Elecciones andaluzas 2018.

Los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas han sido sorprendentes en muchos aspectos. Lo más importantes es el cambio en la correlación de fuerzas de los dos bloques electorales: la derecha supera a la izquierda y, por tanto, por primera vez en 40 años es posible desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía. Podrán añadirse cuantos matices se quiera sobre la composición de los dos bloques electorales, derecha e izquierda, pero en resumidas cuentas el resultado es el que es.

Si hay algo especialmente llamativo en las valoraciones de estos resultados es el mal estilo, casi podría decirse el antidemocrático estilo, del PSOE y Adelante Andalucía (el conglomerado podemita), los perdedores, quienes con una carencia absoluta de rigor intelectual y de decencia política tratan de deslegitimar la victoria de la derecha ante la aparición de 400.000 votos para Vox. Es evidente que los 12 diputados cosechados por Vox son la llave para acabar con el régimen corrupto de 40 años del PSOE en Andalucía y, por tanto, que tanto PP como C’s deben llegar a un acuerdo entre ellos y con Vox. No hay otra salida.

Los socialistas, desde Susana Díaz al Ministro Ábalos, repiten una consigna como un conjuro: hay que impedir que en Andalucía se forme un gobierno con o apoyado por un partido anticonstitucional o de ultraderecha. Y tienen la desvergüenza de decirlo ellos, nada más y nada menos que ellos, los que han formado Gobierno en España gracias al voto de partidos golpistas y de partidos defensores de la violencia de ETA. No hay partidos más anticonstitucionales que aquellos que han roto abiertamente el orden constitucional y han agredido a la soberanía del pueblo español cuya existencia misma se niegan a reconocer. Que un partido sea partidario de la república, de la independencia de una región o de la eliminación de las comunidades autónomas mientras asuma el respeto a la Constitución y acepte sus mecanismos legales de reforma no es anticonstitucional. No es tan difícil de comprender. Pero es que, además, quienes se apoyan y gobiernan con la ultraizquierda, con los comunistas, que es como técnicamente hay que denominar a los podemitas, carecen de legitimidad para censurar a quienes pacten o se apoyen en la ultraderecha, si es que cabe denominar así a Vox. Porque, hasta ahora se encasillaba en la ultraderecha a todos aquellos grupos políticos que añoraban o pretendían restaurar el modelo político franquista y rechazaban abiertamente el sistema democrático. Sin embargo, ahora se impone desde los medios de comunicación etiquetar como de ultraderecha a cualquiera que asumiendo como valor esencial la democracia parlamentaria no se pliegue o discuta cuestiones como el funcionamiento del sistema autonómico, la política de inmigración, la manipulación de la historia reciente o la imposición de las políticas de género.

Y qué decir de la reacción de los dirigentes de Unidos Podemos y su franquicia andaluza “Adelante Andalucía”, franquicia que sumando aparentemente más colectivos que los estrictamente comunistas y podemitas, ha perdido votos y tres escaños. La comparecencia de Iglesias y sus acompañantes no pudo ser más teatral, sus rostros circunspectos lo decían todo. Ayer ninguno recurrió al tópico de la “fiesta de la democracia”. Como unos auténticos golpistas, llamaron a la movilización ciudadana contra el mandato de las urnas. ¿Pero dónde se creen que están? ¿En Venezuela?

La izquierda andaluza y española debería reflexionar y hacer autocrítica. En muy pocos meses de gobierno ha reabierto viejas heridas, se ha entregado en cuerpo y alma al separatismo, ha usado miserablemente el drama de la inmigración, está tratando de adoctrinar a la sociedad con imposiciones lingüísticas, con ideología de género, con incursiones psicosexuales en la educación de los niños o con fobias religiosas, ha sacudido la estabilidad de miles de puestos de trabajo con explosivos anuncios medioambientales, ha cuestionado la transición, ha dirigido sus dardos contra la Monarquía, ha puesto en ridículo a España en el Brexit, ha resucitado al franquismo sin necesidad, ha aplaudido las ofensas a los símbolos nacionales, mantiene a nueve ministros más que tocados por sus falsedades patrimoniales o curriculares, etc. Quien siembra vientos recoge tempestades.

La victoria de la derecha es indiscutible pero su traducción en un cambio efectivo, en un desalojo de los socialistas de San Telmo exige prudencia, generosidad y patriotismo. Dentro de este bloque, el PP ha perdido muchos votos y escaños pero sigue liderando el bloque y ha remontado las encuestas lo que viene a confirmar que la recuperación de sus señas de identidad impulsada por Casado es el camino correcto. C’s ha crecido espectacularmente con 12 escaños más sobre los 9 que tenía y Vox ha sido la sorpresa con sus 12 escaños. No parece que tenga mucho sentido común, ni mucho recorrido la propuesta de C’s de encabezar el nuevo gobierno y ello por dos razones, porque ha sido el sustento durante los últimos tres años del PSOE andaluz y porque no lidera el bloque de la derecha. Pero si quieren cumplir con el mandato de cambio de la mayoría de los andaluces, tendrán que entenderse quieran o no. Ojalá lo hagan pronto.

