Recogida de firmas PARA ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS DE LOS POLÍTICOS: UN ESTATUTO PARA LOS CARGOS POLÍTICOS.

 Para:Congreso de los Diputados.

El mantenimiento de privilegios y prebendas para la clase política resta legitimidad a sus decisiones. Quien no está dispuesto a realizar sacrificios carece de legitimidad para exigirlos a los demás. Son muchos los privilegios que suponen una afrenta comparativa respecto al conjunto de los ciudadanos, los contribuyentes. En plena crisis económica y política, la elaboración y aprobación de un Estatuto de los Cargos Políticos sería una saludable iniciativa. Los abajo firmantes exigimos al Congreso que elabore este Estatuto para:

- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón que justifique un sistema diferenciado.

- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el que las dietas e indemnizaciones sean las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto nivel.

- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y Presidentes Autonómicos, estableciendo incompatibilidades con otros ingresos.

- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos públicos.

- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.

- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.

- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades privadas o de representación en consejos de administración.

- Reducir de forma drástica el número de cargos de confianza en todas las administraciones públicas.

- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones públicas.

- Limitar los gastos de representación.

Firmantes

http://www.peticionpublica.es/?pi=P2011N6306

EL ASQUEROSO PLUMERO DEL SR. DURAN I LLEIDA.

Me quedé de piedra al escuchar al Sr. Durán i Lleida en el telediario opinando a propósito de los privilegios de los parlamentarios en materia de pensiones: "Hay que defender la dignidad; si ustedes quieren que aquí venga, simplemente, gente que no tenga ni un... nada de propiedad y ustedes, no usted como periodista, sino como sociedad en general, pretenden que esta cámara sea al final una cámara de funcionarios y de gente pobre, vamos por el peor de los caminos". ¡Toma ya! Más tarde empezó a matizar estas tremendas palabras: señaló que debería haber utilizado la expresión de gente "con pocos recursos" y que "se trata de saber si queremos tener buenos políticos porque, de no ser así, a la política solo acudirían personas por razones económicas o porque saben que hacerlo no les comportará la pérdida del puesto de trabajo y el riesgo de volver a empezar cuando acaban esta actividad".

O sea que para el Sr. Durán i Lleida los parlamentarios deben ser ricos, gente con tantos recursos que una vez terminada su etapa política no tengan problemas para reincorporarse a sus ocupaciones habituales. Ni funcionarios, ni pobres. ¡Faltaría más!

Si es así, si lo mejor es que los parlamentarios sean ricos ¿para qué necesitan entonces tantos privilegios? ¿Para ser más ricos aún? ¿Por qué necesitan montarse un sistema de pensiones exclusivo a costa del bolsillo de los contribuyentes? ¿Por qué gozan de un sistema fiscal privilegiado que les permite tributar como mileuristas? ¿Por qué su teléfono o su ordenador personal se lo pagamos todos los ciudadanos?

El Sr. Durán se pegunta si de lo que se trata es de tener buenos políticos y la respuesta es obvia: pues claro. Y para ello no hacen falta privilegios, para tener buenos políticos, buenos parlamentarios no hace falta una buena cuenta corriente. Hace falta más honestidad, menos privilegios, más trasparencia y, sobre todo, una mayor identificación de los representantes con los representados.

Nadie se opone a que los señores parlamentarios gocen de unas retribuciones dignas, pero de ahí a abusar de su posición para legislar en provecho propio, como vienen haciendo desde hace décadas, hay un abismo. Y los privilegios de sus señorías existen. La constitución española en su artículo 71 sólo establece dos privilegios, dos garantías, para el correcto ejercicio de las funciones parlamentarias: la inmunidad y la inviolabilidad. Todos los demás privilegios de los que gozan sus señorías se los han concedido ellas mismas y no son, ni mucho menos, necesarios para el desempeño de sus tareas. Y frente a estos privilegios se alza, con preferencia, el principio constitucional de igualdad ante la Ley y eso, Sr. Durán i Lleida, incluye la Ley General Tributaria o la legislación sobre pensiones.

