D. Felipe del Baño, de cazador a cazado.

¡Vaya, vaya, vaya! Parece que empiezan a encajar las piezas. Parece que se empieza a comprender las razones que se escondían tras el furibundo alegato del Diputado Felipe del Baño, instructor del expediente de expulsión del PP de un servidor y de Antonio Sobrino, en su inefable escrito contra los que pedíamos regeneración democrática, democracia interna y más honradez en el Partido Popular de la ciudad de Alicante. El inquisidor – instructor, se puso manos a la obra presto a ejecutar las instrucciones del Secretario Provincial de Alicante, José Juan Zaplana, para echar del partido a los defensores de la regeneración democrática y lo hizo con un escrito plagado de perlas. En él, D. Felipe del Baño, llegaba a decir que resultaba inadmisible reivindicar la regeneración dentro del partido porque eso era dar a entender que todo el partido era corrupto. Pocas semanas después, D. Felipe, se despellejaba las manos aplaudiendo a la Vicepresidenta del Gobierno que acababa de insistir en la necesidad de promover la regeneración democrática en los partidos políticos, incluido el Partido Popular. En dicho escrito, D. Felipe llegaba incluso a afirmar, en el colmo del cinismo o de la ignorancia, que las críticas que realizábamos serían admisibles si las hiciésemos en los cauces internos de participación del partido, obviando un dato importante en su poder: que hace más de diez años que los afiliados de la ciudad de Alicante no han sido convocado a ninguna reunión, ni a ningún acto de participación y debate en el partido por la sencilla razón de que no existen dichos cauces. Y otra perla interpretativa de D. Felipe era que es intolerable y motivo de expulsión afirmar que en el PP de la ciudad de Alicante no hay democracia interna. Para él y para los demás miembros del Comité de Derechos y Garantías del PPCV ocho años sin elecciones internas en la ciudad de Alicante vulnerando los Estatutos del PP que las establecen cada tres años es un ejemplo de democracia interna y el que diga lo contrario a la calle.

Pues bien, ahora resulta que el brazo ejecutor de D. J.J. Zaplana, D. Felipe del Baño, ha sido pillado con las manos en la masa. Según publica el 28 de septiembre de 2013 el Diario Levante (http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/09/28/edil-pp-san-antonio-dice/1036666.html), D. Felipe del Baño, tras la denuncia de una Asociación, ha reconocido en el Pleno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, Valencia, donde el Diputado popular simultanéa un puesto de concejal con su escaño en las Cortes Valencianas, que en 2010 realizó una contratación a una empresa, Vivers Centre Verd SAU, por importe de 52.000.- € a dedo y sin expediente de contratación alguno. Y, a continuación, el Sr. Del Baño, vulnerando los Estatutos del Partido Popular, votó en contra de la moción del Grupo Popular que proponía la creación de una Comisión de Investigación para aclarar este sucio asunto. Es posible que D. Felipe del Baño, pese a que al parecer es abogado, ignorase la existencia de procedimientos legales para realizar las contrataciones en las administraciones públicas o que conociendo dichos procedimientos decidiese pasárselos por el arco del triunfo, pero todo el mundo sabe que eso está muy feo, que lo del “dedito” es una práctica sospechosa y muy censurable y que, aún habiéndolo hecho, no se pueden dejar pasar tres años sin regularizar la situación formalizando el correspondiente expediente para que la empresa contratada pudiese cobrar el trabajo digitalmente encargado. Y lo de votar contra la moción del Grupo Popular no sólo está feo, sino que además constituye un mal ejemplo cuando quien lo hace es miembro del Comité de Derechos y Garantías del PPCV y, por tanto, ostenta la responsabilidad de hacer cumplir los Estatutos del Partido. Es de suponer que alguien que forma parte de ese Comité conoce especialmente los Estatutos y que recordará el Artículo 13 que dice: Infracciones muy graves.

1.- Cometen infracción muy grave quienes incurran en alguno de los siguientes supuestos:

e) La desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del Partido, así como de los Grupos Institucionales del mismo.

No hace falta ser un lince para saber que el Grupo Popular del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber es un Grupo Institucional y que votar en contra de una moción de este Grupo, siendo miembro del mismo, es incurrir en infracción muy grave.

¿Qué ocurrirá ahora? ¿Dimitirá D. Felipe como miembro del Comité de Derechos y Garantías del PPCV por haber vulnerado los Estatutos del PP? ¿Le instruirán el pertinente expediente disciplinario por la misma razón? ¿Dimitirá como concejal y diputado tras reconocer públicamente que ha vulnerado la Ley sobre contrataciones de las administraciones públicas? Después de leer lo que escribió sobre la regeneración democrática y verle después aplaudir a la Vicepresidente del Gobierno, es casi seguro que no. Sería como pedir peras al olmo. Como puede observarse una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. ¿Y todavía hay alguien que dude de la necesidad de impulsar medidas regeneradoras en los partidos políticos?

Santiago de Munck Loyola

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Alicante sin representación colectiva del centro derecha.

