El Sr. Luna y la Ley del Embudo.

La semana pasada, en las diligencias previas que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y tráfico de influencias, el diputado socialista y vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas, Ángel Luna, fue imputado en el caso Novo Cartago. En este caso, se está investigando la posible existencia de determinadas conductas irregulares en el proceso de construcción de 3.000 viviendas en una zona protegida del litoral de la región de Murcia. El Diputado autonómico socialista fue citado a declarar el próximo 3 de octubre, pero al tener conocimiento de su condición de diputado, el juez que instructor dictó providencia para requerir al secretario de las Cortes Valencianas para que confirme la condición de aforado de Ángel Luna.

La imputación de Ángel Luna tiene que ver con su trabajo como asesor urbanista para Hansa Urbana, la empresa que desarrolló el proyecto de Novo Cartago en donde se proyectaron más de 3.000 viviendas en una zona del litoral cartagenero catalogada como espacio protegido. Tal y como ocurre en éstos casos, el diputado socialista se mostró absolutamente perplejo y manifestó que "todas las imputaciones no son iguales". ¡Acabáramos! Después de escuchar hasta el aburrimiento al Sr. Luna, con lanzamiento de piedras incluido, y a sus conmilitones uno había llegado al convencimiento de que todas las imputaciones eran iguales, al menos a efectos de dimisiones. Pero no, el Sr. Luna, tratándose de si mismo, ha descubierto que no y dice ahora exactamente lo mismo que dicen muchos de sus adversarios políticos cargados también con el estigma de la imputación. Notable contribución la del Sr. Luna y los suyos al restablecimiento del diálogo y consenso con el Partido Popular. Ni todos los imputados son iguales, ni tampoco todas las imputaciones. Y no, no se trata de que el Sr. Luna practique la Ley del Embudo, tan frecuentemente usada por su partido. Tan sólo se trata de una pequeña aportación más al discutido y discutible concepto, como diría aquél, de la regeneración democrática. ¡Uff… perdón! se me ha escapado la palabrita maldita. Ya se sabe, según el diputado popular Felipe del Baño, propugnar la regeneración democrática en el Partido Popular es motivo de expulsión del partido. Sobre todo, si quien la esgrime es un afiliado de base, no un alto cargo del partido en cuyo caso el “líder” contará con el entusiasta aplauso del Sr. del Baño. Como decía Groucho Marx “éstos son mis principios pero si no le gustan tengo otros”.

Buena la van a tener mañana en las Cortes Valencianas en las que se desarrollará el debate sobre el estado de la región. Porque, aunque le pese al Sr. Puig y sus compañeros tan favorables al “derecho a decidir” de los independentistas y anexionistas de Cataluña, seguimos siendo una Comunidad Autónoma diferenciada. Según los analistas uno de los tres temas importantes del debate será la “regeneración democrática” (con permiso del Sr. del Baño y demás miembros del Comité de Derechos y Garantías del PPCV). Y vamos a asistir, casi con absoluta seguridad, al habitual “y tú más” o al “pío, pío que yo no he sido”. Unos se encaminan hacia el desastre electoral y otros también. No estaría de más que entre ambas fuerzas políticas mayoritarias hicieran un ejercicio mínimo de responsabilidad y honestidad intelectual y política para dejar de usar la corrupción como arma arrojadiza y estableciesen unas bases mínimas, en sintonía con las reformas anunciadas el viernes en el Consejo de Ministros, para combatirla con eficacia. Y en este campo deberían empezar por definir de una vez y de forma clara el momento en el que un acusado debería dejar sus responsabilidades políticas sea la imputación, la apertura de juicio, etc. Una regla clara e igual para todos, sea del partido que sea. Pero lo que no vale, lo que resulta un insulto a la inteligencia ciudadana es seguir exigiendo a los demás lo que uno no está dispuesto a aplicarse a si mismo. Y, sobre todo, deberían recordar que no hay regeneración democrática sin regeneración previa de quienes deben llevarla a cabo, es decir, de los partidos políticos y eso sólo pasa por más democracia interna y más participación. Sin eso, lo demás son zarandajas.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Alonso contra Aguirre.

Hace unos días, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, publicaba en su Blog un interesante artículo titulado "Ha llegado la hora" en el que desarrollaba algunas reflexiones sobre la necesidad de aumentar el protagonismo y la capacidad de decisión de los militantes del Partido Popular. Señalaba que “ha llegado la hora de remover las aguas demasiado quietas de la vida interna de los partidos" y, reclama implantar un sistema electoral con listas abiertas y primarias para designar candidatos.

Esperanza Aguirre dice que “con el actual sistema que impera en los partidos a la hora de designar a los candidatos a las elecciones resulta que, para lograr ser candidato, es más importante cuidar a los líderes y a las cúpulas de los partidos, que son los que elaboran las listas, que ocuparse de los ciudadanos, que son los que votan”. Y consecuentemente la Presidenta Popular madrileña señala que “en España, por el contrario, todos los políticos tienen claro que deben sus puestos (y su sueldo) a las cúpulas de los partidos que los ponen en las listas, y por eso es tan difícil encontrar una voz ni mínimamente crítica hacia esas cúpulas por parte de los políticos que les deben el puesto”. Añade también Esperanza Aguirre que “nadie quiere conocer de verdad la opinión y las ilusiones de esos miles de militantes que lo dan todo por los ideales y por los objetivos de su partido, que llenan las plazas de toros y los estadios de fútbol para apoyar a sus líderes, que trabajan desinteresadamente en las campañas electorales, que son interventores y apoderados en las elecciones, y que defienden las posiciones de su partido siempre que tienen que hacerlo. También sería un chorro de aire fresco arbitrar los sistemas adecuados para que esas opiniones de los militantes de base lleguen a conocerse en las cúpulas de los partidos. Y no cabe duda de que las primarias para designar candidatos podrían ser uno de esos sistemas”.

En definitiva, las reflexiones de Esperanza Aguirre, que coinciden plenamente con las propuestas de quienes promovemos la regeneración democrática de la vida política, apuntan a la necesidad de introducir importantes cambios organizativos internos en el Partido Popular que significan más democracia interna, más responsabilidad ante los electores y más participación de los militantes. Se trata de propuestas llenas de sentido común y de carácter plenamente democrático que merecen, al menos, debate y reflexión.

