La izquierda incoherente y sin memoria reciente.

En los últimos tiempos y especialmente en la última semana buena parte de los dirigentes de la izquierda  nos están ofreciendo todo un recital de incoherencia, de amnesia selectiva y de cinismo político. Cuando uno escucha determinadas declaraciones y observa algunos comportamientos no tiene más remedio que preguntarse si estos dirigentes políticos se creen realmente lo que dicen y hacen o si creen que los ciudadanos somos tontos o desmemoriados. Cuanto más grandilocuentes son sus descalificaciones sobre las diferentes medidas que ha ido tomando el Gobierno de Rajoy más se pone en evidencia, de una parte, la urgencia de su adopción y, de otra, que los causantes de las mismas son sobre todo los solemnes vociferantes socialistas y sus satélites sindicalistas.

El actual aparato dirigente de lo que queda del PSOE tras el émulo de Atila, Zapatero, parece que ha hecho suyo el enunciado de Goebbels “una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad” y, por ello, se han lanzado a una frenética carrera para condenar la revalorización de las pensiones para el año 2013 aprobada por el Gobierno de Rajoy. Sin cortarse un pelo repiten mil y una vez que el Gobierno no sube las pensiones o que las ha congelado y poniéndose al frente de la manifestación, los socialistas, los únicos que en las historia de la democracia congelaron las pensiones en 2010, tratan con la complicidad de los amnésicos grupos parlamentarios de la oposición de utilizar como tercera cámara legislativa al Tribunal Constitucional. Y sin despeinarse. Hay que ser muy cínicos, tener mucha cara dura y despreciar mucho al ciudadano para enarbolar una falsedad semejante y presentar un recurso de inconstitucionalidad. Si presentan un recurso contra este incremento de las pensiones ¿por qué no lo presentan de paso contra la congelación del año 2010? Si por una de esas extrañas cosas que a veces pasan en el Tribunal Constitucional ganasen el recurso todos los pensionistas se lo agradecerían eternamente.

No ha habido ninguna congelación de las pensiones para el año 2013. El Gobierno ha aprobado una revalorización de las pensiones que, eso es cierto, no alcanza el incremento que el IPC ha sufrido en el último año pero que, en todo caso, sí supone una mejora de las pensiones superior desde luego a la que el tandem Zapatero-Rubalcaba aprobó en el año 2010. Seguramente el Gobierno habría deseado poder subir las pensiones incluso por encima del IPC pero no lo ha podido hacer, entre otras cosas, por el inmenso agujero en las cuentas públicas dejado por el Sr. Rubalcaba y sus conmilitones. Ni tenemos un Gobierno masoquista al que le encanta fastidiar a los votantes para perder votos, ni tenemos un Gobierno irresponsable subido en una nube fumando brotes verdes, ni tenemos, afortunadamente, un Gobierno de conjunciones planetarias. Se podría comprender que el incremento aprobado fuese discutido en cuanto a su distribución en función de la cuantía de las pensiones para reclamar más incremento para las mínimas y menor para las más altas, pero no a eso se han dignado los amnésicos pirómanos de las calles.

Otro de los aspectos en los que buena parte de la clase dirigente de la izquierda está dando sobradas muestras de su maestría en la incoherencia y el cinismo es de la sanidad pública y, en especial, la madrileña cuyo Gobierno Regional ha iniciado un plan de reformas que incluye la privatización de algunos servicios hospitalarios y de 23 centros de salud. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha venido insistiendo en que los centros sanitarios van a seguir siendo públicos y sólo va a privatizar determinados servicios complementarios. Algo que se parece mucho al modelo que se viene siguiendo en la Junta de Andalucía desde hace muchos años. El modelo de conciertos significa que centros sanitarios que son privados, "con gestión privada y actividad propia", realizan "alguna actividad programada que se encarga por parte del SSPA", afirmaba hace unos días  la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía. Puede, y aún no se sabe, que haya diferencias cuantitativamente en función de la cantidad de servicios complementarios a privatizar pero una cosas es cierta: cualitativamente parecen el mismo modelo.

Por último y por citar sólo un ejemplo más de la incoherencia y el cinismo de parte de esta izquierda poszapateril tenemos el caso de los ERE puestos en marcha por los sindicatos al amparo de la denostada reforma laboral y especialmente por CCOO. Tiene lo suyo que este sindicato, tan dócil y subvencionado con el Gobierno anterior, haya hecho un “casus belli” de la Reforma Laboral y que simultáneamente se apreste a aplicarla con devoción a centenares de sus propios empleados. ¿Cabe mayor prueba de incoherencia y de cinismo?

Mal camino es éste para que la credibilidad en la clase dirigente española pueda recuperarse. Cuando no es la derecha es la izquierda y cuando no las dos juntas. Los ciudadanos nos merecemos más respeto y algunos, que no todos, parecen empeñados en hacernos comulgar con ruedas de molino. Mal camino, sí señor.

Santiago de Munck Loyola

Populares de la “casa” y para la “casa”.

Tras la presentación del Manifiesto por la Regeneración del PP de Alicante promovido por el Foro Plataforma Popular ( https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts ) y la candidatura a la Junta Local del PP “Esperanza Popular” parece que algunos miembros del “aparato” del partido están haciendo correr toda clase de rumores sobre las intenciones de quienes participamos y promovemos este movimiento con el único fin desacreditarnos y de impedir la expansión de nuestras propuestas.

Lo primero que hay que dejar claro es que no existe la más mínima intención de promover ninguna candidatura independiente de cara a las futuras elecciones municipales, ni de provocar una escisión interna, ni, por supuesto, de crear un nuevo partido en la ciudad de alicante. Quien afirma lo contrario sencillamente miente.

Somos un grupo, cada día más numeroso, de afiliados del Partido Popular, algunos por ejemplo desde mucho antes de que lo fuese nuestro Presidente Provincial, que compartimos una misma preocupación por la forma de funcionar nuestro partido, que creemos que hay muchas cosas que mejorar internamente y que propugnamos una forma de hacer política sustentada en determinados valores y principios bastante ausentes, hoy por hoy, en la vida política de nuestro entorno. No es tan difícil de entender: queremos mejorar nuestro partido, corregir errores y ofrecer a los ciudadanos un proyecto político basado en la honestidad, la ejemplaridad, la austeridad, la transparencia y la eficacia en la gestión pública. ¿A quién le puede parecer mal eso?