Santiago de Munck Loyola

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El PP sigue avalando lo peor de la política.

Y, mientras tanto, el promotor de nuestra expulsión, José Císcar, Presidente Provincial de Alicante, ex concejal pro catalanista en su pueblo, fichado y promovido por Camps, citado en el informe de la UDEF de 2008 como pagador en negro a la trama Gürtel, responsable del mayor desastre electoral del PP de Alicante en 2015, etc. va a repetir en el cargo... ¿A éso le llaman regeneración en el PP?

La dimisión de Esperanza.

Ahora que muchos aprovechan para hacer leña del árbol caído, vaya por delante mi respeto y afecto por Esperanza Aguirre, aunque sea crítico con ella. Hay dos cosas que nunca le ha perdonado la izquierda: ser liberal y haberles ganado una y otra vez en las urnas. 

Por ello, la dimisión de Esperanza Aguirre como Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid está sirviendo de válvula de escape para la inquina, la bilis, el revanchismo y las miserias de toda clase de gente, dentro y, sobre todo, fuera del PP. Yo lo palpo muy cerca. Pero es inevitable, majaderos y miserables abundan.

Con sus luces y sus sombras en su gestión pública, Aguirre representaba el éxito de haber situado a la Comunidad de Madrid a la cabeza económica de todas las comunidades autónomas; representaba un matizado liberalismo que levantaba sarpullidos en la izquierda y en algunos ámbitos del propio Partido Popular y, sobre todo, representaba para muchos un modo de hacer política claro, directo y sin complejos ante una izquierdona tan rancia como sectaria. Se pregunta hoy “Monseñor” Iñaki Gabilondo en su sermón de El País ¿por qué ha dimitido en el fondo Esperanza Aguirre? ¿Dónde está el listón o cuantos códigos éticos pululan en el PP para que Esperanza Aguirre tenga que dimitir no estando imputada en ninguna causa y otros líderes  nacionales no tengan que hacerlo? Buenas preguntas. Y, a bote pronto, da la impresión de que Esperanza Aguirre, consciente de lo que representaba y habiéndolo sido casi todo en política, ha decidido no someterse al linchamiento mediático que le estaban preparando, depurar su responsabilidad política por sus errores en sus tareas “in eligendo e in vigilando” y, de paso, prestar un último servicio a su partido marcando, por cierto, el camino que deberían seguir muchos otros.

Esperanza Aguirre era desde hace tiempo una nota discordante en un partido monolítico, absolutamente incapacitado para percibir, no ya las demandas de la calle, sino las de su propia militancia. Muchas de sus ideas y propuestas lanzadas desde hace 4 años no sólo fueron despreciadas por la guardia pretoriana rajoyana de Génova sino que irritaron profundamente. Y, sin embargo, esas propuestas iban en la buena dirección. En febrero de 2013 habló de la necesidad de que quien vaya a ocupar un cargo público haya cotizado previamente a la seguridad social, es decir, que sepa lo que es ganarse la vida por su cuenta, sin el paraguas del partido. No le faltaba razón, aunque su entorno se nutría de gente que nunca lo había hecho. En mayo del mismo año, Esperanza Aguirre manifestó que "con elecciones internas para encontrar a los dirigentes, los militantes de base se sentirían mucho más involucrados en la vida del partido". Nada más sensato ni más lleno de sentido común que esa reflexión. Y en septiembre manifestó que “ha llegado la hora de remover las aguas demasiado quietas de la vida interna de los partidos" y, reclamó implantar un sistema electoral con listas abiertas y primarias para designar candidatos. En definitiva que aportaba algunas reflexiones que podrían haber permitido contribuir en algo a que el sistema político se regenerase.

Sin embargo se equivocó a la hora de conformar sus equipos porque usando el mismo sistema de designación cuya reforma proponía no supo elegir, no supo vigilar y no supo escuchar lo que eran algo más que rumores. Cuando alguien tiene la facultad de realizar cientos de nombramientos puede equivocarse, pero se ha de pagar por ello. ¿Cuántos políticos se han equivocado igual? ¿Quién puede poner la mano en el fuego por alguien al que designa directamente a un cargo, aunque sólo pueda nombrar a uno?

Pero ¿sirve de algo esta dimisión al PP? Tal y como están las cosas parece que no. El Partido Popular es una especie de tortuga, desesperadamente lenta en sus movimientos regeneradores, tremendamente asustadiza que esconde la cabeza a la mínima y prácticamente ciega. Es una tortuga incapaz de aprender de los errores y que marcha lenta pero inexorablemente hacia el precipicio.

Buena prueba de ello es lo que está ocurriendo en Valencia donde Génova trata de impedir o dificultar la concurrencia de varias listas a la Presidencia provincial (así lo ha hecho saber Maíllo el amigo de Aida Nízar) o en Alicante, sin ir más lejos, donde gente como José Ciscar, Presidente Provincial de Alicante, responsable del mayor desastre electoral del PP en la Provincia, se  presenta a la reelección sin que surja ninguna candidatura alternativa, pese a ser público y notorio que es un declarado enemigo de la transparencia, de la democracia interna y de la regeneración democrática al igual que su mano derecha el diputado José Juan Zaplana.

