A escándalo por día.

No hay día que pase sin que se produzcan nuevas revelaciones en torno a las andanzas del Sr. Bárcenas, a la supuesta contabilidad del Partido Popular o a algún que otro escándalo que afecta al partido del gobierno. Y no es que a la vez no se produzcan también revelaciones tan escandalosas o más sobre el PSOE y su ristra charcutera de imputados por el caso de los EREs falsos y el latrocinio sistemático del dinero destinado a los desempleados, pero es evidente que estas revelaciones no alcanzan el mismo eco ni en los medios de comunicación que, salvo honrosas excepciones, utilizan sordina ni en las redes sociales en las que no pocos han dado rienda suelta a sus delirios y a sus instintos antidemocráticos apelando al golpismo de la peor especie.

Sin embargo, dejando al margen las informaciones sobre Bárcenas, que todavía no se sabe si mintió ante el juez cuando negó los sobresueldos o miente ahora cuando dice lo contrario aunque su palabra sea ahora dogma para la izquierda, y dejando también al margen el asunto de los ERES, el mayor latrocinio de la historia de la democracia aunque el robo a los parados no incite a la convocatoria de ninguna concentración ante las sedes socialistas, es preciso detenerse sobre las informaciones publicadas ayer en torno a la supuesta contabilidad oficial del PPCV porque son especialmente significativas para quienes hemos dedicado nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro dinero al mismo.

Ayer, el Diario Información de Alicante se hacía eco de la publicación de la supuesta contabilidad oficial del PP en una página de Internet. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los datos publicados se refieren exclusivamente a la supuesta contabilidad de las direcciones provinciales y no de las Juntas Locales del PP que, al parecer, campan a su aire en estos temas de contabilidad con asociaciones paralelas donde se reciben ingresos y se cargan gastos. Por tanto, no se habla del dinero movido por ciudades tan importantes como Alicante o Elche, en el caso de nuestra Provincia. En el caso concreto de la Junta Local de Alicante la contabilidad es un auténtico misterio. Los afiliados no hemos recibido jamás la más mínima información, ni se nos ha rendido cuenta de qué se ha hecho con nuestro dinero y algo raro debe pasar porque se niegan a mostrar las cuentas a los afiliados que lo hemos solicitado. Se niegan a decirnos, por ejemplo, qué presupuesto extraordinario de campaña electoral se aprobó en 2011 y cómo se gestionó. Y lo más lamentable es que tendremos que ir a los juzgados para conocer esa contabilidad de la Junta Local de Alicante.

Pero dicho esto y en un primer repaso de la supuesta contabilidad publicada hay algunos datos que sorprenden enormemente. Primero que nuestros diputados se premien a si mismos en plena crisis con sobresueldos, eso sí aparentemente legales, por casi 500.000 euros en 2011, un año en el que por cierto tuvieron poco trabajo parlamentario. Y ésta no es una cifra supuesta, sino cierta. No hay que olvidar que los parlamentarios se fijan a si mismos sus retribuciones y que es de suponer que la cuantía estipulada es la justa por el trabajo que realizan. ¿Entonces por qué se asignan cantidades extras como gastos de representación? ¿Por qué se disfrazan las retribuciones de forma tan vergonzante? Segundo, aparecen reflejados gastos de desplazamientos de campaña electoral en el Grupo Parlamentario por importe de 113.500 euros. Una vez más algunos confunden el Partido con el Grupo Parlamentario y caen en lo mismo que en su día denunciaban a los adversarios políticos. Que el Presidente Zapatero acudiera a los mítines de su partido en un avión oficial estaba mal porque con dinero público se cubrían gastos electorales de partido y eso, se quiera o no, es lo mismo que pagar los kilometrajes de los mítines de los diputados.

Y hay que ver lo bien que tenemos alimentados a nuestros dirigentes políticos. Como a los pobres no les llega el sueldo y, al parecer, el trabajo les cunde mucho más mientras comen en un establecimiento público y no en su casa, pues nada les pagamos las comidas. Así, los miembros de la ejecutiva provincial de Alicante se sacrificaron en 2011 por la causa y se gastaron 35.000 euros en comidas. ¡Ahí es nada! Por la diferencia de gasto entre provincias se ve que los dirigentes alicantinos son más comilones o tienen más trabajo gastronómico que sus conmilitones regionales. Y para qué hablar ya de algunos otros gastos en lencería o en tabaco para las reuniones.

Al final de todo esto quedan algunas sensaciones y se fortalecen algunas convicciones. Queda cierta sensación de engaño, de estafa, porque queda patente que mientras muchos miles de militantes han sacrificado su tiempo, su esfuerzo y su dinero generosa y desinteresadamente por unos ideales, otros se han aprovechado de ello y han puesto el cazo. Unos pocos, pero bien situados, han manejado y siguen manejando toda una estructura de forma poco escrupulosa. Y se fortalece la convicción de que con más democracia interna no ocurrirían estas cosas con la frecuencia que se producen porque más democracia interna implica más control sobre los dirigentes y más responsabilidad de los mismos antes las bases. Se fortalece igualmente la convicción de que los partidos políticos sólo deben ser financiados por las cuotas de sus afiliados, de que hay que acabar con las subvenciones que riegan tan generosamente sus arcas. Y, sobre todo, crece la convicción de que tarde o temprano los que hoy nos hacen sentir vergüenza terminarán por pagarlo.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

¿Fin del sistema bipartidista?

La encuesta publicada hoy por el Periódico de Cataluña confirma las tendencias que han venido señalando otros estudios demoscópicos anteriores. Se confirma una gran caída en intención de voto de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE (aunque llamar ahora partido nacional al PSOE sea inexacto) y un notable incremento tanto de IU y UPyD. Según las proyecciones de esta encuesta el PP seguiría siendo el partido más votado y obtendría en torno a un 28 % de los votos, es decir, un 16 % menos que en noviembre de 2011 y el PSOE, incapaz de aprovechar el desgate del partido del gobierno, se situaría de nuevo en el segundo puesto alcanzando un 25,5 % de los votos, el peor resultado de su historia electoral. La suma de los votos de ambos partidos que tradicionalmente se ha venido situando en torno al 80 % se derrumba hasta un 53,6 % lo que es interpretado por muchos analistas como el preludio del fin del bipartidismo en España.

