Coincidencia entre Leguina y Aguirre.

No cabe la menor duda de que cualquier movimiento o declaración de la Presidenta Popular madrileña, Esperanza Aguirre, no pasa inadvertido y provoca ríos de tinta. No se han apagado aún los ecos generados por su salto profesional a la empresa privada, cuando se extiende con fuerza la nueva propuesta que en un programa televisivo ha lanzado. Bueno, lo que se dice nueva, no, porque la misma idea la lanzó hace tiempo el ex presidente regional madrileño, Joaquin Leguina, a saber, que para ocupar un cargo público habría que exigir una experiencia profesional previa del interesado, ya sea en el ámbito privado o en el público. Es decir, que habría que establecer una limitación de modo que no pueda ser cargo público quien “no haya cotizado a la Seguridad Social en otra cosa, que no haya sido autónomo, empresario, que no haya hecho cosa distinta en su vida". Hace unos meses Joaquin Leguina afirmaba "el PSOE tiene un defecto en la selección de personal. No puedes tener en un partido a gente que no ha trabajado en su vida". Según él, la "inmensa mayoría" de los dirigentes socialistas se encuentran en esa situación. La situación es muy similar en ambos partidos y los resultados de la misma están a la vista de todos. Gran parte de la clase política de nuestro país está compuesta por personas que nunca han sabido ganarse la vida por su cuenta, sin el amparo de las siglas de su partido, por personas que no saben lo que es y lo que cuesta la vida laboral y cotidiana de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y que, en consecuencia, carece de la experiencia, de la profesionalidad y, sobre todo, de la sensibilidad social suficiente para desempeñar con eficacia y ejemplaridad los cargos públicos que ostentan. Se trata de un grave problema de cuya responsabilidad, hay que decirlo, no están exentos los máximos dirigentes políticos.

La política española y las administraciones públicas en todos sus niveles, desde el Congreso hasta los Ayuntamientos, están repletas de claros ejemplos de criaturas sin experiencia profesional o sin cualificación suficiente para el desempeño de sus tareas, pero que han llegado lejos porque se han criado en el seno de las organizaciones burocráticas sabiendo hacer pasillos, relacionándose con quien convenía, no exponiendo ni una sola idea propia y siendo fieles ejecutores de instrucciones superiores por perversas que fueran. Peones de partido elevados a los puestos de responsabilidad por su docilidad fundamentalmente. No se trata de una generalización, no, junto a ellos hay excelentes profesionales pero que lamentablemente no son noticia.

Quizás el más claro ejemplo del resultado de los colocados de los partidos lo tengamos en el ex Presidente Rodríguez Zapatero, pero hay muchos otros casos que sirven para ilustrar los métodos y mecanismos de selección de los partidos y las consecuencias de ello. Resulta inconcebible, por ejemplo, que un señor sin militancia en el Partido Popular por el simple hecho de ser vecino veraniego del Sr. Rato en Carabaña sea designado, nada menos que responsable de los 178 organizaciones del PP en los pueblos de la Comunidad de Madrid, que tres años después sea designado diputado autonómico y que aún siga disfrutando de su escaño sin la más mínima preparación política e intelectual. También resulta igualmente poco justificable que una señora como Gádor Ongil, sin cualificación profesional, por el simple hecho de haber sido una de las secretarias en la oficina de Adolfo Suárez y de saber pavonearse por los pasillos descalificando hábilmente a muchos compañeros pase a ser concejala por el PP en 1995, después diputada regional y luego en 2008 sea nombrada, nada menos, que Consejera del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ahí tenemos también el caso del ex Alcalde de Alcalá de Henares, al que Esperanza Aguirre hizo diputado autonómico en las últimas elecciones y que se ha hecho famoso, junto con la diputada Isabel Redondo, por emplear el sueldo que le pagan los contribuyentes para jugar con su tablet mientras se discutían los problemas de la sanidad madrileña. Pues bien, Bartolo, sin estudios conocidos, era concejal a los 23 años y desde entonces no ha abandonado la moqueta oficial. ¿El resultado? Pues a la vista está.

La lista de colocados por las burocracias de los partidos, no por sus militantes, que carecen de cualificación profesional o de experiencia laboral “civil” o de ambas cosas a la vez es muy grande y el resultado de esta circunstancia no puede ser peor. También en Alicante tenemos buenos ejemplos de ello y pronto se pondrá aquí de manifiesto. Si a ello sumamos además la lista de los colocados por el poder de la genética nos podremos hacer una idea muy clara, aunque poco estimulante, del panorama con el que los partidos nos obligan a convivir.

Esta propuesta de Aguirre y de Leguina es buena pero manifiestamente mejorable y supone, cuando menos, un reconocimiento implícito de la parte de responsabilidad que les incumbe al haber consentido, impulsado o tolerado estas situaciones. ¿Experiencia laboral previa para acceder a cargos públicos? Sí, pero además, exigencia de cualificación y formación para su desempeño y aval de las bases de los partidos. Los cargos públicos no son premios para los fieles aunque así lo entiendan los partidos. Son puestos de servicio y responsabilidad hacia la sociedad y los dirigentes políticos deberían entenderlo y asumirlo de una vez.

Santiago de Munck Loyola

¡Bien por Esperanza!

Escuchando hoy a algunos comentaristas políticos, presuntamente progresistas, se deduce que según ellos para dedicarse a la política hay que ser funcionario o millonario. Muchos de ellos andan aún rasgándose las vestiduras porque Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ha abandonado su puesto de funcionaria al que se había reincorporado tras su dimisión como Presidenta Regional para empezar a trabajar en una empresa privada, Seeliger y Conde. Y parece ser que a estos señores les parece muy mal que Esperanza Aguirre trabaje para una empresa privada que, por cierto, no está en absoluto relacionada con las administraciones públicas, mientras conserva su puesto de Presidenta del partido Popular de Madrid, un puesto de carácter interno. Y ¿por qué? Pues sinceramente se mire por donde se mire no parece haber ninguna razón que justifique este rechazo, no hay ni incompatibilidad legal ni ética, para ello y tan sólo se puede intuir con el fondo lo que subyace es una inquina y una fobia política tan furibunda como rancia. De este rechazo y condena habría que entender que sólo se puede ocupar un puesto de responsabilidad en una organización política si uno tiene aseguradas las lentejas o porque es rico y no necesita trabajar o porque su sustento está garantizado por un salario público. Increíble, pero cierto.

Y lo que más llama la atención de estos adalides de la moralidad progresista es su sepulcral silencio en torno a la tradicional práctica de nuestros políticos cesantes de situarse en consejos de administración de empresas privadas o públicas o en instituciones inoperantes como el Consejo de Estado para llevárselo “calentito”. A estos señores, visto su silencio, les debe parecer de perlas como muchos de nuestros políticos cesantes cobren astronómicas cuantías por sentarse en Consejos de Administración de empresas cuyos ingresos y desarrollo ha dependido en buena medida de las decisiones políticas que ellos adoptaban cuando ejercían el poder. Ahí no ven reparo, ni incompatibilidad ética o legal ninguna. Si Esperanza Aguirre hubiese querido ocupar el puesto que le correspondía en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid como ex presidenta regional, como Joaquín Leguina, y percibiese por tanto unos buenos ingresos por ello ¿les parecería bien a estos críticos? Pues no, Esperanza, no lo ha hecho ahorrando con ello unos cuantos millones a los contribuyentes.