El actual PP ha sepultado ideológicamente al centro derecha. Se ha conformado con convertirse en un partido refugio para el voto del miedo al grito de “que llega Podemos” y con ello ha abandonado la idea de una profunda regeneración, de la asunción real y a todos los niveles de responsabilidades políticas, del desarrollo de iniciativas políticas de calado y del cumplimiento de su propio programa electoral. Siempre hay una excusa. Antes que lo prioritario era arreglar el desastre económico heredado. Ahora la insuficiencia parlamentaria. Y uno no puede, por menos, que preguntarse y para qué quieres gobernar si no puedes ni tan siquiera cumplir con un mandato europeo como en el caso de los estibadores portuarios.

El PP ha vuelto a perder un referente ideológico o, al menos, un referente dinamizador del debate interno, algo tolerado exclusivamente a personas con relevancia interna como Esperanza Aguirre. Eso sí, el PP ha ganado con esta dimisión más pax rajoyana, más uniformidad discursiva y más encefalograma plano. Cuando el PP sea desconectado de los sistemas de soporte vital, las administraciones públicas, tendrá serias dificultades para sobrevivir. Y si no, al tiempo.

Santiago de Munck Loyola

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La pestilente lluvia fina.

Hace ahora 20 años que el entonces Presidente del Gobierno José María Aznar usaba el símil de la “lluvia fina” para defender el balance de su primer año de gobierno. La teoría de Aznar era que gestionar bien acaba calando en la sociedad y, a pesar de las encuestas por entonces adversas, lo cierto es que parece que la “”luvia fina” terminó calando y en el año 2000 logró la primera mayoría absoluta del centro derecha.


Mucho ha cambiado el panorama político desde entonces y lo cierto es que desde hace una década la “lluvia fina” de la corrupción ha ido calando entre los votantes hasta el punto de situarla en un lugar preeminente entre sus preocupaciones. Es indudable que los casos de corrupción afectan a todos los partidos como lo es también el hecho de que poderosos medios de comunicación solo resaltan los que afectan al Partido Popular, pero ello no puede servir de excusa para eludir las propias responsabilidades, para hacer una profunda autocrítica y poner todos los medios posibles para sanear una estructura partidista absolutamente carcomida.

Es cuando menos llamativo que, si uno se fija en la evolución ideológica del Partido Popular, existe una curiosa proporción: a menos definición ideológica más corrupción. Recuerdo perfectamente un acto con Rodolfo Martín Villa en Rivas. Decía “tenemos que construir un gran partido y por ello hemos de abrir las puertas. No debemos preguntar a los se incorporan de dónde vienen, sino a dónde quieren ir”. Muy bonito y generoso, pero poco realista porque, al final, resultaba que tampoco importaba el destino de los nuevos, lo que importaba es ser más, crecer. Y ese crecimiento rápido produjo un progresivo desarme ideológico y un abandono paulatino de los principios. El eclecticismo ideológico vino acompañado de la relajación ética. Y los resultados están más que a la vista. Los militantes fueron perdiendo peso y desde arriba se prefirió conformar cuadros y candidatos por cooptación que durante años han nutrido los cargos públicos.


En partido en el que los candidatos no son propuestos por las bases y que después de elegidos no existen mecanismos de control por las mismas es evidente que cuando salen ranas la responsabilidad de su designación recae en los superiores que los auparon al puesto y que a ello hay que añadir, cuando menos, otra responsabilidad por negligencia “in vigilando”. No puede ser casualidad la existencia de tanto batracio en cargos públicos, algo ha venido fallando y seguirá fallando, porque pocas medidas se han articulado para evitarlo. Y lo cierto es que las ranas se sienten a gusto y se multiplican con facilidad en ambientes húmedos, con la lluvia fina y persistente.


Quizás lo más doloroso de esta situación sea la profunda vergüenza, asco y decepción que deben sentir los militantes populares y los millones de votantes que cada día que se asoman a los medios de comunicación se mojan con una nueva dosis de fina y pestilente lluvia.

Durante los últimos años el Partido Popular ha optado por el pragmatismo ideológico y el eclecticismo ético con unas consecuencias desastrosas, no sólo para su supervivencia política sino para el conjunto de los españoles. Desaprovechó su mayoría absoluta para realizar profundas reformas, no económicas, sino políticas y desaprovechó su último congreso para asumir sus errores, para aprobar mecanismos que democratizaran profundamente su estructura y para cerrar el paso de forma tajante a cualquier atisbo de corrupción. Pero era lógico ¿cómo se iba a pedir a quienes por acción u omisión eran responsables de la actual situación que dieran un paso atrás y saldasen así su deuda con los militantes y votantes? Un pequeño lavado de cara y punto, no hubo más.


De aquellos polvos vienen estos lodos. El crecimiento de fuerzas populistas que ponen en peligro la estabilidad constitucional no es casual. Son un auténtico peligro para las libertades y tampoco son trigo limpio, pero ahí están, al acecho. Pero el miedo que generan es el contrapeso para que el Partido Popular se sostenga como mal menor, como la cesta del voto del miedo. Triste consuelo.


