La votación en el Congreso, el pasado
26 de febrero, sobre la resolución a favor de la consulta independentista en
Cataluña evidenció lo que muchos ya sospechaban desde hace tiempo que el PSOE
ha dejado de ser un partido de ámbito nacional, de toda España, y, por tanto,
ha dejado de constituir por si mismo una alternativa de gobierno. La ruptura
del Grupo Socialista provocada por el alineamiento de los socialistas catalanes
en el bando de los independentistas no es una buena noticia para la salud de
nuestra democracia, todo lo contrario, se trata de un elemento más de
preocupación y de estabilidad institucional que debería ser resuelto de la
mejor manera y lo antes posible.
Pese a todos los intentos de edulcorar
la posición de los socialistas catalanes manifestando que no están a favor de
la independencia de Cataluña, sino sólo a favor de que se realice una consulta
popular en Cataluña, y de que son partidarios de una España federal, lo cierto
es que sus posiciones y sus actos coinciden milimétricamente con las
estrategias rupturistas de los independentistas para quienes cualquier
vulneración de la legalidad es válida siempre que se encamine hacia sus
propósitos que no son otros que la independencia. Hoy, esta afirmación se ve
confirmada por el hecho de que el Presidente de la Generalidad catalana, Artur
Mas, ha decidido llevar a votación al Parlamento catalán, y a petición
precisamente del Partido Socialista de Cataluña, la misma resolución a favor
“del derecho a decidir” (es decir, de violentar la Constitución Española) que
fue votada y rechazada por el Congreso de los Diputados la semana pasada y que
evidenció la voladura intencionada del grupo socialista. Más claro el agua: los
socialistas catalanes coinciden plenamente con las estrategias independentistas
de Artur Mas y sus socios.
Es evidente que para los
independentistas catalanes resulta indiferente lo que resuelva el Congreso de
los Diputados porque, desde su perspectiva, no lo reconocen como depositario de
la soberanía del pueblo. Parten de la existencia real, aunque aún no formal, de
un sujeto político distinto y propio, de una nación diferente que excluye la
existencia de cualquier otro sujeto político concurrente. Niegan por tanto la
existencia del pueblo español como sujeto político soberano, tal y como se
reconoce en el Artículo 1.2 de la Constitución Española, y consiguientemente de
su representación institucional a través de las Cortes Generales, Congreso y
Senado. Reclaman para si exactamente lo que niegan a los demás y lo hacen con
el sentido propio de los movimientos excluyentes y totalizadores. Hay cierta
involución conceptual en torno al alcance
del concepto de soberanía. Mientras las constituciones más modernas han
ido sustituyendo el concepto de “soberanía nacional” por el de “soberanía
popular o del pueblo”, los independentistas se aferran al concepto de nación y,
por tanto, al de “soberanía nacional” estableciendo unos conveniente límites
para sus intereses al mismo. El llamado “derecho a decidir” viene a ser un
eufemismo para sortear el concepto de soberanía popular, la soberanía del
pueblo español, establecido en Constitución de 1978 y del que emanan
paradójicamente las actuales instituciones catalanas. Cabe preguntarse ¿quién
tiene derecho a decidir? Y, sobre todo, ¿quién está legitimado para señalar
quienes sí y quienes no tienen derecho a decidir? ¿Dónde se establece el nivel?
¿Tiene derecho a decidir el pueblo español? ¿El pueblo catalán? O una vez rota
la delimitación constitucional ¿tendría derecho a decidir cualquier entidad
local o provincial? ¿Tiene derecho una parte del pueblo soberano a excluir a
otra parte del mismo en la toma de decisiones?
Parece claro que el acuerdo es
prácticamente imposible si de lo que se trata es de romper unilateralmente las
reglas de juego y de imponer unas nuevas reglas sin el consenso entre todos los
participantes. Y parece aún más claro que los socialistas catalanes han
apostado por “el derecho a decidir”, es decir, por la voladura de la soberanía
del pueblo español en contra de las tesis y presupuestos ideológicos del PSOE.
Por ello, parece difícil que la recomposición de los acuerdos que mantenías
unidos a ambos partidos llegue a buen puerto. Son dos posturas irreconciliables
por mucho que traten de “vender” otra cosa. Si el PSOE renueva algún tipo de
acuerdo de colaboración con el PSC sin que éste renuncie a las tesis
independentistas, el primero habrá dejado de ser de forma definitiva un partido
de ámbito nacional o estatal como les gusta decir a ellos. Y ése es un lujo que
España no se puede permitir.
Santiago de Munck Loyola