El Congreso Provincial del PP de Alicante.

Estos días, los medios de comunicación ya dan por hecho quién será el próximo Presidente Provincial del PP de Alicante, D. José Ciscar, aunque al día de hoy no sea más que el único aspirante que ha hecho público su deseo de alcanzar dicho puesto. Dar por sentado que esto va a ser así es perfectamente coherente con la trayectoria seguida últimamente en algunos cónclaves del Partido Popular pero en modo alguno puede ser visto como un síntoma de salud democrática de esta organización. Como tampoco es muy positivo para esa salud la convocatoria de los Congresos Provinciales los días 14 y 15 de julio, es decir, en medio de un mes de vacaciones por excelencia en el que muchos afiliados estarán posiblemente de vacaciones y no podrán participar en dicho proceso, salvo que se trate precisamente de eso, de no incentivar la participación de la militancia para que el Congreso se convierta en el tranquilo, en un paseo triunfal. ¿Qué es eso de que D. José Ciscar presenta su candidatura en un “Congreso pactado”? ¿Pactado entre quién? Entre los afiliados no, desde luego. http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/05/24/ciscar-anuncia-candidatura-presidir-pp-alicante-congreso-pactado/1257030.html

Los más de 70.000 afiliados del Partido Popular de Alicante no podrán elegir de forma directa a su Presidente Provincial como tampoco pueden formular enmiendas a las ponencias congresuales porque así lo establecen los Estatutos de la organización. Su participación en el Congreso Provincial se hará de forma indirecta, es decir, a través de los compromisarios previamente elegidos en las Asambleas locales. Establecido y aceptado así el sistema, no estaría de más, si se cree de verdad en la democracia interna y en la participación y protagonismo del militante, que la Comisión organizadora del Congreso Provincial, presidida por D. Pascual Díaz, adopte en esta ocasión todas las medidas necesarias y reglamentarias para incentivar una posición activa de la militancia y una verdadera libertad interna sin que nadie se vea sometido a las intolerables presiones de las “familias y sensibilidades” que, al parecer, dominan la vida interna del partido. En los Estatutos del Partido Popular el único sujeto de derechos y obligaciones que figura es el afiliado, el militante. Por más que uno busque no aparece mención alguna a “familias, clanes o sensibilidades” como protagonistas de la acción política interna como es lógico. “Familias, clanes o sensibilidades” son entes más propios de otro tipo de organizaciones dedicadas a fines menos respetables que los que se supone integran la actividad de una organización política.

En cualquier caso y a modo de humilde sugerencia para la Comisión Organizadora, una vez asumida esta fecha de celebración tan disuasoria de la participación interna, no estaría de más que, entre otras cosas, adoptasen las siguientes:

- En el caso de aprobar un Reglamento para el Congreso Provincial que se haga público y no se oculte a los afiliados como ocurrió en el XIII Congreso Regional del PPCV.

- Que se comunique de forma fehaciente a los afiliados y por todos los medios de comunicación posible las circunstancias relativas al Congreso Provincial de Alicante: fechas, lugar, orden del día, derechos de los afiliados, posibilidad de presentación de candidaturas, posibilidad de concurrir como compromisarios, plazos para hacerlo, etc.

- Que se adopten los mecanismos necesarios para garantizar la neutralidad de las sedes locales cuando hayan de celebrarse votaciones para la elección de compromisarios de modo que el personal y los medios pagados con las cuotas de todos los afiliados no estén sólo al servicio de una parte de los compromisarios, tal y como ha ocurrido recientemente en la ciudad de Alicante.

- Que en el caso de la celebración de votaciones para la elección de compromisarios se prohíba el reparto de papeletas marcadas en las puertas de las sedes con la consiguiente coacción al votante que ello supone, que se garantice el voto secreto en las sedes y que se garantice la actuación de los interventores en caso de existir.

Se trata en todo caso de que por parte de la Comisión Organizadora se promueva la participación activa y real de los afiliados y que se adopten las garantías necesarias para el libre ejercicio de esa participación. No parece que sea mucho pedir. Son cuestiones elementales y básicas cuya ausencia o no determina perfectamente la calidad de la democracia interna de una organización política. Es muy posible que hasta ahora la mediocridad de algunos les haya hecho temer una amplia y masiva participación de los afiliados, pero eso debe cambiar. No hay razones para desconfiar de una militancia que siempre sabe estar a las duras y a las maduras, de una militancia desinteresada y con un compromiso político mucho mayor del de muchos arribistas que sólo ven y usan al partido como un instrumento al servicio de sus intereses personales y, por lo que últimamente se lee en la prensa, no muy edificantes al parecer. La militancia no está sólo para rellenar actos políticos, pagar las cuotas o hacer de interventores o apoderados. La militancia es y debe ser la protagonista en un partido político serio y democrático. Y el que no lo crea así que lo diga bien claro.

Santiago de Munck Loyola

Devolver el voto a los exiliados vascos: una reparación histórica.

Estos días estamos asistiendo al debate abierto por la posibilidad de que los vascos exiliados por culpa de ETA, entre 150.000 y 300.000 según las distintas fuentes, pudieran participar en los procesos electorales que se celebren en su tierra. El anuncio efectuado por el Ministro del interior de que el Gobierno está estudiando esta reforma legislativa, propuesta por el Presidente de los Populares vascos Antonio Basagoiti, ha provocado diferentes reacciones, algunas de ellas muy significativas que han retratado a sus autores, una vez más, a la perfección.

Lo que nadie admite en voz alta es el fondo del asunto y que va mucho más allá de que los exiliados por culpa del terrorismo puedan o no votar. Será seguramente políticamente incorrecto pero el fondo de la cuestión es que la presencia ininterrumpida de la violencia etarra ha generado, entre otras cosas, un déficit de legitimidad de las instituciones vascas. Para que unas instituciones democráticas gocen de legitimidad de origen plena es imprescindible, y en ello coinciden todos los politólogos como Duverger, que se den una serie de requisitos básicos y esenciales de modo que el voto ciudadano pueda ejercerse con total y absoluta normalidad. En las últimas décadas, en el País Vasco, las libertades y derechos fundamentales consustanciales a un estado democrático pleno no se han desplegado con total y absoluta normalidad. Empezando por el derecho a la vida y a la integridad física y moral y siguiendo por el derecho de reunión, la libertad de asociación o de prensa, la libertad para elegir o ser elegido no han sido plenos en los territorios vascos. Las elecciones que se han venido celebrando allí siempre han estado bajo la amenaza de la violencia y la coacción permanente de los etarras y su entorno por lo que las instituciones surgidas de las mismas se han constituido mediante unos resultados electorales que de no haber mediado la violencia hubieran sido distintos. Es un hecho y una evidencia incuestionable, guste o no.

