tenemos derecho a tener una organización política de nuestra ciudad, como la tienen los afiliados de Elche, de Torrevieja o de cualquier municipio. ¿No tenemos los mismos derechos? ¿Por qué los demás pueden tener una Junta Local y nosotros no? ¿Por qué no se deja decidir a los alicantinos? ¿Por qué los afiliados alicantinos no pueden tener una sede propia? ¿Por qué los afiliados alicantinos son los únicos cuyas cuotas íntegras van a parar a la Provincial? ¿Por qué no pueden tener un Presidente local que los represente ante la sociedad alicantina? Nadie da una respuesta satisfactoria estas preguntas. ¿No será que algunos dirigentes provinciales, que no son de la ciudad, pretenden controlarla y arrogarse la representación de las bases?

Y la segunda cuestión afecta a la ciudad en sí. Del mismo modo que se convierte a los afiliados alicantinos en afiliados de segunda, también la ciudad de Alicante parece ser tratada, una vez más, de la misma manera. Los problemas y las necesidades de una ciudad como la nuestra no van por distritos, por barrios, sino que la mayoría de los mismos son globales, tienen un carácter transversal y por tanto requieren un tratamiento unitario. El desempleo, los desahucios, la marginalidad, el turismo, los transportes, el Plan General, la promoción cultural, las infraestructuras comunitarias, por citar algunos asuntos, son cuestiones que afectan al conjunto de los alicantinos y su análisis, sus soluciones y su tratamiento debe hacerse desde una perspectiva global y no por distritos. Al igual que ocurre con las demás organizaciones políticas de la ciudad, el centro derecha debería tener una organización de y para la ciudad en su conjunto y no 5 organizaciones débiles coordinadas no se sabe muy bien por quién designado por no sabe tampoco por quién. La sociedad alicantina se merece, también en el ámbito del centro derecha, una organización para toda la ciudad, nacida de la voluntad de los afiliados del centro derecha y con un liderazgo nacido de las bases y no impuesto, ni tutelado. Alicante y sus vecinos no pueden ser tratados de diferente forma que los demás municipios de la provincia. Y si se hace, debería explicarse muy bien por qué.

Los hechos y la experiencia de los últimos años han demostrado que el PP de Alicante era una formidable máquina electoral, pero poco más. Unas siglas controladas por grupos y “familias”, pero no una organización dinámica, viva, participativa en la que los afiliados pudieran trabajar, proponer ideas, realizar propuestas o simplemente opinar sobre el programa electoral o sobre quienes deberían formar parte de las listas electorales. Y la solución más lógica y más democrática para superar esa situación no era otra que la de devolver la palabra a la militancia para que decidiese lo mejor sobre el futuro de su organización local. Pero no, no se ha optado por esa solución. Se ha optado por imponer a la militancia un modelo dudosamente legal desde la perspectiva de los Estatutos del partido Popular y por privar a la ciudad de Alicante de una interlocución única para el conjunto de la ciudad. Seguramente los demás partidos políticos estarán muy contentos con ello.

Santiago de Munck Loyola

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El PP expulsa a los afiliados alicantinos que piden honradez pero mantiene a Castedo.

Noticia aparecida hoy, 27 de julio de 2013, en el Diario El Mundo de Alicante. Me limito a reproducirla pero en los próximos días la iré analizando para tratar de explicar a los lectores lo que puede haber detrás. Hoy sólo adelantaré que coincide con la próxima convocatoria de elecciones internas y que se produce tras haber solicitado por segunda vez que rindan cuentas del dinero de la Junta Local de Alicante.

El futuro del centro derecha alicantino.

Cuando se analizan algunos discursos de ciertos dirigentes del Partido Popular de Alicante llama enseguida la atención la existencia de una interpretación de la realidad política muy diferente a la que percibe el ciudadano corriente y los propios afiliados de la organización política. Es muy probable que se trate de mensajes para el consumo externo, pero para quien sigue con cierto detenimiento la vida política y las vicisitudes del centro derecha en los diferentes municipios de la provincia estos discursos poco tienen que ver con la realidad. Estos discursos, estos mensajes deslizados en actos políticos de autocomplacencia se están lanzando en medio de una situación nada favorable, tal y como señalan las encuestas, para las expectativas electorales del Partido Popular. Nada habría que objetar si simultáneamente se estuviesen adoptando las medidas para recomponer la situación y tratar así de evitar lo que algunos anuncian ya, la voladura del proyecto popular en la Provincia. Pero todo parece indicar que no es así. No se vislumbra ninguna señal que anuncie un cambio de estrategia, ni de rumbo.