Sabemos, porque lo sufrimos y porque así nos lo reconoce la inmensa mayoría de nuestros compañeros, que durante años los afiliados y los militantes de la ciudad de Alicante no han tenido el papel protagonista que legítimamente les corresponde. El PP de la ciudad de Alicante no ha funcionado como una organización política participativa y democrática. Por no tener no ha contado ni con una sede propia, ni tan siquiera con una simple página web. Ha sido un gueto, un coto cerrado en el que determinados grupos y “familias” se han repartido los puestos y en el que el militante sólo ha sido llamado para llenar mítines, cenas o realizar funciones de apoderados o interventores en las elecciones. Unos pocos han hecho y desecho a su antojo. ¿A quién puede molestarle que queramos acabar con este panorama? Evidentemente a quienes se han servido de nuestro partido, a los acomplejados que temen la competencia que la participación de cientos de afiliados más preparados que ellos les pudiera suponer y a quienes no creen en los principios y valores que inspiran el ideario político del Partido Popular. Así de sencillo, así de fácil y, por ello, tratan de de descalificarnos adjudicándonos objetivos e intenciones falsos.

Queremos que restituyan a los afiliados alicantinos todos sus derechos, empezando por la propia Junta Local de la Ciudad eliminada, sin consultar por supuesto con los militantes, en contra de lo establecido en los Estatutos Nacionales del PP y con el único fin de impedir un proceso interno democrático que pudiera poner en peligro el estatus de quienes de siempre han venido controlando la organización local y se han servido de ella.

Queremos que, una vez restituida, se convoquen elecciones internas con todas las garantías democráticas para lo que es imprescindible que se depure el censo de afiliados que está artificialmente inflado como consecuencia de las cainitas y estúpidas guerras internas entre campistas y zaplanistas.

Queremos presentar una candidatura sustentada en las bases de militantes, sin padrinos políticos ni tutelas, ofreciendo un programa y unos compromisos de actuación para la Junta Local basados en la democracia interna, en la participación permanente de los afiliados, en la formación política, en el debate interno, en la colaboración con los agentes sociales de la ciudad y en la exigencia a nuestros afiliados en cargos públicos de conductas honestas, ejemplares, transparentes y austeras. ¿A quién le parece mal esto? ¿Quiénes y por qué combaten con insidias estos objetivos?

Porque somos vecinos alicantinos comprometidos con nuestro partido y con nuestra ciudad nos duele profundamente el panorama muchas veces bastante desolador que se ofrece ante nosotros. No queremos permanecer inactivos ni pasivos, porque no podemos ser cómplices de una realidad que no nos gusta. Las cosas se pueden corregir desde dentro y si hubiese canales internos de debate y participación no haría falta salir a los medios de comunicación, muchos de los cuales por cierto nos ignoran, para expresar estas ideas. Cada uno de los militantes del PP de la ciudad de Alicante tenemos una responsabilidad que no podemos, ni debemos eludir por comodidad, cobardía o simple desánimo. En nuestras manos está poder cambiar las cosas.

Santiago de Munck Loyola

¿No debería mover ficha el PPCV?

Hoy, todos los medios de comunicación recogen la noticia sobre el procesamiento de tres miembros del antiguo gobierno autonómico de Camps. El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano que sigue la causa por supuesta financiación irregular del PPCV ha acordado procesar, nada menos, que al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y a las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such por tráfico de influencias y prevaricación.

Los tres ya estaban imputados desde hacía meses pese a lo cual no habían renunciado a sus escaños manteniéndose actualmente como diputados del Grupo Popular en Las Cortes Valencianas, aunque tanto Rambla como Such fueron relevados el pasado mes de octubre de los cargos que ostentaban en la dirección parlamentaria del PP valenciano, dentro de la política marcada por el presidente Alberto Fabra de dejar sin responsabilidades públicas a los cargos imputados en causas judiciales.

La semana pasada, también el Tribunal Superior de Justicia Valenciano condenó al Diputado Popular y ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, a 9 años de inhabiltación y tres de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad documental.  Tras la renuncia a su escaño, su puesto va a ser cubierto por la hija del ex alcalde de Alicante y diputado popular, también imputado, José Luis Díaz Alperi. Con ello, los diputados del Partido Popular imputados pasarán de 11 a 10 quienes, por cierto, podrían constituir formalmente un grupo parlamentario propio (el GRIMPO, Grupo de Imputados Populares).

Este desolador y antiestético panorama tiene responsables políticos directos y no son otros que los que, al margen de la opinión y la voluntad de la militancia del PP, confeccionaron y aprobaron las candidaturas del partido a las Cortes Valencianas, quienes conociendo, o debiendo conocer, lo que se avecinaba consintieron que se utilizaran los escaños para "blindar", o intentarlo al menos, la situación procesal de los afectados, quienes utilizan a su antojo las listas electorales para colocar a sus amiguetes y a los familiares de los mismos con independencia de su trayectoria política, sus méritos, su capacidad o su valía, quienes, en definitiva, prescinden en sus decisiones del interés general y del uso de las instituciones democráticas al servicio del bien común. 

Si alguien dentro del PP piensa que no pasa nada, que todo puede seguir así, que todo debe seguir bajo el control de los mismos, que no hace falta más participación de la militancia, ni más democracia interna se equivoca profundamente. Los que queremos éso, los que reclamamos y exigimos además ejemplaridad absoluta y respeto profundo a los Estatutos del Partido y a los principios ideológicos del mismo no somos los adversarios a batir. Al revés, los enemigos del PP son los que, por activa o por pasiva, propician estas situaciones, los que se aferran a sus puestos y sus privilegios, los que toman decisiones retorciendo los reglamentos y los estatutos sin consultar jamás a las bases, los que tratan una y otra vez (y lo hemos podido ver estos días) de estrangular cualquier proceso de libre concurrencia interna para perpetuar a "los suyos" en el poder territorial del partido. Ésos son los verdaderos enemigos del PP y de la sociedad alicantina. 

Así no se puede seguir. Ni los miles de militantes del PP se lo merecen, ni por supuesto los ciudadanos alicantinos y los que callan son tan responsables como el que más.

Santiago de Munck Loyola

La partitocracia y los politicastros.

Hace un par de días entrevistaban en un programa de televisión a Manuel Milián Mestre, exdiputado y fundador del PP, quien entre otras muchas cosas señaló que en nuestros días estamos viviendo no sólo una crisis política, sino moral, subrayando que “en la política actual triunfan los oportunistas y los mediocres" y que éstos “ascienden al poder y los excelentes son apartados". Subrayó que "antes se llegaba con meritocracia. Ahora, con el codo y el amiguete". ¡Cuánta razón le asiste al exdiputado popular! La Política, con mayúsculas, una de las tareas más nobles a las que se puede dedicar un ciudadano se ha convertido en los últimos años en una actividad repudiada por la mayoría de la gente, como evidencian todos los estudios de opinión que en los últimos tiempos han venido siendo publicados. El descrédito de la política y de los políticos es una realidad de nuestros días que encierra enormes peligros para el sistema democrático si no se ponen medidas para corregirlo.