Otros políticos optaron por caminos muy distintos, muchos de ellos han recalado en el Consejo de Estado, por ejemplo, y otros han terminado en Consejos de Administración de empresas que en su día fueron afectadas por sus decisiones políticas. Ahí tenemos el caso de Felipe González presente en los consejos de administración de las 35 mayores empresas españolas. José María Aznar fue contratado por Endesa (en su caso en calidad de asesor externo). 

Hay más de una decena de ex ministros que ocupan buenos sillones directivos: Marcelino Oreja  en FCC, Luis Carlos Croissier  en Repsol, Javier Gómez Navarro  en Técnicas Reunidas, Miguel Boyer y Ángeles Amador  en Red Eléctrica, Ángel Acebes  en Iberdrola, José Borrell en Abengoa etc. Y cualquiera puede preguntarse ¿por qué están en estas empresas? ¿Cómo pago de favores recibidos? ¿Por agradecimiento? ¿Para utilizar sus influencias ante las administraciones públicas? ¿O por sus excelentes y hasta hace poco desconocidas cualidades profesionales y empresariales?

No es creíble este doble discurso: el silencio ante estos casos y el grito en el cielo por la decisión de Esperanza Aguirre. Como en tantas ocasiones, se ha abierto una falsa polémica con poca base y más bien sustentada en fobias ideológicas que en argumentos sólidos e inteligentes. Bien por Esperanza. Ha tomado una sabia decisión, buena para ella y buena para los contribuyentes. Y ojala cunda su ejemplo.

Santiago de Munck Loyola

Privatizaciones y genética.

Anda revuelto el personal con algunas noticias surgidas en los últimos días en torno a las llamadas externalizaciones de servicios sanitarios, antes llamadas privatizaciones, en la Comunidad de Madrid. Hay quienes hacen de las privatizaciones una cuestión de fe, un dogma, como si se tratase de una receta mágica capaz de deshacer cualquier entuerto. Los radicales de las privatizaciones, al igual que los radicales de lo público, creen a pie juntillas que su método es el mejor en cualquier caso, que es una panacea universal aplicable en cualquier administración y en cualquier circunstancia. El mantenimiento a ultranza de estos dogmas no pasaría de la categoría de anécdota sobre cerrazones mentales, sino fuera porque cuando unos y otros ponen la mano sobre la gestión lo hacen, por regla general, con poca reflexión, con poco análisis de la realidad y con menos datos aún. No hay recetas universales, cada caso es diferente y la solución, pública, privada o mixta, dependerá siempre de una correcta cuantificación de la relación eficacia precio. Sin embargo, cuando las aguas se revuelven más y cuando de verdad se encienden los ánimos es cuando en torno a estos procesos aparecen situaciones que, cuando menos, son poco estéticas.

Y eso es lo que está ocurriendo en torno al proceso abierto en la sanidad madrileña. El blanco de las miradas es, ni más ni menos, que el exconsejero de sanidad de la Comunidad Madrileña, Juan José Güemes. Según se apunta en diversos medios de comunicación, en el año 2009 el Sr. Güemes puso en marcha la privatización de la gestión de los análisis clínicos de 6 hospitales y de más de 250 centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid que fue adjudicada a una UTE, BR Salud. En Marzo de 2010, el Consejero de Sanidad Güemes dimitió repentinamente. Resultó sorprendente que alguien tan joven, con una meteórica carrera política fraguada en los pasillos y las relaciones personales y con un brillante futuro político, abandonase de pronto y se marchase al sector privado. Ya se sabe que eso es algo muy raro en los lares de la política española. Pero, de pronto salta otra noticia: en enero de este mismo año, hace unos días, el 55 % de la UTE a la que fue adjudicada la gestión de los análisis clínicos por el Sr. Güemes es comprada por otra empresa, Unilabs, que pertenece al Grupo Carpio. Y, sorpresa, ¿quién pertenece a su Consejo de Administración? Pues el Sr. Güemes. No cabe la más mínima duda de que todo se habrá hecho con el más absoluto respeto a la legalidad, en especial, en lo referente a los plazos sobre incompatibilidades que afectan al Sr. Güemes, pero tampoco cabe la más mínima duda de que estéticamente es inaceptable porque, mira por donde, de las miles de actividades profesionales que con tan brillante preparación podría haber elegido el Sr. Güemes ha ido a recalar en el sector sanitario y casualmente, dentro del sector, en las empresas que gestionan las contratas que él mismo promovió. Francamente sospechoso.

Y estas cosas pasan, a parte de por culpa de las propias debilidades de la naturaleza humana, por esa tendencia endogámica de los partidos que les lleva a situar en puestos de responsabilidad a amiguetes, a conocidos y a familiares prescindiendo de la cantera de las poderosas organizaciones que dicen poseer. Ya es casualidad que un poderosos partido con cientos de miles de militantes siempre termine situando a los mismos o al entorno de los mismos. Cuando se habla de defender a la familia uno pensaba que se trataba de la institución familiar y respecto a circunstancias muy diferentes. Y es que esto de la familia es muy nuestro. Ya Alfonso Guerra nos demostró como un hermano podía ayudar a la gobernación del Estado con despachito en Sevilla para, tomando unos cafelitos, agilizar el funcionamiento de la pesada maquinaria administrativa pública. Era una forma de privatizar, más bien de familiarizar, la burocracia pública. De su ejemplo tomó buena nota el Sr. Chaves quien desde su largo período de califato autonómico hizo una ostensible demostración de lo bien que una gran familia puede servir al interés general. ¿Y en la Comunidad Valenciana? Pues también tenemos grandes ejemplos de lo que se entiende por gestión privada y familiar de las instituciones públicas. Desde el Ayuntamiento de Alicante hasta las Cortes Valencianas puede seguirse el rastro de este principio de la defensa de la familia. Mira que hay gente capacitada en el Partido Popular para desempeñar con eficacia cargos públicos, pues, nada, hay personas que a sus impresionantes cualidades personales deben unir un carisma especial que les hace acreedores del escaño, por ejemplo, y no por que casualmente sean hijos del ex.alcalde de la ciudad, no, no piense mal el lector. Seguramente se trata de una cuestión de genética política. Debe haber algún gen oculto que potencie la proliferación de cargos políticos en el seno de una misma familia. 

Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la Sra. Esposa del Sr. Güemes, la inefable diputada popular Dª Andrea Fabra, bisnieta, nieta, e hija de Presidentes de la Diputación de Castellón, que se dice pronto. Con ese acervo genético, además de hacerse famosa por su entrañable “que se jodan”, la esposa del Sr. Güemes ya lo era por ser asesora, a los 24 años, del Secretario de Hacienda. Y me pregunto ¿Qué clase de Secretario de Hacienda nombraron que necesitaba una asesora de 24 años con la carrera recién terminada? ¿O es que era un amiguete de papá? Después, con 31 años, ya era senadora. ¡Qué potencia genética! El asunto merece un estudio científico, de verdad. Y lo tenemos a tiro. Seguro que en los estupendos laborarotorios para los que trabaja su señor marido podrían realizar ese estudio genético político. Quizás así, los que pensamos que el acceso a los cargos públicos en nombre de los partidos debería hacerse de acuerdo con criterios democráticos y bajo los principios de mérito y capacidad podríamos salir de nuestro craso error y asumamos de una vez que con buenos genes se llega a cualquier escaño. ¡Qué pena!

Santiago de Munck Loyola

La impunidad de los chorizos.

Aunque lo diga el mismo Rey, eso de que todos somos iguales ante la Ley es una simple mentira, una frase barata políticamente muy correcta pero socialmente poco creíble. La resolución que acabamos de conocer del caso Pallerols, la trama de financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña, lo ha puesto de manifiesto con absoluta claridad, añadiendo de paso una palada más de estiércol sobre la deteriorada imagen de la clase política. Aquí hay dos justicias, dos leyes, una para los ciudadanos y otra para la clase dirigente entre la que destaca la clase política. Aquí resulta que se pueden llevar ilegalmente cientos de miles de euros de la caja pública para financiar a un partido y tras veinte años de instrucción judicial no pasa nada, nadie va a ir a la cárcel y nadie dimite en ese partido político. No hay que ir muy lejos para encontrar casos de ciudadanos normales y corrientes que por mucho menos y para cubrir necesidades vitales terminan a la sombra durante una larga temporada.

Durante años, los conmilitones del Sr. Durán Lleida, el veterano e independentista político democristiano catalán que no hace mucho se permitía el lujo de calificar de cloaca a la política española, organizaron toda una trama para recibir dinero público, proveniente de los fondos europeos, a través de una empresa dedicada a la formación que después desviaba buena parte de ese dinero a la caja del partido del Sr. Durán Lleida. Pillados con las manos en la masa han pasado veinte años de proceso judicial, que se dice pronto, y ahora resulta que los acusados hacen un trato con la fiscalía para devolver 380.000 euros al erario público y evitar una condena. 380.000 euros que estos sinvergüenzas van a devolver con una mano mientras con la otra reciben subvenciones públicas pagadas con el dinero de los contribuyentes a los que previamente habían sableado. Nadie va a ir a la cárcel. Muy ejemplar. Ni a Felipe II se la ponían así. Será muy legal, no lo dudo, que la fiscalía llegue a semejante trato, será muy práctico, sobre todo si tras veinte años de investigación no se tenían pruebas suficientes para concluir un proceso judicial con garantías de éxito para la Justicia, pero es, se mire por donde se mire, un infumable pasteleo, un sospechoso trato que en nada beneficia a la Justicia, a la ejemplaridad y a la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Y si indignante es este trato de lujo recibido por estos miembros de la casta política, indignantes son algunas de las reacciones escuchadas en las últimas horas por la sencilla razón de que pocos ponen el dedo sobre la llaga y menos aún los que proponen soluciones para evitar que lo mismo vuelva a repetirse en el futuro. La primera reacción indignante es la del propio jefe de los “presuntos chorizos” que en el año 2000 se comprometió a dimitir si se demostraba que había habido financiación irregular de su partido y que ahora dice que de lo dicho no hay nada. Gracias al tecnicismo legal y al trato por el que se evita una condena los independentistas de Unión entienden que no se ha demostrado que se hayan financiado ilegalmente aunque sí irregularmente y por eso deben devolver el dinero. ¿Alguien lo entiende?

El ex Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en plan contemporizador a ver si se le promociona al Tribunal Constitucional, venía esta mañana a aleccionar a los oyentes de una emisora explicando que este tipo de trato de la fiscalía con los presuntos delincuentes es muy habitual en el entorno anglosajón. ¿Y qué? No estamos en un país anglosajón, sino que nos regimos por un modelo continental que poco tiene que ver con aquél. Podría explicarnos también si en ese entorno se tardan también veinte años en instruir un caso a políticos corruptos ¿no?

Por su lado el Fiscal General ponía “el grito en el cielo” porque a su juicio se ha tardado veinte años en instruir este caso. ¿Y se ha enterado ahora? ¿Por qué no nos cuenta cómo un subordinado suyo ha pactado con los “presuntos chorizos” esta salida política? ¿Quién, en una estructura jerarquizada como la fiscalía, ha dado el visto bueno a su subordinado para pastelear de forma tan repugnante?

Los independentista de ERC, socios parlamentarios de Unión Democrática, han pedido, con boca pequeña, la dimisión de Durán, pero eso sí sin cuestionarse el seguir siendo socios políticos de estos corruptos aunque no depuren las correspondientes responsabilidades políticas.

Y por último, desde el PP, su Secretaria General ha pedido la dimisión del Sr. Durán y ha cuestionado su permanencia como Portavoz de Exteriores del Congreso de los Diputados. Pero uno no tiene más remedio que preguntarse ¿por qué el PP con mayoría absoluta en el Congreso ha colocado al Sr. Durán, un independentista, un político que trabaja por la voladura de España, un señor que califica de cloaca a la política española como representante internacional del Congreso de un país al que quiere romper? Y siendo así ¿a qué espera el PP para destituirlo? Hay cosas que sinceramente no se entienden y que indignan día tras día.

Y lo peor de todo es que ningún responsable político ha salido a palestra para explicar qué medidas se van a tomar para que estos escándalos no se vuelvan a producir o qué reformas legislativas van a impulsar para que un procedimiento judicial que afecta a la corrupción política no vuelva a dilatarse durante veinte años. Nada, ni una palabra. Si tomamos como cierto que todos somos iguales ante la Ley aquí tenemos un claro mensaje: cualquier ciudadanos se puede llevar de las arcas públicas hasta 380.000 euros con la seguridad de que en caso de ser pillado tendrá un juicio que durará veinte años y que no irá a la cárcel si pastelea como es debido con el fiscal de turno. Aunque mucho me temo que va a ser que no, que lo cierto es que todos somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

Santiago de Munck Loyola

Imputados y procesados.

En la última encuesta del CIS ha arrojado un dato verdaderamente alarmante: la clase política se ha convertido en el tercer problema que preocupa a los españoles. Más del 22 % de los encuestados sitúa a la clase política como el tercer quebradero de cabeza tras el paro y la crisis económica, alcanzando un nivel que no se conocía desde 1995. A este dato revelador hay que añadir que entre los diez primeros problemas para los españoles vuelve a aparecer la corrupción lo que ligado a lo anterior señala un claro suspenso para los responsables políticos de nuestro país.

