La Constitución, el independentismo y Alicante (Primera parte).

Este año se cumplirá el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución española. Se puede y se harán toda clase de valoraciones sobre su desarrollo, su eficacia o su aplicación. Pero quizás, ante el problema catalán, hay un hecho incontestable: tras cuarenta años de desarrollo del estado autonómico, diseñado en principio para satisfacer las aspiraciones territoriales, hoy hay más independentistas en Cataluña que hace 40 años, hoy existe más riesgo de ruptura de la unidad de España que hace 40 años. La Constitución de 1978 no ha servido para solucionar la tensión centro-periferia sino que la ha agravado. Y lo ha hecho en calidad y en cantidad, los nacionalistas se han convertido en independentistas y su número se ha multiplicado exponencialmente. Cada transferencia competencial sólo ha servido para alimentar el independentismo. Se equivocan quienes tratan de explicar el crecimiento del independentismo por una supuesta falta de diálogo del Gobierno de la Nación o por las supuestas afrentas sufridas por la sentencia del Tribunal Constitucional anulando algunos artículos del Estatuto de Autonomía cuyo alcance ignora la inmensa mayoría de los votantes independentistas. Durante 40 años, los nacionalistas han elaborado y difundido un discurso basado en el victimismo, han logrado solaparse con Cataluña de modo que, al final, cualquier crítica a un político nacionalista, por muy torpe o corrupto que fuera, la vendían como un insulto a Cataluña.

La Constitución de 1978 ha sido y es el abono para el crecimiento del independentismo. Cada competencia transferida a la autonomía catalana se ha convertido en un hachazo más para derribar el tronco de la soberanía del pueblo español. Los nacionalistas del 78 siempre fueron independentistas. No querían la autonomía para buscar y asentar éso que algunos denominan un nuevo “encaje” de Cataluña con el resto de España, sino para alcanzar a largo plazo la independencia y, para ello, necesitaban los instrumentos económicos, legales y, sobre todo, educativos que el Estado de las autonomías les podía transferir. Durante 40 años los independentistas han construido un relato histórico falseado que han inoculado al conjunto de la sociedad catalana sin que se produjera una réplica o reacción por parte del conjunto de la sociedad española ni, por supuesto, de la clase política más interesada en la utilización partidista y coyuntural de los instrumentos del Estado. El denominado “oasis” catalán ha sido una realidad consentida por el conjunto de la sociedad española, por su clase política y económica y especialmente por los medios de comunicación. Y las consecuencias están ahí.

Hoy tenemos un gran problema como Nación. Un problema que ha crecido y se ha agravado gracias a la Constitución de 1978 y al diseño y desarrollo dela estructura del Estado establecida en la misma. Hoy, los españoles no poseen los mismos derechos y obligaciones con independencia del territorio en el que vivan. Hoy, podemos constatar que mientras los Estados de la Unión Europea han caminado hacia la armonización de sus legislaciones nuestra Constitución ha seguido exactamente el camino contrario. No es posible resolver el gran problema que tenemos como Nación sin reconocer y señalar claramente su origen. Ni el federalismo, ni alcanzar cotas más altas de autonomía van a solucionar el problema sino todo lo contrario. El federalismo porque es lo último que desean los independentistas ya que supondría la igualdad competencial para todas las regiones. Más autonomía tampoco porque el margen de cesiones es prácticamente inexistente y está demostrado que solo sirve para alimentar al monstruo.

Mientras tanto, mientras se mantiene el actual estado autonómico, el monstruo independentista no sólo se mantiene en Cataluña, sino que se está expandiendo a los territorios limítrofes que forman parte de esa ensoñación que constituyen los llamados Países Catalanes. Parte de Aragón, la Comunidad Balear y la Comunidad Valenciana están ahora mismo cultivando y abonando con los recursos proporcionados por el estado autonómico al engendro independentista y expansionista catalán.

Es un hecho, una realidad incontestable que requiere una acción política firme y decidida. Los que vivimos en la Provincia de Alicante estamos ya sufriendo esta situación, pero podemos intentar revertirla si, en vez de mirar hacia otro lado, somos capaces de usar los instrumentos que el estado autonómico tiene a nuestra disposición pero justamente en la dirección contraria a la que los independentistas han venido siguiendo. No es imposible. Se puede hacer y se debe hacer.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

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Unidos Podemos contra la soberanía de los españoles.

Puede que sea deformación profesional, pero cada vez que escucho a determinados políticos hablar sobre “diálogo” con los independentistas o proponer como solución al problema del secesionismo la celebración de un referéndum “pactado y legal” o reformar la propia Constitución, no salgo de mi asombro. Todo el mundo sabe que cuando los independentistas hablan de diálogo éste se circunscribe a “su libro”, es decir, los independentistas sólo quieren dialogar para fijar cuándo se rompe España y con las mayores ventajas económicas para ellos. No quieren entrar en otro tipo de diálogo dentro del marco constitucional. Eso pertenece al pasado cuando el diálogo consistía en dame más, dame más y dame más. Ahora es distinto. Lo quieren todo, son los atracadores de un banco, atrincherados en el mismo con rehenes, rodeados por la Policía y su negociación no es tal, sino la imposición de sus exigencias: “nos vais a dejar salir, con la pasta, cuando digamos y cómo digamos”. El chantaje no es diálogo se vista como se vista. En estos días, Pablo Iglesias ha reivindicado "diálogo" y "sensatez" a las partes y una solución que pase por que los catalanes voten en un referéndum "pactado, legal y con garantías" sobre la independencia, ha asegurado que no ha habido declaración unilateral de independencia por parte de Puigdemont y encuentra injustificada la aplicación del Artículo 155 de la Constitución porque conduciría a España "a una situación de involución democrática que afecta a la calidad democrática".