La Política cuya única razón de ser consiste en la consecución del bien común está siendo devaluada por sus principales actores en nuestro sistema, los partidos políticos y su producto más genuino, la clase política o casta política, como determinados autores la califican. Los partidos políticos, con el paso de los años, se han ido convirtiendo en maquinarias electorales, en agencias de colocación de amigos y familiares, que han sacrificado sus respectivos códigos de principios y valores a la rentabilidad electoral. Los partidos políticos en lugar de formular propuestas desde determinados principios y valores vienen modulando sus mensajes en función de lo que creen que puede resultar más agradable y atractivo al oído del elector renunciando, con ello, al liderazgo social que deberían ejercer. No se cuenta la verdad porque puede hacer perder votos. No se formulan compromisos porque luego hay que cumplirlos. No se defienden valores o principios porque ello puede ser políticamente incorrecto. Los partidos políticos han trabajado tanto para presentar envoltorios atractivos que han dejado a un lado la importancia del contenido. Las ideologías se han ido difuminando de tal manera que los partidos van perdiendo la conexión ciudadana que se sustentaba en la identificación con códigos de valores concretos.

Y los partidos políticos, en su actual configuración, han sacrificado igualmente la libertad interna, el debate ideológico en su seno, la renovación interior y la democracia interna a favor de una aparente unidad, de una homogeneidad y disciplina basada en una casta semi-funcionarial que se pone al servicio del superior jerárquico en lugar de las bases del mismo. Para “hacer carrera” en los partidos políticos no valen ni el mérito, ni la capacidad, ni siquiera el voto de los compañeros. Lo que sirve es el amiguismo, el parentesco, la sumisión, la docilidad y, sobre todo, no expresar en alto ninguna idea propia. Esa casta semi funcionarial está compuesta, en muchos casos, por gente que no ha tenido nunca una actividad profesional fuera de las alas del partido y es la que termina desembocando en los puestos públicos: ministros, diputados, alcaldes, concejales, asesores, etc. Hay cientos de ejemplos de ello, de gente que nunca se ha ganado la vida en la calle, que ni siquiera ha sido capaz de terminar unos estudios universitarios pero que, eso sí, en sus currícula utilizan auténticas filigranas lingüísticas para camuflar su indigencia profesional. Esta casta política, esta clase dirigente criada en las maquinarias de los partidos es la que ha venido gobernando y gobierna nuestras instituciones públicas y los resultados de su labor están a la vista de todo el mundo. Además, la endogamia propia de los partidos ha ido acompañada de una constante propensión ha invadir todas las esferas posibles de la sociedad controlando con sus mediocres peones toda aquello que pudiera servir a la satisfacción de sus necesidades: instituciones financieras, culturales, deportivas, educativas, asistenciales, etc.

En muchas ocasiones, al expresar el rechazo a esta clase política se utiliza, en tono despectivo, la denominación de los “profesionales” de la política. No creo que ser un profesional de la política deba ser considerado como algo necesariamente malo. La política debe tener un componente claramente vocacional pero como toda vocación, para ser desarrollada en plenitud, debe ir acompañada de cierta formación. Ser médico requiere tener vocación, pero además una determinada preparación para plasmar esa llamada concreta en una excelente profesionalidad. Cuando nos referimos a un médico como un excelente profesional no lo estamos haciendo en tono despectivo, todo lo contrario. Y lo mismo debería ocurrir en el ámbito de la Política. Sin embargo, del mismo modo que acudimos al mejor profesional médico cuando tenemos un problema de salud y no a un curandero, deberíamos acudir a los profesionales de la política y no a los politicastros. La mayor parte de los médicos, por seguir citando esta profesión, que he conocido son personas que, además de ejercer su actividad, siguen formándose a lo largo de su vida para estar al día en sus conocimientos y poder así ejercer mejor su profesión y qué raro es encontrar una actitud semejante en el ambiente político.

Los partidos políticos si quieren servir a la sociedad deberían realizar una profunda reforma de sus esquemas de funcionamiento, volver a las raíces y al verdadero significado de la política, del servicio a la ciudadanía y del bien común. Servir a la sociedad no es servirse de ella.

Estamos ante una crisis del sistema mucho más profunda de lo que algunos quieren ver. La clase política debe ser la primera en recuperar los valores que hacen de la política una noble tarea, una actividad que en estos tiempos, sobre todo, exige ejemplaridad y sacrificios de toda índole, incluso personales o económicos. El liderazgo político no puede seguir ausente en una sociedad cada vez más dolida y defraudada porque, de lo contrario, otras fuerzas surgirán abriendo un período de dura incertidumbre.

Santiago de Munck Loyola

La hiperbólica Valenciano.

Hay gente que lleva tanto tiempo metida en la política y viviendo de ella exclusivamente que termina por perder el sentido de la realidad e, incluso, el sentido de la medida y la proporción. El mundo de la política partidista y de la dependencia personal de la misma conlleva además el riesgo de percibir de manera exclusiva una visión sectaria y sesgada de la realidad y, además, que el sujeto, como todo vocero partidista que se precie, no esquive micrófono alguno, aunque para ello carezca del tiempo necesario para una sosegada reflexión previa a cualquier declaración, corriendo el peligro de dejar al desnudo la oquedad intelectual del mismo.

Dª Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, nada menos, es un claro ejemplo de lo anterior, de los resultados obtenidos por quien no ha conocido otro mundo que el de la política partidista ni otro punto de vista que el profundamente sectario que se incuba en la trastienda de cualquier partido político. En sus frecuentes intervenciones ante los micrófonos de los medios de comunicación, la Sra. Valenciano no escatima esfuerzos para evidenciar su formación, su talante democrático o su rancio sectarismo. Nadie la habrá escuchado jamás la más mínima autocrítica respecto a la gestión de su partido en los últimos años de Gobierno ni a los errores cometidos durante la misma.

Tampoco la habrá escuchado nadie la más mínima oferta de diálogo o de colaboración hacia el Gobierno. Su credo es “leña al mono” venga o no a cuento. Dice el dicho popular que la ignorancia es muy atrevida y la Sra. Valenciano es casi tan atrevida como su compañero D. Óscar López Agueda, el que no recordaba en un mitin tres motivos por los que hubiese que votar al PSOE.