El comportamiento poco edificante y poco ejemplar de una parte de la clase política, especialmente relevante en momentos de escasez y penuria para el conjunto de la población, junto con la inmoral e ilegal conducta de unos pocos, pero significativos miembros de la clase política, ensombrece y mancha la labor de la inmensa mayoría de los políticos españoles. Es verdad que por los comportamientos de unos pocos pecadores pagan los justos y ello se debe fundamentalmente no sólo a la relevancia mediática que las irregularidades conllevan, sino también a la ausencia de una reacción clara y firme por parte de quienes no protagonizan esas censurables conductas. Por cada 100 políticos decentes y honestos es posible que sólo exista uno que no lo es pero, inevitablemente, no son noticia los 100 primeros, sino este último. Los medios de comunicación hacen, por regla general, una labor inapreciable denunciando los comportamientos censurables de quienes se aprovechan de su estatus político o de su cargo público y su labor sería más eficaz si simultáneamente el resto de la clase política actuara con firmeza para apartar de su lado a cuantos incurren en esas prácticas. Sin embargo, muchas veces da la sensación de que existe cierto corporativismo o cierta timidez a la hora de censurar algunas prácticas o que se anteponen determinados intereses coyunturales o ciertas estrategias que modulan mucho esa imprescindible capacidad de reacción. Sea cual fuere la causa lo cierto es que las conductas de unos pocos enturbian el buen nombre de todo un colectivo que está o debe estar al servicio de los ciudadanos.

Es curioso, por ejemplo, que en el seno del Partido Popular, y en concreto en la Comunidad Valenciana, se transmita un doble discurso en torno a este tema. Una y otra vez, el Presidente de la Generalidad Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha censurado los comportamientos sospechosos y ha manifestado que los cargos públicos del PP imputados en causas judiciales deben dimitir. Y en esta línea de exigencia ética ha habido dimisiones y ceses. Igualmente, el Presidente Fabra ha impulsado reformas internas para que los imputados no puedan ocupar cargos en la organización del Partido Popular y ni siquiera concurrir como candidatos. Pero paradójicamente nos encontramos con que el hecho de estar imputado en una causa judicial inhabilita para ejercer cargos internos o para ser candidato, pero no para seguir ejerciendo cargos públicos. En estos últimos casos siempre que los dirigentes populares son preguntados sobre si deberían o no dimitir alcaldes o diputados imputados se limitan a decir que las actas son personales y que no se les puede obligar a dimitir. ¡Faltaría más! Eso ya lo sabemos todos. Pero no es eso lo que se pregunta, no se pregunta de quién son las actas de concejales o diputados, sino si perteneciendo a quien pertenecen dichas actas deberían o no dimitir los imputados. ¿Tan difícil es contestar sí o no? ¿Por qué los dirigentes populares no piden públicamente a sus compañeros imputados que renuncien a sus actas? Y en el caso de que un cargo público elegido bajo las siglas del PP esté imputado y no quiera presentar su renuncia ¿por qué no lo excluye el propio partido de su grupo parlamentario o de su grupo municipal? ¿por intereses coyunturales?

Tan cierto es que un acta es personal, gracias a nuestro ordenamiento jurídico, como que un imputado es, dígase lo que se diga, inocente y que no será culpable de delito alguno hasta que no exista condena firme. Cierto es que también, en los últimos años sobre todo, se ha judicializado en exceso la política y que ello haya conducido a una relativización de la valoración de las causas judiciales en curso. Pero no es menos cierto que, hoy en día, en las actuales circunstancias, es más necesario que nunca establecer una clara línea roja que permita al conjunto de los ciudadanos recuperar la confianza en la clase política. El Presidente Fabra la ha situado en el grado de la imputación, pues bien, cúmplase en el seno del PP para todos y sin distinciones, aunque con ello se corra el riesgo de perder una alcaldía, por ejemplo. Y para qué mencionar cuando el nivel procesal se sitúa ya en el procesamiento. Más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Hoy por hoy, muchos votantes del PP en la Comunidad Valenciana, y muchos afiliados, percibimos demasiada tibieza y poca ejemplaridad en el tratamiento de algunos casos muy sonoros en nuestro entorno y demandamos no sólo palabras, sino también gestos que nos permitan creer que las cosas están cambiando. Día tras día, sentimos cierta desmoralización ante noticias que, sumadas a las derivadas de la propia situación económica, transmiten una realidad poco alentadora y un futuro político más que incierto.

Santiago de Munck Loyola

La imprescindible reforma del Estado.

El año 2012 se ha ido pero no así muchos de los problemas que a lo largo del mismo se han ido poniendo sobre la mesa del debate político. Dos de estos problemas que figuran en lugar destacado de la agenda política del nuevo año son la crisis económica con todos sus efectos y medidas para intentar salir de ella y la reforma del estado auspiciada tanto por la propia crisis económica como por la necesidad de ofrecer una respuesta a la apuesta independentista enarbolada por los antaño nacionalistas moderados.

Parece un hecho incuestionable que nuestro actual modelo de estado es, tanto desde el punto de vista económico, como del político insostenible. Los resultados están ahí, sobre la mesa, y ponen de manifiesto que tenemos un estado muy caro de mantener y poco eficiente. Los distintos estudios de opinión hechos públicos en los últimos tiempos señalan que una gran parte de los ciudadanos cuestiona el actual modelo y su propia viabilidad. Y junto a ello sigue creciendo el rechazo hacia buena parte de la clase política que lo gestiona. Es indudable que cuatro y, a veces, cinco administraciones superpuestas son muy caras de mantener y, no sólo eso, sino que, además, obstaculizan la vida del ciudadano y su proyección y movilidad económica. Sin ir más lejos, la semana pasada se hacía público un estudio según el cual la maraña de legislaciones que se han ido tejiendo desde las diferentes administraciones supone una barrera para la creación de riqueza y de empleo y que el impacto sobre las empresas supone una pérdida anual de más de 40.000 millones de euros. Durante los últimos años, nuestro mercado interior se ha ido fragmentando gracias a la hiperproducción legislativa de las Comunidades Autónomas, siguiendo exactamente el camino contrario al emprendido en los procesos de armonización legislativa con la Unión Europea. A este enredo legislativo tenemos que añadir unas normas estatales que han demostrado su incapacidad para poner freno a la corrupción económica y política, permitiendo el nepotismo, el amiguismo y con ello la insolvencia profesional y técnica en buena parte de los encargados de hacer funcionar la gigantesca maquinaria administrativa. Miles de empresas públicas estatales, autonómicas o municipales, auténtico aparcamiento en su mayoría  de militantes partidistas o de familiares y amigos de las élites de los partidos políticos constituyen un enorme lastre para nuestra maltrecha economía del que es preciso desprenderse y que se suma a la prolija lista de administraciones públicas y sus infinitos apéndices de toda índole.