Según esta misma encuesta y confirmando la tendencia apuntada en las anteriores, el derrumbe de PP y PSOE es aprovechado por los comunistas de IU que superarían el 15 % de los votos y por los híbridos de UPyD, el personalista partido de Rosa Díez, que rebasaría el 12 % de los votos. Y estas expectativas de voto en medio de una abstención record en la historia de nuestra democracia, el 40 %, que evidencia claramente una profunda desafección de una buena parte de la población hacia el sistema democrático vigente.

Desde la perspectiva de la gobernabilidad de nuestro país, el panorama no es muy alentador. Tenemos antecedentes históricos más que suficientes como para sospechar que un sistema de partidos tan fragmentado no es precisamente lo mejor para garantizar la imprescindible estabilidad gubernamental y, menos aún, cuando la propia supervivencia del Estado está puesta en tela de juicio por los desafíos de los partidos independentistas.

Parece claro que la fuga de votos del PSOE se dirige fundamentalmente hacia su izquierda, es decir, a favor de IU. Entre las causas de esta creciente pérdida de peso electoral seguramente estarán el recuerdo de la desastrosa gestión de la crisis por parte del Gobierno de Zapatero, la inexistencia de autocrítica, la ausencia de renovación dentro del socialismo, la falta de credibilidad en las labores de oposición lastradas por un clamoroso oportunismo, la debilidad del liderazgo de Pérez Rubalcaba, la desaparición del sentido nacional del PSOE siempre dispuesto a ceder terreno a los socialistas catalanes y escándalos tan graves como el caso de los EREs de Andalucía.

En cuanto al PP, la encuesta proporciona un dato importante: la mitad de los electores que se marchan votarían a UPyD. Este dato es muy significativo porque evidencia que una buena parte de votantes populares desencantados están dispuestos a otorgar su voto a un partido cuyos orígenes están en la izquierda y que, aunque ideológicamente confuso, mantiene posiciones alejadas del ideario político del centro derecha. Es muy probable que, aunque UPyD pueda ser caracterizado como un partido de centro izquierda, una buena parte del votante de centro derecho esté dispuesta a darle su voto porque encuentra en su discurso tres elementos importantes que no termina de distinguir con la suficiente nitidez en el discurso popular:

• Una posición más beligerante y nítida a la hora de abordar el proceso para acabar con el terrorismo etarra.
• Una posición más contundente frente a los nacionalistas y los diferentes procesos independentistas puestos en marcha.
• Un discurso más radical respecto a la unidad del Estado y la reforma del sistema autonómico.

Si a esta peculiaridad se suma el evidente desgaste que toda acción de gobierno comporta y especialmente en una situación tan difícil como la que le ha tocado lidiar al Gobierno de Rajoy que ha derivado en graves incumplimientos del programa electoral y un profundo desencanto y bochorno por las continuas noticias sobre presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Popular en todos los niveles y frente a los cuales no se transmite la imagen de una reacción contundente para acabar con los mismos, es fácil comprender esta fuga de votos. La política de comunicación del Gobierno no es buena y la del Partido Popular tampoco. Está pesando mucho más ante la opinión pública lo negativo que los logros del Gobierno que los hay y muy importantes. Es evidente que los resultados de la doctrina Arriola, “ponerse de perfil frente a los problemas”, no sirve o al menos así lo señalan las encuestas. El PP tiene delante una importante tarea si quiere seguir siendo un gran partido con capacidad de gobierno y en la casa deberían preguntarse quién se va, por qué se va y rectificar lo que haya que rectificar que no es poco.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Contra la corrupción no valen las lágrimas de cocodrilo.

Durante las últimas semanas se han venido sucediendo distintas declaraciones de líderes del Partido Popular, Arantza Quiroga, Esperanza Aguirre, Ignacio González o Martínez Pujalte, por citar sólo a algunos, en las que manifiestan su asco, su vergüenza o bochorno por las continuas noticias relativas a presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Todos ellos se hacen eco, de una forma u otra, del enorme disgusto o de la indignación que los casos de corrupción causan, no sólo entre los ciudadanos, sino también entre los militantes del partido que se sienten defraudados y, además, desorientados con las respuestas que estas informaciones reciben desde la dirección del Partido Popular.

Como decía Arantza Quiroga, el militante no puede comprender, ni acepta, que mientras su condición de militante exigía sacrificios económicos y personales, otros se lo estaban llevando crudo por el simple hecho de ostentar puestos orgánicos de responsabilidad, a saber, sueldos institucionales, más sueldos orgánicos en el partido más toda clase de gratificaciones o indemnizaciones. El militante no puede comprender, ni acepta, que compañeros del Partido que ostentan responsabilidades institucionales están incursos en diferentes procesos judiciales por corrupción sin que el Partido, en la mayoría de los casos, reacciones con firmeza apartándoles de los grupos populares institucionales alegando una supuesta defensa del derecho a la presunción de inocencia. Que se sepa, la defensa de este derecho no está reñida con la adopción de medidas cautelares como le ocurre a cualquier ciudadano no perteneciente a la clase política.

La falta de una reacción contundente y convincente por parte del Partido Popular sigue alimentando la desafección ciudadana en general y el profundo malestar en particular de los militantes populares. Bueno, lo de la falta de reacción no es del todo cierto, a algunos militantes se nos quiere expulsar del Partido por criticar conductas inadecuadas y por exigir más honradez. Y es que no basta con expresar públicamente sentimientos de indignación, de bochorno o de asco ante esta situación. La pública expresión de sentimientos está muy bien para copar los titulares de los medios de comunicación y para tratar de mostrar cierta empatía con el militante, pero no es suficiente. Los sentimientos deben traducirse en ideas y las ideas en acciones concretas que sirvan para corregir los problemas y para demostrar, con hechos, la firme actitud del Partido Popular ante el grave problema de la corrupción. Y eso solo puede lograrse combatiendo sus causas. Hacen falta hechos ejemplares, medidas eficaces y una eficaz comunicación ante los ciudadanos. El Partido Popular no es un partido de corruptos aunque haya en su seno algunos aprovechados y eso debería quedar bien claro. Pero ese mensaje no cuajará sin acciones concretas.