La Sra. Valenciano, que no fue capaz de terminar ni la carrera de Derecho, ni la de Ciencias Políticas, estando tan ocupada como estaba en medrar en su partido, no hay día que no imparta lecciones sobre legislación o sobre política. Sus “perlas” suelen tender a la exageración, a la hipérbole parlamentaria, al incendio de la convivencia. Las últimas “perlas” las ha deslizado con ocasión de la presentación del proyecto de reforma educativa propuesto por el Ministro Wert. Dª Elena, tan comedida como siempre, ha manifestado lo siguiente: "Probablemente no se recuerde un ministro de Educación más ideologizado. Está haciendo una política educativa de la mano de la ideología más conservadora que pueda haber en España. Está quebrando el modelo tal como lo hemos conocido" y que "en el caso de Cataluña lo que está proponiendo directamente es un atentado contra la convivencia" en esa comunidad autónoma. ¡Ahí está! ¡Nada menos! De sus palabras habrá que deducir que los Ministros de Educación del PSOE no estaban “ideologizados”, no, ni mucho menos. Eran simples Hermanitas de la Caridad, eso sí, laicas, ministros “ni carne ni pescado”, válidos tanto para un roto como para un descosido. El problema de esta señora es que seguramente se cree sus rotundas afirmaciones o, lo que es peor, que los ciudadanos somos muy cortitos y nos las creemos.  Pero los frutos educativos de los gobiernos socialistas y sus leyes “Light” están ahí y son los que son. Hay que hacer una reforma del sistema educativo, eso es indudable y el sentido o la orientación de la reforma debe hacerla la mayoría parlamentaria de las Cortes, le guste o no a la inefable Sra. Valenciano.

Pero donde se lleva la palma y demuestra su auténtico talante la Sra. Valenciano es en la segunda parte, cuando señala que "en el caso de Cataluña lo que está proponiendo directamente es un atentado contra la convivencia". Pero ¿a dónde va Sra. Valenciano? ¿De dónde se saca esa catastrofista exageración? ¿Está tratando de alentar sentimientos antiespañoles para ver si levantan cabeza en Cataluña? ¿Dónde ha leído usted en el proyecto de reforma que se hable concretamente de Cataluña? Declaraciones incendiarias de esta calaña no contribuyen lo más mínimo a plantear un debate constructivo que permita el acercamiento de posturas para lograr una reforma educativa eficaz y con amplio sustento parlamentario y social. Asumir democráticamente una derrota electoral puede llevar su tiempo para quienes padezcan determinadas carencias democráticas, pero parece que transcurrido ya más de un año hacerlo impediría actitudes tan negativas como las que exhiben la Sra. Valenciano. Un poco más de sosiego, un poco menos de crispación y más diálogo es lo que se necesita en estos tiempos, Sra. Valenciano. Más reflexión y menos exabruptos.

Santiago de Munck Loyola

El idioma en la reforma educativa: loable objetivo, errónea solución.

Sinceramente, lo que pasa en España ocurre en pocos países de nuestro entorno. ¿Se imagina alguien que en Francia o en Gran Bretaña los niños no puedan recibir su educación escolar en francés o en inglés? ¿Alguien ha sabido de algún padre alemán que haya tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo alemán para lograr que su hijo pueda recibir la educación escolar en alemán dentro del territorio alemán? A que no. Pues eso es lo que ocurre en nuestro país en medio del silencio de buena parte de los medios de comunicación, de la mayor parte de la clase política y, por supuesto, de los sindicatos. Algo tan normal y tan lleno de sentido común como el que un chaval pueda estudiar en español, en su lengua materna, si así lo desea, es imposible en ciertas partes de España. Algo tan lógico como poder trasladarse de una parte a otra de España y seguir los estudios con normalidad, sin traumas y con continuidad tampoco es posible porque los contenidos o el idioma pueden variar sustancialmente. La movilidad de los españoles dentro del territorio nacional se va restringiendo cada vez más merced al progresivo fraccionamiento de la mayor parte de los elementos que caracterizan a una sociedad cohesionada. Las particularidades territoriales se traducen año tras año en fronteras invisibles, pero reales.

Hoy, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha presentado a los consejeros autonómicos una nueva propuesta de reforma educativa que pretende, entre otras cosas, garantizar a los alumnos que lo deseen poder recibir la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial. Para ello, las autonomías que no garanticen este derecho en los centros públicos o concertados tendrán que pagar la matriculación en centros privados que enseñen en castellano, según consta en el borrador. Ante esta propuesta, la consejera catalana en funciones, Irene Rigau, ha manifestado que el proyecto es "el mayor ataque al catalán desde 1978" y ha añadido que atenta contra el modelo de escuela porque autoriza a los padres a escoger la lengua vehicular.

Dejando a un lado el hecho de que resulte asombroso que el Gobierno de una Nación tenga que legislar para que pueda ser usado el idioma oficial en la educación en determinadas partes de su territorio, lo cierto es que la reacción de la consejera catalana era más que previsible. Es normal que alguien que odia tanto las libertades individuales y que forma parte de un gobierno regional que se pasa las sentencias del Tribunal Supremo por el arco del triunfo, demostrase su respeto institucional y su talante democrático marchándose de mala manera de la reunión que esta tarde mantenían el Ministro y los consejeros de educación autonómicos. Una prueba más de que es necesario reformar la educación, aunque carezca de efectos retroactivos para determinadas personas. Lo cierto es que al día de hoy, no una, sino muchas sentencias del Tribunal Supremo (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/26/barcelona/1340715538.html

http://www.larazon.es/noticia/5106-cuatro-sentencias-obligan-al-govern-a-escolarizar-en-castellano-a-cuatro-ninos

http://www.lavanguardia.com/politica/20120626/54316682030/supremo-anula-vehicularidad-catalan-educacion-infantil.html) han amparado el derecho de los padres a elegir el idioma en el que quieren que sean educados sus hijos y, no sólo eso, sino que, además, han anulado diferentes preceptos de la legislación catalana. ¿Y cual ha sido la respuesta de las autoridades catalanes? Pues decir que no piensan cumplir las sentencias del Supremo (http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/604278/mas-dice-que-mantendra-la-imposicion-del-catalan-caigan-las-sentencias-que-caigan). Así de sencillo. Aquí hay patentes de corsos. A algunos les basta con envolverse en su bandera regional para vulnerar reiteradamente, con premeditación y alevosía, las leyes o las resoluciones judiciales y no pasa nada. Hay ciudadanos de segunda y políticos. Y lo mismo les da que el máximo órgano de la soberanía legisle en un sentido o en otro, si no es a su gusto estos demócratas de postin rompen la baraja.