Ayer el Comité Ejecutivo Provincial del PP decidió aprobar la creación de 5 Juntas de Distrito para sustituir la Junta Local del PP de la Ciudad de Alicante, dando así cumplimiento al acuerdo del 11 de octubre de 2012 que decía “Alicante, respecto de la cual el Presidente propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de Juntas de Distrito,…” Diez meses, nada menos, empleados en decidir el número de Juntas del PP que habrá en Alicante. 

Hay que señalar que es precisamente el acuerdo de octubre pasado el origen del conflicto que se ha saldado, de momento, con la suspensión cautelar de militancia de Antonio Sobrino y de un servidor y con la apertura de sendos expedientes disciplinarios para echarnos del PP. Entendimos y seguimos entendiendo que la decisión de dejar a la ciudad de Alicante sin Junta Local era y es ilegal porque vulnera el Artículo 19 de los Estatutos Nacionales del PP que facultan a la organización provincial para crear distritos (órganos de descentralización de una Junta Local grande) pero no para suprimir una Junta Local. Presentamos en su día los oportunos recursos. Primero ante el propio Comité Ejecutivo Provincial que no contestó, aunque sí lo hizo, atribuyéndose funciones que no le corresponden el Secretario Provincial quien, vulnerando de paso los Estatutos del Partido, se negó por escrito a entregar la documentación que le pedimos y desestimó el recurso alegando que no habían suprimido la Junta Local de Alicante. Ya me dirá alguien como se puede sustituir una cosa por otra y conservar ambas. Tampoco respondieron ni el Comité de Derechos y Garantías del PPCV ni el nacional. Eso sí, el primero nos ha abierto un expediente disciplinario y nos ha impuesto una medida cautelar, como si fuésemos delincuentes, de suspensión de militancia con el único fin de privarnos de nuestros derechos de cara a cualquier proceso electoral interno. Creo recordar que ni a Bárcenas le impusieron una medida similar ni, por supuesto, a ninguno de los numerosos cargos del PP imputados en procesos judiciales. En todo caso, ahora serán los tribunales de justicia serán los que decidan sobre la legalidad de esta decisión.

De otra parte, hay que resaltar y con ello no creo hacer otra cosa que describir la realidad, que esta decisión de suprimir la Junta Local de Alicante se ha tomado sin consultar a los miles de afiliados de la ciudad y ni tan siquiera se les ha comunicado por escrito. Los afiliados de Alicante nos limitamos a pagar nuestra cuota, que se la queda la Provincial, y a enterarnos por la prensa de lo que pasa y lo que deciden otros con nuestra organización local.

Pero en todo este asunto hay dos cuestiones importantes que reflejan la consideración que Alicante parece merecer para la cúpula provincial del PP. De una parte, la situación en la que quedan los afiliados alicantinos que en su día se afiliaron a una organización de y para toda la ciudad y no a una organización de barrio. Parece que los afiliados alicantinos no tenemos derecho a tener una organización política de nuestra ciudad, como la tienen los afiliados de Elche, de Torrevieja o de cualquier municipio. ¿No tenemos los mismos derechos? ¿Por qué los demás pueden tener una Junta Local y nosotros no? ¿Por qué no se deja decidir a los alicantinos? ¿Por qué los afiliados alicantinos no pueden tener una sede propia? ¿Por qué los afiliados alicantinos son los únicos cuyas cuotas íntegras van a parar a la Provincial? ¿Por qué no pueden tener un Presidente local que los represente ante la sociedad alicantina? Nadie da una respuesta satisfactoria estas preguntas. ¿No será que algunos dirigentes provinciales, que no son de la ciudad, pretenden controlarla y arrogarse la representación de las bases?

Y la segunda cuestión afecta a la ciudad en sí. Del mismo modo que se convierte a los afiliados alicantinos en afiliados de segunda, también la ciudad de Alicante parece ser tratada, una vez más, de la misma manera. Los problemas y las necesidades de una ciudad como la nuestra no van por distritos, por barrios, sino que la mayoría de los mismos son globales, tienen un carácter transversal y por tanto requieren un tratamiento unitario. El desempleo, los desahucios, la marginalidad, el turismo, los transportes, el Plan General, la promoción cultural, las infraestructuras comunitarias, por citar algunos asuntos, son cuestiones que afectan al conjunto de los alicantinos y su análisis, sus soluciones y su tratamiento debe hacerse desde una perspectiva global y no por distritos. Al igual que ocurre con las demás organizaciones políticas de la ciudad, el centro derecha debería tener una organización de y para la ciudad en su conjunto y no 5 organizaciones débiles coordinadas no se sabe muy bien por quién designado por no sabe tampoco por quién. La sociedad alicantina se merece, también en el ámbito del centro derecha, una organización para toda la ciudad, nacida de la voluntad de los afiliados del centro derecha y con un liderazgo nacido de las bases y no impuesto, ni tutelado. Alicante y sus vecinos no pueden ser tratados de diferente forma que los demás municipios de la provincia. Y si se hace, debería explicarse muy bien por qué.