Y a esa situación perturbadora de la vida democrática hay que añadir que los resultados electorales y las instituciones nacidas de los mismos se han realizado con la exclusión de miles de ciudadanos que tuvieron que marcharse por miedo.

Ahora parece que existe en el Partido Popular cierta voluntad de reparar esa injusticia histórica. No obstante, al anuncio del Ministro, ha seguido la rápida matización del portavoz Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, aclarando que la propuesta tiene “dificultades técnicas” y que debe ser analizada jurídicamente, por lo que se han convocado unas jornadas de estudio en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por su parte, desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha interpretado la iniciativa como una "cortina de humo" del Ejecutivo y ve esta propuesta "de difícil solución constitucional" porque, según él, en propiedad en España no existen exiliados y la disminución del censo electoral en Euskadi puede obedecer a muchos otros factores que no tengan nada ver con la presión de ETA.

Pero, como siempre, los que se han vuelto a retratar con precisión son los del PNV. El PNV ha trasladado a Europa este debate. Los nacionalistas quieren que la Comisión Europea dictamine si esta propuesta es factible dentro de los estándares de la UE. Consideran que esta medida daría “lugar a un votante con doble derecho a voto inédita en el panorama jurídico europeo”, e indican que la reforma propuesta por Fernández Díaz “se basa en un concepto, como el de las personas que han abandonado el País Vasco por la presión terrorista, imposible de objetivar desde una perspectiva material y en consecuencia jurídica”.       

Claro que al considerar el recelo de los nacionalistas vascos a que se devuelvan los derechos políticos y civiles a los vascos expulsados de su territorio por la violencia etarra, no queda más remedio que recordar la frase de Arzalluz: “Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”. Y no es difícil adivinar quién ha estado sacudiendo el árbol y quién ha estado recogiendo las nueces para repartirlas, reparto que con el voto de los exiliados podría variar sustancialmente.

Por muchas dificultades técnicas y jurídicas que pudieran plantearse, lo cierto es que son perfectamente salvables. Hoy se puede devolver el voto a quienes se han visto injustamente privados de ello y hay mecanismos legales y técnicos para hacerlo, además con absolutas garantías para su ejercicio libre y secreto. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. Lo que no puede el Partido Popular es esperar el más mínimo respaldo de quienes han estado repartiendo las nueces durante todos estos años.

Santiago de Munck Loyola

Paul Marie Camille André de Munck

Este mes, se cumplen ocho años de la muerte de nuestro padre, Paul de Munck, y quizás por ello se intensifica su recuerdo y reaparecen antiguas emociones y sentimientos. Nació en Borgerhout, Amberes, Bélgica en 1933 en el seno de una familia numerosa, católica y conservadora, mitad flamenca, mitad Valona y quizás, por ello, siempre se sintió belga, simplemente belga, sin connotaciones regionales. Se instaló en España con poco más de 25 años y pasó aquí la mayor parte de su vida hasta su fallecimiento y, sin embargo, nunca dejó de sentirse belga hasta la médula. Sus gustos, sus costumbres, sus sentimientos eran belgas.

Tenía cuatro hermanos, Jean Marie, Pierre, Guy y Roland, y una hermana, Anne. Él era el cuarto y siempre decía que nacer en medio de tantos hermanos era una desventaja: nunca se tenía la edad suficiente para hacer lo que hacían los mayores y tampoco podía disfrutar de las ventajas y privilegios de los pequeños.

Es muy probable que el conocimiento y percepción de la vida de nuestro padre no se ajuste a la realidad porque los hijos sólo hemos recibido sus versiones y sus relatos. Por tanto, es fácil que nuestra perspectiva esté distorsionada, pero en todo caso es la que se corresponde con nuestra vivencia. Incluso es también muy probable que cada uno de los nueve hermanos percibamos la figura y el recuerdo de nuestro padre de maneras muy distintas e incluso hasta contradictorias.

Fue, al parecer, un joven algo rebelde e inconstante. A este respecto siempre decía que los lemas de las naciones o de las familias expresan siempre, no una realidad, sino un objetivo a alcanzar, un objetivo que se plantea a partir de los defectos que se conocen. Si es así, y él mismo lo reconocía, el lema familiar “Virtud et constantia” era una alta pero lejana aspiración. Es posible que de esa rebeldía e inconstancia surgiera y se forjara su gusto por la bohemia y su tendencia a revolverse contra el orden establecido, sobre todo en el aspecto político. Sin embargo, siempre conservó unas profundas creencias religiosas muy ancladas en el conservadurismo católico y muy críticas con las nuevas corrientes en el seno de la Iglesia. Hasta el último momento seguía acudiendo a Misa con su misal en latin. Su profunda fe tenía mucho que ver con sus años de estudios en colegios religiosos y, sobre todo, con la influencia de su madre, la abuela Valérie, por quien sentía una verdadera y entrañable adoración. Fue también un padre severo, rígido y emocionalmente algo distante con los hijos, aunque todo lo contrario con sus nietos cuando se convirtió en abuelo.

Hombre muy inteligente, con una memoria asombrosa y una gran imaginación (a veces excesiva) hizo de los nueve idiomas que dominaba su medio de vida y cada texto que traducía le dejaba un poso de conocimiento. Era perfeccionista hasta la exageración en su trabajo siendo capaz de detener una traducción el tiempo necesario hasta encontrar el matiz o el giro exacto. Recuerdo que, de pequeño, intentó enseñarnos flamenco e inglés. Las clases eran larguísimas pero al cabo de un tiempo debió cansarse y quedamos gratamente liberados, aunque hoy lamentemos que no hubiese sido más constante. A mediados de los años 60 se matriculó en la Facultad de Medicina y aprobó varios cursos con unas excelentes notas y, de pronto, lo dejó sin terminar la carrera. Carecía del más mínimo sentido práctico y no le daba gran valor al dinero o a las posesiones. Era capaz de conversar durante largas horas sobre cualquier tema usando o abusando de cualquier recurso dialéctico. Orgulloso, elegante, coqueto y con modales refinados estaba dotado de grandes habilidades sociales que nuca supo o quiso aprovechar lo suficiente.

