¿Moción de censura con un acosador? Mal. ¿Moción de censura con los representantes de ETA? Bien.

Ha sido sorprendente el ruido mediático organizado por la moción de censura del pasado 8 de marzo en Ponferrada. Es cierto que la fecha elegida no era la más oportuna, pero también parece que el asunto no era tan grave, sobre todo si se compara con otras actuaciones similares recientemente llevadas a cabo por los socialistas. Claro que para mayor desgracia de los dirigentes socialistas la triunfante moción de censura de Ponferrada gracias al voto del grupo municipal liderado por un acosador sexual, elegido concejal por sus vecinos no obstante sus antecedentes, coincidía con el Día de la Mujer y con los habituales tópicos y simplezas de la número dos socialista, la inefable y morosa Sra. Valenciano. Después de afirmar que “la derecha española nunca ha movido un dedo por el conjunto de las mujeres” y que la derecha española supone “una losa” para la igualdad y para las mujeres, la Sra. Valenciano y su partido regalaban a todos los españoles y, en especial, a las mujeres la guinda de Ponferrada. 

Y para rematar la faena, el número tres del PSOE, el otrora desmemoriado Sr. Óscar López, se justificaba y asumía la responsabilidad del citado regalo afirmando “que le había cegado el deseo de apartar de la política al acosador”, parte del pacto de dicha moción de censura. Claro que con tan poca memoria y peor vista cualquiera se hubiese cegado por tan altruista objetivo. ¡Hay que tener cara dura!

Sin embargo, el cúmulo de torpezas socialista ha servido para el rechinar de dientes y el rasgado de vestiduras de algunos que, sin embargo, no han tenido inconveniente moral alguno durante años en servirse de los votos del acosador y de otros que de siempre guardan un sepulcral silencio mientras en sus filas ostenta un importante cargo orgánico un maltratador como Jesús Eguiguren o mientras su partido apoya repetidamente a los testaferros de ETA. El 12 de abril de 1992, su esposa Assunta Zubiarrain le denunció por malos tratos y a raíz de ello, el entonces vicepresidente del Parlamento vasco, fue condenado a 17 días de arresto menor. El dirigente socialista golpeó a su mujer con las manos, un paraguas y un zapato y ésta terminó cayendo por unas escaleras mientras discutían, al parecer, sobre presuntas infidelidades matrimoniales del Sr. Eguiguren. Jesús Eguiguren, produjo a su esposa hematomas y contusiones en las zonas parietal y occipital del cuero cabelludo, en los hombros, brazos, codos, manos, glúteo y muslos, lesiones que tardaron en curar un total de 20 días y que no dejaron secuelas. Puede que fuera su experiencia en el campo de la violencia la razón por la cual el Sr. Zapatero encargó a este valiente tipo negociar con los violentos asesinos de ETA. Semejante “machada”, por cierto, no ha provocado nunca la riada de improperios por la supuesta indignación entre las, también presuntas, mujeres progresistas, como la que recientemente causó unas desafortunadas declaraciones del actor y diputado Toni Cantó. Con lo que se muestra claramente dos cosas: que buena parte de la izquierda española, otorgadora de credenciales de pureza democrática, utiliza de forma innoble cualquier asunto sensible como el machismo o la violencia doméstica y que siempre aplica la Ley del Embudo.

Aún con ser inoportuno y grave el episodio de la moción de censura en Ponferrada es, con mucho, menos importante que otros episodios políticos protagonizados por los socialistas vascos o navarros. En esta última Comunidad Autónoma, los socialistas no han tenido el más mínimo escrúpulo moral y político en sumar sus votos a los de Bildu para arrebatar la alcaldía de  Egüés a UPN y situar a la cabeza del consistorio a Alfonso Etxeberria de NaBai. Y, sin ir muy lejos, tampoco han tenido los socialistas ningún problema de conciencia en facilitar a Bildu la gobernabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián en minoría prestando sus votos para que saliesen adelante los presupuestos de 2013.

Si valerse del voto de un acosador para hacerse con la alcaldía de Ponferrada ha puesto el grito en el cielo de las representantes socialistas, no parece muy coherente aprobar con su permanente y cómplice silencio mociones de censura de la mano de los herederos o representantes de los asesinos de ETA o la gobernabilidad de los mismos en algunas instituciones. Ofenden con ello, y mucho, no sólo a la memoria de las víctimas de ETA, entre las que se encuentran muchos socialistas, sino a la sensibilidad democrática de los ciudadanos españoles decentes. ¡Hay que ser hipócritas!

Santiago de Munck Loyola

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Más sobre Esperanza Popular.

Hay que ver la manía o costumbre que tienen algunos de adjudicar a los demás intenciones o fines que los interesados nunca han manifestado. La imaginación es libre y soñar también, pero de ahí a convertir las ensoñaciones en noticia hay un gran abismo. Una vez más, el pasado 15 de marzo, el diario ABC publicó una noticia, bajo el titular “Los críticos del PP de Alicante se alían con el exalcalde de Alcoy”, que poco se compadece con la realidad. La información empieza como sigue: Santiago de Munck, militante del PP alicantino e impulsor de la corriente «Esperanza Popular» -crítica con el presidente provincial de los populares alicantinos, José Císcar, y con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo-, trata de extender su oposición interna a la estructura del partido más allá de la capital alicantina. Para ello, el pasado miércoles mantuvo un encuentro en Alcoy con varios exmilitantes del PP identificados con el expresidente provincial Joaquín Ripoll”. Puedo asegurar que ni soy impulsor de la “corriente” Esperanza Popular, ni trato de extender ninguna oposición interna a la estructura del partido más allá de la capital alicantina. Si el redactor de la noticia se hubiese tomado la molestia de preguntarle a un servidor al que le atribuye alegremente intenciones disparatadas podría haber hecho en su escrito honor a la verdad y no una loa a la imaginación política.

Si lo hubiese hecho sabría que Santiago de Munck es un antiguo militante del Partido Popular y antes de Alianza Popular y que es impulsor, no de una corriente, sino de un Foro que se llama Esperanza Popular. El Foro Esperanza Popular nació como un lugar de encuentro “virtual” en Internet para que los “populares” que creen en la democracia interna y en la regeneración democrática pudieran intercambiar ideas y propuestas, ante la ausencia de canales de participación en el Partido Popular de la ciudad de Alicante. Ahora, el Foro Esperanza Popular cuenta, además, con un espacio físico, con un lugar de encuentro real en la Plaza Gabriel Miró 14 de Alicante. Pero no es ninguna corriente dentro del partido puesto que está abierto a la participación de los vecinos de Alicante, sean o no afiliados del PP, y se está configurando como una asociación para el estudio y debate de los problemas políticos, económicos y sociales que afectan a los ciudadanos de Alicante.