Algunos medios de comunicación están poniendo de relieve estos días la aparición de  escisiones en el Partido Popular. En varios municipios de la Vega Baja se han creado partidos locales y se han federado en una organización de ámbito regional. En Elche ya son dos, al menos, las escisiones del Partido Popular. En Benidorm parece que pronto se va a consolidar una segunda escisión y en Alcoy un buen número de afiliados del Partido Popular se ha dado de baja en el mismo. Y en Alicante las cosas tampoco van bien. La Junta Local, muerta hace tiempo, ha sido enterrada y va a ser sustituida por Juntas de Distrito no pedidas por los militantes e impuestas desde arriba mientras se amenaza con expulsar a quienes reclamamos más democracia, honradez, transparencia y participación. Así, mientras hay quien saca pecho obviando los problemas surgidos en el proceso de renovación de las Juntas locales tras el último Congreso provincial, lo cierto es que los problemas se multiplican y buena parte de los mismos tienen mucho que ver precisamente en las formas empleadas desde arriba al poner en marcha dichos procesos.

Cuando se habla de democracia interna es un error exhibir como un logro la ausencia de elecciones en muchos municipios. Se habla de alto grado de consenso cuando lo cierto es que, en no pocos casos, desde la provincial se ha presionado para evitar la concurrencia de varias candidaturas como en el caso, por citar sólo uno, de Torrevieja. La democracia interna exige, y así lo establecen los propios estatutos del PP, que exista una absoluta y escrupulosa neutralidad de los órganos superiores en los procesos electorales y ésta no ha sido la norma en todos los casos. Cuando se habla de candidatos “de la Provincial” para determinadas presidencias locales ya se quiebra esa neutralidad. Es curioso, por ejemplo, que esta forma de proceder esté perfectamente asumida hasta por los medios de comunicación que, a la hora de analizar el futuro de localidades como Alicante, barajan posibles candidatos como el preferido por la provincial, el bien visto en Madrid o el señalado por Valencia, pero lamentablemente nadie se pregunta ¿y quién es el preferido por los afiliados? Y es que nadie podrá negar, al menos de cara a la galería, que son los afiliados los que únicamente deberían contar en estos procesos, que su voluntad democráticamente expresada debería ser la única atener en cuenta. Pero no es así.

A nadie se escapa que muchas de las fugas de militantes o escisiones tienen su origen precisamente en la intervenciones superiores en los procesos electorales internos y en el ninguneo a la voluntad de la militancia. Los liderazgos locales tutelados nacen débiles y las consecuencias no se hacen esperar. Cuando se interfiere en la confección de las listas electorales para imponer amiguetes o para excluir a personas poco dóciles, cuando se confecciones las listas de espaldas a los afiliados, cuando se interfiere en las elecciones internas y se huye de la concurrencia plural para la aparición de liderazgos auténticos se termina cosechando lo que hoy puede verse. Es cierto que no ha sido esa la tónica general, pero basta que se haya producido en unos cuantos municipios para que se transmita la actual imagen de fractura. Igual que muchos corren para apuntarse los méritos de los éxitos políticos, alguien debería asumir la responsabilidad de algunos sonados fracasos.

Puede que se sienta la tentación de minimizar las futuras consecuencias de la actual situación, pero sería un grave error. Con las tendencias electorales en la mano, la más mínima fractura podrá en el futuro hacer que el Partido Popular pierda la Diputación Provincial o importantes Ayuntamientos como el de Alicante. No es correcto imputar la tendencia electoral a la bajo únicamente al desgaste del Gobierno de la Nación, a ello hay que sumar la valoración de la gestión autonómica y la grave preocupación por la corrupción entre los ciudadanos. Más de la mitad de los votos que ya han abandonado al Partido Popular anuncian su intención de voto futuro para UPyD.

