Los demoledores datos de la EPA.

Los datos de la EPA sobre el paro que hoy se han hecho públicos no pueden ser más desalentadores: más del 27 % de desempleo, casi 2.000.000 de hogares españoles con todos sus miembros en paro, más del 57 % de los jóvenes en paro… Comunidades autónomas como Andalucía con un paro del 38 %. En fin, cifras y datos tras los que se desarrollan auténticos dramas personales, proyectos vitales truncados y sombrías perspectivas de futuro. Se mire por donde se mire, estamos viviendo una situación dramática, una auténtica emergencia nacional que no puede prolongarse por mucho más tiempo. No sirve de consuelo el argumento que algunos esgrimen apelando a una desaceleración en el ritmo de destrucción de empleo porque, lo cierto, es que cada vez queda menos empleo que destruir. Y es posible que de no haberse adoptado muchas de las medidas que se ha visto obligado a tomar el Gobierno de Rajoy se habrían perdido más puestos de trabajo aún, pero eso es entrar en el terreno de las hipótesis y, en cualquier caso, no sirve de nada a los más de 6.200.000 ciudadanos que se han quedado sin trabajo, ni a los que están en riesgo de perderlo antes o después.

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno del Partido Popular, a pesar de ser contraria a su propio programa, fue subir determinados impuestos para recaudar más y recortar sueldos a los funcionarios públicos para gastar menos. Ambas medidas, como desde estas líneas se anunció, suponían detraer dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Y a menos dinero en los bolsillos, menos consumo y a menos consumo menor producción y más paro. Era evidente e inexorable. Se sacrificó una parte de la liquidez en el mercado para obtener más ingresos públicos con los que hacer frente a los intereses de la enorme deuda pública generada en los últimos años. Pan para hoy y hambre para mañana. Dígase lo que se diga, no se crea empleo subiendo impuestos.

Pero es que además, a lo largo de los últimos meses, los ciudadanos no sólo hemos visto reducida nuestra capacidad adquisitiva con las subida de impuestos y con los recortes salariales, sino que, además, hemos sufrido y estamos sufriendo muchos recortes que afectan a casi todas las esferas de nuestra vida diaria. Es evidente que si no había, ni hay dinero para sostener el conjunto de prestaciones públicas había que recortarlas hasta donde fuese posible. Sin embargo, estos recortes que han afectado a la educación, a la salud o al bienestar social no han venido acompañados de unos recortes paralelos en el estatus de la clase política ni en las estructuras políticas de nuestro estado. Padecemos un modelo de estado cuya estructura no es sostenible económicamente, no hay dinero público suficiente para sostener este tinglado administrativo y político que hemos construido durante los últimos treinta años. Y sin embargo, no se abordado la imprescindible reforma de nuestras administraciones públicas que no podemos costear. Hemos sido muy rápidos para reordenar las prestaciones públicas que beneficiaban a los ciudadanos y desesperadamente lentos para hincar el diente a un estado insostenible. Y, en paralelo, los gritos de quienes se han venido oponiendo a cualquier recorte social han equilibrado sus tremendos silencios para pedir recortes en nuestra estructura política y administrativa.

Todos sabemos ahora que gastar mucho más de lo que ingresamos se paga con creces y que ahora debemos dedicar mucho dinero a pagar intereses de lo que debemos, dinero que nos sacan del bolsillo, vía impuestos o recortes, y que por tanto no lo podemos dedicar a invertir y a generar empleo. Somos ahora más conscientes que nunca que con la máquina de hacer dinero fuera de nuestro control no podemos por nuestra cuenta incrementar la masa de dinero circulante. Estamos percibiendo que la necesaria austeridad también tiene límites que una vez rebasados la convierten en un profundo obstáculo para la recuperación. Hemos constatado cómo los mercados se fían o no de nuestra capacidad y nos prestan dinero caro o barato en función de la confianza que sepamos inspirar. Y sabemos que sin más dinero circulando en los mercados, no puede haber más actividad económica y que sin ésta no se pueden generar más empleos.

No hay soluciones mágicas, ni recetas infalibles para solucionar este desolador panorama y quien afirme estar en posesión de las mismas seguramente está equivocado. Pretender insistir en aplicar las políticas económicas del anterior gobierno sería rematar definitivamente al enfermo. Querer insistir sin rectificaciones en el modelo actual es desesperantemente lento y agónico para todos y especialmente los desempleados. Hay reformas estructurales que se deberían haber abordado ya para flexibilizar más los mercados, para eliminar trabas administrativas, suprimir controles superfluos, para acabar con monopolios encubiertos de suministros, para unificar nuestro mercado interior acabando con las barreras impuestas por las autonomías, etc. Y, además, se tendría que haber empezado por rediseñar una estructura política y administrativa y por impulsar la regeneración de la clase dirigente española (la política, sindical y empresarial) que son los auténticos culpables de haber infravalorado lo que se venía encima y de no haber sabido ofrecer las soluciones para paliar los efectos de esta crisis. Se mire como se mire, lo cierto es que padecemos un Estado que absorbe la mayor parte de los recursos y energías de la sociedad y con esa losa encima es muy difícil avanzar.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

“Sean Pastores, no funcionarios”.

Hace unos días el Papa Francisco ordenó a diez sacerdotes de la Diócesis de Roma. En dicha ceremonia el Papa les pidió que ejerciesen el sacerdocio con “claridad y caridad sincera”, con el único deseo de “gustar a Dios y no a uno mismo”. Dirigiéndose a los nuevos sacerdotes les pidió "sean pastores, no funcionarios. Sean mediadores, no intermediarios" y que "no se cansen de ser misericordiosos". Estas palabras del Papa Francisco me han venido a la memoria a propósito de la polémica suscitada en Monforte del Cid por la negativa del Párroco a que una niña discapacitada mental pueda entrar en la Catequesis para hacer la Primera Comunión.

Vaya la que ha organizado el bueno del Párroco, D. Damián Luis Abad, con su negativa. Ha conseguido movilizar y a interesarse por los asuntos de la Iglesia a muchos que hace años no la pisan, pero que se sienten obligados a opinar sobre este asunto interno, sobre todo, si con ello pueden meter un poco el dedo en el ojo eclesiástico. Pero, a lo que vamos, todo parece indicar que lo que ha hecho el Párroco no ha sido negar la Primera Comunión a la menor, sino que ante la discapacidad de la misma que no le permitiría, como es lógico, participar en la Catequesis previa, es ofrecer a la madre  un plan de formación específico y diferenciado que permitiese conocer su evolución. De ahí muchos han deducido que el Párroco, aplicando de forma literal los preceptos de la Iglesia, entiende que, dado que la menor es incapaz de comprender "con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento", el sentido que tiene el sacramento de la eucaristía no puede comulgar. La postura del sacerdote ha sido respaldada por el Obispado ya que se ajusta a las normas canónicas, no se trata de una arbitrariedad, como algunos sugieren, del párroco de Monforte del Cid.