Los hechos y la experiencia de los últimos años han demostrado que el PP de Alicante era una formidable máquina electoral, pero poco más. Unas siglas controladas por grupos y “familias”, pero no una organización dinámica, viva, participativa en la que los afiliados pudieran trabajar, proponer ideas, realizar propuestas o simplemente opinar sobre el programa electoral o sobre quienes deberían formar parte de las listas electorales. Y la solución más lógica y más democrática para superar esa situación no era otra que la de devolver la palabra a la militancia para que decidiese lo mejor sobre el futuro de su organización local. Pero no, no se ha optado por esa solución. Se ha optado por imponer a la militancia un modelo dudosamente legal desde la perspectiva de los Estatutos del partido Popular y por privar a la ciudad de Alicante de una interlocución única para el conjunto de la ciudad. Seguramente los demás partidos políticos estarán muy contentos con ello.

Santiago de Munck Loyola

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Algo debería cambiar.

Cada día que pasa parece que se agrava la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su equipo de gobierno. Poco a poco se va extendiendo la idea, antes muy minoritaria, de que debería dimitir como consecuencia de su imputación por diversos delitos en los Tribunales de Justicia y del daño que esta circunstancia estaba ocasionando a la imagen de la ciudad y del Partido Popular. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, durante el acto de celebración del primer año del Presidente Fabra al frente del PPCV, todos pudimos ver cómo distintos dirigentes populares hacían el vacío a Sonia Castedo, y con ello a los alicantinos a quienes como Alcaldesa nos representa, y rehuían cualquier fotografía junto a ella. Por otra parte, va cobrando fuerza el rumor de que en Génova están hartos de la situación y presionan para que dimita. Al parecer, hay quien no desea la foto de la Alcaldesa imputada junto al Príncipe de Asturias en el caso de que presida la inauguración del AVE hasta nuestra ciudad.

Las últimas noticias no han contribuido tampoco a aliviar la mala imagen del Gobierno Municipal y en ellas ha vuelto a ser protagonista el mismo “tronco” que aparece en los procesos judiciales abiertos. Las adjudicaciones municipales de contratos a empresas vinculadas al Sr. Ortiz por importe de 468 millones de euros, realizadas por vía extraordinaria y urgente sin justificación política ni legal alguna, han agravado la mala imagen no ya de Sonia Castedo que no participó en la Junta de Gobierno, sino del equipo de gobierno que ha venido comportándose de forma cómplice en unas formas y modos de actuar más que reprobables. 

Del mismo modo, la anulación por parte del TSJ del Plan Rabasa, en el que también es pieza clave el Sr. Ortiz y su venta de suelos a Ikea, por la existencia de graves defectos en su tramitación ha supuesto una mancha más en la imagen de la gestión Municipal. Si a ello sumamos las recientes informaciones de dos viajes a Portugal de la Sra. Alcaldesa y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, en jet privado para negociar los precios de la venta de los suelos del Sr. Ortiz a Ikea, como si se tratase de agentes inmobiliarios, tenemos delante un panorama bastante desolador.

Este lamentable panorama político salpica fuertemente a la imagen del Partido Popular cuya pasividad, cuando no complicidad política, de cara a la opinión pública ha sido más que evidente. La dirección provincial, ante la imputación judicial de la alcaldesa y del vicealcalde, se ha limitado a recordar la obviedad de que las actas de los concejales eran personales y que no se les podía obligar a dimitir, pero es un hecho cierto que no ha querido, o no ha podido ejercer una facultad a través del resto de los concejales, de ordenar la exclusión de los imputados del Grupo Popular Municipal y no lo ha hecho, posiblemente, porque se habría encontrado con la negativa de la mayoría de los mismos quienes, a través de diferentes medios, ya habían expresado que estarían con la Alcaldesa hasta el final. A ello, hay que añadir dos datos relevantes para sopesar la actitud de la dirección provincial del PP ante esta grave situación. De una parte, el hecho de que el Secretario General Provincial José Juan Zaplana presidiera la cena de auto homenaje a Sonia Castedo que se organizó poco antes de Navidad y poco tiempo después de conocerse su imputación judicial. De otra, el hecho de que el Secretario Provincial se reuniera con los concejales imputados para “apuntalar” las elecciones internas del Partido Popular de la ciudad de Alicante, acabando con ello con la esperanza de unas elecciones internas limpias y democráticas, es decir, sin intervenciones superiores para predeterminar un resultado concreto. A este respecto hay que recordar que la democracia interna en el PP de la ciudad de Alicante no funciona, que la Dirección Provincial decidió en octubre pasado, de espaldas a los militantes, suprimir la Junta Local de la ciudad y crear una serie de distritos, que no se ha celebrado ningún proceso electoral interno, superando todos los plazos legales, y que según los medios de comunicación, algo no desmentido por la Dirección provincial, el derecho de voto de los miles de afiliados populares de la ciudad está condicionado al destino judicial de una sola persona, la Alcaldesa.