De los independentistas puede esperarse cualquier cosa por disparatada que sea incluso que nieguen la existencia de España como nación, pero no resulta comprensible en un partido que se supone que quiere gobernar España. No existe ninguna posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña pactado y legal por dos razones evidentes que conoce o debería conocer el Sr. Iglesias y cuantos se suman esta tesis.

La primera razón es legal. Para que pudiera celebrarse ese hipotético referéndum habría que modificar la Constitución española y, de hacerlo, supondría la eliminación de la soberanía del pueblo español y, por consiguiente, la aniquilación de la propia nación española. Hoy por hoy, tal y como recoge la Constitución la soberanía nacional reside en el pueblo español lo que quiere decir que es el conjunto del pueblo español, y no solo una parte del mismo, quien tiene que manifestarse en un referéndum. El Artículo 1. 2. De la Constitución no admite interpretaciones “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. 

Que los independentistas catalanes nieguen al pueblo español su propia existencia como titular de la soberanía nacional tiene su sentido pues de aceptarla no tendrían sentido sus pretensiones; no pueden coexistir dos soberanías y dos naciones sobre un mismo ente jurídico, pero que Podemos y su líder se sumen a las tesis independentistas negando al pueblo español su titularidad sobre la soberanía nacional, no es de recibo. Como no lo es tampoco hablar de un Estado plurinacional, de una nación de naciones,  porque admitirlo sería tanto como admitir que, de una parte, España no es una nación y, de otra, que cada nación debe tener su propio estado.

La segunda razón es, además de sentido común, de índole democrática. Una hipotética independencia de Cataluña tendría efectos inmediatos sobre el conjunto de los españoles y no sólo sobre los habitantes de Cataluña. Hay vínculos seculares, relaciones, infraestructuras, servicios públicos, transacciones, etcétera que estarían afectados y cuyo futuro, por tanto, no puede dejarse en manos exclusivamente de una parte de los ciudadanos españoles, los catalanes. Es imposible de admitir que sólo los catalanes puedan decidir sobre el futuro del conjunto de las pensiones, de la deuda pública o de los impuestos que afectan a todos. Son todos los españoles los que tienen derecho a decidir sobre ello e impedirlo constituye un atentado a los más elementales principios democráticos.

Son cuestiones elementales, de principios generales del derecho que no se pueden obviar asumiendo el discurso de los independentistas. Pero, todo parece indicar que el Sr. Iglesias y su coalición Unidos Podemos van un poco más allá en la manipulación de sus discurso. Se muestran absolutamente contrarios a la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, llegando al ridículo de pretender acudir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del mismo, y alegan que no pueden respaldar su aplicación porque el Partido Popular es un partido “fuera de la ley” y corrupto. Y, sin embargo, están del lado de los independentistas que pública y notoriamente se han situado fuera de la Constitución y son los responsables de los mayores escándalos de corrupción durante casi cuarenta años en Cataluña, con la bendición del clan Pujol, donde han instaurado el régimen del 3%. Por ello, es muy significativo que Unidos Podemos anteponga su interés partidista, echar al Gobierno de Rajoy de la mano del PSOE, los independentistas y los proetarras, a la defensa de la Ley y la soberanía de todos los españoles apoyando las tesis y pretensiones de los reyes de la corrupción en Cataluña. Todo vale para los podemitas y sus lacayos de IU porque en el fondo están convencidos de que todo lo que pueda servir para volar por los aires la Constitución de 1978 puede y debe ser usado como paso previo a una aventura revolucionaria, bolivariana, de impredecible final.

Santiago de Munck Loyola.

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Dos golpes por el precio de uno.

La escalada secesionista que llevamos años padeciendo ha culminado ayer en un golpe de estado perpetrado en el Parlamento catalán que a muchos ha dejado atónitos. Hay quien cree que ayer Puigdemont ha dado marcha atrás y se lo agradecen como el inefable traidor Pablo Iglesias, hay quien piensa que ha sido un simple “gatillazo” y muchos, en definitiva, están convencidos de que nada de lo que sale de los secesionistas tiene efectos jurídicos.

Es todo un despropósito y da la sensación de que los actores de esta tragedia viven en mundos y realidades absolutamente diferentes. Anoche mismo, tras la declaración de independencia enunciada y aparentemente suspendida por Puigdemont,  compareció la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y dijo entre otras cosas que “ni el Sr. Puigdemont, ni nadie, pueden sacar conclusiones de una ley que no existe (la Ley catalana de Referéndum) ni de un referéndum que no se ha producido”. Vamos a ver, que el referéndum del 1 de octubre fuera ilegal, que careciese de cobertura legal y que no fuera democráticamente homologable, no quiere decir que no se haya producido. 

Todos los vimos, hubo un referéndum con una participación escasa y con unos resultados falseados, pero lo hubo. No se puede negar la evidencia. Afirmar lo contrario sería tanto como renunciar a perseguir a quienes organizaron el referéndum ilegal. El problema está ahí y reside en que las autoridades golpistas catalanas ya están actuando con su propia legalidad, con su ley de referéndum y su ley de Transitoriedad, y no acatan las decisiones del Tribunal Constitucional. Sus actuaciones vulneran desde hace tiempo la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las decisiones judiciales porque no reconocen la autoridad del Estado en Cataluña. Rechazan la legalidad española y han creado la suya propia y por mucho que la justicia española, a la que no reconocen, declare su ilegalidad lo cierto es que están fingiendo que actúan al amparo de sus propias leyes.