Mucho hay que cambiar y rápido. Todo parece señalar que de seguir así las cosas la lluvia fina de la corrupción terminará calando hasta en el votante más acérrimo y leal. Puede que el Sr. Rajoy se lo pueda permitir, pero España no.

Santiago de Munck Loyola

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La segunda gran estafa electoral del Partido Popular.

Cuando compras un artículo en “El Corte Inglés” si no quedas satisfecho te devuelven tu dinero y lo hacen hasta pasados 60 días de la adquisición. Sin llegar a tanto, la norma general es que si compras un producto y éste no se corresponde con las características o propiedades anunciadas tienes derecho a la devolución del dinero. Una compraventa comercial, en definitiva, no es más que un contrato en el que cada parte debe cumplir sus obligaciones: una pagar el precio y la otra entregar el producto adquirido. Sin embargo, esta simple regla no funciona en la política. Te ofertan un programa electoral y lo compras con el voto. Pero una vez pagado el precio, si te he visto no me acuerdo. No te devuelven el voto en caso de engaño. No han pasado ni 60 días desde que el Partido Popular formó gobierno y, a la primera ocasión, ya ha incumplido de forma flagrante una de las principales ofertas de su programa electoral de junio de 2016: "Dar prioridad a la reducción de la carga tributaria que enfrentan los ciudadanos y atender desde el ámbito fiscal sus necesidades e inquietudes". Primer compromiso: "Rebajaremos la carga fiscal de los ciudadanos, asegurando que los beneficios de la recuperación económica llegan a todos los hogares". El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 2 de diciembre todo un paquete de medidas fiscales para aumentar la recaudación fiscal en más de 5.000 millones de euros en 2017.

Incumplir el programa electoral en materia tributaria es exactamente lo primero que hizo el Partido Popular tras formar gobierno en 2011 y lo vuelve a hacer en 2016. Entonces la excusa fue que la herencia recibida del Gobierno de Zapatero era peor de lo que los datos oficiales decían. Ahora parece que ni la necesidad de ajustar el déficit público a los compromisos con Europa se utiliza como excusa, sino que incluso el Sr. Montoro con toda la desfachatez del mundo afirmó tras el Consejo de Ministros que no había ningún incumplimiento electoral, que no era cierto que se hubiesen comprometido a disminuir la presión fiscal a los contribuyentes españoles. Hay que tener mucha cara dura, además, para justificar la creación del nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas con la preocupación por la salud de los ciudadanos. ¿Para cuándo entonces un impuesto especial sobre la panceta, la chistorra o la mayonesa? ¡Venga ya, Cristóbal, a otro perro con ese hueso!

El Gobierno del Partido Popular solo usa una vía para ajustar las cuentas y es aumentar la carga tributaria sobre los contribuyentes aún a costa de tirar a la basura su propio programa electoral, sus principios políticos y su credibilidad. En lugar de gastar menos de lo que se ingresa, la política fiscal del Partido Popular, con el aplauso de la izquierda y el asombroso silencio de casi todos los medios de comunicación, consiste en intentar recaudar más a costa de los contribuyentes e, incluso, de aumentar el gasto público elevando el techo del déficit de las comunidades autónomas, verdaderos sumideros por los que se escapa el dinero público.

Lo cierto es que ningún partido parlamentario está dispuesto a meter la tijera para acabar con el despilfarro y gastar menos. No se trata de recortar en servicios públicos esenciales ni en prestaciones sociales. Se trata de una parte en alanzar una mayor eficiencia en el gasto público que indiscutiblemente mermada por la propia idiosincrasia del sistema autonómico. Y se trata fundamentalmente de recortar toda una estructura pública que a todas luces no podemos mantener con los ingresos actuales. Nadie está dispuesto en este parlamento, ni por supuesto en el gobierno, a meter mano de una vez al despilfarro de las Comunidades Autónomas con cientos de empresas públicas, con miles de asesores políticos, con decenas de televisiones públicas sin casi audiencia, con embajadas propias por medio mundo, con instituciones duplicadas con las del Estado, con competencias duplicadas, con una diarrea legislativa que dificulta extraordinariamente la fluidez de un mercado único, etc.

Y nadie está dispuesto en este parlamento, ni por supuesto en el gobierno, a meter mano al despilfarro y a la mala gestión del propio Estado e incluso de las propias Cortes cuyos privilegios parlamentarios siguen constituyendo un escandaloso ejemplo de falta de ejemplaridad y de solidaridad social.

El Gobierno del Partido Popular ha vuelto a mentir y a engañar a sus votantes, a los incondicionales y a los de la nariz tapada. No pueden ahora esconderse tras la excusa de la necesidad del consenso y de llegar a pactos porque del mismo modo que se aprestan a acordar cómo y cuánto más van a exprimir al contribuyente podrían hacerlo para decidir cómo y cuánto gastar menos de nuestro dinero. Para este viaje no hacían falta estas alforjas. Y para hacer una política socialdemócrata mejor que la hagan sus inventores.