Aunque este análisis es compartido por muchos afiliados de la ciudad, la mayoría calla y consiente porque ya es sabido que el que se mueve no sale en la foto, pero por mucho que se siga escondiendo la cabeza en el agujero, la realidad es la que es y los hechos son lo que son. La ciudad de Alicante no se merece la imagen que se está trasladando de la institución municipal y los afiliados populares y los votantes tampoco se merecen el deterioro que este espectáculo político y judicial está ocasionando. Hay responsabilidades de muchos, ya sea por acción o por omisión, y desde una perspectiva política no están circunscritas a la esfera municipal, aunque lamentablemente y como suele ser habitual nadie dará la cara en el momento oportuno. Eso sí, matarán al mensajero.

Santiago de Munck Loyola

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¡Bien por Esperanza!

No sé si Esperanza Aguirre está impulsando o no “una corriente de opinión” que algunos, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, podrían considerar “contraria a los intereses del Partido”, pero lo cierto es que no somos pocos los militantes del Partido Popular los que nos sumamos a muchas de sus propuestas que, sin duda, podrían contribuir, de llevarse a cabo, a regenerar al Partido Popular y a combatir eso que algunos llaman la desafección de los ciudadanos hacia los partidos y la clase política y otros llamamos simplemente hartazgo. Hoy, sin ir más lejos, Esperanza Aguirre ha manifestado que "con elecciones internas para encontrar a los dirigentes, los militantes de base se sentirían mucho más involucrados en la vida del partido". Nada más sensato ni más lleno de sentido común que esa reflexión. Algunos lo han interpretado como una reivindicación de las primarias para el Partido Popular. Pero, primarias o no, unas elecciones internas libres, democráticas, sin tutelas ni fiscalizaciones superiores son un requisito esencial para que los militantes se involucren más a fondo con su partido.

Esta reflexión ha obtenido la respuesta inmediata de la Secretaria General: "En los congreso del PP hay libertad para presentarse”. Y no, no es así y lo debería saber. En los Congresos del PP, locales, provinciales, regionales o nacionales, junto a la “libertad y democracia interna teóricas” hay filtros y prácticas que limitan enormemente esa supuesta libertad. Muchas veces da la impresión que cuanto más alto se sube en las estructuras del Partido Popular más se desconoce lo que constituye la práctica y las costumbre de los aparatos del mismo. Los altos cargos, rodeados de aduladores y pelotas, terminan como el Rey de la leyenda, paseándose desnudos y sin reconocerlo, no sea que alguien les llame tontos.

La democracia interna y la participación de los militantes es mínima en el Partido Popular y eso lo sabe cualquiera, especialmente en la Provincia de Alicante como le debería constar a la Secretaria General aunque no tenga tiempo para contestar a los escritos de los militantes de la Provincia. Una cosa son los Estatutos, democráticos pero manifiestamente mejorables, y otra las prácticas que unos y otros se gastan. Y uno no habla de oídas, sino que lo ha vivido personalmente. Un servidor conoció de primera mano en 2008 el uso de algunos métodos repudiables para la obtención de avales para Rajoy por parte del Secretario General, Ricardo Costa, quien no tuvo inconveniente alguno en citar en Valencia a Alcaldes y Concejales para que firmaran ya los avales para el candidato, en una infantil y estúpida carrera a ver quién presentaba más avales, con la velada amenaza de que de no hacerlo podrían peligrar inversiones de la Generalitat o determinados trámites para sus respectivos municipios. Y hasta tal punto llegaron las cosas que muchos de los afectados se reunieron en la sede provincial con el entonces Presidente provincial para hacerle saber las presiones a las que estaban siendo sometidos. ¿Democracia interna?

Un servidor al igual que otros, cuando quiso ejercer su derecho y asistir como compromisario a un Congreso del PP, recibió la llamada del hoy Secretario General provincial, José Juan Zaplana, quien le comunicó que no podía presentarse para ir al congreso porque los puestos de la ciudad de Alicante ya estaban repartidos entre “las familias y sensibilidades” del partido en la ciudad y que, por tanto, su candidatura sobraba. ¿Libertad interna?

Y si hablamos de los congresos locales de la Provincia de Alicante podemos hacer un relato muy extenso de las “intervenciones” de la Dirección Provincial en los procesos electorales para influir de forma decisiva en la elección de Presidente locales afines, rompiendo la debida imparcialidad en toda elección democrática de los órganos superiores, como en el caso de Torrevieja donde se produjeron actuaciones poco ejemplares desde una perspectiva democrática. Y qué decir de Benidorm o de Elche.

El resultado de las intervenciones a favor de unos u otros candidatos en los procesos electorales internos por parte de los órganos superiores termina traduciéndose en rupturas del partido y en el establecimiento de liderazgos débiles y mediocres, aunque muy sumisos con la superioridad que parece ser lo único importante para algunos, haciendo con ello bueno aquello de que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Y pare qué hablar de la designación de los componentes de las lista electorales a las instituciones públicas donde, por Estatutos, los militantes no tienen nada que decir ni proponer.

