Mal lo debe estar pasando
la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a causa de su situación procesal como
imputada tras las graves acusaciones formuladas contra ella, como le pasaría a
cualquiera en sus mismas circunstancias. Hay que subrayar, para evitar
interpretaciones erróneas, que, al día hoy, la Alcaldesa de Alicante es
inocente de cualquier delito. Está imputada por cuatro delitos cuya comisión
deberá ser probada por quienes la acusan en sede judicial, pero su presunción
de inocencia es y debe ser absoluta o se quebraría uno de los pilares esenciales
de nuestro sistema de garantías judiciales. Quizá ahí radique la explicación de
su actitud a la hora de encarar su situación personal y política, en el íntimo
convencimiento de que siendo inocente no debe asumir responsabilidad política
alguna y, por tanto, no debe apartarse del cargo que ocupa. Y ojalá le salgan bien las cosas. Pero esta actitud,
comprensible desde un punto de vista personal y humano, tiene sin embargo unas
claras consecuencias políticas negativas tanto para ella como para el Partido
Popular.
Está fuera de toda duda
que la imputación de la Alcaldesa y, consecuentemente, la publicación y
difusión de cada uno de los trámites judiciales está haciendo un gran daño a la
imagen del partido que la llevó a ocupar el primer sillón de la Casa
Consistorial. No son pocos los militantes populares que, además, sienten
vergüenza ajena al leer las transcripciones de las conversaciones telefónicas
aportadas en el procedimiento judicial. Negar esta evidencia sería una muestra
de irresponsabilidad política. Y este daño se agranda cuando se percibe la
existencia de un doble discurso en determinados ámbitos del Partido Popular.
Se exigen dimisiones de imputados de otros partidos políticos y se modulan esas
peticiones cuando afectan a los compañeros de partido. No es sostenible en modo
alguno que el Presidente Fabra haya establecido un claro criterio sobre las
imputaciones de cargos políticos y que dicho criterio no sea recordado en todos
y cada uno de los casos. Y si subimos al ámbito nacional, contrastan actitudes
como la de Pedro Calvo, concejal del Ayuntamiento de Madrid, que dimitió a las
tres horas de ser imputado en el caso Madrid Arena con las actitudes de nuestro
entorno más próximo.
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Existe un doble discurso
en estos temas que incluso se visualiza en algunas actuaciones de la propia
cúpula del Partido Popular de la Provincia de Alicante. El pasado día 16 de
noviembre, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, manifestaba que si él "estuviese en una situación de
cualquier tipo de imputación" como la de la alcaldesa de Alicante y
diputada autonómica, Sonia Castedo, su "decisión
personal" seria dejar todos sus cargos. Y añadió algo que es de cajón:
que "con la actual legislación
electoral española, las actas de un diputado, de un concejal o de un alcalde no
son ni de los partidos políticos, ni de los gobiernos, son de las
personas" y, por tanto, "son
las personas quienes toman las decisiones, evidentemente dentro de la legalidad
porque la ley electoral así les faculta, y son decisiones enteramente
personales". Que se trata de una decisión personal del imputado es
evidente, pero lo es en el caso de Sonia Castedo y en el de cualquier imputado
de otros partidos y ello, sin embargo, no impide a los dirigentes populares que
en estos últimos casos pidan siempre la dimisión del acusado. ¿Por qué no en
este caso? ¿Por qué el Presidente Provincial no lo pide como en los demás
casos? Otra cosa será que la Alcaldesa, en el ejercicio de sus derechos, decida o no atender esa petición, pero a
los electores, a los ciudadanos y a los militantes del PP les quedaría muy clara la doctrina del
PP al respecto. A pesar de lo anterior, estas declaraciones del Presidente
Ciscar han venido siendo interpretadas por algunos medios de comunicación y
comentaristas políticos como un claro distanciamiento de la dirección
provincial popular respecto al enrocamiento de la Alcaldesa.
Pero resulta sorprendente
que este supuesto distanciamiento de la dirección provincial vaya acompañado de
la presencia y presidencia del Secretario General Provincial, la mano derecha
de Ciscar, en la cena de auto homenaje (dicen las malas lenguas que concejales
y asesores tenían la obligación de “colocar” 20 invitaciones cada uno)
celebrada el mismo día 16 de noviembre en Alicante, lo que evidentemente abona
la tesis de la existencia de un doble discurso y supone, cuando menos, un
enorme desconcierto para la militancia popular. Si el Secretario General
Provincial asistió a dicha cena a título personal, como un simple amigo de
Sonia Castedo que se solidariza con su dura situación personal, nada que
objetar salvo que no se debería haber sentado en la mesa presidencial, sino en
cualquier otro lugar, como cualquier amigo de la Alcaldesa. Pero no fue así. Se
sentó en la Mesa Presidencial por lo que muchos podrán entender o que la
Dirección Provincial apoya la estrategia de la Alcaldesa pese a estar imputada
o que el Secretario General va por libre. Mal en cualquiera de las dos
posibilidades.
Sinceramente se están
haciendo mal las cosas y si se están haciendo bien se comunican francamente
mal. En temas tan importantes no puede existir un doble lenguaje, dos varas de
medir, ni gestos que puedan inducir a interpretaciones erróneas. ¿Cree la
dirección provincial popular que la Alcaldesa debe dimitir? Díganlo ya. ¿Se lo
ha pedido o se lo va a pedir? La doctrina clara y los mensajes inequívocos
porque los tiempos están más que revueltos hasta para las dimisiones.
Santiago de Munck Loyola
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