Claro que los ciudadanos queremos tener buenos políticos y ser funcionario o pobre no es un obstáculo para ello, diga lo que diga este lenguaraz nacionalista catalán. Al revés, el hecho de que en las Cortes se puedan sentar ciudadanos normales y corrientes que tengan presente, por ejemplo, lo que supone llegar a fin de mes sería seguramente mucho más saludable e higiénico desde un punto de vista democrático que mantener a toda una casta política absolutamente corporativista y endogámica. Tanto que se viene negando de forma sistemática a reformar una legislación electoral que permite a los partidos perpetuar en los escaños a miembros de esa misma casta, de modo que se impida una mayor vinculación entre los electores y sus representantes y, por tanto, la existencia de responsabilidad electoral con los ciudadanos.

Al Portavoz nacionalista se le ha visto el plumero y es francamente asqueroso, pero no ha hecho más que expresar en voz alta lo que con más prudencia piensan muchos de sus compañeros de escaño, sean del partido que sean.

Santiago de Munck Loyola

RIVAS: INMACULADA SÁNCHEZ RAMOS, CANDIDATA PARACA DEL PP.

El pasado 27 de enero de 2011, se consumaron los negros presagios sobre la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía de Rivas-Vaciamadrid. En un mitin celebrado en Coslada, Esperanza Aguirre presentó, entre otras candidaturas, la correspondiente a Rivas-Vaciamadrid, Inmaculada Sánchez Ramos.

Sobre esta candidatura hay observaciones obvias e innegables:

1º La designación de la candidata se ha hecho incumpliendo los estatutos nacionales del Partido. Inmaculada Sánchez Ramos no ha sido propuesta por el Comité Electoral del PP de Rivas. Por tanto, su designación se ha hecho prescindiendo de la opinión de los militantes de la localidad.

2º La designada es lo que coloquialmente se conoce como “una paraca”, es decir, una persona absolutamente desvinculada del municipio, ignorante de su realidad que llega para hacerse con un sillón consistorial por razones de influencias y amistad y sin mérito y capacidad para ello. Por tanto, su designación se ha hecho ignorando los intereses y prioridades de los vecinos del municipio.

3º Inmaculada Sánchez Ramos es una persona incoherente. Proclama unos principios y practica otras cosas. Acepta una designación antidemocrática, prescindiendo de la voluntad de los afiliados de Rivas-Vaciamadrid y resulta que ella misma, hace menos de tres años, recriminaba al mismo Mariano Rajoy, con ocasión del Congreso de Valencia, que los militantes del PP no pudiesen elegir su futuro. He aquí lo que la Sra. Sánchez Ramos escribió el 3 de junio de 2008 en su blog:

“Primero, “Nosotros”. Mariano, cuando dices a lo largo del discurso “nosotros” somos los que elegiremos nuestros destino,¿A quién te refieres?. Haces referencia a los compromisarios como si de verdad representaran a los 700.000 militantes, cuando sabes que no es así. Para más abundamiento, indicas que el futuro del Partido Popular lo escribiremos todos y cada uno, sí, sí has dicho cada uno -quizá se te ha escapado-, de los 700.000 militantes, ¿Por qué te niegas a que de verdad elijamos nuestro futuro todos y c-a-d-a-u-n-o de los militantes, por ejemplo, mediante primarias? O bien, quizá, con el nosotros, no te refieres sólo a los compromisarios, sino que, usando su terminología, te refieres al tío éste llamado Lasalle, con Soraya, Soria y Arriola. Mariano, este uso del nosotros ambiguo que, ora somos cada uno y ora, son los compromisarios, con toda honradez, si no pensamos en intenciones, me parece claramente erróneo.”

http://www.diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=4088

Imagen sobre Rajoy en el Blog de Inmaculada Sánchez Ramos.