Es verdad que, al parecer, la niña no puede participar con aprovechamiento los cursos de catequesis para hacer la Primera Comunión. Pero puestos a ser exigentes ¿Cuántos de los niños y adultos que habitualmente comulgan comprenden "con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento" lo que es la transubstanciación? Y al hablar de transubstanciación no se está hablando de algo extraño o de un elemento accidental de la Eucaristía, sino de su esencia, de la Doctrina de la Iglesia de la Eucaristía definida hace tiempo, en el Concilio de Trento. Pues bien, repitiendo la pregunta ¿Cuántos de los que comulgan han oído hablar de ello o cuántos la entienden con un mínimo grado de entendimiento y razonamiento? Muy pocos, poquísimos. Y ¿se pone algún reparo a que reciban la comunión? Evidentemente no. Y si hablamos de otros sacramentos lo cierto es que la Iglesia ha venido admitiendo su administración a personas que no son creyentes o no son practicantes plegándose a los convencionalismos sociales y sin ponerse tan exigente como en el caso del matrimonio.

Los funcionarios debemos regir nuestra actuación profesional mediante la aplicación de la Ley, nos guste o no. “Dura lex, sed Lex” es el principio rector y en el que no cabe margen para la discrecionalidad o para la aplicación de otras consideraciones que no sean las que la misma ley permite. D. Damián, el Párroco de Monforte, ha actuado como un probo “funcionario” de la Iglesia y parece que en su decisión no han entrado otras consideraciones que las impuestas por las normas canónicas. Sin embargo y como bien acaba de decir el Papa debería haber sido más pastor que funcionario y la misericordia y la caridad deberían haber primado sobre la norma. Quizás así habría podido tener en cuenta que intentar establecer un “plan diferenciado e individualizado” de formación cristiana para la niña previo a la comunión choca frontalmente con la pretensión universal de todas las familias que buscan y aspiran a la máxima integración posible y sin diferencias de sus seres queridos afectados por una discapacidad. Se trataría, en este caso, de que la niña participe en igualdad de condiciones con los demás niños en su caminar hacia la Primera Comunión y a ello añadir los refuerzos formativos que el párroco estime necesarios para lograr lo mejor para ella y para su familia. Integrar no es separar, sino sumar y reforzar.

No cabe la más mínima duda de que la actuación del Párroco ha estado presidida por la mejor voluntad, como tampoco cabe la más mínima duda que la misma ha sido aprovechada por algunos para hacer un ruido mediático innecesario y contraproducente simplificando unos hechos hasta tal punto que la realidad ha quedado desvirtuada.

Como creyente, uno tiene el convencimiento de que con catequesis o sin ella, con comprensión o sin ella sobre el alcance y significado de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo no encontrará mejor alojamiento que el corazón limpio y puro de esta pequeña, un regalo de Dios que afortunadamente permanece ajeno a esta artificial e interesada  polémica.

Santiago de Munck Loyola

COMUNICADO DEL FORO ESPERANZA POPULAR.

Plaza de Gabriel Miró 14. Alicante.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de citar como imputado por tres nuevos delitos, falsedad documental, fraude fiscal y cohecho, al ex Alcalde de Alicante y Diputado Regional de la Provincia de Alicante por el Partido Popular, Luis Díaz Alperi. Esta nueva imputación viene a sumarse a la existente en el caso Brugal por tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho.

Ante este hecho, el Foro Esperanza Popular desea manifestar lo siguiente:

1º La acumulación de políticos imputados en distintas causas relacionadas con la corrupción está provocando un creciente rechazo de los ciudadanos hacia la clase política, los partidos y las instituciones, tal y como reflejan los más recientes sondeos.

2º Este rechazo se ve reforzado por la aparente pasividad de la cúpula de los partidos ante dichos casos que no adoptan medidas efectivas que refuercen la imprescindible ejemplaridad de los cargos públicos y que restauren la confianza ciudadana.

3º Hoy ya no son suficientes las habituales y huecas manifestaciones retóricas. Señalar que los escaños son de los imputados y que no se les puede obligar a dimitir constituye una obviedad innecesaria y una cortina de humo para esconder la posibilidad de aplicar medidas ejemplarizantes.

4º Ante estas situaciones y dejando a salvo la presunción de inocencia, los partidos políticos sí pueden, al menos, apartar de sus grupos institucionales (parlamentarios o municipales) a los cargos públicos imputados que voluntariamente no quieran abandonar sus funciones hasta que exista una resolución judicial.

Por todo lo anterior, solicitamos a la Dirección Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que adopte las medidas necesarias para excluir del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Valencianas a D. Luis Díaz Alperi y a los demás diputados que se encuentren en similares circunstancias, tal y como se ha hecho en otras cámaras regionales.

En Alicante, a 17 de abril de 2013.

El PSOE a la sombra de la radicalidad.

Hay hábitos políticos, determinados tics que se mantienen invariables en el tiempo entre los dirigentes socialistas aunque cambien las caras. Ya se trate del Sr. Blanco en su época de Zapatero o ahora de la Señora Valenciano los mensajes políticos socialistas guardan siempre el mismo formato: acomodar la realidad a su conveniencia, inventándosela si es preciso, atribuir a su adversario intenciones ocultas y, por supuesto, restar legitimidad a cualquier decisión que tome por mucho que cuente con un amplio respaldo electoral.

Los socialistas españoles nunca han digerido con elegancia perder el poder y en esta última ocasión no ha sido una excepción. A pesar de haber recibido los peores resultados electorales en los últimos 30 años, los socialistas, en lugar de iniciar un proceso de reflexión y de renovación como sería de esperar de un partido auténticamente responsable, decidieron emprender su tarea opositora al nuevo gobierno con todas y cada una de las cargas electorales que les habían conducido al estrepitoso fracaso del 20 de noviembre de 2011. Ni siquiera han sabido guardar las apariencias como hizo, por ejemplo, Felipe González tras los resultados electorales del año 2003 cuando, conocidos los mismos, se apresuró a declarar que “había entendido el mensaje del electorado”. Y eso que, a pesar de todo, había ganado. Lamentablemente, la actual dirección socialista parece no haber entendido mensaje alguno. Ni ha hecho autocrítica, ni se ha disculpado con los ciudadanos por haber dejado el país hecho unos zorros, ni ha abandonado las políticas cuyas consecuencias padecemos en todos los ámbitos.