El Gobierno, desde el primer día, se ha puesto manos a la obra iniciando todo tipo de reformas pero que no abordan el problema de la configuración del estado desde una perspectiva global y desde el imprescindible acuerdo con el principal partido de la oposición que, por cierto, parece más ocupado en sus asuntos internos que en tratar de ofrecer respuestas a los desafíos y a los problemas que, en gran medida, se arrastran de su inefable gestión. El proyecto de Ley sobre Transparencia, los proyectos de reforma de las administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, o las distintas medidas adoptadas sobre reducción de entes públicos parecen parches o retoques de una estructura estatal que funciona mal y que no se puede sostener y da la impresión de que falta una idea clara de la arquitectura estatal, del proyecto que se quiere desarrollar, de la dirección hacia la que hay que encaminarse.

Una gran parte de los ciudadanos tenemos más o menos claro lo que queremos: iguales derechos y obligaciones para todos los ciudadanos con independencia del territorio en el que residamos, una sanidad, un sistema educativo y unas pensiones homogéneas, movilidad laboral y económica en toda España, mayor cohesión social y territorial, administraciones públicas más simples y eficientes, mayor representatividad de las instituciones democráticas, igualdad fiscal en todo el territorio nacional, menos cargos públicos, eliminación de las duplicidades, más transparencias en la gestión, menos discrecionalidad y menos corrupción,… Es decir, queremos lo que el sentido común dicta, pero nacen muchas dudas sobre si se trata de lo mismo que quieren nuestros dirigentes políticos. Con toda seguridad, alcanzar estas pretensiones resulta imposible con el actual e insostenible modelo de Estado y no cabe la menor duda de que esta incompatibilidad debe ser resuelta lo antes posible por la clase política.  Para lograrlo, los principales partidos parlamentarios, sobre todo aquellos con opciones de gobierno, deberían hacer un mayor esfuerzo por alcanzar acuerdos de Estado interpretando el sentir de la mayoría de los ciudadanos.

Si todo lo anterior lo ponemos además en relación con el desafío independentista lo cierto es que la situación es mucho más compleja. Y lo es fundamentalmente porque las aspiraciones del común de los ciudadanos chocan frontalmente con los objetivos de los movimientos independentistas cuya potente maquinaria propagandística lleva años difundiendo realidades virtuales que han ido calando en una buena parte de la población y siempre ante la pasividad, cuando no la complicidad, de los principales partidos políticos españoles y de una buena parte de los medios de comunicación. Tras la aprobación del último estatuto de Cataluña, que por cierto no fue refrendado por la mayoría de los electores catalanes, algunos políticos socialistas se apresuraron a preguntarse en público en qué quedaban los negros augurios de quienes afirmaban que se rompía España. Pues bien, aquí está el resultado: no ha pasado mucho tiempo y España se está rompiendo. El principal partido de la oposición, el PSOE no termina de adoptar una posición clara que sirva de referente a la hora de abordar el desafío independentista. De una parte, los socialistas catalanes respaldan la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña a pesar de que no sea legal. Desde Ferraz por una parte se afirma que el PSOE no apoya la celebración de esa consulta y, por otra, hoy mismo, el desmemoriado secretario de organización socialista acusa al Gobierno de inmovilismo respecto a la consulta ilegal. ¿Éso qué quiere decir? ¿Qué el Gobierno debe ser flexible y ceder ante una ilegalidad que atenta contra la soberanía del pueblo español? ¿A qué juegan los socialistas? Hoy por hoy, desgraciadamente el Gobierno no tiene un interlocutor sólido y fiable en la oposición porque no existe un proyecto de izquierdas para toda España.

Hace pocos días, los dirigentes socialistas han vuelto a proponer la vieja idea del federalismo como fórmula para reformar la estructura del estado. El federalismo tiene evidentemente sus ventajas y responde a situaciones concretas con bastante eficacia. ¿Pero piensan en serio que el federalismo va a servir para frenar las aspiraciones de los independentistas? ¿A quién quieren engañar con esa propuesta? Nuestro estado autonómico actual supone una descentralización política y administrativa muy superior a la de los estados federales existentes y si se copiase la fórmula alemana, por ejemplo, comunidades autónomas como la catalana perderían bastantes de las competencias que actualmente gestionan. Convertir las comunidades autónomas en estados federados con idénticas estructuras políticas e idénticas competencias es lo último que quieren los independentistas cuyos proclamados hechos diferenciales desaparecerían. Sacar a pasear por la plaza el toro del federalismo no pasa de ser un hecho anecdótico absolutamente improcedente a la hora de abordar en las actuales circunstancias los problemas de nuestro modelo estatal y del conjunto de los ciudadanos.

Gobierno y oposición tiene por delante una gran tarea para este año: lograr identificar las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos e intentar ponerse de acuerdo con el modelo y las reformas que permitan alcanzarlas. Una gran responsabilidad para la que habrá que confiar en que estén a la altura nuestros dirigentes políticos, económicos y sociales.

Santiago de Munck Loyola

Los dipujetas.

Contaba el ex premier británico Winston Churchill que de joven su máxima aspiración era llegar a ser diputado y que no dejaba de preguntarse cómo poder llegar hasta un escaño. Una vez elegido diputado, al observar a sus nuevos colegas, lo que no dejaba de preguntarse es cómo demonios habían conseguido llegar a diputados algunos de los elementos allí sentados.

Seguramente es lo mismo que deben preguntarse muchos parlamentarios serios, decentes y responsables, que haberlos los hay, cuando contemplan las actitudes y comportamientos de algunos de sus colegas, como en el caso de los diputados de la Asamblea de Madrid, Bartolomé González e Isabel Redondo, cazados esta semana in fraganti jugando en sus escaños con sus “aparatitos” mientras que en la Asamblea se discutían temas tan poco relevantes para dichos parlamentarios como el de la externalización de servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid.

¿Cómo han llegado ser diputados Bartolomé González o Isabel Redondo? Es difícil precisar de forma exacta la manera en que han conseguido llegar a la Asamblea de Madrid pero lo que sí es indudable, para quienes los conocemos personalmente, es que ninguno de los dos ha llegado gracias a sus conocimientos jurídicos, ni al respaldo de los militantes populares para su inclusión en las listas electorales. En el caso de Bartolo, de estudios desconocidos, tras su paso y expulsión de la Alcaldía de Alcalá de Henares, el Alcalde más caro de la historia de la localidad, ha terminado recalando en la Asamblea de Madrid. Seguramente su larga trayectoria política, única profesión que ha ejercido aunque al abrigo de la misma se haya convertido en empresario según se acredita en su parco curriculum en la página web de la Asamblea, ha debido ser su aval para que el divino dedo superior le haya designado para figurar en la lista autonómica del PP en las últimas elecciones autonómicas. Ya de jovencito, allá por el año 1994, hizo gala de sus dotes conspiratorias y de sus malas artes para desbancar a la entonces Presidenta popular alcalaína, Rosalía, que aún debe estar sacándose dagas y puñales de la espalda. Por tanto, este cóctel de trepador, desmedida ambición y carencia de formación jurídica han debido ser cualidades más que suficientes para elevarle a tan altas instancias parlamentarias, con el resultado que esta semana todos hemos podido constatar.