Le encantaba la música clásica y promovió y dirigió dos corales, la última la Coral de Santa Teresa, en Tres cantos. Tocaba la guitarra y algo el piano. Aún recuerdo algunas canciones que nos enseñó de pequeños en francés o en flamenco y que repetíamos en los largos viajes que, bien apretados en coche, hicimos en alguna ocasión. Trató siempre de inculcarnos una serie de ideas y principios: el valor de la familia, las creencias religiosas, el amor a Bélgica, la importancia de la formación, el respeto a las reglas de juego, los hábitos de salud, etc. Claro que en ocasiones chirriaba lo que trataba de inculcarnos con lo que veíamos. Recuerdo que al cumplir los 16 años le pedí permiso para fumar. Durante más de dos horas me explicó todos los perjuicios que ocasionaba fumar pero, mientras lo hacía se fumó medio paquete de bisontes.

Es difícil poder expresar en unas pocas líneas los recuerdos, vivencias y sentimientos que supone la figura de un padre. Quien le haya conocido verá que omito muchas cosas pero lo hago porque creo que no corresponde a los hijos enjuiciar ni valorar los hechos de nuestros mayores. En mi caso prefiero quedarme con el recuerdo de sus virtudes, de su bondad y, sobre todo, de su amor porque a pesar de los errores siempre amó a su familia, a su mujer, a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos y sobrinos. Lo hizo a su manera, pero lo hizo. Se fue hace 8 años, rápida e inesperadamente, sin sufrimiento, con sólo 72 años, y le sigo echando de menos.

Santiago de Munck Loyola

Apuntes sobre el XIII Congreso del PPCV.

Si alguien esperaba del Congreso del PPCV que acaba de finalizar en Alicante un profundo cambio de hábitos, estilo, modelo de Partido o de políticas sectoriales seguramente habrá quedado defraudado. Este Congreso, imprescindible para la legitimación de un liderazgo regional, ha estado marcado por los desencuentros con Rus y Barberá, motivados más por cuestiones de reparto de poder que por discrepancias ideológicas, las ausencias de los predecesores de Alberto Fabra al frente del PPCV, el camuflaje de la inmensa mayoría de los, hasta hace muy poco tiempo, súper campistas, el vacío de la dirección nacional del Partido Popular presente en el Congreso a través de videos protocolarios, la inexistencia de una profunda autocrítica y la pérdida de una inmejorable oportunidad para poner los medios necesarios para hacer realidad la apuesta del nuevo Presidente por la regeneración del Partido.

Como era de esperar se han producido muchas intervenciones y, como es habitual en estos casos, se han deslizado afirmaciones que son, cuando menos, cuestionables. Baste citar, de una parte, a Esteban González Pons, vicesecretario nacional de Estudios y Programas del PP, que intentando, quizás, limpiar la imagen del PP valenciano, ha llegado a afirmar lo siguiente: "Que se identifique la Comunidad Valenciana con el fraude y el despilfarro no se puede consentir". Esta frase participa plenamente de la técnica empleada por los nacionalistas consistente en transformar las críticas a su gestión partidista con críticas a su región. Y no, no parece que sea ése el sentir de la calle. Parece más bien que cuando se alude al “fraude o al despilfarro” no se alude a la Comunidad Valenciana, sino a algunos gestores de las instituciones de la Comunidad Valenciana. Mal se pueden corregir las enfermedades cuando no se es capaz de acertar en el diagnóstico y, en este caso, el error parte de no haber querido o sabido realizar una autocrítica seria y profunda.

De otra parte, la Alcaldesa de Alicante y Diputada Autonómica por la Provincia, Sonia Castedo, afirmó que "la ciudadanía no está para bromas, ni para debates estériles, los ciudadanos no quieren saber nada de cuotas, ni de pulsos de poder interno, ni siquiera quieren saber nada de nombres y apellidos”. Y tiene toda la razón, pero debería aplicarse el cuento y no haber impuesto su correspondiente cuota en el reparto de los 51 compromisarios al Congreso que le correspondían a la ciudad de Alicante. Una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.

En contraste con la pretensión de regeneración del Presidente Fabra no ha prosperado la enmienda a la ponencia de estatutos del PPCV presentada por D. José María Rodríguez Galán, exdirector general de Ciudad de la Luz, con el fin de que los alcaldes y portavoces populares en municipios de más de 5.000 habitantes no pudiesen compatibilizar ese cargo con otros. Lo más sorprendente es que ni siquiera ha llegado a ser debatida argumentando que se trata de un tema propio de los Estatutos Nacionales del Partido Popular. Dejando al margen la validez o no de ese argumento, lo cierto es que la insuficiente regulación establecida en el Art. 7.2 Estatutos Partido Popular no cierra la puerta al establecimiento de criterios más restrictivos en los Estatutos Regionales si se adecuan al objetivo y pretensión de la norma nacional. Pero aún admitiendo la validez del argumento de que se trata de una materia propia de la regulación nacional, nada habría impedido al Congreso aprobar una Carta de Compromisos de los cargos públicos del PP en la que, entre otras cosas, se recogiese la dedicación exclusiva de los cargos públicos electos impidiendo simultanear dos puestos e, incluso, la incompatibilidad con el desarrollo de actividades privadas. Los electores, los vecinos de una ciudad como Alicante, por ejemplo, merecen que sus cargos electos se dediquen al cien por cien a la actividad para la que han sido elegidos y no que la simultaneen con otros puestos que para ser bien desempeñados, también exigen una dedicación completa. De lo contrario se está trasladando un mensaje perverso a los ciudadanos: el de que ser diputado o Alcalde de una ciudad no requiere una dedicación completa a pesar de que se cobra como si tal dedicación se produjese.