Podría saber, si hubiese preguntado, que ni Santiago de Munck, ni los compañeros que participan en el Foro Esperanza Popular, hacen una oposición crítica ni a José Ciscar, ni a Sonia Castedo y, por supuesto, no tienen la intención de extender una inexistente “oposición interna a la estructura del partido” más allá de Alicante. Lo que hemos hecho algunos y a título personal hasta ahora es manifestar nuestra discrepancia sobre alguna decisión concreta adoptada por la Dirección Provincial del PP alicantino o sobre alguna actitud de la primera edil de la ciudad de Alicante. Criticar e impugnar, por ejemplo, por los cauces reglamentarios internos la decisión adoptada de espaldas a los militantes de Alicante de sustituir la Junta local de Alicante por Juntas de Distrito, vulnerando los Estatutos del Partido, es absolutamente legítimo y acataremos lo que resuelvan los órganos superiores del partido y los tribunales de justicia en su caso. Pero no es, en modo alguno, “realizar una oposición interna a la estructura del partido”. Criticar comportamientos políticos poco ejemplares como reuniones para “apuntalar” las elecciones internas entre la Dirección Provincial y concejales imputados es absolutamente legítimo y no constituye tampoco expresión alguna de “una oposición interna a la estructura del partido”. Como tampoco constituye expresión de “una oposición interna a la estructura del partido” el hecho de que algunos manifestemos lo que es una obviedad que la permanencia de imputados en los grupos populares municipales o autonómicos daña a la imagen del Partido Popular. No existiendo ninguna corriente de oposición interna a la estructura del partido, difícilmente se puede pretender exportarla.

Parece que la actitud de algunos dirigentes expresada en el “conmigo o contra mí”, en la máxima política imperante de acatar y obedecer sin rechistar, se traslada con mucha facilidad a ciertos medios de comunicación. El pasado 13 de marzo, se celebró en Alcoy una reunión entre miembros del Foro Esperanza Popular, miembros del Foro Movimientos de Bases del PPCV y antiguos militantes del PP para intercambiar puntos de vista y para analizar la situación política en nuestra Comunidad, y nada más. Querer convertir una simple reunión en una especie de conspiración contra el aparato del PP es pura fantasía. El Foro Esperanza Popular es lo que es y no lo que otros quieren que sea, ni lo que algunos “venden” a los medios de comunicación, algunos de los cuales andan muy ávidos de comprar cualquier mercancía aunque está completamente averiada.

Por último, parece imprescindible hacer una importante aclaración. Según el Diario ABC el motivo para iniciar un expediente disciplinario contra un servidor y el ex concejal Antonio Sobrino, con el fin de expulsarnos del PP, estaría “en sus descalificaciones de las decisiones que adoptan los órganos de dirección del partido o el menosprecio a afiliados del PP (en este caso, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo)”. Pues bien, criticar e impugnar una decisión concreta (la supresión manu militari de la Junta Local de Alicante) no es una descalificación, como no lo es cualquier recurso que un ciudadano interponga ante cualquier resolución administrativa o judicial. Y, del mismo modo, manifestar que Sonia Castedo, a la que nunca hemos criticado en su ámbito personal, debería dimitir o abandonar el Grupo Popular por estar imputada por varios delitos tampoco es menospreciarla. Quien no quiera verlo así es por puro interés. Quien quiera basarse en descalificaciones o menosprecios inexistentes para continuar con sus pretensiones sancionadoras es que sólo sabe ser fiel a íntimas convicciones totalitarias y antidemocráticas que, por cierto, no deberían tener cabida en el Partido Popular.

Santiago de Munck Loyola

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El Papa Francisco.

Cuando ya ha transcurrido una semana desde la elección del Papa Francisco se van calmando las agitadas aguas informativas y la cascada de elogios y críticas que inundó las redes sociales. La elección del Cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, de 77 años, ha sido una sorpresa que ha dejado en evidencia los vaticinios de los expertos vaticanólogos. Lo cierto es que no ha acertado ninguno. El rápido resultado del Cónclave ha sorprendido a propios y a extraños y supone el inicio de un nuevo período en la vida de la Iglesia Católica en el que muchos depositan grandes esperanzas de cambio y renovación.

El Papa Francisco es el primer Papa americano de la historia de la Iglesia. Proviene de un continente (el fin del mundo, como él mismo dijo) en el que viven casi la mitad de los católicos existentes en el mundo, herencia de la colonización española y portuguesa fundamentalmente. Desde el primer momento, parece que el Papa Francisco quiere señalar un camino distinto al de los últimos años. Ya la elección de su nombre, en recuerdo a San Francisco de Asís, el santo de los pobres, es una clara referencia de sus prioridades como lo es también su llamamiento inicial a una Iglesia pobre y para los pobres. Sus gestos de humildad, de sencillez, de cercanía y de bondad no son simples escenificaciones del momento, sino que a la luz de su trayectoria se corresponden perfectamente con lo que ha sido hasta hora su forma de vivir y su pastoral. Sus inicios en la sede de Pedro son más propios de un Párroco, de un Obispo consagrado a su diócesis que de un Papa a la antigua usanza, lo que contrasta bastante con la imagen más fría y distante que se percibía de su predecesor, el Papa Benedicto XVI. Me recuerda bastante al Papa Juan Pablo I por su sencillez, su talante y sus primeras preocupaciones sociales expresadas públicamente.

Este Papa, al igual que los anteriores, no resulta indiferente a quienes se declaran ateos y abiertamente enemigos de la Iglesia. Es sorprendente comprobar cuánto se agitan y cómo se pronuncian sobre lo que los Católicos hacen o dejan de hacer. Y, en esta ocasión, no han perdido el tiempo en las redes sociales llevando sus críticas al nivel de calumnias y de disparates. Ya se despacharon a gusto calificando a Benedicto XVI de nazi obviando el hecho de que el régimen nazi obligó al ingreso en las juventudes hitlerianas a todos los seminaristas del país en 1939, cuando Joseph Ratzinger contaba con solo 12 años de edad. Ahora, a las pocas horas de la elección del Papa Francisco, los de siempre, se apresuraron a inundar las redes sociales con toda clase de supuestas informaciones sobre el recién elegido Papa vinculándole directamente con la criminal dictadura argentina o atribuyéndole frases falsas, tal como se ha demostrado, sobre la condición femenina. He llegado a ver en Factbook fotos de un prelado junto al dictador Videla diciendo que era el actual Papa y cuando alguien se atrevía a escribir que no se parecía a él y que por edad no podía tratarse de la misma persona, los difusores de tales patrañas se apresuraban a decir que daba lo mismo, que bien podía haber sido él. Resulta sorprendente la falta de rigor intelectual, la ausencia de principios éticos y el abuso de la crítica zafia y facilona con la que los enemigos de la Iglesia se prodigan en las redes. Una cosa es la crítica y otra muy distinta es la mentira pura y dura. Es evidente que este Papa tiene un pensamiento conservador en muchos aspectos, sobre todo los morales, que bien podrían servir de crítica para quienes postulan unos planteamientos distintos, más progresistas. Crítica que, por otra parte, estarían más legitimados para ejercer quienes por pertenecer a la propia Iglesia se podrían ver más afectados por la aplicación de dicho pensamiento que aquellos a quienes, declarándose ateos o anticlericales, lo que diga o piense un Papa ni les va, ni les viene. Pero no, no es así, esta izquierda totalitaria y totalizadora va por el mundo impartiendo carnets de ciudadanía, diciendo a los católicos lo que tienen o no que hacer, lo que deben o no pensar y lo que es bueno o malo. Lo hacen siempre en el terreno político, en el económico, en el social y hasta en el religioso.