Santiago de Munck Loyola

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El próximo Congreso del PP.

Con dos años de retraso y de incumplimiento de sus propios Estatutos, el Partido Popular va a celebrar su XVIII Congreso Nacional entre los días 10 y 12 de febrero de 2017. Se trata del cónclave del máximo órgano decisorio del partido en el que se aprobarán no sólo modificaciones estatutarias o las líneas ideológicas y políticas del mismo, sino también, y es lo que más interesa a algunos, la cúpula dirigente del mismo.

El Congreso centrará sus trabajos en cinco ponencias: Política y Estatutos, Social, Económica y Administración Territorial, Educación y Cultura y Europa. Los ponentes serán los actuales vicesecretarios: Fernando Maíllo, Javier Maroto, el incombustible Javier Arenas, Andrea Levy y Pablo Casado.

La participación de los militantes está limitada a la elección de parte de los compromisarios, los delegados que asisten y votan en el Congreso, es dir, al 80 % de los mismos. El número de compromisarios será de 3.128 de los cuales 513 son natos, es decir el 20% de los compromisarios son cargos públicos o pertenecen a la burocracia del partido, y 2.565 son electivos. A nadie se le escapa que para muchos participar en el Congreso Nacional del PP es una oportunidad de oro, no para trabajar en las ponencias aportando ideas y propuestas, sino para hacer pasillos, para dejarse ver, para rendir pleitesía o para intentar cruzar unas palabras con los máximos líderes.

La participación del afiliado a través de la elección de los compromisarios puede parecer impecablemente democrática, pero todo aquel que ha tenido la oportunidad de conocer los mecanismos internos de funcionamiento del Partido Popular, sobre todo en Alicante, sabe perfectamente que de la teoría a la práctica hay un enorme abismo. En mis largos años de militancia popular, desarrollada sobre todo en Madrid, jamás encontré mayor desprecio hacia las reglas básicas de la democracia que las que se practicaban en el PPCV y, en especial, en la Provincia de Alicante. Teóricamente cualquier afiliado al corriente de pago de su cuota tiene derecho a presentar su candidatura para ser compromisario y participar en un Congreso, sin embargo, tal y como me señaló en su día, el que fue Secretario Provincial de Alicante José Juan Zaplana, las plazas de compromisarios asignadas a Alicante se reparten a dedo entre las distintas “familias” y “sensibilidades” del partido y si no perteneces destacadamente a alguna de ellas o careces de “padrino” te quedas fuera. Por ello, hay que ser conscientes de que cuando se reúna el cónclave popular su legitimidad será bastante limitada. Y esa es una de las razones que puede explicar la cada vez mayor distancia ideológica y estratégica entre los resultados de los congresos y el sentir de la militancia y, con ella, de buena parte del electorado. Se trata de una asignatura pendiente que debería ser abordada con urgencia y con decisión en la ponencia de Política y Estatutos. Sin participación real del afiliado, sin profundizar en la democracia interna no es posible avanzar hacia una profunda regeneración ni, por supuesto, articular medidas internas capaces de prevenir y combatir la corrupción.

Y qué decir sobre la presentación de avales para respaldar una candidatura. Las presiones del aparato pueden a llegar a ser brutales, sobre todo si quien te conmina a que avales una determinada candidatura, por ejemplo la de Rajoy en 2008, cuenta con poder institucional. O firmas el aval o el PGOU en tramitación de tu pueblo puede que no salga adelante, o avalas o te olvidas de la ampliación del Centro de Salud que has pedido. Chantajes similares se han producido en el PPCV y, pese a ser públicos, nadie se ha ido al juzgado.

El Partido Popular se encuentra ante una gran oportunidad para recuperar la credibilidad y el liderazgo en la sociedad, pero para ello ha de apostar decididamente por un cambio profundo, por una revolución o refundación interna que acabe de una vez con todos los obstáculos y hábitos que lo han alejado de sus propias bases y del electorado. Conformarse con seguir siendo el mal menor o el último refugio electoral ante la izquierda sería un triste y seguro final político.

Santiago de Munck Loyola

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¿Regeneración o manita de pintura?

Da la sensación de que cuando se habla de “regeneración democrática” o, simplemente, de “regeneración” cada partido y, si se apura, cada político tiene una idea propia o un concepto particular sobre su alcance y significado. La regeneración se ha convertido en palabra talismán y ha pasado a ser de una palabra prohibida en el Partido Popular a una palabra de moda que, incluso, puede abrir o cerrar la puerta del gobierno para Mariano Rajoy. Ciudadanos ha impuesto al PP seis medidas regeneracionistas para negociar la investidura de Rajoy como si esas seis medidas fueran la clave para regenerar nuestro sistema democrático. Y se equivocan. Se han dejado en el cajón muchas otras medidas que son más importantes y que sí supondrían de verdad la manifestación de una auténtica voluntad regeneracionista.