Algunos, además de denunciar este estado de cosas, no nos hemos venido limitando a ello, sino que hemos venido proponiendo la adopción de medidas concretas que podrían contribuir a combatir la corrupción y los negativos efectos que se están produciendo en la imagen del conjunto de la clase política. Tanto a título individual como desde el Foro Esperanza Popular Movimiento de Bases hemos defendido la necesidad de promover una regeneración democrática de las instituciones y de sus gerentes, los partidos políticos. Entre otras, proponemos las siguientes:

En el ámbito interno del Partido Popular: más democracia interna promoviendo el protagonismo que corresponde a los militantes e incluso la democracia participativa de los mismos a través de las redes sociales de modo que puedan elegir directamente a sus dirigentes territoriales y participar en la elaboración de las candidaturas; el establecimiento de rígidas incompatibilidades de los cargos públicos: una persona, un cargo; más transparencia de modo que los militantes conozcan las cuentas del partido, las fiscalicen y sepan en qué se emplea el dinero; la adopción de un nuevo código ético más concreto que las normas actuales; prohibición del acceso a cargos públicos de personas sin experiencia laboral previa; exclusión temporal del los grupos institucionales populares de todo cargo público imputado que voluntariamente no solicite su baja temporal de los mismos; limitación de los mandatos tanto orgánicos como de representación; más cauces de participación y debate internos; establecimiento de la figura del defensor del afiliado que impida las persecuciones políticas internas y garantice el libre ejercicio de los derechos políticos recogidos en la Ley de Partidos; rendición de cuentas de los cargos representativos en las instituciones ante los militantes del ámbito territorial respectivo; prohibición de percepción de retribuciones por el desempeño de cargos orgánicos.

En el ámbito externo:

• Elaboración de un Estatuto del Cargo Público que elimine los privilegios de la clase política: reducción de aforados, establecimiento del régimen fiscal general a todos los parlamentarios y el mismo régimen general de seguridad social a efectos de cotizaciones para las pensiones, eliminación de indemnizaciones por razón de cese, limitación de mandatos, limitaciones retributivas, limitación de puestos de libre designación en todas las administraciones públicas, nuevo régimen de incompatibilidades más severo, etc.
• Aprobación de una Ley sobre Retribuciones Públicas que afecte a cualquier retribución que tenga su origen en fondos públicos ya sea abonada por administraciones públicas o empresas y/o asociaciones subvencionadas y que suponga una limitación de las cuantías mediante el establecimiento de una tabla salarial cuya máxima cuantía corresponda a la Presidencia del Gobierno.
• Reforma de la Ley de contratación de las Administraciones Públicas de modo que se eliminen de la misma los criterios de discrecionalidad en la adjudicación de contratos.
• Reforma de la Legislación sobre el Suelo para reducir los criterios subjetivos o discrecionales en la tramitación de las aprobaciones del planeamiento.
• Reforma de las leyes procesales para agilizar la tramitación de los procedimientos penales.
• Reforzar la independencia judicial despolitizando la elección de los órganos de gobierno del poder judicial.
• Reforma de la financiación de los Partidos Políticos eliminando las subvenciones públicas de modo que se sostengan según la voluntad de su militancia y limitación y publicidad de las donaciones a los mismos.
• Reducción del límite de los gastos de campañas electorales y fiscalización inmediata de los mismos por una nueva Sección de las Juntas Electorales.

Éstas son algunas de las medidas que hemos venido proponiendo, pero hay aún más otras medidas que podrían adoptarse. No basta con lamentarse, no basta con quejarse. Es preciso actuar con medidas concretas si de verdad se quiere dar un paso más, si se desea convertir las palabras en hechos y volver a recuperar la confianza ciudadana. De lo contrario habrá quien piense que las lágrimas sólo son de cocodrilo.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Seguimos creciendo.

En una reunión celebrada en Elche, en la sede del Foro de Elche, el pasado 11 de junio, entre representantes de esta entidad y miembros del Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases, se acordó estrechar la colaboración entre ambas entidades con el fin de fortalecer el trabajo en favor de la regeneración democrática en el ámbito de la Comunidad Valenciana. En dicha reunión los participantes entre los que se encontraban Miguel Picher, Lola Romeralo y Santiago de Munck se expusieron los principales objetivos de la Asociación Foro Esperanza Popular Movimiento de Bases: que ya cuenta con miembros en más de 65 municipios de la Comunidad Valenciana y en la que tienen cabida tanto ciudadanos a título personal como personas jurídicas.

La Asociación Foro Esperanza Popular – Movimiento de Bases tiene como principales objetivos favorecer la participación de los ciudadanos, afiliados o no a partidos políticos, que quieran la regeneración democrática tanto en el ámbito político como económico y social; promover el protagonismo del ciudadano para reformar, transformar o remover los obstáculos que impiden el desarrollo de una sociedad más democrática, más justa y más honrada; reivindicar el valor de la dignidad de la persona, de la familia, de la libertad y la igualdad real entre los españoles, de la democracia, el diálogo y la tolerancia; y promover la regeneración democrática y, en especial, la de los partidos políticos, principales agentes de la participación de los ciudadanos en la vida política.

Finalmente, en este encuentro, se acordó la incorporación del Foro de Elche en la Asociación Foro Esperanza Popular Movimiento de Bases así como la incorporación de ciudadanos de Elche a título individual. En los próximos días del mes de julio se desarrollará el acto de formalización de esta decisión. Con ello, el movimiento regenerador que representa nuestra asociación recibe un notable impulso que redundará, con toda seguridad, en su capacidad de actuación.

Es preciso insistir, una vez más, que el Foro Esperanza Popular Movimiento de Bases no es un partido político ni, por supuesto, ninguna corriente de opinión dentro de un determinado partido político. Es una asociación cívica cuyo principal objetivo es promover la regeneración democrática de las instituciones y de los partidos desde unos determinados principios ideológicos que algunos podrían definir propios del centro derecha. Los miembros de la Asociación, militando en diferentes partidos o sin militancia alguna, compartimos le necesidad de promover la regeneración democrática como requisito imprescindible para fortalecer las instituciones democráticas y su arraigo en el conjunto de la ciudadanía y adquirimos, por tanto, el compromiso de defender allí donde es posible valores y pautas de conducta como la honradez de los cargos públicos, la ejemplaridad de la clase política, la austeridad y la eficacia en la gestión pública, la democracia interna y participativa en los agentes políticos y sociales, la participación, el debate público y la libertad para los militantes y afiliados de dichos agentes sociales, la transparencia en su financiación, la limitación de mandatos de los cargos públicos, la responsabilidad y rendición de cuentas ante los militantes de los cargos institucionales o la exigencia de experiencia laboral previa para el acceso a cargos públicos sean electos o de libre designación.