Pero es que, además, la esquizofrenia independentista se plasma en que solo fingen que actúan conforme a su propio nuevo ordenamiento porque, en realidad, tampoco lo hacen y ayer Puigdemont y sus acólitos lo demostraron ante todo el mundo. De acuerdo con su propia ley catalana de referéndum, aprobada irregularmente e inútilmente suspendida por el Tribunal Constitucional, “Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. A tal efecto el Parlamento de Cataluña dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura electoral celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordó el inicio del proceso constituyente” (Art.4.4). Es decir que debería haber proclamado los resultados la Sindicatura Electoral y no había tal Sindicatura. Y, en segundo lugar, el Parlamento de Cataluña debería haber celebrado a los dos días de dicha proclamación (que no se ha efectuado) una sesión ordinaria (que tampoco se ha celebrado) para declarar formalmente la independencia de Cataluña. Sin embargo, lo que ayer vivió todo el mundo fue una sesión extraordinaria del Parlamento de Cataluña en la que Puigdemont “proclamó” los resultados del referéndum y en la que “declaró” la independencia de Cataluña para, a renglón seguido, proponer al Parlamento que suspendiese temporalmente los efectos de dicha declaración. 

Peor imposible, una tomadura de pelo. Puigdemont se arrogó las atribuciones de la Sindicatura Electoral, proclamando él mismo los resultados, y del Parlamento catalán, declarando él mismo la independencia. Y ni siquiera el Parlamento catalán llegó a suspender los efectos de tal declaración tal y como se acababa de decir. La guinda de este autogolpe fue la firma posterior de un documento firmado por una parte de los diputados proclamando la república catalana en nombre de todos los catalanes. Los hechos son los que son: Puigdemont y los suyos no solo violan la legalidad constitucional sino que sus primeros actos al amparo de sus propias normas también constituyen una violación de las mismas. Puigdemont sustituyó a su Sindicatura de Cuentas y al propio Parlamento catalán arrogándose atribuciones propias de un dictador. “Puigdemont es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo”, Artículo sexto de la Ley Orgánica del Estado de 1967, perfecto para esta ocasión. ¿Cómo no van a huir las empresas de Cataluña con semejante inseguridad jurídica? ¿Cómo no van a huir las inversiones de un territorio donde reina la más absoluta arbitrariedad? ¿A qué tienen que atenerse los ciudadanos catalanes? ¿A la legislación española, a la catalana, a la que se le ocurra a cualquier separata en cualquier momento?

No es posible seguir así ni un día más. Plantearse ahora si esa declaración no hecha pero con solicitud de suspensión no efectuada y acompañada de una proclamación de independencia firmada fuera del hemiciclo tiene o no tiene efectos jurídicos es indiferente, sus efectos son políticos y económicos. Y plantearse ahora que hay buena voluntad de los secesionistas porque quieren dialogar durante unas semanas con el Gobierno de España es sencillamente engañarse, engañar a los ciudadanos, hacer el juego a los golpistas y sumarse al intento de dinamitar la unidad de España porque solo quieren dialogar sobre cuándo, cómo y por cuánto se independizan. No se puede pactar con un violador cuándo y cómo va a delinquir.

Hoy el Consejo de Ministros ha dado por fin un paso que parece que se encamina hacia la aplicación del Artículo 155 de la Constitución al requerir a Puigdemont para que aclare si la payasada de ayer fue una declaración de independencia, algo obvio. Quizás si se le hubiera requerido formalmente a la Generalidad para que anulase su Ley de Referéndum y su Ley de transitoriedad ya se habría podido aplicar el Artículo 155 y todos nos habríamos ahorrado muchos sin sabores, pero lo importante ahora es que se ponga fin cuanto antes a este disparate político y jurídico. Y, una vez restablecida la legalidad, nada habría más sano para nuestra democracia que convocar simultáneamente unas elecciones autonómicas en Cataluña y unas Generales porque todos ya se han retratado y los electores ya sabemos quién está con la Constitución y la unidad de España y quién no.

Santiago de Munck Loyola

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¡Sí a un Referéndum!

Los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña parece que vienen a certificar que ni nuestra Constitución de 1978 ni nuestra clase política son capaces de responder a las necesidades del conjunto de los ciudadanos españoles. La crisis del sistema político es ya endémica y lo ocurrido en Cataluña el 1 de octubre es sólo una prueba más de esa circunstancia, pero no es la única, ni la primera. Lo ocurrido el 1 de octubre tiene su origen inmediato en no haber aplicado el Artículo 155 de la Constitución y había sobrados motivos para ello. En días se producirá la declaración unilateral de independencia y ya dará lo mismo el Artículo 155 y sólo quedará el Artículo 8.1 “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” al que aferrarse. El Gobierno de España tenía y tiene la obligación legal de actuar antes de que se vuelva a perpetrar otro delito. No hay otro camino: aplicación del Artículo 155 y convocatoria de elecciones autonómicas y generales simultáneas porque la campaña ya está hecha y aquí ya se ha retratado todo el mundo.

Padecemos una crisis territorial y una profunda crisis institucional que ya afloró con ocasión del 15 M. La Constitución de 1978 fue el resultado de la voluntad mayoritaria de encontrar un punto de encuentro en el que la convivencia entre todos, izquierda y derecha, centralistas y autonomistas, fuera posible.