Si algo enseña la vida es que cuanto más se excitan estos materialistas dogmáticos es que mejor lo está haciendo la Iglesia y, sinceramente, la primera impresión que uno se lleva tras esta semana es que los electores han acertado con el Papa Francisco. Ojala sea así. Tiene por delante un difícil camino, una dura tarea para la que contará, sin duda, con las oraciones de todos los creyentes.

Santiago de Munck Loyola

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Sobre los desahucios.

Ayer, día 14 de marzo, se celebró en el local del Foro Esperanza Popular una Mesa Redonda sobre “Los desahucios y las reformas legislativas”. Estaban invitados a participar tanto la Plataforma Stop Desahucios de Alicante como la Cruz Roja de Alicante pero, por diferentes razones, no quisieron exponer en público su posición sobre este auténtico drama social. Coincidió esta Mesa Redonda con la publicación de la Sentencia del Tribunal Europeo que cuestiona la compatibilidad de la legislación hipotecaria española con la europea y que ha abierto, en un primer momento, demasiadas esperanzas, tal y como señaló alguno de los ponentes.

La Mesa Redonda se inició con la intervención de D. José Joaquín Belda Gonzálvez, Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Perito tasador judicial, Asesor hipotecario, Técnico Urbanista y Ex agente y delegado de la Sociedad Publica de Alquiler del Ministerio de fomento, quien hizo un análisis sobre las responsabilidades de la banca, las sociedades inmobiliarias y la clase política en el estallido social que vivimos en torno a la vivienda. Destacó la interesada falta de flexibilidad de los bancos a la hora de abordar los problemas de impagos de sus clientes así como la incongruencia que supone el rescate bancario frente a la desprotección del ciudadano. Subrayó la necesidad de apostar por la adopción de diferentes soluciones simultáneas como el reforzamiento de la ley concursal para los particulares, la ampliación de las recientes reformas para que alcancen a más ciudadanos, el desarrollo de una auténtica política de vivienda social que permita superar los intereses ocultos de sociedades inmobiliarias al servicio de las instituciones financieras o la reforma de la vigente Ley hipotecaria. Por último, denunció la ineficacia de la clase política para reaccionar en tiempo y forma ante una situación que ha terminado por estallarle en las manos.

A continuación, intervino D. Carlos Pérez Pomares, Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández, Socio de Cuatrecasas y director de Cuatrecasas Alicante hasta 2012 y abogado en ejercicio, quien empezó por señalar que estamos viviendo en número de desalojos más alto de la historia hipotecaria española. Destacó que la legislación hipotecaria española con más de 100 años de existencia a sus espaldas ha venido funcionando razonablemente bien y que ha siso y es considerada en muchos países como un modelo por lo que muchos de sus elementos están siendo importados en legislaciones extranjeras. Subrayó que de hecho nuestra legislación es la que ha permitido que la mayoría de la gente sea propietaria de su vivienda y que, a diferencia de otros países, más del 90 % de las viviendas pertenezcan a ciudadanos particulares y no a sociedades. Uno de los principales efectos de la crisis es la pérdida de empleo y, por tanto, de la capacidad del prestatario de cumplir con sus obligaciones frente al banco quien finalmente termina por quedarse con la garantía del préstamo, la casa, dejando además al ciudadano sin vivienda y con una enorme deuda. Subrayó que hasta hoy las diferentes soluciones aportadas por los políticos son débiles, que existe además una enorme dificultad por nuestro sistema legal para generar beneficios al consumidor con efectos retroactivos, que una Ley de Dación en pago es muy difícil y compleja para ser desarrollada y que habría que reformar la legislación hipotecaria permitiendo la convivencia de otras fórmulas como las anglosajonas.

Por último, intervino D. Emilio José Crespo Martínez, ex directivo de la CAM, quien aportó su vivencia y su visión del profesional de la banca que tiene que enfrentarse a diario a situaciones dramáticas con personas de su entorno. Subrayó que uno de los principales problemas con los que se enfrenta el sistema es el de la política del banco de España que exige a los bancos unas elevadísimas dotaciones lo que, al final, encarece de forma desorbitada los procedimientos hipotecarios y, con ello, las deudas finales de los prestatarios. Destacó que considerando que la mayor parte de los procedimientos de ejecución se centran en deudas no superiores a los 50.000 euros una política monetaria más flexible sobre las dotaciones implicaría una importante reducción de los costes beneficiando con ello a los deudores. Señaló que constituye un absurdo que se traduce en un enorme sobrecoste para el deudor el hecho de que las ejecuciones hipotecarias se alarguen durante cuatro o cinco años. Todos estos sobrecostes se repercuten en el usuario y en el precio del dinero.

Tras las intervenciones de los ponentes se abrió un interesante debate entre los asistentes que sirvió para clarificar y matizar muchas cuestiones que se fueron suscitando a lo largo de la sesión.

Santiago de Munck Loyola

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Motivos para regenerar.

José Blanco, ex Ministro de Fomento, imputado por tráfico de influencias y sigue en su escaño. 38.000 millones de euros públicos inyectados a la banca en 2012 y ésta inicia más de 50.000 procedimientos de desahucio en el mismo año. Los diputados madrileños Bartlomé González e Isabel Redondo se dedican a jugar con sus iPad mientras se habla del paro en la Asamblea, el diputado autonómico valenciano Luis Díaz Alperi se hace la manicura en el Pleno mientras su compañera de escaño Milagrosa Martínez aprovecha para estudiar francés. Los ciudadanos deberán  tomar como referencia los últimos 25 años cotizados para obtener la cuantía de la pensión por jubilación, mientras que diputados y senadores pueden cobrar la pensión máxima con 11 años. Los sindicatos se rasgan las vestiduras por la reforma laboral y después se afanan en aplicarla en los despidos de sus propios empleados. Patrimonio Nacional se gastó más de 2 millones de euros en acondicionar la finca La Angorrilla en la que se alojó la entrañable amiga del Rey y éste nos habla de la necesidad de ejemplaridad sin inmutarse. La Alcaldesa de Novelda es procesada y ni dimite ni su Partido le pide públicamente que lo haga. Los españoles pagamos en cuatro viajes oficiales del Rey los gastos de su acompañante, la entrañable amiga de La Angorrilla. El PSOE, el día de la mujer, se hace con la Alcaldía de Ponferrada gracias a una moción de censura negociada con un acosador sexual. El ex Presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, en la cárcel. El Vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, acusado de pagar en negro a sus empleados, se jacta de deber dinero a la Seguridad Social y a Hacienda. 