La regeneración democrática significa volver a generar nuestro sistema democrático, sanearlo para acabar con la desafección ciudadana al mismo. Significa podar todas las ramas del sistema que con el paso del tiempo y su mal uso se han estropeado. Significa, en definitiva, eliminar todo aquello que con los años y el abuso por parte de los partidos y de buena parte de la clase política aleja al sistema democrático del interés general. Regenerar es reformar para que la democracia se revitalice y sirva más y mejor a los ciudadanos. Las seis medidas regeneradoras propuestas por Ciudadanos son claramente insuficientes. Son sólo una pose para la galería pero no abordan, ni de lejos, las causas que originan las insuficiencias democráticas de nuestro sistema político.

Al hablar de regeneración hay que hacerlo, al menos, de la necesidad de profundizar en la división de poderes, de reformas que afectan a los agentes políticos (partidos y clase política), de instaurar medidas más eficaces para combatir la corrupción y de reforzar la democracia con más transparencia, más igualdad de oportunidades y más participación ciudadana. Y no hay que olvidar que las medidas que pueden formar parte de estas cuatro grandes áreas se entrecruzan en no pocos casos.

La división de poderes no puede seguir siendo un mero enunciado que no se ajusta a la realidad institucional. Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, deben ser realmente independientes si queremos que sirvan de contrapesos institucionales y cumplan sus funciones sin interferencias mutuas. En este sentido, ya es hora de que los partidos políticos a través del ejecutivo o el legislativo dejen de controlar a la judicatura. Como también es hora de que el poder ejecutivo abandone el legislativo. No tiene lógica alguna que miembros del poder ejecutivo como alcaldes o incluso consejeros autonómicos y ministros formen parte de las diferentes asambleas legislativas. O se pertenece al poder ejecutivo o al legislativo, pero no a los dos a la vez. Y esto está íntimamente relacionado con las reformas a impulsar que afectarían a la clase política: el establecimiento de rígidas incompatibilidades y la prohibición de simultanear varios cargos públicos.

Un asegundo gran bloque de reformas a impulsar afectaría a los principales agentes políticos de nuestra democracia, a los actores, partidos y clase política. Es imposible promover la regeneración de nuestra democracia si los que han de ejecutarla siguen anclados en los vicios políticos del pasado y presente. Es hora de trasladar a las leyes una concepción de la política como vocación de servicio público temporal. El político viene a servir a la sociedad, no a servirse de ella, su trabajo que es voluntario no puede estar rodeado de privilegios y prebendas. Por ello, es imprescindible la aprobación de un Estatuto del Cargo Público que entre otras cosas establezca: la limitación salarial (ni un sueldo público por encima del sueldo del Presidente del Gobierno), sometimiento al mismo régimen fiscal y de pensiones que el de cualquier ciudadano, supresión de coches oficiales, salvo para altos cargos, y su uso tributable como pago en especie, endurecimiento del régimen de incompatibilidades, aplicación del principio de “una persona un solo cargo”, limitación de mandatos, exigencia de experiencia previa profesional para el acceso a cargo público y la eliminación de los aforamientos. En cuanto a los partidos políticos sería necesaria una reforma de su Ley reguladora para fortalecer el poder de decisión y de elección interna de los afiliados, reforzar las garantías de los derechos de los mismos y reformar su sistema de financiación para que no sea, en gran parte, a costa del contribuyente.

Una de las grandes lacras de nuestro sistema es la corrupción y si prolifera es por varias razones. Una de ellas es porque tanto las leyes sobre contratación pública como sobre el territorio encierran una gran carga de subjetividad y, por tanto, de arbitrariedad en el proceso de toma de decisiones. No basta con sacar a los políticos como algunos proponen de las mesas de contratación que, al fin y al cabo, se limitan a analizar y recomendar, sino que es imprescindible que las normas reguladoras de la contratación pública y de la ordenación del suelo fundamenten la toma de decisiones en criterios puramente objetivos. Y entrelazando con la separación de poderes es evidente que desde la perspectiva de la persecución de la corrupción el refuerzo de la independencia judicial sería de gran ayuda.

Y, por último, el bloque referido al refuerzo de las instituciones democráticas pasa necesariamente por una reforma de la Ley Electoral que, independientemente del uso del sistema proporcional o el mayoritario, como mínimo iguale el valor del voto de cada ciudadano, sea de la provincia que sea, instaure las listas abiertas y suprima la necesidad de avales a los partidos sin representación parlamentaria. Del mismo modo, sería necesario impulsar una reforma que permita investigar parlamentariamente la presunta financiación ilegal de cualquier partido político, no sólo del PP, sin necesidad de que esa investigación dependa de una mayoría parlamentaria. Un último aspecto que redundaría a favor de la igualdad y la transparencia democrática, en detrimento de los partidos como agencias de colocación,  sería reforzar la profesionalización de las administraciones públicas prácticamente eliminando los miles de puestos de asesores y cargos de confianza en las administraciones públicas.

Como puede verse se trata unas cuantas pinceladas de lo que constituiría un proceso de regeneración democrática con mucho más alcance y profundidad de lo que algunos ahora enarbolan como “el no va más”. Y, seguramente, habrá muchas otras medidas aquí no expuestas que bien podrían integrarse en un catálogo de auténtica política regeneracionista. Pronto veremos si lo que estamos observando estos días es un simple juego floral de cara a la galería o si, de verdad, ha empezado un auténtico proceso de regeneración democrática. Mucho me temo que a la vista de los interlocutores nos vamos a quedar en lo primero.