Es evidente que la Constitución dejó importantes flecos sin resolver e importantes carencias que con el paso de los años se han agravado. Al amparo de la misma y de las leyes emanadas de la misma (Estatutos de Autonomía, Ley electoral, ley de partidos políticos, etc.) se ha desarrollado toda una clase política que depende económicamente de los partidos y de sus intereses y de las cuotas de poder territoriales que ha impedido que el sistema político construido a partir de la Constitución contara con los elementos necesarios para establecer contrapesos a los distintos poderes y con los mecanismos legales imprescindibles para le propia regeneración del sistema.

El resultado es una clase política que, incapaz de ganarse la vida en el ámbito de la sociedad civil, ocupa el poder a todos los niveles no por méritos técnicos o intelectuales, sino por su sumisión a los intereses partidistas, a las estructuras políticas. Nunca la mediocridad había alcanzado tan altas cotas de poder. Otros, han hecho del conflicto territorial y del victimismo su modus vivendi. Los reyezuelos de las Taifas. Ni a unos ni a otros les interesa llegar a la raíz del problema porque supondría acabar con su propio medio de vida y viven mejor instalados en el conflicto.

El Estado de las Autonomías ha demostrado su incapacidad para asegurar la igualdad entre todos los españoles y su imposible sostenibilidad económica y financiera. Hay que recordar que desde el frustrado intento de armonizar el proceso autonómico a principio de los 80 con la LOAPA no se ha hecho ningún esfuerzo por racionalizar las autonomías y por ponerlas al servicio del ciudadano en lugar de al servicio de la clase política. Nuestros impuestos se destinan a sostener un sistema político caro e ineficiente y nuestros políticos anteponen su sostenimiento al aseguramiento, por ejemplo, de nuestras futuras pensiones. Es una realidad fácilmente constatable. En España se fabrican más leyes y reglamentos anualmente que en cualquier otro lugar del mundo porque, al final, la soberanía nacional, la soberanía del pueblo está fragmentada en 17 trozos.

El no acometer a tiempo las carencias y defectos de la Constitución nos ha traído hasta aquí. Muchos apuestan ahora como solución para el conflicto secesionista por el diálogo. Y se equivocan. A los secesionistas no les interesa dialogar porque su objetivo no es encontrar un modelo de encaje constitucional, su objetivo es la independencia y punto. No es posible además dialogar con los golpistas, con los delincuentes porque hacer supone no sólo quebrar los fundamentos del estado de derecho sino abrir la puerta a la insumisión ciudadana en cualquier otro ámbito. Sería tanto como consagrar el derecho exclusivo de la clase política a violentar la legalidad sin consecuencias penales.

Ya no vale que a partir de negociaciones y acuerdos entre los partidos alcancen un consenso temporal para confeccionar un parche constitucional y después preguntarnos a todos los ciudadanos si damos un sí, un no o nos abstenemos. No, no vale. Otro apaño de esta clase política para mantener sus privilegios, para prolongar la agonía de un sistema político y constitucional en estado terminal por culpa de sus intereses de casta no es de recibo.

Yo quiero un referéndum, un referéndum nacional antes de que los partidos, la casta, toquen la Constitución y que nos pregunten previamente si queremos un Estado, unitario, autonómico o federal, si queremos una monarquía o una república, si queremos la igualdad real de derechos y obligaciones para todos los españoles o preferimos el mantenimiento de privilegios según el territorio de que se trate, si queremos una Justicia verdaderamente independiente o si preferimos con el sistema actual y si queremos mecanismos de regeneración democrática o que todo siga igual. No hay otro camino que preguntar a todos los españoles sobre estos asuntos básicos si queremos evitar un nuevo pasteleo cocinado a espaldas del pueblo para que después nos lo presenten como un trágala. Yo quiero un referéndum nacional porque no hay otro camino para que esta gran Nación que es España siga siéndolo. Ya va siendo hora de que esta clase política incapaz, mediocre, cobarde o traidora quite sus sucias manos del presente y del futuro de España.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

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El PSOE constitucionalista ha muerto.

En la misma semana que hemos celebrado el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España tras la muerte de Franco que darían lugar a la Constitución de 1978, el PSOE  ha celebrado su 39 Congreso cuyo principal resultado ha sido el de sumarse a los que dan por liquidada a la transición y con ello a la esencia de la propia Constitución. Pedro Sánchez, el candidato socialista con los peores resultados electorales socialistas desde 1977, reelegido por la militancia como Secretario General ha escogido el rumbo que más convenía a su estrategia cortoplacista, construir una alternativa sustentada en los podemitas e independentistas para echar al PP del Gobierno. Y para lograrlo no ha dudado ni un minuto en renunciar a que dicha alternativa vuelva a serlo en solitario el PSOE, ni en renunciar a la herencia constitucionalista del PSOE de la transición ni en asumir el papel de comparsa de una tropa que abarca desde los herederos de los terroristas etarras, pasando por los residuos comunistas hasta los independentistas de toda clase.