Sin embargo, hoy, el Portavoz Popular Alfonso Alonso, en su papel de guardián de la ortodoxia, se ha apresurado a despacharlas sin esgrimir el más mínimo sentido autocrítico. Según Alonso el PP cuenta ya con un sistema para la designación de los miembros de los órganos de dirección y de los candidatos, un sistema que, según él, ha sido decidido por los militantes. Alonso ha añadido que establecer primarias en el Partido Popular es una decisión que tienen que tomar sus militantes recordando que en el último congreso popular este asunto se planteó y se apostó por un sistema "que no era exactamente el de primarias" como el que propone Aguirre. Y ha añadido que esta propuesta de primarias se debe plantear "donde corresponde", esto es, "en los congresos para que pueda ser decidido por los militantes" del PP.

Pues bien, el Sr. Alonso debería saber que, hoy por hoy, el único foro en el que los militantes y simpatizantes del Partido Popular pueden debatir en libertad, si no te expediente el propio PP, está en la calle, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hablar y debatir sobre primarias o listas abiertas no es malo y lo importante es que si alguno de estos temas o cualquier otro llega un día a otro congreso nacional sea después de un amplio y largo debate. Cualquier militante popular sabe, y el Sr. Alonso lo debería saber también, que la democracia interna en el Partido Popular es mejorable y nadie que no tema perder su posición debería tener miedo a ello. Al día de hoy, los militantes del Partido Popular no eligen en ningún nivel del mismo a sus candidatos a las elecciones locales, autonómicas, nacionales o europeas. Los candidatos siempre son designados por una instancia superior. El 90 % de los conflictos internos y rupturas del PP en muchos municipios se debe a que desde la instancia superior, provincial o autonómica, o bien se designan a candidatos sin liderazgo local o bien se fuerza la inclusión de advenedizos en las listas o bien se veta la presencia de determinadas personas. Pero nunca y basta repasar los Estatutos del Partido Popular para saber que no son los militantes los que eligen a los candidatos.

Algo parecido ocurre cuando se trata de elegir a los cargos orgánicos del Partido. Sólo a nivel local, los militantes tienen la oportunidad de elegir a sus Presidentes y siempre que no ocurra como ocurre en Alicante cuando en algunas ocasiones de interfiere en el proceso electoral anulando candidaturas, anulando elecciones o exigiendo al afiliado que esté al corriente de pago de la cuota en unos casos y en otros no. Por cierto, es muy curioso que al militante se le exija estar al corriente de pago de la cuota para poder votar pero no se le exija lo mismo cuando se le requiere para que sea apoderado o interventor en las elecciones. Y si subimos un escalón se acabó la participación del militante. Entra en juego entonces la figura del compromisario, esa especie de delegado que votará lo que personalmente le plazca o le manden desde arriba pero que no tendrá mandato de sus electores. Y hay ocasiones, como en la ciudad de Alicante, donde ni se comunica a los afiliados que pueden ser compromisarios o que pueden elegir a compromisarios porque las plazas de compromisarios para un congreso (los que han de aprobar las ponencias o elegir a los líderes) ya están repartidas mediante pasteleo entre las diferentes “familias y sensibilidades” de la ciudad, tal y como en una ocasión me comunicó el Secretario General Provincial, José Juan Zaplana. Por tanto, no es del todo correcto afirmar que en los congresos del PP son los militantes del Partido los que toman las decisiones. Es más, el militante hoy por hoy no tiene derecho a presentar enmiendas a las ponencias en los congresos del PP.

Hay un gran margen de maniobra para profundizar en la democracia interna y en la participación del militante. Hoy resulta anacrónico que un militante no pueda asistir y votar en el congreso del Partido a través de las redes sociales y que tenga que estar representado por un compromisario al que, en muchos casos, ni ha elegido o que no pueda enviar telepáticamente sus enmiendas. ¿Por qué en un Partido con cientos de miles de afiliados éstos no pueden elegir directamente a sus líderes habiendo como hay medios informáticos para hacerlo? ¿Por qué se sigue usando un sistema de representación piramidal que filtra la voluntad del afiliado a través de delegados? No hay razones técnicas ni prácticas para ello. Profundizar en la democracia no sólo es bueno sino necesario para recuperar la confianza ciudadana y para regenerar el sistema político. Sólo es cuestión de principios y de voluntad política. Un servidor está con Esperanza Aguirre.

Santiago de Munck Loyola

¡Que viene el coco!

En cualquier evento que el PPCV organiza al que asistan cargos públicos del mismo, sus dirigentes están trasladando dos mensajes fundamentales para que sean transmitidos a los votantes populares. De una parte, se están dando instrucciones para transmitir el peligro, al que algunas encuestas ya apuntan, de que en un futuro no muy lejano pueda peligrar la mayoría absoluta del PPCV y que en su lugar pueda consolidarse un tripartito. Y que, por consiguiente, frente al previsible desbarajuste y retroceso que pudiera suponer un gobierno tripartito sólo hay una alternativa sólida y solvente, la que representa el Partido Popular. Se trata, en definitiva, de poner en guardia a los votantes populares frente a esa hipótesis y, con ello, conseguir su movilización. A nadie se le escapa que todas las encuestas marcan, al día de hoy, una tendencia a la baja del Partido Popular y, no lo olvidemos, también del PSPV, tercera pata de ese hipotético tripartito que sigue sumido en su profunda división interna y en su falta de liderazgo y de proyecto político para nuestra Comunidad. Y también es sabido que no es fácil modificar las tendencias electorales. Pero, en todo caso, lo que hay que tener en cuenta y lo que, de verdad, debería mover a la reflexión es que el partido que más está creciendo en intención electoral es el de la abstención, el partido de los desencantados, de los indignados y el de los engañados por una clase política que no sabe ni puede estar a la altura de las especiales circunstancia que vivimos.

También debería mover a la reflexión, a la autocrítica y a la rectificación plantearse quién y por qué está alimentando el crecimiento de la abstención y el crecimiento de un hipotético tripartito. No parece que ese posible crecimiento electoral se deba a méritos o a una oferta muy atractiva de los miembros de ese supuesto tripartito. Todo lo contrario, parece más bien que las causas hay que encontrarlas en la propia acción de gobierno y a la ausencia de reacciones atractivas para los votantes. Pero hay más: plantear que frente a un tripartito sólo existe la alternativa del PPCV empieza a sonar falso. En los últimos meses, estamos asistiendo a una fragmentación y voladura de la unidad del centro derecha en la Comunidad Valenciana que, hasta hace poco, estaba representado en exclusiva por el PPCV. Parece que algunos no son conscientes de ellos y hay algunos dirigentes populares que con sus actitudes escasamente dialogantes y prepotentes están haciendo más por esa fragmentación que cualquier adversario político. El “ordeno y mando” de algunos está contribuyendo de forma muy clara, y Alicante es buena prueba de ello, al fraccionamiento del centro derecha regional. De modo que desgraciadamente veremos si no lo remedia alguien con sentido común y profundas convicciones regeneradoras que en unos meses frente a un tripartito de izquierdas podrá haber un bipartito en el centro derecha.