IU de Madrid debe más de 1 millón de euros a hacienda al destinar a otros fines las retenciones a cuenta del IRPF de sus trabajadores. La Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tras ser imputada por cuatro delitos es homenajeada por la Dirección provincial del PP. El Secretario de Estado de la Seguridad Social falsea su curriculum afirmando ser médico sin serlo, en su ficha del Congreso no aparece la "Declaración de Actividades" ni tampoco "Declaración de Bienes y Rentas" a pesar de las 5 legislaturas que lleva de congresista y no dimite. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano es embargada por no cumplir sus obligaciones tributarias tanto por la Agencia Tributaria, como por la Diputación de Alicante y tampoco dimite. Carmen Vela hace campaña a favor de Rubalcaba y dos meses después es nombrada por Rajoy Secretaria de Estado de Investigación para desprecio de votantes y afiliados del PP. La Generalidad Catalana recorta en Sanidad mientras se gasta 33 millones de euros al año en embajadas ilegales. Desaparecen en 2008 más de 100 kgs. de cocaína de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y todavía no se sabe quienes son los culpables. Más de 1.400 millones de euros desaparecen en los EREs fraudulentos andaluces y no dimite ningún alto cargo andaluz. Jesús Sepúlveda fue contratado en Génova después de tener que dimitir de Alcalde y no se sabe aún quién y por qué le contrató. La  Fundación Ideas pagó 150.000 euros provenientes de subvenciones públicas  a Traducciones Políglota, la empresa de la hermana de Elena Valenciano, Paloma, por unos trabajos que nadie ha especificado en qué consistieron. Mientras falta dinero para el subsidio del paro, se siguen pagando sueldos con dinero público de 900.000 euros al año en Red Eléctrica, de 500.000 euros en bancos rescatados o de 150.000 euros en empresas públicas. Los partidos políticos recibieron en 2012 más de 64 millones de euros para sus gastos de funcionamiento. Urdangarín vendió humo a las administraciones públicas por varios millones de euros y los políticos que lo compraron siguen tan tranquilos. Bárcenas sigue chuleando al PP y éste no responde coordinadamente y con contundencia. La corrupción preocupa cada día más a los españoles según el CIS y el PSOE se abstiene en las resoluciones para combatirla aprobadas en el Congreso por el resto de los grupos parlamentarios. España está plagada de obras públicas millonarias y sin ningún uso y ningún político ha respondido por este despilfarro. Algunas televisiones privadas pagan a delincuentes para entrevistarlos. 

La pensión mínima de jubilación para un trabajador de 65 años es de  8.383,20 euros al año, mientras que Zapatero, tras arruinar al país, simultaneará una pensión vitalicia de 75.000 euros anuales con otros 80.000 euros al año como Consejero de Estado. Los Clubs de fútbol adeudan a Hacienda más de 750 millones de euros y a la seguridad social otros 11 millones. La familia del ex presidente Pujol se benefició durante años de las influencias del padre pero no se debe denunciar porque se podría interpretar como un ataque a Cataluña. El ex ministro socialista Julián García Valverde se va a llevar 335 millones de euros en comisiones por el Ave a La Meca gracias a las gestiones del ex ministro Blanco. Los españoles seguimos pagando la electricidad más cara de Europa. Un escaño por Soria cuesta 47.000 votos mientras que por Madrid 188.000 votos. Desde 2006 España dona a ONU mujeres 178 millones de euros y termina colocando a la ex Ministra Bibiana Aido con un sueldo de 6400 euros mensuales. Ana Mato se gasta 17.000 euros en un informe titulado “gobernando con amor”. El salto de Falete al agua rompe records de audiencia televisiva. Los madrileños sufrieron en 2012 una media de 10 manifestaciones diarias. El Tribunal de Cuentas tarda más de cinco años en fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Con más de 800.000 catalanes en paro, la prioridad de Mas es la independencia… El PSOE en San Sebastián vota a favor de galardonar a uno de los fundadores de ETA. Podría seguir escribiendo páginas y más páginas. ¿Todavía hay alguien que piense que España no necesita una regeneración?

Santiago de Munck Loyola

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Regeneración democrática.

La última encuesta del CIS viene a ratificar los planteamientos y preocupaciones que compartimos, al igual que la mayoría de los ciudadanos, los miembros del Foro Esperanza Popular y, sobre todo, el convencimiento de que hay que impulsar muchos cambios en la vida política para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En esta última encuesta la corrupción y el fraude se convierten en la segunda preocupación de los ciudadanos con un 40 % y la clase política en el cuarto problema con casi un 30 %. Y lamentablemente la inmensa mayoría de los casos de corrupción tienen su origen en comportamientos irregulares de una parte de la clase política. El distanciamiento de los ciudadanos hacia la clase política, hacia los partidos políticos y hacia las instituciones democráticas es cada vez mayor y resulta sorprendente la falta de reacción de los dirigentes de los partidos políticos, la falta de autocrítica ante esta situación y la ausencia de propuestas para corregir un panorama que, de mantenerse, supondrá el desmantelamiento del actual sistema.

Frente a la pasividad de unas élites cómodamente instaladas en sus privilegios y el rupturismo de los antisistemas y sus jaleadores, sólo hay una opción sensata, equilibrada y razonable y ésa no es otra que la que representa el reformismo, la regeneración democrática del sistema político. Mucho se ha escrito y hablado sobre la “regeneración de la democracia” y las interpretaciones sobre esta idea son siempre variadas y hasta en ocasiones contradictorias. Lo cierto es que ante una situación concreta, en este momento de grave crisis económica, política y social, el sistema político vigente, sus agentes y sus instituciones no cuentan con el aprobado de una buena parte de los ciudadanos. Y ello es así fundamentalmente porque de una parte no obtenemos las respuestas y soluciones que esperamos de nuestras instituciones y de otra es cada vez mayor la distancia entre el mundo oficial y el mundo real, el mundo de los políticos y el de los ciudadanos. Cuando el sistema no es capaz de satisfacer las necesidades más básicas de una gran parte de la población y cuando es en gran medida culpable de muchos de los problemas económicos y sociales del país es evidente que algo falla, que algo no funciona y que es preciso cambiarlo.

http://www.diarioinformacion.com/elda/2013/03/07/direccion-provincial-pp-lleva-genova-edil-imputada-caso-alumbrado/1350875.html

Regenerar la democracia es podar todas las ramas que se han secado, que no dan frutos o están enfermas para que vuelvan a brotar sanas y con más fuerza. Es poner guías que impidan crecimientos anómalos de algunas ramas y es abonar, regar y cuidar constantemente el árbol para evitar tener que acudir periódicamente a tratamientos de choque o para evitar simplemente su muerte. No se puede regenerar la democracia sin regenerar primero a sus agentes políticos, a los propios jardineros, es decir, a los partidos políticos. Hablar de separación de poderes en el estado, de racionalización de la estructura política del mismo, de responsabilidad política y penal, en su caso, de los gobernantes, de mejorar los niveles de representatividad de las instituciones democráticas, de devolver el protagonismo que le pertenece a la sociedad civil o de la independencia política frente a los mercados y grupos de presión es imprescindible en todo programa regenerador, pero es un brindis al sol si la regeneración no empieza por los propios partidos políticos, teóricos cauces de la participación ciudadana, que son los agentes políticos naturales en toda democracia.