Para lograrlo el PSOE de Pedro Sánchez ha asumido las tesis independentistas refrendadas por los podemitas al convertir la estulta definición de España como “Nación de Naciones” o como “Estado plurinacional” en la principal propuesta programática del 39 Congreso Socialista. Tratan de encubrir esta traición a la Constitución y a la Nación española señalando que la soberanía nacional sigue residiendo en el conjunto del pueblo español, pero a ver cómo se puede explicar semejante contradicción. Si hay una Nación, la española, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Pero si ya no existe la Nación española, según Pedro Sánchez y su partido, sino un ente plurinacional, es decir, un ente compuesto de varias naciones se deduce que tampoco habrá una única soberanía nacional sino varias soberanías nacionales. La alternativa es clara: o existe la Nación española con su soberanía nacional o existen varias naciones con sus consiguientes soberanías nacionales. Habrá quien piense que el asunto no es importante, que en el fondo da igual, que es una simple cuestión semántica, pero se equivoca.

Y se equivocaron nuestros padres constitucionales al incluir el concepto de “nacionalidad” en el Artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. No se puede olvidar que la indisoluble unidad de la Nación española es previa a la Constitución y que ésta es papel mojado si aquella es rota. Al margen de que los constituyentes tuvieron que inventarse un significado nuevo para la palabra nacionalidad concibiéndola como “nación cultural” (Peces Barba o Miguel Roca) lo cierto es que no sirvió para cerrar las vías independentistas, sino todo lo contrario, porque no les satisfizo. Los independentistas, durante décadas disfrazados de nacionalistas más o menos codiciosos, son insaciables y si Pedro Sánchez y su nuevo PSOE piensan que con la España plurinacional van a mitigar sus ambiciones van listos.

Esta frivolidad, por ser suave, socialista es una auténtica traición a la soberanía del pueblo español y supone más munición para la causa independentista en su empeño de destruir España. Es una propuesta innecesaria, peligrosa e irresponsable que de llevarse a cabo, algo realmente difícil si cada Institución del Estado cumple con sus obligaciones, supondría una invitación a la ruptura de la pacífica convivencia entre los españoles. Cuando un partido como el socialista pone en peligro todo el sistema democrático por mezquinos cálculos y estrategias electorales significa que ha tocado fondo porque no se puede caer más bajo.

Hoy se ha publicado un interesante artículo (http://www.esdiario.com/elsemanaldigital/783055703/Espana-nunca-ha-sido-una-Nacion-de-naciones.html ) de Eligio Hernández, ex fiscal General del Estado y militante socialista, y no puedo, por menos, que reproducir sus párrafos finales:

“…Don Juan Negrin, presidente del Gobierno, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes, que afirmó, según refiere Julián Zugazagoitia: "No estoy haciendo la Guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. No hay más que una nación: ¡España!. No se puede consentir esta sórdida y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz si se quiere que yo siga dirigiendo la política del Gobierno, que es una política nacional. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los desafueros de los de adentro”.

Santiago de Munck Loyola

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40 años de una votación histórica.

Hoy se cumplen 40 años de la celebración de un histórico pleno de las Cortes Generales, de las Cortes franquistas, en el que se aprobó la última de las ocho Leyes Fundamentales del Reino, la Ley para la Reforma Política que sería ratificada en referéndum el 15 de diciembre posterior y que sería la que abriría paso a la democracia y a la Constitución de 1978. Hay que recordar que el régimen español no contaba entonces con una Constitución formal, sino con un conjunto de Leyes que tenían el carácter de constitucional y que habían ido siendo promulgadas entre 1938 y 1967. La última Ley fundamental, la octava, sería la Ley para la Reforma Política y en la práctica serviría, mediante la convocatoria de elecciones generales para unas nuevas Cortes compuestas por un Congreso y un Senado, para liquidar todo el entramado constitucional franquista y para sustituirlo por una nueva legalidad basada en una nueva Constitución.

Las Leyes Fundamentales del Reino eran el Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, el Fuero de los Españoles, la Ley del Referéndum Nacional, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, la Ley de Principios del Movimiento Nacional, la Ley Orgánica del Estado y finalmente la Ley para la Reforma Política.

Algo que muchos desconocen es que también se acaban de cumplir 40 años de la fundación el 9 de octubre de 1976 de un nuevo partido político llamado Alianza Popular que más tarde se convertiría en el Partido Popular. Alianza Popular nació de la fusión de siete asociaciones políticas creadas al amparo de la Ley de Asociaciones aprobada por Arias Navarro: Reforma Democrática de Manuel Fraga, Democracia Social de Licinio de la Fuente, Acción Democrática Española de Federico Silva Muñoz, Acción Regional de Laureano López Rodó, Unión Nacional Española de Gonzalo Fernández de la Mora, Unión Social Popular de Enrique Thomas de Carranza y Unión del Pueblo Español de Cruz Martínez Esteruelas, formación que, por cierto había sido presidida por Adolfo Suárez hasta diciembre de 1975. Y este recordatorio viene al caso porque buena parte de los procuradores (los diputados) que habrían de votar en las Cortes el proyecto de Ley para la Reforma Política se constituyeron en el Grupo Parlamentario mayoritario, el Grupo de Alianza Popular. Este Grupo, demasiado confiado en sus expectativas electorales, fue el responsable en los trámites parlamentarios de forzar al Gobierno a introducir en el proyecto el criterio electoral mayoritario. Sorprende que nadie en el Partido Popular, heredero directo de aquella Alianza Popular que tan decisiva fue para contribuir al advenimiento de la democracia, haya recordado estos días que hace 40 años se fundó el partido. Pueden más los complejos y la amnesia selectiva que la una realidad de la que no deberían sentirse avergonzados. Todo lo contrario.

