Pobre España pobre.

No hace muchas horas, en los informativos de una cadena de televisión se podían ver unas imágenes en las que aparecían unos ancianos que esperaban a que se sacaran a la calle los contendores de la basura de un restaurante para registrarla y sacar comida para llevarse a casa. Después de coger lo que podían aprovechar, volvían a meter en los cubos la basura que no les servía. No eran éstas las únicas escenas de este estilo que últimamente se han podido ver en las televisiones. Cada vez son más los casos de gente que tiene que buscar en la basura para poder comer. Desempleados y jubilados, gente que hasta no hace mucho podía, con más o menos dificultades llegar a fin de mes, hoy ya no puede hacerlo. Los comedores sociales de Caritas, de esa Iglesia tan denostada por algunos, no dan ya  abasto, se han quedado pequeños. En nuestro país ya hay 1.425.200 familias en las que todos sus miembros están en paro y sin ingresos. El 4,3 por ciento de los españoles con 65 o más años se encuentra en estado de desnutrición y el 25,4 por ciento se halla en riesgo de padecerla. En 2011 más de 100.000 familias perderán su vivienda. Todos los datos estadísticos señalan que hoy muchos más pobres en España que en 2004 y que la brecha entre los ricos, que son más ricos que en 2004, y los pobres se ha agrandado de forma notable. Esta es la realidad que estamos viviendo, la realidad que existe en nuestras calles a pesar de la casi paradisíaca imagen que, salvo excepciones, nuestros medios de comunicación transmiten. Pan y circo para los que aún no les ha tocado la crisis. Entretenimiento, fútbol, chismorreos del corazón y banalidades para huir de una realidad estremecedora.

Que un país como el nuestro permita que muchos de sus ancianos, tras toda una vida de trabajo y esfuerzo, tengan que rebuscar en la basura para comer no tiene vergüenza. Que una sociedad como la nuestra atiborrada de estandartes y lemas sociales, tan grandilocuentes como huecos, abandone a su suerte a tanta gente no es digna de respeto.

No estamos hablando de cualquier país, no. Estamos hablando de España, de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestros vecinos o de nosotros mismos. Hemos construido dos mundos, dos realidades diferentes que compartiendo tiempo y espacio se rehúyen. La España oficial, la que se refleja en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, la de la clase política y la de una gran parte de la sociedad española, instalada con mayor o menor comodidad, que prefiere mirar a otro lado. Y la España de los comedores sociales, del hambre y el frío, de los desalojos y el abandono que no es escuchada normalmente.

A la primera España pertenece la segunda mayor flota de coches oficiales del mundo porque nuestra clase política no usa su vehículo privado o los medios de transporte público para ir a trabajar, a cumplir sus obligaciones. A la primera España pertenecen los miles de asesores que necesitan nuestros políticos para intentar hacer aquello por los que les pagamos. De esa España forman parte las indemnizaciones millonarias de los banqueros que se embolsan tras vaciar las entidades financieras que tenían a su cargo y que los demás saneamos con nuestros impuestos. A la misma pertenecen las SICAV, las pensiones de oro de los políticos, los dobles y triples sueldos disfrazados y con origen en la caja pública, los privilegios en las pensiones, los más de 100.000 teléfonos móviles pagados con dinero público y sin control de uso alguno, los cientos de millones de euros en subvenciones repartidos entre partidos políticos y sindicatos, los ERES fraudulentos, las obras públicas inútiles que no hay quien mantenga tras su inauguración, los privilegios recaudatorios de la SGAE, los pelotazos urbanísticos, las burbujas inmobiliarias y financieras, las primas de riesgo y su “santa” madre…

Entre una y otra España hay un gran muro, un muro de la vergüenza que es negado e ignorado, pero que ahí está. Y la clase política, en la medida que se afianza, olvida cada vez más una realidad que no le gusta o, lo que es peor, que no conoce. En el fondo, la clase política sólo es un producto, un reflejo de la sociedad que la genera, la encumbra y la tolera. Una sociedad anestesiada e insensible sólo puede generar una clase política igual de anestesiada e insensible.