La regeneración democrática para ser creíble debe empezar por quienes deberían llevar a cabo la regeneración del sistema político, por los partidos políticos y por la clase política. La democracia interna real, no sólo nominal, la participación permanente de los afiliados y simpatizantes, las listas abiertas, la limitación de mandatos, las incompatibilidades, la financiación transparente, la profesionalidad, la ejemplaridad y honradez de los cargos públicos son exigencias básicas para avanzar en un proceso de regeneración democrática realmente eficaz.

En las actuales circunstancias en las que a los militantes de a pie se nos amenaza con expulsiones simplemente por reivindicar estos valores y por ejercer la libertad de expresión y de crítica públicamente, ante la ausencia de canales internos, por diferentes decisiones arbitrarias consuela saber que no estamos solos, que cada vez hay más gente que comparte nuestras preocupaciones y objetivos, que hay gente que no vive de la política pero que vive la política con pasión, generosidad y altura de miras, y que está también dispuesta, sin miedos ni complejos, a seguir reivindicando la vigencia de unos valores que no son meros enunciados, sino exigencias de conducta personal que deben plasmarse en la acción política diaria. Y esa constatación se produjo en la primera reunión que ayer mantuvimos algunos miembros del Foro Esperanza Popular de Alicante con miembros del Foro Movimiento de Bases del PPCV. Ayer pudimos confirmar que no estamos solos y que vamos en la buena dirección.

Santiago de Munck Loyola

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PSOE y PSC, una relación imposible.

La votación en el Congreso, el pasado 26 de febrero, sobre la resolución a favor de la consulta independentista en Cataluña evidenció lo que muchos ya sospechaban desde hace tiempo que el PSOE ha dejado de ser un partido de ámbito nacional, de toda España, y, por tanto, ha dejado de constituir por si mismo una alternativa de gobierno. La ruptura del Grupo Socialista provocada por el alineamiento de los socialistas catalanes en el bando de los independentistas no es una buena noticia para la salud de nuestra democracia, todo lo contrario, se trata de un elemento más de preocupación y de estabilidad institucional que debería ser resuelto de la mejor manera y lo antes posible.

Pese a todos los intentos de edulcorar la posición de los socialistas catalanes manifestando que no están a favor de la independencia de Cataluña, sino sólo a favor de que se realice una consulta popular en Cataluña, y de que son partidarios de una España federal, lo cierto es que sus posiciones y sus actos coinciden milimétricamente con las estrategias rupturistas de los independentistas para quienes cualquier vulneración de la legalidad es válida siempre que se encamine hacia sus propósitos que no son otros que la independencia. Hoy, esta afirmación se ve confirmada por el hecho de que el Presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, ha decidido llevar a votación al Parlamento catalán, y a petición precisamente del Partido Socialista de Cataluña, la misma resolución a favor “del derecho a decidir” (es decir, de violentar la Constitución Española) que fue votada y rechazada por el Congreso de los Diputados la semana pasada y que evidenció la voladura intencionada del grupo socialista. Más claro el agua: los socialistas catalanes coinciden plenamente con las estrategias independentistas de Artur Mas y sus socios.

Es evidente que para los independentistas catalanes resulta indiferente lo que resuelva el Congreso de los Diputados porque, desde su perspectiva, no lo reconocen como depositario de la soberanía del pueblo. Parten de la existencia real, aunque aún no formal, de un sujeto político distinto y propio, de una nación diferente que excluye la existencia de cualquier otro sujeto político concurrente. Niegan por tanto la existencia del pueblo español como sujeto político soberano, tal y como se reconoce en el Artículo 1.2 de la Constitución Española, y consiguientemente de su representación institucional a través de las Cortes Generales, Congreso y Senado. Reclaman para si exactamente lo que niegan a los demás y lo hacen con el sentido propio de los movimientos excluyentes y totalizadores. Hay cierta involución conceptual en torno al alcance  del concepto de soberanía. Mientras las constituciones más modernas han ido sustituyendo el concepto de “soberanía nacional” por el de “soberanía popular o del pueblo”, los independentistas se aferran al concepto de nación y, por tanto, al de “soberanía nacional” estableciendo unos conveniente límites para sus intereses al mismo. El llamado “derecho a decidir” viene a ser un eufemismo para sortear el concepto de soberanía popular, la soberanía del pueblo español, establecido en Constitución de 1978 y del que emanan paradójicamente las actuales instituciones catalanas. Cabe preguntarse ¿quién tiene derecho a decidir? Y, sobre todo, ¿quién está legitimado para señalar quienes sí y quienes no tienen derecho a decidir? ¿Dónde se establece el nivel? ¿Tiene derecho a decidir el pueblo español? ¿El pueblo catalán? O una vez rota la delimitación constitucional ¿tendría derecho a decidir cualquier entidad local o provincial? ¿Tiene derecho una parte del pueblo soberano a excluir a otra parte del mismo en la toma de decisiones?

Parece claro que el acuerdo es prácticamente imposible si de lo que se trata es de romper unilateralmente las reglas de juego y de imponer unas nuevas reglas sin el consenso entre todos los participantes. Y parece aún más claro que los socialistas catalanes han apostado por “el derecho a decidir”, es decir, por la voladura de la soberanía del pueblo español en contra de las tesis y presupuestos ideológicos del PSOE. Por ello, parece difícil que la recomposición de los acuerdos que mantenías unidos a ambos partidos llegue a buen puerto. Son dos posturas irreconciliables por mucho que traten de “vender” otra cosa. Si el PSOE renueva algún tipo de acuerdo de colaboración con el PSC sin que éste renuncie a las tesis independentistas, el primero habrá dejado de ser de forma definitiva un partido de ámbito nacional o estatal como les gusta decir a ellos. Y ése es un lujo que España no se puede permitir.

Santiago de Munck Loyola

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Bárcenas interno, externo o mediopensionista.

Desconcertados, confusos, desconfiados y asombrados es como nos encontramos la mayoría de los votantes populares ante el asunto Bárcenas y, sobre todo, ante las explicaciones que sobre el mismo vienen ofreciendo los diferentes portavoces del Partido Popular. No tengo la menor duda de que Mariano Rajoy, al igual que la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Popular son personas honradas, como tampoco tengo ninguna duda de que hay posibles irregularidades en torno al Sr. Bárcenas, a su papel en el Partido Popular, a la financiación del mismo y a la forma con que se está gestionando la crisis desatada por el ex tesorero del PP.