Y el segundo mensaje que están transmitiendo es que hay que movilizar a los votantes populares y darles protagonismo. Algo que suena a palabras huecas cuando se anuncia, como hace muy poco, que se organiza una nueva estructura del PP en la ciudad de Alicante sin consultar con los miles de afiliados de la misma o que se quiere conectar con el ciudadano y que se le quiere sumar a las tareas de elaboración del programa electora y que, para ello, se va a convocar para su redacción a “los alcaldes y portavoces populares”. Mal se empieza si se confunde a los cargos políticos con los ciudadanos y cuando se excluye a los propios militantes populares. Alguien acierta en el propósito pero yerra en los instrumentos.

El centro derecha, al igual que la izquierda, deben iniciar un profundo proceso de regeneración democrática y eso sólo pasa por más democracia interna, menos aparato de partido y más apertura a la ciudadanía. La credibilidad no se gana con discursos, se gana con los hechos, con el ejemplo y con el trabajo diario al servicio del ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Alicante sin representación colectiva del centro derecha.

Ayer el Comité Ejecutivo Provincial del PP decidió aprobar la creación de 5 Juntas de Distrito para sustituir la Junta Local del PP de la Ciudad de Alicante, dando así cumplimiento al acuerdo del 11 de octubre de 2012 que decía “Alicante, respecto de la cual el Presidente propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de Juntas de Distrito,…” Diez meses, nada menos, empleados en decidir el número de Juntas del PP que habrá en Alicante. 

Hay que señalar que es precisamente el acuerdo de octubre pasado el origen del conflicto que se ha saldado, de momento, con la suspensión cautelar de militancia de Antonio Sobrino y de un servidor y con la apertura de sendos expedientes disciplinarios para echarnos del PP. Entendimos y seguimos entendiendo que la decisión de dejar a la ciudad de Alicante sin Junta Local era y es ilegal porque vulnera el Artículo 19 de los Estatutos Nacionales del PP que facultan a la organización provincial para crear distritos (órganos de descentralización de una Junta Local grande) pero no para suprimir una Junta Local. Presentamos en su día los oportunos recursos. Primero ante el propio Comité Ejecutivo Provincial que no contestó, aunque sí lo hizo, atribuyéndose funciones que no le corresponden el Secretario Provincial quien, vulnerando de paso los Estatutos del Partido, se negó por escrito a entregar la documentación que le pedimos y desestimó el recurso alegando que no habían suprimido la Junta Local de Alicante. Ya me dirá alguien como se puede sustituir una cosa por otra y conservar ambas. Tampoco respondieron ni el Comité de Derechos y Garantías del PPCV ni el nacional. Eso sí, el primero nos ha abierto un expediente disciplinario y nos ha impuesto una medida cautelar, como si fuésemos delincuentes, de suspensión de militancia con el único fin de privarnos de nuestros derechos de cara a cualquier proceso electoral interno. Creo recordar que ni a Bárcenas le impusieron una medida similar ni, por supuesto, a ninguno de los numerosos cargos del PP imputados en procesos judiciales. En todo caso, ahora serán los tribunales de justicia serán los que decidan sobre la legalidad de esta decisión.

De otra parte, hay que resaltar y con ello no creo hacer otra cosa que describir la realidad, que esta decisión de suprimir la Junta Local de Alicante se ha tomado sin consultar a los miles de afiliados de la ciudad y ni tan siquiera se les ha comunicado por escrito. Los afiliados de Alicante nos limitamos a pagar nuestra cuota, que se la queda la Provincial, y a enterarnos por la prensa de lo que pasa y lo que deciden otros con nuestra organización local.

Pero en todo este asunto hay dos cuestiones importantes que reflejan la consideración que Alicante parece merecer para la cúpula provincial del PP. De una parte, la situación en la que quedan los afiliados alicantinos que en su día se afiliaron a una organización de y para toda la ciudad y no a una organización de barrio. Parece que los afiliados alicantinos no tenemos derecho a tener una organización política de nuestra ciudad, como la tienen los afiliados de Elche, de Torrevieja o de cualquier municipio. ¿No tenemos los mismos derechos? ¿Por qué los demás pueden tener una Junta Local y nosotros no? ¿Por qué no se deja decidir a los alicantinos? ¿Por qué los afiliados alicantinos no pueden tener una sede propia? ¿Por qué los afiliados alicantinos son los únicos cuyas cuotas íntegras van a parar a la Provincial? ¿Por qué no pueden tener un Presidente local que los represente ante la sociedad alicantina? Nadie da una respuesta satisfactoria estas preguntas. ¿No será que algunos dirigentes provinciales, que no son de la ciudad, pretenden controlarla y arrogarse la representación de las bases?

Y la segunda cuestión afecta a la ciudad en sí. Del mismo modo que se convierte a los afiliados alicantinos en afiliados de segunda, también la ciudad de Alicante parece ser tratada, una vez más, de la misma manera. Los problemas y las necesidades de una ciudad como la nuestra no van por distritos, por barrios, sino que la mayoría de los mismos son globales, tienen un carácter transversal y por tanto requieren un tratamiento unitario. El desempleo, los desahucios, la marginalidad, el turismo, los transportes, el Plan General, la promoción cultural, las infraestructuras comunitarias, por citar algunos asuntos, son cuestiones que afectan al conjunto de los alicantinos y su análisis, sus soluciones y su tratamiento debe hacerse desde una perspectiva global y no por distritos. Al igual que ocurre con las demás organizaciones políticas de la ciudad, el centro derecha debería tener una organización de y para la ciudad en su conjunto y no 5 organizaciones débiles coordinadas no se sabe muy bien por quién designado por no sabe tampoco por quién. La sociedad alicantina se merece, también en el ámbito del centro derecha, una organización para toda la ciudad, nacida de la voluntad de los afiliados del centro derecha y con un liderazgo nacido de las bases y no impuesto, ni tutelado. Alicante y sus vecinos no pueden ser tratados de diferente forma que los demás municipios de la provincia. Y si se hace, debería explicarse muy bien por qué.