No pasa un día sin que las diferentes noticias publicadas en torno a los problemas de corrupción o de ineficacia en la gestión pública dejen de confirmar y ratificar la necesidad de un movimiento como el que representa la Asociación Foro Esperanza Popular Movimiento de Bases. Es una exigencia ética trabajar para que una actividad tan noble como la política recobre el aprecio ciudadano que, por la conducta poco ejemplar de unos pocos y la pasividad o complicidad de muchos, ha disminuido de forma tan notable.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

¡Cuanta razón tienes Arantza!

Ayer, la nueva Presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga aseguró ante Mariano Rajoy que el “caso Bárcenas” le parecía “vomitivo” y que el Partido Popular, cuando pudiese, debería “afrontar la recuperación de la confianza perdida” por culpa de “algunos”. Quiroga afirmó con rotundidad que “todos los militantes del PP están asqueados” con el tema de Bárcenas y desean que la Justicia “actúe con rapidez”. De forma muy elocuente recordó que mientras que a algunos les temblaban las piernas cuando tenían que ir a un Pleno en el País Vasco, otros estaban a otra cosa, estaban dedicados a hacer “caja”. ¡Qué gran verdad! ¡Qué contraste entre el valor, la generosidad y el heroísmo de algunos y la miseria política y moral de otros!

No se equivoca un ápice Arantza Quiroga cuando afirma que todos los militantes del PP están asqueados por este asunto, pero se queda corta. La mayoría de los militantes del PP estamos asqueados por este y por otros asuntos que afectan a la trayectoria política y a la imagen de nuestro partido y no queremos consolarnos con la idea de que en todas partes cuecen habas. Hablamos de nuestra propia casa y lo que ocurra en ella será un grave condicionante de la credibilidad del discurso popular. No se puede señalar la paja en el ojo ajeno ignorando la viga que ciega el propio.

Asquea a cualquier militante el llamado caso Bárcenas y todo lo que en torno al mismo se va conociendo con cuentagotas. Asquea, no ya el simple hecho de que un señor se haya “forrado” durante años a costa de las cuentas del Partido Popular sin que nadie notase nada extraño, sino también que algunos dirigentes hayan estado cobrando sobresueldos, indemnizaciones o gratificaciones, legales o ilegales, porque parece que la suma de las retribuciones de los cargos públicos que desempeñaban más los sueldos de los cargos orgánicos suponen unas cifras más que dignas para vivir. Asquea saber que mientras que algunos teníamos que poner dinero de nuestro bolsillo hasta para comprar la cola de las pegadas de carteles o para pagar los autobuses con los que nos desplazábamos al país Vasco para apoyar a nuestros compañeros otros nadaban en la abundancia nacida de donativos, seguramente poco desinteresados.

Asquea a cualquier militante que el nombre de nuestro partido se asocie con tramas presuntamente corruptas y dadivosas hasta extremos increíbles. Asquea que se mantengan privilegios fiscales o en materia de pensiones a sus señorías mientras se imponen duras cargas al resto de los ciudadanos. Asquea el hecho de que la presencia de imputados y procesados en diferentes bancadas populares no se salde con la pública reprobación de los mismos o, al menos, con su apartamiento cautelar de la protección del paraguas de las siglas del partido. Asquea que diputados sean sorprendidos in fraganti conduciendo ebrios y no presenten su dimisión ante la absoluta irresponsabilidad y falta de ejemplaridad que su conducta implica. Asquea que haya cargos públicos ostentando muy altas responsabilidades habiendo mentido en su curriculum durante años y que el descubrimiento de esta circunstancia no suponga su cese inmediato. Asquea que los militantes sean ignorados en muchas ocasiones a la hora de designar a los líderes territoriales del partido o a la hora de informarles debidamente sobre las finanzas del Partido y que los incumplimientos sistemáticos de los Estatutos del Partido o del Código de Buenas Prácticas por parte de algunos dirigentes no reciba el reproche público de quienes tienen potestad para ello.

Da asco, en definitiva, que una vocación tan noble como la política esté siendo envilecida por algunos mercenarios, pocos, es verdad, pero muy significativos y estratégicamente situados no por la voluntad del militante sino del “dedazo” superior. Da asco que algunos, sin formación alguna y sin más mérito profesional que la especialización en el arte de hacer pasillo, en el del peloteo, o en el derivado de su parentesco o de sus amistades, hayan logrado ocupar escaños, concejalías o alcaldías, convirtiendo la política en un simple modus vivendi y no en un servicio al interés general y al ciudadano.

Bárcenas es algo más que un señor espabilado. Es la representación, la personificación de un peculiar modo de entender la política que desgraciadamente es, en su esencia, perfectamente asimilable a muchos otros comportamientos que, sin un componente económico tan claro, participan de todo lo contrario a lo que significan los valores y los nobles ideales de una vocación de servicio al bien común. Hay muchos motivos para sentir asco pero todo dependerá del grado de escrupulosidad de cada uno.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Democracia interna 3.0.

En medio del descrédito generalizado de los partidos políticos y de la clase política, se ha puesto en marcha en las redes sociales una iniciativa de recogida de firmas para que los partidos, sindicatos y patronales vivan exclusivamente de sus ingresos y no de las subvenciones públicas (https://www.change.org/es/peticiones/que-partidos-sindicatos-y-patronal-vivan-de-la-x-en-la-declaraci%C3%B3n). Esta iniciativa popular no podía ser más oportuna y coincide con un creciente número de voces que reclaman la regeneración de nuestra democracia. Hay que ser conscientes de que no es posible regenerar nuestro sistema democrático sin el requisito previo de la regeneración de sus actores principales, es decir, de los partidos políticos. Y no son pocos los problemas y deficiencias que aquejan a los partidos políticos en general.

