¡Manda huevos! Con la candidatura alicantina del PP.

La elaboración de las candidaturas de los partidos políticos, sean para la convocatoria que sean, siempre conlleva tensiones en las organizaciones políticas y terminan deparando, en muchas ocasiones, sorpresas, unas agradables y otras no tanto.

Y sorpresa, no precisamente agradable, es la que más de uno se ha llevado al conocer las informaciones que en el día de hoy se han publicado en torno a la candidatura del PP para las próximas elecciones generales del 20-N (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/10/14/pp-auna-sectores-lista-20-n/1178496.html) y ello a pesar de la presencia en la misma de personas de contrastada capacidad y experiencia como Macarena Montesinos.

Pase que no se considere la opinión de los afiliados y militantes del Partido Popular de Alicante para elaborar las listas. Así lo establecen los Estatutos del Partido y cuando uno se afilia debe conocerlos y respetarlos. Ya se sabe, los afiliados y militantes del Partido Popular de Alicante o de cualquier Provincia están para pagar la cuota, para ser apoderados e interventores el día de las elecciones y para rellenar los actos públicos cada vez que se les convoca. Pero no valen ni para opinar sobre quién ha de representar a los alicantinos en el Congreso o el Senado ¡faltaría más! Y, en ocasiones, los afiliados o militantes no pueden opinar en libertad porque te pueden eliminar de la página del Partido de Facebook y ya se sabe lo que ocurre con Facebook: o estás o es como si no existieras o, al menos, eso creen algunos mentecatos.

Para hacer la lista están los que están, aunque no sean ni siquiera miembros del Comité electoral pertinente. No son pocos los que intentan, y en ocasiones consiguen, meter la cuchara en el plato de la lista electoral. Unas veces es Madrid, desde la Calle Génova, quien decide quien encabeza la lista de una Provincia. Siempre hay alguien al que colocar y aunque su vinculación con la Provincia sea escasa o su dedicación al partido provincial sea nula se les sitúa en cabeza. Es de suponer que por razones de estado que al común de los mortales se nos escapan. Otras veces es desde las Casas Consistoriales con peso desde donde se procura buscar un hueco en la lista para algún conocido o amigo. Otras es desde Valencia. En definitiva que desde muchos sitios distintos se procura, se intenta y se consigue un puesto para alguien afin. Claro que todo ello sería asumible, un amargo cáliz que tragar, si las razones a tan variopintas intervenciones fueran la defensa mejor de los intereses de los alicantinos.

Pero cuando se constata que un determinado nombre es incorporado en la lista para compensarle por haber cedido el puesto del puerto a Ripoll, otro porque es familiar de no sé quienes, otra como Amparo Ferrando porque hizo el trabajo sucio que alguien le encomendó pidiendo el voto contra el PP en las últimas elecciones municipales y finalmente, la guinda, porque se trata de la secretaria de Federico Trillo y éste la ha impuesto pues ¡manda huevos!

Ya en tiempos Federico Trillo nos obsequió con el fulgurante ascenso de la pluriempleada Adela Pedrosa que, afortunadamente y vista su labor en el Congreso, no repite esta vez y ahora nos coloca a los alicantinos a Dª Julieta De Micheo Carrillo de Albornoz, con tan largo e ilustre apellido como inexistente curriculum profesional, al menos, en las redes sociales. ¿Su mérito? Ser Secretaria de D. Federico. ¿Su vinculación con Alicante? Muy escasa. ¿Con el PP de Alicante? Ninguna.

Sinceramente, la utilización de los cargos públicos representativos para satisfacer cuestiones y agradecimientos personales y no para servir a los ciudadanos representados resulta deleznable y constituye la antitesis de lo que una sana regeneración democrática debería suponer. Estas prácticas caciquiles merecen la máxima repulsa y rechazo. Pase tener que admitir candidatos paracas o semiparacas, pero tener que admitir además a su equipaje resulta demasiado. ¿No se merecen un mínimo de respeto las bases del Partido Popular y los alicantinos en general? Esta vez y por primera vez un servidor se va a replantear su voto para la lista del Congreso. ¡Qué remedio!

Santiago de Munck Loyola.

El debate sobre el estado de la Nación.

Hoy se inicia, una vez más, el debate parlamentario sobre el estado de la Nación. Se supone que de la Nación española, ese concepto discutido y discutible según el Presidente Rodríguez Zapatero. Asistiremos, una vez más, al ritual habitual: discursos autocomplacientes, reproches, insultos, descalificaciones, pateos en las distintas bancadas y votación final de iniciativas que raramente se cumplen. Se abren las apuestas: ¿ganará Zapatero? ¿ganará Rajoy? Pues ganarán todos, como siempre, menos la Nación.