Los hechos y la experiencia de los últimos años han demostrado que el PP de Alicante era una formidable máquina electoral, pero poco más. Unas siglas controladas por grupos y “familias”, pero no una organización dinámica, viva, participativa en la que los afiliados pudieran trabajar, proponer ideas, realizar propuestas o simplemente opinar sobre el programa electoral o sobre quienes deberían formar parte de las listas electorales. Y la solución más lógica y más democrática para superar esa situación no era otra que la de devolver la palabra a la militancia para que decidiese lo mejor sobre el futuro de su organización local. Pero no, no se ha optado por esa solución. Se ha optado por imponer a la militancia un modelo dudosamente legal desde la perspectiva de los Estatutos del partido Popular y por privar a la ciudad de Alicante de una interlocución única para el conjunto de la ciudad. Seguramente los demás partidos políticos estarán muy contentos con ello.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

El PP expulsa a los afiliados alicantinos que piden honradez pero mantiene a Castedo.

Noticia aparecida hoy, 27 de julio de 2013, en el Diario El Mundo de Alicante. Me limito a reproducirla pero en los próximos días la iré analizando para tratar de explicar a los lectores lo que puede haber detrás. Hoy sólo adelantaré que coincide con la próxima convocatoria de elecciones internas y que se produce tras haber solicitado por segunda vez que rindan cuentas del dinero de la Junta Local de Alicante.

El futuro del centro derecha alicantino.

Cuando se analizan algunos discursos de ciertos dirigentes del Partido Popular de Alicante llama enseguida la atención la existencia de una interpretación de la realidad política muy diferente a la que percibe el ciudadano corriente y los propios afiliados de la organización política. Es muy probable que se trate de mensajes para el consumo externo, pero para quien sigue con cierto detenimiento la vida política y las vicisitudes del centro derecha en los diferentes municipios de la provincia estos discursos poco tienen que ver con la realidad. Estos discursos, estos mensajes deslizados en actos políticos de autocomplacencia se están lanzando en medio de una situación nada favorable, tal y como señalan las encuestas, para las expectativas electorales del Partido Popular. Nada habría que objetar si simultáneamente se estuviesen adoptando las medidas para recomponer la situación y tratar así de evitar lo que algunos anuncian ya, la voladura del proyecto popular en la Provincia. Pero todo parece indicar que no es así. No se vislumbra ninguna señal que anuncie un cambio de estrategia, ni de rumbo.

Algunos medios de comunicación están poniendo de relieve estos días la aparición de  escisiones en el Partido Popular. En varios municipios de la Vega Baja se han creado partidos locales y se han federado en una organización de ámbito regional. En Elche ya son dos, al menos, las escisiones del Partido Popular. En Benidorm parece que pronto se va a consolidar una segunda escisión y en Alcoy un buen número de afiliados del Partido Popular se ha dado de baja en el mismo. Y en Alicante las cosas tampoco van bien. La Junta Local, muerta hace tiempo, ha sido enterrada y va a ser sustituida por Juntas de Distrito no pedidas por los militantes e impuestas desde arriba mientras se amenaza con expulsar a quienes reclamamos más democracia, honradez, transparencia y participación. Así, mientras hay quien saca pecho obviando los problemas surgidos en el proceso de renovación de las Juntas locales tras el último Congreso provincial, lo cierto es que los problemas se multiplican y buena parte de los mismos tienen mucho que ver precisamente en las formas empleadas desde arriba al poner en marcha dichos procesos.

Cuando se habla de democracia interna es un error exhibir como un logro la ausencia de elecciones en muchos municipios. Se habla de alto grado de consenso cuando lo cierto es que, en no pocos casos, desde la provincial se ha presionado para evitar la concurrencia de varias candidaturas como en el caso, por citar sólo uno, de Torrevieja. La democracia interna exige, y así lo establecen los propios estatutos del PP, que exista una absoluta y escrupulosa neutralidad de los órganos superiores en los procesos electorales y ésta no ha sido la norma en todos los casos. Cuando se habla de candidatos “de la Provincial” para determinadas presidencias locales ya se quiebra esa neutralidad. Es curioso, por ejemplo, que esta forma de proceder esté perfectamente asumida hasta por los medios de comunicación que, a la hora de analizar el futuro de localidades como Alicante, barajan posibles candidatos como el preferido por la provincial, el bien visto en Madrid o el señalado por Valencia, pero lamentablemente nadie se pregunta ¿y quién es el preferido por los afiliados? Y es que nadie podrá negar, al menos de cara a la galería, que son los afiliados los que únicamente deberían contar en estos procesos, que su voluntad democráticamente expresada debería ser la única atener en cuenta. Pero no es así.

A nadie se escapa que muchas de las fugas de militantes o escisiones tienen su origen precisamente en la intervenciones superiores en los procesos electorales internos y en el ninguneo a la voluntad de la militancia. Los liderazgos locales tutelados nacen débiles y las consecuencias no se hacen esperar. Cuando se interfiere en la confección de las listas electorales para imponer amiguetes o para excluir a personas poco dóciles, cuando se confecciones las listas de espaldas a los afiliados, cuando se interfiere en las elecciones internas y se huye de la concurrencia plural para la aparición de liderazgos auténticos se termina cosechando lo que hoy puede verse. Es cierto que no ha sido esa la tónica general, pero basta que se haya producido en unos cuantos municipios para que se transmita la actual imagen de fractura. Igual que muchos corren para apuntarse los méritos de los éxitos políticos, alguien debería asumir la responsabilidad de algunos sonados fracasos.

Puede que se sienta la tentación de minimizar las futuras consecuencias de la actual situación, pero sería un grave error. Con las tendencias electorales en la mano, la más mínima fractura podrá en el futuro hacer que el Partido Popular pierda la Diputación Provincial o importantes Ayuntamientos como el de Alicante. No es correcto imputar la tendencia electoral a la bajo únicamente al desgaste del Gobierno de la Nación, a ello hay que sumar la valoración de la gestión autonómica y la grave preocupación por la corrupción entre los ciudadanos. Más de la mitad de los votos que ya han abandonado al Partido Popular anuncian su intención de voto futuro para UPyD.

En medio de este panorama debería ser un imperativo político para nuestros dirigentes un cambio de rumbo, un nuevo talante para tratar de restañar heridas, para rectificar errores pasados y tender puentes de diálogo con aquellos que se han visto obligados a marcharse. Los esforzados y sacrificados afiliados populares no se merecen todo lo que está ocurriendo. El centro derecha debe recomponerse lo antes posible porque las fracturas son más profundas de lo que algunos piensan y porque pueden seguir agrandándose. Una vez más, la necesidad de una profunda regeneración se hace evidente y si el Partido Popular no empieza a abrirse a su militancia y a la sociedad recuperando los valores de la democracia interna, la participación, la honradez y la transparencia no podrá remontar las tendencias electorales actuales. Lo veremos con el tiempo.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

EL FORO ESPERANZA POPULAR METE LA CUÑA (Diario El País).