Hoy mandan los mercados, los especuladores y la clase política hace lo que sea menester para tranquilizarlos. Si hace falta hasta se cambian gobiernos sin que el pueblo vote siquiera. Y si hay que reducir gastos porque no se puede seguir gastando más de lo que se tiene, se empieza siempre aplicando unos retoques cosméticos a cuanto afecta a la propia clase política (ejemplaridad dicen) y se continúa con cirugía de campaña, sin anestesia, para los demás. Y así no se puede seguir por mucho tiempo. Torres más altas han caído.

Santiago de Munck Loyola

La puja electoral: escaparate de ofertas cosméticas.

En el zoco electoral acaban de aparecer dos ofertas destinadas a hacer un guiño a los que se sienten indignados con el funcionamiento de nuestro sistema democrático. De una parte, el candidato socialista P. Rubalcaba ha propuesto (http://www.laverdad.es/alicante/rc/20111008/espana/rubalcaba-propone-reducir-parlamentarios-201110081405.html) que los políticos sólo cobren un sueldo y, además, no le hace “ascos” a la propuesta (la segunda oferta) de su adversario, Mariano Rajoy, de reducir el número de diputados y concejales en España (http://www.larazon.es/noticia/3192-rajoy-asegura-que-el-pp-sabe-como-se-sale-de-la-crisis-aunque-llevara-tiempo).

Se deduce claramente de la propuesta del candidato socialista que hay políticos, y no deben ser pocos, que cobran más de un sueldo de las administraciones públicas y no sería, por tanto, un mal ejercicio de transparencia democrática que los ciudadanos pudiéramos conocer los nombres y las cuantías que están cobrando de los presupuestos públicos.

La propuesta de Mariano Rajoy parece guardar una finalidad exclusivamente económica: reducir el gasto de las administraciones públicas ahorrando sueldos de cargos electos, de políticos. Reducir el número de diputados del Congreso supone un importante ahorro pero si la reforma que ha de hacerse de la Ley electoral no entra a fondo en los criterios que determinan la representatividad para corregirlos, la reducción del número de diputados llevará, inevitablemente, una importante pérdida de representatividad de nuestros diputados y un aumento de la desigualdad del voto entre los ciudadanos. Y ¿por qué no reformar la Constitución y suprimir el Senado? Hay prácticamente unanimidad a la hora de valorar como inoperante el actual funcionamiento del Senado. Llevan años nuestros políticos hablando de la necesidad de reformarlo y no lo hacen. El Senado nos cuesta casi 10.000 millones de las antiguas pesetas al año. Suprimirlo supondrá un gran ahorro y seguro que su inexistencia no será echada de menos, salvo por los que viven de él.

Estas ofertas que salen ahora al mercado electoral no terminan de entrar en el fondo del asunto que no es otro que la mala imagen de la clase política y la desconfianza que genera, tal y como señalan todos los estudios sociológicos. La brecha entre el ciudadano y el político es cada vez mayor y, por consiguiente, la identificación ciudadana con el sistema.

Nuestro sistema político presenta síntomas de agotamiento y de ahí que sea necesario ir planteando medidas que impliquen su regeneración democrática. Medidas que implican reformas profundas de las instituciones, de las leyes y un cambio profundo de la mentalidad de la clase política. No se trata pues sólo de ahorrar, sino de algo mucho más profundo.

Buena parte del origen del problema radica, en el fondo, en la aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley de los españoles. Es evidente que a lo largo de los últimos años la clase política ha ido construyendo todo un sistema que permite a sus componentes eludir el principio de igualdad ante la ley y dotarse a si mismos de numerosos privilegios y excepciones. Si los ciudadanos no pueden percibir por ley más de un ingreso proveniente de las administraciones públicas ¿por qué los políticos sí pueden? Si los ciudadanos somos los que teóricamente decidimos ¿por qué nuestro voto no vale igual dependiendo su valor de la provincia en la que residamos?

A las ofertas anunciadas por lo candidatos bien podrían añadirse muchas otras que contribuirían, sin duda, a sanear la economía de las administraciones y, lo que es más importante, a regenerar nuestro sistema político:

1º Reforma constitucional eliminando el senado.