Siendo más que loable que el Gobierno de España trate de preservar la igualdad de derechos de todos los españoles en todo el territorio nacional en el ámbito de la educación, lo que constituye un desatino es que para conseguirlo, para solucionar el problema generado por los incumplidores de la ley, los delincuentes políticos, haya que poner dinero público con matriculaciones en colegios privados. ¿No sería más sencillo obligar a cumplir la Ley y las sentencias igual que se nos obliga al resto de los ciudadanos? ¿Para qué están los fiscales? ¿Por qué si un cargo público prevarica hay que poner dinero de los contribuyentes? Mucho me temo que los complejos y la cobardía están detrás de esta pintoresca propuesta. La Ley debe ser igual para todos. Dura lex, sed lex. Y si no se está dispuesto a cumplirla, cámbiese la Ley pero no sigan tirando del dinero del contribuyente. Bastaría con que recordasen y aplicasen alguno o todos los siguientes artículos del Código Penal:

Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Artículo 410.

1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Artículo 511.

1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

Y los contribuyentes nos ahorraríamos un dineral, sí señor, además de limpiar algo la clase política.

Santiago de Munck Loyola

Carta de afiliados alicantinos del PP a Mª Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP.

Esta es la transcripción de la carta que afiliados del PP de Alicante han remitido esta semana a la Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal. ¿Responderá?

A/a Dª Mª Dolores de Cospedal. Secretaria General de Partido Popular.

Estimada Secretaria General:

Los abajo firmantes, afiliados del Partido Popular de la Ciudad de Alicante, queremos a través de la presente trasladarte nuestra profunda preocupación sobre la grave situación del Partido Popular en nuestra Comunidad, nuestra Provincia y nuestra ciudad.

1º Como afiliados del Partido Popular sentimos vergüenza y rechazo ante la continua aparición en los medios de comunicación de noticias denunciando actitudes y hechos presuntamente delictivos protagonizados por muchos cargos públicos del Partido Popular, sin que se haga efectiva la separación de todos los imputados de las responsabilidades públicas que ostentan que sólo en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas alcanzan once escaños.

2º Igualmente entendemos que es preciso adoptar de forma urgente medidas para terminar con el pluriempleo de muchos cargos políticos populares algunos de los cuales llegan simultanear hasta más de cuatro cargos públicos en detrimento de la atención que la ciudadanía exige especialmente en esta crisis. Creemos que la ejemplaridad pasa también por la exigencia del principio “una persona, un cargo, una función pública”. No es admisible seguir manteniendo la simultaneidad de tantas alcaldías con actas de diputados autonómicos. Los ciudadanos exigen una dedicación total que resulta incompatible con lo anterior.

3º Creemos que hay que poner límite a la utilización de las instituciones públicas en beneficio de los entornos próximos de los cargos electos (contrataciones, asesores, cargos de confianza,…) desterrando de una vez cualquier sospecha de nepotismo y favoritismo.

4º Reivindicamos la democracia interna y la participación, e igualmente rechazamos el continuo menosprecio a la desinteresada labor y a los derechos de los miles de militantes del Partido Popular de Alicante, utilizados únicamente para labores electorales, y sistemáticamente ignorados a la hora de participar en la política interna del partido. La Junta Local de Alicante ha sido durante años un claro ejemplo de coto cerrado, dominado por grupos y familias, que han hecho y desecho al margen de la militancia y cuyas consecuencias son hoy más que nunca visibles en el Ayuntamiento de la ciudad y en las causas judiciales abiertas.

5º Solicitamos el amparo de nuestros derechos de afiliados y el respeto a los Estatutos del Partido Popular por parte de todos los cargos orgánicos de la estructura territorial y, en especial, de la provincia de Alicante cuyo comité ejecutivo, con el fin de evitar las elecciones a la Presidencia Local de la Ciudad de Alicante, acordó el pasado día 11 del mes de octubre suprimir la Junta Local de la Ciudad y sustituirla por un número indeterminado de distritos. Dicha decisión fue inmediatamente impugnada por varios afiliados sin que, hasta el día de hoy, haya respondido ni el Comité Ejecutivo Provincial, ni el Secretario General del PPCV (se adjuntan copias de las impugnaciones). Más de 600 firmas de afiliados han sido ya recogidas en contra de esta arbitraria decisión que serán remitidas al Comité Nacional de Derechos y Garantías si fuere preciso incoar su intervención.

Por todo lo anterior, Secretaria General, solicitamos tu intervención con el fin de reconducir una situación gravemente perjudicial para la credibilidad y el futuro del proyecto popular en la Comunidad Valenciana y, en especial, para la Provincia de Alicante.

Atentamente, en Alicante a 27 de noviembre de 2012.

La paga extra para la ONG “políticos sin fronteras”.

A medida que se acercan las fiestas navideñas y se hacen más evidentes las consecuencias de la supresión de la paga extra para los empleados públicos crece la indignación, el cabreo y la impotencia de los afectados. Esta mañana, sin ir más lejos, charlando con dos compañeros la irritación y la indignación eran más que evidentes. El que más y el que menos contaba en su presupuesto personal y familiar con la paga extra y ahora su supresión borra de un plumazo muchas previsiones y desbarata las economías de millones de familias. Como es natural se lanzaban muchas preguntas al aire ¿por qué tienen que pagar los empleados públicos las consecuencias de la mala gestión de los políticos? ¿Por qué se rebaja el sueldo a los empleados públicos año tras año y ahora se elimina además la paga extra mientras que sigue habiendo gente que gana cientos de miles de euros con cargo a los presupuestos públicos? ¿Por qué se consiente que miles de políticos cobren de las arcas públicas más de un sueldo bajo el disfraz de dietas y complementos? ¿Por qué la clase política, responsable de esta crisis, sigue disfrutando de toda clase privilegios? ¿Por qué hay dinero público para rescatar a los bancos y no lo hay para pagar con justicia el trabajo de los empleados públicos? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que ayudar a los bancos hundidos por la pésima gestión consentida por los gobernantes? ¿En qué clase de país vivimos que unos empleados públicos se quedan sen paga y otros no según el territorio? La lista de preguntas era muy larga y el dedo acusador señalaba como culpable, curiosamente, al actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De poco valía intentar explicar que no era así porque el afectado sólo ve al que ha suprimido, en este caso, la paga extra y no ha quien nos ha conducido hasta aquí.