Cuando alcanzan el poder se apresuran a deshacer lo que el gobierno anterior haya emprendido, sea lo que sea. Como elefante en cacharrería se apresuran a remover de arriba abajo cualquier puesto de responsabilidad en las administraciones “colocando” a los suyos y a derogar cualquier Ley en vigor que no sea de su agrado. Se sienten absolutamente legitimados para hacerlo. Sin embargo, cuando son relevados al frente del Gobierno, sus sucesores deben andarse con toda clase de miramientos. La nueva oposición, la socialista, enseguida pone el grito en el cielo y se rasga las vestiduras ante cualquier iniciativa que suponga una rectificación de la herencia recibida. Los socialistas aplican la Ley del embudo con rigor: ellos sí pueden derogar leyes cuando alcanzan el poder, los demás no. Al Partido Popular, si intenta hacerlo, se le suele acusar de casi todo y se le exige consenso y diálogo con la oposición para cualquier reforma. El mismo consenso y diálogo que antes nunca se ofertó. Lo vemos cuando se trata de impulsar reformas en la legislación educativa, en la laboral, en el régimen de pensiones o en cualquier otro asunto.

Especialmente significativa viene siendo la actitud del PSOE ante el anuncio del Ministro Gallardón de cumplir con uno de los compromisos electorales del Partido Popular: la reforma de la legislación sobre el aborto. El PSOE con la ayuda de sus aliados parlamentarios aprobó una reforma hoy vigente y lo hizo sin diálogo ni consenso con el partido mayoritario de la oposición. Y ahora resulta que parece una aberración que el Partido Popular pueda sacar adelante una nueva regulación. Entre los exabruptos socialistas destaca especialmente el de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien ha llegado a anunciar que los socialistas pedirán romper los acuerdos con la Santa Sede si Mariano Rajoy accede a las demandas del cardenal Rouco Varela. "Si el PP, como dijo Gallardón, va a ir de la mano de los obispos para cambiar Ley del aborto, el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede", ha asegurado Valenciano. "El PSOE no consentirá que, a estas alturas, los obispos sigan imponiendo su moral y mucho menos que limiten de nuevo libertad de las mujeres", ha añadido. ¡Cuanta mentira y cuanta sandez en tan pocas palabras! No, Sra. Valenciano, el PP no va a ir de la mano de ningún Obispo para reformar la Ley del aborto, sino de la mano de más de 10 millones de españoles que con su voto respaldaron expresamente esta propuesta. ¿O es que, a sensu contrario, se podría afirmar que el PSOE fue de la mano de los dueños de las lucrativas clínicas abortistas para legislar como lo hizo?

Si el PSOE quiere que se rompan los acuerdos con la Santa Sede, algo que no hizo cuando gobernaba, no hace falta buscar falsas excusas. Esta pretensión, perfectamente legítima, encajaría perfectamente, además, en el contexto de deriva radical del PSOE que cada día le aleja un poco más del centro sociológico y, por descontado, de mejorar sus expectativas electorales. Una deriva que se plasma de forma precisa en su apoyo y simpatía a los acosos a los parlamentarios, en sus alientos republicanos, en su comprensión y debilidad ante los separatismos, en sus propuestas fiscales seudo expropiatorias o en sus programas económicos estatalistas.

Sin una profunda renovación ideológica y sin un sólido liderazgo es muy probable que el PSOE deje de ser una alternativa real de gobierno. Se están quedando con todas las papeletas para ello.

Santiago de Munck Loyola

¿Hacia una República excluyente?

El 82 aniversario de la proclamación de la II República se ha celebrado en muchas ciudades españolas con una afluencia de público sensiblemente superior a las conmemoraciones de años anteriores. A ello ha contribuido, sin duda, el mal momento que la Monarquía española está atravesando ante la opinión pública, tal y como señalan las últimas encuestas, como consecuencia del comportamiento poco ejemplar del Rey y de algunos miembros de la familia real. Es evidente que en medio de una crisis como la que venimos padeciendo en la que la sensibilidad social está a flor de piel aquellos que encarnan la Institución Monárquica no han sabido estar a la altura que de ellos cabía esperar.

Sin embargo, la celebración de hoy no puede ser compartida, ni muchos menos, por quienes siendo republicanos no se sienten identificados con un modelo republicano como el del año 31 construido por media España contra la otra mitad y que fue un absoluto fracaso de convivencia. Una buena parte de la izquierda española, sobre todo la más radical, postula el advenimiento o la instauración de una tercera República en España sobre la base y la nostalgia del modelo republicano de 1931, con todo lo que ello conlleva de identificación con los errores y aciertos de mismo. Así, una vez más, se vuelve a cerrar la puerta política a quienes aspiran a la construcción de un modelo republicano desde posiciones de centro, de derechas o de izquierda moderada.

España cuenta hoy con la Constitución más abierta y democrática de su historia. Una Constitución nacida al amparo de la Monarquía, cuya contribución a su nacimiento es innegable, en circunstancias políticas y sociales tremendamente difíciles y que ha permitido a la sociedad española alcanzar niveles de convivencia pacífica y cotas de bienestar social nunca antes logradas. Sin embargo, es muy probable que la Monarquía, en las actuales circunstancias, haya agotado su papel en el desarrollo político de nuestra sociedad. Es evidente que una situación coyuntural no puede servir de argumento para un cambio de modelo tan profundo como podría ser el paso de la Monarquía hacia la República. Las tendencias de opinión fluctúan enormemente en breves espacios de tiempo y más hoy con la influencia de las redes sociales. Pero sí podría ser aconsejable reflexionar serenamente sobre la vigencia del papel de la Monarquía y sobre todo sobre su utilidad a la sociedad española. Lo que no cabe duda es que este debate debería plantearse sobre criterios de objetividad y no sobre criterios emocionales, sobre planteamientos de objetivos de futuro y no sobre nostalgias y planteamientos trasnochados.

Y si algo en las celebraciones del día de hoy podría poner en guardia a cualquier demócrata, sea republicano o monárquico, es el desfile paramilitar que se ha celebrado en Madrid para rememorar la II República. Banderas de la II República (que no republicanas ya que la I República mantuvo la bandera de España) con una estrella roja en el centro eran portadas marcialmente en paralelo con banderas comunistas. Esta identificación entre la II República, y al parecer con la futura III República, y la ideología comunista es todo un síntoma, un peligroso síntoma del triste fin que tendrían las libertades públicas que hoy disfrutamos, esas “libertades burguesas” que según los comunistas sólo son respetables en cuanto transitorias y como mero instrumento para la consecución del poder.

Bandera de España II República.

Bandera de España I República.

La identificación de una futura III República con el comunismo y con lo peor de la II República sólo puede servir para que los republicanos demócratas confíen en que dure mucho la Monarquía y las libertades consagradas en la Constitución de 1978. La legítima aspiración de cambiar la forma del estado español pasando de una Monarquía a una República no puede construirse mirando hacia atrás, sino hacia el futuro, no puede sustentarse sobre modelos excluyentes y sectarios como pocos, sino con una visión integradora de toda la sociedad española, no debe reclamarse adjetivando a la República con términos como popular o socialista, sino con la capacidad de permitir la alternancia política sin más limitación que la que imponga en cada momento el electorado en las urnas. Mal se empieza cuando la reclamación de una nueva República se simboliza tratando de imponer la bandera de un régimen concreto sobre la de la Nación, cuando se trata de identificar al futuro régimen con una ideología partidista y excluyente y cuando se justifica desde la nostalgia de un pasado muchas veces inexistente y no sobre convicciones políticas racionales y de integración nacional

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Camps ¿y ahora qué?

