¿Recortar o no recortar? Ahí no está la cuestión.

La precampaña ha empezado a calentarse gracias a la hoguera dialéctica del los partidos y la leña que alimenta el fuego está hecha de los famosos recortes o reajustes presupuestarios. P. Rubalcaba y sus asesores han creído encontrar una leñera llena en las medidas que muchos gobiernos autonómicos del PP están empezando a adoptar, una vez que han accedido al poder y se han encontrado con las arcas más que vacías.

Es como si el Sr. P. Rubalcaba no perteneciera al PSOE y nunca hubiese tenido responsabilidades de gobierno y, menos aún, responsabilidad alguna en el Gobierno de los recortes por excelencia, el Gobierno del Sr. Zapatero. Como si se tratase de un candidato virginal, ajeno a la dura realidad actual, Rubalcaba y su Equipo se dedica a censurar las medidas que distintos gobiernos autonómicos populares han venido tomando: reducción del número de sindicalistas liberados, aumento de las horas lectivas del profesorado, eliminación de empresas públicas, reducción del número de cargos de confianza, etc. Y la condena rubalcabiana se resume bajo la etiqueta de “recortes sociales”, “no a los recortes sociales”. ¡Que viene el lobo! Se olvida que el lobo ya vino y se comió el cheque – bebé, los 400 euros de desgravación, el período de cotización para el cobro de la pensión, las pensiones, el sueldo de los funcionarios, etc. y dejó 5.000.000 de parados. Ah, claro, es que eso no eran recortes, no, eran reajustes propios de la “champions league”. ¿Que ZP – Rubalcaba bajan los sueldos un 5% a los maestros? No es un recorte en educación, es un reajuste. ¿Qué el PSOE en Andalucía impone 21 horas lectivas a los maestros? No es un recorte en educación, no. Es una optimización de recursos. ¿Qué esperanza Aguirre impone 20 horas lectivas a los maestros? ¡RECORTE, RECORTE! Parece de broma, pero ésta es la realidad. Y los sindicatos, cómo no, de palmeros y cómplices de esta burda estrategia.

Lo cierto es que la cuestión no estriba en si hay que recortar o no, sino en qué hay que recortar. Hay un hecho evidente: no hay dinero para mantener las actuales prestaciones públicas. La alta tasa de paro y la baja actividad económica tiene dos claros efectos: menos recaudación, menos ingresos públicos, y más gasto social. Las cuentas no pueden cuadrar. Por tanto, es evidente que hay que recortar por algún sitio. No es posible seguir gastando más de lo que se tiene, como en cualquier casa, en cualquier hogar mínimamente organizado. Por tanto, asumido esto, hay que decidir qué es prioritario, qué hay que seguir conservando y manteniendo y qué es prescindible, qué se puede recortar. Ahí es donde radica la diferencia entre unos partidos y otros.

Parece que la Generalidad catalana lleva meses de conflicto con el personal sanitario. Entre otras cosas el ejecutivo catalán pretende rebajar las retribuciones del personal sanitario para ahorrar de aquí a fin de año 45 millones de euros. El Sr. Mas ha decidido ahorrar con el personal sanitario y, mientras tanto, no toca los 400 millones de euros presupuestados para el sostenimiento de las seudoembajadas catalanas, organizadas por el Sr. Carod Rovira, y demás programas de proyección exterior y publicidad de su Gobierno. He ahí una clara muestra de elección prioritaria para CIU: opta por su sentido nacionalista antes que por la atención sanitaria de sus ciudadanos.

Los gobernantes deben plantearse y decidir qué podemos mantener y qué no podemos mantener con los ingresos actuales. ¿Es posible seguir manteniendo unas Fuerzas Armadas profesionales? ¿Podemos mantener 17 parlamentos, 17 gobiernos autonómicos, 17 defensores del pueblo, 17 Tribunales de la Competencia, etc.? ¿Podemos seguir subvencionando a los Partidos Políticos, a los Sindicatos y a la Organizaciones Empresariales? ¿Podemos seguir manteniendo a nuestras Tropas en Misiones de Paz en el Extranjero? …

La cuestión no está en si recortamos o no recortamos. Quien diga que no va a hacer recortes sencillamente miente. La cuestión está en decir qué se va a recortar y ahí es dónde se va a retratar cada uno. La foto de algunos ya la conocemos, aunque la pasen por el photoshop.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com

Diputaciones, políticos y asesores.

La propuesta electoral del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba de eliminar las Diputaciones provinciales ha abierto un amplio debate político sobre la conveniencia o no de esta medida. Parece que la propuesta está ya haciendo aguas por la reacción nada entusiasta de su propio partido molesto por el “ninguneo” al que el candidato le ha sometido en este tema.