El proyecto de Ley fue redactado por Torcuato Fernández Miranda, firme defensor de pasar de la Ley a la Ley, de respetar la legalidad para usándola sustituirla por otra. Tras pasar el filtro de instituciones como el Consejo del Reino y el Consejo Nacional del Movimiento, fue presentado al Pleno de las Cortes por el procurador Miguel Primo de Rivera y el defensor de la Ponencia fue el Ministro Fernando Suárez, político poco valorado e injustamente tratado después en Alianza Popular, quien realizó una brillantísima defensa del texto que se sometía a votación.

Tras un intenso debate que se movió entre las proclamas nostálgicas e inmovilistas y las apelaciones a la concordia y al futuro, la Ley fue aprobada por las Cortes generales por 425 votos a favor, 59 votos en contra y 13 abstenciones. Con ello, las Cortes franquistas aprobaban su propio suicidio y abrían las puertas a la participación política partidista y a la democracia inorgánica.

El 15 de diciembre de 1976 se celebró el referéndum nacional en el que la inmensa mayoría de los españoles dio el sí a esta trascendental Ley acudiendo a votar el 77,8 % del censo, a pesar de que buena parte de la oposición encabezada por el PSOE y el PCE hicieron campaña a favor de la abstención.

El hecho cierto es que hoy se cumplen 40 años de una votación histórica que supuso el cambio de régimen gracias a una generación de políticos que fuese por sentido de la supervivencia o por responsabilidad y patriotismo supo estar a la altura del momento histórico y apostó por la concordia y la reconciliación nacional siendo conscientes la mayoría de ellos que con ello renunciaban de paso a sus propias aspiraciones y ambiciones políticas. Qué gran diferencia con algunas actitudes políticas tan extendidas ahora.

Santiago de Munck Loyola

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Empieza lo más difícil.

Ha costado, pero al final se ha logrado. España vuelve a tener un gobierno y no en funciones, más de un año después de que se disolvieran las Cortes el 26 de octubre de 2015. Tras un fin de semana intenso, aderezado con vergonzosos espectáculos en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura y con alguna que otra sorprendente entrevista televisiva, hoy jueves 3 de noviembre Mariano Rajoy ha anunciado su nuevo equipo de Gobierno.

Habrá quien piense que el mecanismo constitucional no ha funcionado bien y que un año sin gobierno es una evidencia de su fracaso. Pero conviene echar la vista atrás, repasar la historia y, en especial, la génesis de nuestra Constitución. Es evidente que la Constitución del 78 no es perfecta y que abrió vías muy peligrosas sobre todo en lo referente a la estructura del Estado que afectan a la unidad de los españoles. Pero, con todo, ha sido un modelo que ha funcionado razonablemente bien y que nos ha dotado de una estabilidad política extraordinaria. La Constitución del 78 supuso sobre todo un enorme esfuerzo de reconciliación entre las dos Españas, la izquierda y la derecha. Este esfuerzo se plasmó en un texto con concesiones ideológicas por ambas partes y, como es lógico, con quizás demasiadas indefiniciones. Los políticos de entonces, ahora denostados por algunos, fueron capaces de realizar enormes cesiones, de dialogar y de buscar acuerdos para que la norma fundamental del Estado fuera capaz de garantizar la estabilidad y la alternancia política. Personas provenientes del más puro franquismo y sus adversarios políticos, incluso enemigos de la guerra civil, hablaron, dialogaron y pactaron. Y esta fórmula, el consenso en aspectos esenciales, ha sido clave en la arquitectura constitucional. Sin embargo, el camino escogido para sellar la reconciliación entre las otras dos Españas, la del centro y la periferia, ha fracasado. El paso de un Estado centralista a un estado autonómico, descentralización administrativa y política, no sólo no ha servido para acabar con la tensión centro-periferia, sino que a la luz de los resultados no ha hecho más agravarla.

La responsabilidad de que España haya estado sin gobierno durante más de un año quizás hay que buscarla en las actitudes y los valores de gran parte de la actual clase política que no comulga con los sentimientos políticos que animaron a los constituyentes a superar los odios y enfrentamientos del pasado para buscar puntos de encuentro, lugares comunes sobre los que cimentar la convivencia de los españoles. Las líneas rojas, los cordones sanitarios, los vetos personales han primado más durante el último año que la búsqueda de consensos básicos y esenciales para que España pudiera ser gobernada. Y es, cuando menos curioso, que son algunos de los nuevos y más jóvenes políticos los que encarnan ese desprecio al consenso y al diálogo. Son precisamente buena parte de quienes se han criado a la luz de la Constitución del 78 los que más desprecian sus valores más sólidos para construir una política de diálogo y de pacto. Y para romper el círculo vicioso en que se había convertido la investidura de un Presidente del Gobierno han tenido que intervenir algunos de los protagonistas del 78.

El fin de semana nos deparó el espectáculo poco edificante del diputado Rufián, un personaje cuyo partido solo quiere romper España, intentando insultar y descalificar a todos, especialmente a los socialistas a base de frases tuiteras y latiguillos inconexos, pero absolutamente incapaz de construir un discurso constructivo e intelectualmente comprensible. 