No me cabe la más mínima duda de que la supresión de la paga extra a los empleados públicos es profundamente injusta, sobre todo, porque no va acompañada de un sacrificio similar para toda la clase política cuya ejemplaridad vuelve a brillar por su ausencia. No basta con que los políticos hayan decidido aparentar ser solidarios prescindiendo ellos también de dicha retribución. No basta porque siguen conservando toda una clase de privilegios que se han otorgado ellos a si mismos tales como ventajas fiscales para los parlamentarios, coches oficiales, pagos en especie de toda clase, viajes gratis, comidas subvencionadas, cotizaciones privilegiadas para el cobro de sus pensiones, indemnizaciones injustas, percepciones retributivas públicas simultáneas de diferentes administraciones o empresas públicas, cuantías salariales inmorales e injustificables y todo un largo etcétera que define y caracteriza perfectamente la existencia de una casta superior que impone sacrificios a los demás mientras mantiene casi intacto su estatus. ¿Con qué cara se puede pedir a un empleado público que asuma este sacrificio mientras esa clase política permite que con dinero público se paguen sueldos de 100.000, 180.000, 750.000 ó 900.000 euros anuales? Porque estas cifras son ciertas y reales. No se trata sólo de sueldos de alcaldes o presidentes de comunidades autónomas, sino también de todos esos miembros de la casta partidista colocada en empresas públicas o en cajas y bancos sostenidos con ayudas públicas que se asignan tan estimulantes salarios. Ésa es una realidad incuestionable que ni éste ni ningún otro gobierno ha querido o ha podido abordar. Y que no nos cuenten que esas retribuciones tienen su justificación en las altas responsabilidades que sus trabajos conllevan porque es un cuento chino. Más responsabilidad tiene el Presidente del Gobierno o el Ministro de Hacienda y ganan diez veces menos que el Presidente de Bankia, entidad nacionalizada a la que van a parar miles de millones de euros públicos. Y para responsabilidad de verdad la de cualquier cirujano de la seguridad social, por poner un ejemplo, al que se le rebaja el sueldo y se le quita la paga extra en nombre de una austeridad y una solidaridad que en el fondo sirve también para que los intocables de la política se sigan forrando en nombre de España o de su sagrada autonomía.

¿No estábamos en la Champions League de las economías según Zapatero? ¿No teníamos el sistema financiero más sólido de Europa según este nefasto personaje? ¿No afirmaba sin el más mínimo rubor que hasta los franceses nos envidiaban? ¿No decía que esto no era una crisis sino unos simples desajustes temporales? ¿Y los brotes verdes? ¿Se los comió o se los fumó? Nada de nada. Y por dejarnos semejante herencia, en lugar de comparecer ante la justicia como en Islandia, ahí está, tan ricamente, cobrando 6.000 euros limpios al mes a costa de los españoles. Y como él muchos otros, todos tan tranquilos, sus cómplices sindicales y empresariales, sus palmeros subvencionados,  sus socios políticos y todos los que por acción u omisión nos han traído hasta aquí. Él fue el médico que no supo diagnosticar ni tratar adecuadamente la infección y ahora Rajoy es el médico que tiene que amputar y, por eso, se lleva la ira y el odio del paciente, entre otras cosas, porque no explica claramente  el parte médico. Una vez más, los fallos en comunicación son mortales.

Eliminar la paga de los empleados públicos es una chapuza con consecuencias inevitables en la caída del consumo y en la recaudación del IVA. Es un parche, un tratamiento sintomático poco eficaz porque sigue sin abordarse un tratamiento radical, ejemplar y profundo del uso del resto del dinero público que sigue siendo derrochado a manos llenas por una buena parte de la clase política, siempre instalada en el País de las Maravillas.

Santiago de Munck Loyola

Cataluña: ir por lana y salir trasquilado.

Si una cosa ha dejado muy clara Artur Mas es su propia incompetencia como político. De una parte, ha demostrado su incompetencia para gobernar su autonomía en una situación económica desastrosa heredada del tripartito hasta el punto de adelantar dos años el fin de su mandato. Y, de otra, ha demostrado largamente su incompetencia como estratega a la vista de los pésimos resultados electorales que ha alcanzado. Trató de encubrir su incapacidad para lidiar con la crisis sacando a pasear el estandarte independentista y convocó elecciones autonómicas solicitando de los votantes una “mayoría excepcional”, es decir absoluta, para poner en marcha su proyecto secesionista y lo hizo en términos plebiscitarios.

Los resultados de esta doble incompetencia, como gestor y estratega, son evidentes:

1º Artur Mas ha conseguido que su partido pierda 12 escaños en el Parlamento catalán, de 62 a 50. Es decir, el logro de este “brillante” estratega ha sido perder un 20 % de representación parlamentaria.

2º Con su envite independentista, Artur Mas ha logrado que la representación parlamentaria de los partidos independentistas se reduzca en dos escaños pasando de 74 escaños a 72.

3º Ha conseguido radicalizar la posición del electorado independentista al propiciar un importante incremento de los radicales de ERC que pasan de 10 a 21 escaños y la aparición de la CUP con tres escaños, lo que contribuirá a dificultar la gobernabilidad y la estabilidad de la región.

4º Artur Mas ha logrado igualmente proyectar una imagen internacional negativa tanto para Cataluña como para el resto de España, transmitiendo una sensación de inestabilidad política sin precedentes lo que, sin ninguna duda, supone una pérdida de confianza de las instituciones internacionales y de los inversores extranjeros.

5º Ha hecho que el debate electoral sobre los graves problemas económicos y sociales que aquejan a Cataluña quede relegado a un segundo plano en beneficio del debate secesionista y en perjuicio del contraste electoral de diferentes opciones para resolver los graves problemas que diariamente afectan a los ciudadanos.

6º Ha dejado a Cataluña sin la aprobación de un Presupuesto para el próximo año cuya elaboración por el nuevo Gobierno que haya de constituirse tras estas elecciones se demorará muchos meses, precisamente cuando es más necesario que nunca comparecer ante las instituciones europeas con unas cuentas públicas rigurosas que avalen la recepción de fondos y ayudas para intentar salir de la crisis.

