Durante las últimas semanas se
han venido sucediendo distintas declaraciones de líderes del Partido Popular,
Arantza Quiroga, Esperanza Aguirre, Ignacio González o Martínez Pujalte, por
citar sólo a algunos, en las que manifiestan su asco, su vergüenza o bochorno
por las continuas noticias relativas a presuntos casos de corrupción que
afectan al Partido Popular. Todos ellos se hacen eco, de una forma u otra, del
enorme disgusto o de la indignación que los casos de corrupción causan, no sólo
entre los ciudadanos, sino también entre los militantes del partido que se
sienten defraudados y, además, desorientados con las respuestas que estas
informaciones reciben desde la dirección del Partido Popular.
Como decía Arantza Quiroga, el
militante no puede comprender, ni acepta, que mientras su condición de
militante exigía sacrificios económicos y personales, otros se lo estaban
llevando crudo por el simple hecho de ostentar puestos orgánicos de
responsabilidad, a saber, sueldos institucionales, más sueldos orgánicos en el
partido más toda clase de gratificaciones o indemnizaciones. El militante no
puede comprender, ni acepta, que compañeros del Partido que ostentan
responsabilidades institucionales están incursos en diferentes procesos
judiciales por corrupción sin que el Partido, en la mayoría de los casos,
reacciones con firmeza apartándoles de los grupos populares institucionales
alegando una supuesta defensa del derecho a la presunción de inocencia. Que se sepa,
la defensa de este derecho no está reñida con la adopción de medidas cautelares
como le ocurre a cualquier ciudadano no perteneciente a la clase política.
La falta de una reacción
contundente y convincente por parte del Partido Popular sigue alimentando la
desafección ciudadana en general y el profundo malestar en particular de los
militantes populares. Bueno, lo de la falta de reacción no es del todo cierto,
a algunos militantes se nos quiere expulsar del Partido por criticar conductas
inadecuadas y por exigir más honradez. Y es que no basta con expresar
públicamente sentimientos de indignación, de bochorno o de asco ante esta
situación. La pública expresión de sentimientos está muy bien para copar los
titulares de los medios de comunicación y para tratar de mostrar cierta empatía
con el militante, pero no es suficiente. Los sentimientos deben traducirse en
ideas y las ideas en acciones concretas que sirvan para corregir los problemas
y para demostrar, con hechos, la firme actitud del Partido Popular ante el
grave problema de la corrupción. Y eso solo puede lograrse combatiendo sus
causas. Hacen falta hechos ejemplares, medidas eficaces y una eficaz
comunicación ante los ciudadanos. El Partido Popular no es un partido de
corruptos aunque haya en su seno algunos aprovechados y eso debería quedar bien
claro. Pero ese mensaje no cuajará sin acciones concretas.
Algunos, además de denunciar este
estado de cosas, no nos hemos venido limitando a ello, sino que hemos venido
proponiendo la adopción de medidas concretas que podrían contribuir a combatir
la corrupción y los negativos efectos que se están produciendo en la imagen del
conjunto de la clase política. Tanto a título individual como desde el Foro
Esperanza Popular Movimiento de Bases hemos defendido la necesidad de promover
una regeneración democrática de las instituciones y de sus gerentes, los
partidos políticos. Entre otras, proponemos las siguientes:
En el ámbito interno del Partido Popular: más
democracia interna promoviendo el protagonismo que corresponde a los militantes
e incluso la democracia participativa de los mismos a través de las redes
sociales de modo que puedan elegir directamente a sus dirigentes territoriales
y participar en la elaboración de las candidaturas; el establecimiento de rígidas
incompatibilidades de los cargos públicos: una persona, un cargo; más
transparencia de modo que los militantes conozcan las cuentas del partido, las
fiscalicen y sepan en qué se emplea el dinero; la adopción de un nuevo código
ético más concreto que las normas actuales; prohibición del acceso a cargos
públicos de personas sin experiencia laboral previa; exclusión temporal del los
grupos institucionales populares de todo cargo público imputado que
voluntariamente no solicite su baja temporal de los mismos; limitación de los
mandatos tanto orgánicos como de representación; más cauces de participación y
debate internos; establecimiento de la figura del defensor del afiliado que
impida las persecuciones políticas internas y garantice el libre ejercicio de los
derechos políticos recogidos en la Ley de Partidos; rendición de cuentas de los
cargos representativos en las instituciones ante los militantes del ámbito
territorial respectivo; prohibición de percepción de retribuciones por el
desempeño de cargos orgánicos.
En el ámbito externo:
- Elaboración de un Estatuto del Cargo Público que elimine los privilegios de la clase política: reducción de aforados, establecimiento del régimen fiscal general a todos los parlamentarios y el mismo régimen general de seguridad social a efectos de cotizaciones para las pensiones, eliminación de indemnizaciones por razón de cese, limitación de mandatos, limitaciones retributivas, limitación de puestos de libre designación en todas las administraciones públicas, nuevo régimen de incompatibilidades más severo, etc.
- Aprobación de una Ley sobre Retribuciones Públicas que afecte a cualquier retribución que tenga su origen en fondos públicos ya sea abonada por administraciones públicas o empresas y/o asociaciones subvencionadas y que suponga una limitación de las cuantías mediante el establecimiento de una tabla salarial cuya máxima cuantía corresponda a la Presidencia del Gobierno.
- Reforma de la Ley de contratación de las Administraciones Públicas de modo que se eliminen de la misma los criterios de discrecionalidad en la adjudicación de contratos.
- Reforma de la Legislación sobre el Suelo para reducir los criterios subjetivos o discrecionales en la tramitación de las aprobaciones del planeamiento.
- Reforma de las leyes procesales para agilizar la tramitación de los procedimientos penales.
- Reforzar la independencia judicial despolitizando la elección de los órganos de gobierno del poder judicial.
- Reforma de la financiación de los Partidos Políticos eliminando las subvenciones públicas de modo que se sostengan según la voluntad de su militancia y limitación y publicidad de las donaciones a los mismos.
- Reducción del límite de los gastos de campañas electorales y fiscalización inmediata de los mismos por una nueva Sección de las Juntas Electorales.
Éstas son algunas de las medidas
que hemos venido proponiendo, pero hay aún más otras medidas que podrían
adoptarse. No basta con lamentarse, no basta con quejarse. Es preciso actuar
con medidas concretas si de verdad se quiere dar un paso más, si se desea
convertir las palabras en hechos y volver a recuperar la confianza ciudadana.
De lo contrario habrá quien piense que las lágrimas sólo son de cocodrilo.
Santiago de Munck Loyola