Y tampoco habría estado de más que en ese deseo de regeneración se hubiesen adoptado medidas para impulsar y facilitar la participación de los 142.000 afiliados del PPCV, para garantizar la pluralidad y la concurrencia en los próximos procesos electorales internos así como la neutralidad en los mismos de los “aparatos locales y provinciales” que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia.

En todo caso, los mejores deseos para el nuevo Presidente y para su equipo que tienen una difícil y complicada tarea por delante.

Santiago de Munck Loyola

Un Congreso huérfano.

Este fin de semana se celebra en Alicante el XIII Congreso del partido Popular de la Comunidad Valenciana. Todo parece indicar, si no se producen novedades de última hora, que va a tratarse de un Congreso muy descafeinado en el que posiblemente la mayor noticia va a ser la ausencia de líderes nacionales del Partido Popular. Tan sólo ha anunciado su presencia el Sr. González Pons, como Secretario de Estudios y Programas del partido Popular, y los Presidente autonómicos de Galicia, Sr. Feijó, y de Baleares, Sr. Bauzá. Nada que ver con la habitual presencia de altos cargos populares, Ministros incluidos, en los demás Congresos regionales que se han venido celebrando hasta la fecha. Algo debe estar pasando y no parece que sea nada bueno para el peso de la organización regional que tradicionalmente se le venía atribuyendo en el seno del Partido Popular. Si no se producen cambios de última hora, parece que la legitimación de Alberto Fabra como Presidente Regional electo no va a estar apadrinada ni subrayada con la presencia ni de la Secretaria general ni del Presidente del PP, algo que no se comprende teniendo en cuenta el enorme peso del PPCV en el conjunto del Partido Popular, tanto por su número de afiliados, como por sus resultados electorales. Da la impresión de que en Madrid están poniendo distancia ya sea por las secuelas de determinados escándalos que han salpicado al PPCV o por los resultados económicos de su gestión al frente de la Generalitat Valenciana.

Sea como fuere, este Congreso se presenta bastante tranquilo para satisfacción de quienes identifican la falta de alternativas y de debate interno como algo tremendamente positivo. No resulta muy comprensible ese empeño de algunos en afianzar el liderazgo de Alberto Fabra sobre la inexistencia de opciones diferentes y que en ello hayan puesto todo su empeño a lo largo de los últimos meses. La pluralidad enriquece, les guste o no, y un liderazgo surgido de la pluralidad fortalece. Lo demás sueno un poco a “la búlgara”.

Los rígidos cauces de participación que estatutariamente tienen los afiliados del Partido Popular y el incumplimiento de las normas internas de participación por parte de algunos dirigentes locales impiden que al Congreso Regional puedan llegar ideas o propuestas nacidas en las bases del Partido. Las bases de un partido político no las conforman los “cuadros” del mismo, los cargos electos o los cargos de confianza que inundan las administraciones públicas. Las bases las conforman los 142.000 afiliados del PPCV y que en su inmensa mayoría no pertenecen a los “cuadros” del Partido, ni son cargos públicos, ni de confianza. Son en su inmensa mayoría estudiantes, amas de casa, jubilados, empleados públicos, profesionales, comerciantes, desempleados, autónomos, agricultores, etc. y si se realiza un perfil medio de los compromisarios se podrá comprobar que no se corresponde con el perfil medio de los afiliados del Partido. Es muy difícil que quienes su medio de vida depende de sus superiores jerárquicos del partido puedan proponer, deliberar o elegir sin ningún condicionante.

Abrir las puertas a la comunicación y a la participación no es malo, todo lo contrario. Sólo pueden rechazarlo quienes tienen algún temor a que su estatus político pueda verse mermado con la apertura y el aire fresco. Es casi imposible que los 142.000 afiliados puedan estar adecuadamente representados en un Congreso, pero hoy en día y con los medios informáticos y las redes sociales existentes es muy fácil, sano y enriquecedor facilitar que los 142.000 afiliados del PPCV puedan opinar y proponer directamente sobre las ponencias de un Congreso regional. Que al día de hoy sólo los compromisarios puedan presentar enmiendas a las ponencias y no los afiliados constituye un anacronismo y un filtro antidemocrático. Es muy posible que nadie lo proponga en este XIII Congreso, pero bueno sería que fueran tomando nota de esa posibilidad: que los afiliados del PP, además de pagar sus cuotas, tengan derecho, como en otros partidos, a presentar enmiendas en los Congresos. No es mucho pedir ¿no?

Santiago de Munck Loyola

Por un mismo criterio para los imputados.

El pasado mes de abril, el jefe del Consell y Presidente Regional del PP, Alberto Fabra, manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza" de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Hace pocos días, Alberto Fabra, ha justificado dos dimisiones de cargos autonómicos imputados en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con el Instituto Nóos argumentando que "los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad". Fabra añadió que "en esta administración no puede haber imputados porque los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad: Desde mi Gobierno tenemos muy claro que aquellas personas que estén involucradas en algún proceso judicial van a tener que dejar sus responsabilidades" y que "en estos momentos no podemos hacer otra cosa que seguir generando la confianza en el ciudadano, que está exigiendo ejemplaridad".

Parece que el Presidente participa, de una parte, de la generalizada confusión existente en torno al concepto de “imputación” y, de otra, que no aplica el mismo criterio en la Administración que dirige que en las administraciones encabezadas por cargos del PP, partido que él mismo también preside. No parece coherente aplicar un criterio en la Generalitat y, por otra parte, no exigir que se aplique en las demás administraciones públicas cuyos cargos dependen orgánicamente de él. O todos moros o todos cristianos.

En cuanto al alcance del concepto “imputado” hay que empezar por subrayar lo obvio: todo imputado es inocente en virtud del principio de presunción de inocencia recogido en el Art. 24.2 de la Constitución. Se recibe la denominación de imputado cuando una persona está siendo investigada en un procedimiento abreviado (es decir, cuando el hecho investigado esté castigado con menos de 9 años de privación de libertad) por un juez para determinar si hay base para sostener una acusación por la existencia de un presunto delito. Se recibe la denominación de procesado cuando una persona está siendo investigada en un procedimiento ordinario (cuando el hecho investigado esté castigado con más de 9 años de privación de libertad). Una persona imputada o procesada es una persona que está siendo investigada y pasará a ser acusada cuando se cierre la investigación y pase a ser juzgada.