2º Reforma constitucional para eliminar duplicidades de competencias entre las administraciones.

3º Reforma de la Ley Orgánica del Régimen electoral para reducir el número de cargos públicos, reformar las Diputaciones y mejorar la representatividad del voto.

4º Aprobación de un Estatuto de los Cargos Públicos que incluya, entre otras, las siguientes medidas:

-          Establecimiento de incompatibilidades absolutas (prohibición de ostentar más de un cargo público).

-          Prohibición de percibir más de un ingreso económico (sueldo, dietas, pensiones, indemnizaciones, etc.) proveniente de las administraciones públicas.

-          Dedicación exclusiva de diputados nacionales y regionales.

-          Prohibición de dedicaciones exclusivas de los ediles (salvo los alcaldes) en los municipios de menos de 100.000 habitantes.

-          Sometimiento de los cargos públicos al régimen general de la seguridad social en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.

-          Sometimiento de los cargos públicos al IRPF en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
-          Supresión de pensiones o indemnizaciones especiales de los cargos públicos.
-          Prohibición del ejercicio de la política para miembros del poder judicial o, en su caso, de retorno a la carrera judicial.

5º Eliminación de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.

6º Remover los obstáculos legales que impidan la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en los diferentes territorios.

7º Reforma del poder judicial reforzando los mecanismos que aseguren su independencia del poder político.

8º Reforma del Tribunal constitucional en cuanto a la designación de sus miembros y su competencia.

La lista de medidas que podrían adoptarse puede ser muy larga. Sirvan las anteriores a modo de ejemplo, pero no conviene olvidar que no se trata de un arreglo cosmético y superficial de nuestro sistema, sino que es preciso y urgente revisarlo en profundidad.

Santiago de Munck Loyola

Una indecencia más de nuestros parlamentarios.

En un país como el nuestro en el que cada vez hay más ciudadanos atravesando situaciones verdaderamente dramáticas por culpa de esta larga crisis tan mal gestionada por el incompetente Presidente del Gobierno y en el que los índices de aprobación a la labor de la clase política son cada vez más bajos, nuestros políticos siguen haciendo gala de una falta de sensibilidad y de ética que raya en lo indecente. Bueno, más bien es simple y llanamente indecente la actitud de la clase política.

A la larga lista de indecencias, en concreto de nuestros parlamentarios, nuestros representantes, hay ahora que sumar una más. Indecente es que nuestros parlamentarios no tengan que cotizar los mismos años que los contribuyentes para cobrar una pensión máxima. Indecente es que nuestros diputados y senadores no tengan que pagar el IRPF en las mismas condiciones que los ciudadanos a los que representan gracias a una serie de excepciones fiscales hechas a medida. Indecente es que nuestros parlamentarios puedan percibir más de un ingreso de las administraciones públicas a diferencia de sus representados. Indecente es que nuestros parlamentarios y políticos en general gocen, además de sus sustanciosas retribuciones, de coches oficiales, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, descuentos en los trasportes, etc. mientras a los pensionistas se les congelan sus míseras pensiones. Indecente es, en suma, que a los privilegios propios del parlamentarismo, como es la inmunidad,  añadan sin control alguno cuantas prebendas les vengan en gana mientras la mayoría de la población ve cómo los niveles de bienestar y su calidad de vida merman por culpa precisamente de una clase política cuyos errores no son jurídicamente sancionables.