En el caso de Isabel, historiadora de estudios y de profesión política, sólo existe coincidencia con el anterior en su ausencia de formación jurídica, algo que, al parecer, no importa nada para ocupar un escaño en el órgano legislativo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha sabido mover muy bien por los pasillos de la Calle Génova. Con su talante antiliberal que la caracteriza, hace pocas semanas, recriminó duramente a una afiliada popular de Rivas-Vaciamadrid por haberse atrevido a escribir en su muro de Factbook una crítica sobre la supresión de la paga extra a los empleados públicos; según la parlamentaria, no se puede ejercer la libertad de expresión en las redes sociales. Claro, luego pasa lo que pasa, que como hay libertad de expresión te pillan “estafando” a los contribuyentes, es decir, usando el sueldo que te pagan para jugar, en vez de trabajar, y encima van y lo publican.

Claro que el caso de estos dos dipujetas no es el único. Hay por la Asamblea de Madrid un diputado popular al que sus compañeros han tenido en más de una ocasión que llamarle la atención para que hable más bajo con el móvil a la hora de hacer sus transacciones comerciales en el mundo de la automoción. En otras ocasiones han sido noticia diputados que son cazados mientras hacen crucigramas en sus escaños, juegan con la tablet o simplemente duermen. En febrero de 2008 Lola Gay, diputada del PSPV por Alicante, fue 'cazada' por los fotógrafos navegando por la web de 'Privalia.com', un club privado de compras, mientras elegía modelitos exclusivos en lugar de realizar su trabajo parlamentario. Con estos jetas ¿le extraña a alguien que la clase política pierda cada vez más prestigio?

Resulta inadmisible que el Director de la Razón, Sr. Marhuenda, rompa una lanza a favor de estos dipujetas madrileños y de cuantos siguen sus mismas prácticas, afirmando que se pueden hacer dos cosas a la vez, jugar y atender al debate parlamentario. Es posible que se pueda, que tengan esa capacidad, pero no se debe por una simple razón: se les paga para que atiendan a su trabajo parlamentario, no para que jueguen en su escaño. Así de claro y sencillo. Dipujetas como Bartolomé González e Isabel Redondo desprestigian la labor y el trabajo de muchos otros parlamentarios decentes y trabajadores y no se merecen estar en la misma categoría política. Una vez más falla la ejemplaridad.

Es evidente que a estos dipujetas les aburría su trabajo, que les aburría el debate sobre la sanidad madrileña y sobre los problemas de los ciudadanos de Madrid, que no tienen ningún escrúpulo moral en cobrar por un trabajo que no hacen y que carecen de legitimidad moral para seguir ni un solo día más sentados en el parlamento madrileño. Si les queda algo de vergüenza deberían dimitir e irse a la calle a ganarse la vida como cualquier ciudadano, aunque después de tantos años viviendo a costa de su partido y de los ciudadanos lo tengan francamente difícil.

Santiago de Munck Loyola

¡Feliz Navidad!

Santiago de Munck Loyola.

¿Bautizos y comuniones por lo civil?

La vida está siempre llena de sorpresas de todo tipo, unas más agradables que otras y algunas, cuando menos, anecdóticas. Hace tan sólo unos días me pidieron un informe sobre los denominados “bautizos civiles”, “ceremonia civil de imposición de nombre” o más pomposamente “entrega de la carta de ciudadanía” o “bienvenida democrática”. Pensaba que esta cuando menos original e inútil ceremonia estaba circunscrita a tres Ayuntamientos en España, como el de Rivas-Vaciamadrid en el que además también utilizan el dinero de los contribuyentes en una oficina municipal para apostatar, pero navegando por Internet puede comprobarse que este esnobismo laicista tiene sus seguidores.

En algunas páginas de Internet pueden leerse cosas curiosas: Un nuevo paso hacia la sociedad laica es el bautizo civil. Se despoja de todo matiz religioso a la ceremonia del bautismo, convirtiéndolo en un acto civil. El bautizo civil es una opción laica al bautizo religioso. Es decir que para construir una sociedad laica parece que es imprescindible imitar un sacramento, un “signo sensible de un efecto interior y espiritual que Dios obra en las almas”, pero sin Dios y sin almas. Uno no tiene más remedio que preguntarse cómo se puede despojar a un signo exclusivamente religioso del matiz que le otorga su propia esencia religiosa y, sobre todo, para qué se hace semejante exorcismo laico. Claro que para poder intentar comprender tan profunda transformación hay que aproximarse a los sólidos conocimientos jurídicos de los promotores del invento que dicen cosas como la siguiente: “parece que el dar oficialmente un nombre a nuestro hijo es exclusivamente religioso y no tiene por qué serlo”. ¿Y dónde “parece” que los nombres de los hijos son dados oficialmente en el bautismo religioso?  ¡Hombre! A nadie se le pide conocer el Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil, ni siquiera se le pide conocer la existencia de tal norma, pero todo el mundo sabe y si lo ignora se lo dicen en la maternidad cuando, donde y como debe inscribir el nacimiento de su hijo que incluye, sin que se lo mande la Santa Madre Iglesia, la imposición del nombre de la criatura. Créanselo o no, se puede asegurar con absoluta certeza de que en España se trata de un trámite estrictamente civil.

Y si se trata de organizar algún fasto bajo la supuesta entrega de la llamada “carta de ciudadanía” no hace falta, desde una perspectiva legal, ningún trámite ante el Ayuntamiento de turno, administración manifiestamente incompetente para el otorgamiento de derechos ciudadanos, bastando acudir al Código Civil que para eso está.

No crea el lector que el asunto concluye aquí porque, al parecer, como en nuestro país debemos andar sin problemas y algunos se aburren o quieren dar rienda suelta a sus instintos laicistas también están promoviendo las “primeras comuniones civiles”. En cierta página de Internet puede también leerse lo siguiente: “La Primera Comunión Civil es una Primera Comunión pero” sin comunión”, que no difiere mucho de las originales, a no ser por la ausencia del acto religioso. Por lo demás se mantiene igual: banquete, regalos, parabienes y reunión familiar”. Laico cien por cien. ¿Quién da más? De momento estas comuniones civiles no han llegado al ámbito de los Ayuntamientos, pero es muy probable que pronto Rivas-Vaciamadrid, reserva material de materialismo dialéctico, se tire al charco y dedique buena parte de los impuestos de sus vecinos a promover estos eventos. Y, digo yo, puestos a ello podrían también organizar las confesiones civiles en estos Ayuntamientos tan ávidos de secularizar al mismo Creador. Imagínense, se crean unas plazas de confesores laicos mediante concurso oposición en el que además de valorar la lengua vernácula, por descontado, se puntuaría como es debido el grado de ateismo y, por supuesto, la capacidad de paciente escucha del opositor. Previo pago de una módica tasa gallardoniana el ciudadano podría confesar sus pecadillos laicos, manifestar su propósito de enmienda y cumplir una penitencia social y democrática, regulada en una ordenanza municipal específica.