El asunto Bárcenas no se podía gestionar peor de lo que se está haciendo y prueba de ello es que la respuesta de los populares no está convenciendo ni a los propios militantes del partido. Da la sensación de que aquí cada dirigente va por libre, de que no saben muy bien a qué se enfrentan y de que, sobre todo, no existe una respuesta coordinada sobre el asunto. Cada semana aparece una sorpresa y siempre hay algo que matizar, puntualizar o corregir sobre la respuesta ofrecida en la anterior sorpresa. Primero nos dicen que el Sr. Bárcenas dejó de trabajar para el partido popular a raíz de su imputación en el caso Gürtel. Después resulta que estaba cobrando 250.000 € anuales, el sueldo más alto pagado por el PP. Más tarde que no era un sueldo, sino una indemnización pactada. Posteriormente resulta que seguía contratado y fue despedido el 31 de enero de 2013. Hace pocas horas Pons insistía en una entrevista en ABC Punto Radio que la relación laboral con el ex tesorero terminó en 2010, lo que evidentemente no cuadra con que siguiera dado de alta hasta el 31 de enero de este año. Si seguía contratado, entonces no podía estar cobrando una indemnización. Y si se le estaba pagando de forma fraccionada una indemnización pactada tampoco podía seguir estando de alta y cotizando a la Seguridad Social, salvo que se tratase de un fraude a la misma.

Con Bárcenas pasa lo mismo que pasó con Sepúlveda: primero que no se le podía despedir porque era “funcionario” de la casa, según el Sr. Floriano, después porque sería un despido improcedente y, al día siguiente, a la calle que ya sí se podía despedirle. Así no hay quien se crea nada. No es posible que lo que hoy es blanco, mañana sea negro y pasado gris. Al día de hoy, no se sabe si Bárcenas estaba contratado, despedido o era mediopensionista popular. Las contradicciones, las constantes rectificaciones no contribuyen a poner luz sobre un asunto tan turbio, todo lo contrario, no hacen más que acrecentar las sospechas de que aquí hay algo o muy “gordo” o pésimamente gestionado.

Hay cosas absolutamente incomprensibles e inaceptables que exigen una explicación pública como lo es saber por qué se contrata como asesor a un ex alcalde que tiene que dimitir por estar imputado en el caso Gürtel o al Sr. Bárcenas tras dejar su escaño en el Senado tras ser imputado también. ¿Quién decidió contratarlos? ¿Quién decidió que había que pagar o indemnizar al Sr. Bárcenas con 250.000 € salidos en su mayoría de los contribuyentes? ¿Quién considera ético tomar estas decisiones? La verdad, uno empieza a pensar que los códigos éticos o los manuales de buenas prácticas deben estar en blanco porque sino no se entiende esta forma de proceder que, a la postre, sólo sirve para manchar el buen nombre de los miles de afiliados del Partido Popular que no tienen nada que ver, ni aprueban, estas prácticas.

Al margen del enriquecimiento personal de algunos, las informaciones periodísticas sustentadas en informes policiales, parecen señalar que los mismos se han llevado a cabo al amparo de operaciones irregulares en torno a la financiación del propio Partido Popular. Hay que ponerlo todo en cuarentena hasta que los procedimientos judiciales en curso lo aclaren, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, también nos sorprende a los votantes que algunas de estas informaciones sólo tengan el silencio por respuesta. Por ejemplo, el informe de la UDEF de 2008 que analiza la contabilidad de Orange Market en relación a las campañas de 2007 y 2008 en la Comunidad Valenciana, sacado a la luz nuevamente estos días, es más que preocupante y exige una aclaración cuando menos.

La opinión pública necesita saber exactamente qué ha pasado y quiénes son los responsables del asunto Bárcenas y de la financiación del Partido Popular en todos sus niveles. Y los militantes, a los que nos intentan sacar los colores con ello, también. Queremos y tenemos derecho a saber, a que se den explicaciones veraces y concretas, a que se exijan y se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar y, sobre todo, a que se acaben con unos modos y prácticas políticas indeseables. Queremos claridad y contundencia. Y no nos puede consolar lo que pase en otros partidos, que también pasa, queremos poder seguir sintiéndonos orgullosos de nuestro partido y no podemos seguir confiando en que mañana no aparezca ningún nuevo sobresalto, ninguna sorpresa que nos vuelva a hacer agachar la cabeza. No nos lo merecemos.

Santiago de Munck Loyola

Otro gatillazo: sin Pacto de Estado contra la corrupción.

Parece que, una vez más, la clase política en general no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y del clamor social contra la corrupción y ha sido incapaz de alcanzar un gran Pacto de Estado contra la corrupción. A lo más que se ha llegado tras el debate sobre el estado de la Nación ha sido a un gran acuerdo, no respaldado ni por el PSOE ni por IU, aprobando una serie de Resoluciones promovidas en su mayoría por el Partido Popular instando a la adopción de un catálogo de reformas contra la corrupción. Así, el Congreso ha aprobado 16 Resoluciones al Debate sobre el Estado de la Nación, de las que 14 han sido impulsadas por el Grupo Popular, una por el PNV, y otra acordada sobre la base de tres propuestas del PP, CiU, UPyD y el Grupo Mixto (UPN).

Una de estas resoluciones expresa la necesidad de un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones, emplazando a elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Igualmente, se pide la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia y se emplaza al Gobierno a aprobar una serie de proyectos de ley para su remisión al Parlamento: una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción, una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, como Estatuto del Cargo Público,  la reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporar a la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público, regular las organizaciones de intereses o "lobbies" y otras medidas como modernizar las campañas electorales.

Del examen de esta batería de medidas se deduce claramente que, al margen de la imposibilidad de lograr la unanimidad entre la clase política para combatir la corrupción, no se ha abordado el problema, salvo en lo relativos a los Partidos políticos (y habrá que esperar para ver con qué alcance), desde la perspectiva de las causas que facilitan o propician la aparición de la corrupción. Los grupos políticos se han decantado más bien por aumentar los controles y endurecer las sanciones sobre la corrupción, pero no por atajar las causas que la facilitan.

La inmensa mayoría de los casos de corrupción que afloran en nuestro país tiene su origen en tres ámbitos concretos: en el urbanismo, en las contrataciones públicas y en el funcionamiento de los partidos políticos. Y en el trasfondo está la discrecionalidad, la capacidad de decisión discrecional de técnicos y políticos, a la hora de ejecutar el urbanismo y de contratar obras, servicios y suministros con las administraciones públicas. Curiosamente, en las resoluciones aprobadas no se contiene ninguna mención a la necesidad de reformar la legislación del suelo o de las contrataciones con las administraciones públicas que permiten el uso y el abuso de la discrecionalidad, y por tanto de la arbitrariedad, a la hora de aplicar las diferentes normas que desarrollan esas materias. La primacía de criterios subjetivos sobre los objetivos en materia de urbanismo y de contrataciones es la que facilita que políticos y técnicos en algunos casos hagan un mal uso de las facultades que tienen otorgadas y que, por tanto, basen sus decisiones en intereses personales y no en intereses puramente públicos.