El 20 de julio de 2011 el Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, presentó su dimisión al frente de esta institución a consecuencia de su procesamiento por el caso del presunto regalo de tres trajes realizado por la trama corrupta Gürtel. En las últimas elecciones autonómicas del 22 de mayo la inmensa mayoría de los votantes había preferido votar a un político bajo sospecha de haber recibido regalos poco recomendables antes que votar a cualquiera de los candidatos de la izquierda valenciana. No obstante, con ese gesto necesario e inteligente allanó su camino para su defensa judicial y despejó notablemente la agenda política. Fue juzgado y absuelto por un jurado popular. Los socialistas valencianos, insatisfechos con el veredicto, recurrieron y el Tribunal Supremo acaba de confirmar por cuatro votos contra uno de los Magistrados dicho veredicto de inocencia. Francisco Camps y Ricardo Costa han sido absueltos de nuevo y las reacciones a dicha resolución no se han hecho esperar. La oposición, la izquierda valenciana, dice respetar dicha sentencia pero no respaldarla. Es decir que, para los que acusaron falsamente al ex presidente de unos delitos que no cometió, éste sigue siendo culpable, digan lo que digan los Tribunales. Sin cortarse un pelo y haciendo gala de un absoluto desprecio al Estado de Derecho, la diputada de Compromis en las Cortes Valencianas Mireia Molla, ha afirmado que "para nosotros son culpables de los delitos que se les acusaron". Entonces, no cabe más remedio que preguntar ¿para qué sirven los Tribunales de Justicia? ¿Para qué sirven las garantías procesales de nuestro sistema jurídico? Habrá que reformar las leyes. Ya se sabe: un acusado de un delito es culpable si así lo deciden los presuntos ”demócratas” de Compromis. ¡Pues vamos listos con esta gente! Y los socialistas igual, erre que erre. Ni siquiera se han dignado a pedir disculpas por haber realizado unas acusaciones falsas que no han podido ser demostradas ni política ni judicialmente. Y es a ellos a quien correspondía la carga de la prueba, no al acusado.

Así las cosas ¿y ahora qué? Nos encontramos con que el que fue el Presidente más respaldado por los votantes de la Comunidad Valenciana hubo de dimitir ante las múltiples presiones recibidas como consecuencia de unas acusaciones que finalmente han resultado ser falsas. No vale ahora intentar mezclar este asunto con todo el entramado Gürtel y demás casos en la escenario judicial. Francisco Camps y Ricardo Costa dimitieron por unas acusaciones concretas y han sido absueltos, no sólo por un jurado popular, sino también por la máxima instancia judicial española. Es evidente y, sobre todo a la vista de las manifestaciones de buena parte de la izquierda valenciana, que su reputación y credibilidad han resultado dañadas para siempre y que no hay forma de restaurarlas. Pero no es menos cierto que la razonable y elogiable dimisión de hace casi dos años debe tener tras la absolución judicial una compensación de carácter político.

Aquí nadie se pone de acuerdo cuando debe o no dimitir un político imputado en una causa judicial y en qué supuestos debería hacerlo. Cada partido tiene su vara de medir y aplica cuando así le conviene la ley del embudo. No habiendo por tanto ni norma escrita, ni hábito consensuado, parece que, en todo caso, la lógica política exige que cuando alguien tiene la gallardía y honradez política de dimitir ante una simple imputación debería ser repuesto en su cargo cuando sale limpio del proceso judicial al que se ha sometido. Es muy posible que la alegría oficial popular por el veredicto del Tribunal Supremo no se corresponda con los verdaderos sentimientos que albergan quienes de un modo u otro resultaron beneficiados políticamente con la dimisión de Francisco Camps. Ya se sabe que en un partido político en cuanto te levantas de la silla alguien la ocupará sin problemas y que será harto difícil que te la devuelva, aunque te la hayas ganado en las urnas. ¡Difícil, miserable y desagradecido mundo el de la militancia política!

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

La imputación de la Infanta, una cortina de humo.

La decisión del juez Castro de imputar a la Infanta Cristina ha provocado un infantil regocijo y algarabía en buena parte de la izquierda, de muchos comentaristas políticos y de amplios sectores de la población. Poco importa para ello que, al parecer, el auto de imputación dictado por su señoría peque de incoherencia e inconsistencia jurídica y que se base más en escasos indicios incriminatorias que en hechos relevantes. Buena parte de la opinión pública se alegra y se ensaña con la Infanta tal y como antes hizo con su esposo, el Sr. Urdangarin. Sin freno alguno y sin medir las negativas consecuencias de ello se cargan las tintas sobre ambos personajes como si los hechos que se les imputan y las responsabilidades que de ellos pudieran derivarse sólo les correspondieran a ellos. Parece como si el Sr. Urdangarín y su socio, con la complacencia, colaboración o complicidad de la Infanta Cristina hubiesen asaltado las cajas de las administraciones públicas y se hubiesen llevado el dinero. Y no es así, ni mucho menos.

A un servidor, que no es precisamente un fervoroso partidario de esta Monarquía tan poco ejemplar, sobre todo por la conducta frívola, indiscreta e irresponsable de su máximo representante, el Rey, este ensañamiento callejero de la Infanta y de su marido le parece más una cortina de humo y un espectáculo bien aderezado por los medios de comunicación que sólo sirve para alejar el punto de mira de quienes son los auténticos responsables del mal uso que se haya podido dar al dinero público. No cabe ninguna duda que el Sr. Urdangarin, con la colaboración de su ex socio y antiguo amigo, ha sido un pájaro de cuidado, un fresco y ambicioso que sabía que usando adecuadamente su relación familiar se le podían abrir muchas puertas para ganar dinero a espuertas. Pero tan cierto como lo anterior es que ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, han asaltado ninguna caja fuerte, ni han forzado a nadie a realizar negocios con ellos. Muy posiblemente se dedicaron a vender humo, a vender a precios desorbitados servicios que no lo valían o a facturar prestaciones que no se realizaron. Ellos pusieron precio a su humo y, lo peor, es que hubo quien lo compró y lo pagó con el dinero de los contribuyentes. Son precisamente los que compraron el humo del Sr. Urdangarín y quienes lo pagaron tirando del cajón público los verdaderos responsables de este escándalo. Son los que por mandato de las urnas tenían la obligación política, legal y ética de usar ese dinero público con la “diligencia de un buen padre de familia” y no lo hicieron. Compraron a lo tonto, a cualquier precio y sin comprobar la mercancía, todo por una buena foto. Son, ni más ni menos, los políticos que firmaron estos contratos y convenios con las Fundaciones o empresas del Sr. Urdangarín y los técnicos que debían haber fiscalizado esos gastos. ¿Y dónde están en los telediarios? ¿Dónde están los nombres de los políticos y de los técnicos responsables de velar por el dinero de los contribuyentes? ¿Por qué no los persigue la prensa?

Ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, ni la Infanta Cristina pudieron tener acceso a un solo céntimo público por si mismos, necesitaron que determinados políticos pagasen esas cantidades millonarias que ahora hemos conocido. Y, sin embargo, todos los focos están puestos en los primeros; la mayoría de la gente sólo carga sobre ellos las tintas al igual que la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Ni a la Infanta ni a su marido los hemos elegido los ciudadanos, están donde están por su parentesco, pero a quienes sí hemos elegido, a los que hemos votado es a los responsables políticos que debían gestionar escrupulosamente nuestro dinero y no lo han hecho y debería ser, por tanto, a quienes con mayor firmeza denunciásemos y exigiésemos las responsabilidades a que hubiese lugar. Y, sin embargo, hasta ahora están saliendo de “rositas” ya que casi nadie se fija en ellos. Si se dejaron engañar o si sabían que compraban a precio de oro lo que no lo valía, estos políticos y técnicos deberían irse a la calle y pagar con su patrimonio el agujero que por irresponsabilidad o ignorancia han dejado en las arcas públicas. Sólo así se hará justicia de verdad en este escándalo que tanto daño está haciendo a la imagen internacional de España.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

La ejemplaridad pública.

Una de las características de nuestra sociedad es la gran velocidad con que se producen cambios en las corrientes de opinión. La rápida transmisión de noticias y la libre circulación de opiniones son facilitadas por los medios de comunicación y, en especial, por las redes sociales. Ello debería obligar a los partidos políticos a permanecer muy atentos y perfectamente conectados a los movimientos de opinión en la sociedad, a ser mucho más permeables a los problemas, a las necesidades y a las posibles soluciones que los ciudadanos demandan. En este sentido, parece que el Partido Popular quiere, o al menos así lo manifiesta, debatir con los ciudadanos cuestiones que diariamente están en la agenda de la actualidad social. El pasado 23 de marzo se celebró en Ciudad Real un primer debate sobre la situación del desempleo juvenil y sobre las propuestas de futuro que plantea el Gobierno, con la participación de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El próximo debate o foro, dedicado a la “ejemplaridad pública” se celebrará en Madrid y es probable que cuente con la presencia del Ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria. Siendo loable esta iniciativa y siempre que su formato sea auténticamente participativo y no se trate de un acto más de propaganda, parece francamente insuficiente. Un partido político con más de 700.000 afiliados en toda España, como el Partido Popular, cuenta ya con una estructura social muy amplia, con una red de personas extendida prácticamente por toda España que, además, penetra en todas las capas sociales. Su propia estructura territorial y social permitiría sintonizar mucho mejor con las corrientes sociales si sus afiliados fuesen tenidos en cuenta y fuesen llamados a participar en estos mismos debates desarrollándolos en cada sede local. Los afiliados populares no son personas aisladas de la sociedad y de los problemas que la aquejan, todo lo contrario. Son ciudadanos comprometidos políticamente que padecen exactamente lo mismo que la gente de su entorno y, por tanto, podrían, si hubiese voluntad política para ello, servir como una excelente correa de transmisión entre la sociedad y el partido.

Dicho lo anterior, la elección del tema de debate, la ejemplaridad pública, es muy acertada y da para mucho en estos tiempos tan difíciles y convulsos. Es precisamente la ausencia de ejemplaridad pública la que condiciona, como se ha visto recientemente en la última encuesta del CIS, la valoración negativa que los ciudadanos tienen sobre la clase política, sobre los partidos políticos y la corrupción. Hoy desde la Casa Real hasta el poder judicial, pasando por los partidos políticos, la patronal o los sindicatos, casi todas las instituciones u organizaciones públicas o sociales están tocadas. Es justo en los tiempos de crisis, en los momentos en que los problemas más agobian al ciudadano cuando éste vuelve sus ojos hacia quienes deberían aportar soluciones a su situación, en muchos casos dramática, y lo que ve no es que le guste precisamente. En muchos casos, quienes deberían liderar la sociedad, quienes tendrían que predicar con el ejemplo, quienes deberían aportar soluciones a los problemas de la sociedad no lo hacen o están inmersos en escándalos o en actitudes poco edificantes.

Y la falta de ejemplaridad no se manifiesta únicamente en la existencia de numerosos casos de corrupción que a diario llenan las portadas de los periódicos, sino también en un conjunto de actitudes y comportamientos en el uso de los mecanismos que la Ley otorga y que evidencia la existencia de dos mundos paralelos, dos realidades muy distintas: la oficial y la de la calle. No resulta ejemplar que en una época de crisis, de recortes y sacrificios que se imponen y se exigen a los ciudadanos, no exista un correlato en el mundo oficial o no, como mínimo, en la misma proporción. No es ejemplar que mientras suben los impuestos a los ciudadanos, los parlamentarios gocen de privilegios fiscales, como tampoco lo es que mientras se agravan las condiciones para la percepción de una pensión los parlamentarios sigan gozando de unos privilegios para ello fuera de toda lógica. No es ejemplar precisamente nombrar y mantener como Secretario de Estado de la Seguridad Social a alguien que durante años ha mentido sobre su curriculum atribuyéndose falsamente la condición de médico o nombrar y mantener a una Secretaria de Estado de Investigación a alguien que ha luchado por impedir en las elecciones la victoria de quien un mes después la nombra. En una sociedad donde millones de ciudadanos desempleados han agotado ya cualquier ayuda pública y no hay dinero para más, no sólo no es ejemplar sino profundamente inmoral que se sigan manteniendo retribuciones públicas en administraciones, empresas públicas o bancos nacionalizados de 100.000, 500.000 ó 900.000 euros anuales. No es ejemplar ni edificante que se nombren asesores con fabulosos sueldos a gente sin experiencia ni formación o que se las promocione a escaños en los parlamentos autonómicos o en el nacional por el simple hecho de ser parientes de alguien. Tampoco lo es que las candidaturas se hagan a dedo, sin contar con los militantes de los partidos, y se usen para colocar a gente que nunca a puesto un pie, ni lo va a poner, en la Provincia por la que resultan elegidos. No es algo que mueva a la alabanza el hecho de que los contribuyentes tengamos que pagar los gastos en viaje oficiales de una amiga del Rey o que le tengamos que acondicionar una mansión cerca de la Zarzuela. Como tampoco sirve de buen ejemplo que el máximo representante del poder judicial manifieste que tener que volar en clase turista supone un descrédito para la institución que preside mientras miles de españoles pasan hambre. No resulta ejemplar mantener a toda costa un modelo de estado insostenible mientras se recorta en prestaciones sociales esenciales. No constituye un buen ejemplo mantener en las administraciones públicas muchos más asesores y cargos de confianza que cargos electos o mantener en sus puestos a diputados que se duermen en las sesiones parlamentarias, que se dedican a estudiar francés en las mismas, a hacerse la manicura o jugar con sus iPad mientras que se habla de los problemas de los ciudadanos.