No hace mucho, el Sr. Bono, con su “tuneado” capilar, realizaba unas de sus manifestaciones en “laj que ej ejpecilijta” y nos aleccionaba a los ciudadanos sobre lo transparentes que iban a ser sus señorías en cuanto a sus bienes y posesiones. Ahora, según señala hoy el País (http://politica.elpais.com/politica/2011/07/22/actualidad/1311365339_956889.html) sus señorías han decidido que al realizar sus declaraciones de bienes no tienen que hacer constar su valor y “han optado por una descripción de los pisos y fincas de los diputados y senadores al considerar que su valor catastral puede no ser muy significativo respecto al precio real de mercado que podría tener la vivienda” y en el caso de los coches particulares, tampoco figurará su valor de compra. O sea que para sus señorías el valor catastral de un bien inmueble no es significativo. Lo es para que los ciudadanos paguemos el IBI, pero no para que sus señorías hagan un ejercicio de transparencia. Si sus señorías tienen tan claro que el valor catastral no vale ¿por qué entonces no legislan al respecto? ¿Ignoran acaso que el valor catastral se usa en el IRPF, en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en otros tributos? No, seguramente no lo ignoran, pero cualquier excusa es buena para mantener un privilegio más, para seguir practicando la indecencia política como norma de salvaguarda de sus privilegios.

Éste no es camino a seguir para que los ciudadanos podamos recuperar la confianza en la clase política. Se equivocan y montañas más altas han caído. Están abriendo, posiblemente sin quererlo, el paso a nuevas opciones políticas que desde el radicalismo y el populismo podrían mandarlos a casa con el voto de los ciudadanos. Mal camino llevan.

Santiago de Munck Loyola

El Sr. Valeriano Gómez y sus impuestos especiales.

El verano es una época del año especialmente favorable para la aparición de noticias un tanto especiales. Muchos medios de comunicación aprovechan la sequía informativa para desempolvar viejas historias o para subrayar determinados eventos que en otro momento habrían pasado desapercibidos. En otros casos, son determinados políticos los que aprovechan el hueco para lograr cierta notoriedad lanzando propuestas, globos sondas o realizando intervenciones que carecen de calado y de rigor.

Parece un poco pronto para ello considerando las fechas en las que estamos, pero lo cierto es que la propuesta lanzada ayer por el ministro de trabajo Valeriano Gómez de crear un impuesto especial para directivos de banca parece encajar en las noticias propias del verano.

Cualquiera habría pensado que D. Valeriano, experto en liquidaciones y desguaces, encajaba perfectamente en el esquema zapateril sobre empleo y que su paso por el Ministerio de Trabajo aportaría un mínimo de rigor y seriedad, pero parece que no es así. Será cosa del calor o del color político del Ministro, no se sabe, pero su propuesta veraniega es un disparate, una tomadura de pelo y, quizás, un guiño a los ex-acampados del 15-M.

Puestos a poner impuestos especiales quebrando toda clase de principios jurídicos y de garantías legales de los contribuyentes ¿por qué no poner un impuesto especial a quienes perciben una pensión mensual de 24.000 € tras sacudir los bolsillos de los ciudadanos con el canon y la Ley Sinde? ¿Por qué no un impuesto especial a los agentes de bolsa, a los directivos de empresas constructoras, a los fabricantes de armas, a los directivos de RTVE, o simplemente a los notarios? ¿Qué criterio hay que usar para crear un impuesto especial? ¿No sirve ya el IRPF en el que los parlamentarios gozan de excelentes privilegios? ¿No sería mejor, más eficaz y más justo suprimir las SICAV?

La peregrina y ministerial idea es una tomadura de pelo, un engañabobos y una hipocresía. El mismo Gobierno que permite que los directivos de las Cajas de Ahorro perciban en estos tiempos de crisis escandalosas retribuciones como las del Sr. Rato (10,5 millones de euros anuales) propone ahora un impuesto especial para directivos. Lo cierto es que el Sr. Rato cuya preparación y solvencia política están fuera de duda se convierte en directivo de Caja Madrid y de Bankia merced no a su carrera profesional dentro de la entidad financiera, sino a su trayectoria política. Y no es el suyo el único caso de políticos en la cumbre del poder financiero. A la peculiaridad de sus méritos se une el hecho de que se trata de entidades con carácter público y nutridas de ayudas y fondos públicos, provenientes de los impuestos de los españoles. De ahí que esas millonarias retribuciones sean más que cuestionables y de ahí la necesidad de que el Gobierno, en lugar de andar lanzando propuestas pintorescas, legisle lo necesario para impedir que los directivos de entidades sostenidas con fondos públicos, sean bancos, cajas o entidades como la SGAE, perciban retribuciones propias del ámbito privado. No tiene lógica que la Ministra de Economía y Hacienda gane 30 ó 50 veces menos que los directivos de las entidades a las que debe sostener y regular. El dinero público, lo gestione la administración o un banco, sigue siendo de los contribuyentes y debe ser tratado con el mismo rigor en cualquier caso. Impidan que con dinero público se cometan estos abusos y sobrarán impuestos especiales, aunque con ello pierdan la ocasión de entretener al personal con majaderías.