No hay que ser un lince para realizar un diagnóstico sobre el estado de nuestra Nación, la española,  aunque ni en éso serán capaces de ponerse de acuerdo nuestros representantes. Y mucho menos aún para prescribir un tratamiento adecuado a las graves dolencias de España.

Nuestra nación está enferma, muy enferma. No se trata sólo, con ser importante, del grave estado de nuestra economía expulsada de la “champions league” de las economías, de los cinco millones de desempleados, de la desbordante deuda financiera de las administraciones públicas, de los recortes sociales impuestos por el gobierno socialista o de la entrada de los terroristas en las instituciones del País Vasco.

Nuestra Nación está enferma, muy enferma, y los síntomas, como el propio concepto de Nación, son mucho más amplios y profundos. Los síntomas de la enfermedad se manifiestan en las actitudes y valores de la sociedad que forma parte de esa Nación.

Lo políticamente correcto ha sustituido a lo éticamente irrenunciable. El relativismo absoluto empuja a la eliminación de valores y principios mínimos. El respeto a las creencias religiosas ha dado paso a la intolerancia y a la burla pública. La reconciliación entre los españoles es sustituida por el rencor y la revancha. Las obligaciones han venido a ser sustituidas por la preeminencia de los derechos. La responsabilidad personal ha dado paso a la reivindicación permanente del subsidio y del auxilio estatal. La autonomía familiar y la responsabilidad educativa por la intromisión y la tutela de los poderes públicos. La igualdad en derechos ha laminado el principio del mérito y del esfuerzo individual. Las cuotas han abierto el camino a la incompetencia. La existencia de la responsabilidad social del empresario es ignorada y sustituida por el beneficio puro y duro. Las legítimas reivindicaciones laborales se truecan por subvenciones. El respeto y la veneración a los mayores por su marginación social y familiar. El disfrute de los hijos por sucesivas colocaciones lejos del hogar. La ejemplaridad de la clase dirigente por privilegios constantes. La democracia de los partidos por la burocracia endogámica. La caridad por turismo solidario. El voluntariado social por chiringuitos de colocaciones. El ahorro y el esfuerzo por el pelotazo a todos los niveles.

¿Y cómo va a estar la Nación? Pues mal. Porque sobre todo lo anterior se pretende construir una política cada vez más alejada de los males profundos que afectan a la sociedad. Porque nuestra clase política, anclada en permanentes privilegios, está cada vez más lejos de la realidad de nuestras calles. Porque las Instituciones democráticas en manos de esa clase política cada vez sirven menos a los ciudadanos y más a los dirigentes políticos.

Podrá cambiarse el tratamiento para la enfermedad, pero como se limite a los aspectos visibles de la misma será ineficaz.

Santiago de Munck Loyola.

15 M: a mi no me representan.

Hace unos días, la exministra María Antonia Trujillo, a propósito del movimiento 15 M, decía en un medio de comunicación que los gobiernos tenían que escuchar la voz del pueblo que se expresaba a través de este movimiento. Ella, al igual que muchos otros, otorgaba al movimiento 15 M una representatividad que no se corresponde en absoluto con la realidad y la legalidad. Resulta paradójico que quienes reivindican una “democracia real” ya traten de erigirse en portadores y valedores de unas aspiraciones que no están representadas, salvo excepciones, en las instituciones democráticas.

Cien o doscientas mil personas en la calle no son ni pueden ser la expresión de la voz del pueblo y menos aún de la soberanía popular salvo que se pretenda suplantar el sistema democrático constitucional.

Los llamados indignados son muy libres de gritar que los legítimos representantes del pueblo, los cargos públicos electos, no les representan. Pero su declaración de apostasía sobre los legítimos representantes del pueblo no les confiere derecho alguno de representatividad ni legal ni formal. Y menos aún cuando hace poco más de un mes más de 22 millones de ciudadanos han otorgado su voto y confianza a los cargos públicos electos municipales y autonómicos.