Hay, como se puede ver, un amplio surtido de actitudes y comportamientos que, sin tocar la esfera penal, no son precisamente ejemplares y cuyo mantenimiento entorpece cada vez más la relación de confianza que debería existir entre los ciudadanos y sus representantes, entre gobernantes y gobernados. Las situaciones de crisis convierten la crítica ciudadana en mayores niveles de exigencia hacia los gobernantes y ello debería servir para que la clase política, lejos de esconderse en justificaciones, reflexionase y abandonase muchas prácticas que la alejan del aprecio y consideración de los ciudadanos. Parece que con un solo día de debate sobre la ejemplaridad pública no van a tener bastante.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Las cuentas del PP de la ciudad de Alicante.

Durante las últimas semanas se han venido sucediendo noticias relacionadas con la financiación o la contabilidad del Partido Popular, de sus sedes locales o de las últimas campañas electorales. De una parte, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado varias diligencias para desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007. El magistrado ha solicitado a nueve empresas, radicadas en Valencia, Castellón y Alicante, información detallada sobre la contratación de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007. Hay también, al parecer, dificultades para conocer los gastos electorales populares en las municipales de la ciudad de Alicante. De otra, parece que está bastante extendida en sedes del PP de Alicante la costumbre de llevar un sistema de "contabilidades paralelas" a nombre de particulares o de asociaciones y no la contabilidad oficial del Partido. Una anómala práctica a la que, tras hacerse público por los medios de comunicación, ha decidido poner fin la Dirección Provincial Alicantina quien lo venía consintiendo desde hace tiempo, incumpliendo los Estatutos Nacionales del Partido Popular (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/03/29/pp-regulara-finanzas-juntas-locales-atajar-descontrol-dinero/1358435.html).

Esta forma de proceder, conocida y consentida al parecer por la Dirección Provincial, resulta más que sorprendente para cualquiera que haya tenido responsabilidades en el Partido Popular en otras zonas de España. La ausencia de una contabilidad oficial del Partido en una localidad, la inexistencia de cuentas bancarias a nombre del propio partido, el manejo de fondos a través de asociaciones paralelas y la opacidad contable para los propios militantes no sólo vulnera los Estatutos del propio partido, sino que además constituye una práctica absolutamente fraudulenta que debería saldarse con la exigencia y depuración de responsabilidades, tanto de los autores como de los consentidores o encubridores. Un servidor que durante catorce años presidió una junta local en un municipio madrileño nunca conoció semejantes prácticas. El partido local contaba con una cuenta bancaria abierta con la presentación previa del apoderamineto de la gerencia regional (el equivalente a la provincial en Alicante). Los militantes eran informados anualmente de los ingresos y gastos de la sede local y aprobaban en asamblea el presupuesto anual. Periódicamente, el tesorero local se reunía con el gerente regional que fiscalizaba los libros y las cuentas de la Junta local. Un funcionamiento que nada tiene que ver con la práctica vivida en la Junta Local de Alicante durante los últimos diez años. 

Aquí no se da cuenta a los militantes de los gastos e ingresos de la Junta local, eso sí, desde la provincial se pide un euro por afiliado sin explicar nada a los interesados. ¿Será ésta una de las razones para acabar con la Junta Local de Alicante y sustituirla por Distritos? ¿No será multiplicar por diez el descontrol económico existente? Resulta lógico que estando tan ocupados en la provincial en perseguir a los militantes que pedimos transparencia, honradez y participación en el Partido no hayan tenido tiempo ni para cumplir ni para hacer cumplir los propios Estatutos del Partido, ni para poner en limpio las cuentas de las juntas locales de Alicante.

No necesitan inventarse nada, ni improvisar supuestas medidas de control para contentar a la prensa. Todo ya está inventado y previsto. El Artículo 54.2 de dichos estatutos señala que los recursos del Partido estarán constituidos por las cuotas de todos los afiliados y por las aportaciones voluntarias de éstos; por las contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine por el Comité Ejecutivo Nacional; por las subvenciones oficiales que las Administraciones Públicas aporten al Partido y a todos los Grupos Institucionales; por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba.

Y el Artículo 55 de los mismos Estatutos señala por su parte que 1.- Los ejercicios económicos de todas las organizaciones territoriales tendrán la duración del año natural y se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del Presidente, autorización del Secretario e intervención del responsable correspondiente de finanzas.

2.- El Presupuesto anual de cada organización territorial deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo de ésta dentro de los cuarenta y cinco primeros días hábiles del nuevo ejercicio. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios.

3.- Anualmente se someterán las cuentas del Partido a una auditoría externa.

¿Se han cumplido estas disposiciones en todas las Juntas locales de la Provincia? ¿Y en la Junta Local de Alicante? Si es así, nada que objetar. Y si no se han cumplido los Estatutos ¿se abrirán expedientes disciplinarios a los responsables o éstos sólo se reservan a los llamados críticos? Dado que en diez años de pagar puntualmente la cuota de afiliado un servidor nunca ha sido informado, a pesar del derecho que le asiste a ello según los propios Estatutos del partido Popular, sobre el estado de gastos e ingresos de su Junta Local, la de Alicante, ni de los presupuestos de la misma aprobados conforme a la norma antes citada, es por lo que el pasado 15 de marzo solicitó por escrito al Presidente local, D. Julio de España, la información económica pertinente. Y, a pesar de haber pasado quince días desde entonces, mutismo total, silencio absoluto, nada de nada. Luego dicen que les molesta tener que enterarse de estas cosas por la prensa. ¿Y cómo creen que nos sentimos los militantes cuando nos enteramos por la prensa de sus decisiones? ¿Cómo creen que nos sentimos cuando comprobamos, día a día, que se pasan por el arco del triunfo los Estatutos del Partido y que nos niegan a los afiliados los derechos de información y de participación? Pues nada, ahora le reitero en público, a ver si lo lee, la misma petición: copia de los presupuestos anuales, balances y acceso a la documentación económica de mi Junta local porque quiero saber cómo se ha gestionado mi dinero y porque me preocupan tantas noticias negativas sobre las cuentas de mi partido. ¿Hay algo de malo en ello?

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

El fin no justifica los medios.