Todo hace pensar que siendo estas resoluciones un importante avance para castigar la corrupción no lo son tanto para prevenirla y ello permite poner en duda la existencia de una auténtica voluntad o de capacidad de la clase política para acabar con la lacra de la corrupción. Y lo que desde luego ha quedado patente es la falta de altura política de algunos para intentar aunar voluntades en algo tan importante para el conjunto de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

¿Sentencias a la cubana en Alicante?

Hay noticias que no tienen desperdicio. El pasado 22 de febrero, la edición alicantina del Diario ABC (http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130222/abcp-expulsara-afiliados-criticos-castedo-20130222.html) publicó el siguiente e ilustrativo titular El PP expulsará a dos afiliados críticos con Castedo y Císcar. Continuaba así: El comité de derechos y garantías del PPCV, que preside el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, ha iniciado el procedimiento para expulsar del partido a dos militantes de la agrupación alicantina: Santiago de Munck y Antonio Sobrino. La noticia, publicada por D. Martínez, se basaba en las informaciones ofrecidas por “fuentes próximas al comité de derechos y garantías”. Ya se sabe que cuando un periodista acude a la expresión de “fuentes próximas” se está refiriendo a alguien que no quiere dar la cara, a un cobarde, a un sujeto que o bien quiere esconder sus datos porque miente o porque no está autorizado a expresar lo que dice. Lo más preocupante de esta noticia es que seguramente el periodista no se ha inventado nada, sino que ha trasladado lo que la citada fuente, aunque dado el contenido debería ser calificada mejor de cloaca, le ha transmitido ya que nadie, con capacidad para ello, ha rectificado, ni ha puntualizado una sola coma.

Para ver el alcance y el calado de lo que esta noticia encierra, hagamos un ejercicio de ficción e imaginemos que un periódico traslada de fuentes próximas al juzgado el siguiente titular: El Juez condenará a la cárcel a la Alcaldesa de Alicante y todo ello sin que se haya iniciado procedimiento judicial alguno. Sería un escándalo de primeras proporciones. Sería una prueba evidente de que no se va a celebrar ningún juicio conforme a las garantías mínimas procesales que nuestra Constitución ampara, se estaría vulnerando clarísimamente la presunción de inocencia y todo el proceso judicial que se desarrollase después no sería más que una farsa. Estaríamos ante un proceso a la cubana, o a la soviética, donde el acusado, antes siquiera de serlo, ya estaría condenado. Pues es exactamente el mismo caso que el descrito por el corresponsal de ABC a instancias de las informaciones facilitadas por las fuentes próximas al llamado “Comité de Derechos y Garantías” (¿de quién?) que preside, al parecer, el Sr. Castelló.

Es más, según esas mismas turbias fuentes  la intención de Castelló es que ambos militantes reciban la notificación del inicio de su expediente de expulsión la próxima semana. Como puede ver cualquiera no se trata de un expediente para averiguar hechos, dar trámite de audiencia y decidir, en su caso, la imposición de una determinada pena, no, eso sería lo normal en una organización democrática propia de un estado de derecho, pero parece que lo normal, y lo legal, es algo que desconocen las fuentes próximas al Comité de Derechos y Garantías.

Si el redactor de esta noticia, la hubiese contrastado con los condenados sin juicio, perdón los afectados por el presunto “decreto” cubano de expulsión podría haber contribuido a clarificar las aguas sucias vertidas por su fuente informativa. Podría saber que las supuestas críticas deben de referirse a la impugnación del acuerdo de la Junta Provincial de sustituir a la Junta local de Alicante por Juntas de Distrito, impugnación que desde el 15 de enero está en manos de ese mismo Comité de Derechos y Garantías sin que, hasta el día de hoy, ni haya acusado recibo de la misma, ni se haya pronunciado sobre su fondo; acuerdo que se tomó de espaldas a los militantes de la ciudad de Alicante (no es una crítica, sino un hecho real), y que aún no se ha notificado a los mismos (eso sí se ha anunciado por la prensa de forma confusa y contradictoria como si cualquier afiliado tuviera la obligación de atender a la prensa para saber cuando se modifican o no sus derechos estatutarios); acuerdo que además, según nuestra opinión, podría vulnerar los Estatutos Nacionales del Partido Popular. Podría saber el periodista que las referencias filtradas sobre la Asamblea para la elección de compromisarios es incompleta; que falta mencionar que ser candidato a compromisario es un derecho de cualquier afiliado y que para ejercerlo las normas internas indican que todo afiliado  debe ser convocado por carta para que pueda presentarse y que ese requisito fue incumplido; que un servidor no obligó a realizar ninguna votación, sino que es obligatoria por Estatutos cuando hay más aspirantes que puestos y que en aquella ocasión un servidor y otra persona se negaron a retirar su candidatura pese a las presiones a las que fueron sometidos por J.J. Zaplana, actual Secretario Provincial, quien manifestaba que sobrábamos porque los puestos disponibles ya habían sido repartidos entre las diferentes “sensibilidades” o corrientes existentes en el partido y en cuyo nombre se expresaba. Podría haber completado su información sabiendo que varias personas del Partido Popular llamaron a mis superiores laborales para que me presionaran y renunciara a mis derechos de participación. Por cierto, ignoro la razón por la que en esta información, al igual que en otras, se incluyen los datos de mi puesto de trabajo. Soy funcionario público y no cargo político por lo que es evidente que existe un diferente e intencionado tratamiento cuando se ofrecen informaciones que me afectan en mi ámbito personal a las que se hacen sobre terceras personas. Suena cubano también ¿no? ¿O acaso mi centro de trabajo y mi ocupación profesional son relevantes a la hora de complementar las informaciones nacidas de fuentes o cloacas determinadas?

Y podría haber complementado su información el firmante de la misma con las supuestas críticas a la Alcaldesa de Alicante. Podría haber sabido que como vecino de esta ciudad tengo el mismo derecho que cualquier otro a criticar en público o en privado cualquier asunto de la gestión municipal que me afecte. En todo caso, lo relevante y parece ser lo determinante en este caso es que he pedido públicamente que los cargos públicos imputados dimitan, que dejen sus responsabilidades mientras la justicia actúa y que, de resultar inocentes, sean repuestos en sus responsabilidades. Es exactamente lo mismo que hace años pedían los dirigentes del Partido Popular. Y lo mantengo. Como también mantengo que hace falta ejemplaridad en la clase política en todos sus niveles, incluido el Ayuntamiento de Alicante.