Combinar esnobismo e ignorancia es ridículo y poner en evidencia los planteamientos y objetivos serios de los movimientos laicistas con bufonadas civiles, por muy solemnes que sean, es un auténtico despropósito. Es absolutamente legítimo propugnar una separación total y real entre el fenómeno religioso y el estado y los procedimientos civiles, pero se bordea el ridículo cuando para conseguirlo se opta por imitar y copiar nada menos que los sacramentos cristianos, hechos exclusivamente religiosos, dando prueba con ello de una profunda ignorancia o de una obsesiva y enfermiza fobia. El que quiera organizarse bautizos que no son tales, comuniones sin comunión, confirmaciones laicas o confesiones similares que lo haga como mejor le parezca pero los escasos recursos municipales no están para eso.

Santiago de Munck Loyola

La izquierda incoherente y sin memoria reciente.

En los últimos tiempos y especialmente en la última semana buena parte de los dirigentes de la izquierda  nos están ofreciendo todo un recital de incoherencia, de amnesia selectiva y de cinismo político. Cuando uno escucha determinadas declaraciones y observa algunos comportamientos no tiene más remedio que preguntarse si estos dirigentes políticos se creen realmente lo que dicen y hacen o si creen que los ciudadanos somos tontos o desmemoriados. Cuanto más grandilocuentes son sus descalificaciones sobre las diferentes medidas que ha ido tomando el Gobierno de Rajoy más se pone en evidencia, de una parte, la urgencia de su adopción y, de otra, que los causantes de las mismas son sobre todo los solemnes vociferantes socialistas y sus satélites sindicalistas.

El actual aparato dirigente de lo que queda del PSOE tras el émulo de Atila, Zapatero, parece que ha hecho suyo el enunciado de Goebbels “una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad” y, por ello, se han lanzado a una frenética carrera para condenar la revalorización de las pensiones para el año 2013 aprobada por el Gobierno de Rajoy. Sin cortarse un pelo repiten mil y una vez que el Gobierno no sube las pensiones o que las ha congelado y poniéndose al frente de la manifestación, los socialistas, los únicos que en las historia de la democracia congelaron las pensiones en 2010, tratan con la complicidad de los amnésicos grupos parlamentarios de la oposición de utilizar como tercera cámara legislativa al Tribunal Constitucional. Y sin despeinarse. Hay que ser muy cínicos, tener mucha cara dura y despreciar mucho al ciudadano para enarbolar una falsedad semejante y presentar un recurso de inconstitucionalidad. Si presentan un recurso contra este incremento de las pensiones ¿por qué no lo presentan de paso contra la congelación del año 2010? Si por una de esas extrañas cosas que a veces pasan en el Tribunal Constitucional ganasen el recurso todos los pensionistas se lo agradecerían eternamente.

No ha habido ninguna congelación de las pensiones para el año 2013. El Gobierno ha aprobado una revalorización de las pensiones que, eso es cierto, no alcanza el incremento que el IPC ha sufrido en el último año pero que, en todo caso, sí supone una mejora de las pensiones superior desde luego a la que el tandem Zapatero-Rubalcaba aprobó en el año 2010. Seguramente el Gobierno habría deseado poder subir las pensiones incluso por encima del IPC pero no lo ha podido hacer, entre otras cosas, por el inmenso agujero en las cuentas públicas dejado por el Sr. Rubalcaba y sus conmilitones. Ni tenemos un Gobierno masoquista al que le encanta fastidiar a los votantes para perder votos, ni tenemos un Gobierno irresponsable subido en una nube fumando brotes verdes, ni tenemos, afortunadamente, un Gobierno de conjunciones planetarias. Se podría comprender que el incremento aprobado fuese discutido en cuanto a su distribución en función de la cuantía de las pensiones para reclamar más incremento para las mínimas y menor para las más altas, pero no a eso se han dignado los amnésicos pirómanos de las calles.

Otro de los aspectos en los que buena parte de la clase dirigente de la izquierda está dando sobradas muestras de su maestría en la incoherencia y el cinismo es de la sanidad pública y, en especial, la madrileña cuyo Gobierno Regional ha iniciado un plan de reformas que incluye la privatización de algunos servicios hospitalarios y de 23 centros de salud. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha venido insistiendo en que los centros sanitarios van a seguir siendo públicos y sólo va a privatizar determinados servicios complementarios. Algo que se parece mucho al modelo que se viene siguiendo en la Junta de Andalucía desde hace muchos años. El modelo de conciertos significa que centros sanitarios que son privados, "con gestión privada y actividad propia", realizan "alguna actividad programada que se encarga por parte del SSPA", afirmaba hace unos días  la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía. Puede, y aún no se sabe, que haya diferencias cuantitativamente en función de la cantidad de servicios complementarios a privatizar pero una cosas es cierta: cualitativamente parecen el mismo modelo.

Por último y por citar sólo un ejemplo más de la incoherencia y el cinismo de parte de esta izquierda poszapateril tenemos el caso de los ERE puestos en marcha por los sindicatos al amparo de la denostada reforma laboral y especialmente por CCOO. Tiene lo suyo que este sindicato, tan dócil y subvencionado con el Gobierno anterior, haya hecho un “casus belli” de la Reforma Laboral y que simultáneamente se apreste a aplicarla con devoción a centenares de sus propios empleados. ¿Cabe mayor prueba de incoherencia y de cinismo?

Mal camino es éste para que la credibilidad en la clase dirigente española pueda recuperarse. Cuando no es la derecha es la izquierda y cuando no las dos juntas. Los ciudadanos nos merecemos más respeto y algunos, que no todos, parecen empeñados en hacernos comulgar con ruedas de molino. Mal camino, sí señor.

Santiago de Munck Loyola

Populares de la “casa” y para la “casa”.

Tras la presentación del Manifiesto por la Regeneración del PP de Alicante promovido por el Foro Plataforma Popular ( https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts ) y la candidatura a la Junta Local del PP “Esperanza Popular” parece que algunos miembros del “aparato” del partido están haciendo correr toda clase de rumores sobre las intenciones de quienes participamos y promovemos este movimiento con el único fin desacreditarnos y de impedir la expansión de nuestras propuestas.

Lo primero que hay que dejar claro es que no existe la más mínima intención de promover ninguna candidatura independiente de cara a las futuras elecciones municipales, ni de provocar una escisión interna, ni, por supuesto, de crear un nuevo partido en la ciudad de alicante. Quien afirma lo contrario sencillamente miente.