Entre estos problemas están el déficit de democracia interna que se refleja en un procedimiento piramidal inverso en la renovación periódica de sus estructuras, un sistema de financiación poco transparente, sustentado fundamentalmente en la percepción de subvenciones públicas y de donativos de empresas vinculadas a las grandes contrataciones públicas y no en las cuotas de sus afiliados, una parasitación de las administraciones públicas convirtiéndose en agencias de colocación de amigos, una gran distancia de los dirigentes respecto a los ciudadanos, o una ausencia de ejemplaridad de buena parte de la clase política instalada en privilegios fiscales, sociales y económicos. Sin embargo, prácticamente todos los problemas que aquejan a los partidos políticos tienen su raíz última en el fuerte déficit democrático interno. Los liderazgos artificiales, las indefiniciones ideológicas y la consecuente acomodación a las circunstancias coyunturales alejándose de los principios ideológicos, los incumplimientos programáticos y la profesionalización de la política en el peor sentido del término tienen su causa en el incumplimiento del mandato constitucional del funcionamiento democrático interno de los partidos políticos. La adhesión desinteresada y entusiasta del militante ha ido siendo sustituida de forma progresiva por la mercantilización de los cuadros de los partidos, el debate interno por las consignas y los argumentarios,  la contribución de profesionales experimentados en la sociedad civil por la colocación de medradores sin formación ni experiencia que terminan ocupando los cargos públicos por designación superior. Y todo ello, porque la militancia, que no es otra cosa que un reflejo parcial de la sociedad, se ha convertido en un elemento perfectamente prescindible ya que no es necesaria ni su aportación económica ni personal para el éxito electoral.

Hace tan sólo unas semanas, se produjo un debate entre la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal, y el eurodiputado Popular, Alejo Vidal Cuadras, en torno a la democracia interna. Uno de los argumentos usados para medir la menor o mayor democracia interna de los partidos políticos era el número de compromisarios o delegados de los militantes en los congresos nacionales de las formaciones políticas. ¡Ridículo! Los partidos políticos y nuestras instituciones representativas siguen ancladas en los modelos de representación esbozados siglos atrás. Lo que, con muchos matices, podría seguir siendo aplicable a las instituciones representativas que han de debatir, dialogar, consensuar y finalmente tomar decisiones en nombre del cuerpo electoral que, por operatividad, no podía ser consultado de forma continua para tomar decisiones y, por ello, delegaba su soberanía mediante el mandato a sus representantes, no lo es para algo tan simple como es elegir, cada cierto número de años, a los dirigentes de un partido político.

Hoy en día, cuando a través de Internet podemos hacer la declaración de la renta, promover actos administrativos o firmar electrónicamente documentos oficiales ¿para qué necesita un afiliado de un partido político que alguien, en su nombre, elija al líder del mismo? Lo cierto es que los militantes de un partido político no necesitan ni delegados ni compromisarios para elegir a sus líderes porque cuentan con nuevas herramientas a su servicio para manifestar su voluntad, para ejercer su soberanía en cualquier momento y en cualquier lugar. Ni siquiera los necesitan para aprobar las ponencias y demás documentos que suelen someterse a votación en estos eventos. Hasta hace poco, era evidente que en el Congreso o en la Asamblea de un partido político con decenas o cientos de miles de afiliados fuese imposible que todos asistiesen para ejercer su derecho político de participación y de elección y que, por tanto, tuviesen que elegir delegados para que en su nombre actuasen. Hoy ya no es necesario. Hoy es técnicamente posible que los afiliados de un partido político se inscriban para participar en los congresos o asambleas a través de la red, que participen en la elaboración de propuestas y, lo que es más importante, en la elección de sus líderes locales, regionales o nacionales sin necesidad de ningún intermediario, sin ningún filtro, ejerciendo directamente su voto. Y lo mismo es perfectamente aplicable para que los afiliados puedan elegir a sus candidatos en los distintos procesos electorales. Si los partidos políticos no ponen en marcha las nuevas herramientas participativas no es por dificultades técnicas, es por miedo a la democracia directa, por el temor de sus cúpulas y de sus burocracias internas a la pérdida del control de unas poderosas organizaciones, todavía necesarias, pero alejadas de la idea de servicio al ciudadano.

La recuperación de la confianza ciudadana pasa necesariamente por la promoción de la regeneración democrática de las instituciones y ésta por la regeneración de los partidos políticos. La primera tarea debería ser su puesta al día, su actualización en sintonía con las aspiraciones y objetivos de sus militantes y eso sólo puede lograrse con más democracia interna, con más calidad democrática. Hoy no existe ningún obstáculo ni ningún argumento político de peso que impida pasar de la democracia interna representativa a la democracia interna participativa. Es hora, guste o no a algunos, de promover en los partidos y en las demás asociaciones de peso institucional lo que algunos han venido en llamar la democracia interna 3.0. No hacerlo, aferrarse a la defensa numantina de unos modelos caducos y trasnochados, será poner puertas al campo. Una pérdida de un tiempo precioso.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Con AVE y con foto por los pelos.

Tal y como vaticinaban muchos comentaristas en los diferentes medios de comunicación, el trato protocolario que ha recibido hoy la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con ocasión de los actos de inauguración del nuevo AVE a Alicante, ha sido objeto de un detallado seguimiento y análisis. Todos los medios de comunicación, casi sin excepción, han coincidido en varias cosas: que la Alcaldesa de Alicante ha sido relegada en el protocolo oficial, que Mariano Rajoy la ha eludido cuanto ha podido y que la Alcaldesa ha conseguido finalmente “salir” en la foto, aunque fuera a costa de la Bellea del Foc y del Presidente de las Hogueras de San Juan. Incluso a última hora, la Presidenta de Castilla la Mancha y Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal, ha tenido que acudir a los medios para aclarar que ella no ha tratado de evitar a la Alcaldesa de Alicante durante la ceremonia. ¡Cómo habrá sido la cosa para tener que realizar esta aclaración!

Al ver las imágenes y leer las diferentes crónicas sobre este importante día para Alicante, como vecino, tengo cierta sensación de malestar y de vergüenza. Malestar porque cuando alguien evita a la Alcaldesa de nuestra ciudad porque está imputada por tres graves delitos o cuando se la margina en los actos protocolarios, con diferentes excusas, pero se la margina al fin y al cabo, a quien se está evitando o marginando es a la representante de todos los vecinos de Alicante, a la máxima autoridad de la ciudad de Alicante. Vergüenza por los intentos, aparentemente desesperados, de la máxima autoridad municipal por arrancar una foto con quienes no tienen muchas ganas de fotografiarse con ella.

Da la sensación de que hace tiempo que la dignidad política ha desaparecido de nuestro entorno próximo. Cuando se leen las transcripciones de las grabaciones de las conversaciones de toda una Alcaldesa con un proveedor municipal se siente bochorno por el tono cutre que se emplea. Cuando se leen determinadas declaraciones judiciales en las que se reconoce abiertamente que se usa el más alto cargo de la ciudad para pedir empleo para los amigos y conocidos, se siente bochorno. Cuando se conocen las informaciones sobre cómo se realizan determinadas adjudicaciones y a quien en una ciudad como la nuestra, se siente bochorno. Y cuando se ven determinadas escenas como las de hoy se siente también bochorno y vuelve la pregunta ¿dónde está la dignidad inherente al desempeño de un cargo político representativo?