A escándalo por día.

No hay día que pase sin que se produzcan nuevas revelaciones en torno a las andanzas del Sr. Bárcenas, a la supuesta contabilidad del Partido Popular o a algún que otro escándalo que afecta al partido del gobierno. Y no es que a la vez no se produzcan también revelaciones tan escandalosas o más sobre el PSOE y su ristra charcutera de imputados por el caso de los EREs falsos y el latrocinio sistemático del dinero destinado a los desempleados, pero es evidente que estas revelaciones no alcanzan el mismo eco ni en los medios de comunicación que, salvo honrosas excepciones, utilizan sordina ni en las redes sociales en las que no pocos han dado rienda suelta a sus delirios y a sus instintos antidemocráticos apelando al golpismo de la peor especie.

Sin embargo, dejando al margen las informaciones sobre Bárcenas, que todavía no se sabe si mintió ante el juez cuando negó los sobresueldos o miente ahora cuando dice lo contrario aunque su palabra sea ahora dogma para la izquierda, y dejando también al margen el asunto de los ERES, el mayor latrocinio de la historia de la democracia aunque el robo a los parados no incite a la convocatoria de ninguna concentración ante las sedes socialistas, es preciso detenerse sobre las informaciones publicadas ayer en torno a la supuesta contabilidad oficial del PPCV porque son especialmente significativas para quienes hemos dedicado nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro dinero al mismo.

Ayer, el Diario Información de Alicante se hacía eco de la publicación de la supuesta contabilidad oficial del PP en una página de Internet. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los datos publicados se refieren exclusivamente a la supuesta contabilidad de las direcciones provinciales y no de las Juntas Locales del PP que, al parecer, campan a su aire en estos temas de contabilidad con asociaciones paralelas donde se reciben ingresos y se cargan gastos. Por tanto, no se habla del dinero movido por ciudades tan importantes como Alicante o Elche, en el caso de nuestra Provincia. En el caso concreto de la Junta Local de Alicante la contabilidad es un auténtico misterio. Los afiliados no hemos recibido jamás la más mínima información, ni se nos ha rendido cuenta de qué se ha hecho con nuestro dinero y algo raro debe pasar porque se niegan a mostrar las cuentas a los afiliados que lo hemos solicitado. Se niegan a decirnos, por ejemplo, qué presupuesto extraordinario de campaña electoral se aprobó en 2011 y cómo se gestionó. Y lo más lamentable es que tendremos que ir a los juzgados para conocer esa contabilidad de la Junta Local de Alicante.

Pero dicho esto y en un primer repaso de la supuesta contabilidad publicada hay algunos datos que sorprenden enormemente. Primero que nuestros diputados se premien a si mismos en plena crisis con sobresueldos, eso sí aparentemente legales, por casi 500.000 euros en 2011, un año en el que por cierto tuvieron poco trabajo parlamentario. Y ésta no es una cifra supuesta, sino cierta. No hay que olvidar que los parlamentarios se fijan a si mismos sus retribuciones y que es de suponer que la cuantía estipulada es la justa por el trabajo que realizan. ¿Entonces por qué se asignan cantidades extras como gastos de representación? ¿Por qué se disfrazan las retribuciones de forma tan vergonzante? Segundo, aparecen reflejados gastos de desplazamientos de campaña electoral en el Grupo Parlamentario por importe de 113.500 euros. Una vez más algunos confunden el Partido con el Grupo Parlamentario y caen en lo mismo que en su día denunciaban a los adversarios políticos. Que el Presidente Zapatero acudiera a los mítines de su partido en un avión oficial estaba mal porque con dinero público se cubrían gastos electorales de partido y eso, se quiera o no, es lo mismo que pagar los kilometrajes de los mítines de los diputados.

Y hay que ver lo bien que tenemos alimentados a nuestros dirigentes políticos. Como a los pobres no les llega el sueldo y, al parecer, el trabajo les cunde mucho más mientras comen en un establecimiento público y no en su casa, pues nada les pagamos las comidas. Así, los miembros de la ejecutiva provincial de Alicante se sacrificaron en 2011 por la causa y se gastaron 35.000 euros en comidas. ¡Ahí es nada! Por la diferencia de gasto entre provincias se ve que los dirigentes alicantinos son más comilones o tienen más trabajo gastronómico que sus conmilitones regionales. Y para qué hablar ya de algunos otros gastos en lencería o en tabaco para las reuniones.

Al final de todo esto quedan algunas sensaciones y se fortalecen algunas convicciones. Queda cierta sensación de engaño, de estafa, porque queda patente que mientras muchos miles de militantes han sacrificado su tiempo, su esfuerzo y su dinero generosa y desinteresadamente por unos ideales, otros se han aprovechado de ello y han puesto el cazo. Unos pocos, pero bien situados, han manejado y siguen manejando toda una estructura de forma poco escrupulosa. Y se fortalece la convicción de que con más democracia interna no ocurrirían estas cosas con la frecuencia que se producen porque más democracia interna implica más control sobre los dirigentes y más responsabilidad de los mismos antes las bases. Se fortalece igualmente la convicción de que los partidos políticos sólo deben ser financiados por las cuotas de sus afiliados, de que hay que acabar con las subvenciones que riegan tan generosamente sus arcas. Y, sobre todo, crece la convicción de que tarde o temprano los que hoy nos hacen sentir vergüenza terminarán por pagarlo.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Democracia interna 3.0.

En medio del descrédito generalizado de los partidos políticos y de la clase política, se ha puesto en marcha en las redes sociales una iniciativa de recogida de firmas para que los partidos, sindicatos y patronales vivan exclusivamente de sus ingresos y no de las subvenciones públicas (https://www.change.org/es/peticiones/que-partidos-sindicatos-y-patronal-vivan-de-la-x-en-la-declaraci%C3%B3n). Esta iniciativa popular no podía ser más oportuna y coincide con un creciente número de voces que reclaman la regeneración de nuestra democracia. Hay que ser conscientes de que no es posible regenerar nuestro sistema democrático sin el requisito previo de la regeneración de sus actores principales, es decir, de los partidos políticos. Y no son pocos los problemas y deficiencias que aquejan a los partidos políticos en general.