Santiago de Munck Loyola

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Ciudadanos amaga.

Bueno, por fin algo se ha movido desde el pasado 26 de junio. Ayer martes, Albert Rivera anunció que negociará el apoyo de sus diputados a la investidura de Mariano Rajoy si antes el PP acepta seis medidas para promover la regeneración democrática, uno de los supuestos puntales ideológicos de la formación liderada por Rivera. Se trata de seis medidas que pueden encajar perfectamente en un catálogo regeneracionista:

1. Apartar a imputados por corrupción. Se trata de una propuesta lógica a la vez que compleja desde el punto de vista jurídico pues es necesario preservar la presunción de inocencia y, en todo caso, articular mecanismos de reposición de los derechos políticos del imputado cuando resulta finalmente declarado inocente.

2. La eliminación los aforamientos. Los más de 10.000 aforados que existen en España son una muestra evidente del abuso de un instituto creado para defender el libre ejercicio de la actividad política para quienes representan a la soberanía popular y que la clase política ha hecho extensivo a toda suerte de cargos públicos.

3. Una nueva ley electoral. Ciudadanos reclama listas desbloqueadas, la reforma del sistema de voto para los españoles que viven en el extranjero y acabar con la ley D'Hondt, lo que fragmentaría aún más el Congreso, pero no reivindica, como antes, la eliminación del filtro de los avales para presentar candidaturas impuesto en 2011 por los socialistas y que atenta al principio de igualdad entre los españoles para el acceso a cargos públicos ni la reforma del sistema para garantizar la igualdad del valor del voto entre los españoles de forma que no valga 3 veces más el voto de un catalán que el de un alicantino, por poner un ejemplo.

4. Acabar con los indultos por corrupción.

5. Limitar mandato a dos legislaturas. Se trata simplemente de regular y extender una norma no escrita a todas las administraciones públicas.

6. Mayor transparencia. Por último, parece que esta exigencia viene ligada a la necesidad de investigar parlamentariamente (porque judicialmente ya está en marcha) la financiación irregular del PP, aunque lo lógico sería hacerla extensiva a todos los partidos políticos.

Estas seis condiciones son positivas porque, por una parte, su mera presentación supone un desbloqueo parcial en el camino hacia un debate de investidura y, por otra, su contenido encaja con una cierta voluntad de regeneracionismo político.

Sin embargo, da la sensación de que Ciudadanos, por las razones que sean, no propone una regeneración democrática en profundidad poniendo sobre la mesa de la negociación aspectos esenciales para que la regeneración del sistema y, sobre todo, de los partidos políticos sea una realidad. Se limita a proponer seis medidas que siendo regeneracionistas no abordan ni plantean los problemas de fondo que han conducido a la política española a los niveles en los que ahora se encuentra.

Se dejan en el tintero reformas cruciales para que la regeneración del sistema político pueda avanzar y la primera de esas reformas afecta al funcionamiento, estructura y financiación de los partidos políticos que son los agentes que han de regenerar el propio sistema. Unas de las principales causas de la corrupción son la falta de democracia interna dentro de los partidos políticos, la incapacidad de la militancia para elegir y controlar a sus candidatos en las instituciones así como para fiscalizar la gestión económica de sus propios partidos y la ausencia o limitación del debate interno. Del mismo modo, el sostenimiento de los partidos políticos con cargo a los presupuestos públicos y su financiación privada los desvincula de sus bases sociales y los empuja a la defensa de intereses ajenos a las mismas.

Ciudadanos tampoco plantea al PP una condición indispensable para la regeneración democrática como es profundizar en la división de poderes y en la despolitización del poder judicial. La confusión entre poder ejecutivo y legislativo es enorme y se ha extendido a todos los parlamentos regionales. Una correcta interpretación de la división de poderes debería conducir a que los alcaldes, por ejemplo, no puedan simultanear su cargo municipal (poder ejecutivo) con un escaño en el parlamento o asamblea autonómica. Por higiene democrática debería haberse puesto encima de la mesa negociadora el principio de “una persona, un solo cargo público”, sea retribuido o no. Y reforzar la independencia judicial haciendo que los partidos políticos saquen sus zarpas de los procesos de designación de jueces y magistrados es también una condición inexcusable para poder enarbolar la regeneración democrática de la política.

Nada exige Ciudadanos sobre la necesidad de acabar con los privilegios económicos y sociales de la clase política a parte de la supresión de los aforamientos, privilegios de tipo fiscal y tributario, de pensiones, de medios a costa de los contribuyentes, etc.

Ni tampoco se plantean reformas legislativas para acabar con los criterios subjetivos en manos de los políticos en el ámbito de la legislación sobre contrataciones de las administraciones públicas o sobre el suelo, dos de los grandes campos en los que la corrupción ha florecido por doquier.