¿Se puede sostener una cosa y practicar exactamente la contraria sin que quepa, cuando menos, calificarlo de cinismo? ¿Puede tener credibilidad alguna esta candidata? Y, vista su opinión sobre Rajoy ¿a qué PP representa esta candidata? ¿Cabe mayor incoherencia?

Evidentemente no, pero aún hay más detalles sobre la trayectoria de candidata impuesta a la organización de Rivas, eso sí con el beneplácito de la dirección local, que iré desgranando en próximos artículos. Esta designación sí que es un error.

Santiago de Munck Loyola

REACCIONES A LA CACICADA CONTRA EL PP DE RIVAS. #links

#links
http://demofiloserrano.blogspot.com/2011/01/font-face-font-family-arialfont-face.html

LAS AUTONOMÍAS Y LOS CIUDADANOS.

En declaraciones recientes el ex Presidente Aznar se refería al estado autonómico como inviable a la vista del contexto económico actual. Hoy, el Secretario de Organización del PSOE y Presidente de Aragón lo califica de éxito y se remonta para justificarlo, nada menos, que a la experiencia de las guerras carlistas. Por su parte, Mariano Rajoy habla de reformar el estado autonómico para evitar duplicidades y limitar el techo del gasto de las autonomías pero no concreta ninguna medida.

Parece que la grave crisis económica empuja a los políticos a cuestionarse algunos extremos del funcionamiento de las autonomías más por necesidad que por convicción. Una vez más, da la impresión que la percepción de la clase política está muy alejada de las preocupaciones de los ciudadanos que sólo reparan en la existencia misma y la forma de este estado cuando se convierte en una rémora para su progreso personal y colectivo. Durante más de dos años el debate político ha estado profundamente marcado por la tramitación, aprobación y constitucionalidad del Estatuto catalán y en la estela del mismo se iniciaban reformas de otros estatutos autonómicos. Muchos políticos hablaban de trascendencia vital, de aspiraciones irrenunciables, de sentimientos nacionales,… pero ¿de quién? Porque lo que fue evidente es que la mayor parte de la población “pasaba” olímpicamente de tan grandilocuentes palabras, empezando por los catalanes. Parecía que si no se aprobaba el estatuto catalán sus ciudadanos se inmolarían ante tamaña afrenta y ¿qué pasó cuando los catalanes tuvieron que ir a las urnas para aprobar tan vital y esencial Estatuto? Pues que la mayoría prefirió quedarse en casa o irse a la playa antes que cumplir con tan patriótica proeza ante las urnas: más de la mitad de los electores no fue a votar y del total de electores censados a penas llegó al 36 % el porcentaje de los que dieron el sí a tan ansiada norma. Es evidente, por tanto, que el Estatuto, norma identitaria por excelencia de Cataluña, interesaba fundamentalmente a la clase política y no a la mayoría de los ciudadanos. Las autonomías son sobre todo un objeto de interés y atención de la clase política y no de la mayoría de los ciudadanos. Son los políticos quienes envolviéndose en las banderas regionales levantan polémicas, atizan diferencias, inventan agravios y justifican así su propio papel, la necesidad de su existencia para resolver la agenda que ellos mismos llenan. Sin agravios, sin diferencias y sin polémicas ¿qué razón de ser tendrían los políticos nacionalistas, regionalistas y asimilados?