El Sr. Valeriano Gómez no tiene precio como liquidador. Ha terminado por hacer desaparecer cualquier atisbo de rigor intelectual y de seriedad en su ministerio.

Santiago de Munck loyola

Bono insuficiente, Aguirre incoherente.

Hoy han hecho declaraciones dos importantes dirigentes políticos, José Bono Y esperanza Aguirre, que muchos medios informativos las han relacionado como respuestas a algunas de las demandas del movimiento 15-M.

Bono ha puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar mayor transparencia en cuanto a los ingresos y bienes de los cargos públicos, apuntando la conveniencia de publicar has el patrimonio de los mismos, de suprimir los complementos de las pensiones de los parlamentarios y de una mayor observancia de la ley de incompatibilidades. Se ha quedado muy corto el Sr. Bono. Estas propuestas son claramente insuficientes respecto a la demanda, no ya del movimiento 15-M, sino de una inmensa mayoría de los ciudadanos que considera a la clase política como uno de los mayores problemas de nuestro país. Si de verdad la clase política quiere recuperar el aprecio de los ciudadanos y mejorar su valoración, lo que debe hacer es acabar con todos los privilegios que a lo largo de los años ha ido sumando a su favor: sus señorías deberían someterse al régimen general de pensiones, como todo el mundo, tributar a hacienda como cualquier ciudadano, sin los enormes privilegios de los que goza. La clase política debería hacer realidad las incompatibilidades y no sólo en cuanto a la prohibición absoluta de percibir ingresos públicos de más de una fuente, cosa que no se hace, sino también en cuanto a la ocupación de más de un cargo institucional. Ya está bien de alcaldes que son a la vez diputados o senadores: un político, una sola función y un solo sueldo. Y al que no le convenga que vuelva al sector privado. Y no hace falta que vayan publicando elk patrimonio de los cargos públicos, con que esa información sea accesible y con que se cree una Unidad Inspectora específica en Hacienda sería suficiente. Lo que es evidente es que hoy más que nunca es necesario un Estatuto de los Cargos Públicos que regule todas estas cuestiones.

Por su parte, Esperanza Aguirre ha lanzado la idea de reformar la Ley electoral madrileña para implantar el sistema de listas abiertas que permita una mayor capacidad de decisión de los electores. Sin embargo, esta propuesta queda hueca si los partidos políticos no hacen realidad el mandato constitucional del funcionamiento interno democrático. ¿De qué sirve al elector poder tachar  nombres de una lista que responde a decisiones de designación antidemocrática y no es fruto de un proceso de participación interna? El elector podrá tachar algún nombre de la lista, pero todos los componentes de la misma responderán al mismo perfil, al de quien los ha designado. No resulta por tanto coherente mantener un discurso político presuntamente liberal y simultáneamente practicar o consentir el autoritarismo dentro de su propio partido político. El reciente proceso electoral ha puesto de manifiesto que en muchos municipios los afiliados del partido Popular han tenido poco o nada que ver con la designación de los candidatos. Desde la regional madrileña se han vulnerado, en no pocas ocasiones, los Estatutos del Partido, como en Rivas-Vaciamadrid, para imponer candidatos ajenos a la organización local con el resultado final de que, en este caso, de 7 concejales elegidos tan sólo dos viven en el municipio y están vinculados con la organización local. ¿Es esto democracia interna? No puede haber nada peor para la regeneración democrática que el uso de las instituciones representativas para colocar amiguetes o agradecer favores. Y lo mismo ha ocurrido en muchos otros puntos de España donde las cúpulas regionales o provinciales han ignorado a las bases del partido. Por tanto, la mejora de la calidad de nuestra democracia solo puede pasar por la mejora de la democracia interna de los partidos políticos. Todo lo que no sea así son brindis al sol destinados más bien a lavar la cara que a sanear, de verdad, nuestro sistema democrático.