Para todo aquel que conozca mínimamente el funcionamiento de los partidos y el desorbitado poder de sus estructuras burocráticas resulta indudable que es preciso mejorar los niveles de democracia interna, de participación de la militancia y de apertura al cuerpo electoral. El problema estriba en que es algo tan asumido que el actual sistema interno es democráticamente aceptable que, incluso, los medios de comunicación a penas lo cuestionan. Hace tan sólo un par de días, un comentarista político en una emisora de radio comentaba sobre los posibles sucesores de un determinado presidente autonómico del Partido Popular. No se le pasó por la cabeza mencionar cual de los dos aspirantes podía contar con más apoyo entre los militantes del Partido Popular, sino que centró sus posibilidades sobre el apoyo que uno y otro recibían respectivamente de Mª Dolores de Cospedal y de Soraya Sáenz de Santamaría. Para el comentarista lo decisivo no era el respaldo de la militancia, sino el de los de arriba. La militancia, un cero a la izquierda.

Pues a esa reacción es a la que no nos queremos resignar quienes creemos en la democracia, en el incalculable valor de la militancia política. Los populares tenemos el sistema estatutario que tenemos, pero unos estatutos no son ni la Biblia ni las Leyes Fundamentales del Movimiento. Son mejorables y constituye una obligación moral y política trabajar por que así se haga. Más democracia interna, más participación y más libertad. Si esa es la “corriente de opinión” que impulsa Esperanza Aguirre, yo me sumo.

Santiago de Munck Loyola

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¿Sentencias a la cubana en Alicante?

Hay noticias que no tienen desperdicio. El pasado 22 de febrero, la edición alicantina del Diario ABC (http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130222/abcp-expulsara-afiliados-criticos-castedo-20130222.html) publicó el siguiente e ilustrativo titular El PP expulsará a dos afiliados críticos con Castedo y Císcar. Continuaba así: El comité de derechos y garantías del PPCV, que preside el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, ha iniciado el procedimiento para expulsar del partido a dos militantes de la agrupación alicantina: Santiago de Munck y Antonio Sobrino. La noticia, publicada por D. Martínez, se basaba en las informaciones ofrecidas por “fuentes próximas al comité de derechos y garantías”. Ya se sabe que cuando un periodista acude a la expresión de “fuentes próximas” se está refiriendo a alguien que no quiere dar la cara, a un cobarde, a un sujeto que o bien quiere esconder sus datos porque miente o porque no está autorizado a expresar lo que dice. Lo más preocupante de esta noticia es que seguramente el periodista no se ha inventado nada, sino que ha trasladado lo que la citada fuente, aunque dado el contenido debería ser calificada mejor de cloaca, le ha transmitido ya que nadie, con capacidad para ello, ha rectificado, ni ha puntualizado una sola coma.

Para ver el alcance y el calado de lo que esta noticia encierra, hagamos un ejercicio de ficción e imaginemos que un periódico traslada de fuentes próximas al juzgado el siguiente titular: El Juez condenará a la cárcel a la Alcaldesa de Alicante y todo ello sin que se haya iniciado procedimiento judicial alguno. Sería un escándalo de primeras proporciones. Sería una prueba evidente de que no se va a celebrar ningún juicio conforme a las garantías mínimas procesales que nuestra Constitución ampara, se estaría vulnerando clarísimamente la presunción de inocencia y todo el proceso judicial que se desarrollase después no sería más que una farsa. Estaríamos ante un proceso a la cubana, o a la soviética, donde el acusado, antes siquiera de serlo, ya estaría condenado. Pues es exactamente el mismo caso que el descrito por el corresponsal de ABC a instancias de las informaciones facilitadas por las fuentes próximas al llamado “Comité de Derechos y Garantías” (¿de quién?) que preside, al parecer, el Sr. Castelló.

Es más, según esas mismas turbias fuentes  la intención de Castelló es que ambos militantes reciban la notificación del inicio de su expediente de expulsión la próxima semana. Como puede ver cualquiera no se trata de un expediente para averiguar hechos, dar trámite de audiencia y decidir, en su caso, la imposición de una determinada pena, no, eso sería lo normal en una organización democrática propia de un estado de derecho, pero parece que lo normal, y lo legal, es algo que desconocen las fuentes próximas al Comité de Derechos y Garantías.