Entre estos problemas están el déficit de democracia interna que se refleja en un procedimiento piramidal inverso en la renovación periódica de sus estructuras, un sistema de financiación poco transparente, sustentado fundamentalmente en la percepción de subvenciones públicas y de donativos de empresas vinculadas a las grandes contrataciones públicas y no en las cuotas de sus afiliados, una parasitación de las administraciones públicas convirtiéndose en agencias de colocación de amigos, una gran distancia de los dirigentes respecto a los ciudadanos, o una ausencia de ejemplaridad de buena parte de la clase política instalada en privilegios fiscales, sociales y económicos. Sin embargo, prácticamente todos los problemas que aquejan a los partidos políticos tienen su raíz última en el fuerte déficit democrático interno. Los liderazgos artificiales, las indefiniciones ideológicas y la consecuente acomodación a las circunstancias coyunturales alejándose de los principios ideológicos, los incumplimientos programáticos y la profesionalización de la política en el peor sentido del término tienen su causa en el incumplimiento del mandato constitucional del funcionamiento democrático interno de los partidos políticos. La adhesión desinteresada y entusiasta del militante ha ido siendo sustituida de forma progresiva por la mercantilización de los cuadros de los partidos, el debate interno por las consignas y los argumentarios,  la contribución de profesionales experimentados en la sociedad civil por la colocación de medradores sin formación ni experiencia que terminan ocupando los cargos públicos por designación superior. Y todo ello, porque la militancia, que no es otra cosa que un reflejo parcial de la sociedad, se ha convertido en un elemento perfectamente prescindible ya que no es necesaria ni su aportación económica ni personal para el éxito electoral.

Hace tan sólo unas semanas, se produjo un debate entre la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal, y el eurodiputado Popular, Alejo Vidal Cuadras, en torno a la democracia interna. Uno de los argumentos usados para medir la menor o mayor democracia interna de los partidos políticos era el número de compromisarios o delegados de los militantes en los congresos nacionales de las formaciones políticas. ¡Ridículo! Los partidos políticos y nuestras instituciones representativas siguen ancladas en los modelos de representación esbozados siglos atrás. Lo que, con muchos matices, podría seguir siendo aplicable a las instituciones representativas que han de debatir, dialogar, consensuar y finalmente tomar decisiones en nombre del cuerpo electoral que, por operatividad, no podía ser consultado de forma continua para tomar decisiones y, por ello, delegaba su soberanía mediante el mandato a sus representantes, no lo es para algo tan simple como es elegir, cada cierto número de años, a los dirigentes de un partido político.

Hoy en día, cuando a través de Internet podemos hacer la declaración de la renta, promover actos administrativos o firmar electrónicamente documentos oficiales ¿para qué necesita un afiliado de un partido político que alguien, en su nombre, elija al líder del mismo? Lo cierto es que los militantes de un partido político no necesitan ni delegados ni compromisarios para elegir a sus líderes porque cuentan con nuevas herramientas a su servicio para manifestar su voluntad, para ejercer su soberanía en cualquier momento y en cualquier lugar. Ni siquiera los necesitan para aprobar las ponencias y demás documentos que suelen someterse a votación en estos eventos. Hasta hace poco, era evidente que en el Congreso o en la Asamblea de un partido político con decenas o cientos de miles de afiliados fuese imposible que todos asistiesen para ejercer su derecho político de participación y de elección y que, por tanto, tuviesen que elegir delegados para que en su nombre actuasen. Hoy ya no es necesario. Hoy es técnicamente posible que los afiliados de un partido político se inscriban para participar en los congresos o asambleas a través de la red, que participen en la elaboración de propuestas y, lo que es más importante, en la elección de sus líderes locales, regionales o nacionales sin necesidad de ningún intermediario, sin ningún filtro, ejerciendo directamente su voto. Y lo mismo es perfectamente aplicable para que los afiliados puedan elegir a sus candidatos en los distintos procesos electorales. Si los partidos políticos no ponen en marcha las nuevas herramientas participativas no es por dificultades técnicas, es por miedo a la democracia directa, por el temor de sus cúpulas y de sus burocracias internas a la pérdida del control de unas poderosas organizaciones, todavía necesarias, pero alejadas de la idea de servicio al ciudadano.

La recuperación de la confianza ciudadana pasa necesariamente por la promoción de la regeneración democrática de las instituciones y ésta por la regeneración de los partidos políticos. La primera tarea debería ser su puesta al día, su actualización en sintonía con las aspiraciones y objetivos de sus militantes y eso sólo puede lograrse con más democracia interna, con más calidad democrática. Hoy no existe ningún obstáculo ni ningún argumento político de peso que impida pasar de la democracia interna representativa a la democracia interna participativa. Es hora, guste o no a algunos, de promover en los partidos y en las demás asociaciones de peso institucional lo que algunos han venido en llamar la democracia interna 3.0. No hacerlo, aferrarse a la defensa numantina de unos modelos caducos y trasnochados, será poner puertas al campo. Una pérdida de un tiempo precioso.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Sobre imputados y procesados.

Hace pocos días, Alfonso Rus, Presidente Provincial del PP de valencia, a propósito de la sesión de control en Las Cortes Valenciana que se convirtió casi en un monográfico sobre el diputado Rafael Blasco,  defendió, por un lado, la presunción de inocencia del parlamentario imputado en el “caso Cooperación” y, por otro, dejó caer que no era libre en el PP para decir lo que piensa al respecto. Así, manifestó que discrepa de los planteamientos del Presidente Regional con su doctrina sobre los imputados y dejo que “Creo en la presunción de inocencia y hasta que el juez no diga lo contrario creo que las personas son inocentes”.

Por su parte, hoy lunes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha señalado que es "fundamental" una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el consenso de todos los partidos, para establecer que ninguna persona con "indicios" de haber cometido "delitos pueda estar presente en ninguna institución". Según Fabra esta reforma debe garantizar que "esa necesaria tranquilidad pueda estar presente en la sociedad" ya que ha constatado "la desafección" que produce entre la ciudadanía con respecto a los políticos los casos de corrupción. Ha insistido en que manteniendo el derecho a la presunción de inocencia trata de establecer "una línea roja" en que la que "los imputados no tengan responsabilidades" en el partido. Y ha insistido en que "el tema de las imputaciones y de los procesados" debe abordarse "a nivel nacional".