Éstos son algunos de los resultados obtenidos por la cobarde apuesta soberanista del Sr. Mas. En definitiva, no gobernar, no tomar decisiones solventes para solucionar los graves problemas de los ciudadanos a cambio de una aventura que se ha saldado con un estrepitoso fracaso electoral. Los sueños y los deseos no han podido con la dura realidad de la que intentaba evadirse el Sr. Mas. También ha conseguido poner sobre el tapete el espinoso asunto de la corrupción política, ésa que, de creer a la subvencionada prensa catalanista, no existe en el llamado “paraíso catalán”. Parece incomprensible que distintos informes policiales elaborados hace ya dos años en los que se alude a supuestas cuentas bancarias de dirigentes nacionalistas en paraísos fiscales no hayan salido a la luz hasta ahora. Es cierto que su filtración en estos momento ha respondido seguramente a intereses electorales, pero no lo es menos que resulta cuando menos curioso, sobre todo en un país como el nuestro en el que se filtran continuamente diligencias judiciales declaradas secretas, que hayan permanecido ocultos durante tanto tiempo. ¿A qué se debe este sigilo? ¿A que cuando se investiga a determinados políticos por supuestas irregularidades fiscales existe un mayor celo y sigilo que cuando se trata de ciudadanos normales? ¿No comunica la policía sus sospechas a los inspectores fiscales cuando se trata de políticos? ¿Hacienda no actúa con el mismo celo que con cualquier ciudadano cuando el sospechoso es un político? Se trata en todo caso de un grave asunto que no puede quedar en el anecdotario de una campaña electoral. Hacen falta luz y taquígrafos para que los ciudadanos sepamos la verdad. Tenemos derecho a conocer si se ha tratado de una simple sucia maniobra electoral o si, en realidad, existe una auténtica olla podrida, escondida durante tiempo por cierta prensa y determinados políticos, de la que se nutren partidos y dirigentes catalanes.

Como en todo proceso electoral, siempre hay consuelo para todos. Los socialistas aparentan cierto alivio por no haber perdido tantos escaños como pronosticaban las encuestas. Perder casi un 30 % de su representación parlamentaria y cosechar el peor resultado electoral de su historia es todo un éxito para algunos pensando que podía haber sido mayor la pérdida. Los populares catalanes satisfechos también porque, a pesar del desgaste producido por las duras medidas presupuestarias del Gobierno de la Nación,  han aumentado en un escaño su representación aunque ello signifique que no hayan alcanzado aún el porcentaje que en 1995 alcanzó Alejo Vidal Cuadras, el 13,1 %. Hay un dato curioso: en las generales del 2011, el PP obtuvo el 20,7 % de los votos en Cataluña (Ciudadanos no presentó candidaturas). Ahora, el PP ha obtenido el 12,99 % y Ciudadanos el 7,6 % de los votos. La suma de ambos porcentajes es casi idéntica al obtenido por el PP en solitario en las generales. En medio de tanta autocomplacencia popular no estaría de más que alguna cabeza pensante analizase este dato y realizase algún tipo de autocrítica para corregir o modular internamente determinados criterios porque hay un hecho evidente: más de un tercio del electorado popular en Cataluña no vota al PP en las autonómicas y prefiere hacerlo a un partido que no tiene complejo alguno respecto a su españolidad y a la crítica al actual sistema autonómico.

Ahora se abre un período mucho más difícil y posiblemente convulso que el terminado el pasado domingo. Ahora podremos comprobar cuales son las nuevas prioridades de la clase política catalana, si dan prioridad a la resolución de los graves problemas sociales y económicos de los ciudadanos o, por el contrario, la prioridad es otorgada a las metas secesionistas e identitarias. Es decir, si los políticos están con la gente o con su justificación existencial.

Santiago de Munck Loyola

Sin capacidad de elección no hay libertad.

Según nos cuentan últimamente todos los estudios sociológicos, cada día es mayor el número de ciudadanos que se aleja de la política y de los políticos. El rechazo a la clase política va creciendo y con ello la distancia entre la gente y los políticos. Se está generando un caldo de cultivo cuyo desarrollo está aún por ver pero que, vistas otras experiencias en países similares, puede generar consecuencias negativas impredecibles para nuestro sistema. La clase política y la partitocracia no están a la altura de las circunstancias, ni responden a las expectativas que la mayoría de los ciudadanos ha depositado en ellos. No puede olvidarse que la actual situación de crisis con toda su larga lista de consecuencias negativas para la vida diaria del ciudadano tiene unos claros culpables: la clase dirigente española, la política, la sindical y la empresarial. Unos y otros y cada cual en su ámbito de competencia son los que por acción u omisión nos han llevado donde estamos. Y son precisamente los responsables de este desastre los que ahora tienen que sacarnos del agujero al que nos han conducido. Es normal, por tanto, que confundiéndose culpables con salvadores se extienda cada vez más esa desconfianza. Pero es que, además, en muchos casos la clase dirigente parece vivir una realidad muy distinta a la que diariamente percibimos los ciudadanos y esta afirmación se comprueba cuando vemos las tardías reacciones a la hora de abordar graves problemas como el de los desahucios, por citar sólo uno. Es evidente que existen dos realidades paralelas: la de la clase dirigente y la del ciudadano.

Circulan también algunas encuestas que, en el caso del PP de la Comunidad Valenciana, vaticinan una grave pérdida de confianza electoral, pérdida que curiosamente no es recogida por su rival electoral directo el PSPV, lo que, sin ninguna duda, viene a confirmar ese distanciamiento ciudadano hacia la clase política. Sería suicida para las formaciones políticas y para el propio sistema que, analizada la situación presente, no se abordasen de forma inmediata determinados procesos internos para recuperar valores y posiciones que sintonicen mejor con los problemas y aspiraciones del ciudadano.

En este contexto, un problema que afecta a muchas organizaciones y en especial a los partidos políticos, y más aún cuando sus estructuras internas se institucionalizan, es la tendencia a la entropía, a cerrarse sobre si mismos, sobre sus cuadros y sus discursos internos estrangulando los flujos entre la sociedad y su vida interna. Un claro reflejo de este problema se pone de manifiesto en los procesos de renovación interna. Los poderes territoriales superiores intentan siempre que los inferiores sean “de su cuerda” para lo que no dudan en controlar y, si es preciso, manipular los procesos electorales internos de los órganos inferiores. Se consigue así una organización monocolor, cómoda, dócil y manejable, pero se ahonda en el principal problema, en la desconexión con la realidad social. Son los militantes de estas organizaciones quienes están en la calle, quienes a diario viven y sufren lo mismo que el resto de los ciudadanos y son, por tanto, quienes podrían elegir mejor en sus ámbitos territoriales a las personas idóneas para liderar esa realidad. Pero desgraciadamente no ocurre así.