Si el redactor de esta noticia, la hubiese contrastado con los condenados sin juicio, perdón los afectados por el presunto “decreto” cubano de expulsión podría haber contribuido a clarificar las aguas sucias vertidas por su fuente informativa. Podría saber que las supuestas críticas deben de referirse a la impugnación del acuerdo de la Junta Provincial de sustituir a la Junta local de Alicante por Juntas de Distrito, impugnación que desde el 15 de enero está en manos de ese mismo Comité de Derechos y Garantías sin que, hasta el día de hoy, ni haya acusado recibo de la misma, ni se haya pronunciado sobre su fondo; acuerdo que se tomó de espaldas a los militantes de la ciudad de Alicante (no es una crítica, sino un hecho real), y que aún no se ha notificado a los mismos (eso sí se ha anunciado por la prensa de forma confusa y contradictoria como si cualquier afiliado tuviera la obligación de atender a la prensa para saber cuando se modifican o no sus derechos estatutarios); acuerdo que además, según nuestra opinión, podría vulnerar los Estatutos Nacionales del Partido Popular. Podría saber el periodista que las referencias filtradas sobre la Asamblea para la elección de compromisarios es incompleta; que falta mencionar que ser candidato a compromisario es un derecho de cualquier afiliado y que para ejercerlo las normas internas indican que todo afiliado  debe ser convocado por carta para que pueda presentarse y que ese requisito fue incumplido; que un servidor no obligó a realizar ninguna votación, sino que es obligatoria por Estatutos cuando hay más aspirantes que puestos y que en aquella ocasión un servidor y otra persona se negaron a retirar su candidatura pese a las presiones a las que fueron sometidos por J.J. Zaplana, actual Secretario Provincial, quien manifestaba que sobrábamos porque los puestos disponibles ya habían sido repartidos entre las diferentes “sensibilidades” o corrientes existentes en el partido y en cuyo nombre se expresaba. Podría haber completado su información sabiendo que varias personas del Partido Popular llamaron a mis superiores laborales para que me presionaran y renunciara a mis derechos de participación. Por cierto, ignoro la razón por la que en esta información, al igual que en otras, se incluyen los datos de mi puesto de trabajo. Soy funcionario público y no cargo político por lo que es evidente que existe un diferente e intencionado tratamiento cuando se ofrecen informaciones que me afectan en mi ámbito personal a las que se hacen sobre terceras personas. Suena cubano también ¿no? ¿O acaso mi centro de trabajo y mi ocupación profesional son relevantes a la hora de complementar las informaciones nacidas de fuentes o cloacas determinadas?

Y podría haber complementado su información el firmante de la misma con las supuestas críticas a la Alcaldesa de Alicante. Podría haber sabido que como vecino de esta ciudad tengo el mismo derecho que cualquier otro a criticar en público o en privado cualquier asunto de la gestión municipal que me afecte. En todo caso, lo relevante y parece ser lo determinante en este caso es que he pedido públicamente que los cargos públicos imputados dimitan, que dejen sus responsabilidades mientras la justicia actúa y que, de resultar inocentes, sean repuestos en sus responsabilidades. Es exactamente lo mismo que hace años pedían los dirigentes del Partido Popular. Y lo mantengo. Como también mantengo que hace falta ejemplaridad en la clase política en todos sus niveles, incluido el Ayuntamiento de Alicante.

Por último, contrastar las informaciones con los interesados, podría haber servido para aclarar que ni Antonio Sobrino ni un servidor hemos abierto ninguna Oficina Electoral porque cumplimos estrictamente con el único requerimiento recibido en ese sentido hecho por la Dirección Provincial. Esperanza Popular es, de momento, un foro que llevaba funcionando muchos meses en Internet y que desde el 15 de febrero cuenta con un local para seguir haciendo lo que venía haciendo en las redes sociales: facilitar el encuentro entre afiliados del Partido Popular y entre éstos y los vecinos de Alicante para informar, debatir e intercambiar ideas. Nosotros, a diferencia de la Dirección Provincial, no nos reunimos con nadie para “apuntalar” las elecciones internas (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/02/06/pp-pide-apoyo-castedo-apuntalar-nueva-estructura-partido-alicante/1340896.html). Esperanza Popular es un Foro del que forman parte afiliados y no afiliados del PP, todos ellos haciendo uso de sus derechos políticos constitucionales, para tratar temas políticos y sociales desde la perspectiva de la regeneración democrática, la libertad, la honradez, la participación, la democracia interna y la ejemplaridad de los cargos públicos ¿a quién molesta tanto y por qué? Somos lo que somos, lo que decimos que somos y no lo que otros quieran decir que somos para justificar sus decisiones antidemocráticas.

Aunque peque de iluso, me niego a creer que mi Partido, a pesar del silencio oficial sobre esta noticia, asuma y practique el matonismo, la arbitrariedad, la injusticia y la vulneración de la más mínima garantía procesal que se derivan de las informaciones ofrecidas por las anónimas “fuentes” próximas al Comité de Derechos y Garantías. No puede ser.

Santiago de Munck Loyola

Inauguración del local del Foro Esperanza Popular.

Intervención de Santiago de Munck:

Buenas noches:

Gracias a todos los que os habéis animado a participar en este sencillo acto y gracias también a los que con vuestro desinteresado trabajo y vuestras aportaciones lo habéis hecho posible.

Con la inauguración y puesta en marcha de este local culminamos un largo proceso iniciado hace muchos meses en las redes sociales. El Foro Esperanza Popular no es ya sólo un lugar de encuentro virtual en Internet, sino un espacio físico y concreto en el centro de nuestra ciudad, un lugar en el que nos podemos dar cita los vecinos, los votantes y los “populares” para hablar, para debatir y para proponer soluciones a los problemas de nuestra ciudad.

Por primera vez en muchos años, los vecinos, los votantes, los simpatizantes y los afiliados populares tenemos un lugar de encuentro. Ya veis. No era tan difícil. Hoy es una realidad que demuestra que cuando hay voluntad política, que cuando se cree de verdad en la participación de la gente en la política se puede conseguir.

Y como también podéis apreciar, es un local sencillo y austero, sin moquetas ni lujos, pero que tiene mucho más valor político y moral que cualquier otro porque ha surgido desde abajo, desde la militancia, desde la voluntad de regenerar la desprestigiada política desde y por la calle.