Se mire por donde se mire, lo cierto es que pocas herencias más envenenadas habrá que la recibida por el Presidente Fabra. De una parte, una administración autonómica sumamente endeudada a la que la crisis ha cogido con los “deberes” sin hacer o mal hechos. De otra, un partido fracturado por viejas rencillas personalistas, aún hoy soterradas, y un pavoroso panorama de escándalos de corrupción repartidos entre distintas administraciones y empresas públicas que culminan en un grupo parlamentario con nueve miembros imputados y algunos incluso procesados. Es cierto que el Presidente Fabra está intentando abordar de forma directa ambos frentes, el de la administración regional y el del partido, pero no es menos cierto que estos esfuerzos no están encontrando el suficiente eco y el reconocimiento público por parte de la mayoría de los electores, tal y como señalan las encuestas.

No es un tema fácil de abordar el de los políticos imputados o procesados en casos de corrupción. Simplificar en exceso las soluciones supondría con seguridad un error y una injusticia. Ambos líderes, Rus y Fabra, abordan el problema principalmente desde una perspectiva jurídica. De una parte. Es indudable, de acuerdo con nuestro estado de derecho, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y, en sentido estricto, no le falta razón al Presidente Rus cuando afirma que hasta que no exista una sentencia firme es preciso sostener la presunción de inocencia. Pero, la aplicación de este principio equivaldría a sostener que hasta que no se agote el último recurso procesal no se podría exigir la renuncia, no ya de un imputado o procesado, sino de un condenado en primera instancia. Cabría objetar que incluso el delincuente sorprendido in fraganti es inocente hasta que no haya sentencia firme, aunque se le haya encontrado junto al cadáver y con el cuchillo en la mano.

De otra parte, el Presidente Fabra aboga por una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, consensuada entre todos los partidos, para delimitar el momento en que el imputado o procesado en un caso de corrupción debería abandonar sus responsabilidades institucionales. Nuevamente, se trata de una consideración de índole jurídica cuya resolución no se vislumbra, hoy por hoy, muy cercana y, menos aún, con un amplio respaldo parlamentario.

Sin embargo, no se trata de ofrecer hoy una respuesta jurídica porque lo que hay delante es un problema esencialmente político, no jurídico. La desafección que los ciudadanos muestran ante la clase política a causa de los casos de corrupción es un problema de carácter esencialmente político, no jurídico, y por ello requiere, en primer lugar, respuestas políticas. Y respuesta política es la que el Presidente Fabra ha venido sosteniendo, aunque de forma insuficiente, a este problema político al plantear el trazado de una “línea roja” en virtud de la cual un imputado no puede ostentar responsabilidades orgánicas dentro del Partido Popular. Sin embargo, esta respuesta política, que en si misma ya es positiva, parece insuficiente a la hora de “visualizar” ante los ciudadanos la persecución de conductas reprochables. No hace falta ninguna reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para reforzar esa línea roja y ganar credibilidad. Se puede hacer excluyendo del los Grupos Populares municipales o de las Cortes a aquellos cargos públicos que estén imputados o procesados. No es fácil, pero hoy en día parece los más ejemplarizante que con las normas existentes en la mano se puede hacer. Si alguien por su situación procesal no es digno de ocupar un cargo orgánico del PP tampoco debería permanecer en un Grupo Municipal del PP. Eso sería lo coherente. Y hay que destacar que se hace un flaco favor a la política del Presidente Fabra hechos como condicionar la democracia interna del propio partido, es decir, los derechos de miles de militantes, a la situación judicial de personas concretas como ocurre en la ciudad de Alicante. Eso es dinamitar las líneas rojas.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

¡Bien por Esperanza!

No sé si Esperanza Aguirre está impulsando o no “una corriente de opinión” que algunos, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, podrían considerar “contraria a los intereses del Partido”, pero lo cierto es que no somos pocos los militantes del Partido Popular los que nos sumamos a muchas de sus propuestas que, sin duda, podrían contribuir, de llevarse a cabo, a regenerar al Partido Popular y a combatir eso que algunos llaman la desafección de los ciudadanos hacia los partidos y la clase política y otros llamamos simplemente hartazgo. Hoy, sin ir más lejos, Esperanza Aguirre ha manifestado que "con elecciones internas para encontrar a los dirigentes, los militantes de base se sentirían mucho más involucrados en la vida del partido". Nada más sensato ni más lleno de sentido común que esa reflexión. Algunos lo han interpretado como una reivindicación de las primarias para el Partido Popular. Pero, primarias o no, unas elecciones internas libres, democráticas, sin tutelas ni fiscalizaciones superiores son un requisito esencial para que los militantes se involucren más a fondo con su partido.

Esta reflexión ha obtenido la respuesta inmediata de la Secretaria General: "En los congreso del PP hay libertad para presentarse”. Y no, no es así y lo debería saber. En los Congresos del PP, locales, provinciales, regionales o nacionales, junto a la “libertad y democracia interna teóricas” hay filtros y prácticas que limitan enormemente esa supuesta libertad. Muchas veces da la impresión que cuanto más alto se sube en las estructuras del Partido Popular más se desconoce lo que constituye la práctica y las costumbre de los aparatos del mismo. Los altos cargos, rodeados de aduladores y pelotas, terminan como el Rey de la leyenda, paseándose desnudos y sin reconocerlo, no sea que alguien les llame tontos.

La democracia interna y la participación de los militantes es mínima en el Partido Popular y eso lo sabe cualquiera, especialmente en la Provincia de Alicante como le debería constar a la Secretaria General aunque no tenga tiempo para contestar a los escritos de los militantes de la Provincia. Una cosa son los Estatutos, democráticos pero manifiestamente mejorables, y otra las prácticas que unos y otros se gastan. Y uno no habla de oídas, sino que lo ha vivido personalmente. Un servidor conoció de primera mano en 2008 el uso de algunos métodos repudiables para la obtención de avales para Rajoy por parte del Secretario General, Ricardo Costa, quien no tuvo inconveniente alguno en citar en Valencia a Alcaldes y Concejales para que firmaran ya los avales para el candidato, en una infantil y estúpida carrera a ver quién presentaba más avales, con la velada amenaza de que de no hacerlo podrían peligrar inversiones de la Generalitat o determinados trámites para sus respectivos municipios. Y hasta tal punto llegaron las cosas que muchos de los afectados se reunieron en la sede provincial con el entonces Presidente provincial para hacerle saber las presiones a las que estaban siendo sometidos. ¿Democracia interna?