En medio de este panorama debería ser un imperativo político para nuestros dirigentes un cambio de rumbo, un nuevo talante para tratar de restañar heridas, para rectificar errores pasados y tender puentes de diálogo con aquellos que se han visto obligados a marcharse. Los esforzados y sacrificados afiliados populares no se merecen todo lo que está ocurriendo. El centro derecha debe recomponerse lo antes posible porque las fracturas son más profundas de lo que algunos piensan y porque pueden seguir agrandándose. Una vez más, la necesidad de una profunda regeneración se hace evidente y si el Partido Popular no empieza a abrirse a su militancia y a la sociedad recuperando los valores de la democracia interna, la participación, la honradez y la transparencia no podrá remontar las tendencias electorales actuales. Lo veremos con el tiempo.

Santiago de Munck Loyola

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EL FORO ESPERANZA POPULAR METE LA CUÑA (Diario El País).

Para la dignidad del Congreso nada mejor que una moción de censura en fraude de ley.

Vaya por delante que un servidor cree que el Presidente Rajoy debería haber comparecido de motu propio ante el Congreso de los Diputados para ofrecer las explicaciones que fueren precisas sobre las nuevas revelaciones o nuevas versiones que el Sr. Bárcenas anda divulgando. Bien es cierto que el Congreso está para legislar y para controlar la acción del Gobierno y no para dilucidar otras cuestiones, pero dada la relevancia que han alcanzado las nuevas versiones del ex tesorero del PP parece que las explicaciones ofrecidas por Rajoy en febrero ya no son suficientes y que, por tanto, aplicar las técnicas arriolistas es más bien contraproducente. Más vale una vez colorado que ciento amarillo dice nuestro refranero y con la doctrina Arriola parece que el color amarillo va a permanecer largo tiempo en la faz del Presidente. Pero de ahí a comparecer en los términos solicitados por el PSOE, es decir “admitiendo su culpabilidad y de forma previa a su dimisión” hay un verdadero abismo. El PSOE no quiere que el Presidente comparezca ante el Congreso para dar explicaciones y conocer así su versión, no. El PSOE no quiere conocer ninguna explicación, ni ninguna versión. El PSOE cree ciegamente a Luis Bárcenas y ya ha dictado su peculiar sentencia: el Presidente es culpable, no se sabe muy bien de qué, y por tanto debe dimitir. Por tanto, es perfectamente comprensible que una comparecencia presidencial establecida en esos términos, con dimisión incluida, sea inaceptable para el Presidente y, por supuesto, para la mayor parte de los representantes de la soberanía popular. Pero dicho esto, no hay nada que impida que el Presidente comparezca en los términos que le señale la mayoría de la cámara y esa comparecencia serviría para dejar de alimentar la posición de una oposición sin liderazgo, sin legitimidad moral y sin proyecto para sacar a España de la crisis a la que ella misma la condujo en la anterior legislatura.

Es especialmente significativo que el Sr. Rubalcaba y su partido anuncien la presentación de una moción de censura en el caso de incomparecencia de Rajoy y que para ello apelen a la “dignidad” de la Cámara donde reside la soberanía popular. Una moción de censura requiere la presentación de candidato alternativo, con un programa concreto, que debe ser sometido primero a examen y después a votación. La moción de censura no obliga al Presidente censurado a comparecer ante la cámara para responder a ninguna cuestión. El que ha de responder es el aspirante. Y lo que llama la atención es que, de una parte, se intente usar un mecanismo constitucional para lograr un efecto, la comparecencia presidencial, que no está asegurado y, de otra, que apelando a la dignidad de la cámara, la que elabora y aprueba leyes, se intente usar un mecanismo legal en auténtico “fraude de ley”. ¿Tienen patente de corso los parlamentarios, en este caso los socialistas, para institucionalizar el “fraude de ley” en el propio parlamento? ¿Ésa es la base de la ejemplaridad y la dignidad de la cámara que predican?