Siempre me he manifestado desde estas páginas muy crítico con la actuación de la clase política en torno a la dación en pago de la vivienda, a su actitud ante a las entidades financieras y al drama de de los desahucios, Nuestra clase política ha reaccionado tarde y mal ante una situación que afecta gravemente a miles de ciudadanos españoles y no ha sabido ni prevenir, ni corregir a tiempo los graves problemas sociales que su propia ineptitud e insensibilidad ha venido generando durante los últimos años. Dicho esto no queda más remedio que denunciar también determinados comportamientos totalitarios promovidos por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y su representante mediática Dª Ada Colau.

Hace unos meses la Sra. Colau ya anunció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que su organización iba a hacer que sus Señorías se enterasen bien de lo que su organización pretendía, de sus objetivos, y que, para ello, les iban a “informar” detalladamente. ¡Y vaya que se están enterando! A nadie se le escapaba que ese anuncio no era otra cosa que la señal de partida de una campaña, no de información sino de coacción para intentar determinar el voto de los representantes de los ciudadanos en las instituciones. Y esta campaña informativa se ha convertido, como era de esperar, en la coacción sistemática y el acoso personal y familiar que están sufriendo los representantes del Partido Popular por parte de grupos de la Plataforma. Ahora bien, el desarrollo de esta campaña coactiva lo que plantea, en primer lugar, es el interrogante sobre su oportunidad. ¿Por qué ahora y no hace unos meses o unos años? ¿Simple casualidad? El 22 de febrero de 2011, con un Gobierno Socialista, el Pleno del Congreso rechazó por amplia mayoría la propuesta de IU e ICV para que las hipotecas pudieran ser saldadas mediante la entrega de la vivienda al banco ( http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/02/22/congreso-rechaza-saldar-hipoteca-entregando-piso/1098025.html ) y no queda más remedio que preguntarse dónde estaba la Sra. Colau y sus partidarios y por qué no iniciaron entonces una campaña de acoso y coacción sobre todos los diputados, incluidos los socialistas, que se opusieron a la dación en pago. ¿Movilizarse contra un gobierno “progresista”? Pues fue que no. En marzo del mismo año, el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero volvió a oponerse a la dación en pago (http://youtu.be/1jS637PH82Q) y en repetidas ocasiones manifestó que la aprobación de la misma en los términos defendidos por sus promotores pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero. ¿Y dónde estaba entonces la Sra. Colau y sus partidarios? ¿Se movilizaron para “informar” en los domicilios de los dirigentes socialistas? ¿Los acosaron con la misma violencia verbal con que acosan hoy a los diputados del PP? Evidentemente no.

En segundo lugar, cabe también preguntarse sobre la validez y la naturaleza democrática de estas “campañas informativas” promovidas por la Sra. Colau. Es evidente que la finalidad de estas campañas no es la de informar. Por más que lo repita la Sra. Colau es una burda mentira. Los diputados están sobradamente informados. El objetivo es señalarlos, criminalizarlos y coaccionarlos para que modifiquen su intención de voto en torno a las propuestas de la Plataforma, propuestas que, incluidas hace poco más de un año en el programa electoral de algunos partidos, no alcanzaron en las urnas el voto mayoritario de los ciudadanos españoles. Admitir la validez de estos métodos coactivos sería admitir que cualquier otra causa pudiera ser promovida y defendida con métodos idénticos para conseguir que los parlamentarios se dobleguen por miedo a las pretensiones de sus promotores. Por muy noble que pueda ser un determinado fin no se puede alcanzar a través de cualquier medio. Es un principio elemental que define la esencia de la democracia.

Hay quien defiende estas actitudes coactivas argumentando que no pasa nada, que la gente tiene que desahogarse, que los afectados sufren más violencia institucional y financiera que los diputados, etc. Pero son argumentos falaces. La violencia estructural, como ellos la definen, no se combate con otro tipo de violencia, ni la soberanía popular puede expresarse a través de otros medios distintos a los constitucionalmente señalados. No entran en el fondo del asunto que no es otro que el de admitir o no el uso de cualquier medio, incluido el uso de la coacción y de la violencia moral, para la consecución de un determinado fin. Admitirlo es abrir una peligrosa puerta para la ruptura de la convivencia y del estado de derecho. Y quien no quiera verlo así, creo, sinceramente, que se equivoca.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Alicante: paradigma de la discriminación pública.

Un somero examen de los datos y cifras socio económicos pone en cuestión, muchas veces, la eficiencia de las administraciones públicas y la propia capacidad de gestión de muchos políticos. Y éso es lo que ocurre especialmente cuando echamos un vistazo a la situación de nuestra provincia.

En primer lugar, contrasta poderosamente el empuje, la capacidad y la creatividad de la sociedad alicantina con los resultados de la gestión pública. Alicante es la cuarta provincia de España no sólo por su población, superior incluso a la de varias Comunidades Autónoma, sino que es, además, la cuarta por Producto Interior Bruto. Y ello a pesar de que las inversiones públicas, tanto del estado, como de la Generalitat Valenciana, en la Provincia han sido claramente insuficientes y discriminatorias con respecto a las realizadas en otros territorios, es decir, que Alicante está en el cuarto puesto a pesar de la falta de impulso de las Administraciones Públicas o lo que es lo mismo soportando una pesada losa pública.

Durante mucho tiempo, se ha venido denunciando por parte de una parte de la clase política la discriminación que suponía la escasa inversión anual de los Gobiernos de Zapatero. Según los datos del estudio recientemente publicado de INECA, las inversiones anuales del Estado han venido estando muy por debajo de la media nacional y esta anómala situación, paradójicamente, no se ha corregido en el ejercicio 2013, con el Gobierno del Partido Popular. La inversión del Estado por habitante en la provincia de Alicante en 2013 está un 40% por debajo de la media nacional. Por cada alicantino el Estado invertirá 132,53 euros, lo que supone 90,31 euros menos que la media nacional. Siendo la cuarta provincia en número de habitantes y en PIB, Alicante pasa a la posición 44 si se atiende al número de censados y a la posición 14 si se atiende al PIB. Para que nos hagamos una idea, desde 2008 a 2013, la Provincia de Alicante ha percibido del Estado 1.662 millones de euros menos de lo que debería haber recibido atendiendo a su población.

Y si analizamos las inversiones de la Generalitat Valenciana, de las que no se puede culpar a los gobiernos de Zapatero, nos encontramos con que representando Alicante el 40% de la población de la Comunidad Valenciana en los últimos cinco años sólo ha recibido el 29 % de las inversiones de la Generalitat, es decir, 210 millones de euros menos de lo que le correspondería por su peso poblacional. Señala el estudio de Ineca que entre 2008 y 2012 la Generalitat Valenciana gastó en infraestructuras 802,85 euros por cada castellonense censado; en Valencia la suma equivale a 502,19 euros por persona; mientras que en Alicante la cifra desciende a tan sólo 376,66 euros.