Imputados o procesados, que no acusados, son personas que de momento sólo están siendo investigadas, no están aún acusadas de la comisión de un delito. Y, aclarado ésto, lo procedente desde una perspectiva política es trazar la línea, determinar el momento en que una persona, aún inocente, debe dejar su cargo público. Y no se trata de una decisión fácil de establecer porque en política pocas veces hay marcha atrás y la experiencia ha demostrado que políticos absueltos de toda culpa nunca han podido regresar a sus responsabilidades ni nadie les ha repuesto su honor. A la condena mediática previa, implacable e irresponsable muchas veces, siempre se ha sumado la incapacidad y el egoísmo de las organizaciones políticas para reponer el honor, el crédito y el trabajo de los absueltos. ¿Se debe cesar o forzar la dimisión de un cargo público cuando es imputado? ¿Cuando es acusado? ¿O habría que esperar a que fuese condenado? Los ciudadanos nos hemos acostumbrado al “linchamiento” mediático y partidista de cualquier imputado. Pero ¿es justo? La duda está ahí y no es tanto una duda jurídica como ética.

Sin embargo, sea cual fuere la línea roja que se marque, lo que es indudable es que debe ser, en el ámbito de una organización política, idéntica para todos. No es de recibo que imputados de segundo nivel deban dimitir o sean cesados fulminantemente y los de primer nivel no lo hagan. El criterio debe ser exactamente igual para todos, por lo menos en el ámbito del Partido Popular ya que, al no existir norma igual para todos, cada partido político trazará su nivel de exigencia en función del valor que otorgue a la ejemplaridad frente a las garantías sobre la presunción de inocencia.

Y resulta imprescindible, en el ámbito del PP el establecimiento de un criterio igualitario, porque mientras algunos imputados dejan sus cargos, muchos otros, en idénticas circunstancias los conservan. Baste recordar que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana mantiene a muchos cargos de primera línea en sus puestos pese a estar imputados en distintos procedimientos. Solo en las Cortes Valencianas, el PP tiene siete imputados que podrían llegar a 10: Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Angélica Such por el caso Gürtel; Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, por tres causas diferentes. Y además otros dos diputados, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor Luis Díaz Alperi, ya han sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Brugal y pronto podrían ser imputados. Y, al igual que en el Grupo Parlamentario, se mantienen en diversos puestos por toda la Comunidad a distintos imputados.

Se trata de una difícil decisión para el Presidente Fabra y, de paso, para todos los Compromisarios del cercano Congreso Regional que tienen en su mano abordar este asunto con rigor, discutirlo a fondo y adoptar un criterio idéntico para todos los militantes del Partido Popular. Ojala lo hagan y acierten.

Santiago de Munck Loyola

Anguita y Almodóvar: cara y cruz de la coherencia.

Las actitudes y comportamientos de los personajes públicos, sus hechos, son mucho más relevantes que sus palabras. En estos días de agitación y añoranza para algunos del movimiento 15 M han coincidido dos comportamientos completamente opuestos y muy significativos sobre la ética y personalidad de sus protagonistas. De una parte, D. Julio Anguita ex coordinador de Izquierda Unida ha renunciado por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex-parlamentario y para justificar tal decisión ha dicho que “con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante”. ¡Chapeau! Sí señor, un comportamiento más que ejemplar que pone de manifiesto la honestidad y, sobre todo, la coherencia del Sr. Anguita. Hay que reconocérselo sin ningún tipo de objeción. Y un servidor lo hace desde la más profunda discrepancia ideológica. Lo que ha hecho el Sr. Anguita es todo un ejemplo de un político de los pies a la cabeza, un ejemplo que le sitúa en un plano de superioridad moral sobre los demás políticos que, con seguridad, no le van a imitar.

Y en la otra cara de la moneda de la coherencia y honestidad política tenemos a Pedro Almodóvar (Peeeeedro…). Al Sr. Almodóvar le ha faltado tiempo para correr a la Puerta del Sol y solidarizarse con los indignados. Foto por aquí, declaraciones por allí, un autógrafo por allá y un pequeño baño de multitudes. Almodóvar es un indignado más. Claro, que Pedrito, que no es un pozo de sabiduría política (no se puede n pedir peras al olmo) debe ignorar que entre muchas otras cosas los indignados piden la supresión de las SICAV, ese invento para que los ricos paguen pocos impuestos. Y da la casualidad que nuestro renombrado cineasta, con un patrimonio superior a los 41 millones de euros, tiene varias de estas sociedades para pagar pocos impuestos, proporcionalmente mucho menos impuestos que cualquiera de los indignados.

Como buen miembro de la ceja, la sociedad de Almodóvar El Deseo ha percibido de las arcas públicas las siguientes subvenciones desde 2004 a 2008 por:

1.270.000 euros: para la distribución de “La mala educación”.      

399.000 euros: para la presencia en festivales (Cannes, Venecia, San Sebastián) y la ceremonia de los Oscar            .

383.000 euros: para la producción de ‘El patio de mi cárcel'          .

300.506 euros: para la producción de ‘Hable con ella'         .

250.000 euros: para la obra experimental ‘Historia de la montaña de la bruma'.

167.000 euros: para la conservación de negativos de diversas películas de Almodóvar.

Más de 2.7 millones de euros de dinero público para la SICAV y a tributar al 1 %. Casualmente las sociedades de Almodóvar invirtieron en 2008 dinero en Lux Invest, fondo que invertía en productos tóxicos de Bernard Madoff ¿les suena este pájaro financiero, no?

En fin, que no parece muy coherente que alguien que recibe dinero público en subvenciones, que goza de un considerable patrimonio y que elude el pago de impuestos a través de sociedades financieras legales pero éticamente reprobables, ande por ahí de “indignado”. Sus méritos cinematográficos no se cuestionan, pero su papel de figurante con pretensiones estelares en la Puerta del Sol es patético e indigno. No hay en su comportamiento la más mínima coherencia ética o política. Es la otra cara de la moneda. Y es la cara más dura e impresentable de estos agitados días.

