La política municipal es especialmente gratificante. La cercanía al ciudadano, a sus problemas y a sus aspiraciones permite al político comprobar de forma inmediata la eficacia de sus acciones. Pero, de igual modo, es la actividad política más arriesgada porque, simultáneamente, los errores también se ponen de manifiesto de forma evidente. Gobernar en tiempos de bonanza puede ser más o menos fácil, pero donde de verdad puede medirse la talla de un político es en tiempos de escasez y de crisis.
En los últimos tiempos son constantes las noticias sobre las tremendas dificultades económicas de muchos Ayuntamientos pequeños y medianos de nuestro país. Dificultades que afectan gravemente sobre todo a los pequeños proveedores de estos Ayuntamientos. Lamentablemente la actitud de la Administración Central y de las Autonómicas, en la mayoría de los casos, no está sirviendo para que los entes locales puedan capear la crisis con cierta facilidad. La prohibición de nuevos endeudamientos decretada por el Gobierno de la Nación puede resultar necesaria pero tendría que haber venido acompañada de los mecanismos legales suficientes para solucionar de una vez el espinoso problema de la financiación de los entes locales. Sin embargo, no ha sido así. Tampoco las autonomías, ahogadas en su propia crisis, están ayudando a los Ayuntamientos en esta difícil situación. Son los propios Ayuntamientos los que tienen que hacer frente a la misma y utilizar todos los recursos disponibles para poder funcionar y seguir prestando los servicios públicos imprescindibles para los ciudadanos.
Sin embargo, parece que la mayor parte de la clase política local no está a la altura de las circunstancias. Las reacciones ante la crisis han sido tardías, pese a que se vislumbraba, insuficientes o inexistentes. Sólo han sido noticias destacables las parciales y propagandísticas rebajas de sueldos de cargos públicos en algunos casos, en otros ni siquiera ese detalle de solidaridad con los vecinos se ha producido. Quizás la proximidad de unos comicios locales el año que viene está impidiendo a muchos políticos adoptar medidas imprescindibles en todo buen gobierno. Y se están equivocando. La sinceridad ante los vecinos y las explicaciones constantes sobre la realidad son la mejor manera de comparecer ante las urnas. Tratar a los vecinos como menores de edad a los que no hay que explicar la situación es un grave error electoral. Yo, desde luego, no votaría a un candidato del que sospecho que me trata de engañar.
No es fácil, pero en situaciones de auténtica y larga crisis como la que vivimos nuestros políticos municipales tienen la obligación moral y política de gobernar. Y gobernar es tomar decisiones, marcar prioridades y adoptar decisiones aunque puedan resultar aparentemente impopulares. Muchos políticos confunden gobernar con gestionar, desconfían por naturaleza de los técnicos y funcionarios y se ponen a realizar labores impropias de un gobernante. Los gestores, los técnicos están para gestionar. Los políticos para gobernar y eso implica el ejercicio de un liderazgo político. Resulta llamativo ver a tanto y tanto concejal metido a técnico, como si las urnas otorgasen conocimientos.
En todo caso, hoy los gobernantes municipales no pueden seguir como si no pasase nada. Tienen la obligación política de no empeorar con su inactividad o con sus decisiones erróneas el panorama municipal. Los Ayuntamientos han seguido durante años la tendencia a prestar progresivamente un mayor número de servicios a los ciudadanos, muchos de ellos fuera de sus competencias. Y lo han hecho con la fórmula del “café para todos”, como si los recursos fueran ilimitados y como si todos los vecinos tuviesen la misma capacidad contributiva. Con esta actitud han hecho competencia desleal, en muchas ocasiones, a los propios contribuyentes al ponerse a prestar servicios que ya cubría de forma satisfactoria la iniciativa privada y, por otra, han prescindido del principio de progresividad fiscal y de la propia ley prestando servicios no necesarios por debajo del coste real y al mismo precio para todos, desviando así importantes recursos que al final no llegan al que de verdad lo necesita. ¿Es lógico proporcionar clases de inglés casi gratis cuando hay instituciones educativas privadas que las imparten al mismo tiempo que no hay dinero para ayudar a parados de larga duración? ¿Es moralmente aceptable que con el dinero de todos se financie el 70% del coste de una plaza en una escuela infantil a alguien cuya renta es muy superior a la media mientras que hay niños que ni siquiera pueden pagar el comedor escolar? Las respuestas son evidentes.
Por tanto, los ajustes que un Ayuntamiento debe poner en marcha en tiempos de crisis son duros pero deben hacerse. Y hay que hacerlo con el concurso y la convicción de la mayoría de los vecinos. Recortar en gastos de personal para ajustar la maquinaria administrativa al descenso de la actividad que se produce en tiempos de crisis, suprimir puestos de confianza, eliminar gastos superfluos (atenciones protocolarias, viajes, propaganda, publicidad, etc.), congelar nuevas inversiones hasta que no se paguen las existentes, refinanciar la deuda municipal, mejorar y hacer más transparentes las contrataciones, revisar las ordenanzas fiscales, suprimir prestaciones no obligatorias, cobrar las tasas y precios públicos al coste real del servicio estableciendo exenciones concretas para los más desfavorecidos, controlar y recortar gastos corrientes, establecer fórmulas cooperativas para la prestación de servicios, disminuir las transferencias, aprobar planes de trabajo comunitario y muchas otras medidas similares deben adoptarse por simple sentido de la responsabilidad y de la solidaridad. Y la oposición debe estar más vigilante que nunca, arrimar el hombro y formular propuestas constructivas. Eso es gobernar. Lo demás, mirar de reojo constantemente a la próxima cita electoral, sólo puede conducir al desastre.
Santiago de Munck Loyola.