La propuesta de Rubalcaba nació desde el primer momento con muy poca credibilidad porque no hace más de un año que el candidato socialista se opuso firmemente a una medida similar y la toma ahora como propia, justo después de que los socialistas hayan perdido el control de la mayoría de las Diputaciones provinciales. Pero es que, además, Rubalcaba y su equipo tratan de justificar esta propuesta esgrimiendo cifras que superan los 1.000 millones de euros de supuesto ahorro con la eliminación que se produciría de cargos políticos (cerca de 1.000), asesores y demás gastos vinculados con la dirección de estas instituciones. Si se examinan los presupuestos de las Diputaciones Provinciales es fácil observar que los números no cuadran y que constituye una falsedad absoluta que el coste de los cargos políticos y cargos de confianza suponga casi el 15 % del total de los presupuestos de las Diputaciones, unos 7.000 millones de euros al año. Si se toma el caso de la Diputación de Alicante, una de las Diputaciones con más cargos políticos y puestos de confianza, el coste en nóminas y gasto corriente asociado a estos cargos ronda el 2,90 % del presupuesto anual, porcentaje muy alejado del manejado por Rubalcaba. Es más, si la cifra y el correspondiente porcentaje de supuesto ahorro señalado por el candidato socialista fuera cierto y creíble constituiría un verdadero escándalo en el que habrían participado todos los partidos políticos, es decir, una práctica habitual que es de suponer sería extensible a todas las demás administraciones públicas.

Dicho esto, lo positivo de esta propuesta es haber abierto un interesante debate sobre el papel, el futuro y las posibilidades de reforma de las Diputaciones Provinciales y, necesariamente, de las demás administraciones públicas. Es indudable que las administraciones públicas vienen siendo, desde hace muchos años, un botín que los Partidos Políticos reparten entre los suyos cuando se hacen con el poder de las mismas, ya se trate de Ayuntamientos, de Diputaciones, de Comunidades Autónomas o del Estado. El abuso que supone la proliferación de cargos de confianza (asesores, comunicadores, etc.), la asignación de elevados sueldos de los cargos políticos y el uso indiscriminado de bienes públicos y prebendas es mucho más relevante y significativo en tiempos de crisis como los actuales en los que se imponen continuos sacrificios a la población, sobre todo, a la más débil económicamente. Se han dado casos, como en la Diputación de Alicante, en los que hay más asesores que Diputados Provinciales. ¿Es normal? ¿Es admisible? ¿Es lógico que hasta para hacer oposición los grupos políticos tengan asesores? Parece que no, parece que el sentido común señala que si los Señores Diputados no saben hacer su trabajo y necesitan asesores para ello es mejor que se dediquen a otra cosa. Y esta consideración es extensible en gran medida a las demás administraciones públicas.

La proliferación de cargos de confianza no se debe a una desconfianza del político hacia los funcionarios, entre los que hay grandes profesionales, ni a su propia incompetencia personal que exija tan gran número de asesores, sino que obedece más bien a ese reparto del botín público en el pago de favores tan frecuente en las organizaciones políticas.

Hoy las Diputaciones Provinciales siguen prestando un apoyo fundamental a los pequeños municipios lo que justifica sobradamente su existencia. Sin embargo, el desarrollo de las administraciones autonómicas ha supuesto, en muchos ámbitos, una duplicidad de funciones insostenible. Posiblemente, la solución pase por una redefinición del papel de las Diputaciones en coordinación con la estructura autonómica. Las Diputaciones deberían incrementar su capacidad de apoyo y asesoramiento a los pequeños municipios cuya viabilidad también es cuestionable en estos momentos y dejar en manos de las administraciones autonómicas muchas funciones que, además, competencialmente les corresponden. Igualmente, su reforma debería pasar por una revisión profunda de su representatividad democrática y del estatuto económico de sus cargos públicos. Muchos ven en las Diputaciones un contrapeso político a la tendencia neocentralizadora de las Comunidades Autónomas y esta consideración se ha venido reflejando en un crecimiento mimético de las Diputaciones que hoy no las hace viables. No se puede  solucionar un problema creando otro.

Santiago de Munck Loyola

El candidato P.

Hoy en día, en la venta de cualquier producto es imprescindible, si no se quiere fracasar en el empeño, someterse a los dictados del mundo de la publicidad, del marketing. Los especialistas hacen estudios de mercado, diseñan marcas, imágenes, logos, lemas,… todo lo necesario para que el producto a vender obtenga las mayores cuotas de mercado posible. Incluso, cuando es necesario cambian hasta la denominación del producto. Cualquier cosa vale con tal de colocar la mercancía, por muy mala que sea.

Y debe ser cosa del mercado esa tendencia del PSOE a cambiar hasta los apellidos de sus candidatos a la Presidencia del Gobierno. Primero fue Zapatero. Todos le conocemos por Zapatero, aunque su primer apellido sea Rodríguez. Hablamos de “Felipe González” o del “Sr. González”, de “José María Aznar” o del “Sr. Aznar” pero a poca gente, por no decir a ninguna, se le oye hablar de “José Luis Rodríguez” o del “Sr. Rodríguez”. Los publicistas socialistas nos machacaron con ZP y con Zapatero a secas y esa denominación ha calado.

Ahora le toca el turno al nuevo candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y en el primer filtro publicitario socialista ha perdido también su primer apellido. Ya en los carteles socialistas, sobre fondo de intenso rojo, ha rotulado Alfredo P. Rubalcaba.