Durante los últimos años, las calles y plazas españolas se han llenado esporádicamente de cientos de miles o millones de indignados. Unos estaban indignados con la política entreguista y negociadora del PSOE con ETA, otros estaban indignados con la liberalización del aborto o con la política educativa del Gobierno o contra el paro galopante. Pero ni estos indignados representaban la voz y voluntad de la ciudadanía, ni los gobernantes de turno exhibieron respecto a ellos y a sus reivindicaciones la sensibilidad y deferencia de trato que ahora parecen dispuestos a desarrollar respecto a los indignados del 15 M. Es evidente que este trato tan distinto obedece a múltiples causas, algunas de las cuales más próximas a móviles electorales poco confesables que a súbitas reconversiones ideológicas.

Somos muchos los indignados con muchas y variadas cuestiones y males que afectan a nuestra sociedad y a la calidad democrática de nuestro sistema político: una política económica torpe, balbuceante e ineficaz para generar empleo y bienestar, unos partidos políticos mantenidos artificialmente mediante subvenciones públicas, endogámicos y con un funcionamiento interno escasamente democrático, unos sindicatos dóciles y subvencionados, una clase política cargada de privilegios aislada de las necesidades y preocupaciones ciudadanas, una clase bancaria y empresarial ostentosa e insolidaria en tiempos de crisis, un clan de artistas y pseudo intelectuales ávidos de la subvención pública vendidos al poder con la ceja en alto, una legislación hipotecaria injusta e inmoral, una ley electoral injusta, etc. Pero, hoy por hoy, el cauce más democrático para transmitir nuestras indignaciones está en las urnas, ese denostado invento cuyo más noble fin para algunos era el de ser destruidas. No hay democracia alternativa fuera de las urnas. Otras vías solo conducen al totalitarismo y a la imposición.

Es lo que hay y aunque algunas de las reivindicaciones del 15 M pueda compartirlas y desearlas, solo puedo decir que mi no me representan. Yo he elegido a mis representantes en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

Bono insuficiente, Aguirre incoherente.

Hoy han hecho declaraciones dos importantes dirigentes políticos, José Bono Y esperanza Aguirre, que muchos medios informativos las han relacionado como respuestas a algunas de las demandas del movimiento 15-M.

Bono ha puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar mayor transparencia en cuanto a los ingresos y bienes de los cargos públicos, apuntando la conveniencia de publicar has el patrimonio de los mismos, de suprimir los complementos de las pensiones de los parlamentarios y de una mayor observancia de la ley de incompatibilidades. Se ha quedado muy corto el Sr. Bono. Estas propuestas son claramente insuficientes respecto a la demanda, no ya del movimiento 15-M, sino de una inmensa mayoría de los ciudadanos que considera a la clase política como uno de los mayores problemas de nuestro país. Si de verdad la clase política quiere recuperar el aprecio de los ciudadanos y mejorar su valoración, lo que debe hacer es acabar con todos los privilegios que a lo largo de los años ha ido sumando a su favor: sus señorías deberían someterse al régimen general de pensiones, como todo el mundo, tributar a hacienda como cualquier ciudadano, sin los enormes privilegios de los que goza. La clase política debería hacer realidad las incompatibilidades y no sólo en cuanto a la prohibición absoluta de percibir ingresos públicos de más de una fuente, cosa que no se hace, sino también en cuanto a la ocupación de más de un cargo institucional. Ya está bien de alcaldes que son a la vez diputados o senadores: un político, una sola función y un solo sueldo. Y al que no le convenga que vuelva al sector privado. Y no hace falta que vayan publicando elk patrimonio de los cargos públicos, con que esa información sea accesible y con que se cree una Unidad Inspectora específica en Hacienda sería suficiente. Lo que es evidente es que hoy más que nunca es necesario un Estatuto de los Cargos Públicos que regule todas estas cuestiones.

Por su parte, Esperanza Aguirre ha lanzado la idea de reformar la Ley electoral madrileña para implantar el sistema de listas abiertas que permita una mayor capacidad de decisión de los electores. Sin embargo, esta propuesta queda hueca si los partidos políticos no hacen realidad el mandato constitucional del funcionamiento interno democrático. ¿De qué sirve al elector poder tachar  nombres de una lista que responde a decisiones de designación antidemocrática y no es fruto de un proceso de participación interna? El elector podrá tachar algún nombre de la lista, pero todos los componentes de la misma responderán al mismo perfil, al de quien los ha designado. No resulta por tanto coherente mantener un discurso político presuntamente liberal y simultáneamente practicar o consentir el autoritarismo dentro de su propio partido político. El reciente proceso electoral ha puesto de manifiesto que en muchos municipios los afiliados del partido Popular han tenido poco o nada que ver con la designación de los candidatos. Desde la regional madrileña se han vulnerado, en no pocas ocasiones, los Estatutos del Partido, como en Rivas-Vaciamadrid, para imponer candidatos ajenos a la organización local con el resultado final de que, en este caso, de 7 concejales elegidos tan sólo dos viven en el municipio y están vinculados con la organización local. ¿Es esto democracia interna? No puede haber nada peor para la regeneración democrática que el uso de las instituciones representativas para colocar amiguetes o agradecer favores. Y lo mismo ha ocurrido en muchos otros puntos de España donde las cúpulas regionales o provinciales han ignorado a las bases del partido. Por tanto, la mejora de la calidad de nuestra democracia solo puede pasar por la mejora de la democracia interna de los partidos políticos. Todo lo que no sea así son brindis al sol destinados más bien a lavar la cara que a sanear, de verdad, nuestro sistema democrático.