Con su actitud no sólo se pone en evidencia, sino que además pone en evidencia las reivindicaciones de todo un colectivo que con más o menos argumentos reivindica unos postulados muy alejados de los que practica el Sr. Almodóvar. Mi admiración y respeto para el Sr. Anguita y todo lo contrario para Peeeeedro.

Santiago de Munck Loyola

¿Nepotismo en Alicante?

Ayer, 13 de mayo, el Diario El Mundo, en su edición de Alicante, http://elmundo.orbyt.es/2012/05/13/elmundo_en_orbyt/1336894931.html dedicó toda una página a relatar casos de nepotismo en el Ayuntamiento de Alicante. “Ortiz tiene en nómina al cuñado de Castedo y a los hijos del técnico que le da contratos” rezaba uno de los titulares que estaba subtitulado con la siguiente frase “trabajaban para la empresa de limpieza de la ciudad, la adjudicación más cara de Alicante”. Otro titular en la misma página: “Más casos: dos hijas de Alperi, parientes de concejales y el marido de la portavoz” con el siguiente subtítulo “el PP evita reaccionar contra los brotes de nepotismo en Alicante”. La noticia empieza diciendo que la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza viaria, Inusa, mantiene en plantilla al cuñado de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a los dos hijos del técnico encargado de contratar este servicio en el año 2000, Víctor López,…los tres forman parte de los 600 empleados de Inusa y cobran más de 24.000 euros al año. Más adelante, el periódico añade “la primera edil tampoco ha negado nunca que se haya valido de sus influencias para emplear a gente… Castedo agregó desafiante: lo he hecho porque forma parte de mi trabajo como Alcaldesa, y lo voy a seguir haciendo”. Bajo el titular sobre las hijas de Alperi, el redactor de la noticia detalla además los casos relativos a contrataciones no sólo de las hijas del exalcalde, sino también de la hija y de la sobrina del Concejal Miguel Valor, en puestos de confianza, o el caso del marido de la Portavoz Popular Marta García- Romeu.

No son estos casos únicos en la ciudad o en la Provincia, bastaría repasar nombres de la Diputación Provincial para toparse con relaciones familiares. Ni tampoco se trata de una práctica exclusiva del Partido Popular. Pero la simple lectura de esta información no puede sino causar vergüenza ajena. A lo largo del día, uno ha esperado en balde un comunicado del Ayuntamiento rectificando o aclarando esta información, pero nada. Y no será por sobrecarga de trabajo porque con el elevado número de cargos de confianza en la Casa consistorial bien podrían haber hecho el esfuerzo de ofrecer a los ciudadanos una explicación convincente sobre el fondo de la noticia.

Queda la duda de, si entre las funciones de la Alcaldesa está, como ella dice, la de pedir empleo a los empresarios para la gente (por cierto, esta función no aparece en la Ley de Bases del Régimen Local), estas peticiones las realiza para cualquier alicantino en paro o sólo para los que conoce por amistad o relación familiar. Es una duda de trascendental importancia porque en nuestra ciudad hay más de 40.000 desempleados que se supone tendrán el mismo derecho que los ya recomendados y colocados a que la Alcaldesa se interese por ellos. Si no es así, malo, malo.

A propósito de estas preocupantes noticias tampoco está de más recordar que el Artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. Por su parte el Artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente y que son motivos de abstención los siguientes:

B) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

Seguro que habiendo contratas millonarias por medio, estos preceptos legales habrán sido tenidos en cuenta y para garantizarlo están los funcionarios habilitados nacionales, perdón, ahora estatales. Un servidor sigue confiando en que se trate de informaciones erróneas o tergiversadas y seguirá esperando una rectificación contundente o una explicación satisfactoria por parte de la Alcaldía de Alicante.

En fin, en todo caso, a veces es mejor no leer algunas noticias.

Santiago de Munck Loyola

XIII Congreso del PPCV: una enmienda para acabar con el fraude a los electores.

El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del PPCV en Alicante. En dicho Congreso, amén de la renovación de cargos, se debatirán tres ponencias que teóricamente tendrán una importante repercusión en la vida política del partido y en sus políticas públicas. Los afiliados del Partido Popular, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos, no tienen estatutariamente el derecho a presentar enmiendas a las ponencias congresuales, algo que desde una perspectiva de la participación y la democracia interna chirría bastante. Pueden ser apoderados o interventores cuando hay elecciones, pueden pagar sus cuotas de afiliación o acudir a rellenar los actos del partido cuando son convocados, pero no pueden enviar enmiendas a las ponencias que se discuten en los diferentes congresos territoriales, algo que en la era de las comunicaciones, de las redes sociales y de la información carece de sentido.

Sólo los afiliados que resultan “elegidos” compromisarios tienen el derecho a presentar enmiendas a las ponencias a discutir en un Congreso del Partido Popular. Y ya se sabe que para poder ser compromisario en la ciudad de Alicante hay que ser miembro de alguna “familia” o participar de alguna “sensibilidad” dentro del partido. Dicho de otro modo: o tienes etiqueta o no tienes nada que hacer. Lo de las “familias” suena bastante mal, la verdad, más que nada por las connotaciones peyorativas de la expresión cuando se aplica ciertos colectivos. Lo de las “sensibilidades” recuerda bastante a aquel “contraste ordenado de pareceres” del tardofranquismo. En todo caso, por más que uno repase los estatutos del partido Popular ni las familias ni las sensibilidades aparecen por ningún sitio, sólo se menciona al afiliado como sujeto de derecho y obligaciones. Por tanto, cuando se cierran listas a compromisarios por “consenso” entre las distintas “familias y sensibilidades” existentes en el partido parece evidente que se está hurtando el protagonismo a los únicos que pueden establecer consensos, los sujetos de los derechos y obligaciones, es decir, a los afiliados.

Adela Pedrosa, Alcaldesa de Elda.
Ejemplo de político pluriempleado.