Los tiempos cambian y con ellos la conveniencia de mantener los primeros apellidos. Si antes apellidos como Suárez, González o Aznar eran suficientemente políticos como para identificar a los candidatos, parece ahora que ni Rodríguez, ni Pérez valen para eso.

Puede que la razón por la que antes sí eran válidos esos apellidos para identificar a unas “mercancías políticas” estaba en que los portadores de tales apellidos reunían cualidades personales y políticas de tal peso y entidad que la identificación entre apellido y apellidado era más que suficiente. Suárez, González y Aznar gozaban de reconocimiento propio y proyección bastante como para no necesitar de triquiñuelas publicitarias.

Y no debe ser el caso de los dos últimos candidatos socialistas, Rodríguez y Pérez. Una lástima que alguien tenga que esconder su primer apellido a favor del marketing.

Santiago de Munck Loyola.

LA HUELGA DE LOS CONTROLADORES (2).

Ya se ha pasado el caos aeroportuario del fin de semana causado por la huelga salvaje de los controladores y la ineptitud chulesca de este gobierno. Y toca ahora realizar toda clase de comentarios y debates en torno a dicha huelga. No hacía falta que el Sr. Zarrías, conocido como el pulpo multivoto, culpara al Partido Popular de este desastre. Conociendo su talla intelectual era de esperar tan fino diagnóstico por parte del reputado político socialista.

Hoy se ha celebrado Pleno en el Congreso para debatir sobre este asunto. Y, como no podía ser menos, desde las filas socialistas han vuelto a adjudicar responsabilidades a la oposición. Era de esperar que repitiesen, con menos zafiedad que la del Sr. Zarrías, los mismos argumentos. Todo menos asumir responsabilidades. El convenio colectivo suscrito por el Gobierno de Partido Popular con los controladores expiró en diciembre de 2004 y es normal, habida cuenta la brillante capacidad gestora delictual gobierno, que en seis años no haya tenido tiempo material de negociar uno nuevo, ni de reformar el sistema, ni de legislar lo necesario para evitar un desastre como éste. No señor, los socialistas no han tenido tiempo y toda la culpa es del Sr. Aznar que está compinchado con los controladores. Lo peor de todo es que seguramente ellos mismos y quizás alguno de sus votantes se lo creen.

Mariano Rajoy ha tenido hoy una buena intervención, responsable y crítica a la vez con este “desgobierno”, Pero quizás ha pecado de excesiva cortesía parlamentaria, una cortesía que los gobiernos del Partido Popular no recibieron nunca de la entonces oposición socialista. «El ministro de Fomento es un inútil total con dosis importantes de caradura porque siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades» ha recordado el líder de la oposición citando a Alfredo Pérez Rubalcaba quien dedicó esta frase en 1999 al Ministro de Fomento Arias Salgado por unos retrasos en el aeropuerto de Barajas. Rajoy ha añadido que no sería él quien se las dedicase al Ministro Blanco porque él no es así. Pues eso último creo que le ha sobrado, yo sí creo que el Sr. Blanco es, como Ministro de Fomento, un inútil total con dosis importantes de caradura porque siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades. Y en estos días ha dado importantes pruebas de ello al igual que sus conmilitones. El Sr. Blanco ha estado mintiendo a la sociedad al afirmar en agosto que los problemas con los controladores estaban resueltos y ha mentido en repetidas ocasiones al afirmar que ya existía la homologación para los controladores militares. Y ha sido un auténtico chapucero por acudir al decreto y a la imposición el pasado mes de febrero en lugar de a la negociación y al acuerdo. ¡Vaya con el gobierno del talante! Desde otras posiciones tanto Llamazares como Rosa Díez han tenido unas acertadas intervenciones.

Hay dudas más que fundadas sobre la legalidad del decreto de militarización y de la declaración del Estado de Alarma. El Gobierno ha acudido a estos instrumentos jurídicos excepcionales para resolver un conflicto laboral, no hay que olvidarlo. Se trata de una huelga tan salvaje como la de los empleados de Metro del pasado mes de julio tan aplaudida por la izquierda ya que el choque frontal era con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En ambas se vulnera la ley y se pisan claramente los derechos de los ciudadanos. La diferencia estriba en el volumen económico de los daños causados y en el estatus de los huelguistas, pero la esencia es la misma. En la huelga de Metro se impedía fundamentalmente a los trabajadores usar ese medio de transporte para ir a trabajar. En la de controladores el perjuicio principal ha sido para quienes no han podido usar los aviones, no para trabajar, sino para disfrutar de unas vacaciones. Dos varas de medir a la hora de analizar, justificar y solucionar conflictos laborales. Pero, desde luego, la solución a estos conflictos no pasa por esgrimir como una estaca los instrumentos constitucionales. No quiero ni pensar lo que habría ocurrido si fuese el Sr. Aznar el que hubiese decretado el estado de alarma. ¡Cuanta hipocresía!

Santiago de Munck Loyola