Un servidor al igual que otros, cuando quiso ejercer su derecho y asistir como compromisario a un Congreso del PP, recibió la llamada del hoy Secretario General provincial, José Juan Zaplana, quien le comunicó que no podía presentarse para ir al congreso porque los puestos de la ciudad de Alicante ya estaban repartidos entre “las familias y sensibilidades” del partido en la ciudad y que, por tanto, su candidatura sobraba. ¿Libertad interna?

Y si hablamos de los congresos locales de la Provincia de Alicante podemos hacer un relato muy extenso de las “intervenciones” de la Dirección Provincial en los procesos electorales para influir de forma decisiva en la elección de Presidente locales afines, rompiendo la debida imparcialidad en toda elección democrática de los órganos superiores, como en el caso de Torrevieja donde se produjeron actuaciones poco ejemplares desde una perspectiva democrática. Y qué decir de Benidorm o de Elche.

El resultado de las intervenciones a favor de unos u otros candidatos en los procesos electorales internos por parte de los órganos superiores termina traduciéndose en rupturas del partido y en el establecimiento de liderazgos débiles y mediocres, aunque muy sumisos con la superioridad que parece ser lo único importante para algunos, haciendo con ello bueno aquello de que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Y pare qué hablar de la designación de los componentes de las lista electorales a las instituciones públicas donde, por Estatutos, los militantes no tienen nada que decir ni proponer.

Para todo aquel que conozca mínimamente el funcionamiento de los partidos y el desorbitado poder de sus estructuras burocráticas resulta indudable que es preciso mejorar los niveles de democracia interna, de participación de la militancia y de apertura al cuerpo electoral. El problema estriba en que es algo tan asumido que el actual sistema interno es democráticamente aceptable que, incluso, los medios de comunicación a penas lo cuestionan. Hace tan sólo un par de días, un comentarista político en una emisora de radio comentaba sobre los posibles sucesores de un determinado presidente autonómico del Partido Popular. No se le pasó por la cabeza mencionar cual de los dos aspirantes podía contar con más apoyo entre los militantes del Partido Popular, sino que centró sus posibilidades sobre el apoyo que uno y otro recibían respectivamente de Mª Dolores de Cospedal y de Soraya Sáenz de Santamaría. Para el comentarista lo decisivo no era el respaldo de la militancia, sino el de los de arriba. La militancia, un cero a la izquierda.

Pues a esa reacción es a la que no nos queremos resignar quienes creemos en la democracia, en el incalculable valor de la militancia política. Los populares tenemos el sistema estatutario que tenemos, pero unos estatutos no son ni la Biblia ni las Leyes Fundamentales del Movimiento. Son mejorables y constituye una obligación moral y política trabajar por que así se haga. Más democracia interna, más participación y más libertad. Si esa es la “corriente de opinión” que impulsa Esperanza Aguirre, yo me sumo.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.

El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.

Dice crear una corriente de opinión contraria al interés del Partido.

(Página 1, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).

El PP expedienta al militante alicantino que pidió apartar a los cargos imputados.

Le acusa de “creación de corrientes de opinión contraria a los intereses del partido”.

H. Fernández/Alicante.

El PP de la Comunidad Valenciana notificó el pasado viernes, con fecha 29 de abril, al líder de Esperanza Popular, el afiliado alicantino Santiago de Munck, la apertura de un expediente informativo por parte del Comité de Derechos y Garantías (órgano disciplinario regional) por “participar de forma activa en actos dirigidos a crear o inducir la creación de corrientes de opinión contrarias a los intereses del partido”. Se da la circunstancia de que de Munck es el único afiliado del PP de Alicante que se ha atrevido a pedir públicamente que los cargos públicos del partido cumplan con los principios de “austeridad, honestidad y eficacia en la gestión pública” y que se aparten “de su seno a cuantos vulneren dichos principios”. De Munck fue así de claro ante la triple imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su vicealcalde Andrés Llorens, entre otros cargos públicos de la ciudad y diputados de las Cortes Valencianas salpicados por supuesta corrupción.

El escrito, firmado por el instructor del caso y diputado Felipe del Baño, le da la oportunidad a De Munck de responder en un plazo de 15 días y ayer mismo el afiliado contestó que le es “imposible efectuar alegación alguna en mi defensa si no se me da traslado del expediente íntegro que sirve de base para la incoación del expediente informativo”. También se queja de que “estamos ante un claro supuesto de indefensión que sumado al previo anuncio” en un medio de comunicación provincial el 22 de febrero “retrataría perfectamente el modo de proceder del Comité de Derechos y garantías”.

De Munck además muestra su extrañeza con que se abra expediente “sin haber resuelto previamente el recurso que presenté por la vulneración por parte de la dirección local y de la provincial de Alicante de mis derechos políticos recogidos en los estatutos del partido, sin que se haya pronunciado tampoco sobre la apertura o no de expedientes informativos a los cargos del partido que han venido incumpliendo los estatutos del partido y de cuyas actuaciones he informado y sin que tampoco haya resuelto el Comité Nacional de Derechos y Garantías otro recurso que he presentado”.

De Munck, que es interventor (1) municipal de Monforte del Cid, se opuso desde el primer momento a la división de la Junta Local del PP de Alicante en distritos, una decisión tomada por el presidente provincial del PP de Alicante, José Ciscar, a su llegada al cargo. Para De Munck y los suyos esta decisión debía haberse votado en el seno del partido.

Fue entonces cuando, junto a otros compañeros del Partido agrupados bajo Esperanza Popular, redactó un manifiesto “por la regeneración interna del PP” que recogió cerca de 400 firmas y que elevó a Madrid, a la secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal. Posteriormente De Munck y sus afines comenzaron a trabajar en la campaña interna del PP local de Alicante abriendo un foro público de discusión que en principio iba a ser oficina electoral. No obstante la provincial ha paralizado el proceso de los distritos. En este tiempo, la cúpula del PP alicantino envió información al comité disciplinario para que actuase contra el afiliado por todo lo anterior.

(1)   Se trata de un error. Es funcionario, pero no Interventor.

ORGANIZACIÓN.

Y los distritos, paralizados.

Mientras se incoa el expediente contra el afiliado Santiago de Munck, la dirección provincial ha ralentizado la implantación de los distritos de la junta Local del PP de Alicante a la espera del futuro judicial de la alcaldesa (una probable apertura de juicio oral por tres graves delitos en la trama “Brugal”) y en previsión de que ella utilizase este proceso para reivindicarse ante la militancia y si gana, ante los órganos superiores del partido cuando llegue la confección de listas electorales. El proceso se encuentra estancado en la redacción de un reglamento de funcionamiento.

(Página 5, El Mundo, Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).