Es francamente difícil entender la situación porque quienes deberían haber tomado determinadas decisiones no lo han hecho o lo han hecho de forma bastante tibia. Y ello sólo contribuye a aumentar el desconcierto de los ciudadanos. Es bastante difícil comprender que alguien que esté imputado no pueda ostentar ningún cargo interno en el PPCV, tal y como ha establecido el Presidente Fabra, y simultáneamente no exista inconveniente alguno para que siga perteneciendo al Grupo Popular en las Cortes Valencianas o en su Ayuntamiento. Es difícil de entender que el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante presida una cena de homenaje a la Alcaldesa organizada tras su imputación y el Presidente Nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, evite saludarla o fotografiarse con ella. Tiene poca lógica que los cargos de designación directa que resultan imputados sean cesados fulminantemente y que los cargos electos igualmente imputados no reciban la petición pública de dimisión, aunque dicha petición resulte inútil en la mayoría de las ocasiones. Era imprescindible trazar una línea roja como hizo el Presidente Fabra, pero resulta bastante desconcertante que esa línea roja sea discontinua. No es sencillo el problema, hay muchas variables a tener en cuenta, pero es imprescindible un criterio único y muy claro.

No es difícil lograr hoy en día que un cargo público sea imputado y, en muchas ocasiones, la imputación se ha convertido en un estigma y en un instrumento de la lucha partidista. Hay quienes tratan de ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas. Sin embargo, establecer un criterio en función de las circunstancias de cada caso parece bastante complicado. Habría que atender a la gravedad de las acusaciones, el origen de las mismas o a los indicios incriminatorias existentes lo que terminaría por promover unos juicios paralelos inaceptables. Más fácil parece el caso de los cargos públicos procesados porque en esos casos, el juez ya aprecia indicios racionales de criminalidad. Y no se trata de vulnerar, como algunos argumentan, la presunción de inocencia. Al día de hoy el Sr. Blesa es inocente de cualquier delito y, sin embargo, está en la cárcel de forma preventiva sin vulnerar su derecho a la presunción de inocencia.

Sin embargo y a pesar de las dificultades que entraña establecer un criterio claro y ejemplarizante, lo cierto es que cuando el egoísmo o la falta de altura de miras de los imputados dañan gravemente a la imagen de las instituciones a las que representan y a los partidos que los han aupado a esas responsabilidades, no queda más remedio que tomar una decisión que signifique públicamente que no se comparte su situación y que no se les protege. Y más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

El AVE a Alicante ¡por fin!

La llegada del Ave a Alicante es, se mire por donde se mire, una excelente noticia para la ciudad y para la Provincia. Tras no pocas dificultades, rumores e incertidumbre la nueva línea será inaugurada el próximo lunes 17 de junio, unos pocos días antes de las Hogueras, por el Príncipe Felipe, el Presidente Rajoy y el Presidente Fabra. En el anecdotario de ese día quedará seguramente lo que ocurra protocolariamente con nuestra Alcaldesa imputada, Sonia Castedo, si interviene o no entre los oradores, aunque todos los pronósticos apuntan a que no lo hará, y dónde o con quién es fotografiada ya que según algunos medios de comunicación existe entre los dirigentes políticos cierta alergia a dejarse fotografiar junto a ella. Algunos comentaristas apuntan a que el hecho de que no hable en el acto o sea marginada protocolariamente por su imputación judicial supondrá nuevamente un “feo” a Alicante y a los alicantinos. No creo que sea para tanto, pero de ser así la responsabilidad incumbe solamente a quien por sus acciones se ha situado bajo el ojo de la Justicia y, con ello, a la institución y a los ciudadanos a los que representa.

Pero al margen de estos dimes y diretes, lo relevante es que el AVE va a suponer un importante revulsivo para la economía de la Provincia. Según las previsiones de la Generalitat, la llegada del AVE a Alicante tendrá un impacto económico en el PIB de la provincia de Alicante de unos 70 millones de euros al año y generará 735 nuevos empleos. Con el AVE, según estas previsiones, el número de viajeros ferroviarios se incrementará en 650.00 al año, un 40 % más, alcanzándose una cifra total de 2.250.000 viajeros al año. De acuerdo con estas previsiones, el AVE servirá también para impulsar el sector inmobiliario de la provincia, líder en la venta de inmuebles a extranjeros, y que ya el año pasado fue la preferida para los madrileños que adquieren una segunda residencia produciéndose más 4.300 ventas a los mismos. Es indudable que poder llegar desde Madrid a Alicante en poco más de dos horas, y esperemos que una vez probada y consolidada la línea pueda reducirse este tiempo, supone un importante aliciente para adquirir y disfrutar de una segunda residencia en la provincia.

Es evidente que no todo está hecho y que quedan aún pendientes de resolver y organizar muchas cuestiones en torno al AVE, sobre todo para tratar de rentabilizar al máximo esta infraestructura para beneficiar a todas las localidades alicantinas que puedan aprovechar sus beneficios. Se está trabajando en la organización de todos los enlaces de otros medios de transporte para conectar mejor esta infraestructura, aunque parece evidente que estas cuestiones ya deberían haber sido planificadas y resueltas hace tiempo.

Desde otra perspectiva habría que subrayar que la llegada del AVE a la provincia supone una mejora respecto al deficitario saldo que presentan las inversiones de la Generalitat y el Estado en nuestra provincia. Del mismo modo que las cifras señalan que la Generalitat está infrafinanciada respecto a las demás autonomía, no es menos cierto que la Provincia de Alicante está a la cola de las inversiones públicas por habitante tanto en la Comunidad Autónoma como en el Estado. Y si existe una “deuda” histórica del Estado hacia la Generalitat, también existe respecto a la Provincia de Alicante. Y el AVE no la salda.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Sobre imputados y procesados.