Por último, contrastar las informaciones con los interesados, podría haber servido para aclarar que ni Antonio Sobrino ni un servidor hemos abierto ninguna Oficina Electoral porque cumplimos estrictamente con el único requerimiento recibido en ese sentido hecho por la Dirección Provincial. Esperanza Popular es, de momento, un foro que llevaba funcionando muchos meses en Internet y que desde el 15 de febrero cuenta con un local para seguir haciendo lo que venía haciendo en las redes sociales: facilitar el encuentro entre afiliados del Partido Popular y entre éstos y los vecinos de Alicante para informar, debatir e intercambiar ideas. Nosotros, a diferencia de la Dirección Provincial, no nos reunimos con nadie para “apuntalar” las elecciones internas (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/02/06/pp-pide-apoyo-castedo-apuntalar-nueva-estructura-partido-alicante/1340896.html). Esperanza Popular es un Foro del que forman parte afiliados y no afiliados del PP, todos ellos haciendo uso de sus derechos políticos constitucionales, para tratar temas políticos y sociales desde la perspectiva de la regeneración democrática, la libertad, la honradez, la participación, la democracia interna y la ejemplaridad de los cargos públicos ¿a quién molesta tanto y por qué? Somos lo que somos, lo que decimos que somos y no lo que otros quieran decir que somos para justificar sus decisiones antidemocráticas.

Aunque peque de iluso, me niego a creer que mi Partido, a pesar del silencio oficial sobre esta noticia, asuma y practique el matonismo, la arbitrariedad, la injusticia y la vulneración de la más mínima garantía procesal que se derivan de las informaciones ofrecidas por las anónimas “fuentes” próximas al Comité de Derechos y Garantías. No puede ser.

Santiago de Munck Loyola

El Debate del estado de la Nación 2013.

Tras el paréntesis del año 2012, hoy se ha iniciado el vigésimo tercer debate sobre el Estado de la Nación, continuando con una tradición parlamentaria que se remonta al año 1983. Mucho ha cambiado España en estas tres décadas y mucho ha cambiado también el nivel parlamentario si se compara con aquel primer debate protagonizado por Felipe González como Presidente del Gobierno y Manuel Fraga como líder de la oposición. Hoy, los principales adversarios se han estrenado en sus funciones. Por primera vez, Mariano Rajoy ha intervenido como Presidente del Gobierno y Alfredo Pérez como líder de la oposición. Uno y otro habrán gustado más o menos a los ciudadanos que hayan tenido las ganas y la paciencia de seguir el debate, pero seguramente cada uno habrá convencido a los miembros de su bancada y, por supuesto, a los tertulianos y comentaristas políticos afines que no suelen andarse con matices.

Y ¿cómo está la Nación? ¿Mejor o peor que hace un año y medio? Pues depende de los parámetros que usemos para medir ese estado. Si nos quedamos en los síntomas, la fiebre sigue subiendo. Si nos fijamos en las causas parece que la infección que causaba la fiebre ha empezado a tratarse adecuadamente y que los antibióticos administrados empiezan, lentamente, a hacer efecto. Es evidente que a muchos les molesta que se hable de la herencia y piensan que se trata de una excusa para justificar el actual estado económico y social de la Nación, pero un año en los ciclos económicos es muy poco tiempo aunque a los ciudadanos se nos haga eterno. Hoy estamos donde estamos porque hace 5 ó 6 años no se adoptaron las medidas ni las reformas que debían haberse tomado o, por el contrario, se adoptaron decisiones que sólo han servido para agravar la situación actual. Hay quien va más lejos y apunta que nuestros males actuales provienen de los gobiernos de Aznar. Si fuera así, si estaban convencidos de ello, no queda más remedio que preguntarse cómo es posible que durante los 7 años siguientes no se hiciese nada por corregir el rumbo de la economía ni se propiciase un cambio en el modelo productivo. Es más, resulta inexplicable que durante esos 7 años se incidiese en ese modelo y se exhibiese como propios los logros derivados del impulso de aquellas políticas. Sólo hay que recordar lo de la “Champion league” de las economías y otras simplezas similares.

La Nación sigue teniendo fiebre, tos y dolor de cabeza. Se han aplicado fármacos que parecen que pueden funcionar y no hay tratamientos alternativos creíbles a la vista. Y es evidente que estos fármacos tienen numerosos efectos secundarios que a nadie gustan.

Hoy, el Presidente del Gobierno ha reconocido la persistencia de los síntomas y ha anunciado una serie de medidas para tratar de fortalecer el debilitado cuerpo de la Nación: estímulos para la contratación de jóvenes, impulso a los emprendedores, nuevas inyecciones para el pago a proveedores, modificación del sistema de ingreso del IVA, etc. Ha ofrecido un pacto a todos los grupos para combatir la corrupción y ha anunciado igualmente medidas concretas para su erradicación. También hay que resaltar sus referencias al problema territorial originado por los independentistas y su compromiso con la defensa de la Constitución y al respeto a la soberanía del pueblo español. Su intervención ha sido paralela, en gran parte, a la escala de preocupaciones de los ciudadanos que recientemente subrayaba la encuesta del CIS. Sin embargo, siendo la corrupción una preocupación de los ciudadanos y que está vinculada a una preocupación aún más importante como lo es la actitud de la clase política no ha hecho un análisis, ni ha esbozado ninguna propuesta que pueda hacer cambiar esa negativa percepción ciudadana. Tampoco ha querido entrar en ese tema el líder de la oposición que no debe compartir esa percepción negativa que los ciudadanos tenemos sobre la clase política y se ha centrado en el problema colateral generado por parte de esa misma clase política para utilizarla como arma arrojadiza. Parece que el estado de la Nación no es bueno, pero el de la clase política es estupendo a juzgar por la falta de autocrítica evidenciada en el debate.

Ambos líderes están “tocados” en su credibilidad política. El Presidente del Gobierno ha tenido el gesto, poco habitual por cierto, de reconocer que no ha cumplido parte de sus compromisos electorales por culpa de la situación que se encontró al empezar a levantar las alfombras del poder. Pero no se puede olvidar que si el trabajo que el Partido Popular desarrolló en su última etapa de oposición hubiese sido distinto, habrían podido tener, pese a las reiteradas mentiras del anterior Gobierno, un análisis mucho más ajustado de la situación real y ello habría impedido realizar promesas electorales que, de momento, no se pueden cumplir.

Por otra parte, el líder de la oposición es co responsable de las acciones y omisiones del anterior gobierno causantes, en gran medida, de la situación actual. Por citar el mismo ejemplo escuchado esta tarde en el debate, si en el 2007 empezaron a crecer exponencialmente las ejecuciones hipotecarias y su Gobierno no adoptó ni una sola medida de reforma e incluso se opuso en 2010 a la consideración de la dación en pago ¿qué credibilidad pueden tener sus críticas a las medidas que hoy adopta el nuevo Gobierno? ¿Qué credibilidad puede tener el líder socialista cuando teniendo más de 120 causas abiertas por presuntos casos de corrupción en toda España su gobierno no propuso ni adoptó ninguna medida para su erradicación?

Habrá a quien le interese quién ha ganado o perdido este debate, quién ha estado mejor o peor. Pero lo relevante, lo importante es saber si este debate ha servido para que los ciudadanos ganemos algo o no, para que la Nación perciba o no que sus políticos están haciendo lo que deben para servir a los ciudadanos. España está para pocas peleas de gallos. Necesitamos soluciones a los problemas del día a día y esperanzas de un futuro próximo mejor. Lo demás, sinceramente, aburre bastante.

Santiago de Munck Loyola