O el espectáculo del Sr. Iglesias que todavía no sabe bien si su sitio está dentro o fuera del Congreso, que se suma a la manifestación "Rodea el Congreso" promovida por Bildu, que no condena las agresiones a Diputadas de Ciudadanos, pero que no tiene inconveniente moral alguno en aplaudir, junto con sus compañeros, a la gente más indigna que ha pisado ese hemiciclo como son los de Bildu. El Sr. Iglesias, ahí lo tiene claro, nada de líneas rojas con los representantes políticos de la banda asesina etarra. Y también pudimos escuchar las confesiones del defenestrado Pedro Sánchez, más cerca de los podemitas que de los constitucionalistas y más cerca de los que quieren romper España que de quienes defienden su unidad. Ha evidenciado que le daba igual el mandato de su Comité Federal, que creía que podía construir una alternativa de gobierno de la mano de los podemitas, de los independentistas y, si hubiera hecho falta, de los bilduetarras. Curiosamente, de la mano de todos aquellos para quienes, por unas u otras razones, la Constitución del 78 es papel mojado.

Tenemos Gobierno y ya es algo, pero estamos lejos de reconstruir un espacio de convivencia y un espectro político que vuelva a garantizar progreso y estabilidad. Son necesarias muchas reformas empezando por todas aquellas que impliquen una sustancial mejora en la calidad democrática de los partidos constitucionalistas. Hay que volver a revitalizar los principios de dieron paso a nuestra Constitución y atraer a la inmensa mayoría de los ciudadanos hacia ellos. Regenerar no es tarea fácil, pero es imprescindible. Nos jugamos demasiado.

Santiago de Munck Loyola

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TIC, TAC, TIC, TAC.

Las manecillas del reloj no se detienen y siguen su inexorable avance. Pasan las horas y los días y cada vez queda menos tiempo para que se agote el plazo para convocar nuevas elecciones generales. Entre las muchas cosas que parece que han quedado claras es que el sistema previsto en nuestra Constitución para la formación de un Gobierno tras unas elecciones no es operativo, no responde a las necesidades de una Nación y un Estado como el nuestro en medio de una sociedad y una economía tan volátil. Hay que revisar el sistema y sus plazos porque es evidente que nuestro país no puede y no debe permanecer sin Gobierno durante más de siete meses.

Y así las cosas, a punto de expirar el plazo legal para poder formar un gobierno, los principales protagonistas, los principales responsables de lograrlo siguen prácticamente enrocados en sus posiciones iniciales. Mariano Rajoy atrincherado en su pírrica victoria del 20 de diciembre quejándose inútilmente de las constantes negativas del líder socialista Pedro Sánchez a negociar una gran coalición constitucionalista, mientras que aguanta, semana tras semana, la aparición de nuevos casos de corrupción que salpican al Partido Popular.

Por su parte, el encargado por el Rey de formar Gobierno, Pedro Sánchez, sigue anclado a tres postes: su pacto con Ciudadanos, su “no es no” al Partido Popular y sus patéticas e indignas súplicas a los Podemitas para que le aúpen a la Moncloa. Y quién sabe, vista su propia dignidad política, hasta donde habrá llegado en sus secretas conversaciones con los independentistas catalanes.

Su socio, Alberto Rivera de Ciudadanos se apresuró a firmar un pacto con los socialistas de Pedro Sánchez que, al margen de una escasa rentabilidad electoral, puede suponer una pesada carga ideológica y programática de cara a las nuevas elecciones del 26 de junio. Se ha mantenido firme en su veto a Podemos al igual que éstos con su veto a Ciudadanos. Y a última hora se ha descolgado con la peregrina propuesta de que sea un “independiente” quien presida el próximo gobierno. Da la sensación de que aquí lo único que cuenta es el “quien” y no el “cómo” y sobre todo el “para qué”. ¿Un independiente? ¿Con qué programa de gobierno? ¿Con un programa que no ha pasado por las urnas? ¿Con un refrito de programas? ¿Con qué apoyos parlamentarios? Si la solución pasa por un independiente, por un tecnócrata, es evidente que se reconoce abiertamente el fracaso de la política y de la capacidad parlamentaria de sus señorías.

El cuarto principal protagonista de este pesadisimo sainete, el Sr. Iglesias, junto con sus mareas y confluencias mantiene desde el primer día varias propuestas destinadas en el fondo a que no se pueda formar un gobierno, a pesar de que le una con PSOE y Ciudadanos el objetivo de impedir que siga gobernando quien ganó las elecciones pasadas. Desde su veto a Ciudadanos, a su exigencia de un referéndum independentista pasando por su peculiar forma de marcarle el paso al PSOE con reparto de sillones y ministrables incluidos, Iglesias, aunque se está dejando plumas errejonistas por el camino, anhela unas nuevas elecciones para sobrepasar al PSOE de la mano de IU que, de aceptar, firmará su sentencia de muerte política.

A todo esto, cuentan los medios de comunicación que los partidos políticos, en el más que probable caso de que se repitan las elecciones generales, no van a modificar sus candidaturas y volverán a presentar a los mismos candidatos. Ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos celebrarán primarias para designar nuevos candidatos. Por supuesto que en el PP seguirá funcionando la dedocracia en las listas y solo se verá obligado a modificarlas para quitarse de encima a algún que otro imputado. O sea que casi todos los 350 diputados que en cuatro meses han sido incapaces de lograr un acuerdo para formar gobierno van a repetir candidatura como premio a su incompetencia y falta de patriotismo. Una burla más de esta partitocracia y de esta casta incompetente a los votantes. Mientras tanto, Tic, Tac, Tic, Tac el reloj no se detiene.

Santiago de Munck Loyola

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El melón constitucional.

Todo parece indicar que el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha decidido anunciar su predisposición a abrir el melón de la reforma constitucional. Es difícil saber si esta predisposición responde a una simple estrategia electoral de cara a los próximos comicios o si responde, tras casi cuatro años de gobierno, a la necesidad de “hacer política” una vez que ha considerado que ya se ha ocupado suficientemente de la economía. Es indudable que, sean cuales fueren los motivos, nuestra Constitución para algunos está necesitada de algunos retoques cuando menos y para otros de cambios más profundos que podrían afectar a la propia configuración territorial del estado.