Una ventaja añadida que proporciona la peregrina ocurrencia de esta moción de censura fraudulenta es que permite retratar mejor a los actores e ir poniendo a cada uno en su sitio. Los comunistas de IU no quieren ni oír hablar de la dichosa moción. Lo que a ellos interesa son elecciones anticipadas que para ello las últimas encuestas les favorecen. Los nacionalistas miran para otro lado, de una parte porque los grupos independentistas catalanes están metidos de lleno en casos de corrupción y de financiación ilegal de sus formaciones políticas y, de otro, porque una hipotética moción de censura solo les interesaría si con ello aseguran su proyecto secesionista. Y finalmente tenemos a UPyD que se ha retratado perfectamente. Rosa Díez y los suyos están dispuestos a avalar a Rubalcaba como candidato a la Presidencia del Gobierno y por consiguiente sí apoyarían la presentación de la citada moción. Bueno es que se sepa, así todos los ex votantes del PP que según las últimas encuestas estarían dispuestos a transferir su voto a la formación de Rosa Díez saben ahora que significaría votar, en última instancia, al PSOE. Ya ocurrió en Asturias por lo que nadie debería llamarse a engaño. Y es que la cabra siempre tira al monte.

Por el bien de nuestra democracia, por su estabilidad y, sobre todo, por au tan necesitada regeneración es imprescindible que se aclare la verdad sobre el asunto Bárcenas y sobre la posible financiación ilegal del Partido Popular como también lo es que se aclare la verdad y se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar en el otro escándalo, aún bajo investigación, y que afecta al principal partido de la oposición, el caso del ERES falsos que por su cuantía y por el origen de los fondos defraudados es de primera magnitud. No se trata de jugar al “y tú más” sino de que los dos principales partidos de España den la cara y asuman las responsabilidades que les corresponden. Porque así no se puede seguir.

Santiago de Munck Loyola

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Nuestro Bárcenas es su musa.

La incesante lluvia de noticias sobre el Partido Popular, sobre sus cuentas y sobre Bárcenas estará causando entre los votantes y, sobre todo, entre los militantes populares mucho desconcierto, desasosiego o indignación y más entre aquellos que llevan en el Partido Popular toda la vida, los que no provienen de otros partidos, porque seguramente se resistirán a creer lo que oyen o leen y porque no se identificarán con la imagen pública que se está creando. Hay que dejar cierto reposo y reflexionar bastante antes de otorgar credibilidad a lo que estamos escuchando.

Es cierto que esa supuesta contabilidad que se ha hecho pública y que nadie ha desmentido refleja gastos que no son acordes con lo que los populares hemos venido defendiendo como criterios de actuación política en el ámbito de las administraciones públicas. Esos gastos reflejados pueden desvelar muchas cosas, pero desde luego no se puede hablar ni de principios de austeridad ni de eficacia en el gasto cuando se analizan esas partidas: lencería, tabaco, ponis, comilonas, etc. No parece muy ético que la dirección provincial de Alicante se gastase tan sólo en el año 2011 más de 35.000 euros en comilonas, tal y como se ha publicado. Y más si se tiene en cuenta que un año después se pide un euro por afiliado para tapar un agujero de más de 100.000 euros sin explicarnos de dónde viene. ¿Qué militante daría el visto bueno a esos gastos? Más bien pocos. El dinero gastado de tan alegre forma provenía de subvenciones públicas, de donaciones y de cuotas de afiliados. Todo aquel que sienta que su dinero ha sido mal empleado, por usar un término suave, tendrá cuando menos el derecho a pedir las explicaciones que considere necesarias. Y el Partido Popular deberá darlas.