Hace pocos días, Alfonso Rus, Presidente Provincial del PP de valencia, a propósito de la sesión de control en Las Cortes Valenciana que se convirtió casi en un monográfico sobre el diputado Rafael Blasco,  defendió, por un lado, la presunción de inocencia del parlamentario imputado en el “caso Cooperación” y, por otro, dejó caer que no era libre en el PP para decir lo que piensa al respecto. Así, manifestó que discrepa de los planteamientos del Presidente Regional con su doctrina sobre los imputados y dejo que “Creo en la presunción de inocencia y hasta que el juez no diga lo contrario creo que las personas son inocentes”.

Por su parte, hoy lunes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha señalado que es "fundamental" una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el consenso de todos los partidos, para establecer que ninguna persona con "indicios" de haber cometido "delitos pueda estar presente en ninguna institución". Según Fabra esta reforma debe garantizar que "esa necesaria tranquilidad pueda estar presente en la sociedad" ya que ha constatado "la desafección" que produce entre la ciudadanía con respecto a los políticos los casos de corrupción. Ha insistido en que manteniendo el derecho a la presunción de inocencia trata de establecer "una línea roja" en que la que "los imputados no tengan responsabilidades" en el partido. Y ha insistido en que "el tema de las imputaciones y de los procesados" debe abordarse "a nivel nacional".

Se mire por donde se mire, lo cierto es que pocas herencias más envenenadas habrá que la recibida por el Presidente Fabra. De una parte, una administración autonómica sumamente endeudada a la que la crisis ha cogido con los “deberes” sin hacer o mal hechos. De otra, un partido fracturado por viejas rencillas personalistas, aún hoy soterradas, y un pavoroso panorama de escándalos de corrupción repartidos entre distintas administraciones y empresas públicas que culminan en un grupo parlamentario con nueve miembros imputados y algunos incluso procesados. Es cierto que el Presidente Fabra está intentando abordar de forma directa ambos frentes, el de la administración regional y el del partido, pero no es menos cierto que estos esfuerzos no están encontrando el suficiente eco y el reconocimiento público por parte de la mayoría de los electores, tal y como señalan las encuestas.

No es un tema fácil de abordar el de los políticos imputados o procesados en casos de corrupción. Simplificar en exceso las soluciones supondría con seguridad un error y una injusticia. Ambos líderes, Rus y Fabra, abordan el problema principalmente desde una perspectiva jurídica. De una parte. Es indudable, de acuerdo con nuestro estado de derecho, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y, en sentido estricto, no le falta razón al Presidente Rus cuando afirma que hasta que no exista una sentencia firme es preciso sostener la presunción de inocencia. Pero, la aplicación de este principio equivaldría a sostener que hasta que no se agote el último recurso procesal no se podría exigir la renuncia, no ya de un imputado o procesado, sino de un condenado en primera instancia. Cabría objetar que incluso el delincuente sorprendido in fraganti es inocente hasta que no haya sentencia firme, aunque se le haya encontrado junto al cadáver y con el cuchillo en la mano.

De otra parte, el Presidente Fabra aboga por una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, consensuada entre todos los partidos, para delimitar el momento en que el imputado o procesado en un caso de corrupción debería abandonar sus responsabilidades institucionales. Nuevamente, se trata de una consideración de índole jurídica cuya resolución no se vislumbra, hoy por hoy, muy cercana y, menos aún, con un amplio respaldo parlamentario.

Sin embargo, no se trata de ofrecer hoy una respuesta jurídica porque lo que hay delante es un problema esencialmente político, no jurídico. La desafección que los ciudadanos muestran ante la clase política a causa de los casos de corrupción es un problema de carácter esencialmente político, no jurídico, y por ello requiere, en primer lugar, respuestas políticas. Y respuesta política es la que el Presidente Fabra ha venido sosteniendo, aunque de forma insuficiente, a este problema político al plantear el trazado de una “línea roja” en virtud de la cual un imputado no puede ostentar responsabilidades orgánicas dentro del Partido Popular. Sin embargo, esta respuesta política, que en si misma ya es positiva, parece insuficiente a la hora de “visualizar” ante los ciudadanos la persecución de conductas reprochables. No hace falta ninguna reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para reforzar esa línea roja y ganar credibilidad. Se puede hacer excluyendo del los Grupos Populares municipales o de las Cortes a aquellos cargos públicos que estén imputados o procesados. No es fácil, pero hoy en día parece los más ejemplarizante que con las normas existentes en la mano se puede hacer. Si alguien por su situación procesal no es digno de ocupar un cargo orgánico del PP tampoco debería permanecer en un Grupo Municipal del PP. Eso sería lo coherente. Y hay que destacar que se hace un flaco favor a la política del Presidente Fabra hechos como condicionar la democracia interna del propio partido, es decir, los derechos de miles de militantes, a la situación judicial de personas concretas como ocurre en la ciudad de Alicante. Eso es dinamitar las líneas rojas.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

¡Vaya con los ERES y vaya con el PSOE!

El levantamiento del secreto del sumario del caso de los ERES está poniendo al descubierto muchas informaciones escandalosas y hasta sorprendentes. Estamos hablando del robo de más de mil millones de euros que estaban destinados a los parados por parte de una compleja y, a veces, chapucera trama que durante más de diez años estuvo operando con total impunidad. Se trata posiblemente del mayor fraude, del mayor desvío ilegal de fondos públicos, del mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia española. Y sorprende que tratándose de un latrocinio de semejantes proporciones tenga tan escasa repercusión en muchos medios de comunicación que prefieren abrir sus ediciones, por ejemplo, con inmensos titulares sobre los sobresueldos repartidos por Bárcenas, sobre el Sr. Urdangarín o con programas y reportajes especiales sobre la trama Gürtel cuyos organizadores ni en el mejor de sus sueños se habrían imaginado metiendo la mano hasta los codos en un cajón de dinero como el de los ERES.

Este escándalo es de unas proporciones tales, por la cuantía del dinero robado, por el largo período en que se ha perpetrado, por la cantidad de personas, empresas e instituciones que han participado o se han beneficiado directa e indirectamente del mismo que no es posible comprender la benevolencia e indulgencia con la que está siendo objeto de seguimiento, de información y divulgación por una buena parte de los medios de comunicación que se autoproclaman progresistas. No es comprensible, claro está, si no se tiene en cuenta en qué ámbito y de qué entorno nace, se desarrolla y se consiente este monumental latrocinio. Todo sería absolutamente distinto si fuese el Partido Popular el que gobernase la Junta de Andalucía. Entonces sería otra cosa, no habría sólo información sino que tendríamos una auténtica campaña de agitación.