Somos un grupo, cada día más numeroso, de afiliados del Partido Popular, algunos por ejemplo desde mucho antes de que lo fuese nuestro Presidente Provincial, que compartimos una misma preocupación por la forma de funcionar nuestro partido, que creemos que hay muchas cosas que mejorar internamente y que propugnamos una forma de hacer política sustentada en determinados valores y principios bastante ausentes, hoy por hoy, en la vida política de nuestro entorno. No es tan difícil de entender: queremos mejorar nuestro partido, corregir errores y ofrecer a los ciudadanos un proyecto político basado en la honestidad, la ejemplaridad, la austeridad, la transparencia y la eficacia en la gestión pública. ¿A quién le puede parecer mal eso?

Sabemos, porque lo sufrimos y porque así nos lo reconoce la inmensa mayoría de nuestros compañeros, que durante años los afiliados y los militantes de la ciudad de Alicante no han tenido el papel protagonista que legítimamente les corresponde. El PP de la ciudad de Alicante no ha funcionado como una organización política participativa y democrática. Por no tener no ha contado ni con una sede propia, ni tan siquiera con una simple página web. Ha sido un gueto, un coto cerrado en el que determinados grupos y “familias” se han repartido los puestos y en el que el militante sólo ha sido llamado para llenar mítines, cenas o realizar funciones de apoderados o interventores en las elecciones. Unos pocos han hecho y desecho a su antojo. ¿A quién puede molestarle que queramos acabar con este panorama? Evidentemente a quienes se han servido de nuestro partido, a los acomplejados que temen la competencia que la participación de cientos de afiliados más preparados que ellos les pudiera suponer y a quienes no creen en los principios y valores que inspiran el ideario político del Partido Popular. Así de sencillo, así de fácil y, por ello, tratan de de descalificarnos adjudicándonos objetivos e intenciones falsos.

Queremos que restituyan a los afiliados alicantinos todos sus derechos, empezando por la propia Junta Local de la Ciudad eliminada, sin consultar por supuesto con los militantes, en contra de lo establecido en los Estatutos Nacionales del PP y con el único fin de impedir un proceso interno democrático que pudiera poner en peligro el estatus de quienes de siempre han venido controlando la organización local y se han servido de ella.

Queremos que, una vez restituida, se convoquen elecciones internas con todas las garantías democráticas para lo que es imprescindible que se depure el censo de afiliados que está artificialmente inflado como consecuencia de las cainitas y estúpidas guerras internas entre campistas y zaplanistas.

Queremos presentar una candidatura sustentada en las bases de militantes, sin padrinos políticos ni tutelas, ofreciendo un programa y unos compromisos de actuación para la Junta Local basados en la democracia interna, en la participación permanente de los afiliados, en la formación política, en el debate interno, en la colaboración con los agentes sociales de la ciudad y en la exigencia a nuestros afiliados en cargos públicos de conductas honestas, ejemplares, transparentes y austeras. ¿A quién le parece mal esto? ¿Quiénes y por qué combaten con insidias estos objetivos?

Porque somos vecinos alicantinos comprometidos con nuestro partido y con nuestra ciudad nos duele profundamente el panorama muchas veces bastante desolador que se ofrece ante nosotros. No queremos permanecer inactivos ni pasivos, porque no podemos ser cómplices de una realidad que no nos gusta. Las cosas se pueden corregir desde dentro y si hubiese canales internos de debate y participación no haría falta salir a los medios de comunicación, muchos de los cuales por cierto nos ignoran, para expresar estas ideas. Cada uno de los militantes del PP de la ciudad de Alicante tenemos una responsabilidad que no podemos, ni debemos eludir por comodidad, cobardía o simple desánimo. En nuestras manos está poder cambiar las cosas.

Santiago de Munck Loyola

¿No debería mover ficha el PPCV?

Hoy, todos los medios de comunicación recogen la noticia sobre el procesamiento de tres miembros del antiguo gobierno autonómico de Camps. El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano que sigue la causa por supuesta financiación irregular del PPCV ha acordado procesar, nada menos, que al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y a las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such por tráfico de influencias y prevaricación.

Los tres ya estaban imputados desde hacía meses pese a lo cual no habían renunciado a sus escaños manteniéndose actualmente como diputados del Grupo Popular en Las Cortes Valencianas, aunque tanto Rambla como Such fueron relevados el pasado mes de octubre de los cargos que ostentaban en la dirección parlamentaria del PP valenciano, dentro de la política marcada por el presidente Alberto Fabra de dejar sin responsabilidades públicas a los cargos imputados en causas judiciales.

La semana pasada, también el Tribunal Superior de Justicia Valenciano condenó al Diputado Popular y ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, a 9 años de inhabiltación y tres de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad documental.  Tras la renuncia a su escaño, su puesto va a ser cubierto por la hija del ex alcalde de Alicante y diputado popular, también imputado, José Luis Díaz Alperi. Con ello, los diputados del Partido Popular imputados pasarán de 11 a 10 quienes, por cierto, podrían constituir formalmente un grupo parlamentario propio (el GRIMPO, Grupo de Imputados Populares).

Este desolador y antiestético panorama tiene responsables políticos directos y no son otros que los que, al margen de la opinión y la voluntad de la militancia del PP, confeccionaron y aprobaron las candidaturas del partido a las Cortes Valencianas, quienes conociendo, o debiendo conocer, lo que se avecinaba consintieron que se utilizaran los escaños para "blindar", o intentarlo al menos, la situación procesal de los afectados, quienes utilizan a su antojo las listas electorales para colocar a sus amiguetes y a los familiares de los mismos con independencia de su trayectoria política, sus méritos, su capacidad o su valía, quienes, en definitiva, prescinden en sus decisiones del interés general y del uso de las instituciones democráticas al servicio del bien común. 

Si alguien dentro del PP piensa que no pasa nada, que todo puede seguir así, que todo debe seguir bajo el control de los mismos, que no hace falta más participación de la militancia, ni más democracia interna se equivoca profundamente. Los que queremos éso, los que reclamamos y exigimos además ejemplaridad absoluta y respeto profundo a los Estatutos del Partido y a los principios ideológicos del mismo no somos los adversarios a batir. Al revés, los enemigos del PP son los que, por activa o por pasiva, propician estas situaciones, los que se aferran a sus puestos y sus privilegios, los que toman decisiones retorciendo los reglamentos y los estatutos sin consultar jamás a las bases, los que tratan una y otra vez (y lo hemos podido ver estos días) de estrangular cualquier proceso de libre concurrencia interna para perpetuar a "los suyos" en el poder territorial del partido. Ésos son los verdaderos enemigos del PP y de la sociedad alicantina. 

Así no se puede seguir. Ni los miles de militantes del PP se lo merecen, ni por supuesto los ciudadanos alicantinos y los que callan son tan responsables como el que más.

Santiago de Munck Loyola