Santiago de Munck Loyola.

El déficit democrático español: el País Vasco.

Resulta muy frecuente escuchar a tertulianos políticos asegurar que los resultados electorales que se producen en el País Vasco son la expresión de la voluntad del pueblo vasco y que, por tanto, las instituciones que allí se constituyen ostentan una legitimidad democrática indiscutible. Esta afirmación y otras similares son tan habituales que en la mayoría de los casos no suelen ser discutidas. La opinión pública, en general, admite como válidas estas afirmaciones sin más. Llevamos décadas admitiendo que hay democracia en el País Vasco y que éste cuenta con instituciones legítimas. Se trata, sin duda, de una ficción política admitida por la mayoría pero que no se corresponde con la realidad política y social.

Existen numerosas teorías plasmadas en cientos de libros de politólogos, sociólogos o filósofos sobre conceptos tales como democracias, sistemas políticos, legalidad o legitimidad. Sin entrar en ellas ni en las distintas clasificaciones o grupos existentes, es posible subrayar algunos elementos o nociones básicas que nos permiten afirmar sin temor a equivocarse que en el país Vasco no existe una democracia real y que sus instituciones padecen un fuerte déficit de legitimidad democrática. Y a estas mismas conclusiones permite llegar el simple sentido común.

Para que unas instituciones puedan ser consideradas legítimas en su origen, y sin entrar ahora en el tema de la legitimidad en el ejercicio, es necesario que el proceso en virtud del cual se constituyen reúna una serie de requisitos esenciales, sin los cuales no es posible hablar de democracia. La democracia se convierte en una palabra hueca y puramente formal si los derechos de reunión, de asociación, de expresión, de residencia, de sufragio activo y pasivo no son respetados en su integridad. Es evidente y no es posible afirmar lo contrario que el ejercicio de estos derechos en el País Vasco no es posible desde hace décadas. Quienes lo han intentado o lo intentan han pagado un precio muy alto o lo pueden pagar en el futuro: la marginación social y laboral, la violencia sobre sus bienes o sus personas, el exilio o la propia vida. El ejercicio pleno de estos derechos básicos que cualifican y califican a una democracia no es posible en el País Vasco y lo es menos cuanto menor sea el ámbito territorial donde se pretendan ejercer. Cuando hay personas que no pueden desarrollar su actividad empresarial sin tener que pagar un chantaje a unos extorsionadores, cuando en muchos pueblos hay vecinos que no se atreven a concurrir a las elecciones municipales, cuando existen personas que deben ocultar sus inclinaciones políticas para encontrar trabajo o no perder el que tienen, cuando los medios de comunicación deben medir sus palabras por temor a recibir un paquete bomba en sus redacciones o por el simple recuerdo de periodistas asesinados o cuando la policía debe ocultar su rostro, afirmar que allí existe la democracia es un sarcasmo.

Si además se tiene en cuenta que los resultados electorales son los que son gracias a que 250.000 vascos se han tenido que exiliar por temor a ser asesinados y que no han podido votar, entre otras cosas, porque hasta el día de hoy ningún gobierno se ha preocupado de articular un sistema seguro para que puedan ejercer su derecho a decidir sobre el futuro de su tierra, es evidente que las instituciones municipales, provinciales o regionales carecen de una legitimidad plena.

El que quiera seguir creyendo que allí hay democracia que lo haga, pero la realidad es mucho más dura de lo que esa ficción tan extendida pretende hacernos creer. Y esta realidad sí que es un buen motivo para indignarse. Es mejor despertar y aceptar la realidad para poder enderezar el rumbo y garantizar con la ley en la mano los derechos de tanta gente.

Santiago de Munck Loyola