Se trate del Gobierno central o del autonómico, gobierne el PP o el PSOE, se reproduce exactamente la misma tendencia, el mismo criterio de discriminación hacia los alicantinos. No valen excusas, las cifras cantan y las responsabilidades son tan evidentes que es difícil encontrar justificaciones a las mismas.

Pero hay más cifras que ponen en cuestión la justicia y la solidaridad de nuestro actual sistema político en relación al trato que reciben los alicantinos. Un pensionista alicantino recibe de media 741,57 euros mensuales mientras que la media nacional es de 849,60 al mes y la regional es de 781,30 euros. Y en la provincia hay con 293.743 pensionistas. El año pasado los magistrados de la provincia de Alicante recibieron 5.645 procedimientos por desahucios, de los que ordenaron un total de 5.373. A nivel nacional, los magistrados ordenaron 101.304 desalojos a lo largo del año pasado. Los datos colocan a la provincia de Alicante como la tercera de España en lanzamientos de viviendas registradas en los juzgados por lo que también salimos peor parados en la media.

Nos cae ahora, si no se remedia, le decisión del Gobierno de elevar hasta los 400 hm3 la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía recortando entre 40 hm3 y 50 hm3 el caudal anual disponible para trasvasar a Alicante y Murcia, poniendo en serio peligro la continuidad del riego tan esencial para la agricultura de la Provincia. Si escasa y cara es el agua para nuestra agricultura, tampoco encontramos compensación en el agua para consumo doméstico que es una de las más caras de España y la más cara si atendemos al tramo de contadores de 15mm y consumo de 10m3 mensual.

Y si queremos seguir analizando otras cifras nos encontraremos con resultados similares y conclusiones parecidas. Alicante es lo que es gracias a su población, a su sociedad más que gracias a la clase política. Y Alicante podría ser mucho más si no fuera por quienes nos representan y nos gobiernan. Pero, sobre todo, se quedan en el aire algunas preguntas, con estos datos ¿a qué c… se dedican nuestros representantes provinciales? ¿Cómo se puede lograr que Alicante alcance el peso que le corresponde ante la Generalitat o ante el Estado? ¿La Provincia más dinámica, más abierta y cosmopolita de la Comunidad Valenciana puede seguir así indefinidamente?

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

¿Moción de censura con un acosador? Mal. ¿Moción de censura con los representantes de ETA? Bien.

Ha sido sorprendente el ruido mediático organizado por la moción de censura del pasado 8 de marzo en Ponferrada. Es cierto que la fecha elegida no era la más oportuna, pero también parece que el asunto no era tan grave, sobre todo si se compara con otras actuaciones similares recientemente llevadas a cabo por los socialistas. Claro que para mayor desgracia de los dirigentes socialistas la triunfante moción de censura de Ponferrada gracias al voto del grupo municipal liderado por un acosador sexual, elegido concejal por sus vecinos no obstante sus antecedentes, coincidía con el Día de la Mujer y con los habituales tópicos y simplezas de la número dos socialista, la inefable y morosa Sra. Valenciano. Después de afirmar que “la derecha española nunca ha movido un dedo por el conjunto de las mujeres” y que la derecha española supone “una losa” para la igualdad y para las mujeres, la Sra. Valenciano y su partido regalaban a todos los españoles y, en especial, a las mujeres la guinda de Ponferrada. 

Y para rematar la faena, el número tres del PSOE, el otrora desmemoriado Sr. Óscar López, se justificaba y asumía la responsabilidad del citado regalo afirmando “que le había cegado el deseo de apartar de la política al acosador”, parte del pacto de dicha moción de censura. Claro que con tan poca memoria y peor vista cualquiera se hubiese cegado por tan altruista objetivo. ¡Hay que tener cara dura!

Sin embargo, el cúmulo de torpezas socialista ha servido para el rechinar de dientes y el rasgado de vestiduras de algunos que, sin embargo, no han tenido inconveniente moral alguno durante años en servirse de los votos del acosador y de otros que de siempre guardan un sepulcral silencio mientras en sus filas ostenta un importante cargo orgánico un maltratador como Jesús Eguiguren o mientras su partido apoya repetidamente a los testaferros de ETA. El 12 de abril de 1992, su esposa Assunta Zubiarrain le denunció por malos tratos y a raíz de ello, el entonces vicepresidente del Parlamento vasco, fue condenado a 17 días de arresto menor. El dirigente socialista golpeó a su mujer con las manos, un paraguas y un zapato y ésta terminó cayendo por unas escaleras mientras discutían, al parecer, sobre presuntas infidelidades matrimoniales del Sr. Eguiguren. Jesús Eguiguren, produjo a su esposa hematomas y contusiones en las zonas parietal y occipital del cuero cabelludo, en los hombros, brazos, codos, manos, glúteo y muslos, lesiones que tardaron en curar un total de 20 días y que no dejaron secuelas. Puede que fuera su experiencia en el campo de la violencia la razón por la cual el Sr. Zapatero encargó a este valiente tipo negociar con los violentos asesinos de ETA. Semejante “machada”, por cierto, no ha provocado nunca la riada de improperios por la supuesta indignación entre las, también presuntas, mujeres progresistas, como la que recientemente causó unas desafortunadas declaraciones del actor y diputado Toni Cantó. Con lo que se muestra claramente dos cosas: que buena parte de la izquierda española, otorgadora de credenciales de pureza democrática, utiliza de forma innoble cualquier asunto sensible como el machismo o la violencia doméstica y que siempre aplica la Ley del Embudo.

Aún con ser inoportuno y grave el episodio de la moción de censura en Ponferrada es, con mucho, menos importante que otros episodios políticos protagonizados por los socialistas vascos o navarros. En esta última Comunidad Autónoma, los socialistas no han tenido el más mínimo escrúpulo moral y político en sumar sus votos a los de Bildu para arrebatar la alcaldía de  Egüés a UPN y situar a la cabeza del consistorio a Alfonso Etxeberria de NaBai. Y, sin ir muy lejos, tampoco han tenido los socialistas ningún problema de conciencia en facilitar a Bildu la gobernabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián en minoría prestando sus votos para que saliesen adelante los presupuestos de 2013.

Si valerse del voto de un acosador para hacerse con la alcaldía de Ponferrada ha puesto el grito en el cielo de las representantes socialistas, no parece muy coherente aprobar con su permanente y cómplice silencio mociones de censura de la mano de los herederos o representantes de los asesinos de ETA o la gobernabilidad de los mismos en algunas instituciones. Ofenden con ello, y mucho, no sólo a la memoria de las víctimas de ETA, entre las que se encuentran muchos socialistas, sino a la sensibilidad democrática de los ciudadanos españoles decentes. ¡Hay que ser hipócritas!

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es