“Esperanza Popular” no es, pese a lo que puedan decir, ni un nuevo partido político, ni una nueva familia o corriente dentro del Partido Popular. ¡Bastantes hay ya!  “Familias”, “sensibilidades”, “clanes”… las llaman de muchas maneras. Sabemos que existen en el PP de la ciudad de Alicante. Son las que lo han destrozado. Son las que lo controlan y las que impiden, año, tras año, que los afiliados puedan ejercer sus derechos de participación dentro del mismo. Son las que ha decidido por su cuenta que la Junta Local de Alicante deje de existir y en su lugar aparezcan la Junta de Benalúa o la Junta de la Albufereta privando con ello al Partido Popular de una única voz en la ciudad frente a los socialistas. “Esperanza Popular” es un foro de debate y reflexión para impulsar valores y principios básicos dentro del Partido Popular y en la política de la ciudad, valores como la libertad, la participación, la eficacia, la honradez, la austeridad y la ejemplaridad de los cargos públicos, el diálogo y la cercanía los problemas del ciudadano. Y si alguien encuentra en ello motivo para echarnos de nuestra casa que actúe en consecuencia. Quedará perfectamente retratado.

Hoy, habréis podido leer la noticia de que en la Dirección Provincial del PP tienen intención de expedientarnos por este acto de apertura del local. Hace unos días recibí esta carta amenazadora del Secretario Provincial requiriéndome para que no inaugurásemos una oficina electoral porque según él “estaríamos anticipándonos a un proceso electoral interno con actos que dañarían la imagen del Partido” y eso era vulnerar los Estatutos del Partido Popular. Pues bien, le obedecimos. Este local no es una oficina electoral. Sin embargo, la semana pasada pudimos leer en el Diario Información el siguiente titular: El PP pide apoyo a Castedo para apuntalar la nueva estructura del partido en Alicante. La cúpula provincial popular reúne a la alcaldesa y a los principales ediles para garantizar su respaldo el proceso  interno en la capital. Nadie desmintió la noticia. Y yo me pregunto ¿quién se está anticipando a un proceso electoral interno para “apuntalarlo”? ¿Reunirse con imputados para “apuntalar” o amañar una elecciones internas no es dañar la imagen del Partido? Una vez más ¿sólo los afiliados de base estamos obligados a cumplir los Estatutos y la Dirección Provincial no? Pues, expediente por expediente, si nos lo abren pediremos que abran otro paralelo a los que se anticipan a las elecciones internas para “apuntalarlas”. Por cierto, de paso, a ver si el Comité Regional de Derechos y Garantías resuelve antes la impugnación que hicimos sobre la supresión de la Junta Local de la Ciudad de Alicante.

Queridos amigos, quienes compartimos los valores y principios que antes he mencionado no somos el enemigo, ni el adversario de quienes rigen el Partido Provincial. Se equivocan. Si en vez de mirarse el ombligo y de vigilar sus privilegios mirasen de verdad a su alrededor lo comprobarían perfectamente. Antes de que estallase el montaje de Bárcenas, las encuestas señalaban que la intención de voto del Partido Popular en la Comunidad Valenciana había caído más 15 puntos, un 50 % más que a nivel nacional, y que en concreto, de celebrarse elecciones municipales en Alicante, el PP perdería la mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Y eso significa que algo se está haciendo especialmente mal aquí. No puede justificarse apelando al desgaste de las necesarias medidas del Gobierno de España porque la pérdida de votos es muy superior aquí. Y ante esta grave situación sólo hay dos caminos:

El primero, intentar silenciar cualquier voz crítica interna y cualquier iniciativa regeneradora que propugne la extirpación de lo que se está haciendo mal con el silencio, la sumisión y la complicidad de las bases.

El segundo, rebelarse contra la pasividad, contra el cómodo estatus político de la organización y promover el debate, el análisis y la participación para encontrar entre todos soluciones que nos hagan acreedores otra vez de la confianza ciudadana. Yo apuesto por el segundo camino.

Y lo hago, al igual que los demás compañeros de “Esperanza Popular” porque me siento muy orgulloso de los principios y valores del Partido Popular, aunque en ocasiones, sienta una absoluta vergüenza por las noticias escandalosas que protagonizan algunos compañeros. Quiero a mi partido y por eso quiero que cambie lo que se esté haciendo mal.

Y lo hago también porque quiero a esta hermosa y acogedora ciudad que es mi hogar desde hace diez años y que se merece todos los esfuerzos necesarios para ofrecerle lo mejor y no los vergonzosos titulares que casi a diario manchan su nombre.

Queridos amigos, en política, como en la vida, hay que luchar, trabajar y apostar por lo que uno quiere de verdad. Es cierto que el éxito no depende sólo de uno mismo y que, a veces, la vida es injusta, pero solo se gana cuando se arriesga. Ánimo y a seguir trabajando. Gracias a todos una vez más.

Santiago de Munck Loyola

Dimitir en tiempos revueltos.