Según recoge el Diario Información en su edición de hoy (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/05/13/enmienda-plantea-castedo-barbera-rus-tengan-renunciar-escano-cortes/1253137.html) se ha presentado una enmienda a la ponencia de estatutos del próximo Congreso del PPCV por parte de D. José María Rodríguez Galán, exdirector general de Ciudad de la Luz, con el fin de que los alcaldes y portavoces populares en municipios de más de 5.000 habitantes no puedan compatibilizar ese cargo con otros. Concretamente, con un escaño en las instituciones provinciales y las cámaras autonómicas. Se trata de una excelente iniciativa, ya propuesta desde estas páginas haces meses (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2011/09/el-pluriempleo-de-los-politicos-un.html), para evitar el pluriempleo de los políticos, aunque sólo sea parcialmente. Lamentablemente y tal como se señala el periódico en esa misma información y tras consultar con fuentes del Partido Popular es muy posible que no prospere o que, de hacerlo, sea muy adulterada. Es más que sintomático que con casi 900 compromisarios el número de aportaciones, de enmiendas, no llegue ni a las 500. Tan elevado grado de conformidad es algo decepcionante.

Esta enmienda, que podría ser mejorada y ampliada, participa de lleno del sentido común y de una exigencia ética que debería ser insoslayable para quienes habrán de votarla. Los puestos de alcaldes o de diputados están pensados y retribuidos para que los desempeñe una persona con absoluta dedicación. Ser alcalde de Alicante o diputado por la provincia es lo suficientemente relevante e importante como para que no se deba ni se pueda simultanear con otra dedicación. Hacer lo contrario, simultanear una alcaldía con un escaño, es sencillamente no hacer bien ninguna de las dos cosas. Y si se pretende afirmar lo contrario se deja en evidencia a los que sólo se dedican a su escaño o a su Alcaldía.

Las incompatibilidades deben ser hoy más rigurosas y claras que nunca. Los vecinos, los contribuyentes, los electores se merecen que los cargos electos se dediquen al cien por cien al puesto para el que han sido elegidos. Es preciso acabar con las prácticas de acaparamiento de puestos públicos por algunos insaciables coleccionistas de cargos y no sólo por la exigible dedicación y eficacia en el desempeño de los mismos, sino como medida ejemplarizante de la regeneración y la ética políticas. La norma debería ser igual para todos: una persona, un cargo, una sola retribución proveniente de las arcas públicas. Y ya está bien de acudir a subterfugios: cobrar un solo suelo público pero ampliarlo con dietas, asignaciones u otros pagos provenientes también del erario público. Y al que no le convenga que se vaya a su casa que esto de la política no es obligatorio y que a nadie se le pide que se sacrifique abnegadamente por la colectividad. Lo más probable es que muchos, si se tuviesen que buscar la vida en el sector privado, nunca alcanzarían ni de lejos los sueldos que cobran del erario público. Lo dicho, el pluriempleo de los cargos públicos es un fraude a los votantes y hay que acabar con él.

Santiago de Munck Loyola

Sobre el IBI, la Iglesia y la X.

IU y sus asociaciones satélites han estado recogiendo firmas para que la Iglesia Católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles entre otras cosas y las 35.000 recogidas las han entregado en el Congreso de los Diputados.

 (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/09/espana/1336549646.html).

Por su parte, algunos Ayuntamientos han hecho pública su intención igualmente de cobrar dicho impuesto a la Iglesia Católica. Una cosa es presentar firmas en el Congreso para que esta cámara proceda a la modificación, si la mayoría parlamentaria así lo entiende necesario, de las leyes vigentes para que se pueda cobrar el IBI o para que se deroguen los acuerdos con la Santa Sede y otra muy distinta es que algunos Ayuntamientos decidan por su cuenta cobrar ilegalmente dicho impuesto. Una cosa es evidente o los responsables de esos Ayuntamientos están engañando a los ciudadanos anunciando esa medida o están poniendo en marcha procedimientos recaudatorios ilegales que terminarán en los tribunales y que costarán mucho dinero a esos consistorios. La Ley de Haciendas locales regula claramente quienes están exentos de pagar el IBI y no se  puede cobrar dicho impuesto mientras esa Ley no se modificada parlamentariamente ni a la Iglesia, ni al Estado, ni a las Comunidades Autónomas, ni los de cualquier confesión religiosa legalmente reconocida, ni a la Cruz Roja, ni a embajadas u oficinas similares, ni a la RENFE o a Adif, ni a determinados bienes comunales, etc.

Parece que tras estas iniciativas no se esconde otra cosa que un odio y una animadversión profunda hacia la Iglesia Católica, sobre quien se centran todos los ataques, y no un sincero deseo de justicia fiscal. Desde una perspectiva laicista se olvida con frecuencia que nuestro Estado es aconfesional pero que la el Artículo 16.3 de la Constitución señala expresamente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Las exenciones tributarias de la Iglesia, las ayudas o subvenciones públicas o la asignación tributaria de la discutida X del IRPF responden a ese reconocimiento constitucional expreso y, en definitiva, al reconocimiento del peso de una mayoría sociológica de los católicos en España.

Desde esas posiciones de IU y anticlericales se pretende acabar con la libertad de los contribuyentes para decidir si quieren o no aportar una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia y/o a otros fines sociales. Cada año son más los contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia y ese hecho excita paralelamente los deseos de una parte de la izquierda de acabar con una de las pocas libertades que los contribuyentes gozamos a la hora de opinar sobre el destino de nuestros impuestos. No podemos opinar ni decidir si queremos que nuestros impuestos se dediquen a armamento, a subvencionar artistas, a engordar a la SGAE, a financiar a los partidos y sindicatos por poner unos ejemplos y, al parecer, tampoco deberíamos poder opinar sobre si queremos o no destinar una pequeña parte de nuestros impuestos a la Iglesia. Curioso concepto el de algunos sobre la libertad.

Hoy, más que nunca, la Iglesia y sus organizaciones desarrollan una labor social ingente supliendo la incapacidad de las administraciones públicas para llegar y socorrer a los más necesitados. La Iglesia y sus organizaciones trabajan en el campo de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de la inmigración y extienden su labor incluso más allá de nuestras fronteras, usando sus recursos con muchísima más eficiencia que los entes públicos.