Pero el principal asunto que está ocupando las portadas y que tiene a todo el mundo en vilo es el asunto Bárcenas. Las últimas declaraciones del ex tesorero popular son de lo más inquietante y están siendo aprovechadas por la izquierda de forma bastante miserable, por cierto. Del asunto de los sobresueldos ahora se ha pasado a una presunta financiación ilegal del Partido Popular y se exige la comparecencia ipso facto del Presidente Rajoy tras cada nueva revelación, su inmediata dimisión y hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. Bárcenas se ha convertido en el perfecto aliado de la izquierda  que da por ciertas todas y cada una de sus afirmaciones las pruebe o no, se contradiga o no con declaraciones anteriores. ¿De qué estamos hablando realmente? Hay dos asuntos importantes en todo este embrollo: de una parta las afirmaciones de Bárcenas relativas a que ha ido repartiendo en la cúpula popular sobresueldos, a que dichos sobresueldos han podido ser en B (es decir, engañando a hacienda) y a que algunos de ellos podrían haber sido percibidos por ministros de Aznar, entre los que se cita a Rajoy, teniéndolo prohibido y, de otra parte, relativas a la posible financiación irregular o ilegal del Partido Popular. Salvo el famoso cuaderno de Bárcenas reflejando una hipotética contabilidad B del Partido Popular no ha aparecido aún prueba alguna que sustente todas las acusaciones del “cabrón” de Luis. Se sabe que el Sr. Bárcenas posee una considerable fortuna y se sospecha que su origen no es el que él cuenta. Se sospecha, pero aún no se sabe, que ese dinero puede provenir de donaciones superiores a las legalmente permitidas que el Sr. Bárcenas podría haber repartido con un exceso de caridad hacia si mismo, ya se sabe, la mitad para él, la mitad para el partido. De momento hay declaraciones suyas contradictorias, un cuaderno con una supuesta contabilidad B que él ha fabricado y unos SMS que no comprometen legalmente, aunque puede que moralmente sí, al Presidente Rajoy. Y con estos ingredientes el PSOE la está montando. Hay que reconocer que el Sr. Bárcenas le ha venido muy bien a los socialistas. Y en esta ocasión, como en el 11M, el Partido Popular está gestionando muy mal, muy torpemente la crisis. Por cierto, Bárcenas no chantajea al Estado de Derecho, si está haciendo algún chantaje será, en todo caso, al Partido Popular y a sus dirigentes. Las cosas claras.

Con la munición de Bárcenas, el PSOE ha aprovechado para pedir que Rajoy comparezca, para pedir su dimisión, para romper relaciones con el Partido Popular (¡qué les importa el paro o la ruptura de España!) y para anunciar hasta una hipotética moción de censura condenada al fracaso de antemano. El PSOE con un candidato al que ni en su casa lo quieren como tal, sin acuerdos parlamentarios viables y creíbles y sin los votos necesarios para que prospere está dispuesto a usar el mecanismo de censura con total y absoluta irresponsabilidad, sólo para hacer ruido y para desgastar más al gobierno. No hace falta insistir, por cierto, que a los socialistas además de un candidato solvente, además de los votos, les falta legitimidad moral para poder articular una moción de censura y es evidente que los responsables y encubridores en estos momento del latrocinio de más de 1.000 millones de los ERES andaluces carecen de legitimidad moral alguna, al igual que sus cómplices encubridores de IU de Andalucía. Estos no quieren moción de censura, quieren elecciones anticipadas para aprovechar el tirón vaticinado por las últimas encuestas. Su motivación es sólo pragmatismo electoral.

No hay por ahora prueba alguna de la existencia de sobresueldos ilegales en la cúpula popular (hechos en B o estando vigente alguna prohibición expresa como en el caso de los ministros). Tampoco hay prueba de financiación ilegal. Pero aún en este supuesto no está de más alguna observación. La financiación ilegal de los partidos políticos no es un delito. Puede que la haya en el Partido Popular, aún no se sabe y habrá de demostrarlo, pero hasta el día de hoy sí ha habido partidos condenados por casos de financiación ilegal. Tenemos el caso reciente de Unión Democrática de Cataluña y tenemos el lejano caso del PSOE con FILESA, MALESA Y TIME EXPORT. ¿Dimitió Felipe González por aquello? ¿Dimitió por haber nombrado en los cargos orgánicos de su partido a los que organizaron aquel tinglado? Evidentemente no. No resulta por tanto muy coherente que quienes entonces defendieron la continuidad de González reclamen ahora con tanto teatro la doctrina contraria. Y esto no quiere decir, ni mucho menos, que quienes creemos en la regeneración democrática no pensemos ni vayamos a dejar de exigir que se depuren responsabilidades, caiga quien caiga, si se demuestran irregularidades en la financiación de Partido Popular. Pero haya que exigir cada cosa en su momento y hacerlo cuando se puede hacer, es decir, cuando se tiene legitimidad moral y política para hacerlo.

A pesar de la desazón, de la tristeza y de la incertidumbre que muchos puedan sentir desde sus ideales políticos, ahora puestos en cuestión, hay que tener la certeza de que de esta negativa experiencia, de esta oscuridad política saldrá algo positivo. Más luz, más transparencia y más democracia interna que digan lo que digan sigue siendo el mejor antídoto contra estas situaciones.

Santiago de Munck Loyola

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