Mal lo debe estar pasando la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a causa de su situación procesal como imputada tras las graves acusaciones formuladas contra ella, como le pasaría a cualquiera en sus mismas circunstancias. Hay que subrayar, para evitar interpretaciones erróneas, que, al día hoy, la Alcaldesa de Alicante es inocente de cualquier delito. Está imputada por cuatro delitos cuya comisión deberá ser probada por quienes la acusan en sede judicial, pero su presunción de inocencia es y debe ser absoluta o se quebraría uno de los pilares esenciales de nuestro sistema de garantías judiciales. Quizá ahí radique la explicación de su actitud a la hora de encarar su situación personal y política, en el íntimo convencimiento de que siendo inocente no debe asumir responsabilidad política alguna y, por tanto, no debe apartarse del cargo que ocupa. Y ojalá le salgan bien las cosas. Pero esta actitud, comprensible desde un punto de vista personal y humano, tiene sin embargo unas claras consecuencias políticas negativas tanto para ella como para el Partido Popular.

Está fuera de toda duda que la imputación de la Alcaldesa y, consecuentemente, la publicación y difusión de cada uno de los trámites judiciales está haciendo un gran daño a la imagen del partido que la llevó a ocupar el primer sillón de la Casa Consistorial. No son pocos los militantes populares que, además, sienten vergüenza ajena al leer las transcripciones de las conversaciones telefónicas aportadas en el procedimiento judicial. Negar esta evidencia sería una muestra de irresponsabilidad política. Y este daño se agranda cuando se percibe la existencia de un doble discurso en determinados ámbitos del Partido Popular. Se exigen dimisiones de imputados de otros partidos políticos y se modulan esas peticiones cuando afectan a los compañeros de partido. No es sostenible en modo alguno que el Presidente Fabra haya establecido un claro criterio sobre las imputaciones de cargos políticos y que dicho criterio no sea recordado en todos y cada uno de los casos. Y si subimos al ámbito nacional, contrastan actitudes como la de Pedro Calvo, concejal del Ayuntamiento de Madrid, que dimitió a las tres horas de ser imputado en el caso Madrid Arena con las actitudes de nuestro entorno más próximo.

Existe un doble discurso en estos temas que incluso se visualiza en algunas actuaciones de la propia cúpula del Partido Popular de la Provincia de Alicante. El pasado día 16 de noviembre, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, manifestaba que si él "estuviese en una situación de cualquier tipo de imputación" como la de la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, su "decisión personal" seria dejar todos sus cargos. Y añadió algo que es de cajón: que "con la actual legislación electoral española, las actas de un diputado, de un concejal o de un alcalde no son ni de los partidos políticos, ni de los gobiernos, son de las personas" y, por tanto, "son las personas quienes toman las decisiones, evidentemente dentro de la legalidad porque la ley electoral así les faculta, y son decisiones enteramente personales". Que se trata de una decisión personal del imputado es evidente, pero lo es en el caso de Sonia Castedo y en el de cualquier imputado de otros partidos y ello, sin embargo, no impide a los dirigentes populares que en estos últimos casos pidan siempre la dimisión del acusado. ¿Por qué no en este caso? ¿Por qué el Presidente Provincial no lo pide como en los demás casos? Otra cosa será que la Alcaldesa, en el ejercicio de sus derechos, decida o no atender esa petición, pero a los electores, a los ciudadanos y a los militantes del PP les quedaría muy clara la doctrina del PP al respecto. A pesar de lo anterior, estas declaraciones del Presidente Ciscar han venido siendo interpretadas por algunos medios de comunicación y comentaristas políticos como un claro distanciamiento de la dirección provincial popular respecto al enrocamiento de la Alcaldesa.

Pero resulta sorprendente que este supuesto distanciamiento de la dirección provincial vaya acompañado de la presencia y presidencia del Secretario General Provincial, la mano derecha de Ciscar, en la cena de auto homenaje (dicen las malas lenguas que concejales y asesores tenían la obligación de “colocar” 20 invitaciones cada uno) celebrada el mismo día 16 de noviembre en Alicante, lo que evidentemente abona la tesis de la existencia de un doble discurso y supone, cuando menos, un enorme desconcierto para la militancia popular. Si el Secretario General Provincial asistió a dicha cena a título personal, como un simple amigo de Sonia Castedo que se solidariza con su dura situación personal, nada que objetar salvo que no se debería haber sentado en la mesa presidencial, sino en cualquier otro lugar, como cualquier amigo de la Alcaldesa. Pero no fue así. Se sentó en la Mesa Presidencial por lo que muchos podrán entender o que la Dirección Provincial apoya la estrategia de la Alcaldesa pese a estar imputada o que el Secretario General va por libre. Mal en cualquiera de las dos posibilidades.

Sinceramente se están haciendo mal las cosas y si se están haciendo bien se comunican francamente mal. En temas tan importantes no puede existir un doble lenguaje, dos varas de medir, ni gestos que puedan inducir a interpretaciones erróneas. ¿Cree la dirección provincial popular que la Alcaldesa debe dimitir? Díganlo ya. ¿Se lo ha pedido o se lo va a pedir? La doctrina clara y los mensajes inequívocos porque los tiempos están más que revueltos hasta para las dimisiones.

Santiago de Munck Loyola