Y tampoco comprensible como la actitud de ciertos medios de comunicación empeñados en mitigar y dulcificar el mayor escándalo de corrupción de nuestro país es la actitud de los dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía que durante más de diez años no detectaron absolutamente nada anormal a pesar de los informes existentes de los funcionarios de la propia Junta. Hay que empezar por el propio Presidente de la Junta quien a través de los argumentarios de su partido tiene la poco vergüenza y la inmensa cara dura de afirmar que este escándalo fue descubierto gracias a una denuncia de la propia Junta de Andalucía. ¿Cómo se puede tener tanta desfachatez? Es público y notorio que este escándalo estalla a través de una conversación de unos empresarios durante un partido de fútbol que se quejaban porque estaban siendo extorsionados y chantajeados, como lo es también que las primeras informaciones parten de ABC y las primeras denuncias del Sr. Zoilo por el escándalo de Mercasevilla. Pero lo más intrigante, a la vista de las revelaciones del sumario, es saber cómo era posible ignorar que el dinero de la Junta estaba siendo malversado cuando los sobres repletos de billetes volaban de un sitio a otro pasando por las puertas de la propia Junta de Andalucía.

En la trama de los ERES han participado, de una forma u otra, los sindicatos que llegaron a ingresar más de 7 millones de euros por no hacer nada. Las sociedades mercantiles vinculadas a UGT y CC.OO. (Grupo Atlantis, Temiqui SA, ITG y FQT Asesores) y varias federaciones sindicales cobraron hasta 7,64 millones de euros procedentes de “sobrecomisiones” que obtuvieron las consultoras Uniter (3,25 millones) y Vitalia (4,29 millones), así como el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís (104.400 euros). El concepto por el que se facturaban los supuestos servicios realizados por los sindicatos (recogida de datos o cálculos actuariales) es el de “asesoramiento”. Han participado o se han beneficiado multitud de cargos y militantes socialistas, unas veces como falsos beneficiarios de unos ERES sin haber trabajado jamás en las empresas afectadas y otras como cargos públicos que percibían enormes comisiones. Un entramado con tantos actores, tantos implicados y tanto dinero circulando y nadie se enteraba de nada.

Eso sí, ahora la información vuela. Acabamos de ver cómo, gracias a las nuevas tecnologías, un tertuliano como el Sr. Carmona puede expresar “su” opinión sobre el escándalo en las tertulias televisivas leyendo los mensajitos que le envían sus compañeros de partido. ¡Qué vergüenza! ¿No tiene criterio propio el diputado socialista Carmona? ¿No tiene información suficiente para acudir a debates y tertulias? Parece que no. Aquí vale todo con tal de no hacer autocrítica, de no reconocer los errores del partido y de proteger a los jefes. Y si hay que engañar a la audiencia haciéndola creer que uno expone opiniones propias y no lo que le dictan, pues se hace y tan fresco. Vaya compañeros que tiene el Sr. Carmona que han filtrado el video inculpatorio. Pero hay que reconocer que han hecho un gran favor a los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

La próxima Convención Política del PPCV.

El próximo fin de semana, el PPCV celebrará en Castellón una Convención Política con el fin de relanzar el impulso político del mismo. El Secretario General del PPCV, Serafín Castellano ha señalado que esta Convención “será la de las ideas y los proyectos para seguir avanzando por el futuro de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”. Hay que señalar, en primer lugar, que la Convención Política es una reunión de cargos públicos del PPCV a la que no tienen derecho a participar los afiliados del mismo. De hecho, los afiliados conocemos de su celebración a través de los medios de comunicación y no por cartas o correos electrónicos del Partido.

Este hecho contrasta mucho con las declaraciones del Secretario general que ha indicado que “en la redacción de las tres ponencias el PPCV ha tenido muy presente la voz de los ciudadanos, de los militantes y simpatizantes, porque nosotros trabajamos pensando en nuestros ciudadanos y sus necesidades, de ahí que se hayan celebrado más de medio centenar de reuniones en las tres provincias en las que han participado alrededor de 500 personas para conocer sus inquietudes y reivindicaciones y poder reflejarlas en las ponencias”.

Supongo que alguien le ha debido endosar esta declaración porque es lo políticamente correcto y es lo que debería haberse producido para que la Convención fuera, de verdad, lo que tendría que haber sido: una actualización de los mensajes del PPCV y de sus políticas, una vez oídos los ciudadanos y los propios afiliados del partido. Pero no es así, esta afirmación no es correcta y la Convención y sus ponencias serán fruto, nada más, de los cargos públicos que hayan querido o podido participar y se convertirá en un altavoz propagandístico, no del estrecho contacto con la ciudadanía y las bases del partido, sino del aparato del partido y de sus mensajes precocinados. Más de 100.000 afiliados del PPCV han sido absolutamente marginados de esta Convención.

Ni los afiliados, ni los militantes, ni los simpatizantes del Partido Popular de Alicante, y mucho menos los ciudadanos en general, han tenido la oportunidad de conocer esas ponencias y, mucho menos, de debatirlas con nadie. Las más de medio centenar de reuniones que se han podido celebrar lo han sido, en Alicante al menos, a puerta cerrada y con la presencia exclusiva de cargos públicos. No se ha producido ninguna invitación ni ninguna convocatoria a los afiliados para preparar esta Convención.

Y, sinceramente, no es para presumir de participación en el proceso preparatorio de la Convención Política el hecho de que en estas reuniones previas hayan podido participar unas 500 personas, tal y como señala el Secretario General, si se tiene en cuenta que en la Comunidad Valenciana el Partido Popular cuenta con 2.958 concejales, con 29 parlamentarios nacionales y 55 autonómicos, además de varios centenares de cargos de confianza en la inmensa mayoría de las instituciones de la Comunidad. Quiere esto decir que ni el 17 % de los cargos electos del Partido Popular han participado en las reuniones preparatorias de la Convención. ¿No es preocupante? ¿Están muy ocupados? ¿No les interesa?

Una vez más algo falla. Puede que sea la comunicación, las estrategias, los objetivos o las convicciones políticas, no de quienes ostentan las máximas responsabilidades dentro del PPCV, sino de quienes apoltronados en su estructura burocrática se empeñan en mantener cerradas las ventanas evitando que el aire fresco inunde sus estancias políticas. Se ha perdido una gran ocasión para promover desde abajo, desde las bases, un auténtico revulsivo para reorientar una trayectoria política que, según todas las encuestas, cae progresivamente.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es