Hoy, cuando los recursos escasean las miradas se vuelven hacia los presupuestos públicos. Lo hacen los ciudadanos que ven cómo día a día crecen las dificultades y empiezan a hacerlo algunos medios de comunicación. Este domingo, en un diario nacional se recogían algunas cifras relativas al funcionamiento de las comunidades autónomas. Los datos son asombrosos. 17 parlamentos autonómicos que nos cuestan 410 millones de euros al año. 161 millones para los altos cargos de las autonomías y como deben ser un poco incompetentes necesitan otros 100 millones en asesores. 1000 millones para las televisiones autonómicas, todas deficitarias. 500 millones de euros para asuntos exteriores, con la salvedad de que se trata de una competencia exclusiva del Estado. Tribunales de cuentas autonómicos, Defensores del Pueblo autonómicos, Boletines oficiales, coches oficiales, gastos de representación (tan solo el Presidente de Aragón dispone de más de 600.000 euros al año para estos menesteres), etc. que suponen otros centenares de millones de euros a cargo de los contribuyentes. Y 65.000 millones anuales para las nóminas de los funcionarios autonómicos. En fin, todo un catálogo de gastos de las autonomías que en muchos casos duplican competencias y funciones del Estado. ¿Todo esto, de verdad, redunda en una mayor calidad de vida de los ciudadanos? ¿Hay más democracia así?

En los debates preconstitucionales se decía que las autonomías servían para acercar la administración a los ciudadanos y para recuperar y fortalecer las personalidades de cada región. Simultáneamente se fue introduciendo el concepto de autonomía política, concepto de difícil encaje con el de soberanía nacional. Hoy la cercanía de los centros de toma de decisiones a los ciudadanos no es más que un concepto geográfico pues entre estos y aquellos se han construido enormes burocracias, calcadas del Estado, y en muchas ocasiones generando duplicidades. En la era de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones globales hay otras formas para acercar el poder al ciudadano. Por otra parte, hoy resulta irrelevante, en un régimen de libertades como el nuestro, la existencia de poderes periféricos para que las peculiaridades culturales territoriales tengan el espacio natural que les corresponde.

Mientras que el proceso de construcción europea se ha basado en una progresiva cesión de competencias de los estados hacia entes superiores y en una progresiva armonización de las normas estatales con el fin de lograr un espacio común en el que se haga realidad la libre circulación de bienes y personas, en España hemos seguido un proceso inverso. El resultado de este proceso es un progresivo aumento de las diferencias territoriales que dificultan cada vez más esa libre circulación interior. ¿Es un avance que hoy existan 17 permisos diferentes para la práctica de la caza o la pesca? ¿Es un avance que los ciudadanos de una región tengan derecho a unas prestaciones sanitarias concretas y los de la región vecina no? ¿Es un avance que en un mundo globalizado los jóvenes catalanes manejen peor el castellano que los de hace 25 años? ¿Es un avance que alguien no pueda estudiar en castellano en algunos lugares de España?

Son muchas más las cuestiones que merece la pena plantearse. No se trata simplemente de la viabilidad o no económica de nuestro estado, sino de las prioridades a las que debe servir sobre todo. Si el ciudadano y sus necesidades no pasan a ocupar el primer lugar de la agenda política, será estéril cualquier debate sobre la configuración de nuestro Estado. Y si la conciencia colectiva no se despierta y se cuestiona estos aspectos, tampoco servirá de nada.

Santiago de Munck Loyola

LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE LOS PARLAMENTARIOS: UN PRIMER PASO.

Desde estas páginas se ha venido denunciando la inmoralidad que supone hoy en día el mantenimiento de un privilegiado sistema de pensiones de los parlamentarios mientras se discute la necesidad de reformar el sistema para el resto de los ciudadanos. El mantenimiento de privilegios y prebendas para la clase política resta legitimidad a sus decisiones. Quien no está dispuesto a realizar sacrificios carece de legitimidad para exigirlos a los demás. Ayer, en la Convención del Partido Popular en Sevilla, Mariano Rajoy manifestó lo siguiente: "Vamos a dar la talla, vamos a ser austeros, vamos a dar ejemplo", "y ahora que hay debate sobre pensiones, vamos a presentar la revisión del sistema de pensiones para diputados y senadores y la eliminación de cualquier cosa que suponga un privilegio respecto del resto de los españoles". Hace poco más de un mes, el Partido Popular en el Congreso se opuso, junto a los demás partidos, a una iniciativa de Rosa Díez en este sentido.