En definitiva, da la sensación de que la propuesta de Ciudadanos, con ser en si misma positiva, responde más a un movimiento táctico en busca del aplauso que a la necesidad de plantear un verdadero cambio regeneracionista que necesariamente tendría que ir mucho más allá de las seis condiciones impuestas al Partido Popular. Pero, algo es algo.

Santiago de Munck Loyola

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El 26-J sin autocríticas.

Transcurridos quince días desde la celebración de las elecciones generales ha pasado suficiente tiempo como para que los ciudadanos hayamos podido escuchar y asimilar las distintas valoraciones de los líderes políticos sobre el resultado y, sobre todo, hayamos podido apreciar la no autocrítica de ninguno de ellos. Y llueve sobre mojado a pesar de las fechas veraniegas en las que nos encontramos. Se quiera o no, se haya subido o bajado en escaños, lo cierto es que todos los partidos deberían realizar una profunda y seria autocrítica porque los resultados finales no permiten esta vez tampoco vislumbrar un período de estabilidad gubernamental imprescindible para acometer las profundas reformas políticas que necesita nuestro sistema, ni las económicas para garantizar un futuro de progreso social para todos.

El Partido Popular ha vuelto a ser el partido más votado lo que no significa necesariamente haber ganado las elecciones, aunque sí a sus rivales, porque no ha llegado a la meta al igual que todos los demás. El aumento de 14 diputados respecto a diciembre de 2015 no debería ser motivo de autocomplacencia. Cuando en seis meses se pasa de 187 diputados a 137 sigue siendo imprescindible un profundo ejercicio de autocrítica y de corrección de todos los factores que han podido influir en semejante pérdida: incumplimiento del programa electoral, déficit de democracia interna, represión de las críticas internas, tibieza frente a la corrupción y pésima política de comunicación pueden ser algunos de ellos. Rajoy y su equipo son los responsables de la voladura de la unidad del centro derecha por su incapacidad de adaptación a las exigencias de sus votantes y a las nuevas formas de hacer política. Ha funcionado el voto del miedo, no del convencimiento, la estrategia del mal menor. Muchos votantes han apostado por apuntalar un dique de contención que está muy agrietado frente a la inundación populista. Y nada más.

El líder socialista, Pedro Sánchez, está haciendo historia: está hundiendo electoralmente al PSOE. Los 85 diputados obtenidos sitúan al PSOE en una posición de extrema fragilidad que si ya constituye una lacra para el ejercicio de una oposición parlamentaria más lo es para articular un gobierno alternativo. En ningún país de nuestro entorno, un líder democrático que cosechase tan malos resultados seguiría al frente de su partido por dignidad y ética política. Sin embargo, aquí no ocurre nada parecido. Pedro Sánchez y su equipo se aferran a sus cargos como lapas, sacan pecho porque los Podemitas no les han adelantado y, encima, se ofrecen para intentar formar gobierno si fracasa Rajoy, algo a lo que están dispuestos a ayudar de forma entusiasta. Eso sí, lo han dejado claro, sus pésimos resultados son culpa de Podemos.

Si repasamos las declaraciones de los líderes podemitas y comunistas encontramos, poco más o menos, lo mismo. Se las prometían muy felices y finalmente, la suma de Izquierda Unida y Podemos, ha perdido más de un millón de votos en seis meses. Han pasado del sorpasso a la sorpresa y estupor. Izquierda Unida se ha difuminado y Podemos se está fracturando. ¿Por qué? Pues parece ser que según algunos de los líderes de esta coalición la culpa ha sido de los votantes que carecen de ética, según el ex JEMAD Julio Rodríguez, de los votantes cómplices de la corrupción, según la “demócrata” Mónica Oltra, o de los votantes de la “España profunda”, según el Sr. Julio Anguita. La culpa de sus resultados, en definitiva, es de cualquier ciudadano que no les haya votado pero no de ellos. Algún descerebrado militante comunista-podemita ha llegado a afirmar que habría que acabar “políticamente” con cualquier votante mayor de 50 años. Tienen muy mal perder estos chicos. Mejor no imaginar lo que harían si ganasen con los que no nos plegamos a su demagogia totalitaria.

Y Ciudadanos se ha llevado un notable revolcón electoral. Esta formación que creció gracias al voto descontento del PP se queja e indigna porque casi una cuarta parte de sus votantes hayan preferido volver al redil popular, aunque sea con la nariz tapada, antes que volverles a dar el voto para que los naranjitos se lo vuelvan a regalar al PSOE. Llegan incluso a acusar al PP de robarles escaños. ¿No entienden nada? ¿De dónde sacaron ellos sus 40 escaños en diciembre?

Lo dicho, con tan poca autocrítica, no es de extrañar que se repitan las mismas tácticas y estrategias a la hora de establecer pactos o alianzas que permitan la formación de un nuevo gobierno en España. Los diagnósticos electorales erróneos, fabricados a mayor gloria de los respectivos líderes, terminarán por llevarles a prescribir recetas equivocadas. Se volverán a equivocar si no ponen los pies en el suelo, si no anteponen el interés de España a los personales y, sobre todo, si no entienden que con su actitud pueden terminar achicharrando las urnas.

Santiago de Munck Loyola

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