No son los sindicatos, ni los partidos políticos, ni todos los demás que están exentos de pagar el IBI quienes están junto a los más pobres, quienes atienden a enfermos y ancianos o quienes dan de comer a miles de personas diariamente, no, no son ellos. Y de eso no se habla cuando se critican los ingresos que percibe la Iglesia. De eso parece que no interesa hablar.

Por ejemplo, el programa de acogida de Caritas, uno de los más emblemáticos y por el que pasaban antes de la crisis unas 400.000 personas al año, atendió en el último ejercicio a un millón y medio. La mayoría de personas atendidas tenían cargas familiares y una media de edad de 40 años. Por otra parte, el 67% de las personas que acuden a Caritas vienen derivadas desde los servicios sociales públicos, incapaces de ofrecer respuestas rápidas y eficaces. Mientras el tiempo para concertar una primera cita o entrevista inicial en los servicios sociales públicos es, como media, de casi un mes (25,9 días), en los servicios de Acogida de Caritas la espera para concertar una primera cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4 días. Otro tanto sucede con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y gestión de las respuestas efectivas es de algo más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3 días), en Caritas el tiempo medio entre la primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días. En el campo de la Educación, otro de los campos de batalla, las Escuela católicas atienden a más de 1.200.000 alumnos, lo que supone el 16 % del total del sistema educativo. Y mientras el coste medio abonado por el Estado a los centros concertados es de 2.480 euros anuales, en la escuela pública es de 5.299 euros al año.

Y para qué hablar de los comedores, albergues, centros de asistencia sanitaria, hogares de acogida o residencias de ancianos de la Iglesia y sus organizaciones. Si no los pudieran sostener los católicos,  sería el estado quien tendría que asumir su coste. Dejando al margen cualquier posicionamiento ideológico y pensando de una manera fría y calculadora solo se puede concluir que la Iglesia, con las ayudas y beneficios que recibe, ahorra además miles de millones de euros al erario público. Según algunas fuentes, este ahorro para el estado se podría situar en torno a los 30.000 millones de euros anuales.

En fin, parece que las fobias ancestrales de algunos pueden más que la lógica y la racionalidad económica, sin mencionar la sensibilidad social y el respeto a las libertades individuales. Allá cada cual. Un servidor lo tiene claro, seguirá poniendo las X en el impreso del IRPF en favor de la Iglesia y de los fines sociales.

Santiago de Munck Loyola

Sanidad para todos.

La falta de dinero para poder sostener el conjunto de las administraciones y, por tanto, el conjunto de las prestaciones públicas se traduce en una serie de medidas de ahorro camufladas bajo distintas denominaciones que en muchas ocasiones ponen los pelos de punta. Los anuncios, los globos sonda, las rectificaciones o las matizaciones se suceden a diario ya se hable de educación, de pensiones, de sanidad o de infraestructuras. Unas veces nos anuncian que nos van a cobrar por usar las autovías que ya estaban pagadas y amortizadas, otras que vamos a tener que pagar más por los medicamentos, antes nos dijeron que los años que habíamos cotizado para cobrar una pensión ya no valían y que había que cotizar más años, después nos quitaron el cheque bebé y así sucesivamente. Anuncios, amenazas, amagos, reformas y contrarreformas constituyen el pan nuestro de cada día. Eso sí, si hay que salir corriendo a salvar a Bankia, no se corre, se vuela.

Lo cierto es que no hay dinero para todo. Lo cierto es que hay más de cinco millones de parados en nuestro país y que el siguiente en engrosar la larga lista puede ser cualquiera de nosotros. Lo cierto es que cada año 200.000 familias se quedan sin vivienda. Lo cierto es que casi dos millones de personas ya no reciben ayuda pública alguna. Y lo cierto es que estamos donde estamos porque la mayor parte de la clase política, de todos los colores, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y no ha sabido hacer bien su trabajo ni en ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni en el Estado. Puede haber muchas causas que hayan propiciado que hayamos llegado hasta aquí en estas condiciones, pero es evidente que nuestra clase política debería haber estado lo suficientemente preparada y capacitada para haberlo previsto y para haber sabido mitigar o paliar los efectos de esas causas externas o internas. Y no lo ha hecho.

Hace tiempo ya que la clase política renunció a “hacer política” y se transformó en una casta gestora, desplazando a los profesionales, sin estar lo suficientemente preparada para ello y ajustando su comportamiento a los dictados del marketing político. Los políticos nos han venido contando lo que queríamos oír para lograr nuestro voto. El relativismo social y moral imperante ha producido un relativismo político igual de ambiguo y acomodaticio. El ser humano, la persona hace tiempo que, pese a los discursos ideológicos, ha desaparecido de la agenda y del centro de toda actuación política. El poder y su conquista o conservación es el centro real del pensamiento y de la acción política por encima de cualquier otra consideración. Los gobiernos adoptan medidas y programas con tenues e imperceptibles fronteras ideológicas perfectamente intercambiables.

Si la persona, si el ser humano estuviesen en el centro de la acción política a nadie se le ocurriría adoptar medidas que pudieran suponer poner en riesgo la salud y la vida de los individuos. Bien está que se racionalice el sistema sanitario; bien está que de una vez se diseñe un catálogo de prestaciones sanitarias para todos los ciudadanos con independencia del territorio de España donde residan; bien está que se acabe con el turismo sanitario y con el abuso que supone, por ejemplo, el empadronamiento fraudulento de 140.000 vecinos portugueses para beneficiarse de nuestra sanidad; bien está, si no queda más remedio, que se paguen por quien tenga capacidad económica para ello determinadas prestaciones sanitarias.

Pero plantearse la posibilidad de dejar sin asistencia sanitaria a los llamados “sin papeles” es inmoral. Si durante años hemos permitido que cientos de miles de personas se instalasen en nuestro país de forma irregular no podemos ahora dejarles sin prestación sanitaria. Regúlese la inmigración de una forma lógica y racional, adóptense las medidas a que haya lugar respecto a los inmigrantes irregulares, legalizando su situación o repatriándoles a sus lugares de origen si fuere preciso, pero mientras sigan viviendo con nosotros no podemos dejarlos sin atención sanitaria. Es una cuestión de principios, de derechos humanos, de sentido común y de ética elemental.

Santiago de Munck Loyola