Un claro ejemplo de ello es el proceso de renovación de las Juntas Locales del PP en la Provincia de Alicante. La primera e incomprensible obsesión del Comité Provincial de Alicante es que en estos procesos electorales internos no haya más de un candidato a Presidente por localidad y entienden, y así se lo trasladan a la prensa, que cuando hay más de uno es que hay conflicto. Pues, no señor, el problema de verdad es cuando no hay más de un candidato, cuando el militante no puede elegir libremente entre varias opciones. Pero ¿por qué esta enfermiza obsesión? ¿Por qué entienden que es malo que haya más de un candidato y que los militantes puedan elegir al que más les convenza? Nada hay más bonito en democracia que poder elegir y la capacidad de elección solamente se realiza plenamente cuando hay más de uno en la competición. Lo contrario no es elegir, es ratificar. No hay democracia sin libertad y la máxima expresión de la libertad es la capacidad de elección. No es tan difícil de entender. 

Decía John Stuart Mill que “el genio sólo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad” y es cierto. Por ello, el reino de la mediocridad es lo que han conseguido estos últimos años los partidos políticos y con la mediocridad, la incompetencia, la ineficacia, el despilfarro y la corrupción. Más que nadie, los dirigentes del PP deberían abrir las puertas del partido a los que constituyen la mayor riqueza del mismo, los militantes, y deberían hacerlo sin miedos, con grandeza de miras, con generosidad y absoluta confianza porque son ellos los que mejor pueden elevar a la organización lo que pasa en la calle de verdad y romper así con esa tendencia casi suicida de no saber o no querer reaccionar ante unas perspectivas poco halagüeñas.

Santiago de Munck Loyola

Dimitir en tiempos revueltos.

Mal lo debe estar pasando la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a causa de su situación procesal como imputada tras las graves acusaciones formuladas contra ella, como le pasaría a cualquiera en sus mismas circunstancias. Hay que subrayar, para evitar interpretaciones erróneas, que, al día hoy, la Alcaldesa de Alicante es inocente de cualquier delito. Está imputada por cuatro delitos cuya comisión deberá ser probada por quienes la acusan en sede judicial, pero su presunción de inocencia es y debe ser absoluta o se quebraría uno de los pilares esenciales de nuestro sistema de garantías judiciales. Quizá ahí radique la explicación de su actitud a la hora de encarar su situación personal y política, en el íntimo convencimiento de que siendo inocente no debe asumir responsabilidad política alguna y, por tanto, no debe apartarse del cargo que ocupa. Y ojalá le salgan bien las cosas. Pero esta actitud, comprensible desde un punto de vista personal y humano, tiene sin embargo unas claras consecuencias políticas negativas tanto para ella como para el Partido Popular.

Está fuera de toda duda que la imputación de la Alcaldesa y, consecuentemente, la publicación y difusión de cada uno de los trámites judiciales está haciendo un gran daño a la imagen del partido que la llevó a ocupar el primer sillón de la Casa Consistorial. No son pocos los militantes populares que, además, sienten vergüenza ajena al leer las transcripciones de las conversaciones telefónicas aportadas en el procedimiento judicial. Negar esta evidencia sería una muestra de irresponsabilidad política. Y este daño se agranda cuando se percibe la existencia de un doble discurso en determinados ámbitos del Partido Popular. Se exigen dimisiones de imputados de otros partidos políticos y se modulan esas peticiones cuando afectan a los compañeros de partido. No es sostenible en modo alguno que el Presidente Fabra haya establecido un claro criterio sobre las imputaciones de cargos políticos y que dicho criterio no sea recordado en todos y cada uno de los casos. Y si subimos al ámbito nacional, contrastan actitudes como la de Pedro Calvo, concejal del Ayuntamiento de Madrid, que dimitió a las tres horas de ser imputado en el caso Madrid Arena con las actitudes de nuestro entorno más próximo.

Existe un doble discurso en estos temas que incluso se visualiza en algunas actuaciones de la propia cúpula del Partido Popular de la Provincia de Alicante. El pasado día 16 de noviembre, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, manifestaba que si él "estuviese en una situación de cualquier tipo de imputación" como la de la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, su "decisión personal" seria dejar todos sus cargos. Y añadió algo que es de cajón: que "con la actual legislación electoral española, las actas de un diputado, de un concejal o de un alcalde no son ni de los partidos políticos, ni de los gobiernos, son de las personas" y, por tanto, "son las personas quienes toman las decisiones, evidentemente dentro de la legalidad porque la ley electoral así les faculta, y son decisiones enteramente personales". Que se trata de una decisión personal del imputado es evidente, pero lo es en el caso de Sonia Castedo y en el de cualquier imputado de otros partidos y ello, sin embargo, no impide a los dirigentes populares que en estos últimos casos pidan siempre la dimisión del acusado. ¿Por qué no en este caso? ¿Por qué el Presidente Provincial no lo pide como en los demás casos? Otra cosa será que la Alcaldesa, en el ejercicio de sus derechos, decida o no atender esa petición, pero a los electores, a los ciudadanos y a los militantes del PP les quedaría muy clara la doctrina del PP al respecto. A pesar de lo anterior, estas declaraciones del Presidente Ciscar han venido siendo interpretadas por algunos medios de comunicación y comentaristas políticos como un claro distanciamiento de la dirección provincial popular respecto al enrocamiento de la Alcaldesa.

Pero resulta sorprendente que este supuesto distanciamiento de la dirección provincial vaya acompañado de la presencia y presidencia del Secretario General Provincial, la mano derecha de Ciscar, en la cena de auto homenaje (dicen las malas lenguas que concejales y asesores tenían la obligación de “colocar” 20 invitaciones cada uno) celebrada el mismo día 16 de noviembre en Alicante, lo que evidentemente abona la tesis de la existencia de un doble discurso y supone, cuando menos, un enorme desconcierto para la militancia popular. Si el Secretario General Provincial asistió a dicha cena a título personal, como un simple amigo de Sonia Castedo que se solidariza con su dura situación personal, nada que objetar salvo que no se debería haber sentado en la mesa presidencial, sino en cualquier otro lugar, como cualquier amigo de la Alcaldesa. Pero no fue así. Se sentó en la Mesa Presidencial por lo que muchos podrán entender o que la Dirección Provincial apoya la estrategia de la Alcaldesa pese a estar imputada o que el Secretario General va por libre. Mal en cualquiera de las dos posibilidades.

Sinceramente se están haciendo mal las cosas y si se están haciendo bien se comunican francamente mal. En temas tan importantes no puede existir un doble lenguaje, dos varas de medir, ni gestos que puedan inducir a interpretaciones erróneas. ¿Cree la dirección provincial popular que la Alcaldesa debe dimitir? Díganlo ya. ¿Se lo ha pedido o se lo va a pedir? La doctrina clara y los mensajes inequívocos porque los tiempos están más que revueltos hasta para las dimisiones.

Santiago de Munck Loyola