Estas declaraciones de Rajoy son una buena noticia. Esta intención de revisar las pensiones y privilegios de los parlamentarios puede ser un paso importante, pero no debería ser el único a dar si lo que se pretende es terminar con unos modos y prácticas de la clase política que la alejan cada día más de la apreciación positiva del conjunto de los ciudadanos. La dedicación política hoy es considerada por muchos más que como un desarrollo vocacional al servicio de los demás, como un medio de vida fácil y enriquecedor. Las prácticas y los hábitos vigentes en nuestra sociedad en torno a la dirección y gestión de la “cosa pública” propicia la proliferación de toda una gigantesca bolsa de militantes partidistas impacientes por aterrizar en los escalones superiores de las administraciones públicas y desde allí usar los recursos disponibles. Sin embargo, la relación entre las burocracias y los gestores de las mismas sería otro tema. Lo relevante ahora es que este anuncio no se quede en un simple retoque de carácter populista, sino que signifique un primer paso hacia un objetivo mucho más ambicioso: la regeneración de la clase política y la ejemplaridad de la misma. No es posible hablar de la regeneración de nuestra democracia sin que, de forma previa, se aborde la necesidad de regeneración de la clase política acabando con las prácticas que la distancian de la normalidad ciudadana.

Y, para ello, propuestas no faltan pues son muchos los privilegios y situaciones anómalas que suponen una afrenta comparativa respecto al conjunto de los ciudadanos, los contribuyentes. En plena crisis económica y política, la elaboración y aprobación de un Estatuto de los Cargos Políticos sería una saludable iniciativa. Este Estatuto debería impulsar reformar legislativas para:

- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón que justifique un sistema diferenciado.

- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el que las dietas e indemnizaciones sean las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto nivel.

- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y Presidentes Autonómicos, estableciendo incompatibilidades con otros ingresos.

- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos públicos.

- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.

- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.

- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades privadas o de representación en consejos de administración.

- Reducir de forma drástica el número de cargos de confianza en todas las administraciones públicas.

- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones públicas.

- Limitar los gastos de representación.

Estas son algunas propuestas que ayudarían a sanear la imagen de la clase política y, por tanto, el funcionamiento de las instituciones democráticas. No se trata de un número cerrado de propuestas y seguramente hay más medidas a añadir en un posible y necesario Estatuto de los Cargos Políticos. Revisar el sistema de las pensiones de los parlamentarios era una exigencia de higiene democrática, pero no es la única y, en todo caso, habrá que ver en qué sentido se aborda esa reforma. Ojala no se trate de un simple anuncio electoralista.

Santiago de Munck Loyola

RIVAS: DEMOCRACIA Y CANDIDATURA MUNICIPAL DEL PP.

Parece ser que los rumores se confirman: el Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid tendrá, si los afiliados locales no lo impiden, como candidata a la Alcaldía de la localidad a la Sra. D. ª Inmaculada Sánchez Ramos que, en breve, será presentada públicamente como tal.

Esta decisión se ha tomado al margen y a espaldas de los afiliados de Rivas-Vaciamadrid. La candidatura del PP a la Alcaldía no ha sido propuesta, al día de hoy, ni por el Comité Ejecutivo Local, ni por el Comité Electoral Local en clara vulneración de los Estatutos Nacionales del Partido Popular. De prosperar esta peregrina iniciativa se “vestirá” formalmente, es de suponer, pero lo que resulta innegable es que se tratará de una “operación de salón” diseñada prescindiendo del funcionamiento democrático de la organización.

Es especialmente destacable la incoherencia política que supone el hecho de que hace tan solo unos días la Presidenta Regional, Esperanza Aguirre, se manifestase a favor de que en Asturias se pudiera celebrar un congreso extraordinario para que los afiliados de esa Comunidad pudieses elegir a su candidato y que esa posibilidad se niegue a los afiliados de Rivas-Vaciamadrid. ¿Son acaso éstos menos dignos de consideración que los afiliados asturianos a pesar de depender de la organización que preside Esperanza Aguirre?