Los socialistas y otros grupos se han apresurado a descalificar esta predisposición del Presidente aun cuando no ha anunciado qué temas quiere poner encima de la mesa de la reforma constitucional. Unos dicen que ellos ya habían propuesto iniciar un proceso de reforma hace tiempo y que el Partido Popular no había hecho ni caso y otros enseguida han sentido que se estaba aludiendo exclusivamente al poder autonómico. Cada cual, en definitiva, arrimando el ascua a su sardina.

Si finalmente se abre el melón de la reforma constitucional, sin duda, van a ponerse sobre la mesa de debate toda clase de propuestas, desde la abolición de la monarquía hasta la recentralización del Estado, pasando por el federalismo, el derecho de autodeterminación o la supresión del Senado. Aunque es obvio, no está de más recordar que la estabilidad y longevidad de un texto constitucional depende, sobre todo, del grado de consenso que se alcance entre los principales actores políticos y del nivel de arraigo que éstos tengan en el conjunto de la ciudadanía. A los principales partidos políticos corresponde, por tanto, un consenso inicial básico consistente en acotar de antemano aquellos aspectos de la Constitución que van a ser objeto de debate para su reforma. Y ello exige mucho sentido común, altura de miras, generosidad, sentido de Estado y, por qué no decirlo, patriotismo, cualidades difíciles de encontrar en el actual panorama político. La Constitución es reformable y cualquier propuesta de reforma es susceptible de ser analizada.

No faltarán los agoreros, los que pongan el grito en el cielo ante determinadas propuestas y los que, con más ignorancia que sentido común, se apresuren a gritar ante alguna de ellas que es inconstitucional o anticonstitucional, olvidando que solo las normas aprobadas y no las propuestas de nuevas normas pueden ser tachadas de inconstitucionales o anticonstitucionales. Una ley es inconstitucional cuando viola la Constitución y es anticonstitucional cuando, además de infringir preceptos constitucionales, pretende sustituir el actual ordenamiento jurídico por otro diferente. En todo caso hablamos de normas y no de propuestas de normas o de reforma constitucional.

Hace tan solo unos meses se armó algo de revuelo en torno al resumen, mal redactado, de una propuesta electoral de Esperanza Ciudadana que algunos se apresuraron a descalificarla tachándola de anticonstitucional sobre la permanencia o no y en qué condiciones de la Provincia de Alicante en el seno de la Comunidad Valenciana. Ante la constatación, por nadie rebatida, de que nuestra Provincia sufre desde hace décadas un maltrato presupuestario y una marginación política intolerable por parte de la Generalidad Valenciana, Esperanza Ciudadana proponía exigir el fin de esa situación, reclamar la deuda histórica de la Generalidad con nuestra Provincia y revisar su estatus en el seno de la Comunidad Autónoma reclamando, llegado el caso, la separación política y administrativa de la misma, preservando todos los vínculos históricos y culturales a que hubiere lugar. Es evidente que no sirve pasarse la vida lloriqueando porque el estado y la Generalidad nos maltratan. Hay que ofrecer soluciones y debatirlas. Si una administración pública como la Generalidad Valenciana no sirve a los intereses de los alicantinos y si, además, lejos de propiciar la convergencia social entre los habitantes de sus provincias lo que hace es ahondar las diferencias en perjuicio siempre de los alicantinos, es evidente que hay que dar un paso adelante y llegar hasta donde haga falta en defensa de la dignidad y el progreso de la gente de Alicante.

Y la propuesta de Esperanza Ciudadana era y es tan constitucional como pueda ser la propuesta de convertir a España en un estado federal o de suprimir el senado, por citar sólo algunas de las que ya se han puesto encima de la mesa.

No se puede olvidar que las administraciones públicas tienen un carácter instrumental, que en nuestro caso, además, se trata de una administración sin arraigo histórico o sentimental y que cuando una administración no sirve a los fines para los que fue creada o se reforma o se sustituye. Confundir el amor a la tierra, a la región con el amor a una administración, bastante inútil por cierto, es de una simpleza política que raya el ridículo. Nadie se rasga las vestiduras cuando se propone la supresión de las Diputaciones apelando al amor a esa institución y confundiéndola con el sentimiento de pertenencia a una determinada provincia. Y tampoco es posible olvidar que los vínculos culturales de la Provincia de Alicante con el resto de la Comunidad Autónoma solo son parciales y con diferente intensidad.

Hay que recordar que, de acuerdo a los Artículos 137 y 143 de la Constitución, la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas no es obligatoria y que la iniciativa del ejercicio del derecho a la autonomía corresponde a las provincias de forma también opcional.

Alicante debe exigir el sitio que le corresponde en el seno de la Comunidad Valenciana y la reparación de la discriminación presupuestaria que históricamente ha venido sufriendo. No hacerlo es seguir siendo ciudadanos de segunda y retroceder año tras año en los niveles de progreso y prosperidad que podría alcanzar. Alicante tiene capacidad y potencial de sobra para progresar y sus ciudadanos no necesitan soportar sobre su cabeza cuatro administraciones públicas diferentes. Menos seguir lloriqueando frente al Estado o a la Generalidad Valenciana se puede y se debe intentar cualquier iniciativa política.

Santiago de Munck Loyola

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