Santiago de Munck Loyola.

EL ASQUEROSO PLUMERO DEL SR. DURAN I LLEIDA.

Me quedé de piedra al escuchar al Sr. Durán i Lleida en el telediario opinando a propósito de los privilegios de los parlamentarios en materia de pensiones: "Hay que defender la dignidad; si ustedes quieren que aquí venga, simplemente, gente que no tenga ni un... nada de propiedad y ustedes, no usted como periodista, sino como sociedad en general, pretenden que esta cámara sea al final una cámara de funcionarios y de gente pobre, vamos por el peor de los caminos". ¡Toma ya! Más tarde empezó a matizar estas tremendas palabras: señaló que debería haber utilizado la expresión de gente "con pocos recursos" y que "se trata de saber si queremos tener buenos políticos porque, de no ser así, a la política solo acudirían personas por razones económicas o porque saben que hacerlo no les comportará la pérdida del puesto de trabajo y el riesgo de volver a empezar cuando acaban esta actividad".

O sea que para el Sr. Durán i Lleida los parlamentarios deben ser ricos, gente con tantos recursos que una vez terminada su etapa política no tengan problemas para reincorporarse a sus ocupaciones habituales. Ni funcionarios, ni pobres. ¡Faltaría más!

Si es así, si lo mejor es que los parlamentarios sean ricos ¿para qué necesitan entonces tantos privilegios? ¿Para ser más ricos aún? ¿Por qué necesitan montarse un sistema de pensiones exclusivo a costa del bolsillo de los contribuyentes? ¿Por qué gozan de un sistema fiscal privilegiado que les permite tributar como mileuristas? ¿Por qué su teléfono o su ordenador personal se lo pagamos todos los ciudadanos?

El Sr. Durán se pegunta si de lo que se trata es de tener buenos políticos y la respuesta es obvia: pues claro. Y para ello no hacen falta privilegios, para tener buenos políticos, buenos parlamentarios no hace falta una buena cuenta corriente. Hace falta más honestidad, menos privilegios, más trasparencia y, sobre todo, una mayor identificación de los representantes con los representados.

Nadie se opone a que los señores parlamentarios gocen de unas retribuciones dignas, pero de ahí a abusar de su posición para legislar en provecho propio, como vienen haciendo desde hace décadas, hay un abismo. Y los privilegios de sus señorías existen. La constitución española en su artículo 71 sólo establece dos privilegios, dos garantías, para el correcto ejercicio de las funciones parlamentarias: la inmunidad y la inviolabilidad. Todos los demás privilegios de los que gozan sus señorías se los han concedido ellas mismas y no son, ni mucho menos, necesarios para el desempeño de sus tareas. Y frente a estos privilegios se alza, con preferencia, el principio constitucional de igualdad ante la Ley y eso, Sr. Durán i Lleida, incluye la Ley General Tributaria o la legislación sobre pensiones.

Claro que los ciudadanos queremos tener buenos políticos y ser funcionario o pobre no es un obstáculo para ello, diga lo que diga este lenguaraz nacionalista catalán. Al revés, el hecho de que en las Cortes se puedan sentar ciudadanos normales y corrientes que tengan presente, por ejemplo, lo que supone llegar a fin de mes sería seguramente mucho más saludable e higiénico desde un punto de vista democrático que mantener a toda una casta política absolutamente corporativista y endogámica. Tanto que se viene negando de forma sistemática a reformar una legislación electoral que permite a los partidos perpetuar en los escaños a miembros de esa misma casta, de modo que se impida una mayor vinculación entre los electores y sus representantes y, por tanto, la existencia de responsabilidad electoral con los ciudadanos.

Al Portavoz nacionalista se le ha visto el plumero y es francamente asqueroso, pero no ha hecho más que expresar en voz alta lo que con más prudencia piensan muchos de sus compañeros de escaño, sean del partido que sean.

Santiago de Munck Loyola