La democracia interna precisa para ser una realidad de la aplicación de los principios de mérito, igualdad y capacidad. Lamentablemente, ninguno de estos principios aparece en la designación de esta candidata. Se trata de una persona que no acredita mérito alguno para representar a la organización local en las próximas elecciones. Ni pertenece a dicha organización, ni ha trabajado para ella, al contrario que decenas de militantes que se “han partido la cara” durante años en condiciones muy difíciles, inimaginables para quien se ha acostumbrado a pisar las “moquetas oficiales” gracias a sus relaciones y buenos contactos. Tampoco concurre el principio de igualdad pues su designación proviene de condiciones a las que el resto de los afiliados no tiene acceso. De confirmarse esta candidatura se hará en términos de inexistencia de otros posibles candidatos a los que se cierra por decreto el paso y la posibilidad de postularse para el puesto. Y tampoco concurre en este proceso ni en la candidata “in pectore” el principio de capacidad. Y no se trata de una afirmación relativa a sus capacidades profesionales, que podrán ser muy brillantes, sino a su capacidad política de liderazgo local, a la capacidad de implicación con los problemas y circunstancias de los ripenses. No se trata de una vecina de la localidad, ni siquiera trabaja en ella. Quien acepta ser candidato/a vulnerando estos principios básicos ¿qué discurso ético va a desarrollar? ¿Qué credibilidad va a tener?

¿Qué aporta pues esta posible candidata a la política local y al PP de Rivas? Nada, sencillamente nada. Ni se merece el honor de encabezar la candidatura local, ni los ripenses se merecen este trato por parte de la organización regional. Porque ¿a quién beneficia su candidatura? Posiblemente a ella únicamente. Imponer lo que en términos coloquiales se denomina un “paraca” a la cabeza de la lista del PP ¿quiere decir que no hay ningún afiliado de Rivas, ni ningún simpatizante, ni ningún votante popular con conocimientos y capacidad para ser candidato? ¿De verdad que piensan eso los promotores de esta cacicada? Pues, si es así y los hechos parecen confirmarlo, se equivocan completamente y tendrá un serio coste electoral.

Ser candidato del PP a la Alcaldía de Rivas es un honor y un privilegio que hay que ganarse en la calle, mano a mano con los afiliados, conociendo los problemas de la localidad y compartiendo día a día la realidad política y social de los vecinos. No se puede ganar este honor de la mano del “enchufe”, de la política de pasillos y del tráfico de relaciones e influencias. Ese es el peor aval para comparecer en las urnas.

Normalmente suele coincidir en la misma persona la Presidencia local del Partido y la candidatura a la Alcaldía por simple lógica derivada del liderazgo político. Es posible que la actual Presidente esté agotada y no quiera ser candidata y menos aún considerando las malas expectativas que las encuestas anuncian. Ya decía Aldo Moro que el poder desgasta, pero la oposición mucho más. Y en caso de cansancio lo normal es irse a casa. La dedicación política es vocacional, voluntaria. Pero sería inadmisible desde un punto de vista ético que este cansancio fuera usado para mercadear con la candidatura a cambio de un cómodo retiro político.

Han pasado siete desde mi marcha como Presidente y Portavoz Local. En este período el Partido Popular ha sufrido dos escisiones en 2007 y ha empeorado sus resultados electorales. Las viejas heridas están con seguridad olvidadas y cerradas. Hoy es posible recomponer el centro derecha local con generosidad y comparecer unido en las próximas municipales. Aún es posible, es cuestión de voluntad y valentía política. Y es posible presentar una candidatura propia, sin paracas a la cabeza, capacitada y comprometida con los problemas de los ciudadanos ripenses. El Partido Popular de Rivas se lo merece y los electores aún más. Ojala sea así.

Santiago de Munck Loyola